Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2445/21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 767/774 vta., y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE58834-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2445/21 Interlocutorio N°: 3638 Actor: RUS NELI ALICIA Demandada: UDEM SRL Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 20-10-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3638 FOLIO Nº 6350/6355 PROT. ELECT. TSS1 059 I.211
Río Gallegos, 20 de octubre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “RUS NELI ALICIA C/ UDEM SRL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº R-12.404/05 (R-2445/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de sus letradas apoderadas, las Dras. Marcela Castro Dassen y María Cristina Riera (cfr. fs. 767/774 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 744/757, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de Primera Instancia; asimismo, impuso las costas de la Segunda Instancia a la actora perdidosa. A su turno, la sentencia de Primera Instancia, había rechazado la demanda interpuesta por Neli Alicia Rus y sus hijos María Isabela, Constanza Aluen y Tiago Luca Aristimuño contra UDEM SRL, el Dr. Luis Forte, Docthos S.A., The Professional's Company Aseguradora de Responsabilidad Profesional S.A. (aseguradora de Docthos S.A.) y SMG Cía. Argentina de Seguros S.A. (aseguradora de UDEM S.R.L.), en todas sus partes e impuso las costas en el orden causado (cfr. fs. 584/598 vta.).-
II. Que en su recurso de casación, la parte recurrente plantea que el mismo se interpone por errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; y en el canal impugnativo de la doctrina de la arbitrariedad por estimar violada la garantía del debido proceso como consecuencia de dictarse una sentencia abstracta ajena a la realidad de las constancias de la causa lesionándose como consecuencia de ello el derechos de propiedad y a una sentencia justa (cfr. foja 767).- Sostiene que el recurso de casación es interpuesto por aplica-ción errónea de la ley -arts. 512, 902 y 909 del CC-, al eximir de responsabilidad al Dr.
Forte y, consecuentemente, a su empleadora y compañía de seguros. Pretendiendo, siguen con su exposición, en un análisis simplista y superficial que su parte no ha logrado probar que el nombrado Dr. Forte realizó una actividad culposa que agravó la situación de enfermedad o dolencia que presentaba el Sr. Aristimuño apartándose del análisis correcto de las normas que hacen a la responsabilidad profesional. Citan jurisprudencia y doctrina para avalar su postura (cfr. fs. 767 vta/768).- Agrega que el análisis realizado por la Excma. Cámara de Apelaciones prescinde de los presupuestos aceptados por jurisprudencia y doctrina, que hacen a la responsabilidad profesional “...al pretender que el error de diagnóstico incurrido por Forte no puede ser objeto de reproche, pues 'respondió a los síntomas que presentaba el paciente, según relatan quienes estuvieron presentes...con excepción de la hija mayor…', omitiendo analizar que si así hubiera sido...y teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, que la propia Cámara cita para justificar el fallecimiento y el accionar del médico tratante, el diagnóstico y la medicación aparecen como irresponsables, y poco propios del accionar de un médico diligente...” (cfr. foja 768).- Añade que: “Lo cierto V.E es que lo que no es tenido en cuenta por la Excma.
Cámara al analizar la responsabilidad por mala praxis, es que aproximadamente 10 minutos después de haberse retirado el médico dependiente de UDEM SRL el Sr. Aristimuño perdió la conciencia y falleció. Cierto resulta que la muerte pudo ser producto de una 'broncoaspiración', más también es cierto que -a modo de ejemplo- si se le hubiere practicado un electrocardiograma, o se hubiere ordenado la internación, o se le hubiese medicado adecuadamente, la chance de sobre vida hubiera existido, y la falta de cualquier exámen serio o medicación adecuada privó a Aristimuño de tal posibilidad, lo que no es tenido en cuenta por la Excma. Cámara.” (cfr. fs. 768 y vta.).- Aduce que no pueden “...considerar aplicada correctamente la normativa de la teoría de la culpa en materia de daños y perjuicios, cuando no se tiene por acreditada la relación de causalidad, por entender la Excma.
Cámara que esta parte no probó si la causa de la muerte fue un Infarto de Miocardio, o el mismo se produjo luego de la bronco aspiración, cuando ello no es el foco de la prueba, conforme la correcta interpretación de la norma, sino el accionar del médico, sumado a que la verdadera causa de muerte sólo podía conocerse a través de la correcta realización de la autopsia, la que es totalmente ajena a la posibilidad de intervención de la actora.” (cfr. foja 768 vta.).- Califica a la sentencia impugnada de arbitraria pues estiman que se ha apartado de las constancias probatorias producidas en la causa, cuya eficacia habría sido soslayada por la Alzada. Aduce que la sentencia esta lejos de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, operándose ipso facto en consecuencia la lesión a la garantía del debido proceso (cfr. foja cit.).-
Señala que la violación del debido proceso trae aparejada la arbitrariedad por la lesión al derecho de propiedad de sus mandantes toda vez que el derecho a la indemnización para los hijos del fallecido integra el mismo, sumado al daño ocasionado por haberse privado de crecer junto a su padre a dos adolescentes y un niño, impidiéndose a través de la vía judicial la obtención de una reparación al daño material y moral sufridos (cfr. fs. 768 vta./769).-
Observa que yerra la Cámara al pretender que solo “una relación de causalidad adecuada” entre el accionar del médico y el fallecimiento generan responsabilidad, pareciendo exigir prácticamente que se pruebe que la omisión médica “mató” al paciente, cuando la correcta interpretación es que debe acreditarse cómo fue el accionar del médico tratante, y si el mismo responde a la condición de un facultativo responsable (cfr. foja 769).-
Argumenta que los hechos probados son que el Sr. Ismael Aritimuño llamó al servicio de emergencias médicas de UDEM por manifestaciones de dolor de pecho, antebrazos con fuerte ardor en el pecho y en la laringe, lo que surgiría de la declaración de Isabella Aristimuño y de los registros de la empresa UDEM, reflejados en la contestación de la demanda y especificados como hechos ciertos (cfr. foja 769 vta.). Sigue diciendo que ante estos síntomas, el Dr. Forte le diagnostica “reflujo”, le da un calmante y le receta una medicación para el día siguiente. Ante el diagnóstico de reflujo se pregunta: “Que elementos tuvo en cuenta el facultativo para tal diagnóstico? Puede realmente considerarse un diagnóstico el efectuado cuando lo que se diagnostica no es más que un síntoma de algo más? No resulta responsable por no haber efectuado un suficiente estudio del enfermo? Si así lo hizo, las indicaciones fueron las adecuadas conforme las constancias de autos?.” (cfr. foja cit.).- Plantea que el sentido común no debe ser ajeno al derecho, indica que si a los quince (15) minutos de haberse retirado el médico que diagnosticó “reflujo” al paciente, aplicándoles un calmante, el paciente tiene un ataque y fallece, algo no fue debidamente evaluado (cfr. foja cit.).-
Afirma que al darse ese diagnóstico de reflujo no se efectuó estudio alguno; y que la ausencia de estudios complementarios privó al paciente de un diagnóstico adecuado y de la posibilidad de evitar el desenlace fatal (cfr. foja 770).-
Dice que no surge de autos qué estudios, qué revisión, ni qué evaluación efectuó el médico para minimizar los síntomas y limitarse a dar un calmante y una medicación para los problemas gástricos del día siguiente. Se responden que no surgen porque no existieron estudios de ningún tipo para el diagnóstico de reflujo. Sumado a ello agrega que tampoco el tratamiento fue el indicado para el diagnóstico conforme surge de las pericias de los Dres. Neme y Suárez. Destacan que: “…para este tipo de trastornos, el tratamiento indicado es 'protectores gástricos (Omeprazol) o derivados, gastroevacuadores a lo que se suma cambios posicionales post ingesta de alimentos'. Ello pues el Pantop le fue indicado a partir del día siguiente, y no indicó cambio posicional (concretamente el paciente no debe estar en posición horizontal), por lo que el accionar del médico tratante fue a todas luces irresponsable.” (cfr. foja cit.).- Estima que el Dr. Forte no actuó como médico prudente, sobre todo teniendo en cuenta que luego se toma como eximente de responsabilidad los propios antecedentes del Sr. Aristimuño, que como bien dice la Excma. Cámara de Apelaciones tenía ulcera sangrante y había sido internado en varias oportunidades por similares problemas (cfr. fs. 770 y vta.).-
Pone de relieve que: “El médico en forma totalmente irresponsable y superficial, se limita a dar un calmante sin hacer ningún estudio complementario, ni tan siquiera averiguar los antecedentes del paciente, o si los sabía, sin tenerlos en cuenta, y minutos después, el paciente muere. Lamentablemente V.E este es el comportamiento de muchos médicos de urgencia, cuyos 'diagnósticos' son revertidos por los médicos tratantes, y en casos no terminales, pasan desapercibidos.” (cfr. foja 770 vta.).-
Sostiene que a los médicos se les debe exigir en cada caso una conducta acorde con su calidad profesional, en cumplimiento de sus funciones específicas, la cual debe ser examinada en concreto teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, conforme lo fijan los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil (cfr. foja 771).-
Añade que la obligación del médico es de medios, se le exige que realice los esfuerzos razonables para acertar, lo que a todas luces no ocurrió en el caso de autos, donde el médico prácticamente se limitó a prescribir un calmante sin realizar ningún estudio, examen o interrogatorio complementario que otorgara alguna certeza al mal llamado diagnóstico, reflujo, que en definitiva es un síntoma (cfr. foja cit.).-
Afirma que la Cámara aplicó erróneamente los artículos 512 y 912 del Código Civil al pretender que se pruebe que Aristimuño murió por la acción u omisión de Forte, cuando lo que se debe probar es el actuar negligente del facultativo, que privó al paciente de cualquier posibilidad de vida (cfr. fs. 771 y vta.).-
Añade que: “Forte examinó a Aristimuño, lo medicó y a los pocos minutos este falleció. No hizo más que eso, pese los síntomas y antecedentes del paciente. Y la Excma. Cámara pretende que no existe responsabilidad pues no se logró probar adecuadamente que el paciente falleció de infarto, y que de haberse efectuado, por ejemplo, un electrocardiograma, se hubiera podido tal vez evitar el fallecimiento. La interpretación de las normas es entonces claramente errónea, pues lo que si se probó es que el actuar fue negligente, y que el paciente falleció. Nadie V.E puede saber si, de haberse actuado con diligencia, ello es indicar estudios complementarios, se hubiera evaluado la necesidad de internación, o de otra intervención que le salvara la vida.
Por ello se equivoca la 'ad quem' al afirmar que 'si la causa de la muerte no es el IAM es imposible imputar al Dr. Forte una impericia en su diagnóstico' pues en primer término no se encuentra probada acabadamente la causa de la muerte, y en segundo término, lo que debe evaluarse es la diligencia y prudencia con que el médico actuó, lo que está probado que no respondió a los parámetros de un buen profesional, y no la curación, alivio o mejoría -fin aleatorio o contingente-. Es posible que de haberse efectuado un electrocardiograma, o cualquier análisis complementario, el Sr. Aristimuño hubiere de todos modos fallecido, más lo cierto es que no se hizo, y se privó al mismo de toda chance de supervivencia.” (cfr. fs. 771 vta./772).- Añade que: “...La muerte sobrevino, reiteramos, a los pocos minutos del diagnóstico de 'reflujo' efectuado por Forte, y lamentablemente por no haberse realizado correctamente la autopsia, no se sabe con seguridad si la primera causa de la muerte fue la bronco aspiración o el IAM.
En cualquiera de ambos casos falleció, desconociéndose que hubiere ocurrido si el médico tratante hubiere actuado correctamente. Ello entonces el enfoque de la Cámara en el análisis y aplicación de la norma resulta liminarmente opuesto a la interpretación de las normas unánimemente realizadas por la Doctrina, y que por otra parte, cita el Juez opinante en primer término en numerosas oportunidades, sin aplicarlas luego al caso concreto.” (cfr. fs. 772 y vta.).- Califica la sentencia de arbitraria y por ende inválida como acto judicial, toda vez que lejos está de constituir una construcción razonada de los hechos controvertidos en autos por la incorrecta aplicación de las normas a las circunstancias planteadas lo que trae aparejado una severa lesión a la garantía del debido proceso y derecho de propiedad, ambos amparados en los artículos 18 y 17 de la Constitución Nacional (cfr. foja 772 vta.).-
Afirma que otro motivo que hace que la sentencia sea arbitraria es basarse en la premisa de la cual parte para eximir de responsabilidad al médico, a sus empleadores y aseguradores, cual es la de tener por no probada la sintomatología del Sr. Aristimuño al momento de llamar a UDEM, omitiendo evaluar adecuadamente la prueba producida, sino peor aún, el propio reconocimiento de la demandada UDEM en su responde (cfr. foja 772 vta.). Al respecto señala, que la demandada en su responde textualmente sostiene “...'que con fecha 23 de enero de 2005 a las 05:33 horas la Sra. Karina Zúñiga en su carácter de operador de turno de UDEM SRL recibe un llamado (393688) del Sr. Ismael Aristimuño, quién textualmente le refiere como motivo de consulta (asi (sic) surge asentado en el registro de atenciones) un dolor en la zona del tórax…El profesional interviniente es atendido en el living del mismo por el Sr.
Ismael Aristimuño quién le manifiesta tener un dolor torácico…presentaba una sensación de náuseas y acidez'.” (cfr. fs. 773 y vta.). Al respecto reflexiona que: “Todo parece basarse en que no se le informó a UDEM y por ende a Forte el dolor en el pecho padecido por el paciente, y en virtud de ello, Forte habría actuado correctamente al omitir estudios complementarios tales como un electrocardiograma. Esta premisa es absolutamente incorrecta, omitiendo la Excma. Cámara evaluar la prueba, torciendo en forma forzada los hechos para arribar a la sentencia injusta y arbitraria.” (cfr. foja 773).- Añade que: “Tenemos entonces que María Isabela Aristimuño relata la existencia de dolores torácicos, que UDEM afirma que el llamado realizado por el propio Aristimuño también refleja dolores torácicos y el único que sostiene lo contrario es el propio Forte y su chofer en sede penal agraviando entonces la razón por la cual se tiene por no probado un hecho que no es controvertido.
De tal interpretación a todas luces errónea surge el rechazo de la demanda pues de una equivocación en el razonamiento inicial deviene una conclusión también errónea ya que parte de una premisa equivocada, convirtiendo la sentencia en arbitraria [...] La sentencia en crisis se basa en la presunta necesidad de probar que Aristimuño murió de un infarto, y de la existencia de controversia y falta de prueba en los síntomas relatados al llamar al servicio médico UDEM, dos premisas que como quedara expuesto no son tales. Se ha porbado (sic) acabadamente lo que las normas indican: Que el accionar del médico fue negligente, y que dicho accionar privó al padre de nuestras mandantes de una posibilidad de sobrevida.” (cfr. fs. 773 vta./774).- Formula reserva del caso federal toda vez que considera que se encuentran en juego la violación de los derechos consagrados por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 774).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE58834-2021).-
Finalmente pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE123542-2021).-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
En este análisis previo, se detectan varias falencias en la fundamentación del recurso, que obstan a su concesión.-
En efecto, remite a la consideración de cuestiones de hecho y prueba, ajenas -por principio- al recurso extraordinario de casación, salvo que se demuestre arbitrariedad, extremo que no se advierte cumplido en el recurso bajo estudio.-
Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que la principal embestida a la construcción lógica de la sentencia en crisis gira en torno a un cuestionamiento pertinaz por parte de la recurrente de la valoración de hechos y pruebas de la causa (responsabilidad del médico, violación de las reglas relativas a la valoración de la prueba, prueba del nexo de causalidad) materia, a todas luces improcedente en esta instancia extraordinaria.-
Es decir, y como bien puede advertirse, la pretensión de la recurrente está dirigida a que se traten en esta instancia extraordinaria cuestiones relativas a la existencia o inexistencia de las responsabilidad del galeno y/o del nexo causal y/o de valoración de las circunstancias de hecho y prueba que las partes han traído al proceso y que han merecido ya la intervención de las anteriores instancias ordinarias. En este sentido, es dable señalar que los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (cfr.
Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. Edición, Ed. L.E.P. S.R.L.,1998, pág. 382).- Las críticas del impugnante sólo traducen diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Los motivos impugnativos están directamente referidos a un defecto de apreciación legal en relación a los hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, o error de subsunción; esto es, se ataca la actividad de juzgamiento del a quo referenciándose cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenas, por principio, a esta instancia casatoria (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3314, Folio 5518/5521, entre otros).- Se pretende recrear en este contexto la meritación y apreciación jurisdiccional, sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021). Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho. Ello, por cuanto se pretende impugnar las conclusiones emitidas respecto de cuestiones fácticas de la litis, responsabilidad del demandado y valoración de la prueba, presentando su propia versión sobre las mismas sin que se realice un juicio crítico de los razonamientos desarrollados y la demostración de un error grave, trascendental y fundamentado (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3314, Folio 5518/5521, entre otros).- Este Tribunal Superior de Justicia también ha dicho que: “...no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomos XIX, Reg. 2463, Folio 3721/3724; XX, Reg. 2618, Folio 3914/ 3917, entre otros).-
IV. Que asimismo, y en lo que respecta a la arbitrariedad invocada, sólo se desprende del recurso impetrado una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. Más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica. La conclusión arribada por la Alzada evidencia una derivación razonada del derecho vigente sin que se advierta -en principio y a modo de justificativo para su estudio en sede casatoria- una ruptura con las leyes del razonamiento (causal de arbitrariedad lato sensu), de conformidad a las circunstancias comprobadas de la causa.- Entiende este Alto Cuerpo que la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante “...-'...el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa-, en grado tal que justifique su revisión por la última instancia provincial…'...” (cfr.
Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; VII, Reg. 255, Folio 1390/ 1394, entre otros). No se advierte que los argumentos del recurso constituyan una crítica concreta y razonada eficiente para poner en evidencia la existencia de arbitrariedad.- En el sub lite, la principal embestida impugnativa a la construcción lógica de la sentencia gira en torno de la existencia de responsabilidad del médico que trató al Sr. Aristimuño en el marco del servicio que presta la empresa de Servicios Médicos UDEM. La sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones considera que no se ha podido probar que el Dr. Forte hubiese realizado alguna actividad culposa que hubiese agravado la situación de enfermedad o dolencia del Sr.
Aristimuño. Concretamente se sostiene que: “Las pruebas producidas en este expediente, amplias y profundas opiniones médicas...descartan que la causa de la muerte haya sido el Infarto Agudo de Miocardio (IAM), o al menos no pueden concluir en ello por ausencia de exámenes más precisos (el estudio microscópico del corazón). Sostienen, en cambio, la tesis de la broncoaspiración que cuenta con mayores elementos de apoyo, teniendo en consideración los antecedentes de la víctima y la sintomatología presentada. Esto es clave en la construcción de la sentencia y es correcto que lo sea. El razonamiento es el siguiente: si la causa de la muerte no es el IAM es imposible imputar al Dr. Forte una impericia en su diagnóstico luego de practicar la anamnesis del Sr.
Aristimuño, incluso si pensamos que uno de los síntomas hallados fuera la 'precordialgia', ya que la omisión de la práctica debida (electrocardiograma) no tendría influencia causal adecuada en el resultado (sic) muerte.” (cfr. fs. 754 y vta.).- Para así decidirlo, tuvo en cuenta la autopsia realizada en sede penal, entre otras pruebas. No vislumbrándose desvío lógico en el razonamiento de la sentencia impugnada.-
El pronunciamiento de la Alzada, derivado del análisis de la prueba producida, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo, circunstancia ésta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia atacada, como ya se indicó, cuenta con fundamentos de hecho y de derecho que, no obstante las discrepancias que se pueda mantener con ellos, dan sustento al decisorio.-
Resulta clara la inadmisibilidad del recurso impetrado por ausencia de motivación suficiente, cuando se invoca no sólo una presunta violación a la ley o una original interpretación de la responsabilidad acordada basada en un planteo subjetivo y carente de una verdadera fundamentación que conmueva el acto sentencial atacado, limitándose el argumento recursivo al frágil pretenso de una reconsideración de la prueba y una nueva valoración o debate de los hechos definitivamente prefigurados. Resulta evidente y obvio destacar que en cuanto a la materia -prueba de hechos-, no juegan ni presunciones ni afirmaciones dogmáticas que no resulten fundadas en la producción de las mismas y debidamente demostradas, ello así, las afirmaciones de la recurrente no se ajustan al decisorio de la Alzada en sí, ni al fondo de la cuestión, ni logran conmover la solidez estructural de argumentación y conclusión del fallo, habida cuenta que: “...'...la Alzada goza de soberanía axiológica para seleccionar los medios de prueba y atribuirles la jerarquía pertinente dentro del conjunto de aquéllos acumulados y que corresponde valorar…'...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos I, Reg. 3, Folio 13/17; V, Reg. 179, Folio 969/974, entre otros), esto es en definitiva que: “...'...Para arribar a su fallo el Juez no está obligado a hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las pruebas producidas, pudiendo desechar aquéllas que considere innecesarias o inconducentes con relación al objeto del proceso…'...” (cfr.. TSJ Santa Cruz, fallos cit.).- En sus precedentes, este Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
Este Alto Cuerpo ha establecido -en reiteradas ocasiones- que debe ser rechazado el recurso carente de fundamentación suficiente para sostener el embate (cfr. Sentencia, Tomos VIII, Reg. 295, Folio 1595/1599; IX, Reg. 303, Folio 1637/1641).-
Por otro lado, tampoco debe prosperar la denunciada lesión de la garantía del debido proceso y del derecho de propiedad, amparados en los artículos 18 y 17 de la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
En definitiva, el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones, derivado del análisis de la prueba producida, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de arbitrariedad, circunstancia ésta que no se vislumbra en el sub lite, máxime cuando la sentencia atacada, cuenta con fundamentos de hecho y de derecho que, no obstante las discrepancias que se pueda mantener con ellos, dan sustento al decisorio.-
V. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 767/774 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE58834-2021 de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 767/774 vta., y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE58834-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1059I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3638 Folio N°: 6350/6355 Secretaría: 1
Fin de la sentencia