Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8695/24 Sentencia: Definitiva Actor: Sáez Clodomiro C.
Demandada: Disab Sudamericana S.A Objeto: Laboral Fecha: 15-05-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 15 del mes de Mayo de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “SAEZ, CLODOMIRO C/DISAB SUDAMERICANA S.A. S/LABORAL" Expte. Nº 16.170/2.014 que tramita en el Juzgado Provincial de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, y de Minería con asiento en la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8695. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Griselda Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que a fs. 17/20 se presenta el Dr. Carlos Toledo Vargas en representación del Sr. Clodomiro Saez y promueve demanda laboral en contra de Disab Sudamericana S.A. persiguiendo el cobro de la suma de Pesos Ciento Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 102.474,64) en concepto de haberes adeudados, liquidación final comprendiendo SAC y vacaciones proporcionales, indemnización por omisión de preaviso, integración del mes de despido, entrega de la certificación del art. 80 LCT, más indemnización por falta de entrega de ésta, indemnizaciones Ley 25.323, art. 132 bis LCT, haberes caídos por accidente de trabajo e indemnización por incapacidad por accidente de trabajo, solicitando se condene a la demandada a abonar las sumas reclamadas con más los intereses desde que cada suma es debida y hasta el momento de su efectivo pago de conformidad con la tasa activa del BNA, entrega de la certificación de servicios y remuneraciones bajo apercibimiento de astreintes. Al relatar los hechos en que sustenta su pretensión, indica la fecha desde que comenzó a prestar servicios en favor de la demandada, detalla las tareas que desarrollaba y el horario de trabajo que cumplía. Dice que el 2 de Diciembre de 2.013 recibió un telegrama por el que le informan la desvinculación de la empresa y que ese mismo día, procedió a intimarlos para que le aclaren su situación laboral y luego, ya recibido el telegrama de despido remitió otro el 4 de Diciembre de 2.013 rechazando los términos del mismo, informando carpeta médica e indicando que la decisión rescisoria producirá efectos a partir del acta definitiva, solicitando indique ART y reserva del puesto de trabajo en negro, falta de registración de aportes y de obra social. Agrega que luego, el día 12 de Diciembre de 2.013 intimó pago de haberes y liquidación final más certificaciones del art. 80 LCT. Refuerza su reclamo describiendo la dolencia física que padece derivado de un accidente de trabajo y describe los estudios médicos que lo acreditan. Funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.
II. A fs. 45/49 se presentan los Dres. Eugenio Gomez Carrasco y Franco Villalon Lescano e invocando la representación de la razón social Disab Sudamericana S.A. contestan demanda. Formulan una negativa particular de los hechos e impugnan los rubros indemnizatorios. Al relatar la realidad de los sucesos, reconocen la relación de trabajo entre las partes y el término que perduro, esto es, un mes. Señalan que el actor fue contratado para realizar tareas de ayudante, no calificadas, e ingreso a trabajar el día 1 de Noviembre de 2.013 y su contrato se extinguió por rescisión unilateral de la empleadora el día 2 de diciembre de igual año, destacando que su parte podía rescindir la relación de empleo sin derecho a indemnización de conformidad con el art. 92 bis. LCT dado que el actor se encontraba en periodo de prueba y por tal motivo no corresponden las indemnizaciones reclamadas. Ofrecen pruebas, formulan reserva de caso federal y hacen su petición final. III.- Que por PE 1223242-2024 se dicta sentencia definitiva en fecha 16 de Enero de 2024, Reg. N° 1623, T° XXXI, F° 061/066, mediante la cual, se condena a DISAB SUDAMERICANA S.A a abonar a Clodomiro SAEZ la suma de Dos Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con Veintiseis Centavos ($ 2.681.843,26) que devengará los intereses dispuestos en el punto “L” de los considerandos (tasa pasiva promedio mensual del BCRA) hasta su efectivo pago.
IV. Contra el fallo dictado la parte actora interpone recurso de apelación y lo funda mediante PE 1243857 - 2024. El agravio que formula recae sobre la actualización del monto regulado por S.S. Aduce en tal sentido que su crítica radica en que si se hace referencia a la suma por la cual se indemniza que es de $ 165000, sumando discapacidad más liquidación, es equivalente a 14 sueldos de esa época, por lo que entiende que la liquidación debe ser actualizada al equivalente de 14 sueldos actuales. Según sostiene, para entender la bajísima actualización, se debe tomar como referencia el dólar oficial al momento del despido, lo que arrojaría no menos de $ 14.000.000 a la actualidad. Agrega que también se podría analizar su planteo utilizando como ejemplo el valor de un auto, el valor de la canasta básica familiar, o del mínimo vital y móvil y todo indicaría que la actualización de la sentencia es baja. Concluye sosteniendo que lo que solicita es una actualización acorde a las circunstancias actuales y a la depreciación de la moneda y el poder adquisitivo de estos tiempos. Cita jurisprudencia que entiende aplicable, mantiene reserva del caso federal y hace su petición final.
V. Los agravios de la parte actora no merecieron replica de la contraparte pese a encontrarse debidamente notificados.
VI. Que ingresando al análisis de la queja, estimo necesario resaltar primeramente que el recurso de apelación es el remedio procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación o aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos o la prueba. En ese sentido se ha dicho que “Es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios, fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no produjo (Conf. CNCiv., Sala A, “Celi, Walter Benjamin y otro c. Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/daños y perjuicios” del 15/07/2010). Dicho ello, advierto que las alegaciones formuladas por la quejosa para sustentar el agravio respecto del criterio aplicado en la instancia de grado para actualizar el monto de la condena, se traduce en una mera disconformidad sin que se indiquen de modo concreto y preciso las circunstancias jurídicas por las cuales considera equivocado el pronunciamiento dictado.
Es en ese sentido que interpreto que los parámetros que utiliza el recurrente para confrontarlo, tales como el valor del dólar oficial al momento del despido, el valor de un auto, el de la canasta básica familiar o el salario mínimo vital y móvil, no son indicativos por sí solos para sostener la equivocación o el defecto de que aquella adolece según su modo de ver. Pues, no son suficientes las expresiones genéricas como los son los ejemplos utilizados en agravios, sino que se debió indicar o determinar concretamente, cuál es el índice, interés o estadística que aplicado al caso, descalifica el criterio que se aplicó en la instancia anterior para actualizar el monto de condena y en qué medida. Puesto que son esos parámetros concretos los que permiten al juzgador ponderar si la actualización pretendida procede frente a las modalidades de ajuste receptadas a partir de pautas de legítimo resarcimiento, labor que en el caso se ve obstaculizada frente a la vaguedad observada en la queja. Se tiene dicho que “Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuye al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.” (conf. Morello, Augusto “Códs. Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado.” T. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988) Que sin perjuicio de lo expuesto, se debe tener presente que el actor, al momento de promover la demanda, pidió la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para la actualización de las sumas reclamadas desde que son debidas y hasta su efectivo pago. Ese fue el contenido material de su pretensión en su escrito inicial y fue recién en agravios que introdujo los parámetros aludidos.
Asi fue que en grado se utilizó la tasa pasiva promedio mensual del BCRA, siguiendo la doctrina casatoria de nuestro Tribunal Superior de Justicia para tales fines. No obstante señalo que las tasas de interés que se utilizan para actualizar los montos de condena, deben valorarse en cuanto a su conveniencia siempre en beneficio del trabajador, ya que se trata de la tutela de derechos laborales que impone prestar una especial atención (arts. 14 bis C. N., 9 y ccs. LCT, arts. 766 y ccs. CCC, 164 y 166 CPCC). Sobre este aspecto destaco que los intereses aplicables a los montos de condena deben ser fijados por los jueces dentro de marco previsto por el art. 768 inc. C) del CCYC, adaptado por supuesto a la justicia del caso. De ahí fue que esta Excma. Cámara ha decidido en diferentes pronunciamientos la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de interés válido. Sin perjuicio de ello cierto es que la doctrina casatoria del Tribunal Superior de Justicia al respecto ha sido la utilización de la tasa pasiva promedio del BCRA. Así las cosas entiendo que la tasa fijada en el fallo puesto en crisis por el recurrente debe mantenerse, ya que es la que mejor recompone los créditos reconocidos al trabajador en el lapso temporal transcurrido desde que se generaron hasta su liquidación en la instancia de grado. Que por las razones apuntadas debe desestimarse el agravio en tratamiento.
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa, con costas a la parte recurrente por el principio objetivo de la derrota. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
VII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
VIII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Rechazar el agravio formulado por la parte actora confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio 2°) Imponer las costas en ésta instancia a la vencida (art. 68 C.P.C.). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado 4º) Tener presente la reserva del caso federal 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 15 de Mayo de dos mil veinticinco
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A: 1°) Rechazar el agravio formulado por la parte actora confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio. 2°) Imponer las costas en ésta instancia a la vencida (art. 68 C.P.C.). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 4°) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. La Dra. Griselda Bard no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.- Protocolización: A201023S.251 Tomo: CII Sentencia: 3119 Folio Nº: 164/167 Secretaria: 1
Fin de la sentencia