Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2024-175-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 12042-297-2023, en cuanto denegó la solicitud de repetición formulada por SADESA S.A. respecto de las destinaciones de exportación Nros. 18 001 EG01 002423 E, 18 001 EG03 001115 D, 18 001 EG03 001286 M, 18 001 EG01 003187 M y 18 001 EG01 003208 G, con costas a la actora vencida, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1163 del Código Aduanero.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-52541699-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 27 de Mayo de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Horacio Joaquín Segura (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia de Sala a cargo del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos EX-2024-91929755- -APN- SGASAD#TFN, “SADESA SA”
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que, mediante presentación ingresada el 27/08/2024 bajo el documento RE-2024-91928403-APN- SGASAD#TFN, la firma SADESA S.A., por intermedio de su apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-175-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12042-297-2023, mediante la cual la Aduana de Buenos Aires denegó la solicitud de repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 793/2018, respecto de las destinaciones de exportación involucradas en autos.
La recurrente solicita que se revoque la resolución apelada y se ordene la devolución de la suma de $ 1.683.137,85, con más sus intereses, correspondiente a los derechos de exportación abonados respecto de los permisos de embarque Nros. 18 001 EG01 002423 E, oficializado el 10/09/2018; 18 001 EG03 001115 D, oficializado el 26/09/2018; 18 001 EG03 001286 M, oficializado el 08/11/2018; 18 001 EG01 003187 M, oficializado el 12/12/2018; y 18 001 EG01 003208 G, oficializado el 13/12/2018.
Sostiene, en lo sustancial, que el pago cuya repetición pretende fue efectuado por exigencia del servicio aduanero en oportunidad de documentar las exportaciones mencionadas, con fundamento en el Decreto N° 793/2018, norma que —según afirma— habría establecido derechos de exportación sin respaldo legal suficiente y en violación del principio de reserva de ley en materia tributaria.
Funda su pretensión, principalmente, en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo”, sentencia del 15/04/2014 , y afirma que los derechos de exportación revisten naturaleza tributaria, por lo que deben ser establecidos por ley formal del Congreso Nacional. En ese orden, cuestiona que el Poder Ejecutivo Nacional haya fijado el tributo mediante el Decreto N° 793/2018 con invocación del art. 755 del Código Aduanero y de los arts. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional.
Alega que el art. 755 del Código Aduanero no contiene una delegación legislativa válida que habilite al Poder Ejecutivo a establecer derechos de exportación en los términos exigidos por la Constitución Nacional, en particular por los arts. 4, 17, 52, 75 inc. 1°, 76 y 99 inc. 3°. Agrega que la posterior sanción de la Ley N° 27.467 no subsana la ilegitimidad que atribuye al Decreto N° 793/2018 respecto de los hechos imponibles acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, por carecer dicha ley de efectos retroactivos.
Asimismo, plantea que la aplicación del decreto cuestionado afectó su derecho de propiedad, al imponerle el pago de sumas que considera indebidamente exigidas. También cuestiona, para el supuesto de hacerse lugar a la repetición, la tasa de interés aplicable a la devolución, solicitando que se reconozcan intereses suficientes para mantener la integridad del crédito reclamado.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, se ordene la devolución de las sumas abonadas, con más sus intereses, y se impongan las costas a la demandada.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido el 01.11.24 mediante el IF-2024-120082762-APN- DTD#JGM. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Hace referencia a los hechos que originaron la cuestión. Invoca los arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema. Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, haciendo propias las consideraciones del Vocal preopinante en dichas actuaciones respecto a la interpretación que corresponde dar a la ley 26.122, explayándose a dicho respecto. Asimismo, cita los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante ("Indunor SA c/EN- PEN y otro s/amparo Ley 16.986". Fallo de fecha 25/04/2019, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala II -Expte. 67133/2018; “Patagonic Gas SRL C/ EN-AFIP-DGA S/Amparo Ley 16.986”. Fallo de la Sala III de la CNACAF, de fecha 14/11/19- Expte. 74554/2018) señalando al fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020-15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18.02.21, que da por reproducido.
Fundamenta luego que el Tribunal Fiscal resulta incompetente para declarar la inconstitucionalidad de las normas, refiriendo al art. 1164 del CA, jurisprudencia y doctrina. Cita la Causa Nº 9434-A “RBK ARGENTINA S.A. c/DGA s/ RECURSO DE APELACION”. Por último, trae a colación el decisorio arribado en el Plenario TFN del 26/04/2022 (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN). Finalmente indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” respecto de la moneda en que deben devolverse las diferencias de derechos que deban pagarse. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. El 17.06.25 la demandada acompaña las actuaciones administrativas. El 19.05.26 se elevan los autos a esta Sala “E” y el 20.05.26 se los pasa a sentencia.
IV. Que la actuación administrativa SIGEA Nº 12042-297-2023, iniciada con fecha 25.09.23, tramita la repetición de los derechos de exportación abonados respecto de los Permisos de Embarque: Nº 18 001 EG01 002423 E, oficializado el 10.09.2018; Nº 18 001 EG01 003187M, oficializado el 12.12.2018; Nº 18 001 EG01 003208 G, oficializado el 13.12.2018; Nº 18 001 EG03 001286 M, oficializado el 08.11.2018 y Nº 18 001 EG03 001115 D, oficializado el 26.09.2018. A continuación del escrito de repetición del SIGEA, lucen los permisos de embarque. El 29.04.24 el Director de la Aduana de Buenos Aires dispone: tener por presentada y parte a la empresa actora a través de su apoderado; por iniciado el procedimiento de repetición en los términos de la Resolución General (AFIP) 2365/07; por agregada la documental aportada; que se produzca el informe técnico requerido y por Sección Económica y Financiera se certifiquen los montos abonados para su agregación. El 07.05.24 se dicta resolución de amparo por mora a favor de la firma. El 05.07.24 Luce informe del servicio jurídico, que considera rechazar la repetición con sustento, entre otros argumentos, en el Plenario TFN “Petroquímica Comodoro Rivadavia” y en la imposibilidad administrativa de declarar la invalidez del Decreto 793/18. El 02.08.24 se dicta la Resolución RESOL-2024-175-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, apelada en estos autos, por la que no se hace lugar a la repetición solicitada.
V. Corresponde analizar si la Resolución RESOL-2024-175-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, firmada por el Director de la Aduana de Buenos Aires, en cuanto resolvió denegar la devolución de la suma pretendida por SADESA S.A. en concepto de derechos de exportación abonados por los PE 18 001 EG01 002423 E, oficializado el 10.09.2018; Nº 18 001 EG01 003187M, oficializado el 12.12.2018; Nº 18 001 EG01 003208 G, oficializado el 13.12.2018; Nº 18 001 EG03 001286 M, oficializado el 08.11.2018 y Nº 18 001 EG03 001115 D, oficializado el 26.09.2018, se ajusta a derecho.
Que mediante los referidos PE la actora documentó las exportaciones a consumo de la mercadería en ellos declarada, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18, que establecía para todo el universo arancelario, una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería).
Ello así por cuanto el art. 726 del Código Aduanero dispone que sea aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo.
Que en consecuencia, y basados en las fechas de oficialización de las exportaciones a consumo bajo estudio, corresponde analizar los Permisos de Embarque involucrados, dividiéndolos en dos grupos: aquellos que fueron oficializados con anterioridad al 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (los que se evalúan en los puntos VI a IX y XI del presente resolutorio), y los que fueron presentados con posterioridad a su vigencia 18 001 EG01 003187M, oficializado el 12.12.2018; Nº 18 001 EG01 003208 G, oficializado el 13.12.2018. (que se analizan en los puntos X y XI).
Que previo a ello, y atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, en primer término corresponde dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/18, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto IX “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente. VI.- Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
VII. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban (e interactúan) en forma conjunta con las leyes 26.939 (B.O. 29-04-2014) que al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 793/2018, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
VIII. Que en relación al planteo de la recurrente en cuanto a que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y que recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley 27.467 que lo validó, corresponde tener presente las siguientes consideraciones:
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisamente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde analizar si la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante la Ley de Presupuesto N° 27.467 resulta suficiente para convalidar la validez del Decreto 793/2018 entre los días 04/09/18 y 04/12/2018, toda vez que a partir de ahí y hasta el final del periodo de tiempo de fijación de las alícuotas (30/12/2020) nada se ha cuestionado.
Este punto es medular a los fines de comprender la controversia planteada. La recurrente no plantea la invalidez del Decreto “in totum” sino solo respecto del período de tiempo comprendido entre el día 04/09/18 y el 04/12/2018, por lo que se deduce, que la aprobación realizada por el Congreso de la Nación, a partir de ahí es suficiente, caso contrario se hubiera planteado su invalidez absoluta.
En otros términos, la parte no cuestiona que la aprobación del Congreso mediante la Ley 27.467 es nula por no haber seguido los procedimientos formales de la ley 26.122, sino que solamente plantea que su aprobación no puede ser retroactiva, lo que nos conduce nuevamente al punto previo ya analizado y resuelto por el artículo 17 de la ley 26.122.
Pero si existieran dudas sobre la interpretación respecto de la fecha de vigencia de las alícuotas, la misma ha quedado expresamente aclarada en el art. 82 de la ley 27.467 que expresamente dispone: “ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos…y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.” (las negritas me corresponden). Es decir, que el Congreso de la Nación expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida con fecha 04/09/2018.
Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la ley 27.467 no tendría efecto convalidante toda vez que no se ajusta al procedimiento instaurado por la ley 26.122, debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, se ha cumplido (dentro de un plazo razonable: 3 meses) con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas. En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
Además de ello, el legislador reiteró nuevamente la integra aprobación del Decreto N° 793/18 en el artículo 54 de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde, también fijó un tope arancelario máximo (33 % del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido es indubitable.
Que en este mismo sentido, con fecha 26/04/2022, este Tribunal Fiscal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467” (las cursivas y negritas me corresponden). Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto N° 793/2018 y demás pretensiones planteadas por la parte recurrente.
IX. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes 27.467 y 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
X. Respecto a los Permisos de Embarque oficializados con posterioridad a la vigencia de la ley 27.467, esto es: 18 001 EG01 003187M, oficializado el 12.12.2018 y Nº 18 001 EG01 003208 G, oficializado el 13.12.2018, corresponde confirmar el rechazo de la solicitud de devolución de los Derechos de Exportación en ellos pagados, toda vez que los mismos fueron oficializados encontrándose vigente la ley 27.467. Téngase presente a tal fin que el artículo 3ro. del Plenario referido (“Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”) consideró en base a los fundamentos en el expuestos, que el día 04/12/2018, marca la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
XI. En relación a las costas, y atento la forma en que se resuelve y que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica –parcialmente- al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora vencida de conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A.. Que por ello, VOTO por:
Confirmar la Resolución RESOL-2024-175-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 12042-297-2023, en cuanto denegó la solicitud de repetición formulada por SADESA S.A. respecto de las destinaciones de exportación Nros. 18 001 EG01 002423 E, 18 001 EG03 001115 D, 18 001 EG03 001286 M, 18 001 EG01 003187 M y 18 001 EG01 003208 G, con costas a la actora vencida, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1163 del Código Aduanero.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez, con excepción de lo que decide respecto de la imposición de costas. Como sostuve en precedentes anteriores la fecha precisa en que el decreto 793/18, en cuanto ratificado por la ley 27.467, adquiere validez y vigencia es una cuestión no zanjada. Puede considerarse tanto: (i) que el decreto 793/18, ratificado por la ley 27.467, tiene validez y vigencia desde el 04.12.18, con la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.467 -conforme su art. 82-; o bien que; (ii) aplican la normas generales del Código Civil para la vigencia del decreto 793/18, ratificado por la ley 27.467: con ello validación del decreto 793/18 solo tendría efecto desde el 13.12.18. En consecuencia, por decidirse la cuestión por aplicación de un plenario y existiendo jurisprudencia federal unánime favorable a las posición de la actora considero que deben imponerse por su orden las costas relativas a los permisos de embarque ("PE") 18001EG01002423E (oficializado el 10/09/2018); 18001EG03001115D (oficializado el 26/09/2018); 18001EG03001286M (oficializado el 08/11/2018) y el 18001EG01003187M (oficializado el 12/12/2018); y a la actora respecto del PE 18 001EG01003208G (oficializado el 13/12/2018).
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Adhiero voto del Dr. Juárez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución RESOL-2024-175-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 12042-297-2023, en cuanto denegó la solicitud de repetición formulada por SADESA S.A. respecto de las destinaciones de exportación Nros. 18 001 EG01 002423 E, 18 001 EG03 001115 D, 18 001 EG03 001286 M, 18 001 EG01 003187 M y 18 001 EG01 003208 G, con costas a la actora vencida, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1163 del Código Aduanero.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2026.05.26 17:06:37 ART Date: 2026.05.27 11:42:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.27 14:45:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.27 14:47:17 -03:00
Fin de la sentencia