Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del todo lo actuado con posterioridad al auto de apertura de sumario, concretamente, con posterioridad al proveído de fs. 13 de las actuaciones administrativas (liquidación de multa y tributos), respecto del expediente SIGEA Nro. 12210-4083-2007. Con costas
2Declarar prescripta la acción de la DGA para imponer penas de acuerdo a lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. Garbarino.
3Disponer que el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, ordene que se corra vista de lo actuado, en el Expte. SIGEA Nro. 12210-4083-2007, a fin de que la recurrente pueda presentar su descargo y ejercer su derecho de defensa respecto de los tributos exigidos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2020 - Año del General Manuel Belgrano Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2020-91772125-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 30 de Diciembre de 2020 En Buenos Aires, reunidos los Jueces de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SADESA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (expte. 2019-102471722). El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que la firma del epígrafe, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 331 de fecha 26/07/2016 que culmina el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-4083-2007. Mediante dicha resolución, el jefe (Int.) de la División Secretaría de Actuación Nº 1 del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (DI LEGA) ordena el archivo de la multa, en los términos de lo dispuesto por el punto IV de la Instrucción General N° 2/07 y su ampliatoria N° 02/08 y, por otra parte exige, a la firma importadora “SADESA S.A.”, el pago de las sumas de U$D 549,85.- y $1.038,62.-, en concepto de tributos.
Opone excepción de nulidad como de previo y especial pronunciamiento del acto administrativo aquí apelado. Señala que dicha nulidad tiene su razón de ser en que nunca se practicó corrida de vista de lo actuado conforme se encuentra expresamente previsto en la normativa de rito, a fin de citar y emplazar, a su mandante, para que en el término de diez (10) días hábiles administrativos se presente a estar a derecho y evacue sus defensas. Agrega que conforme se desprende de los antecedentes administrativos nunca fue notificada legalmente de la instrucción de sumario dispuesta en fecha 08/08/11.
Sostiene que la resolución en trato adolece de vicios en el procedimiento previo a su dictado dado que la falta de corrida de vista conllevó a la pérdida de la posibilidad no sólo de ejercer en forma plena su derecho de defensa sino también de la posibilidad de ejercer el derecho que contempla el art. 930 del C.A., por lo cual considera que corresponde la anulación de todo lo actuado en consecuencia.
Solicita que se haga lugar a la excepción de nulidad declarando la nulidad de la instrucción de sumario dispuesta en fecha 08/08/11 que nunca fue notificada y de todo lo actuado en consecuencia en virtud de lo prescripto en el artículo 14° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.
Plantea la excepción de prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Señala que de acuerdo con lo que dispone el art. 937 del C.A., el plazo de prescripción de cinco años comenzó a computarse el 01/01/07 y expiró el 01/01/2012, sin que en el ínterin hubieran mediado algunas de las causales de suspensión y/o interrupción previstas en el mismo, en tanto entendemos que si bien el servicio aduanero procedió en fecha 08/08/11 a incoar el sumario de marras dicho acto no resulta oponible cuando del propio expediente surge que el mismo nunca fue notificado a su mandante.
En cuanto al fondo, menciona que es ilegítima la resolución recurrida atento la falta de configuración de la infracción endilgada. Dice haber efectuado las operaciones de exportación dentro de los plazos legalmente establecidos.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que el representante fiscal contesta el traslado conferido del recurso.
Informa que el monto de la multa no alcanzo la suma de $2.000 por lo que en cumplimiento de la I.G Nº 02/07 (DGA) se ordenó el archivo de las actuaciones. Agrega, no obstante, que la resolución apelada ordenó formular cargo a la actora por la suma de u$s 549,85.- en concepto de tributos adeudados y $ 1038 en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Luego de la negativa procesal de rigor, menciona que se hallan vencidos los plazos de permanencia autorizados en el territorio nacional de la mercadería en cuestión sin que se procediera a la debida acreditación de su reexportación o nacionalización por lo que se ha configurado la infracción prevista y sancionada por el art. 970 del C.A.
Dice que la jurisprudencia ha sido conteste en señalar que las infracciones revisten carácter objetivo, es decir que acreditados los extremos requeridos por la norma se tiene por configurada la infracción sin que sea necesario considerar el elemento culposo. En su apoyo, cita jurisprudencia de la Excma. Cámara que afirma que “…en las infracciones aduaneras la comprobación del hecho objetivo genera una presunción de culpa…”.
Afirma que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Agrega que el presunto responsable por una infracción debe ofrecer toda la prueba y acompañar la documental que estuviera en su poder cosa que la importadora no ha hecho por lo que ha quedado acreditado su incumplimiento.
Explica que la vista prevista por el Código Aduanero en su art. 1101 es que el presunto responsable de una infracción ofrezca toda la prueba y acompañe la documental que estuviere en su poder circunstancia que no ocurrió en el sumario en cuestión. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-4083-2007, se inician a fs. 1 con el acta de denuncia labrada en fecha 17/08/2007 contra la importadora “SADESA S.A.” por la presunta comisión de la infracción tipificada por el art. 970 del C.A. en relación con la DIT 04 073 TG14 000089 K. A fs. 6 obra la clasificación y valoración de la mercadería en presunta infracción. A fs. 7 se practica la liquidación tributaria. A fs. 12 se dispone la instrucción de sumario con fecha 08/08/11. Acto seguido, se reliquidan los tributos y se practica la liquidación de la multa. A fs. 15/18 lucen las pólizas de seguro de caución para garantías aduaneras correspondiente a la firma “Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.”. A fs. 20 y vta., luce la Resolución Nº 3331 dictada por la Jefe (Int.) del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, apelada en la especie, que exige el pago de tributos y ordena el archivo de la multa de conformidad con lo dispuesto por el punto IV de la Instrucción General N° 2/07 y su ampliatoria N° 02/08.
IV. Que, en principio, corresponde entender en el planteo de prescripción de la acción del fisco para percibir tributos impetrado por la recurrente, como consecuencia derivada de la nulidad del auto de apertura de sumario; pues, según su enfoque, el servicio aduanero no habría notificado el auto de apertura de sumario, por lo que dicho acto no resultaría oponible a su mandante.
Que corresponde aclarar que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación de este, siempre y cuando se trate de un vicio subsanable.
Que la resolución por la que se dispone la apertura del sumario es un acto administrativo de suma importancia por medio del cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que presenten sus defensas Que el art. 1094 del Código Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario y, en este sentido, dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que de la compulsa de los antecedentes administrativos SIGEA N° 12210-4083-2007 surge que el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario en fecha 8/08/11, es decir, antes de que opere el cumplimiento del plazo prescriptivo que vencía el 1/1/12 (atento a que la presunta comisión de la infracción aduanera acaeció en el año 2006).
Que la mentada instrucción de sumario da cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 1094 del C.A. atento a que, al momento de su apertura, el servicio aduanero contaba con la carpeta original de la DIT N° 04 073 TG14 000089 K (v. fs. 4 de las act. adm.) que constituye la causa y antecedente de la obligación, como así también, a ese momento, ya había practicado la liquidación tributaria (v. fs. 7 de las act. adm.) con posterioridad a la clasificación y valoración de la mercadería (v. fs. 6 de las act. adm.).
Que si bien hubo una nueva liquidación tributaria con posterioridad a la instrucción de sumario ello no obsta a que igualmente esa apertura de sumario sea válida puesto que esta segunda liquidación rectifica, más no sustituye, la primera realizada en los plazos establecidos por el Código Aduanero (ver fs. 13 y 7, respectivamente, de las act. adm.). De allí que, en la especie, el auto de apertura del sumario no ha sido dictado al solo efecto de suspender el transcurso del plazo de prescripción de la acción del fisco para exigir tributos.
Que, en ese sentido, se constata que el auto que dispuso la instrucción del sumario, de fecha 8/08/11 -ver fs. 12 del expte. adm.-, suspendió el curso de la prescripción, toda vez que la prescripción para percibir tributos regulada en el Código Aduanero reconoce como acto suspensivo el simple dictado del auto de instrucción del sumario (conf. art. 805, inc. a) del C.A.), sin que el mismo se trate de un acto cuya notificación fuera exigida a los efectos de tener virtualidad.
Que dicha postura fue expresamente reconocida por la CSJN, al resolver con fecha 12/5/2009 la causa “Wonderland SRL c/ Aduana Rosario s/recurso de hecho”, cuya doctrina, aunque se refiere a la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, es plenamente aplicable al presente y, según el cual “(...) el artículo 937, inc. a, del código antes citado establece que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por "el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario", sin determinar que dicho acto para tener virtualidad interruptiva requiera que sea puesto en conocimiento del sumariado.
Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la interrupción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo”. Asimismo, agregó que “(...) si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (artículo 1101) así lo habría indicado en el texto legal”. Añade seguidamente que una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada importaría suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción se debió a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos:303:1041; 304:794, entre muchos otros).
V. Que, sobre la base de las consideraciones anteriores, corresponde destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años de acuerdo con el art. 803 del C.A., que comenzó a correr el 1/01/07, en los términos del art. 804 inc. b), del C.A., (atento a que el hecho gravado, es decir, el vencimiento del plazo de permanencia de la destinación de importación temporaria tuvo lugar lugar en fecha 1 de diciembre de 2006), debiendo haber operado el 1/01/2012, de no haberse producido causales suspensivas.
Que, en fecha 8/08/11, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario habiendo transcurrido hasta ese momento, desde el 1/01/07, la cantidad de tiempo exacta de 4 (cuatro) años; 8 (ocho) meses y 8 (ocho) días. De acuerdo con el art. 805, inc. a), del C.A., el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió desde la apertura de sumario, es decir, desde el 8/08/11 "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805 inc. a).
Ahora bien, cuando el inc. a) del art. 805 del Código Aduanero expresa “...decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” no se refiere al simple dictado de la resolución aduanera sino que la misma debe ser notificada para quedar firma y pasar en autoridad de cosa juzgada. Ello es así, por cuanto con el simple dictado de la Resolución aduanera, el servicio aduanero no posee aún el ejercicio de la acción para percibir los tributos, es decir, no tiene abierta la vía ejecutiva, sino que, además, necesita notificar esa Resolución y esperar a que la misma quede firme y pase en autoridad de cosa juzgada para habilitar la acción de ejecución. De allí que el art. 805, inc. a) del C.A., debe interpretarse en el sentido de que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario hasta que quede firme y pase en autoridad de cosa juzgada la Resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento.
Por lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el agravio respecto de la invalidez del auto de apertura de sumario y la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, sin costas por su tratamiento conjunto con el fondo.
VI. Que, en segundo término, corresponde analizar la nulidad planteada por la recurrente en relación con el proceso que tuvo lugar en sede aduanera, con fundamento en que jamás fue notificada del auto de corrida de vista, a fin de citarlos y emplazarlos para que en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos se pongan en conocimiento de todo lo actuado y se presenten a estar a derecho.
Que de los antecedentes del caso se advierte, tal como lo manifestara la firma recurrente en su presentación inicial en autos, que no obra constancia alguna del auto que disponga correr vista de todo lo actuado en el procedimiento en sede aduanera, en los términos de lo dispuesto por el art. 1101 del Código Aduanero. En otras palabras, la recurrente no pudo presentar su descargo en sede aduanera ni evacuar sus defensas.
Que la importancia de la corrida de vista y su notificación radica en que por su intermedio se busca que el particular tome conocimiento cierto de los conceptos tributarios que se le reclaman y que quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir que la falta del auto que dispone correr la vista de todo lo actuado le produce al contribuyente una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de sus derechos afectando, de ese modo, el debido proceso y el derecho de defensa.
Que conforme al principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, la falta de la vista (o de posibilidad de impugnación) en los procedimientos jurisdiccionales que se desarrollan ante los organismos recaudadores acarrea “la nulidad de las actuaciones, no siendo aplicable el principio de subsanación de la restricción de la defensa en juicio en etapas ulteriores”, sustentado por la Corte Suprema (García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, Derecho Tributario, Tomo II, pág. 76, 4ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires. 2010).
Que “si bien las cuestiones de las nulidades deben evaluarse restrictivamente en tanto exista posibilidad de revisión en instancia posterior, ello no puede transformarse en un bill de indemnidad de la administración para no respetar las normas claras ..., pues ello significaría aceptar que se haga caso omiso de las mismas con la excusa de aquella revisión posterior, inadmisible en casos especiales como el que se resuelve” (en tal sentido, Sala “B” de este Tribunal, in re “Linch, Patricio María”, sentencia del 10/3/08).
Que dada la importancia que reviste el auto de la corrida de vista y su notificación por los efectos que ella produce es preciso que sea cumplida observando, estrictamente, las normas legales aplicables por lo que su transgresión debe considerarse y declararse una nulidad insanable.
Que en relación con los actos inexistentes, nulos y anulables se ha destacado, “es necesario advertir que no debe darse a esos términos y significados familiares rigor dogmático alguno; no debe partirse, por lo tanto, de casilleros en los cuales habrá forzosamente que encajar el de los actos administrativos, ni de principios doctrinarios a priori que puedan incidir en la apreciación objetiva de dichas circunstancias y desvirtuarlas. Se tratará de ver qué consecuencias se aplican a ciertos actos, pues esto es lo principal y no discutir sobre la denominación que luego podrá asignárseles (el resaltado me pertenece)...” (conf. Gordillo, Agustín, “Tratado de derecho administrativo”, 10ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2011, Tomo 3, Capítulo 11, pág. 3). Ello así, en el presente caso, la declaración de la nulidad planteada, que vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes del acto objetado, puede tener graves consecuencias jurídicas con relación al debido proceso adjetivo y al derecho de defensa que no son leves y susceptibles de poder sanearse en la presenta etapa procesal.
Que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece, como principio fundamental, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, debiendo procurarse, en lo esencial, que la libertad de defensa no sea coartada por las leyes hasta impedirle (al justiciable) producir la prueba de su derecho, o ponerlo en condición desigual con los demás, ya que las directivas del artículo 18 de la Constitución Nacional suelen servir de guía para la interpretación de la voluntad legislativa, asegurando la búsqueda de la verdad material sobre la verdad formal y el ritualismo infecundo que suele ser fuente de injusticias, máxime cuando la aspiración de toda comunidad es la implantación de un orden social justo.
Que, así como el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 1, inciso f) de la ley 19.549 y normas concordantes, pretende garantizar al administrado el ejercicio de su derecho de defensa. Es esta última norma la que consagra un principio central de todo procedimiento administrativo, en cuanto establece, en su apartado 1º, que dentro del derecho de los administrados a gozar del debido proceso adjetivo está el derecho a ser oído, el cual implica tener la posibilidad de “exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos”. Asimismo, el artículo 14º inc. b del mismo ordenamiento expresa que “El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: :...b) “Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales (el subrayado me pertenece) o de la finalidad que inspiró su dictado”.
Que convalidar el accionar fiscal vulneraría derechos tan preciados como el de defensa en juicio y el debido proceso adjetivo. La omisión por parte de la AFIP de conferir vista, o de considerar el descargo presentado en sede administrativa, constituye una violación de las formas procesales estatuidas inexcusablemente por la ley y origina el incumplimiento de los objetivos perseguidos por ésta, dando lugar a un estado de indefensión del contribuyente; por lo tanto, la resolución dictada en estas condiciones debe ser sancionada con su nulidad absoluta (Trib. Fiscal Nac., sala A, 2/11/2005, “Casev SRL”; en sentido análogo, sala B, 12/6/2009, “Laboratorio Helvética SA”)
Que, por último, huelga destacar que la representación fiscal no rebate el agravio planteado por la recurrente en relación con la falta del auto de la corrida de vista, sino que, en su contestación, solo se limita a acreditar el incumplimiento por parte de la firma importadora en relación con el fondo de la litis, más nada dice respecto de las nulidades planteadas por la recurrente que constituyen el basamento de su recurso ante este Tribunal Fiscal.
VII. Que por lo expuesto corresponde hacer lugar a la excepción opuesta por la actora y declarar la nulidad de las presentes actuaciones, en relación con la causa de lo actuado con posterioridad al auto de instrucción de sumario, concretamente, con posterioridad al proveído de fs. 13 de las act. adm. (liquidación de multa y tributos), debiendo efectuarse una corrida de vista a la recurrente, para que presente su descargo y evacue sus defensas.
Que, ello así, toda vez que la falta de corrida de vista impidió a la actora ejercer su derecho de defensa, causándole un perjuicio, que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose el derecho de defensa y elementales principios de jerarquía constitucional, derecho a ser oído, derecho al debido proceso, en cuanto se ha tramitado un procedimiento sin intervención de la contraparte, procedimiento que culminó con el dictado de una resolución condenatoria.
VIII.-.- Que, en atención a la nulidad declarada, se pasa a analizar el sub-lite frente a las disposiciones específicas del Código Aduanero sobre prescripción de la acción del fisco para imponer penas.
Que respecto de la multa, el plazo de prescripción es el de 5 años del art. 934 del CA, que comenzó a correr el 1/01/07, en los términos del art. 935 del CA (atento a que el hecho gravado tuvo lugar en el año 2004), debiendo operar el 1/01/2012 de no haberse producido causales interruptivas.
El art. 937 del C.A. establece que la prescripción de la acción del fisco para para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. Cabe señalar que desde el 8/08/11 en que se dispuso la apertura del sumario el plazo quinquenal para que el Fisco pueda imponer la multa se interrumpió conforme lo establece el art. 937 inc. a) del Código Aduanero. Ello así, si se computa el plazo de prescripción de cinco años a partir del día siguiente al acto interruptivo (auto de apertura de sumario de fecha 8/08/11), el vencimiento del mismo operaba el día 09/08/16. Siendo que que resulta nulo respecto de la recurrente todo lo actuado con posterioridad al auto de apertura de sumario (liquidación de fs. 13 de las actuaciones administrativas) , la Resolución N° 331 de fecha 26/07/2016 no pudo interrumpir la prescripción de la acción en los términos del art. 937 inc. d) del C.A. Considerando que la representante fiscal no ha alegado otras causales de interrupción de la prescripción de la acción del fisco enumeradas en el mencionado artículo, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para imponer multas.
IX. Que por la forma en que se resuelve no corresponde expedirse respecto de los demás agravios formulados por la actora.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del todo lo actuado con posterioridad al auto de apertura de sumario, concretamente, con posterioridad al proveído de fs. 13 de las actuaciones administrativas (liquidación de multa y tributos), respecto del expediente SIGEA Nro. 12210-4083-2007. Con costas 2.- Declarar prescripta la acción de la DGA para imponer penas de acuerdo a lo señalado en el Considerando VIII del presente voto.
3. Disponer que el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, ordene que se corra vista de lo actuado, en el Expte. SIGEA Nro. 12210-4083-2007, a fin de que la recurrente pueda presentar su descargo y ejercer su derecho de defensa respecto de los tributos exigidos.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Pablo Garbarino Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del todo lo actuado con posterioridad al auto de apertura de sumario, concretamente, con posterioridad al proveído de fs. 13 de las actuaciones administrativas (liquidación de multa y tributos), respecto del expediente SIGEA Nro. 12210-4083-2007. Con costas 2.- Declarar prescripta la acción de la DGA para imponer penas de acuerdo a lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. Garbarino.
3. Disponer que el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, ordene que se corra vista de lo actuado, en el Expte. SIGEA Nro. 12210-4083-2007, a fin de que la recurrente pueda presentar su descargo y ejercer su derecho de defensa respecto de los tributos exigidos.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del Código Aduanero).-
Date: 2020.12.30 19:18:59 -03:00 Date: 2020.12.30 19:24:03 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2020.12.30 19:24:04 -03:00
Fin de la sentencia