Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial de la Plata Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia en cuanto fija la suma indemnizatoria, la que se determina en la suma de $ 180.000 (PESOS CIENTO OCHENTA MIL) que deberán ser abonados por la demandada con más los intereses previstos en la sentencia y se la confirma en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios, disponiendo que la demandada deberá dar cumplimiento a las obligaciones de hacer previstas dentro de los treinta días corridos de quedar firme la presente sentencia, lo que deberá acreditar en autos certificando la eficiencia de las aislaciones realizadas. Costas de la instancia recursiva en el orden causado.
En la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de Julio de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "RUIZ JORGE ALBERTO C/ MICELI MARIA NELIDA S/DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) (ORALIDAD) "
(causa: 123603), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fs. 437/58 ?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo:
En las presentes actuaciones el actor reclamó los daños y perjuicios que le estaría ocasionando un establecimiento lindero denominado “Hotel Uno”. La Sra. Juez de grado admitió la demanda y condenó a la titular del indicado albergue a abonar una indemnización y a realizar obras que tienden a reducir los niveles de ruido y vibración.
Contra tal modo de resolver interpuso recurso la legitimada pasiva que mantuvo con la pieza de fs. 468/481 que no fue respondida por la actora.
II. Los agravios.
Habida cuenta de la extensión de la expresión de agravios formularé una breve síntesis a fin de darle respuesta más adelante.
a) El primer agravio se refiere a la evaluación de la prueba.
Se refiere a las diversas medidas probatorias producidos y desde fs. 469 a fs. 476 vta. pasa revista a ellas. Señala que la Sra. Juez de grado no ha sido imparcial en el análisis de la testimonial, admitiendo las declaraciones de la pareja del actor y relativizando las de los testigos de la demandada, por ser empleados.
Sostiene que la referencia a un Acta de inspección municipal en que la Insp. Salgado dejó constancia de que “los ruidos se oyen y son muy molestos” denota la misma falta de imparcialidad, toda vez que en esa oportunidad no se hicieron mediciones y sí se hicieron en las pericias realizadas en el expediente (informe de fs. 51/64 de la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata).
Señala que de la pericia de ingeniero resulta que la generación de ruidos no sobrepasa la media permitida.
Critica también la pericia arquitectónica por cuanto el mismo perito señala que los niveles sonoros son altos dentro del lavadero, pero en la casa vecina no exceden la normal tolerancia, por lo que resulta absurdo que se afirme que los medios de aislación acústica no resultan apropiados.
Y en cuanto a las “vibraciones” señaladas por el perito arquitecto y algunos de los testigos, afirma que no hay prueba alguna de que las mismas sean de grado tal que configuren un agravio no autorizado a los vecinos. (fs. 285/313) Luego se detiene en los testimonios de Casal, Grasso, González y Avila y sostiene que son inadecuados para probar la existencia de ruidos molestos provenientes del Hotel y en particular de la habitación 22, lo que señala haberse constatado en la diligencia de reconocimiento de fs. 402/403. En síntesis sostiene que frente a las mediciones realizadas por el personal de la Municipalidad y el Ing. Arcuri, son inválidas las apreciaciones de los testigos. Luego señala cuestiones tales como los horarios de lavado, la cantidad de equipos de habitación disponibles en el hotel, la cantidad de habitaciones ocupadas regularmente en el mismo y las fotografías que darían cuenta de que algunos objetos habrían caído en el patio de la casa del actor.
b) La segunda queja del actor se refiere a la valoración que la Sra. Juez de grado ha hecho con respecto a las pericias psicológica y psiquiátrica. Expone que en la demanda no se reclamó incapacidad alguna y que, en todo caso, habría que otorgar el costo del tratamiento psicológico por un lapso no mayor a un año.
c) En el titulado “segundo agravio” (fs. 476) señala que la sentencia tiene por probada la generación de “ruidos molestos” aunque los generados por la demandada no exceden los límites de la Ordenanza Municipal porque tales parámetros resultan válidos a los fines contravencionales pero aún cuando no se sobrepasen, pueden calificarse como “excesivos” en los términos del art. 2618 del C. Civil, Reclama el recurrente que, al no excederse los límites de las ordenanzas 7845/91 y 10.703/10 tal calificación resulta subjetiva. d) En el punto 2.-b) relata las circunstancias propias de la zona y los máximos admitidos para la emisión de ruidos. Explica que ante la eventual discusión sobre a zonificación (residencial, mixta o comercial) el rango de ruido, para ser considerado excesivo, debería superar los 53 db, 58 db ó 63 db respectivamente, lo que no ocurre conforme se informa en las diversas mediciones.
e) El “tercer agravio” impugna el punto de partida temporal tomado para la estimación de los daños. Argumenta que éste no puede remontarse al año 2008 por cuanto no se ha probado haber formulado ningún reclamo antes de la carta documento de fecha 30/04/2014.
f) El “cuarto agravio” impugna por excesivos los importes de las indemnizaciones fijadas por daño moral y daño psicológico.
g) Por último, el “quinto agravio” manifiesta la disconformidad de la recurrente con relación a las refacciones que se ordenan a fin de prevenir daños eventuales y futuros.
III. De la solución de los agravios.
1. La multiplicidad de “agravios” formulados no conlleva la necesidad de una respuesta particularizada. No es la cantidad de argumentos lo que define el éxito de un recurso, sino el acierto o atingencia de los mismos. Es que el juez, al analizar el ataque a la sentencia, no debe quedar condicionado a todos los planteos de la parte, a los que deberá, no obstante, dar respuesta mediante un análisis tal que abastezca desde el punto de vista de la lógica jurídica la tarea de revisar la sentencia según los agravios traídos.
El razonamiento de la instancia revisoria no está constreñido al orden argumental del recurrente pues el modo en que se ordenan o formulan los argumentos puede condicionar las respuestas, repetir las respuestas o tratar cuestiones que no son útiles a los efectos de la solución del litigio. Por ello comenzaré dando una visión de conjunto del problema y, desde allí, daré satisfacción a los cuestionamientos.
Llega firme a esta instancia que la actividad de la demanda genera ruidos y vibraciones que llegan hasta la casa que habita el actor y que el mismo ha visto afectada su salud por tales molestias.
Lo que se discute, y será el punto de partida para este análisis, es si se ha probado o no un exceso tal en el ejercicio de la actividad de la demandada que supere lo que el actor debe tolerar.
El art. 2618 Cód. Civil establece que “Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas.” “Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias.” “En la aplicación de esta disposición el juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso.” “El juicio tramitará sumariamente.”
Sin merma de lo dispuesto por la citada norma, las molestias que la vecindad exige tolerar no deben ser de tal magnitud que afecten la vida de las personas. Vivir en sociedad impone una serie de restricciones y ello significa que quienes ofrecen un servicio que la sociedad consume y requiere (caso de la demandada) habrán de cuidar el modo de llevarla a cabo, respetando los derechos de aquellos que, por diversas razones, pueden verse afectados por su obrar.
De allí que aún cuando se cumpla con la normativa administrativa o no se llegue a infringir la misma, se impone también analizar la razonabilidad de la contaminación sonora u otro tipo de inmisión producido por la demandada y, en el caso, la situación de quien, por su ubicación, la padece en forma particular.
Ello a fin de establecer si hay algún deber de resarcir o cesar en la realización de actividades molestas, lo que pudiera justificar el acogimiento, total o parcial, de la demanda. Y el punto álgido, que constituye el "thema decidendum"¸ radica precisamente en el criterio a aplicar para establecer qué debe entenderse por “razonable” en el caso concreto.
Está claro que no se plantea el ejercicio de una actividad ilícita o prohibida. Pero también es destacable, en el análisis del instituto que nos ocupa, que la licitud de la actividad, inclusive el contar con los permisos o autorizaciones - municipales o de otra índole- que permitan llevarla a cabo, no impiden la aplicación de la norma en cuestión, ni vedan que se establezca que, de todas maneras, existe un exceso en la tolerancia que es dable exigir a los vecinos. Deben conciliarse, entonces, las necesidades derivadas de la producción o de toda industria lícita, el uso regular de la propiedad, así como también la prioridad en el uso. Si bien el propietario de un inmueble goza de la facultad de usarlo conforme estime o prefiera, ello no impide que su derecho -absoluto en su formulación, por ejercerse erga omnes- sea relativo en su ejercicio, y deba ser coordinado con los derechos de los demás, que obran como límite en cuanto al modo de usar y gozar de la cosa propia. No resulta necesaria la existencia de una actividad ilícita, ni de un hecho antijurídico. Una actividad lícita y autorizada puede generar molestias que excedan la normal tolerancia, que se erige en el caso como un factor de atribución objetivo de responsabilidad (Cfr. Andorno, Luis O., “Las molestias de vecindad art. 2618 del Código Civil” en Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 1999, pág. 217).
2. En el caso, la razón fundante de la pretensión esgrimida deriva de la existencia de ruidos molestos y vibraciones. La inmisión inmaterial se cuestiona y califica de excesiva.
El Dr. Jorge Galdós ha señalado, con su proverbial agudeza que “ciertas molestias parecerán soportables en un barrio industrial o en una calle comercial y en cambio excederán la “normal tolerancia” en una zona residencial.” Y que deben evaluarse múltiples aspectos: “El punto gravita no sólo en la pauta directriz de la prioridad en el uso sino también en la incidencia de las disposiciones reglamentarias locales (provinciales y municipales) de naturaleza administrativa, que regulan y planifican la instalación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y las categorías y tipificaciones de las edificaciones, incluso habitacionales” (…) “Se trata en definitiva de efectuar un test de razonabilidad, partiendo del consecuencialismo judicial, optando por resolver la pugna y conflicto entre los derechos e intereses asignando primacía al de mayor atendibilidad (sea porque protege un bien más valioso o porte preferencia un derecho con una tutela más acentuada).” (Galdós, Jorge Mario, “Las exigencias de la producción y el uso regular de la propiedad (art. 2618, última parte, Cód. Civ.). Su vinculación con el “derecho ambiental”. Zonas residenciales y zonas industriales.”, en Revista de Derecho de Daños 2005-2, Relaciones de vecindad, Rubinzal- Culzoni, pág. 217/218).
En este aspecto, las pericias realizadas demuestran sin lugar a dudas que la maquinaria instalada en el lavadero de la demandada genera un nivel de ruido de 50 db en el inmueble habitado por el actor. (ver pericia del Ing. Silva fs. 75/78 de fs. 247/258 e informe de la Municipalidad de La Plata de fs. 51/64. y arquitecto fs. 286/317), sin perjuicio de los cual, es importante tener en cuenta que habría una tercer máquina que no se pudo medir, y que no se pudieron peritar los ruidos de la habitación nro. 22, que sin dudas podrían tener una mayor incidencia en el nivel de los ruidos.
Las mediciones de emisión de ruidos se han realizado mediante decibelímetros que cumplen con normas que certifican un rango de error técnicamente admisible o aceptable.
Si bien los testimonios aportados por la parte actora no pueden tenerse como elementos para convalidar el nivel de ruido determinado mediante instrumental específico, no es menos cierto que todos son coincidentes en la existencia de ruidos sordos y más o menos permanentes, acompañados de vibraciones. El carácter moleto es corroborado por el acta de comprobación nro. 190.750 de fs. 7, autenticada a fs. 241/242.
Ello resulta compatible con la maquinaria existente en el lavadero del inmueble de la demandada. Véase en particular la coincidencia indicada en la pericia de Arquitecto fs. 313/316. En la misma se indica el incorrecto anclaje de las máquinas (fs. 315 párrafo 4) y la correspondencia entre el nivel del piso del lavadero y el local que oficia de “estar” en la vivienda del actor. La fotografía 9 muestra la perforación que se hizo en la medianera resultando que la salida está, en el local del lavadero, a una altura de 39 cm. del piso, en tanto que del otro lado de la medianera, donde se ubica el living de Ruiz, la salida del orificio se ubica a 59 cm. del piso. A ello he de adicionar la circunstancia de que los equipos de lavado y secado no se han instalado con la metodología indicada por el fabricante para evitar la trasmisión de vibraciones. La perito dice a fs. 315 que “para evitar el paso de vibraciones y ruido a través del piso es necesario asilar la base de las mismas también.” Se refiere a las máquinas lavadora y de secado y en la nota de fs. 307 se explica que las máquinas deben estar sobre un asiento de concreto y que entre tal base el piso debe colocarse como aislante una placa de telgopor.
A este conjunto de elementos objetivos he de adicionar la admisión por parte de la demandada, en su declaración confesional, que las tareas de lavado se realizan de 6 a 22 horas lo que, aún en esas condiciones, impone un escaso margen para el descanso del vecino quien debería someterse a horarios estrictos para poder disponer del descanso mínimo nocturno.
De acuerdo a la doctrina de la carga dinámica de la prueba, he de señalar que la demandada no ha de aportado elementos de juicio para demostrar que los ruidos y vibraciones no son generados por la maquinaria instalada (ver negativa a fs. 99 punto 33), sino que se ha preocupado fundamentalmente por negar la magnitud de las inmisiones y la circunstancia de que las mismas no vulneran los límites permitidos por la ordenanza municipal correspondiente. En conclusión, encuentro que el esfuerzo crítico desarrollado por la recurrente no alcanza a conmover la sentencia en tanto ésta declara que la actividad de la demandada, aún cuando se encuentre dentro de los límites de las disposiciones administrativas genera por sus características particulares una inmisión en la casa que habita el actor que excede la normal tolerancia. Todo ello sin perjuicio de contar la demandada con la autorización administrativa para la actividad que realizan y teniendo en cuenta las condiciones del lugar y demás particularidades de los hechos que nos ocupan (zona residencial mixta: muebles particulares y comercios, local no lindero a la vía pública).
Por ello propondré confirmar la sentencia en cuanto encuentra probado una molestia que excede la normal tolerancia e interpreta correctamente la normativa aplicable, cuestionamientos éstos volcados en los agravios 1 y 2 que doy entonces por abastecidos (arts. 260, 261, 272, 273, 274, 375, 384 CPCC). Debo agregar que, a juzgar por los dichos del propio actor, quien retrotrae las molestias al año 2008, la actividad de la demandada se desarrollaba con anterioridad a ese momento. La demandada relata que la habilitación es de 1965, y ello resulta corroborado por el informe municipal de fs.1 (ver copia del certificado de habilitación 9393 en el que alcanza a leerse “Fecha de habilitación 27/05/1965). De tal modo es innegable que el mismo Sr. Ruiz conocía las particularidades del lugar al que fue a vivir, a lo que ha de agregarse, conforme sus dichos al absolver posiciones, que el inmueble no es de su propiedad sino de su hermana, quien se lo ha entregado en comodato gratuito lo que puede resultarle conveniente, por la gratuidad.
En tanto el actor ha tramitado el beneficio de litigar sin que se haya otorgado el mismo, he de señalar que la posibilidad de vivir en ese lugar de la ciudad es apreciable si se dispone del mismo gratuitamente, pero también he de señalar que por ello mismo se relativiza el derecho a pretender que la conducta de los demás se adecúe a sus necesidades o afecciones, tanto más si se trata de una persona con sensibilidad a este tipo de molestias. Es que es indudable que nada obliga al Sr. Ruiz a vivir en ese lugar que, a su parecer, es incómodo. En consecuencia, he de concluir que si bien la inmisión de ruido y vibración no alcanza a niveles que excedan lo admitido por las disposiciones municipales, la circunstancia de de que ello pueda producirse durante una amplísima parte del día (de 6 a 22 horas) resulta de características tales que afectan la normal tolerancia. Ello se ve agravado por el incumplimiento de las técnicas de instalación de los equipos de lavado y la ausencia de barreras para la insonorización de los locales.
Por otra parte, resulta que la actividad del establecimiento de la demandada se realizaba con anterioridad al tiepo en que el actor efectuó las refacciones en la vivienda y comenzó a vivir allí. Si bien es cierto que los ruidos y vibraciones pueden, por su permanencia, ser molestos para algunas personas y no para otras, que el actor decidió voluntariamente vivir en ese lugar y realizó refacciones a esos fines, no pudiendo desconocer las circunstancias del lugar y que realizó refacciones en los locales que habita, resultando que algunas de ellas, tales como la falta de cielorraso en parte de la casa del actor, puede propender a aumentar la incidencia del ruido y vibraciones (según testimonio del Ing. Silva).
Tales extremos han sido argumentados por la demandada como eventuales agravantes del daño. Sin embargo, la demandada no ha aportado elementos que permitan ponderar la culpa de la víctima.-
En consecuencia tengo por probado que el establecimiento de la demandada emite ruidos y vibraciones generadas, que ingresan en la casa habitación del actor y superan el límite razonable de la convivencia sin que se haya probado conducta culpable de la vìctima que fracture total o parcialmente el nexo causal entre tales inmisiones y el daño sufrido, por lo que habré de promover que se adjudique a la demandada responsabilidad por los daños probados (arts. 1113 y 2618 C. Civil.)
3. Con relación a la evaluación de los daños psicológicos debo observar que si bien la perito psiquiatra estimó una incapacidad del orden del 20% (sin indicar bareno alguno, aunque a fs. 360 refiere uno) y tratamiento terapéutico permanente, y la psicóloga una patología psicosomática, sin indicador que permita considerar patología laborativa, habiendo estimado necesario un tratamiento mínimo de seis meses de una vez por semana con un costo total de $ 9.600. No hay necesidad de apoyo terapéutico permanente, la alteración de la personalidad es reversible. Tiene una incapacidad del orden del 10% (cita bareno), la sentencia se expidió en el rumbo de cubrir el tratamiento terapéutico durante dos años “y cubrir el que ya haya realizado”.
La perito psicóloga señala en su informe la reversibilidad del cuadro y la perito psiquiatra en sus explicaciones de fs.361 vta. `primer párrafo refiere la eventualidad de que tales dolencias puedan persistir durante seis (6) meses o más después de la desaparición del factor estresante.
Consecuentemente, habiéndose ordenado medidas para que desaparezca el factor estresante, corresponde limitar la reparación al tratamiento, sin ponderar grado de invalidez permanente reparable, no habiéndose acompañado constancias de gastos terapéuticos, considero que corresponde admitir el tratamiento psiquiátrico y psicológico por el lapso de un año, con sesiones de terapia semanales durante los primeros seis meses y quincenales durante los meses siguientes, y de consulta psiquiátrica mensual, a cuyos fines estimo que el rubro debe prosperar por la suma de $ 30.000, suma en la que se incluye la medicación psiquiátrica (arts. 165 y 384 CPCC).
4. En orden al daño moral, y conforme lo establece el artículo 1078 del Código Civil, la obligación de resarcir comprende la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. El responsable debe indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los afectos (SCBA. AC: 35579 del 22-4-86; esta Sala causa 96.891 del 2-4-2002, rsd-46/2002;,causa: 109.428,rsd 159/2009).
La indemnización por el daño extrapatrimonial tendrá por finalidad compensar, mediante una satisfacción de contenido económico, los padecimientos sufridos en cuanto importan una alteración a la paz, la tranquilidad y la integridad física.
Esta indemnización debe guardar relación con la índole de las molestias, las eventuales secuelas incapacitantes, el tratamiento a que debió someterse el damnificado, la duración del mismo y de las dolencias que ocasiona (Cfr. Cámara II Sala 2, causa b-83.345, rsd-165/96; rsd-162 del 19-5-97; causa 96.605. 18-6-2002. "HEILAND JUAN HORACIO Y OT. C/ MEDINA JOSE RAMON S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" RSD- 148/2002; causa 101.685 del 9-12-2003, rsd-331/2003 y causa 105.664 del 7-3-2006, rsd- 29/2006).
En atención a que el reclamo, según se ha probado, se formuló el 23 de diciembre de 2014 y ha sido expresamente desconocido por la demandada la generación de molestias previas, a falta de prueba suficiente sobre el inicio de las incomodidades, habré de postular la reducción de la indemnización por las molestias causadas, que propondré fijar en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) (art. 1078 del C.C.C.N. y arts. 330, 163, 165, 260, 375, 384 y 474 del C.P.C.C.).
5. Para concluir, señalaré que las obras que se ordenan realizar fueron dispuestas por la juez de grado tomando en cuenta las pericias realizadas y con la finalidad de que el daño no se continúe produciendo. El cuestionamiento que se formula parte de que no estarían infringiendo los valores de ruido máximos permitidos y que no se ordena realizar medida alguna en el domicilio de Ruiz.
Las medidas se ordenan por las circunstancias de la causa en la que resulta probado que, aún cuando los ruidos no alcanzar a superar los límites administrativos, resultan por su intensidad y continuidad una molestia que supera lo que un vecino normal debe tolerar. Por tal razón, las medidas tendientes a reducir tales ruidos no se vinculan a la violación de la ordenanza municipal sino a la aplicación judicial del art. 2618 C. Civil.
En cuanto a las refacciones que pudiere realizar el Sr. Ruiz en su vivienda para una mejor aislación de la misma, caen ellas fuera del alcance del reclamo y eventualmente podrá ser el mismo actor quien, si así lo entiende, podrá llevarlas a cabo. Tal ausencia de consideraciones en la sentencia no causa agravio a la demanda y por ello no corresponde atender a su queja. Conforme las razones expuestas propondré revocar la sentencia de grado en cuanto dispone indemnizar al actor con la suma de $ 322.000, lo que se reduce a la suma de $ 180.000 por los rubros de tratamiento terapéutico y daño moral, confirmar la responsabilidad de la demandada, por lo que ésta deberá hacerse cargo de los daños causados, dejando aclarado que deberá ser a su exclusiva costa la realización de las obras que se condena a realizar y confirmar la sentencia en todo lo demás que resuelve y dispone y que en razón de ello deberá acreditar su cumplimiento y eficiencia de las mismas dentro de los treinta días corridos posteriores a resultar firme la sentencia (arts. 260, 261, 272, 273, 274, CPCC)
En el sentido y con las precisiones que se indican, voto por la NEGATIVA. A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Atendiendo al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la sentencia en cuanto fija la suma indemnizatoria, la que se determina en la suma de $ 180.000 que deberán ser abonados por la demandada con más los intereses previstos en la sentencia y confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios y disponer que la demandada deberá dar cumplimiento a las obligaciones de hacer previstas dentro de los treinta días corridos de quedar firme la presente sentencia, lo que deberá acreditar en autos certificando la eficiencia de las aislaciones realizadas. Propongo imponer las costas de la instancia recursiva en el orden causado habida cuenta del éxito parcial en esta instancia, falta de oposición de la actora y demás circunstancias de la causa (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor López Muro. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se revoca la sentencia en cuanto fija la suma indemnizatoria, la que se determina en la suma de $ 180.000 (PESOS CIENTO OCHENTA MIL) que deberán ser abonados por la demandada con más los intereses previstos en la sentencia y se la confirma en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios, disponiendo que la demandada deberá dar cumplimiento a las obligaciones de hacer previstas dentro de los treinta días corridos de quedar firme la presente sentencia, lo que deberá acreditar en autos certificando la eficiencia de las aislaciones realizadas. Costas de la instancia recursiva en el orden causado. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia