Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-814/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en PE372379-2022; en cuanto al pago de salarios devengados y retenidos desde el 1 de diciembre de 2019 y sueldo anual complementario, conforme lo expuesto en los considerandos.-
2Declarar la competencia originaria de este Alto Cuerpo para entender en la presente acción, solo en cuanto pretende la anulación de los actos administrativos impugnados (Decretos Nros. 040/19 y 073/19), y su consecuente reconocimiento como empleados de planta permanente.-
3Rechazar la excepción de litispendencia opuesta por la parte demandada en PE372379-2022.-
4Declarar formalmente admisible la acción interpuesta contra la Municipalidad de Rio Gallegos, sólo en cuanto demanda la anulación de los actos administrativos impugnados, Decretos Nros. 040/19 y 073/19, y su consecuente reconocimiento como empleados de planta permanente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: R-814/20-TSJ Sentencia N°: 1146 Actor: ROZAS HARO JOANA ANDREA Y OTROS Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 07/05/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1146 FOLIO Nº 3726/3731 PROT. ELECT. TSS1 003 C.241
Río Gallegos, 7 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ROZAS HARO JOANA ANDREA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº R-814/20-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, del Dr. Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver sobre las excepciones previas de incompetencia y litispendencia opuestas por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Jorge Manuel Cabezas (cfr. PE372379-2022); y sobre la admisibilidad formal de la acción (cfr. art 60 del CPCA, Ley Nº 2600).- Los actores, con el patrocinio letrado de la Dra. Marianela Garrido, interponen demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos, con el objeto que se declare la nulidad de los Decretos 040/2019 y 073/2019, reconociéndole el carácter de empleados municipales, se ordene el pago retroactivo de haberes retenidos desde el 1 de diciembre de 2019, sueldo anual complementario 2da fracción y sumas devengadas hasta que se produzca el efectivo cese de los actos impugnados, con intereses a la tasa activa del B.C.R.A. (cfr. PE13349-2020, PE13351-2020, PE13353-2020, PE13347-2020, PE13348-2020, PE13345-2020, PE13343-2020, PE13341-2020, PE13339-2020, PE13336-2020, PE13326-2020, PE13332-2020, PE13333-2020, PE13325-2020, PE13327-2020, PE13323-2020, PE14326-2020, PE14337-2020 y PE31023-2020).-
Es preciso remarcar que alguno de los actores ingresaron en planta permanente municipal mediante el Decreto Nº 1569/19, mientras que otros lo hicieron a través de los Decretos Nros. 2722/19 y 2018/19, no obstante los tres fueron derogados mediante los Decretos Nros. 040/19 y 073/19 cuya nulidad se pretende. Cabe aclarar que el Decreto 040/2019 fue el que derogó la norma por la cual los actores ingresaron a planta permanente y el 073/2019 sólo se limitó a corregir un error material de aquel.- Cabe señalar que en PE79988-2021, para un mejor ordenamiento procesal y concurriendo los presupuestos necesarios establecidos por el artículo 41 del CPCA, Ley Nº 2600, se dispuso la acumulación a los presentes, de los expedientes Nros. T-816/20-TSJ; V-818/20-TSJ; R-819/20-TSJ; R-820/20-TSJ; R-821/20-TSJ; O-823/20-
TSJ; O-824/20-TSJ; M-825/20-TSJ; B-826/20-TSJ; C-827/20-TSJ; M-829/20-TSJ; M-830/20-TSJ; B-831/20-TSJ; G-832/20-TSJ; D-836/20-
TSJ; M-838/20-TSJ; B-839/20-TSJ; y R-844/20-TSJ, ordenándose asimismo su recaratulación de la siguiente forma: "Rozas Haro Joana Andrea y Otros c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Demanda Contencioso Administrativa", Expte. Nº R-814/20-TSJ.-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictaminó que: “…la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia en función de lo establecido en el art. 132, inc. 2º de la Constitución Provincial, debiendo declararse incompetente para intervenir en los presentes en razón de la materia…” (cfr. PE51496-2021, PE51494-2021, PE51504-2021, PE51503-2021, PE51493-2021, PE51499-2021, PE51502-2021, PE51510-2021, PE51501-2021, PE51509-2021, PE51508-2021, PE52124-2021, PE51497-2021, PE51492-2021, PE51491-2021, PE51507-2021, PE51506-2021, PE51505-2021 y PE52171-2021, pág. 2).-
Mediante PE372379-2022, la Municipalidad de Río Gallegos, al oponer las excepciones previas venidas a tratamiento, contesta demanda subsidiariamente.-
Afirma que la incompetencia se debe a que el reclamo de la parte actora es de índole laboral: “…ya que reclama una restitución a un puesto laboral, no siendo esta temática competencia del Area Contencioso Administrativa…” (cfr. PE cit., pág. 2). Por ello considera que la controversia debe plantearse en un juicio laboral cuya competencia, en razón de la materia, corresponde a los Juzgados Civiles de Primera Instancia con competencia en lo laboral (cfr. PE y pág. cit.).-
La excepción de litispendencia, la sustenta en que la parte actora promovió un juicio que tramita ante el Juzgado Civil N° Dos, Secretaría N° Uno, caratulado: “Rozas Haro Joana Andrea c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Demanda Laboral”, Expte. Nº 21.484/202 1 y: “…siendo este reclamo entre las mismas partes y por el mismo objeto y causa laboral, pido a VE se expidan sobre la excepción de competencia y sobre la litispendencia, ya que avocarse al conocimiento del mismo reclamo por dos vías distintas siendo el mismo tema y reclamo, es un dispendio de administración de justicia inexcusable. Dado que la excepción de litispendencia reconoce como fundamento la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, con la consiguiente posibilidad de que sobre ella recaigan sentencias contradictorias e inutilidad de la función jurisdiccional que esa circunstancia necesariamente comporta.” (cfr. PE cit., pág. 4).-
En PE250647-2022 se corrió traslado a la parte actora de las excepciones previas, el cual no fue contestado (cfr.
PE415961-2022).-
Corrida vista al Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal, a efectos que se expida sobre las excepciones previas de incompetencia y litispendencia opuestas; y sobre la admisibilidad formal de la demanda y materia de la litis, emite su dictamen señalando, respecto de la excepción de incompetencia que la misma debe prosperar porque la actora: “…con su pretensión persigue la restitución a su puesto laboral y el pago retroactivo de sumas de dinero adeudadas por distintos conceptos detallados en su presentación como consecuencia de la desvinculación laboral, las que resultan ser cuestiones patrimoniales no susceptibles de ser resueltas y tratadas por el Alto Cuerpo…”. En cuanto a la excepción de litispendencia, manifiesta que: “…debe tener favorable acogida, atento a existir el expediente caratulado ‘Rozas Haro Joana Andrea c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Demanda Laboral, Expte. Nº 21.484/21’, de trámite ante el Juzgado Civil N° Dos, Secretaria Nº Uno de la ciudad de Río Gallegos, el que se encuentra en el Siped con fecha de inicio el 24/11/2021 y del que surge el mismo reclamo, entre las mismas partes y con el mismo objeto. Así el abordar y avocarse al mismo reclamo por dos vías distintas genera dispendio jurisdiccional y posibilidad de fallos contradictorios. En función de lo expuesto esta Fiscalía considera que debe hacerse lugar a las excepciones de incompetencia y litispendencia opuestas por el apoderado de la Municipalidad de Río Gallegos, lo que torna inadmisible la demanda contencioso administrativa en función de lo previsto en los arts. 61 inc. a) y 62 inc[s] b) y c).” (cfr. PE839804- 2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE530956-2023.-
II. Luego de reseñada, brevemente, la cuestión que suscitara la promoción de estas actuaciones y los planteos de las partes, debemos analizar, liminarmente, la competencia de este Tribunal para entender en autos, dado la excepción opuesta por la parte demandada, a lo que se suma que el Sr. Agente Fiscal igualmente se ha manifestado por la incompetencia de este Alto Cuerpo en razón de la materia. Así también debe recordarse que el artículo 67 del CPCA, Ley Nº 2600, dispone que la incompetencia, si no se hubiere opuesto como excepción deberá ser declarada por el Tribunal como primera resolución que dicte.-
Reiteramos, tanto la accionada como el Sr. Agente Fiscal que tomó intervención en el caso, se expresaron a favor del desplazamiento de la competencia hacia el Juzgado con competencia en lo laboral. Ello así, pues consideran que el reclamo es de índole laboral.-
Ahora bien, la asignación de competencia debe efectuarse tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que estos constituyen el sustento de la pretensión que la parte actora propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (cfr. Interlocutorio, Tomo IV, Reg. 416, Folio 692/693).-
Para ello es preciso recordar que la atribución de competencia por razón de la materia debe -inexorablementeprevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo. En este sentido se ha resuelto que: “...Aunque la relación jurídica que une a ambas partes constituya, tanto por su objeto como por las normas a la que está subordinada, un vínculo de empleo público, en el marco de la jurisprudencia vigente en la materia, dicha circunstancia no configura un antecedente que por sí baste, cuando la pretensión se fundamenta en normas laborales, para que el caso sea de la competencia contencioso administrativa (SCBA, B 55233 -I-3-8-93 in re: ‘Vargas Juan c. Prov. de Bs. As. s. Dem. Cont. Adm’.) (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contenciosos Administrativo, Tomo XIV, Reg. 916, Folio 2705/2710).-
Este criterio también ha sido receptado por destacada Jurisprudencia en la materia en cuanto la opinión mayoritaria se inclina técnicamente a favor de estimar que la competencia contencioso administrativa no se define porque intervenga el Estado (a salvo los ordenamientos que así lo preceptúan) sino por la materia en debate, por el contenido jurídico, por el derecho que se intenta valer, por las normas de fondo para resolver el caso, por la subsunción del caso al derecho administrativo (conf. CNCAFed., Sala 3ra. 10/05/01,"Estado Nacional v. Aguas Argentinas.", Fallos 164:188; 244:252; 295:112 y muchos más) (cfr. STJ de la Provincia del Chubut “T. P. S.A. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ contencioso administrativo”. Microjuris, cita online: MJ-JU- M-76974-AR MJJ76974 del 22/10/2022).-
Por su parte, el artículo 1º del CPCA, Ley N° 2600, prescribe que el Tribunal Superior de Justicia en pleno conocerá y resolverá en instancia única en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo y que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tutelado por el ordenamiento jurídico, originados en la actuación del Estado Provincial, sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas y las Municipalidades.-
III. En el concreto caso de autos y sus acumulados, los accionantes plantean, en primer término, que se declare la nulidad de los Decretos Municipales Nros. 040/2019 y 073/2019 (este último como ya señaláramos sólo se limitó a corregir un error material del anterior), por medio de los cuales se derogaron los decretos por los cuales ingresaron a planta permanente del municipio y, consecuentemente, se los dejó cesantes. Procuran mediante dicha nulidad, se les reconozca el carácter de empleados de planta permanente. En segundo lugar se les abonen los salarios indebidamente retenidos desde el 1 de diciembre de 2019, sueldo anual complementario 2da fracción y sumas devengadas hasta que se produzca el efectivo cese de los actos atacados.-
En el sub lite, el Decreto Nº 040/2019 y su correctivo 073/2019, que se impugnan mediante la acción deducida, constituyen un acto emanado del Ejecutivo Municipal, que ha causado estado conforme lo señalado en párrafos precedentes, es consecuencia del ejercicio de la función administrativa y tiene aptitud para vulnerar o lesionar un derecho subjetivo emanado de una disposición administrativa establecida con anterioridad a favor de la parte actora; tal es la condición preexistente de empleados municipales de planta permanente otorgadas por los Decretos Nros. 1569/2019, 2722/19 y 2018/19. De manera tal que para ser resuelta la controversia, debe subsumirse primordialmente en la legislación administrativa, por lo que se cumplen, en el particular, la totalidad de los recaudos que determinan la materia contencioso administrativa, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1º del CPCA, Ley Nº 2600, y su objeto se encuadra en el artículo 40, inc. a) de la citada Ley en tanto se pretende la anulación de actos administrativos.-
La parte actora en la demanda ataca actos administrativos, la nulidad de los Decretos Municipales Nros. 040/2019 y 073/2019, y su tratamiento es propio del fuero Contencioso Administrativo, y este Alto Cuerpo es competente para entender en esta parcela del proceso en virtud de la asignación dispuesta en el artículo 132, inc. 2) de la Constitución Provincial.- En cuanto al pago de los salarios retenidos, sueldo anual complementario y las sumas devengadas, el artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600, impide su sustanciación en este proceso al disponer que: “El Tribunal no podrá hacer en la sentencia declaraciones sobre derechos laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes”. Asimismo es doctrina de este Alto Cuerpo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero basada en relación laboral, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial (cfr. Sentencia, Tomo XXII, Reg. 723, Folio 4351/4359; Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1131, Folio 3645/3652).- En igual sentido se ha señalado, con relación al reclamo de los salarios retenidos que: “Esta última pretensión debe ser desestimada, toda vez que se trata de una cuestión que excede el marco del proceso contencioso administrativo (cfr. art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600). En efecto, es criterio de este Tribunal Superior de Justicia que en este tipo de juicios, sólo debe decidirse sobre la materia contencioso administrativa (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 626, Folio 1748/1750). Por ello en el sub lite…La solicitud de la parte actora deberá ser objeto de planteo por la vía y forma correspondiente, toda vez que se trata de una materia extraña, en principio, a la acción contencioso administrativa…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1067, Folio 3369/3375).-
Si bien es cierto que el artículo 132, inc. 2º de la Constitución Provincial atribuye al Tribunal Superior de Justicia en instancia única la competencia en materia contencioso administrativa, no es menos exacto que las normas legales necesarias dictadas para ponerlo en ejecución, han dispuesto que las acciones de tal índole contencioso administrativa de las que conocería este Alto Cuerpo jurisdiccional quedaban limitadas a la revisión de actos administrativos sin abarcar en esa taxativa numeración las acciones resarcitorias de perjuicios o reclamatorias de salarios caídos o deudas. Es más, el legislador vedó expresamente al Tribunal Superior pronunciarse en sus sentencias sobre reclamaciones de derechos patrimoniales que las partes aleguen tener (art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600), que es precisamente lo que constituye una de las pretensiones de la actora. En el ordenamiento provincial, en el derecho positivo vigente, impera una notable escisión entre la revisión judicial de los actos administrativos de competencia originaria de este Alto Cuerpo, y el juzgamiento de sus consecuencias patrimoniales, a cargo de la justicia ordinaria, para así garantizar su revisión en la doble instancia; lo que no permite asimilarlo a otro ordenamiento provincial o federal.-
En síntesis, la reclamación bajo análisis excede el marco del proceso contencioso administrativo y deberá canalizarse por la vía procesal correspondiente.-
IV. Sin perjuicio de ello resta aclarar que, aunque este Alto Cuerpo hubiera sido competente respecto a los salarios retenidos y devengados, la excepción de litispendencia tampoco hubiera prosperado. Cabe hacer referencia a esta excepción, cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos (cfr. Highton, Elena I. y Areán Beatriz, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo 6, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2006, pág. 832). Debe fundarse en la existencia de un juicio en trámite entre las mismas partes, con similar objeto e idéntica causa. Inclusive los sujetos deben tener igual calidad en todos los juicios. Ambos procesos deben ser susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites. Su procedencia se reduce a que exista la triple identidad (partes, objeto y causa). (cfr. aut. y ob. cit, págs. 832/834). Sentado ello, se advierte que entre el presente y las actuaciones que se invocan como fundamento de la defensa, no se configura la triple identidad referida, desde que su sola carátula: “Rozas Haro Joana Andrea c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Demanda Laboral”, Expte. Nº 21.484/21” denunciado en PE372379-2022, apartado IV, pág. 4 (único elemento con el que se cuenta), traduce que sólo existe identidad de partes, empero difieren en el objeto, causa y tramitan ante distinto fuero y conforme distintas fuentes procesales (Ley N° 2600 y CPCyC).-
No obstante el rechazo de la mentada excepción, póngase en conocimiento de la presente resolución, al Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° Dos, Secretaría Nº Uno de esta ciudad, interviniente en la demanda laboral. A cuyo fín, ofíciese.-
V. Sentado ello, debemos señalar que la pretensión que procura la anulación de los Decretos Nros. 040/19 y 073/19, encuadra en la previsión del artículo 40, inciso a) del CPCA, Ley Nº 2600, cumple con las formalidades requeridas para su admisibilidad y, atento las suspensiones de términos decretada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia durante el transcurso del año 2020, fue iniciada en tiempo oportuno. Así, y sin que implique prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión que se ventila en esta causa, no se advierte, en este preliminar examen, inadmisibilidad alguna que obste a la prosecución del presente proceso, a fin de dilucidar, en la definitiva, la procedencia o no de la acción contencioso administrativa planteada. Debiéndose rechazar la excepción de incompetencia con respecto a esta parcela del juicio.-
En cuanto al pago de los haberes retenidos desde el 1 de diciembre de 2019, sueldo anual complementario 2da fracción y sumas devengadas hasta el cese de los actos lesivos, tal como se indicara en el Considerando III, excede la materia contencioso administrativa (cfr. art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600) y consecuentemente, deberá, en su caso, encauzarse por la vía procesal correspondiente.-
Por último, y en virtud de lo expresado en el Considerando IV, corresponde rechazar la excepción de litispendencia que articulara la Municipalidad de Río Gallegos.- Las costas se imponen por su orden de conformidad con lo prescripto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600. Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Coincido con la solución a la que arriban los distinguidos colegas preopinantes, salvo en lo relativo a los fundamentos vertidos para considerar que el reclamo de “salarios caídos” excede la materia contencioso administrativa.-
Sobre la temática discurrida, esto es, la viabilidad de reclamar “salarios caídos” en el marco de un proceso contencioso administrativo, estimo pertinente reiterar -en lo sustancial- lo expresado en las causas: “Márquez” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1067, Folio N° 3369/3375), “Mayorga” (cfr. Sentencia, Tomo XXII, Reg. 723, Folio 4351/4359) y “Caballero” (cfr. Contencioso Admnistrativo, Tomo XIX, Reg. 1131, Folio Nº 3645/3652).-
En esas causas sostuve que no resulta conveniente dilucidar si la cuestión excede o no el marco del proceso contencioso administrativo, sobre la base de lo prescripto exclusivamente por el artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600, sino que, por el contrario, esta faena debe concretarse en comunión con lo establecido por las restantes normas contenidas en ese digesto normativo.-
Lejos de una mentalidad reglamentaria y ritualista, los jueces deben erigirse en incansables buceadores del sentido integrado del derecho, para así lograr la construcción y justificación de una solución racional del caso a resolver. Desde este cuadrante, surge la necesidad de descifrar el significado sistémico de la mencionada regla, reparando no solo en su texto legal sino también en los principios y valores en juego.-
El artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600 dispone que este Tribunal Superior de Justicia al emitir sus pronunciamientos, en el marco de un proceso contencioso administrativo, no puede hacer declaraciones sobre derechos laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes. Esta limitación no es sino el corolario de los principios esenciales del contencioso administrativo, pues el administrado sólo puede acudir ante este Alto Cuerpo para agraviarse de una resolución de la autoridad administrativa que le ha denegado o lesionado un derecho subjetivo que se encuentra regido por una norma administrativa (ley, decreto, reglamento, ordenanza u otro precepto administrativo preexistente), y no por una disposición del derecho común (cfr. Manuel J. Argañaraz, “Tratado de lo Contencioso Administrativo”, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1955, pág. 343).- Esta norma se encuentra íntimamente vinculada con lo establecido en el artículo 3º del código citado, según el cual resulta materia excluida de este tipo de proceso aquél asunto que deba resolverse aplicando sustancialmente normas de derecho privado o derecho del trabajo. De este modo, se excluyen de la competencia del fuero contencioso administrativo aquellos casos en que las normas de Derecho Privado o Derecho del Trabajo se aplican en forma directa, los cuales resultan evidentemente ajenos al ejercicio de la función administrativa, caracterizada por desarrollarse bajo un régimen exorbitante.-
Por su parte, el artículo 1º del CPCA, Ley Nº 2600 prescribe que: “ El Tribunal Superior de Justicia en pleno conocerá y resolverá en instancia única en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo y que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tutelado por el ordenamiento jurídico, originados en la actuación del Estado Provincial, sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas y las Municipalidades.”. El fuero contencioso administrativo no se define, entonces, por la sola intervención del Estado en juicio, sino que lo que verdaderamente interesa es el contenido jurídico y el derecho que se intenta hacer valer, es decir, por la subsunción del caso al derecho administrativo.-
En este marco, considero que la pretensión bajo tratamiento también corresponde a la competencia de este Tribunal Superior de Justicia, en tanto se subsume en los artículos 1º, 2º inciso c) y 3º inciso b) -a contrario sensu- del CPCA, Ley Nº 2600.- Tomás Hutchinson afirma que: “El empleo público es una relación…de Derecho Público, por eso los códigos la incluyen dentro de la materia procesal administrativa, interviniendo en su conocimiento los jueces del fuero administrativo. Así lo señala el Código de Neuquén (art. 2º inc. a, ap. 3º) que incluye todo tipo de reclamos por retribuciones de agentes públicos.” (cfr. aut. cit., “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, Tomo I, pág. 586). Cuadra destacar que la norma neuquina aludida resulta idéntica a la contenida en el artículo 2, inciso c) de nuestro CPCA, Ley Nº 2600.-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha indicado que: “Si la pretensión pecuniaria que se expone en la demanda halla sustento en la relación de empleo público que mantienen las partes, la materia sometida a juzgamiento es propia de la competencia contencioso administrativa que, en forma transitoria, ejerce este Tribunal (arts. 215 2da. parte, Const. prov.) porque ella comprende los conflictos suscitados entre los particulares y la administración en el ámbito del citado vínculo laboral…” (cfr. sum., “Solari, Rubén A. c/ Municipalidad de Moreno s/ Cobro de haberes. Cuestión de competencia art. 6º C.C.A., causa B. 63.110, 26/09/2001).-
Más recientemente, en la precitada causa “Mayorga” traje a colación las enseñanzas de Miguel Santiago Marienhoff, quien asevera que: “‘Como consecuencia del vínculo jurídico que une al funcionario o al empleado públicos (sic) con el Estado...va de suyo que toda controversia entre el funcionario o empleado y el Estado, relacionada con la función, empleo o cargo, incluso reclamaciones de sueldos, corresponderá...a la jurisdicción contencioso-administrativa y en modo alguno a la jurisdicción ordinaria […] Sostener, como aún suelen hacerlo algunos expositores, que lo atinente al cobro de sueldos, por constituir una cuestión patrimonial, corresponde a la jurisdicción judicial ordinaria -aparte de olvidar que lo patrimonial no es exclusivo del derecho privado- constituye un resabio de las antiguas y hoy abandonadas teorías intermedias respecto a la naturaleza de la relación de empleo público, en cuyo mérito se sostenía que esta relación presentaba elementos de derecho privado patrimonial (sueldos, jubilaciones, etcétera) y elementos de derecho público (ordenamiento de los órganos, organización de la carrera, etc.). Hoy se reconoce que aun lo referente al sueldo y a la jubilación tienen fundamento en el derecho público, dándole, así, un carácter unitario a toda la relación...’ (cfr. aut. cit.: ‘Tratado de Derecho Administrativo’, 4ª ed. actualizada, reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Tomo III-B, págs. 503 y 505)”.-
En virtud de lo expuesto, entiendo que reclamos como el aquí analizado, corresponden a la competencia originaria de este Tribunal Superior de Justicia y, por ende, debe rechazarse en su totalidad la excepción de incompetencia articulada por la demandada en PE372379-2022. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani; el voto en disidencia parcial de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente a la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en PE372379-2022; en cuanto al pago de salarios devengados y retenidos desde el 1 de diciembre de 2019 y sueldo anual complementario, conforme lo expuesto en los considerandos.-
2. Declarar la competencia originaria de este Alto Cuerpo para entender en la presente acción, solo en cuanto pretende la anulación de los actos administrativos impugnados (Decretos Nros. 040/19 y 073/19), y su consecuente reconocimiento como empleados de planta permanente.-
3. Rechazar la excepción de litispendencia opuesta por la parte demandada en PE372379-2022.-
4. Declarar formalmente admisible la acción interpuesta contra la Municipalidad de Rio Gallegos, sólo en cuanto demanda la anulación de los actos administrativos impugnados, Decretos Nros. 040/19 y 073/19, y su consecuente reconocimiento como empleados de planta permanente.-
6. Poner en conocimiento de la presente resolución, al Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° Dos, Secretaría Nº Uno de esta ciudad, interviniente en la demanda laboral. A cuyo fín, ofíciese.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. María Florencia González Protocolización: TSS1003C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1146 Folio N°: 3726/3731 Secretaría: 1
Fin de la sentencia