Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 39193751-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el planteo efectuado por el Fisco Nacional a fs. 19/21 y, en su consecuencia, decretar la caducidad del incidente de caducidad iniciado con la presentación de fs. 9/14. Con costas en el orden causado.
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 17586/2024 SABO ARGENTINA SA (TF 39193751-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 09/04/2024 (v.INLEG-2024-35801325-APN-VOCXX#TFN), con costas, en cuanto ha sido materia de agravios.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
17586/2024 SABO ARGENTINA SA (TF 39193751-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 7 de octubre de 2025.- SH Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, el 27/05/2025, la parte actora ha solicitado que se declare la caducidad de la instancia iniciada con el recurso de revisión y apelación limitada interpuesto por el Fisco Nacional – ARCA DGA, contra la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación el 09/04/2024, que declaró la nulidad de lo actuado respecto de la importadora en el sumario N°12917-1193-2013, a continuación de la liquidación de tributos y multa, comprendiendo a la Resolución DE PRLA N° 00881/81, con costas a la aduana (v. INLEG-2024-35801325 -APN-VOCXX#TFN).
Por el auto del 29/05/2025 el Tribunal corrió el correspondiente traslado, el cual debía notificarse en los términos del art. 135 del CPCCN. Sin embargo, la confección de la correspondiente cédula de notificación, que estaba a cargo de su incidentista, no ocurrió.
II. Que, en fecha 20/08/2025, la demandada, sin consentir actividad alguna prestada por su contraparte, acusó la caducidad del incidente de caducidad, en los términos del art. 310, cuarto párrafo del CPCCN. Además, acompañó la liquidación de la tasa de justicia y el comprobante de pago.
En el despacho del 25/08/2025 se ordenó el traslado a la contraparte, el cual fue contestado el 1/09/2025, de manera que el 3/09/2025 se llamaron los autos al Acuerdo.
III. Que, en el incidente de caducidad, es carga de quien lo promueve, activar su desarrollo. Por lo que, si la parte que lo inicia no se preocupa por notificar o hacer notificar los traslados conferidos, de los cuales depende la prosecución del trámite, corresponde decretar su caducidad (cfr. esta Sala, expte. nro. 55487/2019 in re “Hidalgo, Fernando Osvaldo c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 9/06/2021). Por lo demás, también cabe atender que, si bien la declaración judicial de la caducidad de la instancia reviste carácter excepcional y es de aplicación restrictiva –en tanto existe el deber de optar, en caso de duda, por la decisión de mantenerla viva–; invariablemente ha sido definido que tal criterio, en el caso en que se valore la perención del incidente de caducidad, debe interpretarse en forma inversa, es decir, para que la causa continúe con su trámite normal (esta Sala, Causa 32752/2002, in re “Ferro Mónica Adriana c/ PEN-Ley 25561 Dto 1570/01 y214/02”, sentencia del 18/09/2012; v. asimismo, Sala V, causa nº 24580/95, in re “Campusano Fernando c/ UBA s/ empleo público”, del 22/05/02).
IV. Que, cuando la interesada no ha cumplido ninguna actividad útil para hacer avanzar el proceso y -además- ha transcurrido el plazo previsto por el art. 310, inc. 4° del Código Procesal, corresponde declarar la perención del incidente de caducidad. En la especie, se verifica esa situación, toda vez que la parte actora no ha cumplido ninguna actividad, desde que se ordenó el traslado de fs. 15 y, en consecuencia, corresponde declarar la caducidad del incidente de caducidad.
V. Que, ahora bien, encontrándose la causa en condiciones de dictar sentencia definitiva, en virtud de lo decidido precedentemente y del principio de concentración y de economía procesal (art. 34, inciso. 5º, apartados a y e, del CPCCN), resulta conducente adentrarse en el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional el 24/05/2024 (v. IF-2024-54310011 -APN-DTD#JGM) concedido el 24/05/2024 (v. PV-2024-54334878 -APN-VOCXX#TFN), contra la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación el 09/04/2024 (v.INLEG-2024-35801325-APN -VOCXX#TFN), fundado por la expresión de agravios del 12/06/2024 (v. IF-2024-62107786-APN-DTD#JGM), cuyo traslado -corrido en la PV-2024-64624832-APN-VOCXX#TFN- fuera contestado por la parte actora el 08/07/2024 (v. RE-2024- 71585138-APN-DTD#JGM).
VI. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora SABO ARGENTINA S.A., mediante el DIT 07001IT14008817N del 26/11/2007 oficializó la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 17586/2024 SABO ARGENTINA SA (TF 39193751-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO importación temporaria de partes y accesorios para la fabricación de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (v. pp 142-143 del DEO 15873013), cuyo vencimiento operó el 22/11/2008.
En el año 2013, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 7/03/2013 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, fo. 3, p. 161 del DEO), que tramitó en la actuación SIGEA 12197-1193-2013. De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 27/12/2023 se dispuso la apertura del sumario, el cual concluyó, sin que se haya corrido la vista del art. 1101 del CA, con la resolución (DE PRLA) 8821 del 22/11/2018, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros ordenó el archivo de las actuaciones en los términos de la Instrucción General (DGA) 9/17 (ver art. 1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias (art. 3°; pp. 163-164 del DEO 15873013).
Contra dicha resolución, la importadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA.
VII. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 9 de abril de 2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de lo actuado respecto de la firma SABO ARGENTINA SA en el sumario que ha tramitado como expediente n°12917-1193-2013, a continuación de la liquidación de tributos y multa obrante a fs. 10 de las actuaciones administrativas comprendiendo a la Resolución DE PRLA n° 00881/18. Para así decidir, consideró que surge evidente de las actuaciones administrativas que el Fisco Nacional omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada y a quienes resultaren responsables solidarios garantes de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa , disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. 09/17 y la formulación de cargo a la recurrente por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 07 001 IT14 00817N. (conforme art. 274 del CA).
En tales condiciones, expuso que la recurrente se vio privada de producir prueba y formular las defensas relativas a su descargo ya que no existió la oportunidad de constatar si la información que surge de fs. 1 de las actuaciones en relación al cumplimiento de las obligaciones que impone el régimen de importación temporaria encuentra respaldo en la documentación aduanera que resulta idónea para acreditar que los insumos importados fueron exportados en su totalidad.
Puntualizó que la recurrente recién tomó conocimiento del sumario administrativo al notificarse del dictado de la Resolución DE PRLA 008821/2018, apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudiera valerse, todo ello, en abierta violación de lo establecido en el art. 1101 del C.A.
Concluyó que dicha omisión torna nulos todos los actos procesales posteriores a la liquidación de tributos y multa inclusive de la resolución que formula cargo por tributos, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en una infracción que se tiene por configurada ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
VIII. Los agravios del Fisco Nacional Que la ex AFIP DGA en su expresión de agravios plantea que el Tribunal Fiscal desacierta en la interpretación de la Instrucción General 9/17, puesto que la resolución aduanera únicamente ordenó el archivo del sumario.
Aduce que la falta de reexportación de la mercadería se encuentra acreditada en autos y que ese es el hecho imponible que justifica el reclamo de los tributos.
Agrega que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se había planteado desde un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 17586/2024 SABO ARGENTINA SA (TF 39193751-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO primer momento la distinción entre la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondería la aplicación de sanciones) y la de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo).
Sobre esa base, también cuestiona la pretendida aplicación de lo dispuesto por el artículo 1101 del citado cuerpo normativo, puesto que argumenta que el servicio aduanero “decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso”.
IX. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
X. El alcance de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos.
La resolución (DE PRLA) 8821//2018 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 9/2017, similar a la Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible.
La Sala IV del fuero ha declarado que el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)” (cfr. Sala IV, expte. 46832/22 in re “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, del 20/09/2022, considerando 3°, primer párrafo; expte. nro. 47883/22 in re “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo). Dicho criterio también ha quedado establecido por esta Sala en su actual integración (cfr. nro. 32755/2023 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 67137511-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/03/2025, en especial Considerando VII, entre otros).
En la especie, esta conclusión halla respaldo en la circunstancia que el servicio aduanero al notificar la resolución apelada hizo saber a la importadora, textualmente que “Se hace saber que la presente resolución definitiva, dictada en un procedimiento para las infracciones, puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Cámara Contencioso Administrativo dentro de los 15 días de notificada la misma. Arts. 1132 y cc. del CA”. (cfr. fs. 11 de las act. adm.; p. 185 del DEO).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
17586/2024 SABO ARGENTINA SA (TF 39193751-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Lo antedicho, debe ser anudado con que la liquidación de tributos en la que se basa la exigencia aquí disputada, contenida en la resolución (DE PRLA) 8821/2018, en la medida en que ha recaído en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado en el art. 1053, inciso a) del CA.
Desde otra perspectiva, y como será analizado en seguida, cabe apuntar que la solución a la que arribó la aduana sólo se halla fundada en que el importe de la multa (calculada en $16.716,98) no alcanzaba el mínimo previsto por la Instrucción General DGA 9/17 (v. 12 de las act. adm), pero sin dar previa intervención a la importadora incriminada para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales, condicionaban el reclamo de los tributos (esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria).
XI. La Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. Arts. 1080 y 1081 del CA).
El art. 1091 del CA. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el art. 1101 del Código Aduanero que establece: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que –previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado.
En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Cfr. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso.
Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “…es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 17586/2024 SABO ARGENTINA SA (TF 39193751-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pág. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional. La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional.
Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/2012 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (cfr. Sala IV, 46832/2022 Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022; esta Sala, expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 20/03/2025).
Por todo lo cual, corresponde rechazar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada.
XII. Falta de constatación del hecho imponible Que, a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo por vicio en la causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y Sala IV, causas 46832/22 y 46837/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA” y “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sentencias del 13/9/22 y del 20/09/2022 y sus citas; esta Sala en su actual integración, 11870/2024, in re, “Afianzadora Latinoamericana Compañía De Seguros SA (TF 120260476-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 13/05/2025).
A raíz del modo en que ha quedado definida la cuestión, resulta innecesario examinar los restantes agravios esgrimidos por la ARCA-DGA.
XIII. Costas Que, por último, en lo que respecta a las costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponerlas al Fisco Nacional – ex AFIP-DGA, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párrafo, del CPCCN).
En cambio, en lo que atañe al incidente de caducidad, corresponde imponer las costas por su orden atento las alternativas procesales suscitadas en autos (cfme arts. 68, segundo párrafo, y 71 del CPCCN).
Por ello: SE RESUELVE:
1. admitir el planteo efectuado por el Fisco Nacional a fs. 19/21 y, en su consecuencia, decretar la caducidad del incidente de caducidad iniciado con la presentación de fs. 9/14. Con costas en el orden causado.
2. rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 17586/2024 SABO ARGENTINA SA (TF 39193751-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 09/04/2024 (v.INLEG-2024-35801325-APN-VOCXX#TFN), con costas, en cuanto ha sido materia de agravios.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia