Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios vertidos por la parte actora como recurrente por las consideraciones expuestas con costas en el orden causado al resultar vencida con agravios que no fueron respondidos. (art. 68 del CPCC).
2Dejar aclarada oficiosamente, la aparente contradicción en el tema de las costas en los puntos 5 y 6 del fallo, para evitar cuestiones futuras.
3Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a primera instancia.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8634/ Sentencia: Definitiva Actor: Sacramone Mariel Rut Demandada: Copesa Compañía Constructora y Petrolera S.A Objeto: Daños y Perjuicios - incidente de redargución de falsedad Fecha: 22-04-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintidós días del mes de abril de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “SACRAMONE, Mariel Rut c/ COPESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A. s/ Daños y perjuicios” Expte. Nº 35.765 del año 2016 y su agregado “SACRAMONE, Mariel Rut c/ COPESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A. s/ Daños y perjuicios – incidente de redargución de falsedad” Expte. Nº 36.020 del año 2017 ambos tramitando en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, y de Minería de esta ciudad, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8634. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio Mauricio Jesús Fernández y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la actora, con el patrocinio de los Dres. Gustavo Eduardo Stobbia y Romina Mariana Cerezo promueven demanda por daños y perjuicios contra COPESA Compañía Constructora y Petrolera S.A. por daños y perjuicios pretendiendo la aplicación de la cláusula penal a favor de la actora daño material y moral o lo que surja de la prueba a producirse, con más los intereses a computar desde que las sumas son debidas a una tasa no menor que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. En su relato de los hechos invoca haber adquirido tres lotes pertenecientes a COPESA por medio de la inmobiliaria Bienes Raíces, suscribiendo sendos contratos a través de Santiago Daniel Bordón apoderado de la demandada. Indica que los abonó en dinero efectivo a razón de $ 300.000 cada lote y que los boletos de compraventa fueron firmados ante escribano. Sostiene haber contratado simultáneamente por locación de obra por instalación de servicios públicos a razón de $100.000 por cada lote, aclarando que estos últimos la demandada omitió firmarlos pero que entregó el importe de $1.200.000. Hace un relato de lo ocurrido, del reclamo ante Defensa del Consumidor, del desconocimiento de facultad suficiente del apoderado para vender, de la entrega de la posesión, de la pretensión de hacerla suscribir una novación y renuncia a todos sus derechos. Se refiere a la imposibilidad de escriturar por no estar inscripta la redistribución predial que consideraba previa. Relata distintas circunstancias hasta que finalmente se escritura en septiembre de 2016. Reclama se aplique la cláusula penal del contrato pues debía ser interpretada de modo extensivo a ambas partes por tratarse de un contrato bilateral con cita de jurisprudencia y ser un contrato de adhesión el que suscribió. Invoca la ley de defensa del consumidor. Expresa que no pide la nulidad de la cláusula sino su aplicación a ambas partes y que la demandada desde el principio faltó al deber de buena fe y la desigualdad de las partes que exige la interpretación más favorable por el principio protectorio que entiende la ampara. Reclama la suma de $2.000.000 conforme la intimación por carta documento Nº 489606555 o lo más o menos que resulte de la prueba pericial contable conforme el lapso transcurrido desde la celebración del contrato hasta la entrega de la posesión mediante escritura Nº 118.
Reclama daño moral desde que la demandada fijó fecha de escrituración el 30 de abril de 2015, a partir del cual se hicieron múltiples intimaciones tendientes a escriturar dando las razones. Estima el rubro en $ 1.000.000, o una suma no menor del 50% de la cláusula penal.
Pretende la reparación del lucro cesante por los 17 meses transcurridos desde el mes de abril fijado como fecha de escritura hasta que finalmente se firmó, durante los cuales su parte se ha visto imposibilitada de construir y realizar un proyecto familiar y rentístico y verse privada de una renta durante 17 meses y lo estima en $ 20.000 mensual por cada terreno. Hace notar que a la fecha de promoción de la demanda el terreno no cuenta con los servicios íntegramente abonados por lo que peticiona como lucro cesante la suma de $1.200.000, rubro que considera distinto de la cláusula penal y corresponde a distintas épocas. Los rubros reclamados ascienden a la suma de $4.200.000 conforme discriminación que realiza. Sitúa el marco normativo en el viejo y nuevo Código Civil y que se está frente a una relación de consumo. Funda en derecho.
II. Que corrido traslado a fs. 89/105 se presentan los Dres. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz como apoderados de COPESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PETROLERA S.A. a contestar la demanda. Formulan una negativa de circunstancias fácticas invocadas en la demanda y opone la excepción de nulidad. Da su versión de los hechos indicando que a fines de 2011 inició gestiones para la subdivisión de dos inmuebles en 18 lotes para un emprendimiento inmobiliario.
Sostiene que encargó a la inmobiliaria Bienes Raíces cuyo responsable es el Sr. Néstor Vizgarra, el estudio para un proyecto de comercialización de esos lotes y designó como gestor a Santiago Daniel Bordón para las gestiones administrativas para mensurar, subdividir e inscribir. Señala que poco después se entera se habían celebrado contratos de compraventa con boletos en su nombre lo que configuró un abuso de confianza por lo que estaría preparando una acción judicial de rendición de cuentas toda vez que hubo actos que no fueron autorizados ni conocidos por COPESA. Afirma que los instrumentos con los que la actora funda su acción son nulos y sin eficacia jurídica pues ellos se encuentran suscritos por Santiago Daniel Bordón quien carecía de facultades de disposición toda vez que no se las otorgó COPESA habida cuenta que conforme surge de la copia certificada del poder solo se le otorgaron facultades para gestiones administrativas. En concreto sostiene que las facultades invocadas en esos instrumentos eran insuficientes para disponer.
Dice que al tomar conocimiento (del accionar de Bordón se entiende), celebra reuniones con los suscriptores de esos boletos quienes actuaron creyendo que eran válidos, para llegar a un acuerdo. Dice que la actora concurrió a la celebrada el 22/8/15 y que, mediante escritura de constatación Nº 118 ante el escribano Raúl Ignao del 31/3/15 entregó la posesión de los tres terrenos a la actora.
Reconoce la adquisición de los terrenos por la actora pero que no consiente ni reconoce los contratos de compraventa ni en cuanto al precio, ni ninguna de las cláusulas y que le hizo entrega de los planos de mensura y división de los lotes debidamente registrados. Hace referencia a la subdivisión de los lotes por escritura Nº 514 del 19/11/2015 y que se había citado a la actora el 30/10/15 a la escribanía Ignao pero por motivos que desconoce ésta se negó a firmar. Añade que la escritura traslativa de dominio de los lotes se firmó el 26/9/16 por escritura 640 pasada ante el escribano Marcelo Pablo Sánchez. Sostiene que la excepción de nulidad no se encuentra prescripta dando las razones para ello e interpone excepción de nulidad contra los tres contratos de compraventa del 28/2/14. Ofrece como prueba el poder especial otorgado al Sr. Santiago Bordón y hace hincapié en las facultades otorgadas que no eran de disposición. Argumenta que ello configura la nulidad del acto jurídico. Dice que la actora pretende enriquecerse sin causa mediante una cláusula. Manifiesta que al enterarse hizo gestiones para intentar no dañar a los supuestos adquirentes y que obró en miras a resolver la situación y finalmente procedió a reconocer la venta y escriturar los inmuebles. Sostiene que los actos que se realizaron y la aceptación por la actora configuran una conversión material en el sentido técnico legal conforme regula el art. 384 del CCyC. Dice que, sin tener obligación, obró en protección de los derechos presuntos que con instrumentos nulos la actora reclama. Pidió que se tuviera por nulos los contratos y se tenga presente la conversión realizada. En subsidio que no se recepte la nulidad de todo el instrumento plantea la nulidad específica de la cláusula novena que nunca suscribió su parte ni autorizó a suscribirla por él.
Argumenta que la actora no sufrió ningún daño y que por el contrario se benefició por la conducta honesta y de buena fe de COPESA que reconoció el instrumento privado que, como fundó, era nulo. Por otro lado señala que la actora no acreditó el perjuicio pues no lo hubo y que pretende aplicar una cláusula abusiva en cuya redacción y configuración no participó.
Cuestiona que se reclame lucro cesante por $ 1.200.000 cuando no puede pagar la tasa de justicia ni explica el plan de negocio o de inversión. Razona que la chance debe ser apreciada judicialmente por el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta con cita de jurisprudencia.
Impugna al testigo Vizgarra, ofrece prueba y hace su petición.
III. Que corrido traslado de la excepción de nulidad a fs. 112 la actora manifiesta que la excepción no está prevista como admisible en el proceso ordinario invocando el art. 324 del CPCC. Por otro lado razona que el acto que se pretende tachar de nulo fue confirmado tácitamente, conocido el vicio, con la escrituración de los lotes. Tacha de extemporáneo el planteo toda vez que conocido el vicio caducó el derecho antes de la contestación de la demanda. Recuerda que la excepción de nulidad está prevista solamente para el juicio ejecutivo y hace notar que la demandada no lo ha planteado como defensa de fondo motivo por el que, a su juicio, debe rechazarse in límine la pretensión al haber operado la nulidad a los 15 días hábiles de notificada la demanda tomando los 5 días por ampliación de la demanda. Insiste en que el vicio fue subsanado al escriturar por el precio y en el lugar pactado en los boletos. Agrega que la comunicación con la demandada fue siempre con distintos representantes de la empresa COPESA desde el principio de la negociación por lo que mal puede invocar la nulidad de los instrumentos que fue ratificado con la escritura Nº 640 del 26/9/16. Respecto del planteo de falta de representación del Sr. Bordón hace hincapié en que ello no se opuso en ninguna de las cartas documento remitidas por los apoderados de COPESA quienes en todo momento defendieron la validez de dichos actos por lo que la nulidad pretendida resulta improcedente y contraria al principio de buena fe en materia contractual. Invoca para ello los términos de la escritura de venta en que se da recibo del precio. Por ello sostiene que no puede alegarse la nulidad cuando en la escritura reconoce haber recibido el importe pactado.
Por ello solicita el rechazo de la excepción considerada inviable.
IV. Que se debe ingresar al análisis de los agravios contra la sentencia respecto del incidente de redargución de falsedad (Expediente 36.020/2017), cuya resolución se había diferido para el dictado en forma conjunta sentencia en el principal (ver PE 430468/2022). De esos autos surge que la actora dedujo el incidente de redargución de la escritura 472 del 30/10/15 realizada ante el escribano Ignao señalando un error material respecto a que se indicaba la fecha como el año 2010 siendo que correspondería al 2015 a lo que se le suma la falsedad ideológica de la escritura que se pretende la declaración de su falsedad. Sostiene que se otorgó una escritura viciada o al menos confusa desde que se decía que la apoderada de la demandada Dra. María Laura De Santis dejó constancia que la actora no quiso firmar las escriturase de compraventa y que estando las condiciones dadas para escriturar se negó a hacerlo. Considera que el escribano labró un acta de los dichos y refiere que lo único que se negó a firmar es un contrato de novación por el que debía renunciar lisa y llanamente a todos sus derechos motivo por el cual lo denunció ante el Colegio de Escribanos. Relata que recién pudo escriturar cuando se hubo cumplido el requisito de la inscripción de la escritura de redistribución predial el 19/11/15, registrada el 15/02/16.
Al contestar el traslado COPESA manifiesta que el error al consignar el año como 2010 se trata de un error de tipeo.
Sostiene que al contestar la demanda se señaló que no era necesario el incidente y es impropia la acusación de falsedad ideológica. Deja constancia que pese a las pretensiones de la actora el 31/03/15 se le entregó la posesión a la actora junto con los planos de mensura y división de lotes. Respecto del contrato de novación sostiene que trató de llegar a un acuerdo y que el documento acompañado a la demanda se trata de un papel sin firma de su parte y niega que sea una propuesta para el presente caso. Explica que no era necesario la inscripción del plano previo a la escritura de venta pues se podrían inscribir simultáneamente. Por ello considera que no existe falsedad toda vez que la actora se negó a firmar. Por lo que dio prioridad a otros gastos y un mes después encaró el trámite de registro de redistribución predial. Insiste en que existía la posibilidad de firmar la escritura pero la actora se negó a firmarla por lo que se decidió dejar constancia notarial de dicha negación. Que a su turno el escribano Ignao contesta el traslado del incidente y admite el error de tipeo en el año y dice que ello se encuentra subsanado en la escritura matriz.
Sostiene que a la fecha 30/10/15 en su escribanía se encontraba toda la documentación para que COPESA firmara la escritura de redistribución predial en forma simultánea con la de compraventa de las fracciones 4,7 y 9 de la manzana 167, sección 4 Circunscripción 2 a favor de la actora para luego inscribirlas en forma conjunta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia. Lo expuesto lo acredita con los certificados de dominio que detalla.
Refiere que la escritura no pasó por cuanto el apoderado de COPESA Sr. Hassanie le manifestó, después de haberla impreso en su protocolo en los folios 916 a 928, que tenía instrucciones de firmar la redistribución predial y venta simultánea a la Sra. Mariel Sacramone en el mismo acto y día y como eso no sucedió por la negativa de la actora a firmar el día 30/10/15; quedó impresa y sin efecto. Si la actora las hubiera firmado se hubieron presentado en forma simultánea.
V. Que se produce prueba en ambos expedientes y ya en el trámite digital, luego de la clausura del término probatorio y del alegato de bien probado de la parte actora, en PE 832360/2023 pasan los autos a despacho para dictar sentencia que se instrumenta en PE 1431536/2024. Tras los considerandos de rigor FALLA: 1º rechazando el planteo de redargución de falsedad promovido por Mariel Rut Sacramone mediante el incidente “Sacramone, Mariel Rut c/ COPESA Compañía Constructora y Petrolera S.A. s/ Daños y perjuicios–Incidente de redargución de falsedad” Expte. Nº 36.020 conforme los argumentos expuestos en el considerando III. 2) Rechazar la excepción de nulidad planteada por la demandada COPESA Compañía Constructora y Petrolera S.A. conforme los argumentos expuestos en el considerando IV. 3) Rechazar el planteo de la actora sobre la aplicación de la cláusula penal por los argumentos expuestos en el considerando V. 4) Rechazar la procedencia del rubro lucro cesante solicitado por la actora Mariel Rut Sacramone en contra de COPESA Compañía Constructora y Petrolera S.A. 5) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Mariel Rut Sacramone en contra de COPESA Compañía Constructora y Petrolera S.A. por resarcimiento del daño moral ocasionado por la demora en la escrituración de tres (3)terrenos adquiridos mediante contrato de compraventa por la suma de $480.500 los que deberán ser abonados en el término de diez (10) días de resultar firme la presente. Las sumas dispuestas se actualizarán desde la fecha del hecho dañoso 29/09/16 aplicando la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. En caso de incumplimiento se aplicará la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina hasta su efectivo pago. Costas a cargo de los demandados vencidos (arts. 1068, 1069, 1113 y concordantes del Código Civil, del CPCC art. 68, 355 364 y concordantes del CPCC. 6) Por el modo que se resuelve el presente, las costas serán soportadas en el orden causado (art. 71 del CPCC). 7) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto obre en autos planilla de liquidación aprobada y firme. 8) regístrese, notifíquese… firma el Dr. Franco Matías Villalón Lescano.
VI. Que la sentencia es recurrida por la actora en PE 1441364/2024, apelación que es concedida libremente y con efecto suspensivo en providencia de PE 877979/2024, y por la demandada que lo hace en PE 1443118/2024 y le es concedido libremente y con efecto suspensivo en PE 880923/2024.
Las actuaciones se elevan con la certificación de estilo de PE 1553694/2024. Ya en la instancia en PE1441364/2024 se recusa sin expresión de causa a la Dra. Bard. Se integra Cámara con quien lleva este primer voto, el Dr. Horacio Fernández y el Dr. Mario A. Albarrán en providencia de PE 1560113/2024, pasando los autos al Acuerdo para tratar la recusación formulada. En PE 1633001/2024 se admite la recusación expresión de causa formulada contra nuestra distinguida colega. En PE 987571/2024 se ponen los autos en Secretaría para expresar agravios. Y en PE 1662377/2024 la parte actora expresa agravios de los que se corre traslado de los agravios de la actora que no son contestados. La demandada no expresa agravios, por ello en PE 1708833/2025 se dicta el llamado de autos a sentencia y se fija el orden de estudio.
VIII. Que la parte actora por medio de su apoderado Dr. Gustavo Eduardo Stobbia funda el recurso con la expresión de agravios de PE 1662377/2024. En el primer agravio formula consideraciones para justificar la promoción del incidente indicando que no formula agravios respecto del rechazo del incidente pero que sí le agravia la imposición de costas por haberse visto obligada a deducir el presente por las circunstancias expuestas y la necesidad de aclarar esta confusa situación.
En el segundo agravio se queja por el rechazo de la aplicación a su favor de la cláusula penal. Comienza con una larga transcripción del punto a) de fs. 79 vta. hasta su final a fs. 82 para luego quejarse que no fueron debidamente tratados por el Sr. Juez de grado y se agravia por el sintético tratamiento dado por el magistrado para rechazar un planteo tan preciso y justo. Señala que aquí no hay una parte deudora pues su representada abonó los tres terrenos en efectivo y no existía en el contrato cláusulas que garanticen el cumplimiento de la otra parte por lo que le pareció procedente el reclamo. Aclara que su parte no pidió la nulidad de la cláusula y solo se limitó a pedir su aplicación. Por ello solicita que en la instancia se haga lugar a la aplicación de la cláusula como fue requerido y se traten los argumentos y se revoque el criterio del juez de que solo es aplicable a una parte y se apliquen los principios surgidos de la ley de defensa del consumidor y demás doctrina aplicable. En el tercer agravio ataca la sentencia en cuanto rechaza el lucro cesante por considerar que no se produjo prueba que acredite la realización de obras o presupuestos de obra entre otras cosas. Comienza transcribiendo el punto c) del capítulo Daños del escrito de demanda de fa. 83 vta./84.
Manifiesta que surge claramente de la escritura de los terrenos que a esa fecha no contaba con los servicios con lo que se comprueba la imposibilidad con el fin de obtener un beneficio o un uso de los terrenos. Expresa que se trata de un análisis de razonabilidad y sentido común. Invoca que el magistrado no ha tratado los argumentos expuestos en la demanda para fundar la pretensión del rubro.
Considera que las constancias documentales de autos como ser la escritura da cuenta de la falta de servicios en los lotes, de la entrega tardía de la posesión más las testimoniales y demás elementos de la causa dan razonabilidad y lógica a este rubro que pide se admita.
Explica que insiste en este reclamo, por ser la procedencia de este rubro distinta de la cláusula penal pues la pretensión de esta última es desde la fecha de los boletos de compraventa hasta marzo de 2015 donde su representada recibió la posesión de los terrenos y por ende no se superponen sino que se complementan.
Por ello entiende que no requirió mayor producción de prueba que la obrante en autos, pero el Sr. Juez se limitó a rechazarlo diciendo que no se produjo prueba al respecto sin valorar sus argumentos en función de las piezas documentales y la no valoración de las pruebas producidas (testimonio de Scota y Flavia Obdrazalek y demás audiencias) Invoca que en audiencia su representada ha sido elocuente y gráfica del daño sufrido a un proyecto futuro, cierto y razonable que la privó de una renta. Critica que el magistrado se haya limitado a decir que no es procedente por falta de planos y proyectos de obra. Califica a la sentencia de arbitraria por no haber tratado las cuestiones propuestas por su parte como sostiene el caso lo ameritaba por sus especiales circunstancias. En el cuarto ataque contra la sentencia se agravia por las costas de primera instancia considerando que deben ser impuestas a la parte demandada por la necesidad de efectuar un reclamo. Sostiene haberse obligada a demandar sin que existan vencimientos parciales y mutuos como exige el art. 71 del CPCC. Expresa que la parcial aceptación de la demanda no implica un mutuo vencimiento que refiere el ritual y amerita la imposición de costas exclusivamente a la demandada.
VIII. Que resumidos los agravios de la parte actora, que no merecieron respuesta de la contraria, corresponde ingresar a su tratamiento. Por una cuestión de lógica y orden considero correcto diferir el tratamiento del primer agravio relativo únicamente a las costas del incidente de redargución de falsedad para ingresar al mismo conjuntamente con el cuarto agravio que se refiere a las costas, después de analizar las quejas ensayadas en el segundo y tercero que, a mi juicio, deben ser previas al análisis del tema de las costas del juicio.
IX. Que establecido ello ingresaré al examen del segundo agravio. Debo recordar que el art. 264 del CPCC en el segundo párrafo establece que “… No bastará remitirse a presentaciones anteriores…” que el recurrente ha pretendido superar con una larga transcripción de lo expresado en el escrito de demanda. Se agravia en concreto por cuanto el magistrado de grado no trató esos argumentos expuestos en el escrito de inicio.
Cabe, previo a todo, analizar la naturaleza de la acción por la que se pretende la aplicación de la cláusula 9 del contrato de compraventa. Se funda en tratarse de un contrato bilateral sinalagmático, con obligaciones emergentes para ambos contratantes, en el art. 37 de la ley de defensa del consumidor, consecuencias no patrimoniales y lucro cesante. No demanda daño punitivo (art. 52 bis) ni daño emergente. A la acción se le dio el trámite de juicio ordinario que no corresponde a las acciones de la ley de defensa del consumidor (art. 53 de la ley 24240 modificado por la ley 26361). Se inició un beneficio de litigar sin gastos cuando las normas del proceso de defensa del consumidor establecen la justicia gratuita.
Cabe examinar si la actora puede estar incluida en la condición de consumidora, toda vez que está reclamando lucro cesante, invocando un proyecto de inversión inmobiliario y reclama como valor del perjuicio $ 20.000.- mensual por terreno es decir existe duda si resultaba la destinatario final, pero por el principio de la duda la considero una consumidora, que adquirió tres lotes, uno para cada hijo y el tercero para ella. Pero, por otro lado el art. 37 de la ley de Defensa del Consumidor, sin perjuicio de la validez del contrato, no autoriza a extender los alcances de cláusulas, sólo a tenerlas por no convenidas solución a la que se habría llegado si la vendedora hubiera pretendido su aplicación.
Al invocar el derecho aplicable la actora invoca los artículos 10, 793, 794, 984, 987, 988, 960, 961, 1741 del Código Civil y Comercial ley 26.994, normas del Código Civil de Vélez Sarsfield pero la sentencia en el considerando II estimó tomando en cuenta la entrega de la posesión previo a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y como se trataba de una situación jurídica agotada que se aplicará el Código Civil. Bien o mal fundada el considerando (se habla de la época que se produjo el siniestro o el momento del distracto) las partes lo han consentido, como se ha consentido la invocación de la representación aparente del Sr. Bordón (corroborado por las certificaciones del escribano Marcelo Sánchez de fs. 41, 44 y 47).
Se trata de cuestiones que exceden el principio de la plenitud de la jurisdicción de los tribunales de apelación para no violar la congruencia y por ello cuestiones en las que no podemos ingresar. A mi juicio, las razones por las que la actora pretende se extiendan los alcances de la cláusula 9ª de los contratos de compraventa con apoyo en los argumentos invocados en el escrito de demanda no conmueven la sentencia. El recurrente no indica donde se encuentra el error del magistrado al entender que esa cláusula penaba únicamente las faltas contractuales de la actora. Razonar que había abonado el total del precio no le quita alcance a la cláusula. Se observa que ella castiga: “en las demás circunstancias de falta de cumplimiento en las obligaciones contractuales no dinerarias el vendedor podrá exigir en concepto de cláusula penal…”.
Es decir que ya la redacción excluía las obligaciones dinerarias que ya habían sido saldadas. Y existen obligaciones emergentes no contractuales de una compraventa de inmuebles en cuyo incumplimiento pueden incurrir los compradores (no concurrir a las citas del escribano, no aportarle los datos, los gastos de escritura, no tomar la posesión por el riesgo de intrusos, etc.). Por estas consideraciones entiendo que el segundo agravio no puede tener favorable acogida y debe ser rechazado. Así lo propongo al Acuerdo.
X. Que en el tercer agravio la parte recurre a una larga transcripción del apartado del escrito de inicio en que habría sostenido la procedencia del lucro cesante. A los fines del tratamiento debemos tener presente que el magistrado resolvió en el considerando II que aplicaría el Código Civil, aspecto que, como se señalara más arriba, se encuentra consentido por las partes.
Ataca el recurrente el considerando VII de la sentencia por el que funda el rechazo del lucro cesante pretendido por la actora. Es decir conforme se indica en agravios se reclama solo el lucro cesante desde que fue puesto en posesión de lo adquirido hasta la escritura por un período posterior a aquel por el que reclama la cláusula penal, agravio que propuse rechazar en el considerando anterior. El lucro cesante es la perdida cierta de una ganancia posible frustrada por el accionar de la contraria: se destruye mercadería de mi negocio el daño emergente consiste en el valor de reposición y el lucro cesante la ganancia que se esperaba obtener de su venta o sea una posibilidad cierta. En este caso se estaría demandando por la pérdida de chance toda vez que se reclama con cita de doctrina “el lucro cesante se traduce en el valor de las ganancias dejadas de percibir por el damnificado a raíz del ilícito o el incumplimiento de la obligación” y aclara que presenta una certeza relativa y sostiene con apoyo en la escritura cuando justifica por qué no solicita certificado de libre deuda de servicios públicos, para sostener que no cuenta con los servicios que fueron íntegramente abonados. Cabe aclarar que el contrato de locación de obra mencionaba que COPESA, por medio de una empresa del grupo, se obligaba a realizar las obras necesarias en la manzana para la instalación a línea municipal domiciliaria de los servicios. Pero una cosa es que por el frente de un lote pasen los caños de agua, gas, cloacas y tendido eléctrico y otra distinta es que el propietario, conecte los servicios, tarea no encomendada. Es decir no está probado de autos si los lotes cuentan con esos servicios a la línea municipal. Pero aclarado ello entiendo que no se ha acreditado la posibilidad de percibir una renta por los terrenos. No se trajo una oferta de alquiler de ellos y a estar por las fotos agregadas a la tasación de fs. 136 no surge creíble la posibilidad de alquilarlos baldíos. Las declaraciones de los testigos nada agregan para mejorar su posición en este sentido. Por ello propongo al Acuerdo rechazar este agravio.
XI. Que, como adelantara, ingresaré ahora al examen del primer y último agravios con relación a la imposición de costas. Debemos tener claro lo resuelto en la sentencia atacada. En el punto 1) se rechazó el planteo de redargución de falsedad promovido por la actora conforme los argumentos expuestos en el considerando III) donde expresa que la desestima con costas.
En el punto 2 del fallo rechaza la excepción de nulidad planteada por COPESA, conforme con los argumentos expuestos en el considerando IV, donde concluye también con costas.
En el punto 3) rechaza el planteo de la actora sobre la aplicación de la cláusula penal por los argumentos expuestos en el considerando V donde nada dice de las costas.
En el punto 4 del fallo rechaza la procedencia del rubro lucro cesante planteado por la actora sin remisión a considerado alguno.
En el punto 5 la sentencia hace lugar parcialmente a la demanda promovida por Mariel Rut Sacramone contra COPESA por resarcimiento del daño moral que estima en 480.500 más intereses e impone las costas a los demandados vencidos con fundamento entre otros en el art. 69 del CPCC.
Pero en el punto 6 del fallo se establece: “por el modo en que se resuelve el presente. LAS COSTAS serán soportadas en el orden causado (art. 71 del CPCC) que aparece como contradictorio.
Antes de ingresar a los agravios debo aclarar que considero mal redactado el fallo en lo relativo a las costas, por aparecer en una primera lectura como contradictorio, pero puede interpretarse la sentencia en una forma que explique esta contradicción entre el punto 5) y 6) que es aparente. Y debe entenderse que el magistrado distribuyó las costas para cada una de las acciones o pretensiones de tal modo que la procedencia parcial de la acción en lo que hace al daño moral impone las costas a COPESA (puno 5 del fallo), y ante la procedencia del rubro daño moral y el rechazo de la aplicación de la cláusula penal y del lucro cesante hubo vencimiento parcial y mutuo y por ello aplica el art. 71 del CPCC. A la acción de redargución y al planteo de nulidad impone las costas a cada una de las partes en los que resulta vencida. Hecha esta interpretación que a mi entender corresponde a los argumentos de la sentencia para evitar posteriores planteos de contradicción de lo resuelto en el punto 5 y el punto 6 del fallo, ingresaré al examen del primer agravio. Desde ya adelanto que no existe a mi entender razón alguna para calificar de falso lo consignado por el escribano en la escritura redargüida de falso. El escribano a requerimiento de la Dra. María Laura de Santis deja constancia de las manifestaciones de la mencionada profesional. A ello se limitó la actuación del notario y no se advierte que la requirente hubiera indicado que era falsa siquiera una letra entre los términos de escritura y lo manifestado por la profesional. Esas manifestaciones ni siquiera pueden ser considerada como una presunción de veracidad de lo ocurrido. Tiene la misma fuerza probatoria que si lo hubiera escrito en la pared frente a la escribanía o por las redes o que hubiere realizado una exposición policial sin intervención de la contraria. Lo único que la escritura hace plena fe es que la Dra. de Santis estuvo ese día en la escribanía y realizó esa manifestación. Si ella era cierta o no el escribano no da fe. La actora debió ponderar el nulo valor probatorio de esa escritura en perjuicio de su parte y que para triunfar debía probar que no se había realizado esa manifestación. Se trató de una equivocada ponderación que llevó a promover una acción sin valor probatorio, tanto es así que no apela el rechazo. Es decir provocó un inútil dispendio de actividad jurisdiccional y además trajo a juicio al escribano Ignao sin ser éste parte del proceso principal.
Ergo debe cargar con las costas del incidente de redargución en que resulta vencido (art. 68 del CPCC) y por ende propongo el rechazo del primer agravio, y confirmar el punto 1 del fallo.
Respecto del cuarto agravio y aclarado la aparente contradicción, hubo un vencimiento parcial la demandada fue vencida en el planteo de nulidad, y en el pago del daño moral, mientras la actora resultó vencida en la pretensión de aplicación de la cláusula penal y en la procedencia del lucro cesante que reclamó. Consentida por las partes la división de las cuestiones para su tratamiento y distribución de costas es razonable, y justo, como una solución de equidad, que el magistrado imponga las costas por su orden en los puntos 3) y 4) aplicando el art. 71 del CPCC. No encuentro razón alguna para variar el criterio de primera instancia. Propongo al acuerdo rechazar los agravios y confirmar la sentencia con las costas en la instancia en el orden causado por no haber sido contestados los agravios y consentida la sentencia por parte de la demandada. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XII. Después de examinar las constancias de la causa, la sentencia y los agravios vertidos entiendo que estos no conmueven la sentencia que llega a un resultado justo y equitativo en todo cuanto fuera materia de agravios. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIII. Que con fundamento en las razones y fundamentos contenidos en mi voto al responder a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora como recurrente por las consideraciones expuestas con costas en el orden causado al resultar vencida con agravios que no fueron respondidos. (art. 68 del CPCC). 2º) Dejar aclarada oficiosamente, la aparente contradicción en el tema de las costas en los puntos 5 y 6 del fallo, para evitar cuestiones futuras. 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a primera instancia. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XIV. Considero justa y equitativa la propuesta que se ajusta a lo tratado en el Acuerdo. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 22 de abril de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar los agravios vertidos por la parte actora como recurrente por las consideraciones expuestas con costas en el orden causado al resultar vencida con agravios que no fueron respondidos. (art. 68 del CPCC).
2. Dejar aclarada oficiosamente, la aparente contradicción en el tema de las costas en los puntos 5 y 6 del fallo, para evitar cuestiones futuras.
3. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a primera instancia.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Mario Albarrán no firma por no existir disidencias. Fdo.- Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara a/c Presidencia; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201019S.251 Tomo: CII Sentencia: 3115 Folio Nº: 130/139 Secretaria: 1
Fin de la sentencia