Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello SE RESUELVE;
1Confirmar las Resoluciones Nros. 102/2017, 103/2017, 104/2017 y 105/2017 tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ellas, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional: a) en la suma de $19.795 por la representación procesal, y $49.484,16 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la primera etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) en la suma de $ 71.176 equivalente a 4,77 UMA por la representación procesal y de $ 177.940, equivalente a 11,92 UMA por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la segunda etapa procesal, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-44638438-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Abril de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° 48.236-I caratulado “ Ruiz Olalde Guillermo s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Guillermo Ruiz Olalde interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas el 31 de julio de 2017 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a. la Resolución N° 102/2017, en la que se determina de oficio y se lo intima a ingresar los saldos de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2006, 2008, 2010, en virtud de haberse declarado la caducidad del plan de facilidades de pago en el que se habían incluido, y los anticipos 1 a 10 del período fiscal 2014 de PGM SRL en cobro judicial, por la suma total de $91.604,10, más intereses resarcitorios. b. la Resolución N° 103/2017, en la que se determina de oficio y se lo intima a pagar el saldo de la declaración jurada del impuesto al valor agregado del período fiscal 8/2011 de PGM SRL que había sido incluido en un plan de facilidades de pago que fue declarado caduco, y las de los períodos fiscales 9/2013, 11/2013 y 2 a 10/2014 en cobro judicial con sentencia firme y notificada, por la suma de $88.639,89, más intereses resarcitorios. c. la Resolución N°104/2017, en la que se determina de oficio y se lo intima a ingresar el saldo de la declaración jurada del período fiscal 2013 y los anticipos 1 a 10 del impuesto a la ganancia mínima de PGM SRL, y se lo intima a ingresar la suma de $60.460,85 más intereses resarcitorios.
d. la Resolución N° 105/2017, en la que se determina de oficio su obligación como responsable del impuesto sobre los bienes personales-Acciones y/o participaciones societarias por los saldos de las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2007, 2008 y 2011 que habían sido incluidos en un plan de facilidades de pago que fue declarado caduco, y la del período fiscal 2013 por la suma total de $20.753,62, más intereses resarcitorios. En las Resoluciones se invoca lo dispuesto en el art. 8°, inc. a) de la ley 11.683, en virtud de haber ejercido en los períodos allí descriptos el Sr. Ruiz Olalde el cargo de Socio Gerente de PGM SRL.
En su presentación ante este Tribunal, el recurrente plantea en primer lugar la nulidad de las Resoluciones por entender que carecen de causa y motivación, a la vez que se queja de que se le rechazó en forma arbitraria la prueba ofrecida en sede administrativa.
En ese sentido, afirma que el juez administrativo no tuvo en cuenta su principal defensa, que consistió en negar que hubiera ejercido en forma efectiva el cargo de gerente, lo que a su juicio lo exime de la responsabilidad imputada, a la que considera, además, de carácter sancionatorio y, por ende, de aplicación restrictiva. Sostiene que las deudas por las cuales se le extiende la responsabilidad “fueron contraídas por la entidad societaria” y que “la diferenciación entre la persona jurídica y las personas físicas que exteriorizan su voluntad y la representan es de fundamental importancia”.
Asegura que “no se trata de deudas que haya decidido voluntariamente no pagar” sino que “en realidad no estaba ese dinero en la sociedad como para hacer frente a esos pagos”.
Alega que si bien la gerencia de la firma continuaba “formalmente” a su cargo conjuntamente con los socios Pablo Ernesto y María Eugenia Ruiz Olalde, “de las propias constancias informáticas y documentales que la AFIP tiene y tuvo a la vista, surge con nitidez que la empresa deudora de manera directa coloca a los gerentes en la imposibilidad de cumplir desde el momento mismo que no se contaba con el dinero como para hacer frente a los tributos adeudados por la sociedad”.
Aporta como prueba documental copia del telegrama que enviara a PGM SRL el 1° de junio de 2015, y partes del Balance de PGM SRL del ejercicio cerrado en 2013, entre otros elementos; ofrece también la producción de diferentes medios de prueba, entre ellos informativa al Juzgado Federal de San Juan con competencia electoral para que de cuenta si fue candidato en elecciones y a varios clubes de rugby de la misma Provincia para que informen los cargos que tuvo desde el año 2011, al Correo Argentino S.A. para que certifique la validez del telegrama y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan para que informe la autenticidad de sus balances. Por todo ello, pide que se revoquen las Resoluciones.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, quien por las consideraciones que expone, pide que se confirmen sus actos, con costas.
III. A fs. 392 se abrió la causa a prueba y se hizo lugar a la informativa ofrecida únicamente respecto al Correo Argentino S.A. y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan, pero habiendo vencido el periodo probatorio sin que hayan librado los oficios ni instado su producción, a fs. 395, se dio por decaído su derecho a producirla. A fs. 397 se eleva el expediente a Sala y el 18 de abril de 2023 se ponen en estado de dictar la sentencia.
IV. Corresponde resolver en primer término la defensa de nulidad que opone el recurrente ya que, de prosperar, devendría inoficiosa una decisión posterior.
El Sr. Ruiz Olalde invoca que las Resoluciones carecen de causa y de motivación y que se vulneró su derecho al debido proceso al haberse limitado su posibilidad de ofrecer pruebas, pero los Considerados de dichos actos y las actuaciones administrativas que preceden su dictado revelan el desacierto de su planteo. Es que, contrariamente a lo que expone, allí se expresan en forma concreta y circunstanciada las razones concretas que llevaron al juez administrativo a su dictado, más precisamente la falta de cumplimiento del deudor principal, PGM SRL, a sus obligaciones frente a cada uno de los gravámenes. Es precisamente ese incumplimiento, que en el caso se encuentra constatado y debidamente documentado, el que, según el art. 8° y 17 de la ley 11.683 autorizó al juez administrativo a dirigir su reclamo por idénticas obligaciones al aquí recurrente.
Cabe señalar que los directores, gerentes, síndicos, etc., no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsable de deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter de subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal como lo establece la ley, y su responsabilidad surgirá recién si éste no cumple con la intimación efectiva de pago (cfr. C.S.J.N., causa: “Brutti, Stella Maris c/D.G.I.”, registrada en Fallos: 327:769).
Además, surge de allí que se han cumplido todos los pasos del procedimiento reglado previsto en la ley 11.683 para hacer efectiva la responsabilidad personal y solidaria, garantizándose el ejercicio del derecho de defensa que, por lo demás, el Sr. Ruiz Olalde, efectivamente ejerció al presentar su descargo tanto en la instancia administrativa previa, como ante este Tribunal. El hecho que no se haya hecho lugar al mismo en modo alguno implica indefensión, sino que sus argumentaciones y sus pruebas, si las hubo, no fueron suficientes o no tuvieron entidad para dejar sin efecto la pretensión fiscal.
Debe recordarse, de cualquier modo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, menos aún acreditado, por lo que corresponde desestimarla, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. En cuanto a la legitimidad de las Resoluciones, lo que debe analizarse es si la atribución de responsabilidad al Sr. Ruiz Olalde ha sido efectuada conforme a lo dispuesto en el art. 8°, inc. a) y de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 17 de la ley 11.683 y si se encuentra debidamente fundada.
No se encuentra en discusión que las obligaciones cuyo pago se intima al Sr. Ruiz Olalde tienen su origen, por un lado, en deudas firmes y consentidas de PGM SRL, por haberse declarado la caducidad de los planes de pago en las que se habían incluido, o en las sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal en las que la Administración Federal de Ingresos Públicos las confirmó. No objeta el aquí recurrente la existencia y estado de dichas obligaciones, lo que dice es que “sin perjuicio de la formalidad de la figura de “Socio Gerente”, a la fecha de su devengamiento no fue él quien gestionó la empresa, no conocía las ventas, ni su facturación, ni sus declaraciones juradas y/o pagos impositivos, sino que su rol era de tipo social, institucional y político. Con dicho propósito, es que solicitó a este Tribunal que requiera al Juzgado Federal de San Juan con competencia electoral para que informe su participación en las pasadas elecciones, si ha sido candidato a cargos, en su caso por qué cargo y en representación de qué partido o frente electoral, del mismo modo a diversos clubes de rugby para que den cuenta de las funciones cumplidas en los mismos, que fue rechazada por improcedente, en tanto de cualquier modo sus resultados no eran relevantes en la decisión a adoptarse sobre su responsabilidad por las deudas de la empresa que pudo a la misma vez gestionar. En definitiva, bien pudo ejercer los aludidos cargos y a la misma vez tomar las decisiones de la empresa en la que ocupaba el cargo de Socio Gerente, máxime cuando se encuentra acreditado que él era cotitular de la cuenta corriente bancaria de la empresa, PGM SRL, es decir, tenía la disposición de los fondos de dicha entidad.
Asimismo, como prueba documental adjuntó una copia de la carta documento con sello de Correo Argentino S.A. Sucursal San Juan del 1° de junio de 2015 remitida a PGM SRL, en la que deja constancia de la falta de desempeño efectivo en el ejercicio de la gerencia de la empresa desde el mes de diciembre de 2014, así como también de su intención de ceder sus cuotas sociales. Pretende con este instrumento, deslindar su responsabilidad por el incumplimiento de PGM SRL al cumplimiento de las deudas que se le reclaman en las determinaciones recurridas, aunque en dicha carta también se refiere a los servicios prestados a dicha empresa en todo el período comprendido en los años 2013 y 2014, confirmando con sus propios dichos el efectivo ejercicio del cargo que da lugar a la responsabilidad solidaria fiscal que es lo que aquí interesa.
Cabe señalar, de cualquier modo y como lo hace la representación fiscal, que no existen constancias de recepción por parte de PGM SRL de dicha comunicación, ni tampoco en esta instancia el Sr. Ruiz Olalde hizo esfuerzo alguno por producir la prueba que se le admitiera con el objeto que el Correo Argentino S.A. certificara la validez y la fecha de envío de la misma; tampoco se ha acreditado que con posterioridad PGM SRL hiciera un cambio de autoridades o acto societario alguno que recepte sus términos.
De ello se sigue que ha quedado demostrado que, tanto a la fecha del devengamiento de las obligaciones de cada uno de los impuestos, como al momento en que se declaró la caducidad de los planes de facilidades de pago y se dictaron las sentencias en los juicios de ejecución fiscal, el Socio Gestor de PGM SRL era el aquí recurrente. Dicho lo anterior queda ahora expedirse sobre la existencia de causales de exculpación en la conducta del Sr. Ruiz Olalde.
En efecto, cabe aquí recordar que según el art. 8° de la ley 11.683 la responsabilidad personal y solidaria no existirá con respecto a quienes demuestren debidamente al Fisco Nacional que sus representados, los colocaron en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
La prueba documental que ofreció con dicho propósito fue un intercambio de mails mantenido con los responsables de ventas de la empresa Acindar SA, donde se les comunica el cierre de la cuenta corriente de PGM SRL por disminución de ventas y patrimonio; un informe del Banco Central de la República Argentina con el listado de cheques de PGM SRL rechazados y el balance de PGM SRL del ejercicio cerrado el 30/9/2013, aunque no completo, sino algunas hojas del mismo firmadas por una profesional certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan. Concretamente las hojas que adjuntó son las que revelan su Pasivo, el Estado de Resultados y el Dictamen del Auditor. En este caso también solicitó el Sr. Ruiz Olalde se librara oficio al Consejo para que informara sobre la autenticidad de la firma de la profesional, mas nunca libró el oficio.
Debe señalarse entonces que el recurrente no ha probado el presupuesto de hecho que invocó como eximente de responsabilidad, esto es que PGM SRL lo colocó en la imposibilidad de pagar las obligaciones a su cargo como Socio Gerente; por el contrario, los elementos de prueba aportados, al no haber sido corroborados por los terceros intervinientes en su expedición, adolecen de irregularidades que inclusive ponen en duda su validez. De ello se sigue que, tanto desde el punto de vista legal y societario como fiscal, el responsable de PGM SRL. en los períodos fiscales involucrados en las determinaciones recurridas ha sido el Sr. Ruiz Olalde, quien efectivamente detentó el cargo de Socio Gerente, reuniéndose así los presupuestos que configuran la responsabilidad solidaria que regla el art. 8°, inc. a) de la ley 11.683. En efecto, el hecho que fuera cotitular en la cuenta bancaria de PGM SRL y que, por ejemplo, interviniera, en la cadena de mails con clientes y proveedores, evidencia su efectiva intervención en la actividad comercial y administrativa de la empresa que es, en definitiva, lo que interesa a la hora de atribuir subjetivamente a una persona la responsabilidad solidaria prevista en el art. 8°, inc. a) de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 102/2017, 103/2017, 104/2017 y 105/2017 tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ellas, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Por ello SE RESUELVE;
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 102/2017, 103/2017, 104/2017 y 105/2017 tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ellas, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional: a) en la suma de $19.795 por la representación procesal, y $49.484,16 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la primera etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) en la suma de $ 71.176 equivalente a 4,77 UMA por la representación procesal y de $ 177.940, equivalente a 11,92 UMA por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la segunda etapa procesal, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.04.20 14:46:35 -03:00 Date: 2023.04.21 09:57:08 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.21 09:57:08 -03:00
Fin de la sentencia