Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7218
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello rechazo el primer agravio de la demandada.
Respecto del segundo agravio su suerte queda sellada con el rechazo del primer agravio. Es cierto que la demandada despidió sin causa al actor y en su momento le abonó la indemnización conforme al salario que abonaba. Pero existía una condena anterior de encuadramiento del actor y diferencias impagas que la empleadora no tuvo en cuenta y no abonó rubros de convenio por lo que lo abonado resultó incompleto y obligó a la promoción de esta causa- Respecto del tercer agravio es conocida en el foro mi posición con respecto de la tasa de interés, que debe ser la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina, acorde con la doctrina (invocada por el recurrente) del Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re “Díaz c/ Pcia. de Santa Cruz s/ laboral” y mantenido en “Ojeda, Sandra Fabiana c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ cobro de pesos” y Farrel, Francisco Norberto c/ Laperchuc, Raúl Osvaldo s/ laboral” y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Palmieri , Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ ordinario” y reiterado en el Recurso de hecho en la causa “Mantello, Paulo Mario c/ Fuerza Aérea Argentina y otros s/ ordinario”. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7218 Sentencia: 2816 Actor: SAEZ OJEDA, David Demandada: ARGENOVA S.A Objeto: LABORAL Fecha: 10/12/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los diez días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “SAEZ OJEDA, David c/ ARGENOVA S.A. s/Laboral”, Expte. Nº 747 del año 2009 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Puerto Deseado, que tuviera ingreso en la instancia bajo el Nº 7218. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dr. Juan Pablo Olivera y Dr. Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el actor representado por la Dra. María Gabriela OSTE promueve, con la documental de fs. 1/32 y el escrito de fs. 33/41, demanda por cobro de indemnización por daño material, en concepto de diferencias salariales, deficiente pago de liquidación final e indemnización por despido e indemnizaciones derivadas del despido discriminatorio por la edad y por el problema de salud, intereses y costas. Plantea ser encuadrado en CCT 372/04 mala liquidación de los salarios y falta de pago de rubros convencionales, rebaja de rubros, y ser victima de un despido discriminatorio. Describe los hechos y el fundamento y derecho de su reclamo, practica liquidación y ofrece prueba de la que intentará valerse.
II. Que en la audiencia del art. 47 de fs. 130, fracasada la conciliación, el Dr. José GONZÁLEZ NORA representando a la demandada, con la documental de fs. 52/117 y escrito de fs. 117/129 contesta la acción. Opone prescripción, formula negativas, plantea la inaplicabilidad de la CCT 372/04, da su versión de los hechos sosteniendo que el actor cumplía tareas como “empatador de anzuelos” dentro de la sección de “redería” como auxiliar en tierra del armado de naves de la industria de pesca no comprendidas en la CCT 372/04. Invoca la doctrina de los actos propios, sostiene el pago suficiente de los salarios y la improcedencia de las indemnizaciones civiles por despido discriminatorio. Ofrece prueba y se opone a prueba de la contraria.
III. Que a fs. 135 el actor contesta la excepción e impugna prueba desconociendo documental, amplía prueba, y prueba documental con la de fs. 141/193. Oído el Agente Fiscal a fs. 197 a fs. 220 se difiere a la definitiva la excepción de prescripción. A fs. 202/205 se abre y provee la prueba considerada pertinente. Hay recurso contra la denegatoria de prueba y denegada la revocatoria se tiene presente con efecto diferido la apelación subsidiaria (que se resuelve a fs. 708/709). Producida la prueba obrante en autos, a fs. 555 se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444. Únicamente la actora hace uso del derecho de alegar con el memorial de fs.558/563. Se llama autos a despacho para dictar sentencia a fs. 565. Obra a fs. 566 la sentencia que rechaza la excepción de prescripción y acoge parcialmente la demanda promovida por David Hernán Sáez Ojeda contra ARGENOVA S.A. y hace lugar al reclamo en concepto de diferencias salariales, diferencias de indemnización por despido y sanción prevista por el art. 2 de la ley 25.323 y ordena a la demandada abonar al actor, en el plazo de diez días, la suma de $23.809,90 a la que se le adicionará intereses desde que cada suma es debida y a la fecha del efectivo pago, los que se calcularán a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Rechaza parcialmente la demanda incoada respecto del reclamo de indemnización por despido discriminatorio e impone las costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCC). Difiere la regulación de honorarios de los profesionales y la determinación de la tasa de justicia hasta que obre liquidación final en autos.
VI. Que lo resuelto no satisface las aspiraciones de las partes. La demandada por apoderado apela y funda su recurso con la pieza de fs. 572/575 mientras que el actor por medio de su apoderada hace lo propio con el memorial de fs. 576/577. Por providencia simple de fs. 578 se conceden ambos recursos libremente y con efecto suspensivo, corriendo traslado de los agravios oportunidad procesal que sólo utiliza el actor con el escrito de fs. 581/586.
Los autos se elevan con la certificación de estilo de fs. 591 y recibidos la Dra. Naves, en uso de la presidencia, dicta el llamado de autos a sentencia a fs. 702. A fs. 703 se excusa de intervenir la Dra. Bard y se suspende el llamado de fs. 703 integrando Cámara. A fs. 707 se pasan los autos al Acuerdo para resolver recursos de apelación tenidos presente con efecto diferido. A fs. 708/709 se admite la excusación de la Dra. Bard y se rechaza el recurso de apelación diferido confirmando el decreto de fs. 212, único recurso subsidiario mantenido a fs. 576/577. En efecto el recurso de fs. 534 no fue mantenido en la oportunidad del art. 91 de la ley 1444.
A fs.713 se integra Cámara con el Dr. Mario A. Albarrán para cubrir la vacante dejada por la renuncia de la Dra. Naves a los fines de su jubilación y se dispone que, firme la integración, pasen los autos a sentencia. Consentido el llamado de autos a fs. 717 dispongo, en ejercicio de la presidencia, el pase a estudio y establezco el orden para ello.
VI. Que el actor se agravia por el rechazo de la indemnización por despido discriminatorio. Su critica se funda en que la prueba denegada es la que eventualmente hubiera podido acreditar que existía otra dependiente de la demandada, de más de 60 años también despedida. Entiende que, de hacer lugar este tribunal a la producción de prueba en la instancia, podría llevar a la conclusión de despidos de la empleadora de sus trabajadores de mayor edad y problemas de salud. Estos agravios no fueron contestados.
VII. Que la parte demandada se agravia en primer lugar por considerar improcedente el encuadramiento convencional y como consecuencia las diferencias salariales y en la indemnización por despido. Reitera lo expuesto respecto de la organización empresaria una dedicada a la elaboración y procesamiento de los productos derivados de la pesca en un sector de un inmueble de mayor tamaño donde también se encuentran las instalaciones de talleres, redería, y administración que no tienen relación con la elaboración de productos de la pesca. Por ello califica de errónea la aplicación del CCT 372/04 que cita antecedentes de aplicación de ese convenio a todos los obreros que presten tareas en las plantas de procesamiento y elaboración de productos de la pesca. Considera que esa interpretación viola lo normado por el art. 16 de la LCT. Sostiene que el desarrollar distintas actividades corresponden distintos convenios. Entiende que trata de la vieja doctrina y trae el ejemplo de los Camineros para los choferes de distintas industrias o el de los vigiladores de la industria del petróleo. Considera que no corresponde una interpretación objetiva de la actividad sino una subjetiva a partir de las tareas efectivamente cumplidas y cita doctrina. Se refiere a la pluralidad de convenios colectivos en la empresa y se queja que el magistrado haya aplicado el plenario “Risso c/ Química Estrella” e invoca que estamos frente a una descentralización estructural de la empresa y cita el caso de Aerolíneas. Desafía a la Cámara a adoptar un criterio moderno o persistir en el año 1957. En un segundo agravio critica la sentencia sosteniendo la improcedencia de la indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25.323 por entender que ha procedido conforme lo impone la norma legal y pide se la exima de esa sanción o se la disminuya considerablemente. Sostiene que en el caso no hay conducta reprochable a su cliente con sustento en la mora en el pago de sus obligaciones al no darse un incumplimiento post contractual y que ARGENOVA S.A. tuvo suficientes razones que justifican su proceder y cita doctrina.
En un tercer agravio se queja por la tasa de interés que establece la sentencia y solicita se aplique la doctrina casatoria del TSJ.
VIII. Que al contestar los agravios la empeñosa representante del actor pone de resalto, respecto del primer agravio, que esos argumentos fueron utilizados en expedientes anteriores y que el actor desempeño varias tareas para la demandada y realiza un estudio parcial de la prueba. Explica que la planta de Puerto Deseado es de proceso e invoca informe de Senasa de fs. 269/271. Asegura que el CCT 372/04 se aplica a todos los trabajadores que se desempeñen en su planta. Hace referencia de actos en que intervino la demandada ante el Ministerio de Trabajo donde reconoció que el actor estaba incluido en ese convenio y el anterior y detalla las actuaciones con cita de jurisprudencia. Invoca las testimoniales que dan cuenta de las diversas tareas prestadas por el actor para la demandada y que ésta liquidó los sueldos del actor de acuerdo a la CCT 372/04. Entiende que no hay errónea aplicación del CCT 372/04 y se remite a numerosos fallos de Cámara y del TSJ que tienen relación con lo expuesto, los cita y sostiene que la demandada no quería pagar adicionales que correspondía por ley ni los básicos de convenio. Cita las luchas para obtenerlo y reitera que el actor se desempeñó en la planta de Puerto Deseado en la categoría tareas generales - mantenimiento. Entre otras consideraciones indica que en el expediente de Gómez German, dentro del listado de obreros alcanzados por dicho acuerdo bajo la orbita del Sindicato de empleados de la industria de la alimentación, firmado por el representante de ARGENOVA, con el nº 93 figura el actor y sostiene que es ir contra sus propios actos. Explica como se deben entender los distintos convenios. Continua en consideraciones que se tienen presente. Se opone a la aplicación de la tasa pasiva con invocación de la depreciación monetaria y la aplicación de la doctrina de los autos “Díaz Graciela c/ Provincia de Santa Cruz s/ accidente de trabajo” que a su entender tiene una base fáctica distinta.
IX. Que así resumidos los agravios se advierte que los expresados por la parte actora se apoyaban en una hipotética admisión de una apelación diferida y consecuente apertura a prueba en la instancia para acreditar la calificación de discriminatorio del despido. Sin perjuicio de señalar que el escrito de apelación está huérfano de un razonamiento que señale donde se encuentra el error de la sentencia veré si existe una conducta discriminatoria contra el actor. Adelanto que no lo considero así. Para analizar el tema podemos por un lado recordar que el art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que las leyes asegurarán al trabajador: “… protección contra el despido arbitrario…” que lleva a analizar cuando hay despido arbitrario o un trato discriminatorio en el despido.
En el trato discriminatorio el actuar del patrono sobre un trabajador está cargado de un contenido negativo y denigrante. Por ello el trato discriminatorio es desigualitario, pero no todo trato desigualitario es discriminatorio. No discriminar equivale a no introducir diferenciaciones por razones no admisibles o arbitrarias como serían las fundadas en razones de sexo, religión o raza entre otras. La LCT en su art. 17 prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos gremiales o de edad; y el art. 81 del mismo cuerpo legal obliga a dispensar, a todos los trabajadores, igual trato en igualdad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador.
Se debe entender que la enunciación del art. 81 no es taxativa y no excluye los motivos señalados en el art. 17. En este aspecto no debemos pasar por alto que se encuentra en vigor en nuestro país, con jerarquía superior a las leyes el convenio 111 de la OIT ratificado por decreto-ley 17.265/68 que obliga a los estados a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia empleo y ocupación con “el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.” Y, a los efectos del convenio, se aclaró que el término discriminación comprende “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
Cabe aclarar que se consideran no discriminatorias las medidas de protección o asistencia previstas en otros convenios o recomendaciones o aquellas que todo miembro puede tomar, previa consulta con organizaciones de empleadores y de trabajadores, para definir como no discriminatorias medidas especiales para satisfacer necesidades particulares de las personas que por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural se les reconozca generalmente la necesidad de protección o asistencia especial que puede perjudicar a otras no necesitadas de protección, tal el caso del art. 247 de la LCT que privilegia se comience con el despido de personal menos antiguo dentro de cada especialidad y dentro del ingresado en un mismo trimestre empezar con el que tuviere menos cargas de familia.
Y hay consenso en que estas normas de la LCT citadas se integran con la ley 23.592 cuyo art. 1º dispone:
“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.” No tiene objeto y excedería las consideraciones sobre los agravios el detallar todas las normas constitucionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional además de los convenios de la OIT que tutelan la protección contra la discriminación aplicables en el derecho laboral.
Hechas estas breves referencias a un tema sobre el que se ha escrito mucho veamos si, en el caso, el actor ha sido victima de un despido discriminatorio con lo que hay en el expediente. No podemos considerar discriminatorio el despido cuando existan razones médicas que puedan perjudicar al trabajador de continuar en tareas inconvenientes para su salud y la patronal no tenga tareas acordes a su condición física. La demandada al contestar la acción puso de resalto que contrató al actor cuando era una persona de 52 años cuando existe una conducta restrictiva de las empresas en contratar personas mayores de 40 años. Ergo no se advierte en el caso que el despido se motivara en razones discriminatorias, que no se probaron en autos, ni se realizó una crítica concreta y razonada de la sentencia cuando rechaza la pretensión del cobro de indemnización por haber sido discriminatorio el despido. En ese aspecto considero justa la sentencia y rechazo el recurso del actor.
X. Que ingresando ahora al primer agravio de la demandada la actora se ha preocupado por traer a mi memoria mi voto en primer término en el expediente número de cámara 5150 causa promovida por el actor contra la demandada por cobro de diferencias salariales precisamente por aplicación de la CCT 372/ 04 sin que se haya probado un cambio en las condiciones de trabajo, es más, los testigos Ramos (fs. 244), Lukianenko (fs. 245) Aguilar (fs. 251) dan cuenta que el actor no limitaba su labor en el sector redería sino distintas tareas en la planta para los que era requerido. Ya se dieron las razones en mi voto en el expediente arriba referido de igual carátula, en sentencia del 17 de abril de 2009 registrada en el Tomo LXII de sentencias, registro 1986, folio 14.557/14.566. Dentro de la demandada es de aplicación el CCT 372/04al personal de la planta incluso al actor quien fue incluido en gestiones del Sindicato. Se debe excluir, como indica la lógica a su personal embarcado, que se encuentra encuadrados en otro convenio. No se debe pasar por alto que de la prueba rendida en autos surge que el actor no limitaba su actuación a tareas que hacen al alistamiento, aprovisionamiento y armado de los buques de la actora (empatado de anzuelos). Es decir que, en el caso, la demandada debe encuadrar a su personal dentro de los dos convenios que rigen dos actividades distintas lo que no es comparable la actitud invasiva del gremio de camioneros, que, en principio, aparece no ajustándose a los límites de acción de cada sindicato, y que, llegado el caso deberé analizar con ajuste a los argumentos que se desplieguen.
Por ello rechazo el primer agravio de la demandada.
Respecto del segundo agravio su suerte queda sellada con el rechazo del primer agravio. Es cierto que la demandada despidió sin causa al actor y en su momento le abonó la indemnización conforme al salario que abonaba. Pero existía una condena anterior de encuadramiento del actor y diferencias impagas que la empleadora no tuvo en cuenta y no abonó rubros de convenio por lo que lo abonado resultó incompleto y obligó a la promoción de esta causa- Respecto del tercer agravio es conocida en el foro mi posición con respecto de la tasa de interés, que debe ser la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina, acorde con la doctrina (invocada por el recurrente) del Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re “Díaz c/ Pcia. de Santa Cruz s/ laboral” y mantenido en “Ojeda, Sandra Fabiana c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ cobro de pesos” y Farrel, Francisco Norberto c/ Laperchuc, Raúl Osvaldo s/ laboral” y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Palmieri , Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ ordinario” y reiterado en el Recurso de hecho en la causa “Mantello, Paulo Mario c/ Fuerza Aérea Argentina y otros s/ ordinario”. Sumo a ello que no se me escapa la realidad económica, pero tengo en cuenta que la llamada tasa activa como tasa bancaria que es contiene ingredientes que son ajenos a la función del interés, desde que incluye además del costo del dinero y la variación de su valor, los gastos financieros y administrativos de los bancos al facilitar el dinero, los gastos del personal, de infra-estructura, cargas previsionales e impositivas y los riesgos de incobrables sobre el interés que pagan a sus depositantes. Me remito por economía procesal, entre otros, a mi voto en los autos “TESEYRA, Carlos Javier c/ Austral Construcciones S.A. y otra s/ accidente de trabajo” que se puede consultar en los registros del tribunal. Voto por admitir este último agravio y modificar la sentencia en este aspecto. Dada la forma que se resuelve la cuestión de los intereses al tratarse de un punto sin uniformidad de criterio en la jurisprudencia local (conforme las distintas integraciones) y propugnar el rechazo de los demás agravios de ambas partes considero justo en este caso imponer las costas de la instancia en el orden causado (conf. Art. 68 segundo párrafo del CPCC).
Respondo en esta forma negativa y con el alcance indicado la primera cuestión.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XI. Que comparto las consideraciones del primer votante en el tratamiento de los agravios de las partes. Toda vez que el tema de la tasa de interés es un tema donde no existe uniformidad de criterio (conforme las distintas integraciones de Cámara) expresamente adhiero a la propuesta que antecede y para fundar mi posición quiero reafirmar mi posición que expuse en los autos “URRICHE, Juan Carlos c/ ARGENOVA S.A. s/ laboral” nº de Cámara 7131 Registro 2742 de sentencias, tomo XI folio 169/177 del 31 de agosto de 2018. Aclaré que las entidades bancarias son las encargadas de regular el precio o el valor del uso del dinero donde se adicionan los costos administrativos, la tasa de ganancia (que incluye el cálculo de los incobrables) y me interrogué sobre como se trasladan conceptos eminentemente financieros cuando el juez debe cumplir con la manda del art. 622 del C.C. (hoy 768/769 y 771 del CCyC.)al calcular el daño moratorio y analice las distintas variantes. Cite doctrina y jurisprudencia para concluir que los intereses moratorios deben liquidarse según la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (ley 23.098, art. 8 del decreto 529/91 modificado por el decreto 941/91) por lo que fundo mi adhesión al tema de la tasa de interés que tantas vacilaciones tiene conforme la distinta integración de Cámara. Así lo voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Que en función de las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechácese el agravio de la parte actora y el primero y segundo agravio de la demandada y admitiendo el tercero relativo a la tasa de interés. 2º) Modifíquese el punto II de la sentencia en crisis estableciendo que el monto del crédito que se manda pagar será incrementado con utilización de la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina y confirmarla en lo demás que decide. 3º) Las costas de la instancia se imponen en el orden causado en atención a la sola admisión del rubro tasa de interés por existir distintas soluciones conforme las distintas integraciones de Cámara (art. 68 segundo párrafo del CPCC). 4º) Difiérase la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos la correspondiente a primera instancia. La determinación de la tasa de justicia se encomienda a primera instancia. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XIII. Que coincido con la propuesta que antecede y en consecuencia adhiero al voto preopinante.
Por ello se dicta la siguiente cuestión:
Caleta Olivia, 10 de diciembre de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechácese el agravio de la parte actora y el primero y segundo agravio de la demandada y admitiendo el tercero relativo a la tasa de interés.
2. Modifíquese el punto II de la sentencia en crisis estableciendo que el monto del crédito que se manda pagar será incrementado con utilización de la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina y confirmarla en lo demás que decide.
3. Las costas de la instancia se imponen en el orden causado en atención a la sola admisión del rubro tasa de interés por existir distintas soluciones conforme las distintas integraciones de Cámara (art. 68 segundo párrafo del CPCC).
4. Difiérase la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos la correspondiente a primera instancia. La determinación de la tasa de justicia se encomienda a primera instancia.
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Mario A. Albarrán suscribe el presente sin emitir opinión por no existir disidencia.DO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-; Juan Pablo Olivera -Juez de Cámara Subrogante-; Mario A. Albarrán .Juez de Cámara Subrogante-. Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201051S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2816 Folio Nº: 059/065 Secretaria:1
Fin de la sentencia