Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de La Matanza · Causa LM-35063-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn mérito al resultado de la votación en el ACUERDO que precede, citas legales y fundamentos expuestos
1Declarar la aplicación de las Leyes 24.307 y 24.432 y decreto 1813/92- art. 730 del CCCN. Declarar la inaplicabilidad del fallo "Barrios". Rechazar el daño psicológico, lesión por rodilla izquierda, gastos médicos y art. 55 de la ley 27.802 (art. 726 del CCCN), por las consideraciones expuestas en la cuestión que antecede sin costas atento a la naturaleza de la cuestión planteada. -
2Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por RUIZ IVÁN MARCELO contra SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO SA - hoy SAU- y condenar a esta última a pagar al actor la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.878.387,54) en concepto de indemnización por reparación dineraria de la ley de Riesgo de Trabajo por el accidente in itinere (art. 6 inc. 1 ley 24.557) a cuyo pago corresponde condenar a la encartada a abonar al actor dentro de los diez días de notificado este pronunciamiento.
La demandada deberá depositar el capital de condena en la cuenta sueldo del trabajador siempre que aquella se encuentre disponible (art 17 ley 27348, ley 26950) o en su defecto mediante deposito en la cuenta bancaria cuya titularidad exclusiva acredite en autos la parte actora. …
AUTOS: RUIZ IVAN MARCELO C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE ·Expte.Nº LM-35063-2023
En la ciudad de San Justo, a los días del mes de noviembre de 2026 se reúnen los señores Jueces del Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Matanza integrado por las Dras. CYNTHIA VANESA THOMPSON, SOLEDAD EMMA GASPARINI y DIANA ALICIA CUCCARO, para dictar SENTENCIA en los autos caratulados "RUIZ IVAN MARCELO C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE" conforme lo dispone el art. 57 de la ley 15.057, resuelven plantear y votar por separado, previo sorteo que resulto en este orden: Dras. DIANA ALICIA CUCCARO, CYNTHIA VANESA THOMPSON y SOLEDAD EMMA GASPARINI, planteándose a continuación las siguientes
PRIMERA: ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION : la Dra. DIANA ALICIA CUCCARO dijo:
Con fecha 04/09/2023 se presenta el Sr. Iván Marcelo Ruiz por derecho propio con el patrocinio letrado del Dr. Alan Denis Pino y promueve demanda de revisión contra Swiss Medical ART SA por accidente in itinere en los términos de la ley de riesgo de trabajo conforme lo normado por los arts. 103 y 2 inc. J ley 15.057.
Manifiesta que agotó la vía administrativa en la Comisión médica de Ramos Mejía mediante el Expte. N° 5211/23 iniciado por divergencia en la determinación de la incapacidad concluido con fecha 31/08/2023 sin incapacidad.
Refiere, en cuanto a las modalidades de trabajo, que el actor ingreso a laborar para su empleador Meli Log SRL con domicilio en Av. Caseros 3039, 2do piso, CABA, cumpliendo tareas de personal de logística en planta de distribución de Mercado Libre en Ramon Carrillo 80, Villa Celina, La Matanza, Buenos Aires, el día 01/03/1994, percibiendo una remuneración mensual de $ 253.000,00 con una jornada laboral de lunes a viernes de 21:00 hs. a 06.00 hs., más horas eventuales extras.
Relata que sufrió un accidente el día 23/11/2022, mientras se encontraba en el trayecto normal y habitual desde su hogar sito en Hualfin 2457, Rafael Castillo, La Matanza, hacia su lugar de prestación de servicios sito en Ramon Carrillo 80, Villa Celina, La Matanza, Buenos Aires.
Narra que se dirigía con su vehículo, aproximadamente a las 20:30 hs. por la arteria Colectora Richieri en dirección a la Av. Gral Paz, al cruzar la Planta depuradora AYSA Sur Oeste, colisionó violentamente la parte delantera de una camioneta contra la parte izquierda de su vehículo más precisamente en la puerta del conductor, provocando graves politraumatismos en la columna cervical, columna lumbar, hombro y codo izquierdo, rodilla izquierda. Dio aviso a su empleador quien realizó la correspondiente denuncia de siniestro a la ART. Fue trasladado a la Clínica Solís, le realizaron estudios médicos (RX, RMN), con tratamiento medicamentoso, analgésicos y tratamiento kinesiológico, diagnosticándole lesión en columna cervical, columna lumbar, hombro y codo izquierdo, y rodilla izquierda. Con alta médica el 02/12/2022.
Reclama: 1- Lesión en columna cérvico-lumbar con limitación funcional, 2- Lesión hombro/codo izquierdo con limitación funcional, 3- Lesión en rodilla izquierda con limitación funcional. 4- Reacción vivencial anormal neurótica de grado moderado II-III. Estima una incapacidad (física y psicológica) de carácter permanente y parcial de un 45 % de la T.O. Solicita gastos médicos.
Practica liquidación. Ofrece prueba. Reserva caso federal. Funda en derecho. Solicita se haga lugar a la demanda interpuesta con costas.
Con fecha 17/10/2023 se agrega el expediente administrativo de la SRT.
Corrido el traslado de ley , con fecha 27/11/2023 se presenta la Dra. Diana Raquel Oclander, en carácter de apoderada de Swiss Medical Aseguradora de Riesgo de Trabajo SA en merito a la copia del poder judicial que acompaña. Opone falta incompetencia respecto al daño psicólogo. Contesta demanda. Por imperativo procesal niega todos y cada uno de los hechos que no sean de su reconocimiento. Puntualiza las negativas. Expone su realidad de los hechos. Ofrece prueba. Impugna liquidación. Solicita aplicación del art. 2 ley 27.348. Solicita la aplicación del art. 730 del CCCN. Funda en derecho. Reserva caso federal. Solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas.
Con fecha 24/01/2024 la parte actora contesta el traslado conferido en los términos del art. 29 de la ley 11.653 - hoy 34 de la ley 15.057-.
Con fecha 26/02/2024 por sentencia interlocutoria se rechaza la excepción de incompetencia opuesta por la accionada por los fundamentos allí vertidos (arts. 1 y cctes de la ley 27.348 y arts. 2 inc. J de la ley 15.057).
Con fecha 09/04/2024 se abre a prueba las presentes actuaciones y se producen las que el expediente exhibe.
Con fecha 23/02/2026 la parte actora solicita la aplicación del fallo de la SCBA "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios".
Con fecha 04 de noviembre de 2026 se celebra la audiencia de vista de la causa participan mediante la plataforma de Microsoft Teams el letrado apoderado de la parte actora Dr. Alan Denis Pino y la letrada apoderada de la parte demandada Dra. Ornella Gianetto. Las partes manifiestan que desisten de la prueba confesional, testimonial, informativa pendiente de producción, de toda otra prueba pendiente y no producida hasta ese acto y solicitan plazo para alegar. Se concede el plazo único de cinco días a partir del día de la fecha a fin de que las partes informen por escrito sobre el mérito de la prueba y ratifiquen el acta.
Con fecha 05/11/2026 la parte actora ratifica gestión.
Con fecha 05/11/2026 la parte actora solicita la aplicación doctrina "Barrios" y, en subsidio, del art. 55 de la ley 27.802 -
Con fecha 17/11/2026 presenta su alegato la parte demandada.
Con fecha 17/11/2026 pasan los autos a dictar sentencia.
CONSIDERACIONES:
Atento como ha quedado trabada la litis corresponde analizar las pruebas rendidas a los fines de expedirse sobre la cuestión planteada.
No es un hecho controvertido que el actor se desempeñó para Meli Log SRL a la fecha del accidente in itinere ocurrido el 23/11/2022 y que Swiss Medical ART SA es la aseguradora de su empleador al momento del siniestro en el marco de las disposiciones de la LRT quien pone en cabeza de las aseguradoras y autoasegurados, la obligación de cumplir con las prestaciones derivadas de los infortunios de trabajo, contrato de afiliación N° 204929, vigente desde el 05/12/2017.
Asimismo, quedó probado con las constancias de autos, que a raíz del accidente se denunció el hecho a la ART y ésta le otorgó prestaciones en especie - registro de siniestro Nº 22200046079, de fecha 23/11/2022-.
La pericia contable de fecha 29/07/2024 informa: que el IB es de $ 260.810,72 conforme art. 12 modificado por el art. 11 de la ley 27.348 (art. 474 CPCC).
No se controvierte la fecha de nacimiento del actor ocurrido el 26/09/1999 teniendo la edad de 23 años a la fecha del infortunio.
En lo que es materia de litis se encuentra controvertido el tipo y grado de incapacidad derivado del accidente de autos y el nexo de causalidad entre las dolencias y el hecho denunciado.
Del expediente administrativo iniciado en la SRT 38-2 - RAMOS MEJÍA SRT N° 005211/23 por divergencia en la determinación de la incapacidad con fecha 04/01/2023, surge: Fecha Accidente/PMI: 23/11/2022. Tipo Accidente: Accidente in itinere. Nro Accidente: 10000000202204627400. ART/EA: 00280 - SWISS MEDICAL. Empleador: 30715686054 - MELI LOG SRL CIIU Principal del Contrato: 719110 - Servicios conexos con los de transporte (incluye agencias de turismo, agentes marítimos y aéreos, embalajes, etc.). Lesiones: 07 - Contusiones. Diagnóstico: S300 - Contusión de la región lumbosacra y de la pelvis Nalgas. Fecha Alta Médica: 02/12/2022.
La Comisión Médica indica en su dictamen de fecha 23/08/2023: "DOCUMENTO UNICO: 42138177 por el MOTIVO DIVERGENCIA EN LA DETERMINACION DE LA INCAPACIDAD. Visto y considerando que el carácter laboral de la contingencia no se encuentra controvertido por las partes, se procedió a valorar exclusivamente la prueba médica incorporada en las actuaciones, ello en los términos de la Resolución SRT N° 899/17. Del análisis de la documentación obrante en el expediente, esta Comisión Médica concluye y dictamina que NO presenta secuelas generadoras de Incapacidad Laboral, de acuerdo a lo normado por el Decreto 659/96 modificado por el Decreto 49/14, como consecuencia del siniestro denunciado. De la documentación obrante en el expediente surge la presencia de patología/s de carácter inculpable (RNM DE COLUMNA LUMBOSACRA A FOJAS 25 DE FECHA 28/11/2022.......L4-L5 ABOMBAMIENTO DISCAL.....L5-S1 ABOMBAMIENTO DISCAL.....), la cual no guarda relación etiopatogénica ni cronológica con el siniestro denunciado, sugiriéndose canalizar la atención médica a través de la obra social y/u hospital público y/o profesional de su elección. En relación al Trastorno psicológico invocado, el siniestro de referencia no cumple con el criterio A establecido en el DSMIV (Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales), necesario para definir el diagnostico de dicha patología: Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual como experiencia directa o presenciar dicho suceso ocurrido a otros. Cabe aclarar que de la documentación obrante y de lo relatado y descripto en el examen físico en la audiencia médica no surgen elementos que fundamenten la solicitud de valoración psicodiagnóstico. El damnificado no recibió tratamiento psicológico durante su atención recibida por la ART ni solicito en forma particular la misma, y la magnitud del siniestro no lo fundamenta. En relación al ofrecimiento de prueba para la evaluación de la esfera psíquica y atento a no obrar en el expediente respaldo documental que justifique dicha solicitud conforme los criterios establecidos en Anexo I de la Resolución SRT 886E/17 mod. por la Resolución SRT 3/21, se procede a su rechazo en los términos del punto 19 de la Resolución SRT 179/15. Fija porcentaje de Incapacidad: SIN INCAPACIDAD Observaciones: Conforme Baremo de Ley.
Con fecha 31/08/2023 se dicta disposición alcance particular. El titular del servicio de homologación de la comisión médica N° 38 dispone: ARTÍCULO 1°.- - Apruébese el procedimiento llevado a cabo en el Expediente S.R.T. N° 5211/23, por encontrarse de conformidad con la normativa vigente y dense por concluidas las actuaciones ante este Servicio de Homologación. ARTICULO 2°.- Determínese que el/la trabajador/a Sr./a RUIZ IVAN MARCELO (C.U.I.L. N° 20421381772) NO POSEE INCAPACIDAD conforme lo dictaminado por la Comisión Medica N° 382 de la localidad de RAMOS MEJIA, Provincia de Buenos Aires el día 23 de Agosto del 2023, respecto de la contingencia de fecha 23 de Noviembre del 2022, siendo su empleador MELI LOG SRL (C.U.I.T. N° 30715686054), afiliado a SWISS MEDICAL ART S.A. al momento de la contingencia. ARTICULO 3°.- Hágase saber que la presente disposición podrá ser recurrida en el plazo de QUINCE (15) días ante la Comisión Médica Central, teniendo el trabajador o sus derechohabientes, la opción de interponer recurso contra lo dispuesto ante la Justicia Ordinaria del Fuero Laboral que corresponda. ARTÍCULO 4°.- Téngase presente lo prescripto por el Artículo 2 Inciso J de la ley provincial 15.057: "En la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley 27.348 Complementaria de la ley de Riesgos del Trabajo o la que en el futuro la reemplace .". Notificado en igual fecha. Archivada el 27/09/2023.
Con fecha 26/12/2024 se presenta informe psicológico, que concluye: "Se concluye que se advierte ausencia de daño psíquico en el peritado relacionado con el evento de autos, pudiendo restablecer y normalizar su vida cotidiana desde ocurridos los hechos, tanto en lo laboral como en lo personal."
Con fecha 28/07/2025 el perito médico informa: "CONSIDERACIONES MEDICOLEGALES. Si bien la determinación de la relación de causalidad es materia exclusiva y excluyente de V. S. luego del análisis de la mecánica accidental, la anamnesis, el examen físico, los estudios complementarios, la documental e historias clínicas obrantes, considero verosímil el nexo causal de las secuelas ponderadas. Desde el punto de vista psicológico, de acuerdo con la evaluación realizada y el psicodiagnóstico adjunto, se concluye que el evaluado atravesó una serie de experiencias de carácter psico traumático, incluyendo el siniestro sufrido, las derivaciones médicas consecuentes y las secuelas permanentes resultantes. Sin embargo, el evaluado ha demostrado una adecuada capacidad de adaptación y resiliencia frente a dichas vivencias. A través de sus recursos personales, pudo procesar y elaborar las secuelas físicas permanentes, permitiéndole mantener un funcionamiento psicosocial estable. En consecuencia, no se observa la presencia de daño psíquico atribuible a los eventos mencionados ni un cuadro psicopatológico que implique incapacidad. De lo anteriormente expuesto resulta que la Sr. RUIZ, según la anamnesis y el examen físico por mí realizado y los estudios complementarios solicitados, presenta: IX. INCAPACIDAD. Desarrollo de la incapacidad. 2% Limitación funcional de hombro izquierdo (no dominante). 3% Limitación funcional de codo izquierdo (no dominante). 4% Cervicalgia con reducción del rango de movilidad de la columna. 0% Lumbalgia subjetiva. 0% RVAN I. Factores de ponderación: 10% Intermedia dificultad para la realización de las tareas habituales. 0% No amerita reubicación laboral. 1.5% por la edad del damnificado. LA INCAPACIDAD PSICOFISICA BAJO LA FORMULA DE LA CAPACIDAD RESTANTE CON MAS FACTORES DE PONDERACION ES DE 11.12% SEGÚN BAREMO LEY 24557. DECRETO 659/16..."
Es impugnada por la parte actora con fecha 13/08/2025 evacuada por el galeno con fecha 12/09/2025.
Teniendo en cuenta que la presente acción ha sido deducida en el marco de la ley especial 24.557, dentro de la cual únicamente encuentran cobertura resarcitoria aquellas consecuencias nocivas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que estén reconocidas en el decreto 659/1996, y que la ley 26.773 en su art. 9 ha dispuesto que: "Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a la (.) Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorias (.)"obligatoriedad que ha sido ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/accidente" del 12/11/2019 y en la causa "Szlapocznik, Sebastián David c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - Ley Especial" del 3/9/2020.
El legislador ha querido establecer con rango de ley la aplicación del mencionado baremo y del listado, unificando así los criterios para la determinación de incapacidad laboral. Bajo tales premisas, la uniformidad de criterios garantiza la igualdad de trato de los trabajadores que sufran algunas de las contingencias contempladas por la ley 24.557
El Baremo para la determinación de las incapacidades -Decretos 659/96 y 549/25- constituye un dato normativo y médico de rigor científico. Por lo que la utilización de un baremo distinto al previsto por el Decreto 659/96 como así también apartarse del porcentaje allí determinado implicaría una violación al método uniforme y obligatorio impuesto para determinar la incapacidad, teniendo en consideración y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ledesma", dejó sin efecto un pronunciamiento que fijó una indemnización por accidente de trabajo, determinando una incapacidad laboral sin tomar en consideración la tabla establecida por la legislación vigente, que debe ser aplicada obligatoriamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Riesgos del Trabajo "dado que la conclusión esgrimida por el a quo de que el baremo del decreto 659/96 tendría un carácter meramente indicativo, no se compadece con las disposiciones del régimen legal de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
El juicio de causalidad es siempre jurídico. Aún en los casos en que los especialistas lo formulen en forma concreta o asertiva, lo cierto es que es tarea específica de los peritos como auxiliares de la justicia el de establecer la existencia de la enfermedad y su posible etiología, pero incumbe a los jueces evaluar las circunstancias de cada caso concreto y en su caso la determinación y alcance de dicho nexo.
Conforme a ello no encuentro motivos suficientes para apartarme de la experticia (art. 474 del CPCC).
Si en cambio, corresponde reformular el grado de incapacidad determinado en la pericia médica: Limitación funcional de hombro izquierdo (no dominante) 2%. 100% - 2%: 98%. CR 98% Limitación funcional de codo izquierdo (no dominante) del 3%: 2,94 %, CR 98% -2,94%: 95,06% Cervicalgia con reducción del rango de movilidad de la columna 4%: 3,80%, con los factores de ponderación corresponde el 9,74 % de la T.O., sin incapacidad psicológica ni lesión de rodilla izquierda (art. 375 del CPCC y 726 del CCCN).
No se ha demostrado los gastos médicos que peticiona conforme la carga probatoria que sobre el actor pesaba (arts. 375 del CPCC y 726 del CCCN).
LA DECISION :
La parte actora promueve acción de revisión contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgo de Trabajo SA en concepto de indemnización por el accidente con fundamento en la ley especial.
Persigue la reparación de los daños padecidos como consecuencia del accidente in itinere ocurrido el día 23/11/2022 en las circunstancias relatadas.
ACCIDENTE IN ITINERE
Establecidas las conclusiones precedentes corresponde analizar la acción de revisión interpuesta con fundamento en la ley especial.
Demostrado dicho extremo nace en cabeza de la aseguradora la obligación de indemnizar en virtud de las obligaciones previstas por la ley de Riesgo de Trabajo.
Como ha quedado sentado en la cuestión precedente el empleador del actor se encontraba asegurado en Swiss Medical ART SA en el marco de las disposiciones de la LRT quien pone en cabeza de las aseguradoras la obligación de cumplir con las prestaciones derivadas de los infortunios de trabajo.
Asimismo, quedó probado en autos, a raíz del accidente in itinere se denunció el hecho a la ART y ésta le otorgó prestaciones en especie.
El presente caso, de acuerdo a lo señalado precedentemente encuadra en el artículo 6 1er. párrafo de la Ley 24.557, toda vez que se trata de una contingencia prevista por dicha normativa.
Es por ello, que en atención a los hechos alegados y que se ha tenido por probados, dicha normativa resulta de plena aplicación para el presente caso y consecuentemente debe desestimarse las defensas opuestas por la parte demandada (art. 726 del CCCN).
Patología por accidente in itinere :
En la cuestión que antecede quedó acreditado con el informe pericial médico que el actor padece de limitación funcional de hombro izquierdo (no dominante), limitación funcional de codo izquierdo (no dominante) y cervicalgia con reducción del rango de movilidad de la columna con una de incapacidad parcial y permanente del 9,74 % de la T.O. Sin incapacidad psicológica ni lesión en rodilla izquierda (art. 726 del CCCN).
Siendo, entonces, la incapacidad física del actor parcial y permanente del 9,74% de la T.O. según baremo de la ley 24.557, de origen causal al hecho motivo de autos.
Atento a lo establecido en la cuestión que antecede se debe desestimar el daño psicológico, lesión en rodilla izquierda y gastos médicos (art. 726 del CCCN).
MONTO INDEMNIZATORIO
Reclama a través de esta acción, la indemnización correspondiente a la incapacidad sobreviniente al infortunio, de acuerdo a las disposiciones del art. 14 Inc. 2 ap a. de la Ley 24.557. Conforme los fundamentos que se han desarrollados en la presente causa, habiéndose acreditado el accidente in itinere, la minusvalía y el nexo causal entre las primeras, Swiss Medical ART SA resulta responsable de la prestación dineraria, y, consecuentemente, estimo que la demanda es procedente respecto a esta petición.
Calculo indemnizatorio :
Corresponde, entonces, realizar el cálculo indemnizatorio.
Tal como quedó acreditado en el veredicto que precede el ingreso base del actor es de $ 260.810,72 conforme lo dispuesto en el art. 12 de la ley 24557 (según ley 27.348.
Se realiza el cálculo conforme surge: Ingreso base $ 260.810,72 por 53 veces el ingreso base por coeficiente de edad 2,82 (65/23) por porcentaje de incapacidad 9,74%, igual a $ 3.796.727,01.
Teniendo a la vista el valor del piso prestacional correspondiente al período que abarca el accidente padecido por el actor (23/11/2022), MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Resolución 51/2022 con vigencia desde el 1° de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 inclusive, que surge que el importe de éste es $ 8.433.218,00 conforme las prescripciones legales vigentes en la norma citada, que determina que el monto mínimo indemnizatorio que percibirá un trabajador siniestrado ha de ser el que resulte de calcular el porcentaje de incapacidad por la cifra que se publica periódicamente (esto es $ $ 8.433.218,00 x 9,74% =) $ 821.395,43.
El monto que ha de corresponder percibir al actor en este concepto es fijado por la formula antes señalada por ser superior al piso prestacional.
De manera que el monto de esta indemnización asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 01 CENTAVOS ($ 3.796.727,01).
Surge del escrito presentado por la parte actora con fecha 23/02/2026, la petición de aplicación de la vigente doctrina de la causa "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", por los fundamentos que expone.
La Suprema Corte de Justicia, en la causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias. Asimismo, sentó los criterios para la determinación de las deudas de valor, como así también dispuso una serie de directrices para delimitar el alcance de la indexación.
Entiendo que dicho planteo resulta improcedente en el caso de autos y en relación con el período comprendido entre el acaecimiento del accidente y el dictado del presente pronunciamiento. Ello por cuanto, la doctrina sentada en dicho precedente se dictó en el mes abril del año 2024, respecto a un accidente ocurrido en el año 2013; circunstancia disimil a los hechos debatidos en autos, ya que en el presente litigio se reclama un accidente de trabajo bajo el régimen de la ley 27.348, entendiendo que dicha normativa en su art. 11 contempla un sistema de actualización, por cuanto el propio legislador, al sancionar la Ley Nº 27.348, ha previsto la utilización de una tasa de interés activa, destinada a absorber el efecto inflacionario del período, en contraposición a la prohibición anteriormente establecida por la norma cuya invalidez constitucional pretende se declare, situación que no ocurría con la ley 24.557.-
Refuerza mi posición la resolución dictada por la Suprema Corte Provincial en autos "Díaz Leuzzi, María Camila c/ OMINT ART S.A. s/ accidente de trabajo- acción especial", del 12/5/2025 -L. 132.531, donde se estableció que "la única doctrina legal traída por la recurrente en apoyo de su pretensión (que se aplique la doctrina del caso "Barrios" a un accidente con fundamento en la ley especial) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento", con cita de causas L. 119.596; L. 121.429 y L. 132.724, entre otros.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar la reciente causa "L-132729 Galarza Daniel Alejandro C/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. S/ Accidente In-Itinere", fallada en fecha 30/3/2026 donde se ratifica la vigencia del sistema legal y específico que desplaza la aplicación del criterio excepcional plasmado en el precedente "Barrios" (SCBA). En efecto, se sostiene que la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 allí dispuesta constituye un remedio de última ratio reservado únicamente para aquellos supuestos donde el ordenamiento no provee soluciones análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital. Toda vez que el mecanismo de la Ley 27.348 proporciona una respuesta legal orientada a justipreciar la prestación dineraria debida mediante el reajuste de la base salarial y la aplicación de tasa activa, torna innecesario acudir a la vía del citado precedente.
Destaco las palabras de la Dra. Hilda Kogan, al que adhirieron el resto de los integrantes del Alto Tribunal, que sostuvo que "III.4.c...Efectuada la reseña legal de atingencia al caso, observo que, en autos, el tribunal de grado, lejos de cuantificar la prestación a valores históricos o utilizar guarismos atribuibles a reglas nominalistas como postula el quejoso, mediante la aplicación del mencionado entramado normativo, repotenció el valor del ingreso base lo que claramente gravitó en el monto de la prestación objeto de la condena mediante la metodología de cálculo prescripta en el art. 11 de la ley 27.348, que como dije- modificó el art. 12 de la ley 24.557.
De allí que, conforme anticipé, y en consonancia con lo declarado por el órgano interviniente, quedó desplazada la eventual aplicación del criterio plasmado en el precedente "Barrios", desde que la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, hubo de constituir, en ese caso concreto, por los extensos fundamentos expuestos en dicho fallo, a los que por razones de brevedad me remito, una adecuada y posible respuesta para el reconocimiento de una reparación que respondiera a la necesidad de preservar el valor del capital.
En efecto, se remarcó en la causa de referencia que a medida que se fue profundizando la alteración de las variables económicas, el régimen legal fue sorteando la prohibición de estipular cláusulas o establecer opciones de variaciones de costos, actualización monetaria, indexación o repotenciación, entre las cuales se citaron algunas de ellas a modo de ejemplo.... Bajo esos lindes, se tuvo especialmente en cuenta que la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado de capital nominal más intereses a la tasa pasiva BIP (emergente de la doctrina legal forjada en los por todos conocidos precedentes "Cabrera" y "Trofe") arrojaba un resultado considerablemente desfavorable para el reclamante... En ese contexto, se fijaron diferentes hipótesis de actualización y se dijo que en los casos que no fueran posible dar una solución mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o del agravio respectivo debía de completarse con la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, a fin de posibilitar la actualización monetaria, indexación o repotenciación del crédito dinerario... Desde esta perspectiva, me afirmo en la solución anticipada, toda vez que, en la especie, la norma aplicada por el tribunal de origen proporciona una respuesta orientada a justipreciar la prestación dineraria debida acorde a parámetros, pautas o mecanismos destinados a recomponer el crédito mediante el reajuste de la base salarial componente de la fórmula legal, esto es, del ingreso base mensual..."
Conforme lo expresado, postulo declarar improcedente lo peticionado por la parte actora y no aplicar al presente caso la doctrina emanada del fallo "Barrios" por los fundamentos expuestos (art. 726 CCyCN).
La parte actora con fecha 05/11/2026 peticiona se aplique la actualización del crédito laboral conforme art. 55 de la ley 27.802. La entrada en vigencia sobreviniente de la Ley N° 27.802 determina que la cuestión relativa a la actualización e intereses del crédito deba resolverse con arreglo al régimen específicamente previsto en su art. 55 para los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, para las relaciones individuales de contratos laborales.
En la especie se advierte la coexistencia de dos regímenes normativos: por un lado, una regulación general y posterior en el tiempo; y por el otro, una regulación especial preexistente, ambas de igual jerarquía normativa.
En el caso de autos, al tratarse de un accidente de trabajo encuadrado en la ley de riesgos de trabajo, y toda vez, que esta legislación prevé un régimen de actualización específico, debe desestimarse la aplicación del art. 55 de la ley 27.802.
Entiendo que debe prevalecer la norma especial por sobre la general, en tanto regula específicamente una situación jurídica determinada. En tal sentido, el artículo 12 apartado 2° de la ley 24.557, según texto ordenado por ley 27.348, establece un régimen de intereses aplicable a los créditos derivados de contingencias contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo, constituyendo un interés legal en los términos del artículo 768 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación.
Dicha previsión especial mantiene plena vigencia y prevalece frente a la normativa general posterior -en el caso, la ley 27.802- que dispone la aplicación de una tasa pasiva desde el devengamiento del crédito hasta el dictado de la sentencia definitiva para causas aún en trámite. Ello así, por cuanto el art. 55 de la ley 27.802 posee un alcance general y no introduce modificación alguna respecto de las disposiciones específicas que regulan el régimen especial de riesgos del trabajo. No existe derogación expresa ni incompatibilidad manifiesta que impida la convivencia de ambos regímenes.
En consecuencia, atendiendo a la especificidad propia del sistema de riesgos del trabajo regulado por la ley 24.557 y sus modificatorias, corresponde concluir que las disposiciones del artículo 12 apartado 2° permanecen plenamente operativas, pues la sanción de una ley general posterior no implica, por sí sola, la derogación de una norma especial anterior; impidiendo extender la interpretación pretendida por la parte actora al caso de autos.
Sostuvo la CSJN que "Como norma, una ley general no es nunca derogatoria de una ley o disposición especial, a menos que aquélla contenga alguna expresa referencia a ésta..." (CSJN, 6-3-2007, Fallos: 330:304).
En igual sentido, se ha destacado doctrinariamente que el principio de especialidad no sólo responde a una cuestión técnica de interpretación normativa, sino también a una razón de política legislativa: cuando el legislador dicta simultáneamente una norma general y otra especial para regular un mismo ámbito material, debe entenderse que ha querido reservar aplicación preferente a esta última respecto de los supuestos específicamente contemplados, pues de otro modo la norma especial carecería de eficacia práctica.
Por todo lo expuesto, considero que la previsión contenida en el artículo 55 de la ley 27.802 no resulta aplicable al presente proceso, resultando abstracto expedirme respecto de las restantes cuestiones planteadas por la parte actora (art. 163 inc. 6, 2° parte el CPCC).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa L. 129.800, "Muzychuk, Claudio Rubén contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo -acción especial-" (sentencia del 14/7/2025), declaro la inconstitucionalidad del decreto 669/19 estableciendo una nueva doctrina legal.
Señala al respecto: "III.2.d. La invalidez del decreto de necesidad y urgencia 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo. III.2.d.i De la lectura de los considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, aquellos traducen la decisión del poder administrador de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN, Fallos: 322:1726 y 333:633).
En rigor, sobresale un motivo determinante en el que primaron razones de practicidad o conveniencia, es decir, algo bien diferente a la configuración de una impostergable necesidad justificante de la medida y a la razonable imposibilidad de tratarla en el recinto legislativo (Fallos: 326:3180). Acaso en el erróneo entendimiento de que el déficit de origen podría ser saneado por medio de una ley ulterior, que -finalmente- nunca fue promulgada. En efecto, las endebles motivaciones invocadas para justificar su dictado -a saber: la existencia de un supuesto "...desequilibrio sistémico..." entre "...el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora..." y "...la tasa de interés vigente paralas indemnizaciones por contingencias previstas en la ley n° 24.557 y sus modificaciones..." (v. cons. párrs. 8 y 9), "que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiaros...fomenta la litigiosidad..." (v. párr. 10); "...que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones...en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema..." (v. párr. 13); que en razón de lo antedicho "...procede la modificación urgente del "Ingreso Base" a los fines del cálculo de las indemnizaciones...ya que el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras y, en definitiva, en los trabajadores, beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social..." (v. párr. 15)- lucen manifiestamente inaptas para evidenciar la genuina concurrencia de una situación de emergencia que habilite al Presidente de la Nación a ejercer facultades legiferantes que -por regla constitucional- no le son propias (arts. 44 y 99 inc. 3 de la Constitución nacional; CSJN Fallos: 333:633).
III.2.e. En suma: el decreto de necesidad y urgencia 669/19 resulta palmaria e insanablemente inconstitucional por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional establece -inexorablemente- para su dictado, por lo que propicio confirmar -como anticipe- lo resuelto por el órgano de la instancia de grado en este aspecto del fallo."
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa L. 139.012, "Vera, Carlos Issac contra Empleador Autoasegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Acción de revisión resolución Comisión Médica Jurisdiccional" (sent. de 24-IX-2026), resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora. Para así decidir, consideró inaplicable al caso la doctrina sentada en el precedente "Barrios", en tanto el tribunal de origen aplicó el mecanismo de recomposición provisto por la ley 27.348 (art. 12 de la ley 24.557, según modif.). Desde esta perspectiva, se confirmó la solución adoptada en la instancia de grado por juzgarse que dicho régimen contiene parámetros que permiten el reajuste del crédito.
El art. 11 de la ley 27.348 (modificatorio del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557) establece una tasa legal en materia de intereses moratorios en los términos del 7 y 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación aplicable a la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, en cuanto prevé que la tasa de interés moratorio se determina "por lo que dispongan las leyes especiales".
El resultado, devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde el 23/11/2022 hasta la fecha de la presente sentencia (art. 11 de la ley 27.348).
Atento que el portal electrónico de la SCBA no cuenta con la tasa de interés señalada, a los fines requeridos utilizaré el siguiente sitio web: https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes.
Capital: $ 3.796.727,01.
Total intereses (desde el 23/11/2022 a 1a fecha de la presente sentencia): $9.820.291,36.
Total de la deuda (Capital + Intereses) = $ 3.7967.27,01 + $ 9.820.291,36 = $ 13.617.018,37.
Total: $ 13.617.018,37.
Ello, con más un interés puro anual del 6% (art. 768 inc. b) CCCN, 12 apartado 2° Ley 24.557 -t.o. art. 11 Ley 27.348-; Fallos: 344:3636; apartado V.17.e segundo párrafo de causa C124.096 ) (23.95%) de $ 3.261.369,17.
Total de la deuda (Capital + Intereses) = $ 13.617.018,37 + $ 3.261.369,17 = $ 16.878.387,54.
La suma de condena asciende a la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($16.878.387,54) a la fecha del dictado de la presente .
INTERESES
Para el supuesto de incumplimiento del pago de la presente los intereses se computaran conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (arts. 622 Código Civil -Ley 340-, 7 y 768 inc. b) Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-, 12 inciso 2° Ley 24.557 -t.o Ley 27.348-; SCBA L118.615, "Zócaro", Sentencia del 11-III-2015; B62.488, "Ubertalli", Sentencia del 18-V-2016; Causa L118.587, "Trofe", Sentencia del 15 de junio de 2016) y así lo propicio.
APLICACIÓN DEL ART 730 DEL CCCN- LEY Y 24.432
Swiss Medical ART SA solicita se aplique lo dispuesto por el art. 730 del CCCN concordante con la ley 24.432 por la responsabilidad en el pago de las costas incluido los honorarios profesionales de todo tipo, que no excedan el 25 % del monto de la sentencia.
La normativa dispone "Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".
La SCBA en la causa L. 77.859, "A. V. A. contra Expreso Nueve de Julio S.A. Daños y perjuicios y ley 24.028".27, de julio de 2005, "Zuccoli", L. 77.914, sent. del 2 X 2002, expresa que "el art. 505 del Código Civil, limita el alcance de la obligación que resulta de la condena en costas al porcentaje de referencia, en el supuesto de incumplimiento de la obligación cualquiera sea su fuente; es decir, contiene una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas y no respecto de los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, más no el único. Esa modificación debe conjugarse con las restantes efectuadas al ordenamiento sustancial civil, para vislumbrarse que se refieren en su conjunto al factor de la atribución de la responsabilidad y sus límites, lo que posibilita la aludida determinación del legislador nacional. Lo expuesto también debe interpretarse en el sentido de que no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme a las disposiciones locales, sino que frente a la actual cosmovisión del nuevo articulado legal, se infiere una cuestión de medida respecto del porcentual posible de afectación al deudor, en lo vinculado a su deber de reparación integral con consecuencias razonables para éste, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que estas representan. Por ello, corresponde, en mi criterio, declarar la constitucionalidad de la ley 24.432 en cuanto modifica el art. 505 del Código Civil." (Igual sentido que las causas citadas: L. 73.148 y L. 75.196, ambas con sent. del 12 III 2003). (Igual criterio se sentó en SCBA, L 77914 S 2-10-2002, Zuccoli, Marcela A. c/ SUM S.A. s/ Daños y perjuicios; L 75196 S 12-3-2003 Santillán, Juan A c/ Celulosa Argentina SA s/ Accidente de trabajo, L 82098 S 27-3-2008 Guerrero, Juan Carlos c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Ley 24028, entre otros).
La ley 24.432 posee normas que resultan operativas. Así su art. 1 que incorporó un nuevo párrafo al art. 505 del Código Civil estableciendo un tope del veinticinco por ciento del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas. En consecuencia, el citado artículo, por el carácter que reviste en razón de la sustancia de lo que regula -responsabilidad en materia de costas por incumplimiento de la obligación principal- no requiere adhesión alguna, resultando entonces aplicable en la Provincia, sin que ello implique vulnerar en modo alguno la autonomía local. (S.C.B.A., C 96638 S 11-8-2010López, Ernesto c/ Banco Provincia de Buenos Aires s/ Incumplimiento de contrato).
Entre los artículos contenidos en la mencionada normativa - que refieren o interfieren con el régimen de preceptos del CPCN y régimen arancelario de abogados y procuradores en el ámbito de la Nación-, se encuentran también normas que resultan operativas; y en ese orden, cabe situar los artículos 1 y 8 que incorporaron un nuevo párrafo al artículo 505 Código Civil y 277 de la Ley 20744, estableciendo un tope del 25% del monto. En consecuencia, los citados artículos, por el carácter que revisten en razón de la sustancia que de lo que regulan, resultan aplicables por constituir normativa de fondo vigente, y en ese marco tampoco transgreden la autonomía local, lo que así ha sido entendido por el Superior Tribunal de este Estado - a cuyos fundamentos adhiero- según doctrina L 89641- S 3-3-2010 y no contraviene en tal sentido el principio de razonabilidad del artículo 28 Constitución Nacional, ni colisiona con demás preceptos de la misma o involucra un enriquecimiento ilícito.
Atento a la doctrina imperante por el Tribunal Provincial Superior de Justicia propicio hacer lugar al pedido a la aplicación de la normativa legal en materia de costas y desestimar el planteo de inconstitucionalidad planteado por la parte actora (art. 726 del CCCN).
COSTAS
Propicio que las costas se apliquen a la parte demandada que ha resultado sustancialmente vencida en la presente Litis (artículo 68 CPCC y artículos 19 de la ley 11.653).
ASI LO VOTO .
A LA MISMA CUESTIÓN LA SRA. JUEZ DRA. CYNTHIA VANESA THOMPSON dijo: voto en idéntico sentido por compartir los fundamentos y consideraciones de la Dra. Diana Alicia Cuccaro.
A LA MISMA CUESTIÓN LA SRA. JUEZ DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI dijo: voto en idéntico sentido por compartir los fundamentos y consideraciones de la Dra. Diana Alicia Cuccaro.
A LA SEGUNDA CUESTION : La DRA. DIANA ALICIA CUCCARO dijo:
Conforme el resultado de la votación que antecede, corresponde:
I-Aplicar las leyes 24.307 y 24.432 y decreto 1813/92- art. 730 del CCCN. Declarar la inaplicabilidad del fallo "Barrios". Rechazar el daño psicológico, lesión por rodilla izquierda, gastos médicos y art. 55 de la ley 27.802 (art. 726 del CCCN), por las consideraciones expuestas en la cuestión que antecede, sin costas atento a la naturaleza de la cuestión planteada. -
II. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por RUIZ IVÁN MARCELO contra SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO SA - hoy SAU- y condenar a esta última a pagar al actor la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.878.387,54) en concepto de indemnización por reparación dineraria de la ley de Riesgo de Trabajo por el accidente in itinere (art. 6 inc. 1 ley 24.557) a cuyo pago corresponde condenar a la encartada a abonar al actor dentro de los diez días de notificado este pronunciamiento.-
La demandada deberá depositar el capital de condena en la cuenta sueldo del trabajador siempre que aquella se encuentre disponible (art 17 ley 27348, ley 26950) o en su defecto mediante deposito en la cuenta bancaria cuya titularidad exclusiva acredite en autos la parte actora. A tal efecto queda intimada la parte actora para que dentro del término de dos (2) días denuncie y acredite en autos la titularidad exclusiva y los datos de la cuenta bancaria (Entidad, sucursal bancaria - Tipo y número de cuenta bancaria - CBU - adjuntar certificado bancario- DNI - Número de CUIT/CUIL) a fin de poner en su conocimiento a la obligada al pago. Se hace saber a la parte actora que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre exclusivo del actor el plazo para el pago de la presente sentencia se encuentra suspendido. Cumplido ello, en orden del principio de economía procesal y en uso de las facultades ordenatorias previstas en el art 12 de la ley 15057 se autoriza a la obligada a efectivizar el pago en la cuenta cuya titularidad exclusiva se haya denunciado y acreditado en autos. El pago en la forma estipulada deberá ser acreditado en el expediente mediante los comprobantes respectivos dentro de los cinco (5) días de su cumplimiento.
III. VENCIDO dicho plazo, al importe de condena se le acumulará el interés a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones de depósitos a 30 días a través del sistema Banca Internet Provincia -tasa pasiva digital- desde la fecha del accidente -17/08/2022- hasta el efectivo pago (arts. 768, 769 del CCCN). -
IV. Imponer las costas a la parte demandada que resultó sustancialmente vencida en la presente litis con los alcances de la ley 24.432 y Decreto 1813/92 (artículo 68 CPCC, artículo 24 de la ley 15.057).
V. Regular los honorarios del Dr. ALAN DENIS PINO en la suma de 32 jus arancelarios, Dra. DIANA RAQUEL OCLANDER en la suma de 22 jus arancelarios, Dra ORNELLA GIANETTO, en la suma de 7 jus arancelarios, todos con más el 10% de aportes e IVA si correspondiere. (Ley 14967). - Asimismo, por la labor desarrollada en autos, regúlense al perito contador PONTIERI ALEJANDRO GABRIEL en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000), con más el 5% (ART. 193 ley 10.620) y 5% (art.27 inc. d LEY 13948), perito médico Dr. EMILIANO JAVIER COZZI en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000), con más el 10% de aportes (Dto. ley 8999/62) y perito psicóloga GIULIANA SOLEDAD DOWGALUK, en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) más aportes de ley. (art 730 CCCN)
Los honorarios de los profesionales intervinientes (letrados y peritos) deberán ser abonados en sus respectivas cuentas bancarias personales en el plazo de diez días. A tal efecto quedan intimados los mismos a denunciar: Entidad, sucursal bancaria - Tipo y número de cuenta bancaria - CBU - adjuntar certificado bancario- DNI - Número de CUIT/CUIL - Condición tributaria ante AFIP a fin de hacérselo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. Se hace saber a los profesionales que hasta tanto no se dé cumplimiento con lo dispuesto el plazo para el pago se encuentra suspendido. Una vez satisfechos los honorarios conforme lo ordenado deberá la obligada al pago acreditar el cumplimiento de los mismos. Asimismo, se intima por el término de 20 días a los letrados y peritos intervinientes para que acrediten el depósito de aportes de ley, bajo apercibimiento de comunicar a la caja respectiva. -
VI. Asimismo propicio librar oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de homologación de la CMJ Nro 38-2 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación al expediente sobre Divergencia en la determinación de incapacidad Nro. 005211/23 a los fines correspondiente. -
ASI LO VOTO
A LA MISMA CUESTIÓN LA SRA. JUEZ DRA. CYNTHIA VANESA THOMPSON dijo: voto en idéntico sentido por compartir los fundamentos y consideraciones de la Dra. Diana Alicia Cuccaro.
A LA MISMA CUESTIÓN LA SRA. JUEZ DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI dijo : voto en idéntico sentido por compartir los fundamentos y consideraciones de la Dra. Diana Alicia Cuccaro.
POR ELLO:
EL TRIBUNAL DE TRABAJO Nº 4 DE LA MATANZA
En mérito al resultado de la votación en el ACUERDO que precede, citas legales y fundamentos expuestos
1. DECLARAR la aplicación de las Leyes 24.307 y 24.432 y decreto 1813/92- art. 730 del CCCN. Declarar la inaplicabilidad del fallo "Barrios". Rechazar el daño psicológico, lesión por rodilla izquierda, gastos médicos y art. 55 de la ley 27.802 (art. 726 del CCCN), por las consideraciones expuestas en la cuestión que antecede sin costas atento a la naturaleza de la cuestión planteada. -
2. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda incoada por RUIZ IVÁN MARCELO contra SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO SA - hoy SAU- y condenar a esta última a pagar al actor la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.878.387,54) en concepto de indemnización por reparación dineraria de la ley de Riesgo de Trabajo por el accidente in itinere (art. 6 inc. 1 ley 24.557) a cuyo pago corresponde condenar a la encartada a abonar al actor dentro de los diez días de notificado este pronunciamiento.
La demandada deberá depositar el capital de condena en la cuenta sueldo del trabajador siempre que aquella se encuentre disponible (art 17 ley 27348, ley 26950) o en su defecto mediante deposito en la cuenta bancaria cuya titularidad exclusiva acredite en autos la parte actora. A tal efecto queda intimada la parte actora para que dentro del término de dos (2) días denuncie y acredite en autos la titularidad exclusiva y los datos de la cuenta bancaria (Entidad, sucursal bancaria - Tipo y número de cuenta bancaria - CBU - adjuntar certificado bancario- DNI - Número de CUIT/CUIL) a fin de poner en su conocimiento a la obligada al pago. Se hace saber a la parte actora que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre exclusivo del actor el plazo para el pago de la presente sentencia se encuentra suspendido. Cumplido ello, en orden del principio de economía procesal y en uso de las facultades ordenatorias previstas en el art 12 de la ley 15057 se autoriza a la obligada a efectivizar el pago en la cuenta cuya titularidad exclusiva se haya denunciado y acreditado en autos. El pago en la forma estipulada deberá ser acreditado en el expediente mediante los comprobantes respectivos dentro de los cinco (5) días de su cumplimiento. -
3. VENCIDO dicho plazo, al importe de condena se le acumulará el interés a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones de depósitos a 30 días a través del sistema Banca Internet Provincia -tasa pasiva digital- desde la fecha del accidente -23/11/2022- hasta el efectivo pago (arts. 768, 769 del CCCN). -
4. EL CAPITAL, intereses y costas, deberán ser depositados en autos, por el demandado, dentro de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 49 Ley 11.653). -
5. COSTAS a la parte demandada que resultó sustancialmente vencida en la presente Litis con los alcances de la ley 24.432 y Decreto 1813/92 (artículo 68 CPCC, artículo 24 de la ley 15.057).
6. REGULAR los honorarios del Dr. ALAN DENIS PINO en la suma de 32 jus arancelarios, Dra. DIANA RAQUEL OCLANDER en la suma de 22 jus arancelarios, Dra ORNELLA GIANETTO, en la suma de 7 jus arancelarios, todos con más el 10% de aportes e IVA si correspondiere. (Ley 14967). - Asimismo, por la labor desarrollada en autos, regúlense al perito contador PONTIERI ALEJANDRO GABRIEL en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000), con más el 5% (ART. 193 ley 10.620) y 5% (art.27 inc. d LEY 13948), perito médico Dr. EMILIANO JAVIER COZZI en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000), con más el 10% de aportes (Dto. ley 8999/62) y perito psicóloga GIULIANA SOLEDAD DOWGALUK, en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) más aportes de ley.- (art 730 CCCN) . Los honorarios de los profesionales intervinientes (letrados y peritos) deberán ser abonados en sus respectivas cuentas bancarias personales en el plazo de diez días. A tal efecto quedan intimados los mismos a denunciar: Entidad, sucursal bancaria - Tipo y número de cuenta bancaria - CBU - adjuntar certificado bancario- DNI - Número de CUIT/CUIL - Condición tributaria ante AFIP a fin de hacérselo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. Se hace saber a los profesionales que hasta tanto no se dé cumplimiento con lo dispuesto el plazo para el pago se encuentra suspendido. Una vez satisfechos los honorarios conforme lo ordenado deberá la obligada al pago acreditar el cumplimiento de los mismos. Asimismo, se intima por el término de 20 días a los letrados y peritos intervinientes para que acrediten el depósito de aportes de ley, bajo apercibimiento de comunicar a la caja respectiva. -
7. LÍBRESE oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de homologación de la CMJ Nro 38-2 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación al expediente sobre Divergencia en la determinación de incapacidad Nro. 005211/23 a los fines correspondientes.- 8) REGISTRAR, NOTIFICAR y oportunamente. ARCHIVAR. -
DRA. DIANA ALICIA CUCCARO
JUEZ
DRA. CYNTHIA VANESA THOMPSON
JUEZ
DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI
JUEZ
DRA. MARIANA CILIA
SECRETARIA
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de San Justo, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario firmante: CUCCARO Diana Alicia - JUEZ
Funcionario firmante: THOMPSON Cynthia Vanesa - JUEZ
Funcionario firmante: GASPARINI Soledad Emma - JUEZ
Funcionario firmante: CILIA Mariana - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 191-2026
Fin de la sentencia