Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Mariano Andrés Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz, Alex Fallas y Jorge Ruíz, anular la decisión adoptada y REENVIAR al tribunal a quo para que, por quien corresponda, se cumpla con lo aquí dispuesto, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Tener PRESENTES las reservas del caso federal formuladas por las querellantes U.I.F. y A.F.I.P.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre del año 2023, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por la secretaria actuante, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 3017/2013/TO3/43/CFC78 del registro de esta Sala, caratulada: “RUIZ, Jorge Horacio y otros s/recurso de casación”, de la que
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la ciudad de Buenos Aires, integrado unipersonalmente por uno de sus jueces, el 28 de abril de 2023, resolvió: “I) NO HACER LUGAR a la fijación de audiencia de suspensión de juicio a prueba en los términos del artículo 293 del C.P.P.N. incoado por la defensa de los encartados José Sebastián JABBAZ, Mariano Andrés RUBINOWICZ, Alex Ariel José FALLAS y Jorge Horacio RUIZ. II) TENER PRESENTES las reservas de recurrir en casación y del caso federal efectuadas”.
II. Contra dicha decisión, interpuso recurso de casación la defensa particular de Mariano Andrés Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz, Alex Fallas y Jorge Ruiz; el que fue concedido por el tribunal de procedencia, en cuanto a su admisibilidad formal, el 18 de mayo de 2023.
III. El recurrente sustentó profusamente la admisibilidad de la vía intentada.
1 REGISTRO Nº: 1695/23.4
Señaló que la decisión, por sus efectos, podía ser equiparada a sentencia definitiva en cuanto importaba que sus defendidos debieran transitar el proceso, en particular, el debate oral y público, manteniéndose el estado de incertidumbre pese a verificarse la posibilidad legal de aplicar la suspensión del proceso a prueba.
Destacó que el objetivo de acogerse al mentado instituto es, justamente, el de poner fin a tal situación sin pretender obtener una sentencia absolutoria circunstancia que solo podría arribarse una vez celebrado el juicio.
En esa línea, memoró el precedente “Padula” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte, añadió que la resolución puede ser calificada como trascendente o importante en el desarrollo de la causa y en consecuencia, alcanzada por el derecho al recurso previsto en los tratados internacionales de derechos humanos. De seguido, relevó los antecedentes del expediente, exponiendo los detalles de la imputación formulada contra sus asistidos y los fundamentos vertidos en la decisión adoptada por un planteo similar llevado a cabo en el año 2019.
Destacó que, con posterioridad al rechazo de su anterior petición de suspensión de juicio a prueba, se dictó sentencia en el expediente principal de la causa 3017/2013, que fue objeto de revisión por esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Explicó que esta última decisión tuvo por acreditada la intervención penalmente relevante de Eraso y De Rasis por su participación en los hechos de lavado allí ventilados y que sus aportes en la maniobra podían ser contrapuestos con los de sus asistidos para efectuar un pronóstico de pena congruente y coherente.
Advirtió que, por mayoría, se consideró que “…el delito precedente no se vinculó con la corrupción en la obra pública, y redujo sustancialmente las penas impuestas a los condenados De Rasis y Eraso. A este último -esto muy relevante- la Cámara de Casación le aplicó una pena de cumplimiento en suspenso, bajo la figura de partícipe secundario (arts. 26 y 46, Código Penal)…”. Desde su perspectiva, la sentencia, en la medida que define, al menos parcialmente, hechos del caso que tienen directa vinculación con los aquí ventilados, justifica la realización de un nuevo y pormenorizado abordaje respecto de la posibilidad de resolver el litigio mediante la suspensión del juicio a prueba. Interpretó que el aporte de sus defendidos, a su entender neutrales e irrelevantes desde la óptica jurídico penal, resultaba aun en la hipótesis acusatoria, de mayor fungibilidad y ciertamente de menor incidencia que los llevados a cabo por los mencionados acusados, en particular, por Eraso.
De tal guisa, proyectó que, aun en el eventual caso de que se arribara al plenario y se dictara un veredicto condenatorio, por cuestiones de congruencia y coherencia lógica, las penas que pudieran serles impuestas a sus defendidos, de modo alguno, podrían superar aquella infligida al mencionado Eraso que resultó de cumplimiento condicional.
Para sostener su razonamiento, explicó que la imputación contempla la intervención de Rubinowicz, Jabbaz, Fallas y Ruíz únicamente en los albores y solo en aspectos secundarios de la maniobra de lavado ventilada en el principal. En efecto, recordó que lo que se les enrostra es el haber facilitado en diciembre de 2010 el contacto entre Fariña y la gente de la entidad bancaria Lombard Odier Swiss Private Bank (Eraso y De Rasis).
Estimó que “…(r)ecomendar a una persona a distintos bancos sin intervención en los hechos ni conocimiento de los actos que realizarían, no puede constituir, nunca, un hecho con relevancia penal en sí mismo…”.
También se les imputó haber aconsejado y colaborado con la constitución de la firma Teegan Inc. en Belice. Sobre este punto, dio cuenta de que sus “…defendidos habrían recomendado a un estudio – entre otros- en quienes confiaban y con quien habrían trabajado antes, que se ocupó de la constitución de la primera sociedad de los imputados que luego fue utilizada por ellos (sólo por ellos, sin nuestros asistidos) para la comisión de parte de los hechos adjudicados…”.
Por lo demás, observó que se les endilga la intermediación por la transferencia de U$D 1.500.626,00 (un millón quinientos mil seiscientos veintiséis dólares) a la cuenta 509755 del antes mencionado Lombard Odier Swiss Private Bank y, un año más tarde, en 2012, en tres transferencias por un valor de USD 113.290 (ciento trece mil doscientos noventa dólares), USD 550.000,00 (quinientos cincuenta mil dólares) y USD 180.000 (ciento ochenta mil dólares).
Contrapuso tales sucesos con los analizados en la sentencia dictada en la causa principal en los que intervinieron numerosas personas jurídicas y se transfirió dinero por una cantidad sensiblemente mayor a la achacada a sus defendidos que representa el 4% del global de la maniobra.
Por todo ello, concluyó que sus “…defendidos, según los fallos, intervinieron en hechos puntuales y aislados (inclusive con un intervalo de más de un año), y no tomaron parte (ni por acción y omisión) en la realización de la parte nuclear e importante de la conducta típica de lavado de dinero con dolo, vale decir, los movimientos de dinero, Eraso y De Rasis y sus hechos, sus cambistas, posteriormente el Dr. Chueco y el contador Pérez Gadin con sus actos personales y sus cambistas, la adquisición de SGI, la constitución de múltiples sociedades en el extranjero (a excepción de la primera), la apertura de la cuentas en Suiza, las cientos de transferencias realizadas a través de la estructura conformada en Panamá, la apertura de una nueva cuenta en Suiza (Banco Safra) y la transferencia de los fondos a esa institución bancaria, la “repatriación de los fondos” a través de Helvetic Service Group, Financial Net, etc. Y obviamente son ajenos a otros hechos (solo se los responsabilizó un tramo menor del Hecho A). Por todo lo expuesto, la situación procesal de nuestros defendidos ha cambiado sustancialmente con posterioridad al debate y al dictado de la sentencia en la causa principal…”. A partir de la información relevada, teniendo en cuenta el quantum punitivo impuesto a los consortes de causa De Rasis y Eraso, y la congruencia que debería observarse en un eventual juicio, señaló que sus representados estarían en condiciones de acceder a la probation.
Respecto de las restantes exigencias legales, señaló, en cuanto a la multa, que sus representados ofrecieron pagar un monto equivalente a las transferencias de dinero respecto de las cuales las acusaciones les atribuyeron intervención.
Agregó que sus defendidos asumieron el compromiso de realizar tareas comunitarias y, en orden a la reparación económica, propusieron efectuar una donación por la suma de un millón doscientos cincuenta mil pesos cada uno a una institución de bien público.
Añadió como circunstancias que no fueron objeto de valoración para dar tratamiento a la petición de suspensión de juicio a prueba, las condiciones personales de sus defendidos. Sentado ello, explicó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no resulta aplicable a sus asistidos que no revisten la calidad de funcionarios públicos y adunó que el fallo de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación descartó que los fondos objeto de lavado investigados en la causa principal provinieran de la obra pública o de actividad estatal. Enfatizó que “…ninguno de los instrumentos internacionales obsta o prohíbe la aplicación de soluciones alternativas al juicio, como la suspensión del juicio a prueba… …más allá que las Convenciones no establecen ninguna previsión al respecto, lo cierto es que el legislador nacional, luego de aprobar las citadas Convenciones, no modificó el régimen general en materia de suspensión del juicio a prueba respecto el delito previsto en el art. 303 del Código Penal…”.
Afirmó que las prohibiciones generales al régimen de la suspensión del proceso a prueba contenidas en el art. 76 bis del C.P. por decisión legislativa no consideraban el delito aquí investigado.
En cuanto al trámite adoptado, se agravió de que el tribunal de la instancia anterior hubiera resuelto rechazar in limine el pedido sin fijar audiencia en los términos del art. 293 del C.P.P.N.
Señaló, con cita de jurisprudencia, que “…el instituto de la probation, regulado en el código sustantivo, tiene expresa previsión normativa que en el ámbito formal aseguran su trámite dentro del proceso penal. En este sentido el art. 293 del código procesal penal de la nación otorga a las partes intervinientes el derecho de expresarse en el ámbito de una audiencia única tras la cual el órgano judicial competente podrá conceder o no el beneficio solicitado. Si existe esta especial previsión legislativa, la realización del trámite que prevé el artículo 293 del código instrumental es necesaria desde que el cumplimiento de las etapas procesales que acuerda el ordenamiento a los sujetos intervinientes en el proceso es por naturaleza una garantía para las partes, que en el caso no puede quedar sometida a la discrecionalidad del juzgador y cuya inobservancia afecta las garantías de clara raigambre constitucional…”.
Esgrimió que la realización de la mentada audiencia resultaba un requisito ineludible para la resolución del pedido formulado por sus asistidos de obtener la suspensión del juicio a prueba, cercenándose su derecho a ser oído y a confrontar su pretensión con las de las contrapartes.
Respecto de los dictámenes de las acusaciones, justipreciados por el tribunal oral para rechazar la petición defensista, indicó que carecían de fundamentación y en consecuencia, la decisión adoptada que se hacía eco de ellos también incurría en similar déficit.
Destacó que la calificación de los hechos como gravosos y complejos -atendiendo a lo actuado por otros sujetos imputadosimportaba una vulneración del principio de responsabilidad por el hecho propio, violando los principios de derecho penal de acto y culpabilidad.
Remarcó que “…no es legítimo que se restrinja el derecho del imputado de acceder a la suspensión del juicio a prueba con fundamento en comportamientos realizados por terceros…” y señaló que el pedido debe ser examinado en perspectiva a los hechos concretamente enrostrados a sus defendidos.
Expuso que, a diferencia de lo ocurrido respecto de la maniobra principal, los sucesos atribuidos a Rubinowicz, Jabbaz, Fallas y Ruíz se habían sostenido únicamente en “…la declaración de Jorge Leonardo Fariña (quien refirió haberse contactado a través de un tercero con uno de mis asistidos), y dos fojas con el resumen de la cuenta de Teegan Inc. –Panamá en el Capital Bank (de la que surge las transferencias de fecha 10 de octubre de 2011 por la suma de USD 99.950, 12 de octubre de 2011 por la suma de USD 299.950, y 13 de octubre de 2011 por la suma de USD 299.950 a la cuenta 511481 del Banco Lombard Odier a nombre de Tyndall Ltde. Inc.) y de la cuenta 511656 del Banco Lombard Odier a nombre de Fromental Inc. (en el que constan las transferencias de fecha 16 de febrero de 2012 por la suma de USD. 180.000 y 16 de febrero de 2012 por la suma de USD 550.000 efectuadas por los futbolistas Gabriel Heinze y Carlos Tévez)…”.
Afirmó que el dictamen fiscal resultaba infundado y se sostenía en un examen abstracto y meramente dogmático del caso sin contemplación de las condiciones y circunstancias personales de sus defendidos y de la imputación a ellos dirigidas. Añadió que la acusación cimenta su posición en una interpretación restrictiva del art. 76 bis del C.P. que desconoce los alcances del precedente “Acosta” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluyó que “…el rechazo de la suspensión del juicio con fundamento en la alegada gravedad del hecho y la eventualidad que se imponga una pena de cumplimiento efectivo desatiende los fines de la norma, que precisamente pretende evitar esa clase de situaciones.
Mucho menos puede restringirse el derecho sobre la base que el hecho tuvo repercusión pública. Ello implicaría la instrumentalización del individuo con fines de estabilización social, lo cual comporta objeciones de orden constitucional (art. 18, Constitución Nacional). Es volver a épocas superadas en las que se sostenían esos criterios ilegítimos.
Si es posible la ejecución condicional de la pena y el imputado cumple las restantes exigencias de la ley (pago de la multa, tareas comunitarias, etc.) debe suspenderse el juicio a prueba…”.
Formuló reserva del caso federal.
IV. En la etapa prevista por el art. 465 bis -en función de los arts. 454 y 455 del CPPN (ley 26.374)-, se presentó la defensa particular de Jorge Ruiz, José Sebastián Jabbaz, Alex Ariel José Fallas y Mariano Rubinowicz y las querellantes UIF y AFIP presentaron breves notas incorporadas al expediente (cfr. Sistema de Gestión Judicial “Lex 100”). La Unidad de Información Financiera postuló el rechazo del remedio incoado. Reseñó los antecedentes del caso y sostuvo que se trata de una causa por un delito grave vinculado con un bien jurídico de trascendencia que obsta a la aplicación de la salida alternativa. Formuló reserva del caso federal.
La Administración Federal de Ingresos Públicos formuló análoga pretensión. Sostuvo que la petición de la contraparte resultaba una mera reedición de aquella realizada anteriormente y que fuera oportunamente rechazada. Indicó que la posición del representante del Ministerio Público Fiscal oponiéndose al pedido de la defensa resultaba fundada. Desestimó la necesidad de la celebración de audiencia del art. 293 del C.P.P.N. Formuló reserva del caso federal.
Por su parte, los abogados defensores de Ruiz, Jabbaz, Fallas y Rubinowicz postularon en la audiencia que el trámite de la incidencia no se ajustó a la normativa procesal, lesionándose el debido proceso y el derecho a ser oído de sus asistido. Explicaron que el acto previsto en el art. 293 del C.P.P.N. era el que mejor se ajustaba al principio acusatorio, pues garantizaba la inmediación, contradicción y el necesario confronte entre las pretensiones de las partes.
Reiteraron que existía un hecho nuevo, ligado a la emisión de sentencias en los autos principales del caso, que debía ser apreciado en el tamiz de la audiencia y cuya ponderación a la postre fue omitido en la decisión.
Reseñó diversos precedentes emitidos por los doctores Carbajo y Borinsky en apoyo de su pretensión.
Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo de estilo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctores Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.
Quedaron, en consecuencia, las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa de Rubinowicz, Jabbaz, Fallas y Ruiz resulta formalmente admisible, toda vez que se han cumplido los requisitos previstos por el art. 463 del C.P.P.N., el impugnante ha indicado de modo fundado la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad y ha señalado que lo decidido podría ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, en tanto restringe el derecho de sus asistidos a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena (Fallos: 320:2451).
II. En lo que aquí interesa, el 27 de marzo de 2023, la defensa de los antes nombrados solicitó la suspensión del proceso a prueba.
En su presentación, recordó que si bien ya había requerido tiempo atrás la aplicación del mentado instituto, con suerte adversa para la parte por resolución del tribunal de fecha 16 de abril de 2019, la nueva petición debia ser examinada de acuerdo con las circunstancias actuales del caso.
Estimó que aquellas resultaban sustancialmente diversas de las consideradas anteriormente por la magistratura.
Observó que las sentencias dictadas por el tribunal oral respecto de la maniobra delictiva considerada nuclear o central y la posteriormente emitida por esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en revisión de la primera constituían elementos dirimentes para la resolución de la solicitud intentada.
Señaló que, de acuerdo con lo resuelto, la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada y que jurídicamente quedó incólume, permitía aseverar que la intervención endilgada a sus defendidos resultaba accesoria o secundaria y que ello importaba un panorama más favorable que aquel sopesado al momento de resolver el planteo incoado en el año 2019.
En efecto, entendió que la renovada pretensión debía ser evaluada luego de una audiencia contradictoria y con apego a las penas impuestas a otros consortes de causa y la pena en expectativa que podría caberles a Rubinowicz, Jabbaz, Fallas y Ruiz.
En esa senda, ofreció el pago de una suma de dinero setenta y seis millones mil novecientos sesenta pesos ($76.001.960,00) en cuotas mensuales y durante el plazo que estime el juzgador, la realización de tareas comunitarias de utilidad pública y una reparación económica a modo de donación a una institución de bien público (un colegio) por la suma individual de un millón doscientos cincuenta mil pesos ($1.250.000,00).
Finalmente, afirmó que no existía norma que expresamente vedara la aplicación de la suspensión de juicio a prueba al delito enrostrado.
Del pedido se corrió vista a las partes.
La querellante AFIP se opuso a lo peticionado. Sostuvo que la solicitud resultaba una reiteración de aquella formulada por la defensa y que fuera rechazada por ese mismo tribunal el 16 de abril de 2019, decisión que fue confirmada por esta Sala IV - con integración unipersonal de uno de mis colegas- tiempo después.
En cuanto a los hechos nuevos, el fisco consideró que no debían ponderarse para examinar la cuestión pues la resolución emitida por la Sala IV de la C.F.C.P. no había adquirido firmeza. Señaló que el mínimo de la escala legal no resultaba un parámetro dirimente para la aplicación del instituto pues la pena en concreto debia ponderarse en el debate teniendo en consideración que se trata de una causa compleja y con reiteración de maniobras.
En esa misma dirección, en cuanto a la reparación del perjuicio, a pesar de reconocer la seriedad del ofrecimiento formulado, estimó que aquel parámetro debe ser examinado a la luz de los hechos y de la multa correspondiente que solo puede hacerse de manera acabada en el plenario.
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal también propició el rechazo del instituto peticionado por la defensa.
Memoró lo resuelto en el marco de la presente causa respecto de similar petición con suerte adversa para la defensa - decisiones del 16/4/2019 y del 10/06/2019, del tribunal oral y de esta Sala- e indicó que los nuevos argumentos llevados a estudio no conmovían ni superaban los oportunamente analizados. Esgrimió que “…las interpretaciones que realiza la defensa de los diversos pronunciamientos en la etapa de juicio y su revisión por parte de Casación son ejercicios valorativos basados puramente en el interés de los acusados, parciales en su formulación y con una validez de valoraciones cuanto menos cuestionable por razones equivalentes a las expresadas y en muchos casos, evidentemente refutables por una postura que expresa un interés diverso basado en sólidos argumentos jurídicos…”.
Finalmente, indicó que, no obstante “…que el curso procesal adecuado es la fijación audiencia en los términos del art. 359 del CPPN”, la vindicta pública “…fundamentará su oposición de modo oral en la audiencia prevista en el art. 293 ibidem” (cfr. Lex 100).
De otro lado, la querellante U.I.F. señaló que el instituto pretendido por la defensa resultaba improcedente pues, de acuerdo con lo estipulado en el art. 76 bis, la pena máxima prevista para el delito imputado superaba con creces la de tres años de prisión.
Añadió que la gravedad y magnitud de las conductas enrostradas impedían también pronosticar una pena que no exceda la de tres años de prisión.
Indicó que los compromisos internacionales en materia de lavado también obstaban a la aplicación de la suspensión del proceso a prueba y explicó que la reparación en la medida de las posibilidades no se hallaba respaldada documentalmente. Llegado el momento de resolver y a pesar de que existía un pedido expreso de la defensa de que se fijara la audiencia prevista en el ritual para discutir la cuestión introducida, el tribunal de la instancia anterior resolvió rechazar in limine la solicitud.
Para así decidir, recordó que se había sustanciado un pedido similar en la misma causa que fue rechazado y ulteriormente, confirmado por esta Sala IV ante el recurso incoado por la defensa (cfr. Reg. 1182/19).
Destacó que allí se “…convalidó… el análisis realizado… respecto del dictamen fiscal que entendió debidamente fundado; consideró la naturaleza y característica del hecho respecto de la eventual pena a aplicarse a los peticionantes en el debate oral propugnado; y compartió que el rechazo de la suspensión de juicio a prueba, es la postura que mejor armoniza con las obligaciones asumidas por el estado en el orden internacional…”.
En cuanto a los elementos ponderados en la petición vinculados con los temperamentos adoptados en el incidente principal de la causa, señaló que tales decisiones, de modo alguno, importan dar por juzgados los hechos ventilados en las presentes actuaciones ni determinadas las responsabilidades de los aquí acusados, su tipo de participación y las penas a imponer.
Añadió que los elementos traídos a estudio por la defensa no enervaban las consideraciones realizadas en la anterior intervención unipersonal en esta instancia revisora en punto a la gravedad de los hechos y la razonabilidad de la necesidad expresada por el representante en cuanto a la realización del debate a tenor de la entidad de la maniobra objeto de investigación.
Este temperamento es el que ahora viene en revisión.
III. De inicio, adelanto que el pronunciamiento adoptado por mi colega de grado no puede ser convalidado y ello es así habida cuenta de que, al no darse razón suficiente para omitir proceder de conformidad con el trámite regular previsto por el art. 293 del C.P.P.N., la audiencia allí prevista devenía, en el caso, en obligatoria.
Ese es el voto que postularé al Acuerdo, con la aclaración de que la decisión a la que arribo no implica adelantar opinión alguna con relación al fondo de la cuestión. Es que el déficit señalado no es menor, pues la celebración de la audiencia estipulada en aquella disposición legal procura materializar de modo pleno el ejercicio del derecho a ser oído y el resguardo del principio contradictorio y, al no haberse realizado, se ha privado a las partes de la posibilidad de exponer sus respectivas posiciones frente a sí y ante el juez, de manera preliminar al dictado de la resolución, afectándose, por ende, la defensa en juicio del imputado.
En ese sentido, el Código Procesal Penal Federal, cuya implementación progresiva se halla en desarrollo, se incardina en un nuevo paradigma procesal de corte netamente acusatorio, circunstancia que da mayor relevancia a los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización (cfr. art. 2 del CPPF).
Desde esa perspectiva, sin desconocer el proceso paulatino que se ha impuesto para su aplicación en todo el territorio nacional, cierto es que aquel cuerpo normativo constituye una clara pauta hermenéutica a la hora de decidir los casos sometidos a escrutinio jurisdiccional.
En esta intelección, la participación de las partes en una audiencia, tal como prescribe la disposición referida, es un acto más ajustado a los citados principios procesales y al nuevo esquema procedimental, en resguardo de los derechos y las garantías de los sujetos intervinientes (cfr. esta Sala, FCB 12000140/2006/TO2/7/CFC2, “DOLGONOS, Micaela s/rec. de casación”, Reg. 137/21, del 1/3/2021, FCB 12000140/2006/TO2/6/CFC3, “PERALTA, Inés s/rec. de casación”, Reg. 138/21, del 1/3/2021 y, FPA 12018/2014/TO1/CFC1, “GUIZDACOFF, Jorge Luis s/rec. de casación”, Reg. 724/21, del 27/05/21, entre otras).
Desde ese lugar, es dable señalar que la suspensión de juicio a prueba, prevista en el Título XII de la parte general del Código Penal, ha sido concebida como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos penales basado en el principio de oportunidad.
Se trata de un medio dirigido a lograr mayor racionalidad en la utilización de los recursos de persecución penal pública y, por tanto, contiene bases disímiles a las que informan el principio de legalidad procesal plasmado en los arts. 71 del C.P. y 5 del C.P.P.N.
Se ha indicado que “su implementación y aplicación permite que se resignen los fines de control propios del derecho penal sustantivo y permite que prevalezca la necesidad de protección de los intereses de los principales protagonistas del conflicto que todo caso penal implica, interrumpiendo la persecución penal pública…” (BOVINO, LOPARDO y ROVATTI, Suspensión del procedimiento a prueba: teoría y práctica, 1ª ed., Buenos Aires, Ad-Hoc, p. 59).
“…[C]onstituye un mecanismo dirigido a reducir la actividad procesal y a otorgar una salida alternativa a la sanción penal. Se pretende beneficiar la situación del imputado, satisfacer los intereses de la víctima, posibilitar la aplicación de medidas preventivo-especiales y, por último, reducir la carga de trabajo de la justicia penal y racionalizar la política pública de persecución penal” (BOVINO, LOPARDO Y ROVATTI, ob. cit., p. 57).
Al comentar el art. 31 del C.P.P.F., reconocida doctrina indica que: “[l]os criterios de oportunidad (…) se inscriben en la idea de un derecho penal de ultima ratio (…). La aplicación de una pena que no sea estricta y evidentemente necesaria no es válida. Se trata de utilizar la violencia estatal como último recurso y de no desperdiciar esfuerzos y recursos en hechos verdaderamente baladíes que implican un inútil desgaste del aparato de justicia” (cfr. DARAY, R. –dirección-, con cita de Vázquez Rossi, CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL. ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, 2ª ed., 3ª reimpr., Buenos Aires, Hammurabi, 2020, tomo 1, p. 155).
En el supuesto del párrafo cuarto del art. 76 bis del C.P., la competencia sobre el juicio de conveniencia ha sido asignada al Ministerio Público Fiscal, aspecto que deriva de su condición de órgano responsable de la persecución penal, a la vez que es el mejor ubicado para evaluar la carga de trabajo que supone el caso concreto y aquellos otros pendientes.
Por otra parte, los términos del art. 76 bis del C.P.
le confieren al acusador oficial cierto margen de discrecionalidad para desarrollar su posición frente al caso, permitiéndole seleccionar los motivos a ser considerados. Tal como he sostenido en anteriores oportunidades en cuanto a la fuerza vinculante de la oposición fiscal en estos casos, cabe recordar que conforme surge claro del tenor literal de la norma bajo análisis, a los efectos de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba resulta menester el consentimiento fiscal, en el sentido de un dictamen favorable a la pretensión formulada por el imputado.
Dicha exigencia atiende a la sistemática de las disposiciones legales que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal (arts. 5 C.P.P.N., 71 y 72 C.P. y 120 de la Constitución Nacional), a la vez que no soslaya, como ya señalé, que el instituto en cuestión implica una limitación de la persecución penal en cabeza de dicho órgano.
Así, la jurisdicción queda supeditada al dictamen fiscal que, además, está sujeto al test de logicidad y fundamentación a tenor del art. 69 del C.P.P.N., como modo de verificación de la legalidad de la actuación de la parte (cfr. esta Sala, FCR 18756/2015/TO1/CFC1, “GONZALEZ, Lucero Alejandra s/rec. de casación”, Reg. 2291/19, del 11/11/2019, entre otras). En el caso bajo examen, el señor juez del tribunal oral estimó que la oposición escrita que el fiscal puso en su conocimiento, luego del traslado conferido, poseía suficiente anclaje fáctico y jurídico a los efectos de ser tenida por motivada y explicó las razones por las que así concluía. Sin embargo, en el recurso que toca analizar, la defensa la cuestionó -al igual que a la de las querellas- con fundamento en que no se habrían ponderado ajustadamente las circunstancias procesales novedosas expuestas tanto en su petición inicial como ahora, las que, según dijo, podrían ser decisivas para la solución del conflicto al incidir en la evaluación de la gravedad y relevancia de la intervención de los imputados en los hechos.
Agregó que tampoco se habría evaluado lo argumentado en torno a la inexistencia de restricciones derivadas de los tratados internacionales que obsten a la aplicación del instituto.
Que todo ello constituía -según los agravios que aquí se traen- la renovada pretensión invocada, la que tendría que haber sido ser evaluada a posteriori de una audiencia contradictoria con las partes pues, de lo contrario, podría provocarse una denegación de justicia de conformidad con la garantía de la defensa en juicio prevista en el art. 18 CN. En ese sentido, advierto que los argumentos esbozados en la resolución impugnada no dan tratamiento puntual y específico a las apreciaciones enarboladas por la defensa acerca de la necesariedad de que se cumpla con la etapa procesal que acuerda la ley de forma a los sujetos intervinientes en la causa, la que es, por esencia, una garantía para las partes y que, en el caso, no puede quedar sometida a la discrecionalidad del juzgador, tornando impracticable la evaluación de la suspensión del proceso a prueba en los términos en los que ha sido instituida y de acuerdo con su naturaleza alternativa.
De adverso y para decidir cómo se hizo, se recurre, en lo sustancial, a lo ya decidido en el legajo sin examinar con suficiencia los motivos que sostienen el nuevo pedido de la parte, por lo que su prescindibilidad -sin un análisis explícito luego de la audiencia única donde las partes, como vimos que piden, tienen derecho a expresarse- luce prematura.
En conclusión, por las razones brindadas y sin ingresar al fondo del asunto, considero que el pronunciamiento puesto en crisis no puede ser convalidado en atención a que el rechazo a la fijación de la audiencia en los términos expresados carece de suficiente motivación, presentándose como meramente dogmático y, por ende, no supera el test exigido por el art. 123 del CPPN para ser convalidado como acto jurisdiccional con sustento en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779).
En virtud de ello, doy mi voto en orden a: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Mariano Andrés Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz, Alex Fallas y Jorge Ruiz, ANULAR la decisión adoptada y REENVIAR al tribunal a quo para que, por quien corresponda, se cumpla con lo aquí dispuesto, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
En las particulares circunstancias del caso, la realización de la audiencia del art. 293 del C.P.P.N. que la defensa reclama a los fines de ejercer su derecho constitucional a ser oída resultaba pertinente para que las partes pudieran confrontar las diversas posturas que sostienen en relación al planteo que motiva esta incidencia (cfr. en lo pertinente y aplicable, C.F.- C.P., Sala IV: causa nro. 14.375, “Carabajal, Samuel Eulogio s/ recurso de casación”, reg. nro. 15898, rta. el 09/11/11; causa nro. 14.589, “Bocanegra, Luis Mario s/recurso de casación”, reg. nro. 897/12, rta. el 24/05/12; causa nro. 631/2013, “De Lisio, Francisco José s/recurso de casación”, reg. nro. 2619/13, rta. el 23/12/13 -todas estas resoluciones de la Sala IV se encuentran firmes por no haber sido impugnadas-; Sala I: causa nro. 15.715, “Modón, Mirta Beatriz s/recurso de casación”, reg. nro. 19.572, rta. el 22/05/12). Por ello, acompaño la solución propuesta por el distinguido colega preopinante.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. La impugnación presentada por la defensa de Mariano Andrés Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz, José Alex Ariel Fallas y Jorge Horacio Ruiz, resulta formalmente admisible en los términos del art. 457 del C.P.P.N. (conf. C.S,J.N., "Padula, Osvaldo Rafael y otros s/defraudación -causa Nº 274", P, 184 XXXIII, rta. el 11/11/97, considerando 5º).
II. Cabe señalar que aún teniendo en consideración los argumentos de la defensa respecto a que han variado alguna de las circunstancias existentes al momento del primer planteo de suspensión de juicio a prueba, la gravedad del hecho que se le imputa a los encausados constituye un fundamento decisivo para concluir en la necesidad de que el proceso transcurra la etapa correspondiente al debate oral y público puesto que se presenta como la mejor manera de aclarar y deslindar las responsabilidades, sancionar a los responsables de los hechos juzgados, y procurar su prevención futura.
Corresponde recordar que en una anterior intervención en autos, en fecha 10 de junio de 2019, esta Sala IV ya ha tenido oportunidad de rechazar un análogo planteo efectuado por la defensa (Registro Nro. 1182/19.4).
En esa ocasión, en la que se resolvió confirmar la resolución de fecha 16 de abril de 2019 por la que el “a quo” dispuso no hacer lugar al instituto de la suspensión de juicio a prueba solicitado en favor de José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz, Alex Ariel José Fallas y Jorge Horacio Ruiz (art. 76 bis del Código Penal), se hizo especial énfasis, entre otras circunstancias, en la naturaleza, características y la gravedad de los hechos, y en la importancia de que los imputados fueran juzgados en único debate oral y público como consecuencia. En ese contexto, la invocación del transcurso de tres años desde ese pronunciamiento anterior y la interpretación efectuada por la defensa de los fallos emitidos en el marco de la causa principal (CFP 3017/2013/TO2), en donde las situaciones particulares de quienes fueran sometidos a juicio y posterior condena no fueron particularmente analizadas en función del planteo ahora presentado en relación a los aquí juzgados, en nada impacta en la posibilidad de modificación del temperamento oportunamente adoptado.
Por lo demás, la postura que se sostiene en el caso sigue siendo la que mejor armoniza con las obligaciones asumidas por el estado en el orden internacional.
En efecto, ya he sostenido que en los casos en los que se investigan y juzgan maniobras relacionadas con el lavado de activos, se requiere de investigaciones intensas por la calidad del delito en cuestión, debiendo la justicia garantizar el debido desarrollo del proceso penal (cfr. mi voto en causa “CHAVEZ, Ramón Alejandro y otro/recurso de casación” de esta Sala IV, reg. 2036.19, rta. el 10/10/2019, y causa causa CFP 14619/2007/TO3/4/ CFC15 “TEGLI, Lorena Verónica s/recurso de casación”, Reg. 764/2022, rta. el 14 de junio de 2022, entre varias otras). Lo que se investiga en el caso es un delito en cuya esencia se encuentra la contingencia de la existencia de fondos por fuera del sistema financiero, circunstancia que se erige también como un factor objetivo sujeto a consideración. En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado. En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos, es fundamental. Es por ello que nuestro Estado se ha comprometido a la lucha contra el lavado de dinero, al haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo, y que, también en cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo, ha adherido a las cuarenta recomendaciones del “Groupe d´action financère sur le blanchiment de capitaux” (GAFI)” (cfr. en lo pertinente causa “ZACARÍAS, Jorge Roberto”; reg. 2004.20, rta. el 9/10/2020, entre otras).
Así, a la luz de estos sustanciales parámetros y ceñido a las especificas discusiones de este incidente, se advierte que en la resolución recurrida, en la que también se han compartido las razones brindadas por el representante del Ministerio Público Fiscal y los acusadores particulares, se ha efectuado una correcta aplicación del derecho vigente a las constancias de la causa, ponderando las circunstancias concretas en las que se habrían ejecutado las conductas juzgadas y las específicas aristas de gravedad de esos hechos que otorgaban soporte suficiente para oponerse a la procedencia de la solicitud de la fijación de la audiencia de suspensión de juicio a prueba en los términos del art. 293 del C.P.P.N. reclamado por la defensa.
En pos de lo señalado, relativo a la necesidad de la celebración de un juicio oral y público en el que pudieran ventilarse ampliamente las cuestiones presentadas así como, en su caso, tornar efectiva la sanción prevista en la ley, es que corresponde rechazar el recurso casatorio presentado, sin costas en la instancia (art. 530 y 531 “in fine”, del C.P.P.N.), y tener presente la reserva el caso federal efectuada.
Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Mariano Andrés Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz, Alex Fallas y Jorge Ruíz, ANULAR la decisión adoptada y REENVIAR al tribunal a quo para que, por quien corresponda, se cumpla con lo aquí dispuesto, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTES las reservas del caso federal formuladas por las querellantes U.I.F. y A.F.I.P.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Sabrina Paula Segurel, Prosecretaria de Cámara
Fin de la sentencia