Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-379/00-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la excusación deducida a fs. 113 por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 55/60 vta. por la Sra. Emilia Angélica Ru contra el Poder Ejecutivo Provincial.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: R-379/00-TSJ Sentencia N°: 1054 Actor: RU EMILIA ANGELICA Demandado: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 18/12/18 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1054 FOLIO Nº 3307/3316 PROT. ELECT. TSS1 014 C.181
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 18 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “RU EMILIA ANGELICA C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº R-379/00-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Angeles Mercau, 4º) Domingo Norberto Fernández, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Corresponde aceptar la excusación deducida por la Sra. Vocal de este Alto Cuerpo, Dra. Reneé Guadalupe Fernández?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo:
Que, a fs. 113 la Sra. Vocal de este Alto Cuerpo, Dra. Reneé Guadalupe Fernández se excusa de intervenir en los presentes. Expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que intervine como Secretaria Legal y Técnica de la Gobernación en las actuaciones administrativas Nº 411.292/99-MEyOP (cfr. fs. 55 y 60), que corren agregadas por cuerda a la presente. Por lo expuesto, solicito que se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en el presente juicio.” (cfr. foja cit.).- Verificándose las razones objetivas que sustentan los motivos invocados, encuadrándose la causal invocada en lo normado por el artículo 30 del CPC y C, por remisión del art. 45 del CPCA, Ley Nº 2600, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma afirmativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Angeles Mercau, Domingo Norberto Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Peretti.-
A la segunda cuestión el Dr. Peretti dijo:
I. Que, a fs. 55/60 vta. se presenta la Sra. Emilia Angélica Ru, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo V. Ortiz de Zárate interponiendo demanda contencioso administrativa contra el Poder Ejecutivo Provincial, a efectos que se declare la nulidad de la Resolución Nº 897/99 del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz, y del Decreto Nº 1199/00 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz y que, en consecuencia, se tramite favorablemente la registración de la mensura M 5046 (cfr. foja 55).-
Expresa que el 4 de agosto de 1988 suscribió -junto con el titular de la Fracción E del Lote 152 de la zona sur del Río Santa Cruz- dos boletos de compraventa en donde convinieron la suscripción de la escritura traslativa de dominio de una de las fracciones compradas, y la exacta ubicación de la otra fracción -lindera a la anterior- (cfr. foja 55 y vta.).-
Recuerda en tal sentido que: “Por Decreto 0985 del 26/9/93 se promulga la Ley Nº 2316 (B.O. Nº 2434 del 15/7/93), que suspende (Art. 5º) por el término de doscientos cuarenta (240) días la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras de la Reserva Provincial Península de Magallanes. Zona ésta en la que se ubican las Parcelas compradas.” (cfr. foja 55 vta.). Señala que encontrándose vencido el citado plazo de doscientos cuarenta (240) días, presentó la mensura M 5046 para su registración pero a la fecha: “…continúa en la situación de irresolución que la Dirección Provincial de Catastro mantiene, pese a los reclamos administrativos interpuestos…” (cfr. foja cit.).- Sostiene que el Ministerio de Economía y Obras Públicas, por intermedio de la Resolución Nº 897/99, ratificó todo lo actuado por la Dirección Provincial de Catastro.
Y afirma que en dicha resolución la Administración sostuvo que la documentación agregada en el expediente administrativo no permitía sostener que se le obstruía la posibilidad de asumir plenamente el derecho de propiedad sobre el lote, y que, desde el dictado de la Ley Nº 2316 se han sucedido leyes de prórroga, siendo la última la Ley Nº 2492 por la cual se mantiene vigente la prohibición de autorizar nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiere comprometer el destino de las tierras que están dentro de la reserva (cfr. foja cit.).- Afirma que la Resolución Nº 897/99: “…resulta atentatoria al principio de inviolabilidad de propiedad protegido por el Art. 17 de la C.N. y Arts. 1º, 3º y 9º de la Constitución Provincial…” (cfr. foja 57 vta.), puesto que obstruye la posibilidad de asumir plenamente su derecho al dominio del lote, ya que se le imposibilita la suscripción de la escritura pública (conf. foja cit.).
Alega que la restricción impuesta impide que se lleve a cabo lo convenido en el boleto de compraventa: “…puesto que al negarse la registración de la mensura…se imposibilita la inscripción de la redistribución predial que ella crea, y por ende la de la respectiva escritura pública.” (cfr. fs. 57 vta./58). Y añade que el panorama referido adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que su derecho a adquirir la propiedad del lote nació el 4 de agosto de 1988, es decir mucho antes de la sanción de la Ley Nº 2316 (cfr. foja 58).- Señala que la Ley Nº 2316 supeditó la prohibición de nuevas subdivisiones en la Península de Magallanes a la sanción -por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz- del plan de manejo de la reserva; y que dicho plan fue: “…elevado a esa Cámara el 28 de noviembre de1996 por el Poder Ejecutivo Provincial sin ser sancionado y cuyo vencimiento operó en el año 1997.” (cfr. foja 58 vta.).
Entiende en tal sentido, que: “…Insistir en la vigencia de la Ley 2492 con prescindencia de los tiempos de la Ley 2316 y sus prórrogas, crea un vacío legal entre el vencimiento de los plazos de la Ley 2442 y la Nº 2492.” (cfr. foja cit.).- Esgrime asimismo, que en el Decreto Nº 1199/00 -mediante el cual el Poder Ejecutivo rechazó el recurso presentado contra la Resolución N° 897/99- se cita un dictamen de la Fiscalía de Estado que invoca, a efectos de fundar el rechazo, al artículo 1º de la Ley 2387, pero dicho artículo fue vetado por el propio Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 1785/94 quien además propuso un texto alternativo (cfr. foja 59). Agrega que el texto vetado: “…no fue insistido por la Honorable Cámara de Diputados, y el texto alternativo ofrecido no fue tratado, ni aprobado, ni rechazado, por lo que resulta ser solo una expresión de deseo del Poder Ejecutivo Provincial y el art. 1º de la Ley Nº 2387 en el que fundan su dictamen no existe.” (cfr. foja cit.).
Agrega que en el tercer considerando del aludido decreto, se cita al artículo 5º de la Ley Nº 2316, pero sostiene que dicho artículo se encuentra derogado por el artículo 4º de la Ley Nº 2425 y que a pesar de ello, fue usado para fundar el rechazo de sus peticiones (cfr. foja cit.). Sostiene que: “A ello se suma que, además, no se advierte cómo el hecho de registrarse la mensura atentaría contra el medio ambiente…puesto que lo único que provocaría es la inscripción de la escritura pública ante el Registro de la Propiedad Inmueble.” (cfr. foja cit.).- En definitiva, esgrime que: “El Art. 1º de la Ley Nº 2387 no existe; el artículo 5º de la Ley 2316 fue derogado; los plazos de la Ley 2492 y de [la] Ley Nº 2316 están vencidos, por lo que insistir en su aplicación cercena el derecho de propiedad consagrado por el Art. 17 de la Constitución Nacional y Arts. 1, 3 y 9 de la Constitución Provincial.” (cfr. foja 59 vta.).-
Ofrece prueba, y hace reserva del caso federal (cfr. foja 60 y vta.).-
Que, corrido el traslado de la demanda a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, es contestada a fs. 66/69.-
Luego de solicitar el rechazo de la demanda afirma que: “…mas allá de las argumentaciones realizadas por la actora, lo cierto es que al momento de la presentación del Recurso rechazado por improcedente por el Poder Ejecutivo Provincial mediante el Decreto atacado (nº 1199/00) la Ley 2492 se encontraba vigente.” (cfr. foja 67).-
Sostienen que la Ley Nº 2492, en su artículo 1º establece que: “…continúa prohibido autorizar nuevas subdivisiones…por un lapso que evidentemente se encuentra vencido o por el cumplimiento de una condición que aún no se concretó, ésto (sic) es la sanción de un Plan de Manejo del área Reserva Península de Magallanes.” (cfr. foja cit.). Agrega que la partícula disyuntiva ‘o’ inserta en el texto de la ley: “…significa dilatar la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras de la Reserva Península de Magallanes hasta tanto se cumpla con la condición que ella misma impuso…” (cfr. foja cit.).- Alega que la actora pretende que el Poder Ejecutivo Provincial incumpla una ley dictada por el Poder Legislativo en uso de las atribuciones que la Constitución Provincial le otorga, lo que importaría quebrantar el ordenamiento jurídico, y constituye una causa de gravedad institucional (cfr. foja 68).-
A foja 81 y vta. contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que la demanda instaurada es formalmente admisible.-
A foja 82 se declara la cuestión de puro derecho y a foja 84 se certifica sobre el vencimiento del plazo establecido en el artículo 78 del CPCA, Ley Nº 2600, dejándose constancia que ninguna de las partes hizo uso del derecho que les confiere el citado artículo.-
A foja 85 se llaman autos para sentencia, pasando a estudio a foja 86.-
II. Que, conforme ha quedado trabada la presente litis corresponde analizar la cuestión sustancial traída a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia.-
De la lectura del Expediente Administrativo Nº 411.292/99 surge que ante la solicitud de la Sra. Emilia Angélica Ru tendiente a que se registre la mensura M 5046, la Dirección Provincial de Catastro, mediante la Nota Nº 125/ DPC/99, sostuvo que se encontraba vigente la Ley Nº 2492 que mantenía la prohi- bición de autorizar nuevas subdivisiones y/o proyectos que pudieran comprometer el uso de las tierras destinadas a la Reserva Península de Magallanes (cfr. foja 27 del citado expediente administrativo). Frente al dictado de dicho acto administrativo, la señora Ru interpuso el recurso de reconsideración obrante a fs. 3/4 vta. de dicho expediente, afirmando, en lo sustancial, que: “…al negarse la aprobación de la mensura…se me obstruye la posibilidad de asumir plenamente mi condición de propietaria…puesto que imposibilita la suscripción de la respectiva escritura pública.” (cfr. foja 4 del expediente cit.). Dicho recurso fue rechazado por el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz mediante la Resolución Nº 897/99, ratificando todo lo actuado por la Dirección Provincial de Catastro (cfr. fs. 36/37 del expediente cit.). Notificada de la decisión adoptada (cfr. foja 46 de los presentes), la señora Ru dedujo recurso jerárquico contra la citada Resolución Nº 897/99 solicitándole al Sr. Gobernador que: “Lo declare procedente y [le] ordene a la Dirección Provincial de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz, la registración de la Mensura M 5046…” (cfr. foja 51). El Poder Ejecutivo Provincial -mediante el Decreto Nº 1199/00- rechazó por improcedente el recurso jerárquico interpuesto por la señora Ru contra la Resolución N° 897/99 (cfr. foja 38). Allí, luego de recordar la vigencia de la Ley Nº 2492 que mantiene la suspensión dispuesta por el artículo 5º de la Ley Nº 2316 con respecto a la aprobación de nuevas subdivisiones en el área de la Península de Magallanes, sostuvo que: “…por no existir nuevos elementos ni pruebas que permitan modificar el acto administrativo recurrido, se debe rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto…” (cfr. foja cit.).-
III. Sentado lo expuesto, debo destacar que este Tribunal Su- perior ya se ha pronunciado sobre la cuestión traída a conocimiento, en el fallo dictado en la causa: “Lacustre del Sud S.A. c/ Consejo Agrario Provincial - Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Expte. Nº L-401/01-TSJ (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 923, Folio 2743/2756), en donde se ventilaba un conflicto de similares características al que ahora nos ocupa, y cuyos fundamentos principales me permito reproducir aquí.-
En efecto, si bien en principio pueden parecer serios los fundamentos apuntados por la actora, en cuanto a los términos de la prohibición prevista en la legislación en la que la Administración fundó el rechazo de la registración de la mensura M 5046, ello no puede llevarnos a omitir de señalar que para arribar a una solución ajustada a derecho en esta controversia, debemos tener especialmente en cuenta que se encuentran en debate en estos autos, normas destinadas a la preservación del ambiente, lo cual trae aparejado -como necesaria consecuencia- la inevitable ponderación de la cuestión ventilada en autos conforme a los principios que rigen el Derecho Ambiental.- En los últimos años, y especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994, ha cobrado relevancia la visualización de lo que Lorenzetti denomina el “paradigma ambiental” que reconoce que la naturaleza está en peligro, lo cual valida la limitación de derechos individuales en pos de su protección.
Así, señala el citado autor que el paradigma ambiental opera como un metavalor, en el sentido de que es un principio organizativo de todos los demás, reconociendo como una de sus características que en el conflicto entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva (ambiente) e individuales se debe dar preeminencia a los primeros, y que el derecho de dominio encuentra una limitación en la tutela del ambiente ya que no es sustentable la permanencia de un modelo dominial que no tenga en cuenta el ambiente (cfr. Lorenzetti, Ricardo: “Teoría de la decisión Judicial. Fundamentos de derecho”, 1º Edición, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fé, 2006, pág. 426/427). Estos aspectos, tal como se dijo en la causa “Lacustre del Sud S.A.” citada, actuarán como guía orientadora de nuestro análisis.- La zona donde se encuentran las tierras que se pretende subdividir constituye, sin dudas, un ecosistema que va mucho más allá de su mera observación paisajística.
En razón de ello se ha establecido un área protegida con el fin de preservar incólume no sólo su indiscutible belleza natural, sino también el ecosistema del lugar. Dicha zona posee un alto valor biológico aportado por la flora y fauna que la habitan; de allí el especial cuidado que se le debe dispensar. Así, la Ley Nº 2316 (por la cual se creó el Área Natural Protegida en la Reserva Provincial Península de Magallanes) expresa en su artículo 1° que su creación se enmarca en los fines de la Ley Nº 786. Esta última en su artículo 7° establece que: “Se entiende por Reserva Provincial las áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas de transición respecto de ciertas áreas de Parques Provinciales o la creación de zonas de conservación independientes, cuando la situación existente no requiera el régimen legal de un Parque Provincial”.
A su vez el artículo 8° de la citada norma, en la parte que aquí interesa, establece que: “En las Reservas Provinciales recibirán prioridad la conservación de la fauna, de la flora y de las principales características fisiográficas y bellezas escénicas y de las asociaciones bióticas del equilibrio ecológico…”.- Ha dicho este Tribunal -citando a la Dra. Kemelmajer de Carlucci- que la biodiversidad tiene un valor positivo que cabe resguardar, y que ninguna duda cabe sobre los beneficios que la humanidad recibe de esa diversidad biológica; de otro modo no tendría ningún sentido la preocupación mundial por conservarla (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 923, Folio 2743/2756). Fue a tal fin, que el Estado Provincial transitó un sendero normativo (compuesto por la Ley Nº 2316 y sus modificatorias) que se ha prolongado en el tiempo, dado la complejidad de la materia y los intereses en juego, el que tiene como meta no sólo proteger, sino también preservar el medioambiente en dicha área.
Todo ello en cumplimiento de la manda constitucional que coloca en cabeza del Estado dicha obligación.- Es que, a partir de la reforma constitucional de 1994, la preservación del medio ambiente alcanzó la categoría de derecho expresamente reconocido en la Constitución Nacional (cfr. su artículo 41); e igual criterio fue plasmado en la Constitución Provincial en su artículo 73. Ambas normas consagran, por un lado, el derecho-deber de todos los habitantes al mantenimiento de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y, por otro, colocan en cabeza del Estado el deber de proteger el medio ambiente y adoptar las medidas de policía necesarias para lograr la utilización racional de los recursos naturales (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 882, Folio 2558/2565).- En definitiva, nos encontramos ante un conflicto de derechos contrapuestos, en el sentido que la satisfacción total de uno produce la lesión del otro. Por un lado el de la comunidad (actual y las futuras generaciones) a gozar de un medio ambiente apto para su subsistencia y desarrollo, y por el otro, el de los particulares de usar y disponer de su propiedad.-
La creación de la Reserva Provincial Península de Magallanes, ha significado la imposición de un cúmulo de restricciones al ejercicio pleno del derecho de propiedad por parte de los titulares de dominio allí existentes. Los objetivos impuestos al instaurar la reserva, conllevan limitaciones a los derechos de los titulares dominiales hasta donde lo requiera el interés general que las mentadas normas pretenden satisfacer.-
Resulta evidente que en esta restricción impuesta por la Administración aparece una colisión entre el interés privado y el interés colectivo y que -si bien volveré sobre ello más adelante-, en esta colisión de intereses, en principio, ha de prevalecer este sobre aquél. No obstante, ello no puede significar desnaturalizar el derecho de propiedad a tal punto que impida completamente su ejercicio (cfr. art. 28 de la Constitución Nacional). Ante ello, es necesario que el Juzgador actúe con extrema prudencia a los fines de ponderar adecuadamente aquella controversia entre el interés privado y el colectivo, a la luz de los principios constitucionalmente consagrados.- En el caso de autos, la actora alega que al denegarle la inscripción de la mensura se ha vulnerado el principio de inviolabilidad de la propiedad, ya que se le obstruye la posibilidad de asumir plenamente el derecho de dominio sobre el lote que adquirió (cfr. foja 57 vta.).-
A la luz de las circunstancias fácticas expresadas se advierte que el objeto a resolver no es otro que el discernimiento preciso de cual de los derechos invocados por las partes prevalecerá al sostener los fundamentos de la presente sentencia, direccionando de un modo claro e irreversible la conclusión de la misma.-
Tal tarea se presenta con una particular exigencia, pues los derechos invocados por las partes gozan, en principio, de especial tutela constitucional. Por un lado el derecho invocado por la actora quien, como ya se dijo, alega que el accionar de la demandada afecta el derecho de propiedad (artículos 17 de la Constitución Nacional, y 9º de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz); y por otro lado la invocación que el demandado realiza en el Decreto N° 1199/2000 de la obligación que tiene el Estado de cuidar el medioambiente, imposición que emana del artículo 73 de la Constitución Provincial (cfr. fs. 38/39).-
La interpretación que se realice de tales preceptos constitucionales será entonces determinante.-
Recordemos que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…”.- Este Tribunal Superior ha afirmado -citando a Aníbal Falbo-, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el paradigmático caso “Mendoza” sentó un principio básico de decisión judicial ambiental cuando estableció que la recomposición y la prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces. Asimismo recordó que tal postulado fue establecido expresamente por la Corte Suprema como “principio”. Estableció asimismo que existía una obligación para la justicia puesto que ante el daño ambiental se halla frente a la obligación de dictar decisiones que hagan a la prevención y recomposición de ese daño, para continuar recordando una impecable cita de Bidart Campos -en relación al art. 41 de la Constitución Nacional-, donde el Maestro sostenía que el citado artículo involucra a todas las autoridades, incluyendo a todos los jueces y que cuando la norma constitucional dice que estas autoridades proveerán a la protección de este derecho a un ambiente sano, apunta no solo a una obligación por omisión para no dañarlo, sino a prestaciones positivas para lograr cuanto hace falta en orden a preservarlo, a evitar que otros lo alteren o destruyan, a recomponerlo, etc. y para exigir de los particulares cada deber concreto en cada circunstancia en la que el ambiente quede comprometido o perturbado (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 882, Folio 2558/2565).- Estas reflexiones, particularmente destinadas a reconocer una verdadera manda constitucional direccionada a los jueces con relación a la preservación del ambiente, nos llevan a considerar la especial jerarquía que el constituyente de 1994 le ha dado al ambiente como bien colectivo.-
Ahora bien, sin dejar de tener en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, ello no nos puede llevar a una mera “invocación mágica” del artículo 41 que opere mecánicamente sobre el resto de los derechos y garantías cons- titucionales (como lo es, por ejemplo, el derecho de propiedad referido por la parte actora).-
Para intentar resolver esta cuestión, y en ausencia de una regla de derecho específica que nos de la solución, los jueces debemos valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el ordenamiento jurídico (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1014, Folio 3116/3138).-
Siguiendo tal criterio interpretativo, a los fines de analizar estos derechos tutelados por distintas normas constitucionales, resultará pertinente acudir a lo que Lorenzetti denomina el “juicio de ponderación” que consiste en pesar uno y otro con relación al caso, de manera que se da mayor peso a uno y se restringe al otro (cfr. Tomo XIV, Contencioso Administrativo, Reg. 923, Folio 2743/2756). Es que, como enseña Alexy, la colisión de principios no tiene lugar en la dimensión de la validez -como ocurre en los conflictos entre reglas- sino en la dimensión del peso (cfr. Alexy, Robert: “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Segunda edición en español. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid 2012. pág. 71). Cuando dos principios entran en colisión -como acontece en el caso- uno de ellos tiene que ceder ante el otro, pero esto no significa declarar inválido al principio desplazado; más bien sucede que ante ciertas circunstancias, uno de los principios precede al otro. En definitiva, esta tensión debe solucionarse mediante una ponderación de los intereses contrapuestos y de lo que se trata es de establecer cuál de ellos -que tienen el mismo rango en abstracto- posee mayor peso en el caso concreto (cfr. Alexy, Robert, ob. cit., págs. 70/72).- No olvidemos, además, que como ha sostenido antes de ahora este Alto Cuerpo, los derechos fundamentales son reconocidos bajo la condición de que su ejercicio sea compatible con otros derechos fundamentales y con los bienes colectivos, entre los cuales se destaca en forma muy especial el ambiente (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 923, Folio 2743/2756). Además, este último pertenece a la “esfera social” donde la protección de lo individual es menor: “El conflicto entre el bien ambiental y la propiedad, se sitúa en la esfera social, donde tiene primacía el bien social sobre el individual. De allí que cuando el ejercicio del derecho de propiedad lleva a la lesión de bienes ambientales deba protegerse a éste último y limitarse al primero. De igual modo, cuando se lesiona a la propiedad, como consecuencia de la protección ambiental, debe admitirse “el sacrificio” por la primacía de la esfera social...” (cfr. Lorenzetti, Ricardo: “Reglas de solución de conflicto entre propiedad y medio ambiente”, LL Tº 1998-A, Sec.
Doctrina, pág. 1024).- Claro está que la concepción descripta en la cita precedente, a la que este Tribunal ha adherido en más de una ocasión (cfr. Contenciosos Administrativos, Tomos XIII, Reg. 882, Folio 2558/2565; y XIV, Reg. 923, Folio 2743/2756), lleva inexorablemente a la incuestionable aplicación de tal criterio al caso de autos, es decir a favor de la tutela ambiental sostenida por los órganos de la Administración Pública que tomaron intervención en el trámite de inscripción de la mensura, como finalidad principal de su accionar.-
La visualización de la tutela ambiental, destacada por la doc- trina citada precedentemente, no hace más que consolidar aquélla primacía del artículo 41 de la Constitución Nacional, lo cual legitima y otorga suficiente sustento jurídico al accionar de la demandada con relación a la cuestión ventilada en autos, lo que aventa toda duda de que los argumentos utilizados por la Administración sean irrazonables y falaces como sostiene la actora (cfr. foja 59 vta.).-
Por otra parte, y tal como lo destacara este Alto Cuerpo, es oportuno tener presente que el compromiso de preservar el ambiente no solo debe merituarse con una visión contemporánea sino que -por estricta manda constitucional- se extiende al derecho de las “generaciones futuras” a gozar de un ambiente sano (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 882, Folio 2558/ 2565).-
La visualización de este principio de Equidad Intergeneracional exige del juzgador un especial y mayúsculo esfuerzo que conlleve a que su decisorio actual resulte atemporalmente convincente, y contenga en su esencia el soporte lógico jurídico suficiente que permita no sólo responder los planteos de las partes del proceso, ni aún de los actuales miembros de la comunidad referenciada en el caso a resolver, sino además resistir los embates que eventualmente puedan formular las generaciones venideras. Es preciso pues que, en temas ambientales, el razonamiento del juzgador mantenga indemne su razonabilidad, juridicidad y fuerza convincente no sólo en el presente sino hacia el futuro, de modo tal que pueda salir airoso de los embates que puedan hacerle las generaciones venideras, en un tiempo futuro donde quizás pueda ser demasiado tarde para pretender reparar lo que hoy no se pudo, o no se supo evitar (cfr.
Peretti, Enrique O., “La sentencia ambiental. Su eficacia” Ed. Rubinzal Culzoni. RDPúblico Año 2009, Nº 2, pág. 321 y ss).- Pero, además, tal como lo he sostenido, la decisión judicial en materia ambiental presenta actualmente un nuevo desafío -que se le suma a la perspectiva temporal a la que se hizo referencia en el párrafo anterior-, constituido por la perspectiva espacial a la que debe atender el magistrado al momento de fallar. Desde esta visión espacial, el juez debe decidir de modo tal que su fallo contenga un estándar válido universal de decisión judicial ambiental y que, al mismo tiempo, sea portador de la nutriente genética de una globalización positiva basada, ya no en el individualismo y el consumismo, sino en la solidaridad y en la sustentabilidad.
Ello conlleva, en definitiva, a que el juez actúe en lo local y piense en lo global (cfr. Peretti, Enrique O., “Evolución jurisprudencial de la tutela ambiental en las provincias patagónicas”. Ponencia presentada en el “Congreso Patagónico de Derecho Ambiental” realizado en la ciudad de Bariloche el 4 de mayo de 2017). Es que, si bien la cuestión a resolverse en estas actuaciones pareciera agotarse en lo local, ello dista mucho de ser así, dado que no es difícil advertir que el Área Natural Protegida Península de Magallanes linda con el Parque Nacional Los Glaciares que fuera declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1981 (cfr. http://whc. unesco.org/en/list/145), y funciona, en los hechos, como un área de amortiguación de impactos respecto del citado parque nacional.
Ello impone, entonces, que los magistrados necesariamente visualicemos el impacto global que la decisión que aquí tomemos pueda traer aparejada. No debemos olvidar, al respecto, que entre los sistemas naturales más vulnerables al cambio climático se ubican los glaciares, dado que dicho proceso afecta tanto la temperatura como los regímenes de precipitación de estos últimos, alterando de manera directa su mantenimiento y evolución (cfr. Canziani, Pablo O., “Los glaciares en Argentina, cambio climático y vulnerabilidad” La Ley, Suplemento de Derecho Ambiental. Año XVIII N° 2, pág. 3; www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/5816/2011). Ello da cuenta del estrecho vínculo que existe entre el cambio climático y la protección de los glaciares.- En consecuencia, la protección del medio ambiente constitucionalmente receptada (tanto a nivel nacional como provincial), constituye un supuesto de interés público prevalente que resulta determinante a la hora de ordenar la suspensión o el mantenimiento de la eficacia de las decisiones administrativas que incidan positiva o negativamente sobre el ambiente, a la vez que impone prudencia en el conocimiento y decisión de la controversia, a fin de no vulnerar dicho interés (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 882, Folio 2558/ 2565).-
En el caso que nos ocupa, la actora alega que al encontrarse vencidos los plazos establecidos en las leyes que impiden la autorización de subdivisiones presentó la mensura M 5046 (cfr. foja 55 vta.), y que insistir en la vigencia de la Ley Nº 2492 con prescindencia de los tiempos de la Ley Nº 2316 y sus prórrogas, crea un vacío legal entre el vencimiento de los plazos de la Ley Nº 2442 y Nº 2492 (cfr. foja 58 vta.). Sin embargo, cabe remarcar que el vencimiento de la suspensión (aún en el supuesto de asignar razón a la hipótesis de la actora en cuanto a la interpretación del plazo previsto por el Legislador) no implicaba, per se, que la Administración se encuentre obligada a aprobar automáticamente cualquier subdivisión de tierras dentro del área protegida. Más aún, lo que es decisivo entender, es que la prohibición establecida en la legislación referida, no estaba sólo dirigida al administrado sino que además, y primordialmente, la prohibición estaba destinada al Poder Administrador.- Es decir, fue el Legislador quien le impuso al Administrador una especial prohibición por un lapso determinado. Ahora bien el transcurso de ese plazo -cualquiera sea la interpretación que se considere en cuanto a su duración- no puede conllevar a que la Administración renuncie a su deber de discernir la inconveniencia o no de aprobar nuevas subdivisiones en un área protegida, lo que podría traer aparejado graves e irreversibles consecuencias ambientales. La circunstancia de que pueda considerarse vencido el término de dicha prohibición no exime a la Administración del deber de direccionar su actuación en virtud de las expresas mandas constitucionales que así se lo exigen. Máxime cuando está en juego un tema sensible como la tutela ambiental, respecto al cual el artículo 41 de la Constitución Nacional es claro, en el sentido que el Estado y sus funcionarios, reitero, no sólo tienen una obligación de omisión sino que están obligados a actuar positivamente a los fines de su preservación.- Por lo demás, no debe olvidarse que rigen en materia ambiental los principios de prevención y de precaución, tendientes al cuidado y evitación de daños irreversibles en el ambiente. En su aplicación práctica implican la imposición de restricciones a las actividades que pudieran ser riesgosas para el medioambiente.-
El Derecho Ambiental tiene un objetivo fundamentalmente preventivo-precautorio, porque la coacción posterior resulta ineficaz, puesto que muchos de los daños ambientales, de producirse son irreversibles. Por ello habrá que actuar jurídicamente procurando impedir, dentro de límites racionales, todo aquello que lleve en si mismo el peligro de generar un perjuicio ambiental. El principio precautorio, a su vez, indica que no es necesario que se tenga prueba científica de que ocurrirá un daño ambiental, bastando el riesgo que el daño pueda ser grave e irreversible para que se dispongan medidas efectivas de protección ambiental, apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles.
Su aplicación se impone especialmente a los poderes públicos que deben hacer prevalecer los imperativos de salud y seguridad por encima de la libertad de intercambios entre particulares y entre Estados (cfr. Cafferatta, Néstor, “Introducción al derecho ambiental”, Instituto Nacional de Ecología, México, 2004, págs.155/165).- Por su parte Ricardo Lorenzetti nos ilustra sobre el contenido y los alcances de éste principio y sus efectos sobre las políticas públicas. Sostiene al respecto que en materia ambiental existe un orden público que limita los derechos subjetivos y les confiere una “función”, el consumo debe ser sustentable y por lo tanto precautorio. De allí que, en la medida que la ley contiene un mandato dirigido a la administración, ello importa una restricción al campo de su obrar, que genera una obligación de previsión extendida y anticipatoria sobre los riesgos futuros.
Así se acota el margen discrecional de la administración que, en materia ambiental, debe ser siempre precautorio, pudiendo prohibir, habilitar con restricciones, postergar una decisión u obligar a obtener información previa. El principio es una norma jurídica y no una mera declaración, pero el grado de obligatoriedad es diferente de la regla de derecho. Esta última expresa un concepto jurídico determinado, de manera que no hay opción alguna: se debe cumplir o no. En cambio el principio, al ser indeterminado, es un mandato de optimización, es decir, obliga a hacer todo lo posible para alcanzar el objetivo. El principio genera un campo de tensión que se resuelve mediante un juicio de ponderación, que consiste en medir el peso de cada principio en el caso concreto.
A su vez, deben distinguirse que si el daño futuro ocurrirá ciertamente actúa la prevención para detenerlo, mientras que si el daño futuro es incierto, es un caso de precaución. Este elemento es clave para distinguir entre prevención y precaución: en la primera se actúa frente a una amenaza cierta, pero, si no se prueba esa certidumbre, no actúa. En cambio, en la precaución se toman medidas aún frente a una amenaza incierta. El principio afirma que la falta de certeza científica no debe ser utilizada como argumento para postergar medidas eficaces en función de los costos. Asimismo, contiene el mandato para la administración de actuar para impedir la degradación del medio ambiente. La eficacia en función de los costos es hacer un balance entre los beneficios esperados por la aplicación del principio (se evitará o reducirá un grave daño) y los costos para obtenerlo.
Pero no puede haber duda de que en caso de conflicto de valores, la protección ambiental es prevalente (cfr. Lorenzetti, Ricardo L., “Teoría del Derecho Ambiental”, Buenos Aires, La Ley, 2008, págs. 72/86).- La precaución en materia ambiental implica que la duda de producción de un daño -por mínima que sea- conlleva la prohibición. Al respecto ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la aplicación del principio precautorio: “…implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo mediante un juicio de ponderación razonable, por lo que no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso sino hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras...” (Fallos 332:663).-
El Principio Precautorio se encuentra consagrado en la Declaración de Río de Janeiro (cfr. principio 15), aprobada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992; en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Ley Nº 24.295 del 07/12/93, cfr. artículo 3.3), en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 (cfr. artículo 4º), y en la Ley Provincial N° 2568 (cfr. artículo 31).-
Precisamente, basándose en la precaución y en los intereses colectivos en juego, ante la eventualidad de acciones que pudieran tener efectos dañosos e irreparables es deber del Estado impedir su realización. Tal como, considero, acontece en el caso en estudio. Es claro que permitir subdivisiones en un lugar ambientalmente sensible podría generar dudas, aunque sean mínimas, sobre el impacto ambiental que ello podría traer aparejado, en virtud del eventual destino y uso que pretenda dársele a la tierra, pudiendo ello producir un daño irreversible al ecosistema de la Península de Magallanes.-
Ante este panorama, no puede considerarse irrazonable que el Poder Ejecutivo Provincial haya hecho aplicación del principio precautorio, en cumplimiento de la manda constitucional que le obliga tomar las medidas protectorias ambientales que el caso requiera, en resguardo del bien colectivo ambiental. Como asimismo, valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo tanto personas públicas como privadas pueden afectar el fin perseguido, debiendo, en su caso, prevenir las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los bienes naturales existentes.- Dentro de este marco mal puede pretenderse la nulidad de la Resolución Nº 897/1999 del Ministerio de Economía y del Decreto Nº 1199/2000, toda vez que mediante dichos instrumentos se ha procurado evitar la posible producción de un daño ambiental, lo cual era un deber ineludible de la autoridad pública a la luz de la expresa manda de los artículos 41 y 73 de la Constitución Nacional y Provincial, respectivamente.-
IV. Si bien lo dicho hasta aquí sería suficiente para rechazar la pretensión de la actora, no debe perderse de vista que uno de sus argumentos gira en torno a que la Resolución Nº 897/99 resulta violatoria del principio de inviolabilidad de la propiedad, puesto que se le obstruye la posibilidad de asumir plenamente su derecho al dominio del lote, ya que se le impide la suscripción de la escritura pública (cfr. foja 57 vta). En definitiva, sostiene que la restricción impuesta por el organismo catastral impide que se lleve a cabo lo convenido en el boleto de compraventa suscripto con el titular del lote, puesto que al negarse la registración de la mensura se imposibilita la inscripción de la redistribución predial que ella crea (cfr. fs. 57 vta./58).
Y agrega que su derecho a adquirir la plena propiedad del lote nació mucho antes de la sanción de la Ley Nº 2316 (cfr. foja 58).- Recordemos, en tal sentido, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho desde antiguo que la modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o de reglamentos, ni a su inalterabilidad (Fallos 275:130; 305:2205; 325:2875; 329:976). Además, ha sostenido que solo cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido con todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos en ella para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su modificación por una norma posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad (Fallos 326:417, entre otros).
Supuesto este último que no acontece en autos, toda vez que la Sra. Ru no tenía -a la fecha de la sanción de la Ley N° 2316- un derecho adquirido sobre el predio sino solo una mera expectativa sobre él que no se consolidó, ya que se hallaba supeditada a la inscripción de la mensura de subdivisión y a la posterior elaboración de la escritura pública.- En efecto, Llambías afirma que se adquiere un derecho cuando se reúnen todos los presupuestos exigidos por la norma para su imputación a favor del sujeto en calidad de prerrogativa jurídica individualizada, y cita el siguiente ejemplo de lo que se considera un derecho adquirido, el cual es plenamente aplicable al caso: “…cuando alguien obtiene el otorgamiento de la escritura traslativa del dominio sobre un inmueble que se inscribe el Registro de la Propiedad y recibe la posesión de la cosa ‘adquiere’ el dominio de esta cosa porque se han reunido los presupuestos que prevé el ordenamiento jurídico (artículos 1184, inc. 1°, 2505 y 557 del Cód.
Civ.), para imputar el dominio de una cosa inmueble a favor de una persona” (cfr. Llambias Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, 16 edición, Ed. Perrot, Tomo I, pág. 136). Asimismo recuerda que a dicha noción se contrapone la de derecho en expectativa que, en verdad, no es un derecho sino una esperanza o una posibilidad de que pase a serlo cuando se reúnan los presupuestos legales correspondientes; y citando a Arauz Castex afirma que: “…cuando se trata de un derecho patrimonial ‘derecho adquirido’ es equivalente a ‘derecho ya incorporado al patrimonio del titular’. Y por estar incorporado a su patrimonio, representa para el titular un valor económico del cual no puede ser privado por una ley nueva, sin incurrir ésta en violación de la garantía de la propiedad asegurada por el art. 17 de la Constitución Nacional.” (cfr.
Llambias Jorge J, ob. cit., Tomo I, pág. 137). A la luz de lo expuesto no se observa que se haya producido agravio alguno al derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y 9° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz; y ello, sumado a lo dicho en el considerando III terminan sellando la suerte adversa de la pretensión de la actora.- Por lo demás, y tal como lo destaqué anteriormente, en materia de tutela ambiental, el interés individual cede ante el interés colectivo, ello, en el concreto caso de autos, implica para los titulares de dominio existentes en la Península de Magallanes una sensible limitación al ejercicio pleno de su derecho de propiedad. Así, puede ocurrir que el grado de afectación al dominio particular sea de tal magnitud que prive al titular del uso y goce de su propiedad o que impida o limite la ejecución de algún proyecto de desarrollo que haya planificado el propietario, situación que podría dar lugar a que, eventualmente, aquellos propietarios alcanzados por tales restricciones puedan accionar por las vías que entiendan conducentes para la eventual reparación de los supuestos daños patrimoniales que puedan invocar, situación ajena a ésta litis, ya que no logra conmover el fin superior tutelado -la protección del ambiente- en la actuación administrativa atacada, y que impregna la presente sentencia.- No obstante, debe recordarse que el reconocimiento de la potestad de restringir derechos subjetivos por parte de la Administración Pública, no significa que ese privilegio estatal deba realizarse a expensas del reconocimiento y protección de los derechos y libertades individuales que eventualmente pudieran resultar afectados.
El Estado debe responder aún por su actividad lícita, cuando ella ha generado indebidos perjuicios a terceros (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 923, Folio 2743/2756).-
Todo lo hasta aquí expuesto lleva a concluir que no procede la declaración de nulidad pretendida en autos y así debe ser declarado; sin perjuicio de lo enunciado en el párrafo precedente.-
V. Que, por último, no escapa al conocimiento de este Tribunal Superior la sanción de las Leyes N° 2662 (B.O. N° 3677), y N° 2693 (B.O. N° 3752), ni que el 29 de marzo de 2016 se publicó la Ley N° 3466 (B.O. N° 5022) de Áreas Protegidas. No obstante, el análisis acerca del eventual alcance de la nueva normativa resulta ajeno a la materia debatida en las presentes actuaciones, cuyo objeto no es otro que la determinación de la validez de los actos administrativos cuestionados, a la luz de la normativa vigente al momento de su dictado (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 986, Folio 3007/3010; Reg. 987, Folio 3011/3014; Reg. 988, Folio 3015/3018).- En razón de todo lo expuesto, a la segunda cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Angeles Mercau, Domingo Norberto Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Peretti.-
A la tercera cuestión el Dr. Peretti dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera y Segunda Cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la excusación deducida a fs. 113 por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 55/60 vta. por la Sra. Emilia Angélica Ru contra el Poder Ejecutivo Provincial; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; teniendo presente la reserva del caso federal manifestada por la actora a fs. 60 vta., y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Angeles Mercau, Domingo Norberto Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Peretti.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2018.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Nor- berto Fernández y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la excusación deducida a fs. 113 por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 55/60 vta. por la Sra. Emilia Angélica Ru contra el Poder Ejecutivo Provincial.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Ferández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014C.181 Tomo: XVII Sentencia: 1054 Folio Nº: 3307/3316 Secretaría: 1
Fin de la sentencia