Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-814/20-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: R-814/20-TSJ Sentencia N°: 1181 Actor: ROZAS HARO JOANA ANDREA Y OTROS Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 07/08/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1181 FOLIO Nº 3902/3904 PROT. ELECT. TSS1 038 C.251
Río Gallegos, 7 de agosto de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “ROZAS HARO JOANA ANDREA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº R-814/20-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por la Municipalidad de Río Gallegos, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Karina Astudillo Gallardo (cfr. PE1821339-2025).-
En sustento de su pretensión, dice que: “Estando los autos paralizados desde el 13/09/24 siendo que el último movimiento de impulso procesal fue de esta parte al acreditar el poder que me instituye como apoderada del Municipio, vengo a solicitar a VS se declare caducidad de instancia de las presentes actuaciones […] En el caso de los presentes autos, apreciará V.S. que los actores han abandonado el proceso administrativo…siendo manifiesta la inactividad y el desinterés por impulsar el libelo de marras. En virtud de lo expuesto, ha transcurrido con creces el término establecido por la norma legal citada ut supra (art. 288 inc. 2° del CPCyC) aplicable al caso de marras…” (cfr. PE cit., pág. 1).- Corrido el traslado del pedido de caducidad de la instancia, es contestado por la Sra. Joana Andrea Rozas Haro, por intermedio de su letrada patrocinante, Dra. Marianela Garrido, quien solicita su rechazo. En dicho escrito, expresa que la parte demandada era quien tenía a su cargo la producción de la prueba pendiente y, por consiguiente, la obligación de impulsar el proceso (cfr. PE1835034-2025, pág. 1).- Agrega que en casos como el que aquí nos ocupa, donde la parte demandada tiene pruebas pendientes a su cargo, el mero transcurso del plazo sin la producción de esas pruebas no necesariamente implica la caducidad de la instancia (cfr. PE cit., pág. 2).-
Destaca que la parte demandada no impugnó la prueba ofrecida por la actora, como así tampoco manifestó su disconformidad en relación a la misma, razón por la cual las partes se encuentran imposibilitadas de requerir la declaración de caducidad, puesto que ambas asumieron la carga procesal de instarla a los fines de su producción (cfr. PE cit., pág. 3).-
Los presentes autos pasan al Acuerdo en PE1099566-2025.-
II. Liminarmente, corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial contempladas en los artículos 288 a 296. Este último, para el juicio ordinario establece, que se producirá cuando no se instare el curso del proceso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 de dicho Código, señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De consuno con ello, se desprende que el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario, donde se establece -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC).-
III. Ahora bien, en relación al instituto de la caducidad de la instancia debemos memorar que es doctrina de este Alto Cuerpo que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomos XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093 y XVIII, Reg. 1116, Folio 3592/3594, entre otros).- Asimismo, tiene dicho este Excmo. Tribunal Superior que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213; XVIII, Reg. 1099, Folio 3529/3532 y XIX, Reg. 1125, Folio 3621/3623).- Además, debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió.- Desde esta óptica, no debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales, cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. TSJ Santa Cruz, fallos cit.).-
IV. Que por lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en la especie se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte accionada.-
V. En el caso bajo análisis, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento fue la providencia identificada como PE1513449-2024 dictada el 3 de septiembre de 2024, por cuyo conducto se agregaron las copias de los legajos personales de los actores recibidos en soporte papel según constancia PE1510458-2024 y, en consecuencia, se tuvo a la demandada por cumplimentado con lo ordenado en PE1394057-2024.- Así, se verifica que entre la referida providencia (cfr. PE1513449-2024) y la presentación obrante en PE1821339-2025 del 6 de mayo de 2025, en la cual la parte demandada acusa la perención de instancia, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600).- En efecto, se constata una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante el lapso señalado, esto es desde el 3 de septiembre de 2024 al 6 de mayo de 2025.
En consecuencia, se advierte que el pedido de caducidad de instancia fue formulado por la parte demandada antes de consentir cualquier actuación posterior al vencimiento del plazo de caducidad de acuerdo a lo estatuido en el artículo 293 del CPCyC, por remisión del artículo 82 del CPCA, Ley Nº 2600.- Si bien -como se ha dicho más arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce pero no cuando aquélla resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243).
El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la parte actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.- Cuadra precisar que no revisten efecto interruptivo el escrito de la parte demandada obrante en PE1532768-2024, del 12 de septiembre de 2024, ni la providencia PE930221-2024, dictada el 13 del mismo mes y año, en la que se tuvo a la compareciente, Dra. Karina Astudillo Gallardo, por presentada y por parte, en mérito del instrumento de representación acompañado. Ello así, en tanto y en cuanto este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…‘Las actuaciones referidas al interés de una sola de las partes y no en beneficio común de la prosecución del proceso, no son interruptivas del curso de la caducidad.
Ello se justifica porque los actos y trámites que cortan el plazo de la perención deben ser dirigidos al desenvolvimiento de la relación procesal, y en este caso, carecen de influencia sobre la evolución efectiva de la instancia.’ (cfr. Maurino, Alberto Luis, “Perención de la instancia en el proceso civil”, 2ª ed. actualizada y ampliada, Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2003, pág. 187). ‘La acreditación de la personería no interrumpe el curso de la perención’…(cfr. Loutayf Ranea, Roberto G. - Ovejero López, Julio C., ‘Caducidad de la instancia’, Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1986, págs. 148 y 188).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1122, Folio 3611/3613).- No es óbice para llegar a esta solución, la defensa esgrimida por la parte actora referente a que la contraria sería quien tenía a su cargo la producción de la prueba pendiente -legajos personales de los actores-, ya que tal extremo, amén de haber sido ofrecido el medio probatorio por la demandante y de encontrarse producida la prueba en PE1510458-2024, no es una causal de interrupción o suspensión del plazo de caducidad.- A mayor abundamiento, es dable señalar que no se presentan en el caso de autos ninguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 291 del CPCyC, por remisión del artículo 82 del CPCA, Ley Nº 2600, que pudiera obstar a la declaración de caducidad de instancia.-
VI. Que, en orden a todo lo expuesto y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la parte demandada, Municipalidad de Río Gallegos, en PE1821339-2025 y, en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1038C.251 Tomo: XX Sentencia: 1181 Folio N°: 3902/3904 Secretaría: 1
Fin de la sentencia