Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 92013829-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora respecto de las destinaciones 18001EG03001108F, 18001EG03001245H, 18001EG03001321C, 18001EG01002765N, 18001EG01002487Y, 18001EG01002890M y 18001EG01002764M, y en consecuencia dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y la resolución administrativa allí impugnada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/2018 y admitir la acción de repetición promovida por la actora respecto de los derechos de exportación abonados al oficializar las destinaciones indicadas, con el alcance establecido en los considerandos VI, VII y IX de la presente.
2Desestimar el recurso de la parte actora respecto de las destinaciones 18001EG03001438L y 18001EG03001447L, por las razones expuestas en el considerando VIII.
3Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional; y distribuir las costas del presente juicio por el trámite cumplido en ambas instancias, imponiéndolas en el 75% a la demandada y en el 25% a la actora.
CAF 33571/2025 “SADESA SA (TF 92013829-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 17 de marzo de 2026.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 3/02/2025, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución Nro. RESOL-2024-170-E-AFIP- DIABSA#SDGOAM, recaída en las Actuaciones Administrativas Nro. 12042-299- 2023, en cuanto dispuso denegar el pedido de devolución de derechos de exportación pagados en función de lo previsto por el decreto 793/2018, formulados por la firma actora.
En primer lugar, atento las fechas de oficialización de los PE involucrados, los dividió en dos grupos:
El primero conformado por los PE 18001EG03001108F, 18001EG03001245H, 18001EG03001321C, 18001EG01002765N, 18001EG01002487Y, 18001EG01002890M y 18001EG01002764M oficializados con anterioridad al 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 -en su entendimiento- y el segundo grupo por los PE 18001EG03001438L y 18001EG03001447L oficializados después del 05/12/2018, o sea con posterioridad a la entrada de vigencia, bajo el criterio mencionado. En cuanto al primer grupo, sostuvo que las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Respecto de los PE oficializados con posterioridad a la vigencia de la ley 27.467, segundo grupo en cuestión, PE 18001EG03001438L y 18001EG03001447L, oficializados con fecha 19/12/2018 y 26/12/2018, respectivamente, confirmó el rechazo de la solicitud de devolución de los Derechos de Exportación pagados, toda vez que fueron oficializados encontrándose vigente la ley 27.467.
Por último, estimó que las costas debían ser impuestas por su orden con relación a los PE 18001EG03001108F, 18001EG03001245H, 18001EG03001321C, 18001EG01002765N, 18001EG01002487Y, 18001EG01002890M y 18001EG01002764M, y con costas a la actora con relación a los PE 18001EG03001438L y 18001EG03001447L (v. págs. 531/6 del DEO: 19854871 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 2/09/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación, la parte actora con fecha 12/02/2025, fundándolo ese mismo día (ver fs. 544 y 546/577, respectivamente, de las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación), y el Fisco Nacional en una misma presentación apeló y fundo su recurso, el día 11/03/2025 (ver fs. 582/611 de las actuaciones indicadas). Corridos los pertinentes traslados, únicamente la parte demandada presentó réplica de los fundamentos de su contraria (ver informe de fs. 621 del DEO: 20363733 Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 7/10/2025). Con fecha 29/10/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la firma actora:
En primer lugar, luego de referir los antecedentes del caso, la exportadora, cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”. Sostuvo sobre el punto que el Plenario del Tribunal Fiscal merecía una profunda revisión, no solo porque se oponía a los claros conceptos fijados por la Corte en “Camaronera Patagónica”, sino porque además no determinaba una doctrina legal unívoca, sino que por fundamentos aparecían los votos individuales de los vocales opinantes que arribaban a la misma conclusión por caminos diversos.
Dicha circunstancia, a su entender, no constituía una doctrina legal aplicable, puesto que se atentaba contra el principio de seguridad jurídica; máxime cuando esas posiciones se oponían a un fallo de la Corte Suprema dictado sobre un tema análogo.
Seguidamente, destacó que lo dispuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación debía ser revocado puesto que:
a) los derechos de exportación son impuestos, es decir, tienen naturaleza tributaria;
b) en materia tributaria, rige el insoslayable principio de legalidad establecido expresamente en nuestra Constitución Nacional;
c) el principio de legalidad en materia tributaria no cede en circunstancias de emergencia pública y se refiere a la creación, pero también a la modificación de los aspectos sustanciales de un tributo;
d) el principio de legalidad en materia tributaria tampoco cede en circunstancias en que se actúa con el mecanismo de delegación legislativa. e) en materia de derechos de exportación, el artículo 755 del Código Aduanero, no resultaba una norma delegante válida, en tanto no establecía los elementos esenciales del tributo.
f) la ilegitimidad de los derechos de exportación impuestos por normas extra-legales, se limitaba al período en que no fue ratificada por una Ley del Congreso y que la ratificación de una norma constitucionalmente inválida sólo podía operar para el futuro.
En cuanto a la tasa de interés aplicable, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución MECON nro. 559/2022.
En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas, por ende, solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Apelación de la parte demandada:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que el fallo recurrido confirma en su totalidad la resolución aduanera, por lo tanto, correspondía estar a lo así previsto por el artículo 68 del CPCCN y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
V. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que para concretar las exportaciones documentadas entre el 14/09/2018 y el 26/12/2018, mediante las destinaciones 18001EG03001108F, 18001EG03001245H, 18001EG03001321C, 18001EG01002765N, 18001EG01002487Y, 18001EG01002890M, 18001EG01002764M, 18001EG03001438L y 18001EG03001447L la actora efectuó el pago de la suma de $ 6.173.834,38 en concepto de derecho de exportación del total de las destinaciones indicadas, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 793/2018 (B.O. 4/09/2018), por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones de consumo. Tampoco las fechas en que las mismas fueron oficializadas, cuestión que cobra relevancia principalmente respecto de los PE 18001EG03001438L y 18001EG03001447L, oficializados con fecha 19/12/2018 y 26/12/2018, respectivamente, en función del fundamento del rechazo de lo peticionado por la parte actora.
VI. Que puesto ello de relieve, en el sub examine cabe señalar respecto del reclamo de la firma actora relativo al reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467, que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar los despachos de exportación 18001EG03001108F, 18001EG03001245H, 18001EG03001321C, 18001EG01002765N, 18001EG01002487Y, 18001EG01002890M, 18001EG01002764M (oficializadas el 14/09/2018 y el 15/11/2018), cuyos pagos - por lo demás- no fueron desconocidos en autos por la demandada (en el mismo sentido, Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VII. Que, respecto del segundo grupo en cuestión —PE 18001EG03001438L y PE 18001EG03001447L—, corresponde señalar que se comparte lo decidido respecto de que dichas destinaciones fueron oficializadas con posterioridad a la entrada en vigencia del art. 82 de la Ley 27.467, si bien se deja aclarado que a criterio de este Tribunal aquella comenzó a regir a partir de los ocho (8) días de su publicación en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto por el art. 5 del CCyCN.
En efecto, las referidas destinaciones fueron oficializadas los días 19/12/2018 y 26/12/2018, respectivamente, por lo que corresponde confirmar el rechazo de la solicitud de devolución de los Derechos de Exportación abonados, toda vez que las operaciones fueron registradas cuando la normativa citada ya se encontraba vigente.
A todo evento, se pone de resalto que la parte actora omitió realizar la más mínima consideración respecto de este acápite de la sentencia, toda vez que atacó la misma bajo el entendimiento de que el rechazo de la totalidad de los reintegros fue por aplicación de la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal, lo que no se condice con los términos de la sentencia recurrida.
VIII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación respecto del reintegro correspondientes a lo decidido, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino”, del 4/07/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros.
IX. Que, despejado el punto anterior y definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa 20.372/2024 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 2299742-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/12/2024 (considerando XVII), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
Por ende, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora con respecto a la Resolución nro. 559/2022, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos: 302:1149 y 303:241, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados; supuesto que no se encuentra mínimamente acreditado en el sub examine.
Es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone a quien la pretende, demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo (conf. CSJN, Fallos: 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282; entre muchos otros).
En dicho contexto, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin intentar acreditar de qué modo la resolución del Ministerio de Economía, conculcaría sus derechos constitucionales.
Es decir, la firma demandante se limita a solicitar la inconstitucionalidad mencionada, refiere a un supuesto perjuicio a su derecho de propiedad, así como también a los principios de igualdad y razonabilidad. Sin embargo, ninguno de estos extremos resultan acreditados por la actora, siendo entonces meros argumentos genéricos utilizados para tildar subrepticiamente de inconstitucional las distintas resoluciones que fueran dictadas por expresa delegación legal y respetando dicho marco.
De hecho, ni siquiera ofreció prueba alguna que permita concluir lo pretendido. Tal y como fuera expuesto el único argumento que expone refiere a la inflación experimentada en el período reclamado, sin embargo, ello no resulta ser un agravio suficiente ya que justamente la resolución 559/2022 aumentó la tasa de interés aplicable de manera considerable.
En definitiva, la recurrente, no efectuó un análisis riguroso que compruebe debidamente la lesión constitucional denunciada en el caso concreto; lo que determina el rechazo del planteo dirigido a cuestionar la validez de la resolución 559/2022, que -por tanto, según fuera previamente indicado- ha de ser aplicada a los efectos del cobro de los intereses adeudados por la condena de autos.
Por lo demás, a mayor abundamiento, recuérdese que existen normas específicas que regulan la materia (es decir, las resoluciones ministeriales que establecen los intereses para los casos de repetición de los impuestos), razón por la cual han de ser seguidas (conf., en este sentido, esta Sala, en autos 41.253/2022 “Parra, Mónica Mercedes y otro c/EN - AFIP - Ley 20.628 s/proceso de conocimiento”, sent. del 3/10/2023 y sus citas).
Por lo tanto, el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde que fueran formuladas las peticiones de repetición en sede administrativa y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular:
-desde los reclamos a la autoridad aduanera y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019; -a partir del 1/9/2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022;
- a partir del 1/02/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 3/2024;
- a partir del 1/03/2025 por el art. 3° de la resolución 199/2025; y - a partir del 1/07/2025, por el art. 3° de la resolución 823/2025, todas del Ministerio de Economía, y en su caso, por las normas que los modifiquen.
X. Que, finalmente en cuanto a las costas, único agravio de la parte demandada, en virtud de lo decidido; atento a los vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del CPCCN) y la debida adecuación de su distribución al resultado final del proceso, dando plena vigencia al principio general rector en la materia, se determina que las vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, se impongan en un 75% a la demandada y en el 25% restante, queden a cargo de la parte actora (conf. artículos 68, primera parte, 71 y 279, CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora respecto de las destinaciones 18001EG03001108F, 18001EG03001245H, 18001EG03001321C, 18001EG01002765N, 18001EG01002487Y, 18001EG01002890M y 18001EG01002764M, y en consecuencia dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y la resolución administrativa allí impugnada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/2018 y admitir la acción de repetición promovida por la actora respecto de los derechos de exportación abonados al oficializar las destinaciones indicadas, con el alcance establecido en los considerandos VI, VII y IX de la presente.
2. Desestimar el recurso de la parte actora respecto de las destinaciones 18001EG03001438L y 18001EG03001447L, por las razones expuestas en el considerando VIII.
3. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional; y distribuir las costas del presente juicio por el trámite cumplido en ambas instancias, imponiéndolas en el 75% a la demandada y en el 25% a la actora. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia