Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de Quilmes · Causa 25320
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la incompetencia y falta de aptitud jurisdiccional de este Tribunal para entender en el presente litigio, en este estado (art. 2, inc. "j" y 103 ley 15.057; doc. legal SCBA. L. 121.939 "Marchetti" del 15-V-20, ratificada en L.123.792 "Szakacs" y L.124.309"Delgadillo" ).
II. Sin costas, atento no haber mediado contradictorio y dada la naturaleza de la cuestión tratada.
III. Disponer el archivo definitivo de las actuaciones.
En la ciudad de Quilmes, en la sala de Acuerdo del Tribunal del Trabajo Nº 4 de esta ciudad se reúnen los Señores Jueces que lo integran para este acto, doctores Luisina Ortiz, Gustavo Francisco Ginocchio y Maria Alejandra Weiss , a efectos de dictar RESOLUCION en la causa 25320 , caratulada: " RUIZ GUSTAVO RUBEN C/ MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL y otros S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL ".
Practicada la desinsaculación pertinente, resultó el siguiente orden de votación:
GINOCCHIO - WEISS - ORTIZ
El Tribunal resuelve guardar el orden de votación establecido y plantear las siguientes cuestiones:
PRIMERA CUESTIÓN : ¿Es competente el Tribunal para entender en esta causa?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GINOCCHIO DIJO:
1. El 16/10/2026 se presentó Gustavo Rubén Ruiz, por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Victoria Belén Gómez. Promovió demanda por accidente de trabajo (acción especial) contra Matadero y Frigorífico Federal, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención ART S.A., con fundamento en el sistema de riesgos del trabajo. Reclama la reparación de las secuelas que, según dice, lo incapacitan como consecuencia del infortunio que relata.
Afirma que trabajó para la codemandada empleadora como maquinista de sala de máquinas desde el 10/11/2025, en una relación no registrada. Relata que el 16/01/2026 la rotura de una manguera de amoníaco le provocó lesiones oculares. Dice que fue atendido primero en el Sanatorio Modelo de Quilmes y en el Centro de Ojos Quilmes, hasta que la aseguradora le rechazó las prestaciones. Estima su incapacidad en un 74%, factores de ponderación incluidos, y la liquida en $62.649.456 según los arts. 14, ap. 2, inc. "a", de la Ley 24.557 y 3 de la Ley 26.773.
Al fundar la competencia del Tribunal, invocó el art. 2 de la Ley 27.348 y el art. 2 inc. "j" de la Ley 15.057, con referencia al siniestro N.º 2653364/100. Planteó además la inconstitucionalidad de los arts. 8, 12, 15 inc. 2, 21, 22, 40 y 46 de la Ley 24.557; de los arts. 4, 6, 9 y 17 inc. 3 de la Ley 26.773; del Decreto 659/96 y del Decreto 472/2014, entre otras normas.
2. El 06/11/2026 se intimó a la parte actora para que, en el plazo de cinco días, acreditara la clausura de la etapa administrativa previa y obligatoria del art. 1 de la Ley 27.348 (Ley 14.997), que habilita la instancia judicial de revisión (arts. 2 inc. "j" y 103, Ley 15.057). Debía acompañar la Disposición de Alcance Particular del Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de resolver conforme a derecho. La providencia se notificó el 10/11/2026.
3. El 18/11/2026 la parte actora contestó la intimación y manifestó que no podía cumplirla. Alegó que la empleadora habría contratado con Sancor Seguros una cobertura de accidentes personales y no un seguro de riesgos del trabajo. Reconoció que no existe denuncia administrativa ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que el procedimiento ante la Comisión Médica nunca fue iniciado. Pidió que se tuviera por justificada esa imposibilidad y, en subsidio, que se intimara a la empleadora a acompañar la póliza.
En consecuencia, sin que se haya acreditado el tránsito por la instancia administrativa previa, la causa se encuentra en condiciones de resolver.
1. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa "Marchetti" (L. 121.939, sent. del 13-V-2020), sentó doctrina legal a favor de la constitucionalidad de la ley provincial 14.997, de adhesión al Título I de la ley 27.348, complementaria de la ley 24.557. Luego la ratificó en "Szakacs" (L. 123.792) y "Delgadillo" (L. 124.309).
En el voto de la mayoría se destacó que, al aceptar la Provincia de Buenos Aires la invitación cursada en el art. 4 de la ley 27.348, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, y que esas reglas se aplican a toda acción judicial que se promueva ante los tribunales del trabajo de la Provincia. Confirmó así, en el ámbito local, la obligatoriedad de la intervención previa de la Comisión Médica jurisdiccional, tal como lo establecen la norma federal y su reglamentación.
A su vez, en función del último párrafo del art. 4 de la ley 27.348, entendió que la Legislatura provincial adecuó la normativa local mediante la sanción de la ley 15.057 (arts. 2 inc. "j" y 103). Con la acción allí regulada quedó garantizada una revisión judicial plena y suficiente de lo actuado ante los organismos administrativos previstos en la ley de fondo.
2. Desde la sanción de la ley provincial 14.997 me pronuncié por su inconstitucionalidad (conf. causas 13.920 "Almirón"; 14.058 "Galván"; 13.907 "Nieto", entre muchas otras, a las que me remito en honor a la brevedad), criterio del que continúo convencido.
No obstante, dejada a salvo mi opinión, por razones de economía procesal y para evitar mayores dispendios jurisdiccionales corresponde sujetarse a los lineamientos de la causa L. 121.939 "Marchetti" (Ac. 3971 del 15-V-2020). Allí la Suprema Corte bonaerense, por mayoría, sentó doctrina legal de obligatoria aplicación ética para los tribunales de grado inferior (arts. 56 y 63 ley 11.653; 278 CPCC).
Nuestro Superior Tribunal tiene dicho que su doctrina legal, aunque no es directamente vinculante, lo es en forma indirecta a través de los motivos de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (violación o errónea aplicación de la doctrina legal; art. 279 CPCC). La Corte puede casar las sentencias que se aparten de sus pronunciamientos y dictar una nueva que se ajuste a la ley o doctrina aplicable (art. 289 CPCC; causa C. 118.704, "Chiariello", sent. de 15-VII-2015). Su función consiste en mantener la unidad de la jurisprudencia bonaerense. Ese propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio establecido, insistieran en soluciones que irremisiblemente serían casadas. Esto no significa propiciar un seguimiento ciego de los pronunciamientos de la Corte ni menoscabar el deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia: basta, llegado el caso, con dejar a salvo las opiniones personales (conf. causas Ac. 92.695, "Fisco", sent. de 8-III-2007; C. 101.186, "Schwerdt", sent. de 24-VI-2009; C. 101.548, "Basconcellos", sent. de 14-IV-2010; C. 116.994, "Supermercado Toledo S.A.", sent. de 11-XII-2013).
3. Sentado ello, la parte actora no acreditó haber agotado el trámite administrativo previo y obligatorio del art. 1 de la ley 27.348, mediante la Disposición de clausura dictada por el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica jurisdiccional. Por lo tanto, no está habilitada la vía de acción judicial ordinaria prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (art. 103 de dicha norma). Por el contrario, al contestar la intimación del 06/11/2026, reconoció expresamente que ese procedimiento nunca fue iniciado.
4. La actora pretende justificar esa omisión. Alega que la empleadora habría contratado con Sancor Seguros una cobertura de accidentes personales y no un seguro de riesgos del trabajo. Con ello invoca, aunque sin nombrarla, la excepción del tercer párrafo del art. 1 de la ley 27.348. Según esa norma, "los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la ley 24.557 no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita".
La excepción es de interpretación estricta y exige dos requisitos concurrentes. El primero es una relación laboral no registrada. El segundo es que el empleador esté comprendido en el apartado 1 del art. 28 de la ley 24.557, es decir, que no sea autoasegurado y haya omitido afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo, caso en el que responde directamente ante los damnificados por las prestaciones de la ley. La falta de registración, por sí sola, no basta. Cuando el empleador está afiliado a una ART y omitió declarar al trabajador, rige el apartado 2 del mismo artículo: la aseguradora debe otorgar las prestaciones, con derecho a repetir su costo del empleador incumplidor. En ese supuesto la contingencia sigue el cauce ordinario del sistema, incluida la instancia previa ante la Comisión Médica. Lo decisivo, entonces, no es si este trabajador estaba declarado, sino si su empleadora estaba afiliada al sistema.
En el caso, el segundo requisito no sólo no está acreditado: lo desmiente la postura procesal de la propia actora. Demandó a Prevención ART S.A. como aseguradora de riesgos del trabajo de su empleadora, y le reclama la prestación dineraria de los arts. 14, ap. 2, inc. "a", de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773. Esa pretensión sólo tiene sentido si existía un contrato de afiliación entre la empleadora y esa ART. Si la empleadora no hubiese estado afiliada, la ART no tendría legitimación pasiva alguna en una acción especial y la obligación recaería exclusivamente sobre el empleador (art. 28, ap. 1, LRT).
Su pretensión es coherente con sus propias manifestaciones:
A) En el acápite II del escrito de inicio fundó la competencia del Tribunal en el art. 2 de la ley 27.348 y el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, con referencia a un número de siniestro.
B) En la misiva del 09/09/2026 ratificó la denuncia del siniestro N.º 600520535, calificó a la empleadora como tomadora de la póliza e intimó por el rechazo de cobertura.
C) En la del 13/10/2026, dirigida a Prevención ART, afirmó que su empleadora "es un asegurado suyo" y que la aseguradora había dejado de brindarle prestaciones desde mayo.
D) Ofreció prueba informativa para que la ART informe el lapso de tratamiento otorgado.
E) La documental acompañada con la demanda (archivo adjunto "ART") confirma esa conclusión:
F) La solicitud de traslado del 16/01/2026, emitida por el prestador Apres Laboral, consigna como solicitante a "Prevención A.R.T., CUIT 30-68436191-7"; también la del 17/01/2026.
G) La constancia de atención médica del Sanatorio Modelo Quilmes del 17/01/2026, con membrete de Prevención A.R.T., registra el siniestro N.º 600520535, lo califica como accidente de trabajo e identifica como empleadora a Matadero y Frigorífico Federal, CUIT 33-61407242-9.
H) La planilla oftalmológica del Centro de Ojos Quilmes del 19/01/2026 indica "ART: Prevención" y "motivo de consulta: accidente de trabajo".
No modifica esta conclusión que, desde el 20/01/2026, las constancias del mismo siniestro lleven el membrete de Sancor Seguros de Accidentes Personales "Íntegro", ni que exista una póliza de esa naturaleza con la empleadora como tomadora. Un seguro voluntario de accidentes personales no excluye la afiliación obligatoria al sistema de riesgos del trabajo ni la reemplaza, y su contratación es perfectamente compatible con ella. A lo sumo, el cambio de cobertura revela que la aseguradora de riesgos del trabajo dejó de reconocer la contingencia. Esa cuestión, precisamente, debe ventilarse ante la Comisión Médica jurisdiccional, en el procedimiento que la reglamentación prevé ante el rechazo de la contingencia (Res. SRT 298/17).
La actora no puede, frente a la intimación del Tribunal, desconocer la existencia de la aseguradora a la que ella misma demandó como tal. Esa postura es incompatible con su conducta anterior, deliberada y jurídicamente relevante, y contradice el principio de buena fe procesal. Por otra parte, la carga de acreditar los presupuestos de la excepción recae sobre quien la invoca. En autos no hay un solo elemento que indique que la empleadora careciera de afiliación al 16/01/2026.
La excepción del tercer párrafo del art. 1 de la ley 27.348 resulta así inaplicable, con independencia de lo que oportunamente se determine sobre la registración del vínculo.
5. Por las mismas razones debe desestimarse la petición subsidiaria de intimar a la empleadora a acompañar la póliza de accidentes personales. Habilitar la instancia es una carga de quien acciona y no puede suplirse con diligencias probatorias en un proceso para el cual este Tribunal carece, en este estado, de aptitud jurisdiccional. Además, lo que se pide es inconducente: el contenido de esa póliza no altera la existencia de la afiliación a la aseguradora de riesgos del trabajo que la propia actora invoca.
6. De acuerdo con lo expuesto, y en línea con la doctrina legal citada ("Marchetti", "Szakacs" y "Delgadillo"), corresponde declarar la incompetencia y falta de aptitud jurisdiccional de este Tribunal para entender en la presente acción en este estado (arts. 1 ley 27.348, 28 ley 24.557, ley 14.997, y 2 inc. "j" y 103 ley 15.057), y disponer el archivo de las actuaciones. Ello sin perjuicio de que la actora transite la instancia administrativa ante la Comisión Médica jurisdiccional y de los derechos que pudieran asistirle por otras vías.
ASI LO VOTO .
A la misma cuestión planteada las Señoras Jueces doctoras WEISS y ORTIZ , por los mismos fundamentos, adhieren.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GINOCCHIO DIJO:
Dada la forma en que ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde: 1º) Declarar la incompetencia y falta de aptitud jurisdiccional de este Tribunal para entender en el presente litigio, en este estado (arts. 1 ley 27.348, 28 ley 24.557, ley 14.997, y 2 inc. "j" y 103 ley 15.057; doc. legal SCBA L. 121.939 "Marchetti", sent. del 13-V-2020, ratificada en L. 123.792 "Szakacs" y L. 124.309 "Delgadillo"). 2º) Desestimar la petición subsidiaria formulada por la parte actora en su presentación del 18/11/2026. 3º) Firme o consentida la presente, disponer el archivo definitivo de las actuaciones. 4º) Sin costas, atento no haber mediado contradictorio y dada la naturaleza de la cuestión tratada.
ASI LO VOTO .
A la misma cuestión planteada las Señoras Jueces doctoras WEISS y ORTIZ , por los mismos fundamentos, adhieren.
Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los Señores Jueces por ante mí, que doy fe.
AUTO Y VISTOS : CONSIDERANDO : Lo resuelto en el Acuerdo que antecede y los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE:
I. Declarar la incompetencia y falta de aptitud jurisdiccional de este Tribunal para entender en el presente litigio, en este estado (art. 2, inc. "j" y 103 ley 15.057; doc. legal SCBA. L. 121.939 "Marchetti" del 15-V-20, ratificada en L.123.792 "Szakacs" y L.124.309"Delgadillo" ).
II. Sin costas, atento no haber mediado contradictorio y dada la naturaleza de la cuestión tratada.
III. Disponer el archivo definitivo de las actuaciones.
Regístrese y notifíquese.
La presente resolución se remite por Secretaría al/los domicilio/s electrónico/s:
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
(art. 10 y 13, Anexo I, Ac. 4013 SCBA, texto según Ac. 4039 SCBA).
Suscripto y registrado por la/el Actuaria /o firmante, en la ciudad de Quilmes, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3975/20).-
Firmas
Funcionario firmante: ORTIZ Luisina - JUEZA
Funcionario firmante: GINOCCHIO Gustavo Francisco - JUEZ
Funcionario firmante: WEISS Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: BORAGINA Laura Lorena - SECRETARIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1301-2026
Fin de la sentencia