Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 822/2011 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 64/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12315-3000-2006/1, en cuanto exige a las coactoras, el pago de los tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA que ascienden a la suma de pesos sesenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos con dieciocho centavos ($ 61.156,18), con más los intereses del art. 794 del CA, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora SA Importadora y Exportadora de la Patagonia. Con costas.
2Revocar las percepciones de IVA adicional y Ganancias en relación a las coactoras. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-44890033-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Abril de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria (por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “SA Importadora y exportadora de la Patagonia y acumulados 30.433-A”.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 24/30 se presenta la firma SA Importadora y Exportadora de la Patagonia, por apoderado, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 822/2011 (AD PASO) dictada en las actuaciones SIGEA 12315-3002-2006/1, por la que se confirma el Cargo N° 64/2007. Hace un “racconto” de lo ocurrido. Plantea el beneficio de excusión, cita y explica los arts. 311 y 312 del CA y afirma que su mandante se encuentra en segundo lugar de subsidiaridad, por lo que el art. 312 lo habilita, en su calidad de titular de derechos sobre la mercadería, a solicitar el beneficio de excusión sobre el responsable principal de la obligación, es decir el transportista. Cita variada jurisprudencia. Respecto a la responsabilidad tributaria señala que la figura del responsable sustituto debe entenderse que son aplicables en los casos son aplicables en los casos en que el medio transportador no llega a destino en tiempo y forma por circunstancias desconocidas o injustificadas, pero no en situaciones como la de autos en donde se ha tenido por acreditado el siniestro de robo a mano armada, el que fue debidamente informado a la autoridad policial y aduanera, tomando todas las previsiones a efectos de impedir cualquier siniestro sobre la carga. Impugna la liquidación de tributos toda vez que la mercadería es de origen intrazona, de acuerdo con el certificado de origen por lo que entiende le corresponde la preferencia arancelaria. Señala que respecto a los intereses afirma que su mandante no responde por la mora del deudor principal, sino por su propia mora una vez que sea exigible el pago. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se revoque la resolución, con costas.
II. Que a fs. 46ref/51ref se presenta ATA María Ruth Canteros, por apoderado, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 822/2011 (AD PASO) dictada en las actuaciones SIGEA 12315-3002-2006/1, por la que se confirma el Cargo N° 64/2007. Hace un raconto de lo ocurrido. Sostiene que no es responsable por lo tributos que gravarían la importación a consumo de la mercadería en el tránsito de marras. Sostiene que los responsables del ilícito son aquellos que se apoderaron de la mercadería y realizaron el hecho gravado con tributos a la importación, por ende son también los deudores conf. los art. 777 y 782 del CA. Afirma que el servicio aduanero debería reclamar el pago de los gravámenes a quienes resulten individualizados como autores o participes del contrabando en la causa penal instruida. Afirma que la mercadería objeto de robo a mano armada y contrabando debe considerarse perdida por fuerza mayor durante su tránsito de importación y por ende no sujeta a pago tributos tanto por el transportista como por el ATA, según la interpretación asignada al art. 315 del CA. Cita abundante jurisprudencia que avala su postura. Señala que TTamgo tomó todos los recaudos posibles a efectos de evitar la sustracción de la mercadería transportada, a dicho efecto contaba con un servicio de seguimiento satelital de la unidad permitiendo el monitoreo del trayecto del transporte, en el caso en particular estaba prevista una custodia del camión. Manifiesta que corresponde que se aplique el certificado de origen es decir con derechos 0% y de no considerar válido el certificado corresponde que los derechos de importación no excedan del 35 % ad valorem. Sostiene que en cuanto al IVA adicional debe tomarse la alícuota general normal dado que TTamgo posee CVI y respecto al impuesto a las ganancias debida es del 3% porque no se trataría por su naturaleza de una importación de mercadería para uso personal. Ofrece prueba. Asimismo a fs. 50ref. vta. se presenta por apoderado la firma TTamgo Transportes Internacionales SA y funda su recurso de apelación da por reproducidos lo expuesto en el escrito principal y ofrece las mismas pruebas que la Agente de Transporte Aduanero.
III. A fs. 54 ref. luce Acumulación Plenaria resuelta por este Tribunal, por la que se decide acumular el Expte. n° 30.441-A de la Vocalía de la 18° Nominación al que lleva el n° 30.433-A en tramita ante esta Vocalía.
IV. Que a fs. 60/62 ref. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Señala que no existe controversia en autos respectos de los hechos que dieron lugar a la formulación del cargo cuestionado, sino solo la interpretación efectuada por el juez administrativo de la normativa que resulta aplicable a la cuestión. En cuanto a la interpretación que realiza la actora del art. 315 del CA advierte que no es correcto por cuanto se ha aplicado al caso lo prescripto por el art. 310 del CA, y tal como se desprende del artículo, en primer lugar y para las operaciones como la de autos una presunción iure et de iure, de que la mercadería resulta definitivamente perdida, operando a los efectos tributarios y es independiente de lo que pretende justificar la actora como caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra, a fines de deslindarse de responsabilidad desde el punto de vista infraccional. Afirma que resulta manifiesta la intención de la contraria de interpretar de forma arbitraria la normativa que rige la operatoria aduanera, desvirtuando en un todo lo previsto por el legislador. Cita y explica los arts. 311, 312 y 315 del CA. Manifiesta que a través de la responsabilidad tributaria en cabeza del transportista se intenta garantizar al Fisco el abono de los tributos correspondientes ante la situación en la que la mercadería se incorporara al circuito económico. Concluye que en autos nació la obligación, atento haberse verificado fehacientemente la falta total de la mercadería por lo que deviene insolayable e ineludible la obligación le cabe al ATA en virtud de la aplicación de la normativa vigente. Indica que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 310 y 315 del CA conforme el art. 1164 del CA. Advierte que el ATA en todo caso debió tomar las precauciones del caso resguardándose frente a eventuales siniestros. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada con costas.
V. Que a fs. 69 ref. se abre a prueba la causa a prueba. A fs. 111 ref se elevan los autos a plenario a efectos acumular los presentes autos, que se produce con el decisorio a fs. 177 que se acumula el Expte. n° 31.502-A Falkowski Trasportes Limitada en trámite ante la Vocalía 18° a la presenta causa.
VI. Que a fs. 149ref./168ref. se presenta FALKOWSKY TRANSPORTES LIMITADA, por apoderado, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 822/2011 (AD PASO) dictada en las actuaciones SIGEA 12315-3002-2006/1, por la que se confirma el Cargo N° 64/2007. Hace un raconto de lo ocurrido. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1132, inc. 2 y 315 del CA porque afectan las garantías previstas en los arts. 16, 18 y 33 de la CN. Afirma debe declararse la incompetencia de este Tribunal remitiendo los actuados al Juez Federal de la Ciudad de Paso de los Libres por aduce que es el Juez natural, conforme a la normativa constitucional y fundamenta los extremos de sus agravios. Advierte que no existe duda respecto de la naturaleza jurídica de la obligación que se le impone al importador en cuanto al pago de los tributos de las mercaderías que ingresaron al país para su comercialización y consumo.
Advierte que la Convención de Kyoto establece la exención de los derechos normalmente exigibles cuando se establece a satisfacción de la Aduana que las mercaderías transportadas en tránsito aduanero han sido destruidas o irremediablemente perdidas por causa de accidente o fuerza mayor. Desarrolla la noción de fuerza mayor. Afirma que cuando nos encontramos frente a un ilícito, de robo a mano armada de una carga que se encuentre en tránsito aduanero o no, no hay duda de que se trata de un caso de fuerza mayor, pues es el hecho de un tercero, y se trata de una fuerza insuperable provocada por la amenaza con armas. Indica que la jurisprudencia admite la fuerza mayor en el trasporte en caso de robo a mano armada o crimen.
Indica que producido el siniestro de desapoderamiento de la mercadería trasportada por el hecho de un tercero, que actuando al margen de la ley, en contra de la voluntad del transportador y del ATA, mediante el uso de armas logran imponer la fuerza irresistible e imprevisible, estamos ante un caso de fuerza mayor, quedando eximido de responsabilidad el deudor de la obligación. Entiende que no es justo ni razonable que se considere que quien ilícitamente se apropió de los que no era suyo ponga en cabeza de quien sufrió el ilícito la responsabilidad tributaria, por un presunto uso de la mercadería, que ni siquiera se pudo determinar atribuido, en la especie. Advierte lo injusto de transferir la responsabilidad derivada de la negligencia del Estado a las víctimas del ilícito mediante la imposición de cargos por tributos por mercaderías en tránsito robadas, provoca la violación de derechos de la CN.
Sostiene que se encuentra probado en autos que el transportista formuló la denuncia por robo ante la policía y comunicó el hecho al servicio aduanero cumpliendo con la exigencia del 308 CA. Resalta que el servicio aduanero dio intervención a la justicia Federal. Ofrece prueba. Hace reserva de caso Federal. Solicita se deje sin efecto la resolución recurrida con costas.
VII. A fs. 172 ref/174ref la representación fiscal contesta el traslado conferido del recurso de fs. 149ref /168ref con idénticos argumentos a los vertidos en la contestación obrante a 60/62ref. Asimismo a fs. 175ref se la tiene por presentada.
VIII. Que a fs. 179 se resuelve tratar la excepción de incompetencia planteada por las actoras a fs. 153ref, como de previo y especial pronunciamiento de incompetencia en razón de la materia y del territorio planteada por las actoras, se elevan los autos a la Sala E. A fs. 192/193vta. se resuelve rechazar la excepción de incompetencia planteada y se dispone que los autos vuelvan a la Vocalía.
IX. Que las actuaciones SIGEA 12315-3002-2006/1 se inicia con la denuncia policial. A fs. 3 luce comunicación interna entre la sección de la Aduana. A fs. 6/9 luce print de pantalla del TRAS, MIC/DTA, Carta de Porte Rodoviario, y print de pantalla de la lista de ingreso de denuncia. A fs. 10 luce la Nota n° 49/05 (OFIC. G). A fs. 11 luce planilla de aforo. A fs. 12ref. luce requerimiento del servicio aduanero para que el ATA y la transportista presenten copia de la multinota. A fs. 13 luce Cargo N° 64/2007, cuyas constancias de notificación lucen a fs. 17/24 y 27/34. A fs. 35ref/41ref, 45ref./50ref., 68ref/71ref y 76ref lucen las impugnaciones interpuestas por las actoras contra el cargo y acompañan documental. A fs. 82/84 se proveen las presentaciones efectuadas por las actoras. A fs. 105/115 luce Dictamen N° 482/2011. A fs. 116/123 luce Resolución N° 822/2011 (AD PASO). Seguidamente las actoras acreditan la interposición de recurso y en ese estado se remiten los actuados a este Tribunal.
X. Que a fs. 69 se dispone hacer lugar a la prueba ofrecida por las coactora. A fs. 212 luce certificación de prueba. A fs. 213 se elevan los autos a la Sala E y a fs. 219 se ponen los autos a alegar, haciendo uso las coactacoras a fs. 225/228, 231/236 y la representación fiscal a fs. 229/230vta. . A fs. 250 pasan los autos a sentencia.
XI. Que, corresponde ahora analizar si se ajusta a derecho la Resolución n° 822/2011 (AD PASO) en cuanto confirma el Cargo N° 64/2007 y le intima el pago de tributos a las actoras, Falkowski Transportes LTDA., Ttamgo Transportes Internacionales, SA Importadora y Exportadora de la Patagonia y ATA Ruth María Canteros, con relación a la mercadería amparada por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada mediante MANI N° 05042 MANI037484H, TRAS N° 05042 TRAS 031191R y MID /DTA BR 1687.3172.
Que, a los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo del camión y semi-remolque que transportaban la mercadería.
Que tampoco se cuestiona la circunstancia de que no se habían abonado los tributos correspondientes a la mercadería involucrada, precisamente por encontrarse amparada en una destinación suspensiva de tránsito. Que el servicio aduanero formuló el Cargo N° 64/2007 por los tributos adeudados que ascienden a la suma de $ 111.030,41 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, IVA, IVA adicional y ganancias, con fundamento en los arts. 310, 312, 315 y cc. del Código Aduanero.
Que lo que fundamenta el cargo tributario formulado por la aduana es la responsabilidad por deuda ajena, es decir una responsabilidad indirecta o refleja, consagrada en forma expresa en el art. 312 del Código Aduanero, puesta expresamente por la ley en cabeza del transportista y el ATA que asumió la obligación de transportar a su riesgo la mercadería extranjera que no gozaba de libre circulación. Ese transporte lo realiza a título oneroso, recurriendo a un régimen de excepción (destinación suspensiva de tránsito de importación) que permite la importación de la mercadería sin abonar los tributos aduaneros correspondientes.
Que éste régimen, regulado en los arts. 296 y siguientes del C.A., autoriza que la mercadería importada, es decir, ingresada al territorio aduanero, pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 del C.A.).
Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, es decir en el empresario que asume su propia responsabilidad por la operación que compromete frente al servicio aduanero, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo fijado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que, por su parte, el art. 315 prevé un supuesto de eximición del tributo, cuando la mercadería resultare irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 (es decir, fundamentalmente aviso inmediato al servicio aduanero). En este supuesto, efectivamente, la norma prevé que la mercadería “...no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare a satisfacción del servicio aduanero”. Para no dar lugar a dudas sobre cuándo debe considerarse irremediablemente perdida, el legislador lo aclara al final de la misma norma “....cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero...”.
Que, corresponde precisar que no está en discusión que la persona que cometió el robo y, por ende, quien introdujo ilícitamente a plaza la mercadería sustraída, es el que ha realizado el hecho gravado por la importación para consumo irregular (arts. 310 y 311 del CA) y, en esa condición es deudor por deuda propia de los tributos aduaneros correspondientes (conf. art. 777 del CA).
Que, frente a las escasas posibilidades de percibir esos tributos del ladrón contrabandista, el Código Aduanero contempla, para preservar los intereses fiscales, una responsabilidad por deuda ajena en cabeza del transportista y su agente de transporte aduanero (Basaldúa, Ricardo Xavier, Sujetos gravados por los tributos aduaneros, cit., pág. 104).
Que, en definitiva, el Código Aduanero al regular la destinación de tránsito de importación (arts. 311, 312 y 315) ha establecido un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, es decir un responsable indirecto, con el fin de proteger con eficacia los intereses fiscales en juego. Tal solución, que está expresada con claridad, se confirma en el sistema, pues se reitera con relación a las destinaciones suspensivas de depósito de almacenamiento (arts. 211 y 293) y de importación temporaria (arts. 261 y 274).
XII. Que atento al dictado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 11 de diciembre de 2012, recaída en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, debo señalar que comparto el voto –en minoría- de la Sra. Vicepresidenta y Ministro de la Corte, Dra. Highton de Nolasco en el sentido de que el siniestro que afectó el tránsito de importación no constituye causal eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, pues tal dispensa solo tiene lugar si el siniestro ocasiona la pérdida irremediable de la mercadería, sin embargo, por razones de seguridad jurídica y economía procesal, me debo ajustar a lo resuelto por el voto de la mayoría en la CSJN, por lo tanto procederé a analizar las particularidades del caso y si las mismas se adecuan al mencionado fallo.
Que la mercadería en cuestión consistía en 5967 kg de la mercadería de la PA 6302.60.00 (toallas), la que ingresó por la Aduana de Paso de los Libres, con destino –Ituzaingo Provincia de Buenos Aires.
Que, según las constancias obrantes en la causa, el medio de transporte con su carga (camión marca SCANIA patente ABE 5139 y semi-remolque patente IDE 3913, fue robado a mano armada cuando transitaba en proximidad de Seibas.
Que de las constancias incorporadas a fs. 1/2 surge que el día 10/4/2005, encercanía de Seibas, se habría producido el robo del camión que transportaban la mercadería objeto de autos, privando al chofer ilegítimamente de su libertad bajo amenaza de armas de fuego, siendo liberado en la General Paz, Provincia de Buenos Aires. Que el chofer del camión realizó la denuncia, de la cual luce constancia a fs. 1/2 de los antecedentes, en la Comisaria de Villa Fiorito Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires el mismo día que se cometido el ilícito. Que el ATA, no dio aviso de lo ocurrido a la DGA, sino que mediante mail de la Sección Resguardo de fecha 13/4/2005 (fs. 3 ant. adm) pone en conocimiento al servicio aduanero de la falta de arribo del tránsito, manifiestando que tiene conocimiento de ello en forma extraoficial por información brindada por el despachante de aduanas, y mail de fecha 19/5/2005 reitera que se cambie el estado de los TRAS conforme el mail del 13/4/2005.
Que a fs. 10 la Sección S, con fecha 7/6/2005, efectúa un requerimiento al ATA para que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, presente antecedentes alguno de robo. El cual nunca fue cumplido.
Que en atención a que el ATA no cumplió con su deber de poner en conocimiento a la DGA del robo, es que podemos afirmar que el ATA no ha dado cumplimiento a los extremos exigidos en el art. 308 del CA. Téngase presente que la demora en la comunicación al servicio aduanero, atenta contra su rápida intervención en su carácter de autoridad de prevención en la persecución de los delitos aduaneros, conforme el art. 1118 del CA. Que en virtud del análisis de las circunstancia de hecho, por si mismas, excluyen la aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, de fecha 11 de diciembre de 2012, toda vez que no encuentran los elementos fácticos referido del precedente judicial, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
XIII. Que, en relación a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, que se encuentran liquidadas en el Cargo N° 2142/2007, es que debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. N° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, en el presente caso, la importación a consumo irregular de la mercadería (hecho imponible) se realizó con fecha 10/4/2005, así el servicio aduanero formuló Cargo a fs. 13 con fecha 9/1/2007 razón por la cual corresponde tener a la intimación de pago como llevada a cabo fuera del período fiscal en que se produjo el hecho imponible, por lo que corresponde aplicar el mencionado precedente en este caso, con costas que se imponen por su orden por ser el fallo de fecha posterior al dictado de la resolución aquí apelada.
XIV. Que respecto del agravio de las co-actoras referido a que al formularse el cargo, la aduana no consideró el origen intra-mercosur de la mercadería cuestionada y le exigió el pago de los tributos a la importación a consumo por el régimen general, siendo que a dicha operación le sería aplicable el régimen preferencial establecido por el Mercosur, corresponde señalar que en virtud de que el certificado de origen es el documento necesario para acreditar el origen zonal de la mercadería del que deriva el beneficio del tratamiento arancelario preferencial invocado, y atento a que en la causa luce a fs. 55 un documento fotocopiado, carente de firma y de los elementos formales por lo que no se le puede atribuir la validez pretendida a dicho documento para que ampare la mercadería en trato, corresponde rechazar el planteo efectuado por las co-actoras al respecto.
A más de ello, debe tenerse presente que el beneficio arancelario previsto en el Régimen de Origen del MERCOSUR, solo es aplicable cuando el proceso de importación se realiza de manera “regular” y conforme a las normas aduaneras vigentes. Si la mercadería ingresa de manera irregular, ilícitamente, mediante contrabando, la preferencia arancelaria queda automáticamente excluida.
XV. Que, en atención a lo resuelto en el párrafo precedente, es que corresponder realizar una nueva liquidación respecto de las co-actoras, conforme lo resuelto en los considerandos precedentes, es que procedo a reliquidar: Derechos de importación $ 26.702,84 Tasa de estadística $667,57 IVA 21% $33.785,77 Total $ 61.156,18 Que corresponde modificar el Cargo apelado solamente respecto de las coactoras adeudan un importe en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, que ascienden a la suma de $ 61.156,18 con más los intereses del art. 794 del CA.
XVI. Que en relación a la inconstitucionalidad de los arts. 1132 ap. 2 y 315 del CA planteada por la recurrente, debe tenerse presente lo dispuesto al respecto por el art. 1164 del C.A., que expresamente prevé que “la sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”, es por ello que los agravios vertidos no pueden ser tratados en esta instancia. Además de ello, debe tenerse presente la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la que por mayoría se resolvió: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.” por lo que no corresponde hacer lugar al tratamiento del agravio vertido por la actora.
XVII. Que en cuanto al beneficio de excusión solicitado por la importadora cabe resaltar que, conforme lo normado por art. 312 del CA, “En los supuestos previstos en los artículos 310 y 311, se considerará al transportista o a su agente, en su caso, como deudor principal de las correspondientes obligaciones tributarias y como responsables subsidiarios del pago, en forma solidaria, a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importación, quienes podrán invocar el beneficio de excusión respecto del deudor principal”.
Que corresponde hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la recurrente, toda vez que la Aduana debe atenerse al orden de prelación para satisfacer los tributos previsto en el art. 312 del CA, y en virtud de lo cual se advierte que establece la exigencia de pago en primer lugar al transportista o a su agente, y solamente en su defecto corresponderá la exigencia a aquellos que están ubicados en un plano subsidiario.
Por ello voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 822/2011 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 64/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12315-3000-2006/1, en cuanto exige a las coactoras, el pago de los tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA que ascienden a la suma de pesos sesenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos con dieciocho centavos ($ 61.156,18), con más los intereses del art. 794 del CA, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora SA Importadora y Exportadora de la Patagonia. Con costas.
2. Revocar las percepciones de IVA adicional y Ganancias en relación a las coactoras. Con costas por su orden. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad se resuelve:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 822/2011 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 64/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12315-3000-2006/1, en cuanto exige a las coactoras, el pago de los tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA que ascienden a la suma de pesos sesenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos con dieciocho centavos ($ 61.156,18), con más los intereses del art. 794 del CA, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora SA Importadora y Exportadora de la Patagonia. Con costas.
2. Revocar las percepciones de IVA adicional y Ganancias en relación a las coactoras. Con costas por su orden. Regístrese y notifíquese. Oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.04.29 12:46:27 -03:00 Date: 2025.04.29 13:28:15 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.29 13:28:16 -03:00
Fin de la sentencia