Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto determina impuesto y accesorios, con costas, con excepción del ajuste tratado en el Considerando VI, el que se revoca, con costas por su orden.
2Declarar extinguida la acción penal respecto de la aplicación de la multa debatida en autos, de conformidad con lo establecido en el art. 54, último párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), con costas por su orden.
3Ordenar al Fisco Nacional, que en el término de treinta (30) días de notificado la presente, practique la respectiva liquidación, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran a su disposición en la Mesa de entrada de este Tribunal.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-75211960-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Julio de 2025 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 48.095-I caratulado “RUSCONI LUIS s/Apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que, a fs. 23/28 vta. la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 133/2017 (DV RRIIP) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, de fecha 19 de junio de 2017, suscripta por la Jefa (Int.) de la División Determinación y Recursos II de la Dirección Regional Palermo, mediante la cual se determina de oficio la materia imponible del recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2009 a 2012, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar el gravamen, con más intereses resarcitorios, y aplica multa equivalente a tres veces el impuesto presuntamente evadido con sustento en el artículo 46 y 47 inc. “a” de la ley de rito.
Expresa el recurrente que, con posterioridad a la vista conferida, se adhirió al Régimen de Sinceramiento Fiscal establecido por la Ley N° 27.260, acogimiento que efectivizó el 31/03/2017, a través de la exteriorización a su favor de dos inmuebles registrados oportunamente a nombre de La Esterlina S.A. (sociedad de la cual es presidente y accionista mayoritario), ubicados en la calle Tagle N° 2910, unidades funcionales 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. fs. 23 vta.).
Sostiene que, con motivo de dicha exteriorización, el organismo fiscal consideró que justificó el origen de las sumas de U$S 120.000 y U$S 300.000 depositadas por el recurrente en el Citibank en fechas 24/11/2009 y 01/07/2010, respectivamente, ya que dichos fondos tenían origen en ciertos préstamos hipotecarios contraídos sobre inmuebles de su titularidad, lo que llevó al organismo recaudador a reformular su pretensión respecto de los períodos fiscales 2009 y 2010 (cfr. fs. 23 vta.), aquí discutidos.
No obstante lo expuesto, sostiene la apelante que en el caso concreto resulta de aplicación el beneficio fiscal denominado comúnmente como “tapón fiscal”, establecido en el art. 46 inciso “d” de la Ley N° 27.260, en cuanto dispone que “(l)os sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado” (cfr. fs. 24).
En ese sentido, enfatiza que en el caso concreto resulta de aplicación la propia norma dictada por el Fisco Nacional, Instrucción General N° 1008/2017 (DI PYNF), la que dispone que tales casos “...deberán ser descargados, sin interés fiscal, ya que no puede avanzarse sobre el ajuste potencial o pretensión fiscal notificada al contribuyente, en virtud de la liberación establecida en el artículo 46 de la Ley N° 27.260 por haber confirmado datos según el artículo 85 de la mencionada ley” (cfr. fs. 24).
Por esa cuestión, considera el recurrente que al haber ingresado al Régimen de Sinceramiento Fiscal precedentemente mencionado y habiendo declarado todos sus bienes al 31/12/2015, le corresponde la dispensa de pleno derecho estatuida legalmente, sin condicionamiento alguno, tal como reconoce la propia Administración en la Instrucción ya citada, sobre todo -a su criterio- en relación al ajuste fiscal proyectado sobre el consumido detectado por la suma de $ 133.659,59 y al incremento patrimonial endilgado a partir del depósito de $ 89.457,80 y que según pareciera, a criterio del Fisco Nacional, no habría alcanzado a justificar (cfr. fs. 24). En ese mismo orden de ideas, y habiendo tenido el Fisco Nacional por justificados los dos depósitos de U$S 120.000 y U$S 300.000, entiende improcedente el ajuste basado en los consumos por $ 133.659,59 en 2012, suma sensiblemente menor a los depósitos ingresados en 2009 y 2010 (cfr. fs. 25 vta./26).
Una vez más, y bajo los mismos lineamientos dispuestos por el art. 46 de la Ley N° 27.260, también cuestiona la sanción enrostrada (cfr. fs. 26/27 vta.).
Por último, ofrece producir prueba pericial contable (cfr. fs. 28), plantea el caso federal (cfr. fs. 28) y solicita se revoque la resolución recurrida, con costas al Fisco Nacional.
Por otra parte, y en presentación que obra agregada a fs. 34/36 vta., el letrado patrocinante del Sr. Rusconi informa respecto del fallecimiento del recurrente y acompaña el certificado de defunción.
II. Que, a fs. 45/73 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, acompaña las actuaciones administrativas, se opone a la producción de la prueba pericial contable ofrecida por la apelante, plantea el caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
Por otra parte, y una vez anoticiada del fallecimiento del recurrente, la representación fiscal solicita que al momento de dictar sentencia se declare extinguida la acción penal respecto de la aplicación de la multa debatida en autos, de conformidad con lo establecido en el art. 54, último párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), al tiempo que peticiona en ese aspecto las costas sean impuestas por su orden (cfr. fs. 79/79 vta.).
III. Que, a fs. 155 se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, el que no fuera contestado por la recurrente.
A fs. 158 no se hizo lugar a la oposición a la prueba efectuada por el Fisco Nacional, al tiempo que se dispuso la apertura a prueba de la presente causa, haciéndose lugar a la prueba pericial contable.
A fs. 182/183 se presenta en carácter de parte el administrador de la Sucesión del Sr. Rusconi. A fs. 184, se intima a la recurrente a producir la prueba pericial contable, bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho a producir dicha prueba, el que es efectivizado a fs. 187.
IV. Que, a fs. 201 se elevan los autos a consideración de la Sala “A”, y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
V. Que, sentado lo que antecede, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal se resume en dilucidar si resulta ajustada al texto legal la valoración efectuada por el organismo recaudador respecto a la extensión de la adhesión efectuada por el Sr. Rusconi al Régimen de Sinceramiento Fiscal establecido por la Ley N° 27.260, y en su caso, el alcance normativo del precepto establecido en el art. 46 inciso “d” de la Ley N° 27.260, denominado comúnmente “tapón fiscal”.
En ese sentido, no resulta un hecho cuestionado que el Sr. Rusconi efectivizó su acogimiento el 31/03/2017, a través de la exteriorización a su favor de dos inmuebles registrados oportunamente a nombre de La Esterlina S.A. (sociedad de la cual el recurrente era presidente y accionista mayoritario), ubicados en la calle Tagle N° 2910, unidades funcionales 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco está cuestionado que, con motivo de dicha exteriorización, el organismo fiscal consideró que el recurrente justificó el origen de las sumas de U$S 120.000 y U$S 300.000 depositadas en el Citibank en fechas 24/11/2009 y 01/07/2010, respectivamente, ya que dichos fondos tenían origen en ciertos préstamos hipotecarios contraídos por el actor sobre esos inmuebles de su titularidad -aunque a nombre de La Esterlina S.A.-, lo que llevó al organismo recaudador a reformular su pretensión respecto de los períodos fiscales 2009 y 2010.
Sin embargo, aquí se encuentra la primera cuestión a dilucidar, esto es, si conforme a la imputación efectuada por el recurrente al momento del acogimiento, el mismo justificaba el origen de los fondos acreditados en su cuenta bancaria en los períodos fiscales 2009, 2010 y 2011. Dicho de otro modo, a través del acogimiento, el recurrente entendió que depuraba todos los depósitos bancarios materia de ajuste fiscal en esos períodos fiscales, mientras que el Fisco Nacional observó que solamente algunas acreditaciones bancarias resultaban pasibles de justificación por esa vía (cfrs. fs. 442/449 y fs. 461/484, Cuerpo Principal N° 3, AA).
En efecto -y en lo que aquí interesa-, a fin de comprender el meollo de la cuestión resulta fundamental tener en consideración que en los períodos fiscales materia de cuestionamiento, el ente recaudador observó un significativo número de acreditaciones bancarias en la cuenta del apelante, las que datan desde el 08/01/2009 hasta el 07/09/2011, y algunas fueron efectuadas en moneda local y otras en moneda extranjera (cfr. fs. 298, Cuerpo Principal N° 2, AA).
En aquella oportunidad, el recurrente ensayó justificar las sumas en moneda extranjera ingresadas en el Citibank en fechas 24/11/2009 y 01/07/2010 por valor de U$S 120.000 y U$S 300.000, respectivamente, señalando que en tanto accionista mayoritario y presidente de La Esterlina S.A. -sociedad patrimonial que carecía de actividad y, por tanto, de una cuenta bancaria propia-, él mismo se constituyó en depositario de determinadas sumas de dinero obtenidas en préstamo por la referida sociedad contra el otorgamiento de las respectivas garantías escriturales de constitución del derecho real de hipoteca, además de su aval personal (cfr. fs. 311/315, Cuerpo Principal N° 2, AA).
No obstante, no resulta difícil comprender la razón por la cual dicho ensayo de justificación resultaba ciertamente forzado, desde la perspectiva fiscal. Y al fin de cuentas, lo cierto es que ni el apelante ni la referida sociedad pudieron justificar en aquél entonces el circuito financiero de los fondos, según sus propias aseveraciones (cfrs. fs. 320/321, Cuerpo Principal N° 2, AA).
Paralelamente, el ente recaudador circularizó tanto a los escribanos públicos intervinientes en las referidas operaciones como a los acreedores hipotecarios involucrados, pero sin perjuicio de las respuestas aportadas por unos y otros, ello no resultaba prueba de cargo suficiente -a criterio del ente fiscal- para justificar el depósito de los fondos en las cuentas bancarias del apelante, todo lo cual surge del Informe de fecha 12/11/2015, previo al inicio del procedimiento determinativo de oficio (cfr. fs. 322/340, Cuerpo Principal N° 2, AA). En esa tónica, será recién con posterioridad no solo a la corrida de vista sino también de su contestación en el marco del procedimiento de determinación de oficio, que el apelante comunicó su acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal establecido por la Ley N° 27.260, exteriorizando dos inmuebles registrados originariamente a nombre de La Esterlina S.A. pero que en rigor de verdad le pertenecían al Sr. Rusconi desde su adquisición en 1999 (cfr. fs. 415/425, fs. 434/440 y fs. 442/477, Cuerpo Principal N° 3, AA).
Ahora bien, esa justificación patrimonial fue la que permitió al ente recaudador comprender el motivo subyacente por el cual determinadas sumas de dinero ingresaron a la cuenta en el Citibank del Sr. Rusconi en primer lugar. El razonamiento, en este aspecto, resulta lineal, pues es evidente que el 24/11/2009 se dejó asentado en una escritura pública la concesión de un mutuo por valor de US$ 210.800 en favor de La Esterlina S.A.; si el inmueble en rigor de verdad pertenecía al Sr. Rusconi resulta lógico entender que ese mismo 24/11/2009 el recurrente pudiera efectuar un depósito en su cuenta bancaria por valor de U$S 120.000, todo lo cual fue validado por el Fisco Nacional en razón del acogimiento a la Ley N° 27.260 (cfr. fs. 27/40 vta., Cuerpo Circularizaciones Escribanos, AA). Otro tanto sucedió el 01/07/2010, puesto que se dejó asentado también en una escritura pública la concesión de un mutuo por valor de US$ 350.000 en favor de La Esterlina S.A., entonces si el inmueble en rigor de verdad pertenecía al Sr. Rusconi resulta lógico entender que ese mismo 01/07/2010 el recurrente pudiera efectuar un depósito en su cuenta bancaria por valor de U$S 300.000, todo lo cual también fue validado por el Fisco Nacional en razón del acogimiento a la Ley N° 27.260 (cfr. fs. 105/120, Cuerpo Circularización Citibank, AA).
No obstante lo expuesto, y sin perjuicio de la imputación que efectuara el apelante al momento de su acogimiento respecto de los ajustes por depuraciones bancarias, lo cierto es que la escritura pública del 24/11/2009 no resulta instrumento válido para justificar depósito alguno efectuado con anterioridad a la fecha de la efectiva entrega del dinero y en moneda diversa a la efectivamente entregada en el acto jurídico celebrado ante el escribano público. Dicho de otro modo, no hay justificación alguna respecto de los $ 150.800 depositados con anterioridad al 24/11/2009, tampoco la hay con respecto a los $ 25.300 depositados entre el 15/12/2009 y el 28/06/2010, puesto que en ningún momento le fueron entregados pesos al apelante. Del mismo modo, la escritura pública del 01/07/2010 tampoco resulta instrumento válido para justificar depósito alguno efectuado en pesos con posterioridad a esa fecha en moneda diversa a la efectivamente entregada en el acto jurídico celebrado ante el escribano público, esto es que el monto de $ 12.620 no tiene justificación, al igual que los $ 89.457,90 depositados en pesos entre 10/01/2011 y el 14/12/2011 en las cuentas del apelante en el Banco Santander Río, razón por la cual el ajuste fiscal con fundamento en el art. 18 inciso “g” de la norma ritual, en todo lo referente a las sumas en moneda nacional ingresadas en las cuentas bancarias del apelante en los períodos fiscales 2009, 2010 y 2011, respectivamente, habrá de ser, en principio, confirmado.
En otro orden de ideas, no escapa a este Tribunal el planteo del recurrente referido a la aplicación en el caso concreto del precepto establecido en el art. 46 inciso “d” de la Ley N° 27.260, denominado comúnmente “tapón fiscal”.
En ese sentido, dicha norma establece que “(l)os sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado”.
Ahora bien, para comprender dicha norma, primero debe estarse a lo dispuesto en el art. 15 del Decreto Reglamentario N° 895/2016, que específicamente establece que “(a) los fines de lo previsto en el inciso d) del Artículo 46 de la Ley Nº 27.260, la fecha a la que hace referencia deberá entenderse como la de preexistencia de los bienes definida en el segundo párrafo del Artículo 37 del citado texto legal”.
En esa tónica, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del art. 37 de la Ley N° 27.260, “(l)os bienes declarados deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación de la presente ley -B.O.R.A. 22/07/2016, vigente a partir del 25/07/2016, conforme art. 96 Ley N° 27.260- en el caso de bienes declarados por personas humanas... En adelante se referirá a estas fechas como Fecha de Preexistencia de los Bienes”.
Así determinada por la normativa aplicable, la fecha que debe considerarse como de preexistencia de los bienes, corresponde analizar ahora si resulta aplicable al caso el denominado “tapón fiscal” dispuesto por el art. 46 inc. d), de la Ley N° 27.260.
Previo al análisis señalado, corresponde precisar que, en el caso de autos, los bienes declarados fueron dos inmuebles que permitieron al actor justificar la procedencia de determinadas acreditaciones bancarias una vez explicitada la cuestión de la titularidad dominial, pero ello no significa en modo alguno que cualquier depósito en cuenta bancaria no declarado y -hasta el momento- tampoco justificado su origen goza de una amnistía fiscal del modo pretendido por el aquí apelante. Caso contrario, carecerían de sustento las previsiones normativas establecidas en los párrafos segundo y tercero de ese mismo art. 46, las que establecen que:
“En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que les correspondiera a los mencionados sujetos, a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, que no hubiera sido declarado mediante el sistema del presente Título ni con anterioridad, privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional de los beneficios indicados en el párrafo precedente”
“A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones”.
En estos supuestos resulta de aplicación el art. 16 del Decreto Reglamentario N° 895/2016, por lo que el Fisco Nacional conserva las facultades establecidas en la norma procedimental para verificar, fiscalizar y posteriormente, determinar de oficio la materia imponible correspondiente.
En breve, no brindó la parte actora ninguna prueba de cargo que justifique los depósitos restantes en sus cuentas bancarias, y no observa este Tribunal que la Administración Fiscal se hubiera apartado del texto normativo de la Ley N° 27.260, razón por la cual el ajuste fiscal en lo referido a las sumas en moneda nacional ingresadas en las cuentas bancarias del apelante en los períodos fiscales 2009, 2010 y 2011, respectivamente, se confirma, con costas.
VI. Que corresponde entonces abordar la cuestión atinente al ajuste sustentado en los ingresos de $ 120.699,26 que el recurrente habría omitido de declarar en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2012. Dicho ajuste se efectuó en base a los gastos que surgen de la información aportada por los Bancos circularizados, que ascendían a la suma de $ 133.659,59 a la cual se le adicionó el incremento patrimonial verificado por el Fisco en dicho período, de $ 13.818,46. Cabe aclarar que, para arribar al monto de ingresos expuesto, el organismo fiscal restó el importe en concepto de jubilación recibido por el actor (vid. resolución a fs. 4/5 de autos).
Corresponde dejar expresa constancia que el organismo fiscal basó su pretensión principalmente en los gastos que surgen de la información suministrada por los Bancos circularizados, y en menor medida a partir del incremento patrimonial que calculó el propio Fisco en base a los datos sobre el patrimonio obtenidos en sede administrativa y consideró que, con los ingresos declarados en dicho período, no podría haber solventado los gastos señalados, determinando por ello el monto de ingresos omitidos que aquí se cuestiona.
A efectos de resolver sobre la cuestión expuesta, debe tenerse en consideración la validación efectuada por parte del Fisco Nacional referida a la justificación de las acreditaciones bancarias en el Citibank en fechas 24/11/2009 y 01/07/2010 por valor de U$S 120.000 y U$S 300.000, con motivo de haber exteriorizado dos inmuebles originariamente inscriptos a nombre de La Esterlina S.A..
En efecto, surge de las respectivas escrituras en las cuales se otorgaron los préstamos y se constituyeron las hipotecas sobre los inmuebles finalmente exteriorizados a nombre del apelante, que el Sr. Rusconi recibió el 24/11/2009 US$ 210.800, de los cuales solamente depositó en su cuenta bancaria U$S 120.000, mientras que el 01/07/2010 recibió US$ 350.000, de los cuales solamente depositó en su cuenta bancaria US$ 300.000 (cfr. fs. 27/40 vta., Cuerpo Circularizaciones Escribanos, AA, y fs. 105/120, Cuerpo Circularización Citibank, AA). En razón de lo expuesto, entiendo que el apelante contaba con fondos para financiar los consumos que el Fisco pretende cuestionar. Al respecto, es dable señalar que el Fisco Nacional no ha acreditado un destino distinto de aquellos fondos, razón por la que el ajuste en el período fiscal 2012 habrá de ser revocado. Respecto de las costas, las mismas se imponen en el orden causado, toda vez que no obstante el desarrollo explicitado por este Tribunal, no es menos cierto que la operatoria del apelante puede comprenderse únicamente a partir del momento en que el mismo se adhirió al régimen establecido por la Ley N° 27.260 y de que los préstamos contraídos en el período fiscal 2012 no fueron materia de ajuste fiscal.
VIII. Que, respecto de los ajustes referidos a las operaciones bursátiles gravadas -negociación de cheques de pago diferido y colocación de capital percibiendo intereses- en los períodos fiscales 2010 y 2011, y no habiendo opuesto defensa alguna la recurrente, los mismos se confirman, con costas.
En el mismo sentido, el ajuste fiscal referido a la diferencia en menos declarada respecto de los ingresos de la cuarta categoría en el período fiscal 2012, también habrá de ser confirmado, con costas.
IX. Que toda vez que el recurrente no expresa agravios sobre los intereses resarcitorios, corresponde sean confirmados.
X. Que finalmente, en atención al fallecimiento del recurrente acreditado en autos y a la solicitud efectuada oportunamente por la representación fiscal, corresponde declarar extinguida la acción penal respecto de la aplicación de la multa debatida en autos, de conformidad con lo establecido en el art. 54, último párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), imponiendo las costas por su orden en tanto el fallecimiento se produjo con posterioridad al dictado de la resolución apelada.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto determina impuesto y accesorios, con costas, con excepción del ajuste analizado en el Considerando VI, el que se revoca con costas por su orden, y declarar extinguida la acción penal respecto de la aplicación de la multa debatida en autos, de conformidad con lo establecido en el art. 54, último párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), costas por su orden.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al Voto de la Dra. Guzmán.
En mérito a la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto determina impuesto y accesorios, con costas, con excepción del ajuste tratado en el Considerando VI, el que se revoca, con costas por su orden.
2. Declarar extinguida la acción penal respecto de la aplicación de la multa debatida en autos, de conformidad con lo establecido en el art. 54, último párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), con costas por su orden.
3. Ordenar al Fisco Nacional, que en el término de treinta (30) días de notificado la presente, practique la respectiva liquidación, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran a su disposición en la Mesa de entrada de este Tribunal.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 52 del RPTFN, por encontrarse vacante la Vocalía de la 3era. Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.07.11 08:01:31 ART Date: 2025.07.11 13:20:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.11 13:21:07 -03:00
Fin de la sentencia