Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2411/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la parte actora a fs. 70/95 vta., y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 99/100 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2411/20-TSJ Interlocutorio N°: 3627 Actor: SAA ARTURO RICARDO Demandada: ESTADO PROVINCIAL DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 20-08-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3627 FOLIO Nº 6317/6322 PROT. ELECT. TSS1 048 I.211
Río Gallegos, 20 de agosto de 2021.-
Los presentes autos caratulados “SAA ARTURO RICARDO C/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTA CRUZ S/ AMPARO”, Expte. Nº S-19.936/20 (S-2411/20-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Dr. Daniel Mauricio Mariani y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación e incons-titucionlidad articulados por la parte actora (cfr. fs. 70/95 vta.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 55/62. Ésta rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmó la sentencia de Primera Instancia que declaró la improcedencia formal de la acción (cfr. fs. 61 vta./62). Asimismo impuso las costas de ambas instancias al vencido (cfr. foja 62). A su turno, la sentencia de Primera Instancia había declarado la improcedencia formal del amparo (cfr. fs. 25/33 vta.).-
II. Que el actor plantea, en sus recursos, que la resolución recurrida violenta y aplica erróneamente derechos constitucionales fundamentales garantizados por la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, como son el de trabajar y ejercer una profesión lícita, de contratar libremente (cfr. art. 9º) y la razonabilidad en la reglamentación de los derechos e interdicción de la arbitrariedad (cfr. arts. 1º, 3º y 8º ) (cfr. foja 82 vta.).-
Expresa que la resolución impugnada “...incurre en una arbitraria omisión -en violación a una doctrina legal clara- de tratamiento del planteo acerca de la afectación de la normativa impugnada al principio de jerarquía constitucional y de unidad de la legislación civil (arts. 31 y 75, inc. 12 CN)...” (cfr. foja cit.).-
Entiende que se incurre en diversos errores en la interpretación de las normas e institutos jurídicos aplicables. Anuda que en ese aspecto viola la letra clara de la ley o la interpreta erróneamente, por lo que califica a la resolución de arbitraria, sustentada sólo en la voluntad de los magistrados. Señala que se interpreta en forma errada y limitada el alcance de la acción de amparo como vía sumarísima; se le hace decir a las Leyes Nros. 3034, 3325 y normas concordantes sobre Ética Pública lo que ellas no dicen; se confunden los criterios aplicables al fenómeno del “conflicto de intereses”, etc.. (cfr. foja 83).- Manifiesta que: “Al dictar sentencia en autos, la Alzada concluye que para que proceda [e]l amparo se deben demostrar circunstancias objetivas de urgencia o amenaza de daño irreparable que justifiquen prescindir de los procesos ordinarios y recurrir a la vía sumarísima.
Señaló V.E, que del relato esbozado por mí y de las constancias de autos no surgiría nítidamente un gravamen irreparable y concreto que implique un desamparo de derecho por actuar ilegítimo y/o arbitrario del Estado demandado y que obligue en el sub judice al juzgador a dar un tratamiento urgente y extraordinario. Se agrega como supuesto argumento justificante que '…no se debe desconocer que el presentante puede seguir ejerciendo libremente su profesión, con la única limitación legal de no litigar en contra del Estado Provincial, para el que -por otro lado-, desempeña funciones…'. Como el STJ podrá advertir, se trata el referido de un fundamento incorrecto, que además ha sido expresado sin haber tomado en consideración todos los argumentos aportados por mi parte en el escrito de inicio y el posterior memorial de agravios.
Por otra parte, es claro que cuando estamos hablando de derechos fundamentales tan sensibles como son los que están implicados en este caso, los cuerpos legislativos deben extremar los recaudos de análisis y exponer los fundamentos de la necesidad de la medida que no puede ser fundada en meras afirmaciones genéricas y voluntaristas. En definitiva, no se ha aportado en autos (ni en la sentencia de grado ni en la de la Alzada) elemento alguno que permita desvirtuar el requerimiento de protección de los derechos fundamentales de mi titularidad y que se encuentran garantizados en la Constitución de Santa Cruz.” (cfr. foja cit.).- Añade que los preceptos cuestionados de la Ley Nº 3628 han sido sostenidos por la Alzada en contra de sus derechos constitucionales (cfr. foja 83 vta.).-
Dice que: “Asi las cosas, y a poco que se avance en el análisis del recurso interpuesto se advierte con facilidad que el mismo debe ser admitido y resuelto, principalmente, a través del carril del artículo 19 de la Ley 1687 (sic), en tanto, existe en autos un agravio concerniente a la aplicación de una norma provincial que se reputa inconstitucional.” (cfr. foja cit.).-
Aduce que: “...no se ha dado tratamiento alguno al planteo efectuado en el escrito de inicio sobre la afectación a la libertad de contratación, de trabajar y de ejercer una profesión lícita.” (cfr. foja cit.).-
Observa que la libertad de contratar implica la autonomía de la voluntad consagrada en la Constitución de la Provincia de Santa Cruz; en el Código Civil y Comercial; y en la Constitución Nacional. Transcribe los artículos 958 y 2651 del CC y C (cfr. fs. 83vta./84).-
Afirma que: “Vemos, así, que los preceptos legales que ha impugnado mi parte, violentan el derecho de contratar y de trabajar en la medida que el orden jurídico nacional aplicable a la materia (Código Civil y Comercial y Constitución Nacional) garantizan el derecho de mi parte a contratar con quien quiere, y con el contenido que la libre autonomía de la voluntad de las partes determine, lo cual no puede ser limitado de forma arbitraria, como sucede en el caso donde la legislatura provincial pretende imponer una prohibición de contratar sin una justificación razonable y más allá que se configure o no un conflicto de intereses. Todo ello ha sido soslayado de forma ilegítima por las anteriores instancias, provocando la supervivencia de una normativa local que es claramente inconstitucional...” (cfr. fs. 84 vta./85).- Manifiesta que este Alto Tribunal “...deberá preguntarse si el supuesto 'fin' de 'proteger los intereses de un recto servicio de justicia' mediante prohibiciones absolutas del ejercicio profesional no se traducen en una vulneración arbitraria de derechos y se terminan afectando principios fundacionales del régimen para los contratos que establece la legislación civil que rige a nivel nacional.
Esta circunstancia torna la pretensión de la legislatura local -que incorpora supuestos de incompatibilidad genéricos y sin atender a la concurrencia de conflictos de interés- en irrazonable, puesto que existe una clara falta de adecuación entre medios y fines alterándose así el valor justicia que debe contener todo acto estatal.”. Agrega que: “Dicho control es el que se ha venido a solicitar a la judicatura y que los magistrados actuantes no han protegido hasta aquí, por lo que se viene a solicitar a ese alto tribunal local que al resolver en el presente se pueda poner fin al irrazonable, ilegal y arbitrario proceder de la demandada. Debe concluirse, pues, que en el dictado de la Ley Provincial N° 3628, al ejercer su poder de policía sobre el ejercicio profesional de los abogados, la Legislatura local ha incurrido en una clara vulneración al principio de la razonabilidad (art. 17 CSC y 28 CN), tornando el acto en arbitrario.” (cfr. fs. 85 y vta.).- Observa que la falta de razonabilidad redunda en falta de proporcionalidad ya que el supuesto fin buscado de propender a la “calidad en el servicio de administración de justicia” (conforme fundamentos del proyecto oportunamente remitido) queda desbordado con la incompatibilidad de intereses.
Anuda que la regla de la proporcionalidad exige una adecuación cuantitativa entre la finalidad perseguida con la reglamentación y las facultades que se le otorgan al Estado, de modo que no está habilitado a conferir a aquella poderes materialmente innecesarios para lograr los fines que se propone (cfr. foja 85 vta.).- Afirma que: “La sentencia objeto del presente recurso incurre en un supuesto de violación de la ley aplicable, dado que, para resolver el caso, ha desechado la aplicación de la normativa que lo rige y resolvió el caso en función de la solución establecida por una norma que no resulta aplicable.” (cfr. fs. 85vta./86).-
Entiende que en el caso se ha configurado una evidente extralimitación en el ejercicio del poder de policía para la reglamentación de las actividades profesionales (cfr. foja 86).-
Observa que la regulación y fiscalización de las actividades profesionales se encuentra dentro de la órbita provincial (cfr. arts. 75, incs. 18 y 19; 121; y 125 CN), sin embargo, aclara que la Provincia no puede crear inhabilitaciones e impedimentos que obstaculicen o desnaturalicen el ejercicio y derechos que emanan de tales actividades (cfr. fs. 86/87).-
Aduce que la normativa impugnada invade, en forma evidente, la esfera propia del Código Civil y Comercial de la Nación ya que la capacidad de negociar y contratar surge del mencionado cuerpo normativo donde no se encuentra prohibida la actuación que la legislatura pretende prohibir (cfr. foja 87).-
Manifiesta que la libertad de contratar no puede quedar sometida a un capricho (cfr. foja 87 vta.).-
Dice que: “De tal forma vemos que, adicionalmente a todas las transgresiones constitucionales que han sido denunciadas en autos por mi parte, la norma impugnada, en tanto viola en forma flagrante artículos del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 958, 2651 y cctes.), debe ser declarada inconstitucional por transgredir abiertamente el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Ley Fundamental, según el cual la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que se dicten en su consecuencia por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras, están por encima de los ordenamientos jurídicos provinciales, que deben subordinarse a esa supremacía. Sin embargo, ninguna atención han dado al presente argumento al sentenciarse en primera y segunda instancia.” (cf. foja cit.).- Afirma que no reviste el carácter de funcionario público ya que no realiza ninguna gestión en representación del Estado Provincial pues no pertenece a la planta permanente, no ejerce la función de cargo político o de gabinete, no tiene funciones establecidas en la orgánica de la Honorable Cámara de Diputados, no tiene personal a cargo, no toma decisiones de ninguna especie, ni representa al Estado ni lo puede obligar en ninguna de sus esferas. Dice que sólo podría existir un conflicto de intereses para litigar contra la Cámara de Diputados, que es donde ejerce sus funciones como asesor del bloque. Asimismo sostiene que implica un yerro de interpretación legal considerar que ejerce funciones públicas (cfr. foja 88 y vta.).- Aclara que no ejerce el patrocinio o representación de intereses del Estado en ninguno de sus órganos, empresas, entes públicos centralizados o descentralizados, etc. (cfr. foja 89).-
Advierte que: “...Ninguno de los supuestos establecidos por ley, leyes de colegiación, incluye la amplitud para el impedimento del ejercicio profesional que establece la norma local. Lo que implica un supuesto más de arbitrariedad de la norma invocada.” (cfr. foja 90).-
Expresa que únicamente se le podría haber limitado su posibilidad de litigar exclusivamente a aquellos casos donde pudiera presentarse conflicto de intereses (cfr. foja 91 vta.).-
Postula que ha existido violación a la ley respecto de la Ley Nº 1177 al considerar que era formalmente inadmisible el amparo. Al respecto, afirma que no existe otro medio judicial o administrativo más idóneo para plantear su reclamo (cfr. foja 92 vta.).-
También afirma que: “...Este recurso también abarca la condenación en costas, por cuanto se aplica erróneamente la ley o la doctrina legal (inc. a) art. 3 ley 1687 (sic) y modificatorias, o bien porque recae sobre cosas no demandadas (Idem anterior inc. b), al imponerme las referidas a la primera instancia, las cuales no fueron apeladas y por lo tanto constituyen cosas juzgada para V.E.. En (sic) resuelto en el punto 2) de la resolución en crisis se dispone imponer las costas 'de ambas instancias' a quien suscribe. Dicha disposición debe revocarse pues sobre la forma en que se impusieron las cos[t]as en la sentencia de Primera Instancia no ha existido apelación ni agravio alguno, y por lo tanto no puede modificarse lo ya decidido en la materia por el Sr. Juez a quo. La resolución de primera instancia no se expide sobre la imposición de costas y esta parte no interpuso recurso alguno contra dicho decisorio (la accionada aún no ha tenido participación en el proceso) y por lo tanto la materia así decidida reviste el carácter de cosa juzgada para la Excma. Cámara de Apelaciones. Es aplicable entonces el principio de que la competencia de la Excma. Cámara de Apelaciones para analizar y resolver el caso está dada por el contenido de los agravios del apelante, y conforme se ha dicho esta parte ni nadie más en este proceso se ha agraviado del punto en cuestión. Así entonces, la Excma. Cámara de Apelaciones ha extralimitado su competencia o campo de acción en el caso que nos ocupa puesto que dicha Alzada sólo puede analizar y resolver las cuestiones por las cuales las partes se han agraviado, de tal modo que si lo hace, se quebranta el principio de congruencia procesal.” (cfr. fs. 93 y vta.).- En atención a lo expuesto, de conformidad con el artículo 68 CPC y C, solicita que se lo exima de costas o bien se le impongan por su orden (cfr. foja 94 vta.).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 95).-
A foja 99/100 vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos interpuestos por la actora.-
En PE53357-2021 se dispuso el pase de los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que ordenan los artículos 7º y 19 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º y 3º -Recurso de Casación e Inconstitucionalidad- del CPC y C, con-forme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad de los recursos intentados.-
Habiéndose planteado el recurso de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de casación, sin desarrollarse argumentos sustanciales distintivos y autónomos, surge como adecuado resguardo jurisdiccional de los planteos del recurrente, la evaluación a través de la casación, atento la inexistente fundamentación autónoma del remedio procesal intentado por el carril del artículo 19 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 3º -Recurso de Inconstitucionalidad- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3314, Folio 5518/5522).- Pues, la interposición del recurso de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de casación, sin una definición y fundamentación propia, impide su tratamiento independiente de las causas señaladas, siendo suficiente el análisis a través del andarivel del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Es que cada recurso tiene su especificidad técnica, requiriendo un planteo y una fundamentación autónomos y adecuados, y ante cuya ausencia la impugnación debe ser rechazada de plano (cfr. fallo cit.).- Además, corresponde la denegación del recurso de inconstitucionalidad intentado si del examen de admisibilidad se advierte que, aunque la recurrente invoque la configuración de la lesión de derechos constitucionales, de la lectura del recurso, se deriva que los argumentos expuestos no resultan suficientes, pues se trata de la insistencia en imponer su interpretación por sobre otra también idónea, dada por el sentenciante en torno a las cuestiones litigiosas y a la solución que entendió correspondía darle al caso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3104, Folio 5066/5069).- El recurrente tiene el deber procesal de argumentar razones valederas demostrativas de la invocada lesión de derechos y garantías constitucionales que pretenden imputar a la resolución de la Cámara. El no cumplimiento con estas cargas se refleja en una simple disconformidad con la decisión adoptada por el tribunal a quo (cfr. fallo cit.).-
Por lo tanto, si se carece de fundamentación para desvirtuar los argumentos principales que cimentaron el decisorio en crisis, el acceso pretendido a la instancia extraordinaria resulta impracticable.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio y del recurso de inconstitucionalidad (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 70/95 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Es que en definitiva los pretensos agravios de la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se avizora en el sub lite.-
Como se anticipó, la recurrente se explaya holgadamente sobre los antecedentes fácticos que dieron origen a la presente controversia y los perjuicios que le causa la incompatibilidad para ejercer su profesión en contra del Estado Provincial. Los argumentos aquí delineados pretenden recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021).- Sus afirmaciones pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omiten desple- gar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.-
Apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión objetada, la recurrente se limita a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo, lo que le corresponde de modo privativo a los jueces de grado, salvo supuestos de arbitrariedad o absurdo, lo que no vislumbra en el caso sub examine.-
Este Alto Cuerpo tiene dicho que para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación, sus ar- gumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, constituyendo las expresiones de la recurrente una mera reiteración de los argumentos oportunamente expuestos y tratados en las instancias ordinarias, fundamentalmente porque sólo remite a la consideración de circunstancias de hecho que resultan manifiestamente ajenas al recurso de casación intentado, sin desarrollar una argumentación idónea para intentar demostrar arbitrariedad o absurdo en su apreciación (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192, entre otros).- Asimismo, cabe señalar que el impugnante tampoco desarrolla una crítica idónea a fin de intentar demostrar mínimamente la arbitrariedad que alega.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión: “...'…'...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'…' (cfr. Hitters, Juan Carlos: 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación', 2da. edición, págs. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3602, Folio 6236/6239).- Resulta oportuno recordar, entonces, que la doctrina de la arbi- trariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues sólo tiende a cubrir casos de carácter excepcional. Este Tribunal Superior de Justicia ya ha sostenido en numero- sas ocasiones que la discrepancia de la recurrente con las motivaciones efectuadas por la Excma. Cámara de Apelaciones no significa que su sentencia devenga infundada y/o arbitraria: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituída para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Colofón de lo reseñado es que la recurrente no efectúa una argumentación idónea para intentar demostrar los extremos que hacen a la arbitra-riedad, con el alcance señalado, ni tampoco se avizora la posible existencia de la misma en la sentencia de Cámara.-
Tampoco es de recibo la denuncia de violación de la doctrina legal. Es que esta causal se presenta cuando el fallo impugnado haya violado o aplicado erróneamente la doctrina sentada por este Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor a cinco (5) años (cfr. art. 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), pero la recurrente ni siquiera invoca un fallo que pudiera reunir tales características.-
En base al fundamento expuesto, la alegada violación de la doctrina legal resulta manifiestamente inadmisible.-
Asimismo los agravios de la recurrente remiten al tema de la imposición de costas, que, en el caso, recayó sobre el amparista.-
Reiteradamente ha dicho este Tribunal Superior de Justicia que las controversias suscitadas en torno a la imposición de costas son ajenas al ámbito del recurso extraordinario provincial, pues se trata de cuestiones fácticas que son privativas de los Jueces de grado.-
Conteste con dicho criterio ha expresado: “…la mayoría de los máximos tribunales de provincia han establecido que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 22/11/1996, 'Fema S. R. L. c. Obras Sanitarias Mendoza', Publicado en: LA LEY 1997-D, 324 - DJ 1997-3, 140; ídem, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 26/10/1993, 'Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A. y otros', publicado en: LA LEY 1994-B, 264, entre otros)…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio Nº 2539/2542). “Así, en lo atinente a la imposición de costas los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en principio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192); vicios estos últimos que no intenta demostrar la recurrente.- La imposición de costas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los Jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/ 5324).-
El cuestionamiento relativo a la imposición y distribución de costas resulta, en principio, ajeno a esta instancia extraordinaria. Así, lo ha sostenido uniformemente este Alto Cuerpo al expresar que: “…'…'...se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisabilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria…'…'...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3423, Folio 5778/5781).- Es así que no se avizora, en el sub judice, ninguno de los su- puestos excepcionales que habilitan el conocimiento en esta instancia extraordinaria del tema litigioso, por lo que el pretenso agravio deviene inadmisible.-
También resulta inatendible el planteo de la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional como los contenidos en los artículos 1º, 3º, 8º, 9º y 17 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y 28, 31 y 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, dado que sus agravios no pasan del mero enunciado, sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/ 5156, entre otros).- En síntesis, en el sub lite, el recurrente no ha logrado desarrollar una argumentación idónea para demostrar la violación de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, ni de la ley, ni de la doctrinal legal, ni la arbitrariedad que se invoca, ya que sólo se desprenden del recurso meras discrepancias con los fundamentos del decisorio. Tampoco se vislumbra que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales. Antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado. Cabe, así, concluir que los argumentos con los que se ha sustentado el recurso no son útiles para lograr la apertura de la instancia excepcional que se pretende.-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, los recursos de casación e inconstitucionalidad articulados por la parte actora a fs. 70/95 vta., no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlos mal concedidos y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circuns-cripción Judicial obrante a fs. 99/100 vta., de conformidad con lo establecido en los artículos 7º y 19 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafos 2º y 3° -Recurso de Casación y de Inconstitucionalidad- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
I. Si bien adhiero al relato efectuado por mis distinguidos colegas preopinantes, por el presente expreso mi disidencia con la solución propuesta por considerar que en autos se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante de los Sres. Vocales Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia del Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedidos los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la parte actora a fs. 70/95 vta., y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 99/100 vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1048I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3627 Folio N°: 6317/6322 Secretaría: 1
Fin de la sentencia