Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2528/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE486890-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE542575-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2528/22-TSJ Interlocutorio N°: 3789 Actor: RUIZ LEONARDO ARMANDO Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL SRL BASE CAÑADÓN SECO Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 11-03-24 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3789 FOLIO Nº 6867/6869 PROT. ELECT. TSS1 003 I.241
Río Gallegos, 11 de marzo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “RUIZ LEONARDO ARMANDO c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL SRL BASE CAÑADÓN SECO s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº R-36.229/17 (R-2528/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Carlos Prades (cfr. PE486890-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que admitió los agravios de la demandada y revocó el fallo de Primera Instancia; desestimando la demanda en todas sus partes; e imponiendo las costas por su orden en ambas instancias (cfr. PE466816-2022).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar a la demanda promovida por Leonardo Armando Ruiz contra la firma San Antonio Internacional S.A. - Base Cañadón Seco, por cobro de diferencias por la liquidación final por despido incausado, e hizo lugar a la indemnización agravada prevista por el artículo 52 de la Ley Nº 23.551 (cfr. fs. 196/201).-
II. Que la parte actora recurre el fallo de Segunda Instancia, aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley. Agrega también que impugna dicha sentencia por ser violatoria de la: “...doctrina jurisprudencial imperante”, referencia esta última que no fuera argumentada en ningún pasaje de su recurso (cfr. PE486890-2022, págs. 2/3).-
Expresa que la impugnación de la sentencia se sustenta en el quebrantamiento de las formas sustanciales prescriptas para el dictado de la sentencia, específicamente los artículos 34, inciso 4º, 36 inciso 2º y 164 incisos 2º, 5º y 6º y 364 del Código de Rito en cuanto viola el deber de fundar debidamente la sentencia, meritar de acuerdo a las reglas de la sana crítica las pruebas rendidas y respetar el principio de congruencia, al apartarse de los hechos fijados por las partes en sus pretensiones (cfr. PE cit., pág. 3).- Considera que la Alzada ha omitido el análisis y consideración de las diversas medidas probatorias obrantes en la causa y que con ello ha llegado a una conclusión inválida y carente de toda verdad, que es el objetivo fundamental que persigue todo el proceso judicial (cfr. PE cit., pág. 4).-
Señala que la Excma. Cámara de Apelaciones ha circunscripto su fallo aduciendo que la empleadora no fue notificada de la designación del actor como integrante de la Junta Electoral del Sindicato que lo agrupaba conforme lo exige el artículo 49 de la Ley Nº 23.551 (cfr. PE y pág. cit.).-
Agrega que: “La sentencia en crisis de modo alguno expresa razones coordinadas y consecuentes, pues no es el resultado lógico y razonado de los hechos y el derecho, habiendo apreciado la prueba omitiendo la aplicación de las reglas de la sana crítica conforme lo exige imperativamente el ordenamiento ritual. Lo señalado convierte al fallo en arbitrario y violatorio del derecho de defensa y debido proceso legal.” (cfr. PE y pág. cits.).- Entiende que la mencionada disposición de la Ley Nº 23.551, no debe ser interpretada de manera lineal cuando de las circunstancias de hecho y prueba del juicio resulta el efectivo conocimiento del empleador de la función sindical del actor (cfr. PE y pág. cits.).-
Relata que la Excma. Cámara de Apelaciones omitió considerar en su sentencia un indicio significativo de una conducta antisindical del demandado, consistente en el despido del actor unos días después de celebrado el acto comicial en su Gremio y en el que el actor actuó públicamente como miembro de la junta electoral (cfr. PE y pág. cits.).-
En atención a lo expuesto, concluye -en esta parcela de su recurso- que surge inobjetablemente que la demandada conocía la designación del actor como integrante de la junta electoral de su gremio. Por lo que -sigue en su argumentación- su despido resultó arbitrario y su indemnización debió comprender, además de la prevista en el artículo 245 de la LCT, la estatuida por el artículo 52 de la Ley Nº 23.551 (cfr. PE cit., pág. 5).- Aduce que se ha violado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Postula que la omisión de la evaluación y valoración del plexo probatorio en el marco de las reglas de la sana crítica han constituido una clara violación a los principios protectorios consagrados en la norma citada, respecto a las entidades gremiales, sus afiliados y trabajadores en general (cfr. PE cit., pág. 6).- También considera que el fallo implica una violación de numerosos tratados y convenios internacionales, incorporados a la Constitución Nacional a través de su artículo 75, inciso 22 (cfr. PE y pág. cits.).-
Asimismo dice que se han violado las disposiciones de la Ley Nº 23.551, particularmente los artículos 48, 49, 50 y 52, en cuanto ha desconocido el carácter protectorio de la misma (cfr. PE y pág. cits.).-
Cita jurisprudencia para abonar su postura (cfr. PE cit. pág. 7).-
Afirma que la sentencia en crisis también ha vulnerado al artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la actitud de la demandada ha sido claramente arbitraria por discriminatoria. Agrega que tal circunstancia, ha implicado su despido incausado y además le ha privado injustamente de percibir la indemnización prevista en el artículo 52, párrafo 4to de la Ley Nº 23.551 (cfr. PE y pág. cits.).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE542575-2022).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE674284-2023.-
III. Que se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.- En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido.-
IV. Que a la luz de estas premisas, podemos anticipar que la pieza recursiva no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
A poco que se profundice en el análisis del escrito recursivo se advierte que gira en torno a la disconformidad respecto del criterio de la Alzada al entender que no surgía de la prueba reunida en autos que el empleador fuese notificado de la designación del actor como integrante de la junta electoral de su sindicato.-
Así, los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten, en definitiva, a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos. En esta inteligencia ha dicho la jurisprudencia que: “…‘…Es sabido que establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituye una cuestión de índole fáctica reservada a la instancia ordinaria y marginada de la casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 119.024, ‘Pereyra’, sent. de 19-IX-2018; L. 122.554, ‘Marinado’, sent. de 8-II-2021 y L. 123.216, ‘Bravo’, sent. de 9-IX-2021); de suyo, que ingresa en aquella categoría, la labor dirigida a determinar si al momento del despido el empleador conocía la actividad sindical eventualmente desplegada por el trabajador (causa L. 104.338, ‘Careri’, sent. de 12-XII-2012). Al respecto, tiene dicho este Tribunal que la verificación de aquel grave vicio requiere la configuración en el pronunciamiento de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.179, ‘Santana’, sent. de 7-III-2019; L. 122.227, ‘Chaparro’, sent. de 26-II-2020 y L. 123.058, ‘Michelena’, sent. de 5-X-2020).’ (cfr. SCBA, ‘Avalos Cristian Fernando c/ Empresa del Oeste S.A.T. s/ Amparo sindical’, del 05/12/2022, causa LP L 126.767 S)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 741, Folio 4491/4500).- Las afirmaciones del recurrente pretenden discurrir libremente sobre la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 52 de la Ley Nº 23.551; empero sobre estas cuestiones omitió desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.-
Efectivamente, ningún cuestionamiento sustancial y convincente ha allegado al debate respecto de la revisión de la Cámara. Se observa que la enunciación de reproches del impugnante sólo trasunta su mera disconformidad acerca de lo decidido por la Alzada, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio, dada la limitación extraordinaria de la instancia, desentendiéndose de los fundamentos del fallo atacado en relación a la materia en discusión.- Entonces, tratándose de una cuestión de índole fáctica, no procede, por principio, la revisión en esta instancia de la tarea realizada por el órgano jurisdiccional de Alzada en uso de sus facultades privativas. Regla ésta que sólo puede alterarse mediante la invocación y acabada demostración del absurdo. Consecuentemente, quien lo alegue debe acreditar que en la sentencia que se ataca existe un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Ello es así porque no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones lo ponen de manifiesto; es necesario, por el contrario, que se acredite la existencia de un importante desarreglo en la base del pensamiento exteriorizado por la Excma. Cámara de Apelaciones, vale decir, una anomalía extrema. Presupuestos que no se avizoran en la especie.- Desde otro cuadrante, también es inatendible la pretendida denuncia de violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185).- Que como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la parte recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, sin que se vislumbre la presencia de violación de la ley, quebrantamiento de formas, o arbitrariedad, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
V. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE486890-2022 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE542575-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE486890-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE542575-2022.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal A/C de presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1003I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3789 Folio N°: 6867/6869 Secretaría: 1
Fin de la sentencia