Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar de los recursos de casación interpuestos por las defensas de Silvana Andrea Ruiz y María Pabla Vila Pessoli, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación).
II. Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, integrada la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por el doctor Javier Carbajo, como Presidente, y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por la secretaria actuante, reunidos a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la presente causa FSM 171732/2018/TO1/7/CFC4, caratulada “RUIZ, Silvana Andrea y otro s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, con fecha 3 de julio de 2026, resolvió: “RECHAZAR, por improcedentes, sendos planteos de extinción de la acción penal por prescripción deducidos por las respectivas defensas de las imputadas Silvana Andrea Ruiz y María Pabla Vila Pessoli (arts. 59, inc. 3°; 62, inc. 2°, a contrario sensu; 67, segundo párrafo y 77, cuarto párrafo, del C.P.)”.
II. Que contra dicha resolución interpusieron los respectivos recursos de casación las defensas de Silvana Andrea Ruiz y María Pabla Vila Pessoli, los cuales fueron concedidos por el “a quo” el 5 de agosto de 2026.
III. Que el defensor de Silvana Andrea Ruiz, con invocación del art. 456 del C.P.P.N., alegó la arbitrariedad del rechazo del planteo de prescripción efectuado por esa parte, bajo la alegación de que el “a quo” hizo una aplicación genérica e insuficiente del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal, y una 1 Registro N° 1397/26.4 valoración inadecuada de la situación particular de su asistida.
En tal sentido, adujo que la resolución impugnada invocó la permanencia en la función pública de la coimputada María Pabla Vila Pessoli para sostener la suspensión del término de prescripción respecto de Ruiz, quien fue despedida del A.N.Se.S. con justa causa en 2017. Afirmó que su asistida no volvió a desempeñar función pública alguna y que transcurrió un tiempo superior al de la pena máxima en abstracto prevista para el delito imputado (dos años de prisión, cfr. art. 248 del C.P.), sin que se verifiquen supuestos válidos de suspensión o interrupción de la prescripción. De tal forma, postuló que se omitió realizar un análisis individualizado y debidamente fundado sobre la situación de cada imputada, lo cual, según la parte constituye un vicio formal en la fundamentación de la decisión.
Acotó que la mera invocación del artículo 67 del Código Penal, sin una explicación clara y concreta de cómo la permanencia en la función pública de una coimputada suspende la prescripción para otra que ya no ostenta dicha condición, y sin considerar la fecha de cese de la función pública de su representada (2017), implica una fundamentación aparente. Por ello, sostuvo que la decisión cuestionada carece de motivación suficiente.
Además, objetó el rechazo del planteo de violación al plazo razonable de duración del proceso (cfr. art. 18 de la Constitución Nacional y art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), por entender que presenta una fundamentación insuficiente y dogmática que no se adecua los estándares establecidos en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concretamente, en cuanto el sentenciante de mérito sostuvo que no se advertían en el caso dilaciones injustificadas ni desidia judicial. Y, también, en la medida que atribuyó las demoras a las "circunstancias" del caso y a la "actividad procesal del interesado".
La defensa expresó que el proceso en trámite contra Silvana Andrea Ruíz se inició en el año 2018. Puntualizó que el Juzgado “a quo” no demostró una complejidad probatoria o fáctica que justifique la demora, en tanto no se trata de una mega causa con multiplicidad de hechos o imputados que demanden una investigación y un debate de extrema envergadura.
Puso de resalto que el ejercicio de los derechos procesales y recursivos por parte de la defensa no puede ser interpretado como una conducta dilatoria que justifique la irrazonable extensión del proceso.
Mencionó que la propia resolución objeto de crítica reconoció "distintas circunstancias que motivaran la sucesiva postergación de la audiencia de juicio". Adujo que, sin embargo, no profundizó en la responsabilidad de las autoridades en estas demoras.
Esgrimió que la prolongación del proceso penal generó un profundo "padecimiento personal" a su asistida, quien hace más de 8 años se encuentra sometida a un estado de incertidumbre y estigmatización durante años.
En ese orden de ideas, la defensa concluyó que el “a quo” brindó una respuesta dogmática y meramente aparente al planteo de violación a la garantía de ser juzgado sin dilaciones indebidas.
Como corolario, la recurrente solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, se declare la nulidad de la resolución impugnada y, en consecuencia, se declare la extinción de la acción penal. Finalmente, hizo reserva del caso federal (cfr. art. 14 de la ley 48).
IV. Que la asistencia técnica de María Pabla Vila Pessoli, con invocación de los dos supuestos previstos en el art. 456 del C.P.P.N., objetó el rechazo del planteo de violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable oportunamente efectuado.
En tal sentido, recordó los antecedentes que consideró relevantes a esos efectos. Precisó que la investigación tiene por objeto un hecho presuntamente ocurrido el 21 de marzo de 2016. Mencionó que, al momento de ser convocada en los términos del art. 294 del CPPN para el 10 de marzo del 2020, la calificación legal escogida fue la estipulada en el art. 248 del CP, cuya escala penal prevé un máximo de 2 años de prisión. Mencionó que, con fecha 3 de mayo de 2021, se dispuso la elevación de la causa a juicio y que las partes fueron citadas a tenor del art. 354 del C.P.P.N. el 25 de junio de 2021.
Sobre esa base, adujo que desde entonces el Estado no ha logrado arribar al dictado de una sentencia en las presentes actuaciones y que, al tiempo de interposición del presente recurso de casación, su asistida llevaba sometida a proceso más de 10 años en el marco de una causa de escasa complejidad objetiva.
En su crítica a la resolución del “a quo” sostuvo que se hizo una aplicación errónea de los estándares constitucionales y convencionales que gobiernan el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (1. la complejidad del asunto; 2. la conducta de las autoridades;
3. la actividad procesal del interesado; y 4. la afectación producida por la prolongación del proceso).
Desde dicha perspectiva, expresó que el sentenciante de mérito se limitó a afirmar que el expediente avanzó mediante distintas actuaciones procesales. Luego expresó que la existencia de actividad jurisdiccional no puede, por sí sola, ser una respuesta suficiente frente al cuestionamiento constitucional formulado por esa defensa.
Asimismo, se agravió en el entendimiento de que la resolución impugnada atribuyó ilegítimamente a la actividad procesal de la defensa la demora del proceso, en abierta contradicción y discrepancia con la doctrina de la C.S.J.N. y de la C.I.D.H.
En ese orden de ideas, señaló que ninguna de las dos imputadas en el presente proceso incurrió en maniobras abusivas. Y que el juzgador de la anterior instancia no explicó de qué manera alguna de las presentaciones realizadas por las imputadas excedió el legítimo ejercicio del derecho de defensa. A su entender, el “a quo” se limitó a enumerar los recursos, planteos e incidencias efectuadas y concluyó -mediante esa construcción argumental- que, por ello, el tiempo transcurrido debía ser soportado por las imputadas.
Según la recurrente, la verdadera cuestión a dilucidar en el caso de autos consiste en determinar si el Estado puede justificar que una persona permanezca sometida durante más de una década en una persecución penal por un delito que -en caso de condena- prevé una pena máxima de dos años de prisión.
Sobre la base de los planteos antes reseñados en sus aspectos sustanciales, la defensa concluyó que el decisorio puesto en crisis debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido porque no constituye una derivación razonada del derecho vigente y, consecuentemente, resulta arbitrario.
Como corolario, solicitó que se haga lugar al recurso articulado y se case el pronunciamiento impugnado con el alcance previamente expuesto.
V. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465 bis en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. -según ley 26.374-, las defensas de las imputadas presentaron breves notas. En ambos casos, formularon una remisión a los argumentos expresados en sendos escritos de interposición del recurso y solicitaron la declaración de la extinción de la acción penal.
VI. Que superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas y practicado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctor Mariano Hernán Borinsky, doctor Javier Carbajo y doctor Gustavo M. Hornos.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
En el caso de autos corresponde hacer excepción a la regla prevista en materia de impugnabilidad objetiva (cfr. art. 457 del C.P.P.N.), en virtud de que se han invocado agravios de naturaleza federal que, en principio, lucen razonablemente fundados y podrían generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior (cfr. C.S.J.N. in re “Di Nunzio”, Fallos: 328:1108 y cfr. C.F.C.P., en lo pertinente y aplicable: Sala IV: causas FRO 81000118/2008/2/RH1, “Barrios, Cristian Javier y otro s/queja”, Reg. 2318/15 del 03/12/2015; CFP 1072/2007/TO2/5/CFC2, “Valsecchi, Marcelo Eduardo s/recurso de casación”, Reg. 444/24.4 del 08/05/2024; Sala III: causa FCR 5023/2016/CA1/CFC1, “Vandenberghe, Andrés Rene y otro s/recurso de casación”, Reg. 1286/25.3 del 20/11/2025; Sala II, causa CFP 5197/2007/TO2/15/CFC4, “Paglieri, Beatriz s/ recurso de casación”, Reg. 809/26.2 del 01/07/2026, entre otras -todas con integración del suscripto-).
En tales circunstancias, procede convalidar el juicio de admisibilidad formal efectuado por el “a quo” (cfr. arts. 456, 459, 463 y cctes. del C.P.P.N.). Previo a ingresar al tratamiento de los agravios planteados por las recurrentes, corresponde recordar que, de las constancias del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 (expte. ppal.), surge que Silvana Andrea Ruiz y María Pabla Vila Pessoli se encuentran requeridas a juicio por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en calidad de autoras (cfr. arts. 45 y 248 del C.P.).
Concretamente, del requerimiento de elevación a juicio del 3 de mayo de 2021 surge que se atribuye a las imputadas el siguiente hecho: “el día 21 de marzo de 2016, mientras prestaban servicios en la UDAI [Unidad de Atención Integral] Malvinas Argentinas], incumplieron con su deber de funcionario público al haber gestionado y dado de alta -en el caso de Ruiz- y haber aprobado -en el caso de Vila Pessoli- indebidamente en el sistema informático de la Administración Nacional de los Recursos de la Seguridad Social -ANSES- y en clara violación de los reglamentos establecidos por el organismo para esos trámites, mediante el uso de claves de identificación personal que poseían por su desempeño, un crédito Argenta para jubilados y pensionados -SC N° 29256640- a nombre del beneficiario Silvestre Samuel Frías, sin que el nombrado lo hubiera solicitado, por la suma de pesos veintidós mil ($22.000).”
En la misma pieza procesal, el agente fiscal dio cuenta de que la presunta irregularidad en torno al otorgamiento del crédito “pudo advertirse en razón del control que, como rutina, efectuara Luciana Rocca en su calidad de Coordinadora de Activos, ocasión en la que notara la faltante de la copia firmada y certificada de la referida solicitud, la cual conforme la normativa interna del organismo, debía quedar en poder de la administración tras el otorgamiento legítimo del crédito y tras la emisión del mutuo en doble ejemplar, documentación con la que se debía conformar el correspondiente expediente. Ante la faltante detectada, la Coordinadora Rocca se habría presentado en el domicilio del beneficiario Frías, quien desconoció haber requerido aquél préstamo, presentándose en la UDAI el día 29 de marzo de 2016, donde suscribió el Formulario PS 6.295 de Reclamos Tarjeta Argenta con el que posteriormente la Dirección de Atención a Titulares Argenta procedió a la baja del crédito bajo la modalidad “Desestimiento de Créditos”, toda vez que no se había efectuado consumo alguno y por lo tanto no existía perjuicio económico para el organismo”.
Según lo consignado en la resolución actualmente sometida a crítica por las defensas, en el marco del art. 361 del C.P.P.N., la defensa de Silvana Andrea Ruiz formuló un planteo de prescripción de la acción penal, por considerar que, en tanto su asistida no volvió a desempeñar función pública alguna desde su despido (circunstancia que, según afirmó, tampoco se daría respecto de la consorte de causa), el término computable (2 años, cfr. art. 248 del C.P.) habría operado desde el auto de citación a juicio, debido a la inexistencia de otros supuestos suspensivos o interruptivos. Por ello, solicitó la declaración de prescripción y el sobreseimiento de su defendida. Paralela e independientemente, la defensa de María Pabla Vila Pessoli formuló su propio planteo de extinción de la acción penal por violación del plazo razonable para ser juzgada.
El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a ambos planteos.
Al momento de resolver la controversia sobre la vigencia de la acción penal, en lo sustancial, el “a quo” sostuvo:
“Para el rechazo de la articulación de la defensa de Silvana Andrea Ruiz, parece suficiente invocar los arts. 67, 2° párrafo y 77 del C.P. con motivo de la permanencia en la función pública de la coimputada María Pabla Vila Pessoli […] No está de más recordar que la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) se trata de una oficina estatal que integra la administración pública nacional descentralizada, siendo por ende de naturaleza administrativa los actos de sus empleados y funcionarios. Como bien dijera el Sr. Fiscal, según interpretación jurisprudencial, la influencia del funcionario público tiene un sustento objetivo, esto es, que el esclarecimiento del delito pueda frustrarse en razón de los obstáculos de hecho que genera para la investigación la presencia de un funcionario público, sin exigirse para su aplicación la comprobación de la efectiva posibilidad de que el funcionario dificulte o entorpezca la investigación, por tratarse de una decisión normativa de carácter fáctico que intenta prevenir un marco objetivo de impunidad que pueda entorpecer la investigación, aún sin ser adjudicable al funcionario […] Sobre la señalada violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, no mediando discrepancia entre las partes acerca de la sucesión de actos procesales cumplidos ni sobre las circunstancias, propias y ajenas, que impidieron hasta ahora la concreción de la audiencia del juicio, la cuestión queda ceñida a discernir, en el caso concreto, si su dilación en el tiempo luce o no razonable. […] No pasa desapercibido que en febrero y marzo de 2023 ambas imputadas solicitaron la reparación integral del daño ni que, tras su rechazo, en mayo siguiente interpusieron un recurso de casación finalmente resuelto en contra de su pretensión recién en el mes de noviembre.
Tampoco que, una vez fijada la audiencia de debate y juicio para el 10 de marzo de 2025, Silvana Andrea Ruiz solicitó su suspensión ni que el 12 de junio siguiente la defensa de Ruiz solicitara la declaración de incompetencia y la remisión del expediente a conocimiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de San Martín para su acumulación a la causa FSM 43269/2016, cuestión que, pese a resolverse de conformidad, generó un conflicto finalmente decidido por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 17 de septiembre de 2025. Menos aun que, fijada una vez más la audiencia de debate para el 10 de junio de 2026, fuera la defensa oficial la que solicitara su postergación invocando la necesidad de un adecuado ejercicio de la defensa, ni que, postergada ésta para el 18 siguiente, tres días antes de su celebración, tanto la defensa de Ruiz como la de Vila Pessoli articularan los planteos de prescripción aquí en trato, que obligaran a suspenderla nuevamente.
[…] tal como mencionara el Sr. Fiscal, la lectura del expediente no deja en evidencia dilaciones arbitrarias o prolongadas más allá de lo razonable, en tanto cada demora, postergación o interrupción de su trámite obedeció a una cuestión procesal o a una contingencia extraprocesal expresamente consignada en el expediente que obligó, en cada caso, a diferir la celebración de la audiencia de debate y juicio pendiente, todo lo cual, hasta aquí, siempre contó con el consentimiento de las partes”. Conocido, en el marco de la deliberación, el sentido coincidente del voto de mis distinguidos en cuanto al rechazo de los recursos de casación en estudio, seguidamente señalaré sucintamente los motivos que me conducen a pronunciarme en disidencia.
El art. 67, segundo párrafo, del C.P. dispone:
“La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público” (texto según ley 25.188 – B.O.: 01/11/1999). Como juez de esta Cámara, me he pronunciado en diversos precedentes en cuanto a que la aplicación de la causal suspensiva en examen se encuentra intrínsecamente relacionada con su fundamento material, el cual radica en la especial vinculación del sujeto que ejerce un cargo público con el Estado y en la posibilidad real que dicho agente tiene para ejercer influencias o realizar actos que pudieran implicar un obstáculo o impedimento al ejercicio de la acción penal. En ese orden de ideas, las particularidades vinculadas con la capacidad, o no, de influencia sobre el ejercicio de la acción penal de quien ejerce un cargo público deben examinarse minuciosamente en cada caso (cfr., en lo pertinente y aplicable, de la Sala IV: causas 15.052, “López Alfonsín, Marcelo Alberto y Lombardi, Hernán Santiago s/recurso de casación”, Reg. 651/13.4 del 06/05/2013; FRO 74028646/2006/1/CFC1, “Ferreyra, Antonio s/recurso de casación”, Reg. 242/16.4 del 14/03/2016; FTU 18571/2012/TO1/CFC3, “Pons, Miguel Martín s/recurso de casación”, Reg. 706/22.4 del 03/06/2022; causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13, “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1373/24.4 del 13/11/2024 -en lo que concierne a la cuestión de la prescripción de la acción penal seguida contra Carlos Santiago Kirchner resuelta por unanimidad, aspecto del fallo que adquirió firmeza en tanto fue consentido por el Ministerio Público Fiscal al no haberlo impugnado en su recurso extraordinario federal-; CFP 11072/2007/TO2/5/CFC3, ”Ruckauf, Edmundo y otros s/recurso de casación”, Reg. 431/26.4 del 14/05/2026; de la Sala I: causa CFP 4943/2016/TO1/31/1/RH60, “López, Cristóbal y otros s/incidente de recurso extraordinario”, Reg. 34/25.1 del 18/02/2025 -caso en el cual el suscripto intervino en el marco del reenvío dispuesto por la C.S.J.N.-; de la Sala III: causa FCR 5023/2016/CA1/CFC1, “Vandenberghe, Andrés Rene y otro s/recurso de casación”, Reg. 1286/25.3 del 20/11/2025 y causa CFP 11060/2013/70/CFC5, “Giménez, María de Lourdes s/ recurso de casación”, Reg. 160/26.3 del 26/02/2026; de la Sala II, causa CFP 5197/2007/TO2/15/CFC4, “Paglieri, Beatriz s/ recurso de casación”, Reg. 809/26.2 del 01/07/2026; entre otras).
Por otra parte, cabe precisar que el segundo párrafo del art. 67 del C.P. (“la prescripción también se suspende … para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”, el subrayado es propio) prevé la excepción a la regla general establecida en el último párrafo de la norma, conforme la cual la prescripción “corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes”. Por consiguiente, dado el ámbito de aplicación subjetivo de la norma, la eventual constatación de que una de las imputadas hubiera desempeñado un cargo público con eficacia suspensiva impactaría con idénticos efectos sobre la otra.
En la resolución hoy recurrida en casación, el “a quo” sustentó la aplicación de la causal suspensiva en examen en “la permanencia en la función pública” (ANSES) de María Pabla Vila Pessoli. Ello revela que no hizo evaluación alguna relativa a la naturaleza del cargo que desempeñó y a las concretas funciones que desarrolló a lo largo de su trayectoria en dicho organismo.
De tal forma, se observa que el sentenciante de mérito no fundó que la específica posición funcional que ocupó la nombrada le hubiera otorgado la posibilidad real de influir negativamente o de obstaculizar el avance de la investigación de los hechos de autos.
En función de la perspectiva analítica asumida, tampoco examinó si, más allá de su desvinculación de la ANSES en 2017, Ruiz desempeñó algún otro cargo público (extremo que su asistencia técnica negó), que pudiera haber tenido aptitud para tornar operativa la causal suspensiva del curso de la prescripción en los términos antes expuestos.
Los aspectos omitidos en el abordaje del caso resultan sustanciales para determinar fundadamente si el término de prescripción computable estuvo suspendido y, en su caso, durante cuánto tiempo desde la fecha de ocurrencia del hecho investigado.
En las apuntadas circunstancias, considero que la aplicación no razonada de la causal suspensiva prevista en el art. 67, inc. 2º, del C.P. torna arbitraria la resolución recurrida en cuanto afirma la vigencia de la acción penal respecto de ambas recurrentes. Pues, el término de la prescripción de la acción penal (2 años, cfr. arts. 62, inc. 2º, y 248 del C.P.) podría haber operado ya entre la ocurrencia del hecho investigado (21/03/2016) y la convocatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N. (10/03/2020), o bien con posterioridad al auto de citación a tenor del art. 354 del C.P.P.N. (25/06/2021).
Por lo argumentado, el pronunciamiento recurrido no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido (cf. art. 123 del C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. Que los antecedentes del presente caso han sido debidamente desarrollados por el colega que lidera el Acuerdo, por lo que, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, habré de remitirme a lo allí expuesto.
II. Que el recurso interpuesto debe ser rechazado, en la medida en que la resolución recurrida carece, desde mi perspectiva, de los defectos que el impugnante le achaca.
Veamos.
a. La defensa de Silvana Andrea Ruiz se agravió del rechazo de la prescripción peticionada. Esta decisión se había motivado, en lo esencial, en la permanencia en la función pública de la coimputada María Pabla Vila Pessoli, que tornó aplicable la restricción establecida en el artículo 67, segundo párrafo del Código Penal. Desde la perspectiva de la impugnante, la decisión cuestionada omitió explicar por qué la permanencia en la función pública de una coimputada afectaba a su asistida. Corresponde recordar que el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal establece que “la prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
Como tuve oportunidad de señalar al dar mi voto en CCC 51009151/2008/TO1/5/CFC1, "SENOFF, Alfredo Javier s/recurso de casación”, del texto de la norma evocada no surge la exigencia de que el sujeto permanezca en un cargo público en el que pueda tener una influencia sobre el proceso. Una interpretación semejante restringe la aplicación de la causal de suspensión y colisiona con la referencia, intencionalmente genérica, al desempeño de “un cargo público” que se efectúa al final del artículo. Lleva dicho esta Sala IV, con distinta integración a la actual -sin mi intervención- y en posición que comparto, que “la causal de suspensión de la acción penal procede en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para cualquier persona que hubiera participado en el delito [mientras] se encuentre en el ejercicio de la función pública. La norma no hace distinciones relativas a la jerarquía o función que un agente posea en la estructura estatal, ni remite a las mayores o menores posibilidades que el funcionario pudiese tener para entorpecer el avance del proceso” (cfr. FMZ 32019438/2010/1/CFC1, “ALBIOL, Darío; TORO, Walter Antonio; LAUGERO, Marcos s/recurso de casación, Reg. 328/18 del 16 de abril del 2018).
Por lo demás, la circunstancia, que la defensa considera cuestionable, con relación a que la situación de una imputada que seguía siendo funcionaria pública repercutiera en otra, que carece de esa cualidad, no es más que la aplicación correcta, y ajustada a las circunstancias del caso, de lo que el Código Penal regula en el artículo citado, cuya constitucionalidad el impugnante no cuestiona. Es que la extensión al extraneus de la suspensión que alcanza al intraneus, si bien en su momento fue objeto de discusión doctrinaria y jurisprudencial, ha sido resuelta por el legislador a partir de la vigencia de la ley 25.188, que estableció, en su artículo 29, la actual redacción del artículo 67. De su lectura, como señalé, no quedan dudas respecto de la procedencia de la suspensión (cfr., al respecto: De Langhe, Marcela, Código Penal t. 2., Hammurabi, 2025, P. 396)
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820;314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149;327:769). A ello debe agregarse que no cabe suponer la inconsecuencia o la falta de previsión en el legislador (Fallos 322:2189; 323:585). En conclusión, entiendo que no corresponde establecer una excepción que no surge de la letra de la ley ni de una interpretación plausible de sus fines, por lo que el presente motivo de agravio debe ser rechazado. b.
Por otro lado, las defensas de Silvana Andrea Ruiz y María Pabla Vila Pessoli cuestionaron el rechazo al planteo de violación de plazo razonable planteado ante la instancia anterior. En sendas impugnaciones se sostuvo que la resolución se había apartado de los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, limitándose a constatar que el expediente había tenido movimientos y sin examinar la responsabilidad estatal por las sucesivas postergaciones, en una causa que carecía de complejidad. Al pronunciarme acerca de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable (cfr. en lo pertinente y aplicable, FSM 1405/2013/TO1/18/CFC4, “PÉREZ RIVERA, José Ancizar s/recurso de casación”, Reg. 449/24.4, del 9/5/2024, de esta Sala, entre otras), sostuve que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referirse a ese concepto, remitiéndose al criterio elaborado por la Corte Europea de Derechos Humanos –ya que el art. 8.1 de la CADH es equivalente al art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales-, ha considerado preciso tomar en cuenta varios elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (cfr., entre otros, casos “Anzualdo Castro Vs.
Perú”, sentencia de 22 de septiembre de 2009; “Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago”, sentencia del 21 de junio de 2002; “Suárez Rosero”, sentencia del 12 de noviembre de 1997; y “Genie Lacayo”, sentencia del 29 de enero de 1997; entre otros y, en el viejo mundo, “Eur. Court H.R., Motta judgment of 19/2/91”, Serie A n° 195-A” y “Eur. Court H.R. Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23/6/93”, Serie A n° 262). En efecto, la dificultad que plantea esta vía excepcional consiste en que ese derecho que tienen los imputados a ser juzgados sin dilaciones, no puede ni debe traducirse para el órgano jurisdiccional en un número específico de días, meses o años, sino que es deber jurisdiccional evaluar en cada caso concreto ciertas pautas de razonabilidad que revelen si efectivamente se ha violado de un modo palmario e injustificado la garantía en trato (Fallos: 330:3640), sin enfatizar con exclusividad en una mera referencia temporal en abstracto.
En ese sentido, se inscribe el dictamen del Procurador General de la Nación –al que se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en la causa “Salgado” (Fallos 332:1512)-, al sostener que el alcance del derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, reconocido a partir de los precedentes “Mattei” (Fallos 272:188) y “Mozzatti” (Fallos 300:1102) “… se encuentra limitado, por supuesto, a la demostración por parte de los apelantes de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos 330:4539 y sus citas) pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos y, precisamente, ‘la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible’ (conf. Causa P. 1991, L. XL, ‘Paillot, Luis María y otros s/contrabando’, del 1º de abril de 2012, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, y sus citas)…”.
Desde esta perspectiva, considero que este motivo de agravio tampoco puede prosperar, en la medida en que, tal como señala el Tribunal con una fundamentación precisa y ausente de vicios lógicos, en el caso no se han producido dilaciones arbitrarias o irrazonables. De adverso, cada prolongación en el trámite del expediente obedeció a una cuestión procesal pasible de ser identificada en el expediente, la mayoría de ellas vinculadas al completo y exhaustivo ejercicio del derecho de defensa que asiste a las imputadas.
Así, como se señaló en la decisión, “no pasa desapercibido que en febrero y marzo de 2023 ambas imputadas solicitaron la reparación integral del daño ni que, tras su rechazo, en mayo siguiente interpusieron un recurso de casación finalmente resuelto en contra de su pretensión recién en el mes de noviembre. Tampoco que, una vez fijada la audiencia de debate y juicio para el 10 de marzo de 2025, Silvana Andrea Ruiz solicitó su suspensión ni que el 12 de junio siguiente la defensa de Ruiz solicitara la declaración de incompetencia y la remisión del expediente a conocimiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de San Martín para su acumulación a la causa FSM 43269/2016, cuestión que, pese a resolverse de conformidad, generó un conflicto finalmente decidido por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 17 de septiembre de 2025. Menos aun que, fijada una vez más la audiencia de debate para el 10 de junio de 2026, fuera la defensa oficial la que solicitara su postergación invocando la necesidad de un adecuado ejercicio de la defensa, ni que, postergada ésta para el 18 siguiente, tres días antes de su celebración, tanto la defensa de Ruiz como la de Vila Pessoli articularan los planteos de prescripción aquí en trato, que obligaran a suspenderla nuevamente”.
Desde ya que lo antes expuesto no va en desmedro del principio de inocencia y amplitud del derecho de defensa que tienen los imputados, sobre todo el de recurrir los fallos, garantía primordial que necesariamente debe ser respetada en el marco del debido proceso, en aras de permitir que una decisión jurisdiccional adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto (cfr. mi voto en FBB 22000231/2000/TO1/4/CFC1, “MONTES, Pedro Alberto y otros s/recurso de casación”, Reg. 845/20, del 18/06/20). Sin embargo, ello no implica que este sea un criterio, sin duda relevante, para poder precisar con exactitud si la prolongación del proceso luce o no injustificada. Esos y otros motivos, detallados en el fallo recurrido, fueron decisivos para concluir que la duración del proceso seguido a las imputadas no resultó violatoria de la defensa en juicio y del debido proceso. Y, tal como adelanté, lucen fundados, se basan en criterios racionales y no se apartan de la lógica y del parámetro legal de interpretación sostenible en derecho a las circunstancias concretas del caso vinculadas al examen del tiempo, las actividades de las partes y la naturaleza de los hechos investigados.
III. Por estos motivos, propongo al Acuerdo el rechazo de los recursos de casación interpuestos por las defensas de Silvana Andrea Ruiz y María Pabla Vila Pessoli, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. Del Código Procesal Penal de la Nación). Y tener presente la reserva del caso federal efectuada.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Comparto en lo sustancial las consideraciones efectuadas en el voto precedente y que se corresponden con la aplicación de la normativa en cuestión que efectué en diversos precedentes de esta cámara.
Así, y tal como lo recuerda el colega preopinante, el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal, prevé la suspensión del curso de la prescripción respecto de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública mientras cualquiera de los partícipes continúe desempeñando un cargo público. La literalidad de la disposición no exige que el funcionario conserve un cargo con incidencia concreta sobre el trámite del proceso ni que mantenga posibilidades efectivas de entorpecer la investigación. Antes bien, el legislador empleó deliberadamente una fórmula amplia al referirse al desempeño de “un cargo público”, sin introducir distinciones vinculadas con la jerarquía, funciones específicas o capacidad de influencia del agente estatal (cfr. mis votos en los precedentes “Albiol” y “Senoff”, citados en la ponencia anterior; y, en igual sentido, en la causa nro. 11.037, caratulada “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, reg. nro. 12.443, rta. el 9/10/2009; causa nro. 15.071 de esta Sala, caratulada “Esquivel, Ángel s/recurso de casación”, reg. nro. 879/12, rta. el 24/5/2012 y Causa nº 1415/2013, caratulada “Alsogaray, María Julia y otros s/rec. de casación”, registro nº 1802.14.4, rta. 9/09/14; entre muchas otras). En esa línea, ya he sostenido que la causal de suspensión opera respecto de cualquier interviniente en el hecho mientras alguno de ellos continúe ejerciendo funciones públicas, sin que corresponda efectuar diferenciaciones que la norma no contempla.
Asimismo, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la primera fuente de interpretación de la ley es su texto, el cual debe ser armonizado de manera integral, evitando asignarle un alcance que torne inocuas o contradictorias sus previsiones. Bajo tales pautas hermenéuticas, no resulta admisible incorporar por vía interpretativa requisitos restrictivos que el legislador no previó expresamente.
En consecuencia, coincido en que no corresponde introducir excepciones ajenas al tenor de la norma ni adoptar una exégesis que reduzca indebidamente el alcance de la causal de suspensión establecida por el legislador. No puede olvidarse que el fundamento de la normativa en análisis también parte de la conculcación del mayor compromiso del funcionario o empleado público que el ejercicio de sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos -Convención Interamericana contra la Corrupción –arts. VI, VIII, IX y XI, aprobada por ley Nº 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley Nº 26.097; y Ley de Ética Pública, Nº 25.188- (cfr. mis votos en las causas: FRO 74028646/2006/1/CFC1, “Ferreyra, Antonio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 242/16.4, rta. el 14/03/2016; CFP 12037/2009/16/CFC2, “Ferreira Pinho, Juan Antonio s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 2082/20.4, rta. el 21/10/2020; FTU 18571/2012/TO1/CFC3, “Pons, Miguel Martín s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 706/2022, rta. 3/06/2022; y CFP 4077/2022/2/CFC1, “Eijo, Jorge Alejandro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1302/23.4., rta. el 26/09/2023; entre varias otras).
Esta posición es la que otorga, asimismo, mayor operatividad a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados Parte “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”; que “para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”; y la necesidad de “hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (Cfr. mi voto en el precedente de esta Sala IV, causa CFP 12438/2008/CFC2, “De Vido, Julio Miguel y otra s/recurso de casación, Reg. 1122.15/4, Rta. el 12/6/15; entre muchos otras).
En lo que respecta al planteo de afectación de la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, comparto las consideraciones efectuadas por el distinguido colega doctor Javier Carbajo, en cuanto a que su examen no puede quedar reducido a un criterio exclusivamente cronológico, sino que exige ponderar las circunstancias particulares del caso, de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, la extensión temporal del proceso, aun cuando resulte considerable, no determina por sí sola la vulneración de aquella garantía, cuya configuración requiere un análisis integral de la complejidad del asunto, la actividad procesal de los interesados, la actuación de las autoridades judiciales y la afectación que la demora hubiera ocasionado a las personas sometidas a proceso. Desde esa perspectiva, advierto que las defensas no han logrado demostrar que la prolongación del trámite responda a dilaciones arbitrarias o injustificadas atribuibles a los órganos jurisdiccionales. Por el contrario, conforme surge de los antecedentes reseñados en la resolución impugnada y examinados por el colega preopinante, las sucesivas postergaciones de la audiencia de debate obedecieron a circunstancias procesales concretas, entre ellas, la sustanciación de diversos planteos e incidencias promovidos por las partes. Ello no supone atribuir carácter abusivo o dilatorio al legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino ponderar su incidencia objetiva en el desarrollo del procedimiento, a los fines de establecer si el tiempo transcurrido resulta irrazonable. En tales condiciones, y sin desconocer la duración que registra el proceso, considero que los argumentos esgrimidos por las recurrentes no resultan suficientes para desvirtuar los fundamentos de la decisión cuestionada ni para tener por acreditada la lesión constitucional invocada.
En consecuencia, adhiero a la solución propuesta en el voto precedente.
Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal
I. RECHAZAR de los recursos de casación interpuestos por las defensas de Silvana Andrea Ruiz y María Pabla Vila Pessoli, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Lucila Nemirovsky. Prosecretaria de Cámara.
Fin de la sentencia