Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julio Miguel De Vido, con costas en la instancia, ESTAR al procesamiento dictado en esta causa por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto del nombrado, y devolver las presentes actuaciones a su procedencia para que tome razón de lo aquí decidido y, luego, las envíe al juzgado a quo a fin de que continúe con la sustanciación del proceso según su estado (arts. 456, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ss. del CPPN).
II. Tener presente la reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).
///nos Aires, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticinco, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques -Vocales-, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en el presente legajo CFP 15448/2016/15/CFC1 del registro de esta Sala I, caratulado “RUTA, Carlos y otros s/ recurso de casación”.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques.
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
I. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de abril de 2024, resolvió por mayoría, y en lo que aquí interesa: “(…) II. REVOCAR el punto dispositivo nro. 8 de ese resolutorio y en consecuencia decretar el procesamiento de Julio Miguel De Vido en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de coautor (artículos 45, 174 inciso 5, y 173 inciso 7, del Código Penal), DEBIENDO el Sr. juez de grado proceder con arreglo a lo indicado en los considerandos”.
II. Contra esa decisión, interpuso recurso de casación la defensa particular de Julio Miguel De Vido, el que fue concedido por la cámara a quo y mantenido ante esta instancia.
1 Registro Nro. 350/25 En punto a la admisibilidad del recurso deducido, destacó la trascendencia de la resolución impugnada (auto de procesamiento) y la necesidad de asegurar el derecho a la doble instancia, de conformidad con lo establecido tanto en el bloque constitucional de derechos humanos (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), como en el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), entendiendo que se trata de uno de los supuestos de sentencia equiparable a definitiva. En tal sentido, apoyó su argumentación en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en la causa “Diez, Horacio Pedro y otro” (Fallos: 344:3782).
Invocó, además, la existencia de una cuestión federal, por entender que ha sido afectado el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más breve al enjuiciamiento, teniendo en cuenta que su asistido ha sido sometido a un extenso proceso sin haberse definido el hecho atribuido ni la subsunción legal correspondiente.
Planteó la errónea interpretación de la ley penal sustantiva y la afectación de las garantías referidas al requisito de motivación de las sentencias, como así también la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales argumentadas tanto por la defensa, como por el juez de primera instancia en la resolución que fuera revocada.
En punto a los agravios que constituyen el objeto de la impugnación, comenzó por reseñar los antecedentes del caso, describiendo los fundamentos de la resolución en la que el juez de instrucción dictó el sobreseimiento del imputado, y los agravios planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal en el recurso de apelación oportunamente deducido.
A continuación, desarrolló críticas de orden general respecto del pronunciamiento impugnado, afirmando que el voto de los jueces que conformaron la mayoría contiene un segmentado relevamiento de las constancias de la causa, que catalogó de arbitrario.
En esa dirección, luego de transcribir los pasajes del fallo vinculados con la situación procesal de su asistido, planteó que la conclusión a la que arribaron los magistrados resulta contraria a los elementos de prueba obrantes en la causa, ya que, tal como lo había afirmado el juez de primera instancia, no surgió intervención alguna del acusado en los hechos que vulneraron al erario público, en virtud de la acotada participación que le cupo en su rol de Ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN).
Argumentó que en el fallo se utilizaron construcciones tautológicas tales como “complejo de políticas a su cargo”, “máxima autoridad de la cartera”, entre otras, que no son otra cosa que la atribución de responsabilidad penal basada en una mera responsabilidad objetiva.
Seguidamente, planteó que el pronunciamiento recurrido presenta contradicciones insalvables que imponen su descalificación por arbitrariedad. Señaló que los fundamentos en los que se analizó la conducta atribuida al acusado, se contraponen con los argumentos que se desarrollaron en el mismo fallo para confirmar los procesamientos de los coimputados.
En ese orden de ideas, destacó, por un lado, la afirmación según la cual al arquitecto De Vido, en su carácter de presidente del Consejo Asesor, le correspondía asumir las tareas de control del flujo de dinero y la aprobación de informes y rendiciones de cuentas; y, por otro lado, la afirmación de los mismos jueces que conformaron el voto de la mayoría, al analizar la situación de otras personas imputadas, sosteniendo que “el titular del MINPLAN (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) delegaba indistintamente en el Coordinador General y el Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor la facultad de realizar controles legales y técnicos contables que vieran necesarios (cláusula decimoquinta)”.
Destacó otra afirmación según la cual el coimputado Luis Alberto Vitullo “impulsó las transferencias dinerarias y avaló los pagos realizados con ese pretexto”.
Sostuvo la defensa que la atribución de la facultad de contralor que pretende atribuirse a todos los funcionarios intervinientes en forma indistinta, no tiene sustento normativo ni fáctico.
En el siguiente apartado, la parte recurrente planteó que en el fallo se omitió el tratamiento de cuestiones dirimentes para la correcta solución del caso, concretamente los argumentos expuestos por el imputado y su defensa al momento de realizar su descargo.
En tal sentido, hizo hincapié en el decreto presidencial 1148/2009 y en el convenio nº 1234/2011, que contemplaban la delegación de tareas y funciones por parte del acusado en su rol de ministro, en las personas designadas como coordinador general y secretario ejecutivo del mencionado consejo.
Agregó que, más allá de la delegación normativa en otros funcionarios, no resulta posible afirmar que el titular de la cartera ministerial haya tenido posibilidad real de efectuar el control del desarrollo de las obras y la correcta ejecución del presupuesto.
Puntualizó que la ampliación del presupuesto original, a través de las adendas, fue justificada por el requirente (Universidad Nacional de San Martín -UNSAM-) en la adquisición de equipamiento para el desarrollo de nuevas funcionalidades, de modo tal que se trata de una acción neutral que no generó perjuicio alguno al erario público. Expresó que la imputación de la firma de las “adendas” como una conducta concreta o un aporte material constituye un desvío de la plataforma fáctica delimitada por el juez de instrucción, y ratificada por los magistrados de la cámara al evaluar el procesamiento de los coimputados. Señaló que el control administrativo que se realizaba en la órbita del ministerio se limitaba al examen de las facturas y ejecución de los pagos, quedando fuera de esa tarea el control correspondiente al detalle y avance de la obra, el cual, en función del convenio macro, recaía en la UNSAM, que era la entidad universitaria capacitada que tenía los conocimientos técnicos específicos que motivaron su intervención desde un primer momento.
Reiteró que tales circunstancias fueron correctamente valoradas por el juez que dictó el sobreseimiento de su asistido y, en igual sentido, el voto mayoritario las tuvo en consideración al confirmar el procesamiento de los coimputados, pese a lo cual se omitió su ponderación a la hora de analizar la intervención que se le adjudicó al imputado Julio Miguel De Vido.
Por tal razón, entendió que se configura en el caso un supuesto de arbitrariedad, de conformidad con la doctrina de la CSJN, al haberse omitido considerar cuestiones oportunamente propuestas, que resultan conducentes para la correcta decisión del litigio.
En la misma línea de ideas, planteó que los magistrados incurrieron en una valoración fragmentada y aislada de la prueba, ya que arribaron a conclusiones diametralmente opuestas a las sostenidas por el juez de instrucción, sin ofrecer motivos válidos para explicar la distinta estimación de los mismos elementos de prueba. Entendió que tales falencias impiden entender cuál fue el itinerario lógico que siguieron los magistrados del voto mayoritario para arribar a sus conclusiones, configurándose la causal de arbitrariedad por fundamentación aparente de acuerdo con la doctrina del Máximo Tribunal, que se presenta cuando el fallo “prescinde de circunstancias relevantes del proceso, o no satisface la exigencia de validez de las decisiones que impone siempre la aplicación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos comprobados en la causa, por lo tanto, la decisión debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido…”.
Concluyó el apartado, afirmando que en el pronunciamiento recurrido confluyen múltiples causas autónomas de arbitrariedad que imponen su revocación como única solución posible para garantizar la vigencia de la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal.
En el siguiente punto de su presentación recursiva (“IV. c).- Otros problemas de imputación objetiva soslayados”), argumentó que, aun cuando se considere que existió un perjuicio al erario público, el imputado llevó a cabo conductas neutrales, cumpliendo los deberes a su cargo, desviadas, eventualmente, por un tercero. Entendió, por tal razón, que en el caso opera la prohibición de regreso que excluye la responsabilidad de su asistido, transcribiendo en este punto distintos precedentes jurisprudenciales con citas del análisis doctrinario desarrollado por Günther Jakobs. Señaló, además, que el pronunciamiento impugnado omitió la consideración del requisito de tipicidad subjetiva (dolo), habilitando la sanción por su objetividad típica y prescindiendo de la voluntad concreta del agente en el hecho, lo que implica una violación al principio de culpabilidad, incompatible con la Constitución Nacional.
En el último apartado, el recurrente expresó que el fallo de la cámara afectó la garantía constitucional de la doble instancia, al disponer el procesamiento del acusado, entendiendo que el tribunal de alzada debió haber ordenado la remisión al juzgado de primera instancia para que, en su caso, dictara el auto contemplado en el art. 306 del CPPN. Al no haber adoptado ese camino, afectó la posibilidad de revisión que merece toda resolución adversa a los intereses del acusado.
En función de todo ello, solicitó que se revoque el fallo dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y se mantenga el sobreseimiento dictado en la causa por el juez de primera instancia.
Hizo reserva de caso federal.
III. En el término de oficina se presentó la defensa de Julio Miguel De Vido y amplió los fundamentos con base en los cuales solicitó que se haga lugar al recurso presentado, se revoque el fallo impugnado y se mantenga el sobreseimiento dictado respecto de su asistido.
Por otro lado, en la oportunidad prevista en el art. 468 del CPPN, esa parte presentó breves notas mediante las cuales se remitió a los fundamentos desarrollados en la presentación recursiva y en aquella previamente mencionada, y destacó sucintamente las cuestiones fundamentales que, a su criterio, necesariamente debían ser tomadas en cuenta al momento de llevarse a cabo la deliberación. Finalmente, hizo reserva del caso federal.
Superada esa etapa procesal, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.
IV. En punto a la admisibilidad de la impugnación deducida, es dable asentar que como integrante de esta cámara vengo sosteniendo que el auto de procesamiento no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del CPPN, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr. criterio sostenido en causas nº CFP 15306/2016/6/CFC1 “López, Norberto Ariel s/ recurso de casación”, reg. 815/18 del 24/8/2018; nº CFP 1391/2017/1/CFC1 “Scervino, Luis s/recurso de casación”, reg. 951/18 del 18/9/2018; nº 10565/2016/CFC1 “Juárez, Daniel Alberto s/ recurso de casación”, reg. n° 1108/18 del 18/10/2018, todas del registro de esta Sala I, entre tantas otras).
También, y tal cual expuse en la causa N° FSA 25650/2018/CFC1, “Alegre Guzmán, Yoselin y otro s/recurso de casación”, reg. 116/20 de esta Sala I, rta. el 02/03/2020, el procesamiento no puede ser equiparado al pronunciamiento condenatorio al que alude el art. 8.2.h de la CADH, de manera que la sola invocación de este artículo y del 14.5 del PIDCyP, no permite soslayar la inexistencia del requisito de sentencia definitiva o equiparable en los términos del art. 457 del CPPN (confr. esta Sala I –con otra integración- en la causa nº 15.590, “González, Jorge Luis s/rec. de casación”, reg. nº 19.236, rta. el 28/02/12. En sentido análogo, se expidieron la Sala II, causa nº 13.862, “Galeano, Juan José s/recurso de queja”, reg. n° 18.311, rta. el 11/04/11, y la Sala III, causa nº 12.980 “Macri, Mauricio s/ recurso de queja”, reg. n° 778/12, rta. el 7/6/12, entre muchas otras).
Y aun cuando se considerase que el auto de procesamiento es de aquellos “autos procesales importantes”, ello no obliga a otorgar un control de doble conforme al momento de su dictado pues “la amplitud con la que debe comprenderse el recurso de casación como vía para la revisión integral del fallo (confr. ‘Casal’ Fallos: 328:3399), permite en esa oportunidad ejercer dicha revisión” (cfr. esta Sala – con diferente integración- en la causa 34000260/2011/1, “Sarmiento, Rafael s/ recurso de casación, reg. nº 88/15 del 10/03/2015 y Sala III, causa nº 11.829, “Mitchell, Alejandro s/ recurso de casación”, reg. nº 1299/12 del 13/9/12). En el mismo sentido, en el citado precedente, señalé que compartía los argumentos del juez Pedro David, quien interpretó que “(d)el art. 8, apartado 2, inciso h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se infiere que la garantía mínima de obtener la revisión del fallo por un tribunal superior comprenda decisiones anteriores a la sentencia final de la causa. La referencia que hacen los informes de la Comisión IDH a los autos procesales importantes no constituye un estándar de derechos humanos que pueda considerarse establecido. Ello por cuanto no ha habido hasta ahora ningún pronunciamiento de la Corte IDH, sea por vía de ejercicio de sus jurisdicciones consultiva o contenciosa, que haya establecido una interpretación del art. 8.2.h en los términos y con el alcance de aquellos informes”.
De ese modo, concluyó diciendo que “(l)a Corte IDH ha sentado el alcance de esa disposición en el caso ‘Herrera Ulloa v. Costa Rica’ (sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C, Nº 107). En ella se trataba de una infracción a ese artículo por indisponibilidad de un recurso contra la sentencia condenatoria del peticionario, que permitiese una revisión integral del fallo. La Corte IDH no ha pronunciado allí ningún obiter del estilo del pronunciado por la Comisión. Por su parte, el caso ‘Mohamed vs. Argentina’, del 23 de noviembre de 2012, también se trata de una sentencia de condena y, si bien allí se habla de una ‘doble conformidad judicial’, lo cierto es que siempre en referencia a un fallo condenatorio” (cfr. causa CCC 18314/2014/2/CFC1, “Castillo, Oscar y otro s/ recurso de casación, reg. nº 1702/16 del 13/9/2016 de la Sala II de esta Cámara).
Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Diez, Horacio Pedro” de fecha 28 de diciembre de 2021 (Fallos: 344:3782), sostuvo que la garantía del doble conforme prevista en el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos rige para “autos procesales importantes”, incluyendo entre éstos al auto de procesamiento. Allí, admitió el recurso extraordinario federal interpuesto contra la resolución que denegó la instancia casatoria intentada contra el auto de procesamiento dictado por la cámara de apelaciones, haciendo una excepción al requisito de sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48), en tanto el recurrente “ha sostenido un agravio dirigido a evitar la desnaturalización de reglas procesales estructurales vinculadas, en esta oportunidad, con la operatividad del derecho legalmente previsto al doble conforme del auto de procesamiento (artículo 311, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación), cuestión que no podrá ser subsanada posteriormente”.
Con posterioridad al dictado del fallo de cita, el Alto Tribunal, en el precedente “Delgado” (CFP 21664/2018/1/RH1, de fecha 7 de abril de 2022), se apartó -en un caso análogo- de la doctrina allí sentada y, ante la impugnación de una declaración de inadmisibilidad de un recurso de casación dirigido a cuestionar un procesamiento dictado por la cámara de apelaciones, afirmó que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)”.
Sin embargo, la doctrina del fallo “Diez” (Fallos:
344:3782), fue ratificada en el precedente “Elicabe, Ricardo s/ incidente de recurso extraordinario” (sentencia del 24/11/2022 dictada en el legajo FSA 24000743/2004/1/1/1/RH2) y más recientemente en el precedente “Juárez, Daniel Alberto s/ infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c)” (sentencia del 22/06/2023 dictada en el legajo CFP 10565/2016/5/RH1). Así, en términos de un leal acatamiento a la línea determinada por el precedente “Diez” (Fallos: 344:3782), el análisis de admisibilidad debe ceder en aras de un adecuado servicio de justicia, impidiendo la prolongación del proceso y provocando inseguridad en los justiciables.
En efecto, la CSJN ha sostenido “(q)ue tan incuestionable como la libertad del juicio de los jueces en ejercicio de su función propia es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de esta Corte Suprema tiene, por disposición de aquélla y de la correspondiente ley reglamentaria, autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, Constitución Nacional, art. 14, ley 48). Que ello impone ya que no el puro y simple acatamiento de su jurisprudencia –susceptible siempre de ser controvertida como todo juicio humano en aquellas materias en que sólo caben certezas morales– el reconocimiento de la superior autoridad de que está institucionalmente investida. Que apartarse de esa jurisprudencia mencionándola pero sin controvertir sus fundamentos (…) importa desconocimiento deliberado de dicha autoridad” (Fallos: 212:51, del 6/10/1948).
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la celeridad en la resolución de conflictos como parte de la debida administración de justicia resulta un requisito indispensable que debe imperar en todo proceso penal, considero que corresponde la intervención de esta Cámara Federal de Casación Penal.
Es que el Alto Tribunal, en el considerando 8 del citado fallo “Diez” (Fallos: 344:3782), sostuvo que “…el a quo tampoco ponderó qué temperamento correspondía adoptar -ya fuera por sí o por el tribunal que este dispusiera- para evitar que, como consecuencia del particular trámite procesal antes reseñado, se convalidara sin fundamento suficiente la supresión lisa y llana del derecho al doble conforme al que se ha hecho referencia” (el resaltado me pertenece).
Adoptar una interpretación distinta a la propuesta ut supra conllevaría un ritualismo innecesario, en detrimento de la celeridad procesal.
En el caso concreto, la cámara a quo concedió el recurso de casación interpuesto por la defensa, entre otras razones, con base en la doctrina sentada por la Corte en el fallo “Diez” (resolución del 26/4/2024).
Por todo lo expuesto, atendiendo a las particularidades del sub examine, estimo que el recurso de casación interpuesto en la presente causa resulta admisible en virtud de la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Diez” (Fallos: 344:3782), por lo que corresponde ingresar al estudio del recurso intentado por la defensa del imputado Julio Miguel De Vido.
V. Sentado cuanto precede, adelanto que el procesamiento dictado por la cámara a quo no presenta los vicios que alega la defensa, toda vez que el resolutorio luce ajustado a derecho y a las constancias de la causa. En primer término, cabe señalar que los hechos que constituyen el objeto procesal de la causa, descriptos en oportunidad de recibírseles declaración indagatoria a los imputados, consisten en lo siguiente: “Haber participado de la maniobra realizada en perjuicio del erario público y en el marco del ‘Convenio de cooperación para la implementación del Laboratorio de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales’ suscripto entre el entonces Ministro Julio De Vido, titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el entonces rector de la UNSAM Carlos Ruta –Universidad Nacional de San Martín- (ACUDGDyME 1603/11).
“Este convenio tuvo su origen en la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T; decreto 1148/2009), que a su vez creó el Consejo Asesor que estaba presidido por el susodicho ministro, y cuyo Secretario Ejecutivo era Luis Alberto VITULLO; tales autoridades sin fundamentación normativa ni fáctica apreciable designaron a la UNSAM como la única institución que íntegramente usufructuaría un complejo de laboratorios destinados al desarrollo de nuevas tecnologías y contenidos audiovisuales, para lo cual se remodelaría, acondicionaría y equiparía a los edificios propiedad del estado nacional (que venía ocupando la UNSAM en razón de un Permiso de Uso Precario y Gratuito otorgado por el ONABE, hoy revocado) sitos en la calle Sánchez de Bustamante nros. 59/63/75/77/81/89/95/99 y Bartolomé Mitre nro. 3366 de esta ciudad.
“Tales obras y adquisiciones fueron llevadas a cabo por la UNSAM por cuenta y orden del susodicho Ministerio, con fondos del estado nacional, sin aportar para las mismas un servicio –propio de sus competencias académicas- que justifique su gravitante intervención en la operación de marras.
“Sus montos fueron establecidos en: el convenio suscripto con fecha 09/08/2011 (Min. Plan./UNSAM) donde se consigna la suma de $ 165.000.000 ($65.000.000 para obra civil y $100.000.000 para compra de equipamiento) y en las siguientes adendas complementarias al mismo: Adenda complementaria nro. 1 del 15/07/2013, que modifica monto anterior disponiendo que el presupuesto global aplicable ascenderá a $220.000.000 ($99.000.000 obra civil y $121.000.000 equipamiento) justificando el mismo en que era necesario continuar con los desarrollos relacionados con la implementación del ´SATVD-T´; Adenda complementaria nro. 2 del 21/10/2014 que modifica el monto anterior ascendiendo el presupuesto total aplicable en el precio tope de $435.026.138 ($ 238.743.181 para obra civil y $196.282.956 para el equipamiento) justificando tal incremento en que se agregaban nuevas funcionalidades al proyecto de infraestructura, y la Adenda complementaria nro. 3 del 15/07/2015 que eleva presupuesto total a $520.0026.138 ($ 278.743.181 para obra civil y $ 241.282.956 para equipamiento) que no obstante el anterior carácter de precio tope justifican tal incremento también por la incorporación de nuevas funcionalidades al proyecto. Todas las adendas fueron suscriptas por Julio Miguel De Vido y Carlos Ruta.
“En el marco de ese convenio y adendas por un lado se formaron los siguientes expedientes: UNSAM CUDAP: SO1- 0000291/2015 ´Adquisición de un MoCap CIARDI. Contratación por cuenta de terceros Nº 1/2015´ mediante el cual se contrató a la firma Sistemas de Video Comunicación S.A. (SVC S.A.) con fecha 29/04/2015 para la provisión del equipamiento informático, suscribiendo el contrato el rector Carlos Ruta y Domingo Alfredo Simonetta por la empresa; expte: SO1- 0010870/2013 ´Contratación por cuenta y orden de terceros Nº 16/2013´ mediante el cual se contrató a la firma Urban Baires S.A. con fecha 27/05/2014 para realizar la obra civil de los trabajos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales en la sede de la UNSAM Sánchez de Bustamante, suscribiendo el contrato el rector Carlos Ruta y Horacio Hernán Pérez por la empresa.
“El perjuicio económico que se imputa, respecto de los montos irrogados por la obra civil y adquisición de equipamiento surge primeramente al tener en cuenta los montos presupuestados por las empresas URBAN BAIRES y SVC y aprobados y receptados por las autoridades del otrora Ministerio de Planificación y la UNSAM, que lo fueron en las sumas de $222.993.181,06 para la realización de la obra en los edificios susodichos, y por SVC S.A. en la de $ 107.376,072,00 para el equipamiento tecnológico. Esto fue contrastado con los valores determinados en labor que llevara a cabo por disposición del Juzgado la Sala B del Tribunal de Tasaciones de la Nación, con intervención de las partes (glosado a fs. 585/597), que practicando tasación, fijó los siguientes valores en acta del 28/12/2017 a septiembre de 2015 para ambos rubros: $129.532.464,38 para la obra civil; y para el equipamiento $ 81.924.698,81.
Esto determinó un sobreprecio en el presupuesto de $93.428.892,74 en la obra civil (72,15%) y con relación al valor real del equipamiento CIARDI/MOCAP completo, el sobreprecio que se advierte respecto de lo presupuestado es la suma de $25.451.373,19 (31,07%). “Conforme surge del informe de tasación no solamente se verificaron precios superiores con relación al valor de mercado, sino que incluso se constató que fueron certificados rubros en su totalidad (100%) que no habían sido realizados, conforme surge del ítem c) de la tasación y de los certificados finales de obra suscriptos por el Arquitecto Raúl PIERONI (director de obra por la UNSAM) glosados en autos donde se resalta cada uno de los rubros en cuestión.
“De esta forma el valor total de lo aprobado y contratado fue la suma de $ 330.369.253,06, mientras que su valor de mercado era $ 211.457.163,19, lo cual determina que la diferencia total en demasía o sobreprecio fue de $ 118.912,089,87, o sea, un 56,23%.
“Esto debe ser complementado con el peritaje contable que obra a fs. 614/6, donde se determinan los montos presupuestados; los facturados por UNSAM a Min Plan; los pagados por éste a la universidad y los montos pendientes de pago, en cuanto a los sobreprecios determinados.
“Asimismo, se previó en la cláusula decimotercera del convenio antedicho ´Honorarios y Gastos Administrativos´ que el monto de los honorarios correspondientes a la Universidad por la implementación y desarrollo de los proyectos debería alcanzar como límite máximo el 10% del supuesto efectivamente ejecutado, siendo efectivamente pagada a la UNSAM la suma de $5.400.000 (vid. desagregado del peritaje contable) sin que se haya pormenorizado ni especificado en qué consistían tales gastos administrativos en concreto y la justificación de los mismos, lo cual es conteste con lo antedicho en el sentido de lo injustificado de su intervención, resultando ello y en lo que atañe a este específico, otra faceta del perjuicio patrimonial al erario público” (los subrayados son del pronunciamiento recurrido).
VI. En el pronunciamiento impugnado, los jueces que conformaron la mayoría comenzaron por desarrollar las razones por las que confirmaron el resolutorio de fecha 8/3/2024 dictado por el juzgado de instrucción, que dispuso el procesamiento de Luis Alberto Vitullo, Carlos Rafael Ruta, Raúl Eugenio Pieroni y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, por resultar coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173, inc. 7, y 174, inc. 5, del Código Penal); y el procesamiento de Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez y Domingo Alfredo Simonetta, por resultar partícipes necesarios del mismo delito.
Si bien el mencionado fallo de la cámara, en lo que hace a la situación procesal de las personas identificadas en el párrafo anterior, no ha sido impugnado ante esta instancia, resulta necesaria una breve referencia a los fundamentos desarrollados en ese análisis, en virtud de su relación con los agravios planteados en esta oportunidad por la parte recurrente.
En esa dirección, fueron relevados los antecedentes normativos de la carta de intención firmada entre el titular del MINPLAN (Julio Miguel De Vido) y el rector de la UNSAM (Carlos Rafael Ruta), el 28 de abril de 2011. El primero de ellos, el decreto 1148/2009 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), de fecha 31 de agosto de 2009, que creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T). La norma aludida identificó los objetivos del sistema y creó el Consejo Asesor del SATVD-T en la órbita del mencionado ministerio, cuyo fin era asesorar en la consecución de las finalidades previstas en la norma, disponiendo que estaría presidido por el titular de la cartera (Julio Miguel De Vido), quien podría delegar el rol en un funcionario de su ministerio.
Luego, se destacó la resolución 1785/2009 del MINPLAN, de fecha 18 de septiembre de 2009, mediante la cual se estableció, entre otras cosas, que el titular de la cartera coordinaría, implementaría y organizaría el Consejo Asesor, integrado por un Coordinador General y un Secretario Ejecutivo, designándose en el primer cargo a Osvaldo Mario Nemirovsci y en el segundo, a Luis Alberto Vitullo. También se relevó el contenido del decreto 364/10 del PEN, de fecha 15 de marzo de 2010 (que declaró de interés público a la Plataforma nacional de televisión digital terrestre); y el decreto 1552/2010 del PEN de fecha 28 de octubre de 2010 (que creó el Plan nacional de telecomunicaciones “Argentina conectada”).
En el mismo sentido, se tuvo en cuenta el acta aprobatoria 7/2010 de fecha 28 de junio de 2010, mediante el cual el presidente del Consejo Asesor (Julio Miguel De Vido) aprobó el Plan operativo de fomento y promoción de contenidos audiovisuales digitales del SATVD-T con su reglamento general, y sus objetivos. Además de ello, le fue encomendado al Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor (Luis Alberto Vitullo) que arbitre los medios necesarios para instrumentar las acciones derivadas de ello.
Con base en tales antecedentes normativos fue firmada la carta de intención anteriormente mencionada, entre el titular del MINPLAN (Julio De Vido) y el rector de la UNSAM (Carlos Rafael Ruta), que en su cláusula primera establecía el compromiso de las partes para articular las acciones necesarias para desarrollar e implementar el Laboratorio del conocimiento para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, el Centro de investigación y desarrollo para la producción de contenidos, el Laboratorio de producciones audiovisuales y transmisión de señales televisivas, y un Cine de alta definición.
En la cláusula tercera se estableció que los objetivos específicos se desarrollarían en los edificios pertenecientes a la Universidad, sitos en la calle Sánchez de Bustamante Nº 59/63/75/77/81/89/95/99 y en la calle Bartolomé Mitre Nº 3366, ambos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se dispuso que los proyectos se realizarían a partir de los requerimientos que presentaran indistintamente el coordinador general (licenciado Osvaldo Nemirovsci) y/o el secretario ejecutivo (licenciado Luis Alberto Vitullo). Luego de ello, el 9 de agosto de 2011, fue firmado el Convenio de cooperación para la implementación del Laboratorio de investigación y desarrollo de tecnologías y contenidos audiovisuales digitales entre el MINPLAN (representado por Julio Miguel De Vido) y la UNSAM (representada por Carlos Rafael Ruta).
Entre las cláusulas del Convenio aludido, fueron citadas en el fallo las siguientes: “(…) la UNSAM le brindaría al MINPLAN la cooperación necesaria para el desarrollo del Laboratorio de investigación y desarrollo de tecnologías y contenidos audiovisuales digitales, el que comprendería los dispositivos aludidos en la cláusula primera de la carta de intención (cláusula primera); se repitió que la ubicación de los proyectos sería en el predio de Sánchez de Bustamante (cláusula segunda); que la coordinación de los proyectos se daría entre Hugo Nielson, Secretario de Relaciones Institucionales de la UNSAM, el Coordinador General Osvaldo Nemirovsci y el Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor Luis Alberto Vitullo (cláusula tercera); que los dos últimos funcionarios remitirían a la universidad un requerimiento con el detalle del presupuesto máximo que podría ser utilizado para los proyectos, los que podrían modificarse por las partes (cláusula cuarta); que el Coordinador General o el Secretario Ejecutivo, indistintamente, aprobarían o desestimarían los proyectos de la universidad (cláusula quinta); que la UNSAM debería respetar en todo momento las definiciones dadas, ´en particular, los presupuestos acordados, los plazos de ejecución y las etapas de desarrollo´ (cláusula sexta); que la UNSAM remitiría informes parciales de avances de ejecución y uno final al Consejo Asesor, el que podría aprobarlos, desestimarlos o solicitar las adecuaciones que estimara (cláusula séptima); que el MINPLAN desembolsaría los fondos a la UNSAM siempre que los informes fueran aprobados por el Consejo Asesor (cláusula octava – desembolso de fondos); que las rendiciones de cuentas de la UNSAM debían ser aprobadas por el Consejo Asesor (cláusula octava – rendición de cuentas); que el presupuesto global era de $165.000.000, de los que hasta $65.000.000 serían para la obra civil y $100.000.000 para la compra de equipamiento (cláusula décima segunda); que el titular del MINPLAN delegaba indistintamente en el Coordinador General y el Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor la facultad de realizar controles legales y técnicos contables que vieran necesarios (cláusula decimoquinta); y que en principio el convenio tendría un término de un año (cláusula vigésima segunda)”.
A continuación, se destacó la firma de la adenda complementaria número 1, entre el titular del MINPLAN (Julio Miguel De Vido) y el rector de la UNSAM (Carlos Rafael Ruta), de fecha 15 de julio de 2013, mediante la cual se modificó la cláusula decimosegunda del convenio original, aclarándose que el presupuesto total sería de $220.000.000 ($99.000.000 para la obra civil y $121.000.000 para el equipamiento), como así también el convenio firmado el 5 de septiembre de 2013, entre el Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor (Luis Alberto Vitullo) y el rector de la UNSAM (Carlos Rafael Ruta). El 21 de diciembre de 2014 fue firmada la adenda complementaria nro. 2 entre el MINPLAN y la UNSAM, mediante la cual volvió a modificarse la cláusula decimosegunda original, a raíz de la presentación, por parte de la entidad educativa, de un proyecto de obra de infraestructura reelaborado, con el objetivo de agregar nuevas funcionalidades. En función de ello, se estableció un nuevo monto total de $435.026.138 ($238.743.181 para la obra civil, y $196.282.956 para equipamiento), aclarándose que el monto mencionado tenía carácter de precio tope, es decir, el precio máximo a financiar por el MINPLAN.
El 15 de junio de 2015 se firmó la adenda complementaria nro. 3, entre las mismas personas que suscribieron las anteriores (Julio Miguel De Vido y Carlos Rafael Ruta), mediante la cual se indicó que, para incorporar nuevas funcionalidades al Centro de investigación aplicado a la animación, efectos visuales y audio, era necesario incrementar el presupuesto hasta la suma total de $520.026.138 ($278.743.181 para la obra civil y $241.282.956 para equipamiento).
Por otro lado, fueron detallados los procedimientos de contratación mediante los cuales resultaron adjudicados los trabajos a la empresa Urban Baires S.A. (proyecto de construcción del laboratorio), y a la empresa SVC SA (infraestructura tecnológica).
En el siguiente apartado del pronunciamiento recurrido, los jueces de la cámara señalaron que la hipótesis delictiva predicada por el juzgado de instrucción encontraba razonable sustento en los hechos y normas invocadas para su análisis.
En ese orden de ideas, respondieron a los agravios planteados por los distintos recurrentes, comenzando por las críticas dirigidas a los informes realizados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTS) y por el Cuerpo de Peritos Contadores.
En lo que aquí interesa destacar, en el primero de los informes aludidos se estableció el valor de la obra civil en la suma de $144.065.577,08 y, dado que el cálculo original era de $222.993.181,06, se concluyó que existió un sobreprecio de $78.926.978,80 (54,79%).
Se agregó que, de las verificaciones realizadas en el lugar de la obra, no se comprobó la efectiva realización de todo lo computado, citándose como ejemplo el rubro “esmalte sintético reja perimetral” y su estimación en $427.200, pese a que en el predio no había ninguna reja de esas características. Por tal motivo, se realizó un análisis de cómputos que consistió en descontar lo que se pagó y no fue ejecutado, arribándose a la suma de $2.193.627,96.
En definitiva, la obra fue tasada en $129.532.464,38, mientras que lo presupuestado por encima de esa suma fueron $93.428.892,74, es decir, un 72,15% de más.
En lo que respecta al equipamiento del CIARDI (Centro de investigación aplicada en recursos digitales de alta complejidad), incluido el MOCAP (sistema digital de captura de movimientos), se estableció un valor total de $81.924.698,21 y, dado que el presupuesto de la UNSAM fue de $107.376.072, se calculó un sobreprecio de $25.451.373,19, es decir, un 31,07% superior.
En el Anexo III se consignaron “gastos no verificados”, consistentes en prestaciones que no tenían la documentación respaldatoria correspondiente, a partir de lo cual se concluyó que se presupuestaron y luego se cobraron servicios no prestados por un monto superior a los cinco (5) millones de pesos.
Fue destacada la relevancia de las fotografías del estado de los inmuebles, instalaciones y equipamientos anexadas al informe, en cuanto a la elocuencia “de una realidad que contrasta con los objetivos y propósitos declarados en el convenio que dio origen a las obras objeto de esta causa”.
La conclusión que se obtuvo del informe de tasación analizado fue que el costo conjunto de la obra civil y equipamiento ascendió al total de $211.457.163,19, y dado que se abonaron $330.369.253,06 se infirió la existencia de un sobreprecio de $118.912.089,87, lo cual significaba un 56,23% por encima del mencionado.
En lo que respecta al peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores, allí se indicó que los fondos remitidos por el MINPLAN a la UNSAM totalizaron la suma de $371.628.192,05 y que de la documentación analizada surgía que la universidad había aplicado efectivamente $294.066.173,48, motivo por el cual se encontraba pendiente de rendición, al 9 de diciembre de 2015, la suma de $77.562.018,58, sin haberse advertido observaciones del MINPLAN.
También fue valorado, en el pronunciamiento en crisis, el informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el que se ratificó la existencia de irregularidades, inconsistencias y violaciones normativas en todo lo actuado por el MINPLAN y la UNSAM. Se destacó que el mencionado organismo de control indicó “concretas ilicitudes relativas a la selección del predio en el que se realizaron las obras civiles y al que se destinaría el equipamiento provisto por SVC; a la aplicación de un modelo de contratación incompatible con la obra, habida cuenta que los fondos destinados a ella provenían del MINPLAN, y no de un ente privado; al otorgamiento de adelantos financieros sin que se aportaran las garantías correspondientes; a la ausencia de cualquier información que permitiera entender por qué sólo se invitó a ciertas empresas a realizar ofertas, en detrimento del proceso licitatorio que debió imperar a propósito de la envergadura del proyecto; entre otras”.
Con base en la prueba examinada, los jueces de la cámara concluyeron que se encontraba acreditada la intervención de los acusados Luis Alberto Vitullo, Carlos Rafael Ruta, Raúl Eugenio Pieroni, Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez y Domingo Alfredo Simonetta, con el grado de provisoriedad exigido por el art. 306 del CPPN.
En ese sentido, consideraron que el cuadro probatorio reunido resultaba suficiente respaldo de la hipótesis investigada en la causa, conforme con la cual, “en el marco de los acuerdos celebrados entre el MINPLAN y la UNSAM, los funcionarios públicos que intervinieron teniendo a su cargo la administración de dineros públicos violaron los intereses confiados con la colaboración de los particulares que actuaron, causando un perjuicio al patrimonio estatal”. Expresaron que, más allá de la oportunidad, mérito o conveniencia sobre el modo o forma por la cual el MINPLAN decidió realizar las obras, y las modificaciones en los proyectos originales y en las funcionalidades que se sumaron a la marcha de la idea original, las evidencias agregadas a la causa apuntaban a la existencia de millonarios sobreprecios en las obras contratadas por la UNSAM con dinero del MINPLAN, en el pago de prestaciones que no se cumplieron y en diversas irregularidades que rodearon a los actos cumplidos. Seguidamente, examinaron las pruebas y detallaron las razones que permitían asignarles responsabilidad a cada uno de los acusados, en los términos del art. 306 del ordenamiento adjetivo.
Así, tuvieron en cuenta la intervención que les cupo a Raúl Eugenio Pieroni (a cargo de la oficina de infraestructura de la UNSAM y representante técnico de la obra) y a Carlos Maximiliano Schwerdtfeger (secretario general de la universidad), en tanto fueron quienes con sus actos (firma de certificados de obra, aval de anticipos financieros y adelantos a cuenta de futuras certificaciones) permitieron que el dinero fluyera sin control, a pesar de que, según la hipótesis de la acusación, su entrega no estaba justificada. En el caso de Carlos Rafael Ruta (rector de la UNSAM), se tuvo en cuenta que fue quien dispuso la concreción de los negocios que permitieron el perjuicio patrimonial del Estado, incumbiéndole el control y final aprobación de lo hecho por sus subordinados.
Respecto de Martín Diego Ramírez (representante técnico de Urban Baires S.A.) y de Horacio Hernán Pérez (quien actuó en nombre de la mencionada empresa firmando el contrato con la UNSAM), se valoró la entidad de los sobreprecios que habrían sido pagados como así también las prestaciones comprometidas. La misma decisión se adoptó respecto de Domingo Alfredo Simonetta (representante de SVC S.A.), destacándose “la exorbitancia de lo abonado así como lo dudoso de lo computado en la contratación alcanza a dicha firma, según surge de los peritajes realizados”.
En el caso de Luis Alberto Vitullo, fue ponderado el rol preponderante que tuvo en el desarrollo de los acontecimientos, en su rol de Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor, carácter en el cual participó en los convenios celebrados entre el MINPLAN y la UNSAM, detallándose las facultades que le fueron expresamente asignadas en la normativa anteriormente citada.
En ese marco, se tuvo en consideración que el nombrado “ejerció estas prerrogativas por sí, como lo demuestra el hecho de que fuera él quien interviniera en el convenio del 5 de septiembre de 2013 suscripto con la UNSAM y estuviera al tanto de los detalles que hacían al CIARDI. De esta forma, impulsó las transferencias dinerarias y avaló los pagos realizados con ese pretexto”.
VII. En el siguiente apartado del pronunciamiento en crisis, los magistrados de la cámara que en este punto conformaron la mayoría desarrollaron las razones por las que consideraron responsable por los hechos en cuestión al imputado Julio De Vido, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en ambas instancias, con el grado de provisoriedad requerido por el art. 306 del ritual. En esa línea de ideas, destacaron que el decreto 1148/2009 del PEN incorporó al Consejo Asesor del SATDV-T en la órbita del MINPLAN, estipulando que el titular de este último, es decir el imputado De Vido, lo presidiría. Agregaron que el nombrado aprobó la resolución 1785/2009 del MINPLAN, y suscribió el acta aprobatoria 7/2010 del Plan operativo de fomento y promoción de contenidos audiovisuales digitales del SATVD-T.
A partir de la valoración de tales antecedentes, expresaron que “el titular del MINPLAN tenía a su cargo un complejo de políticas que coincidían en erigirlo como máxima autoridad en la materia”.
Puntualizaron que, en el carácter señalado, el imputado firmó con el rector de la UNSAM la carta de intención del 28 de abril de 2011, el convenio del 9 de agosto del mismo año y las tres adendas, surgiendo de tales documentos distintas disposiciones que aludían a funciones reservadas sólo al titular del MINPLAN y condicionaban los proyectos que a través de ellos se establecían.
Hicieron hincapié en que el convenio aseguraba que la UNSA debía respetar en todo momento las definiciones dadas, “en particular, los presupuestos acordados, los plazos de ejecución y las etapas de desarrollo” (cláusula sexta), y le reconocía al Consejo Asesor, que era presidido por el imputado Julio Miguel De Vido, diversas tareas de control en cuanto al flujo del dinero, y la aprobación de informes y rendiciones de cuenta (cláusulas séptima y octava).
Destacaron la importancia de la adenda complementaria 2 firmada por Julio Miguel De Vido, en lo que hace al tope máximo fijado de dinero que debía destinarse a las obras, pese a lo cual el nombrado firmó la adenda complementaria 3, en la que aumentó nuevamente los montos destinados a la UNSAM. En función de ello, consideraron que “la prueba colectada permite aseverar la intervención material del nombrado en cada uno de los tramos de la maniobra, incluyendo las instancias en la que se suscribieron las sucesivas adendas. No puede olvidarse que, según la acusación, estos instrumentos se orientaron a ampliar el presupuesto del proyecto y alterar el objeto de las contrataciones, constituyéndose en el mecanismo que se empleó para canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas”.
De esa forma, “la supuesta realización de los hechos habría sido llevada a cabo a través de conductas concretas desplegadas por ese funcionario público, lo que amerita considerarlo al menos en esta instancia coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
VIII. De todo lo anterior se desprende que, contrariamente a lo sostenido por la parte impugnante, la cámara a quo ha realizado un análisis adecuado de la situación y ha expresado las razones que determinaron su decisión, cumpliendo con la motivación exigida por los arts. 123, 306 y 308 del CPPN para considerar su resolución como un acto jurisdiccional válido.
En efecto, de la lectura de la resolución recurrida se observa que la cámara a quo ha dado fundamentos suficientes para revocar la decisión del juez de primera instancia, por considerar que en el sub examine hay elementos que, con el grado de provisoriedad propio de la etapa en la que se encuentra el proceso, permiten estimar configurada la materialidad del hecho y la figura legal atribuida. En tal sentido, respecto de la intervención adjudicada al imputado De Vido, la cámara a quo ha tenido en cuenta las características de la maniobra defraudatoria desplegada con motivo de los proyectos que surgieron de los convenios celebrados entre el MINPLAN y la UNSAM, y la relevancia de la intervención que le cupo al nombrado en su rol de titular del ministerio aludido.
En ese orden de ideas, fue valorada la comprobación de millonarios sobreprecios en las obras contratadas por la UNSAM con el dinero del MINPLAN, y el pago de prestaciones que no se cumplieron, aspectos de la maniobra defraudatoria que se vincularon con la comprobada intervención material del acusado en los distintos tramos de los acontecimientos relatados, en particular la firma de las sucesivas adendas que fueron ampliando las sumas de dinero que originalmente se habían presupuestado y alterando el objeto de las contrataciones, todo lo cual fue evaluado en sostén de la decisión que se adoptó sobre la situación procesal de Julio De Vido, compartiendo el criterio del Ministerio Público Fiscal que le asignó una intervención dolosa en la maniobra considerada constitutiva del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en los términos del art. 306 del CPPN.
De ese modo, las alegaciones de la parte recurrente expuestas en el recurso en trato traslucen una disconformidad con el análisis efectuado por la cámara a quo sobre la cuestión, sin lograr conmover, a través de los argumentos expuestos, los fundamentos antes señalados.
En efecto, no se advierten las contradicciones insalvables que el recurrente le asigna al fallo en crisis, puesto que del mismo se desprende la responsabilidad que se les asignó a cada uno de los acusados en función de la diferente intervención que habrían tenido en el desarrollo de los hechos investigados, teniendo en mira el grado de provisoriedad de la etapa procesal en la que se encuentra el legajo y la complejidad de la maniobra ilícita que constituye el objeto del sumario, cuyos extremos, tanto en lo que hace a su materialidad como a la responsabilidad de cada uno de los actuantes en el marco de sus funciones, podrá ser dilucidada en la siguiente etapa con la mayor amplitud de conocimiento y discusión entre las partes.
En este punto, en la presentación realizada por el Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Alzada (por la cual mantuvo el recurso deducido contra el sobreseimiento dictado), ha destacado la consideración del descargo de uno de los acusados (Luis Alberto Vitullo), según el cual habría sido el imputado Julio Miguel De Vido, en su rol de Ministro, quien habría decidido la puesta en marcha del proyecto, aprobado el presupuesto y sus ampliaciones; elemento que, valorado en el marco del cuadro probatorio descripto, llevó a la acusación a sostener la necesidad de determinar, en un debate oral y público, las responsabilidades de cada uno de los intervinientes en el suceso en trato.
En función de todo ello, no se advierte la insuficiencia probatoria alegada respecto de la comprobación de los elementos objetivos y subjetivos requeridos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP), por cuanto en el fallo se han dado razones suficientes con el alcance exigido por el art. 306 del ordenamiento adjetivo, para sostener la estimación probatoria acerca de la concurrencia de los presupuestos del tipo penal mencionado y la posible responsabilidad del imputado.
A partir del análisis desarrollado precedentemente, considero que la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que revocó el sobreseimiento de Julio Miguel De Vido y decretó su procesamiento en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes (CSJN, Fallos 302:284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la vez que está exenta de fisuras lógicas y resulta una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las particulares circunstancias de la causa.
Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julio Miguel De Vido con costas en la instancia, estar al procesamiento dictado en esta causa por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto del nombrado, y devolver las presentes actuaciones a su procedencia para que tome razón de lo aquí decidido y, luego, las envíe al juzgado a quo a fin de que continúe con la sustanciación del proceso según su estado (arts. 456, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ss. del CPPN). Por último, tener presente la reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).
Tal es mi voto.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
I. Que, aún cuando de manera sostenida hemos señalado que la resolución contra la que se interpone el recurso casatorio no se trata de alguno de los autos contenidos en el art. 457, CPPN (cfr. en lo pertinente y aplicable causas CFP 15306/2016/6/CFC1, “LÓPEZ, Norberto Ariel s/ recurso de casación”, reg. nro. 815/18, rta. el 24/08/18; FCR 15964/2018/1/CFC1, “LÓPEZ, Armando Javier y LÓPEZ, Sergio s/ recurso de casación”, reg. nro. 1881/20, rta. el 21/12/20; FCR 22000293/2013/CFC1, “MÜLLER, Luís Eduardo y otro s/ recurso de casación”, reg. nro. 285/21, rta. el 12/03/21, entre otras), lo cierto es que a partir de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “DIEZ” (Fallos 344:3782), “ELICABE” (FSA 024000743/2004/1/1/1/RH002, rto. el 24 de noviembre de 2022) y “JUÁREZ” (CFP 10565/2016/5/RH1, rto. el 22 de junio de 2023), en casos como los que aquí se presentan -auto de procesamiento dictado por una Cámara de Apelaciones-, esta Cámara Federal de Casación Penal se encuentra autorizada a ingresar al examen del recurso con el objeto de asegurar la tutela eficaz del derecho de defensa, el debido proceso legal y el derecho al doble conforme, todo ello de acuerdo a los lineamientos establecidos por el más alto Tribunal.
II. Ahora bien, superado el test de admisibilidad, con el fin de no extendernos en demasía sobre cuestiones que han sido objeto de un pormenorizado tratamiento y por compartir, en lo sustancial, las consideraciones vertidas en el voto del colega que nos precede, hemos de adherir a la solución propuesta por el señor juez Daniel Antonio Petrone en cuanto corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julio Miguel De Vido, con costas en la instancia; estar al procesamiento dictado por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correcciones Federal respecto del nombrado en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de coautor (arts. 45, 174 inciso 5 y 173 inciso 7 del CP); devolver las presentes actuaciones a su procedencia para que tome razón de lo aquí decidido, y luego las envíe al juzgado a quo a los fines de que continúe con la sustanciación del proceso según su estado (arts. 530 y ccds. del CPPN), y tener presente la reserva del caso federal (art. 14, Ley 48). Es nuestro voto.
El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:
Sin perjuicio de mi criterio en relación a la admisibilidad de la vía recursiva (conf. causa Prestofelippo, Eduardo Miguel, Sala II, reg. nro. 1285/22, rta. el 6/10/22), habiendo sido vencido por el voto concordante de los colegas que me preceden en el orden de votación, corresponde analizar el fondo del asunto sometido a inspección casatoria. Sentado cuanto precede, adelanto que el procesamiento dictado por la cámara a quo no presenta los vicios que alega la defensa toda vez que el resolutorio luce ajustado a derecho y a las constancias de la causa.
En efecto, del relevamiento normativo y de lo expuesto en el voto que lidera el Acuerdo, surge que existen elementos de prueba suficientes para esta etapa procesal, que demostrarían el despliegue de maniobras fraudulentas en el marco del convenio de Cooperación para la implementación del laboratorio de investigaciones y desarrollo de tecnologías y contenidos audiovisuales digitales (CIARDI) suscripto entre el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN) a cargo de Julio Miguel De Vido y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) representada por Carlos Rafael Ruta.
El análisis realizado en la resolución recurrida da cuenta del cuadro probatorio recabado y que a partir de éste es posible inferir provisoriamente que “en el marco de los acuerdos celebrados entre el MINPLAN y la UNSAM, los funcionarios públicos que intervinieron teniendo a su cargo la administración de dineros públicos violaron los intereses confiados con la colaboración de los particulares que actuaron, causando un perjuicio patrimonial estatal.”. Pues bien, la posible responsabilidad penal de Julio De Vido, se afirmó a partir del análisis de diversa normativa en la que se enmarcaron los sucesos y la responsabilidad que le cabía a éste en la implementación de los programas tecnológicos dispuestos.
En esta línea, resulta relevante recordar que el Decreto PEN 1148/2009 del 31/8/2009 instauró el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), basado en un conjunto de patrones tecnológico que debían implementarse para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión y sonido. Se creó un Consejo Asesor, en la órbita del ex Ministerio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y se dispuso que estaría presidido por el titular de dicha cartera, que el Coordinador General sería el Licenciado Luis Alberto Nemirovsci y el Secretario Ejecutivo, Luis Alberto Vitullo. Por otra parte, el decreto PEN 364/10 del 15/3/2010 declaró de interés público a la plataforma nacional de televisión digital terrestre, a desarrollarse por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (AR-SAT) y se otorgaron facultades al Consejo Asesor del SATVD-T para delinear acciones gubernamentales que posibilitaran la universalización de la tecnología digital tanto a nivel de transmisión como de recepción de los servicios audiovisuales.
Luego, el 28 de junio de 2010, por medio del acta 7/2010, el presidente del Consejo Asesor Julio Miguel De Vido aprobó el Plan operativo de fomento y promoción de contenidos audiovisuales digitales del SATVD-T con su reglamento general, cuyos objetivos eran propiciar el fortalecimiento de la capacitación, producción y difusión de contenidos audiovisuales (artísticos, sociales, deportivos, informativos, didácticos, infantiles, entre otros), que expresaran tanto la identidad local como nacional y regional en el marco del SATVD-T. Además, le encomendó al Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor Luis Alberto Vitullo, emprender las acciones necesarias para instrumentar los referidos objetivos. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto nro. 1552/2010, que creó el Plan nacional de telecomunicaciones “Argentina conectada” y estableció los ejes estratégicos.
El referido marco normativo propició, en primer término, la suscripción de la carta intención el 28 de abril de 2011 entre el titular del MINPLAN, Julio Miguel De Vido y el rector de la UNSAM, Carlos Rafael Ruta. Se establecieron compromisos de cooperación para la implementación de un laboratorio de conocimiento para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Se estableció que los centros de formación se desarrollarían en los edificios ubicados en la calle Sánchez de Bustamante nro. 63/59/75/77/81/89/95/97/99 y Bartolomé Mitre 3366, de CABA y que los proyectos a desarrollarse lo serían a partir de los requerimientos en forma indistinta del Coordinador General el Licenciado Luis Alberto Nemirovsci y del Secretario General el Licenciado Luis Alberto Vitullo del Consejo Asesor.
El 9 de agosto de 2011 Julio Miguel De Vido (por MINPLAN) y Carlos Ruta (por UNSAM) firmaron el convenio de cooperación para la implementación del laboratorio de investigación y desarrollo de tecnologías y contenidos audiovisuales digitales (CIARDI), que estaría conformado por un laboratorio del conocimiento para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, un centro de investigación y desarrollo para la producción de contenidos, un laboratorio de producciones audiovisuales y transmisión de señales televisivas y un cine de alta definición. Se estableció un presupuesto de $160.000.000, que contemplaba las condiciones para el desarrollo del proyecto, reglamentando los requerimientos, aprobaciones, rendiciones de cuentas, entre otras particularidades, para la realización de la obra civil necesaria para la instalación y el equipamiento de un centro de tecnologías digitales en los edificios citados.
Con posterioridad también los nombrados suscribieron tres adendas que complementaron el referido convenio. La primera por un valor de $220.000.000 (15/7/13), la segunda de $435.026.188 (21/10/14) y la tercera de $520.026.138 (15/6/15). A partir de estas se incrementó exponencialmente el presupuesto establecido en el proyecto original a fin de continuar con los desarrollos vinculados con la implementación del SATVD-T y el aumento de funcionalidades.
Los informes del Tribunal de Tasación de la Nación, de la SIGEN y del peritaje contable concluyeron que existieron millonarios sobreprecios tanto en las obras llevadas a cabo como en el equipamiento contratado por la UNSAM con dinero del MINPLAN. Asimismo, se afirmó que existieron pagos por prestaciones que no se cumplieron y diversas irregularidades que rodearon los actos cumplidos, lo que permitía verificar el perjuicio causado al erario público.
A partir del relevamiento que antecede, la cámara a quo, luego de analizar la participación que le cupo a los consortes de causa en la maniobra, también consideró penalmente relevante la intervención de Julio Miguel De Vido, en tanto que su actuación se verificó desde el inicio, como máxima autoridad del Ministerio a cargo y en tal carácter suscribió el acuerdo y las adendas que incrementaron el presupuesto original.
Afirmaron que “De todos estos documentos surgían disposiciones que, nuevamente, aludían a funciones reservadas sólo al titular del MINPLAN y condicionaban los proyectos que a través de ellos se establecían.”. Asimismo, indicaron que “… el convenio aseguraba que la UNSAM debería respetar en todo momento las definiciones dadas, ‘en particular, los presupuestos acordados, los plazos de ejecución y las etapas de desarrollo’ (cláusula sexta) y le reconocía al Consejo Asesor, presidido precisamente por De Vido según el decreto 1148/2009, diversas tareas de control en cuanto al flujo de dinero y la aprobación de informes y rendiciones de cuentas (cláusulas séptima, cláusula octava – desembolso de fondos y cláusula octava – rendición de cuentas).”.
Agregaron que “El propio texto de la adenda complementaria 2, firmada por [D]e Vido, ponía un coto al dinero que debía destinarse a las obras (‘el citado monto tiene carácter de precio tope, que será desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en el ‘CONVENIO’. Entiéndase por precio tope, el precio máximo a financiar por el ‘MINISTERIO’’) y, sin embargo, fue el mismo titular del MINPLAN quien en la adenda complementaria 3 aumentó nuevamente los montos destinados a la UNSAM.”.
En virtud de ello concluyeron que las pruebas agregadas al sumario daban cuenta de un aporte material del encausado en los diversos tramos de la maniobra. En particular, recordaron que en la teoría del caso de la fiscalía, la suscripción de las adendas tuvieron como finalidad aumentar el presupuesto del proyecto y alterar el objeto de las contrataciones, conformando el mecanismo empleado para canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas.
En este contexto, corresponde la realización del debate a fin de escuchar, entre otros, a los testigos subordinados a Vitullo –Maximiliano Seif, María Eugenia Calderón y Mariano Sukis- quienes según refiriera el imputado Raúl Eugenio Pieroni concurrían regularmente a la obra e interactuaban con el equipo de la Universidad que estaba todo el día en la construcción. Estos podrían ilustrar sobre los pormenores que decantaron en las solicitudes de modificaciones al proyecto que implicaron dar marcha atrás con la obra ya realizada y rehacerla con otras características como así también en qué medida intervenían los diversos actores. Sin perjuicio de lo expuesto y en relación al descargo realizado por Julio Miguel De Vido, en cuanto a que desconocía los pormenores de la evolución del proyecto ya que poseía facultades normativas para delegar en un funcionario las tareas específicas del Consejo, lo que habría sido materializado en la delegación indistinta en el Coordinador General y/o en el Secretario Ejecutivo, cabe hacer notar que también en su descargo Julio Alberto Vitullo señaló que fue el ex ministro, y no él, quien decidió la puesta en marcha del proyecto y aprobó el presupuesto y sus ampliaciones, ya que, el deponente no se encontraba facultado ni tenía entre sus atribuciones para decidir la celebración del convenio ni tampoco la asignación de presupuesto.
En este punto, viene al caso recordar lo que ya sostuve en el precedente “Pérez Osuna” en cuanto a que la delegación de funciones a órganos inferiores para instrumentar ciertos aspectos de la gestión pública y la necesidad de confiar en la labor desarrollada por otros, prima facie, no exime de responsabilidad a quien tiene el deber de velar por los intereses del Estado. Los costes de las organizaciones jerárquicas deben ser soportados por quienes se sirven de la jerarquía, a quienes les compete disponer mecanismos en los que razonablemente puedan confiar, para así cumplir con probidad las obligaciones a cargo como administrador de los bienes públicos (conf. CFP 9281/2017/TO1/CFC8 “Pérez Osuna, Atanacio y otros s/recurso de casación” Sala II, reg. 1488/23, rta. 4/12/23).
En esta misma línea, se expidió el recurrente en la instancia de apelación al señalar que: “…suele definirse a la delegación como técnica a través de la cual el delegante se descarga de funciones y competencias iniciales, traspasándolas al delegado y produciendo con ello una transformación de esferas de responsabilidad individual tanto del primero como del segundo. En la delegación, la posición de garante del delegado se correspondería con la responsabilidad por autoría con respecto al resultado no evitado, mientras que la responsabilidad del delegante sería la de la propia participación delictiva, por tanto no extinguiría su posición de garante, sino que la modificaría, de modo que los deberes de control y evitación de sucesos lesivos se conviertan en deberes de supervisión y vigilancia de la labor del delegado.”.
En consecuencia, teniendo en consideración el contexto en el que se gestó el acuerdo y las evidencias incorporados, corresponde confirmar el procesamiento del ex ministro Julio Miguel De Vido dado que en su rol de máxima autoridad habría intervenido desde el inicio en el proyecto de televisión digital terrestre, con una posición jerárquica a cargo de la implementación del mismo, la facultad de aprobar y ampliar el presupuesto, teniendo a cargo la administración y manejo de los fondos públicos. Habría intervenido materialmente a lo largo de la evolución del acuerdo celebrado con la Universidad de San Martín, suscribiendo el convenio y las sucesivas adendas que aumentaron exponencialmente el presupuesto previsto para el proyecto, que produjeron un daño patrimonial a las arcas del Estado.
Por consiguiente, será el juicio el ámbito propicio para discutir, de manera amplia, el alcance de los deberes del nombrado en su función de velar por el efectivo cumplimiento del proyecto y la alegada delegación de determinadas funciones en el Secretario Ejecutivo.
En virtud de lo apuntado, considero que la decisión mayoritaria de la Sala II de Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes (CSJN, Fallos 302:284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la vez que está exenta de fisuras lógicas y resulta una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las particulares circunstancias de la causa.
La resolución recurrida ha dado fundamentos suficientes para hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar el sobreseimiento dictado y en consecuencia decretar el procesamiento de Julio Miguel De Vido en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por cuanto en el sub examine hay elementos que permiten considerar configurada la materialidad del hecho y la figura legal atribuida.
Por todo lo expuesto, adhiero a la propuesta de rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa particular, con costas en la instancia, estar al procesamiento dictado por la cámara a quo y devolver las presentes actuaciones a su procedencia para que tome razón de lo aquí decidido y que continúe con la sustanciación del proceso según su estado (arts. 465, 530 y cc. del CPPN).
Por todo ello, en mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal,
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julio Miguel De Vido, con costas en la instancia, ESTAR al procesamiento dictado en esta causa por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto del nombrado, y DEVOLVER las presentes actuaciones a su procedencia para que tome razón de lo aquí decidido y, luego, las envíe al juzgado a quo a fin de que continúe con la sustanciación del proceso según su estado (arts. 456, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ss. del CPPN).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial –CIJ– (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
Fin de la sentencia