Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la resolución de fs. 151/vta. (art. 35 Dec/Ley 8904). Notífiquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase.
(RGE:A-5627-0 )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea. Expte. 8841; Reg 18 (S) del 21/3/2013 En la ciudad de Necochea, a los 21 días del mes marzo de dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “Sagues, Albina Blanca s/Sucesión Ab Intestato” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Oscar Alfredo Capalbo, Humberto Armando Garate y Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a. ¿Es justa la resolución de fs. 151/vta.?.
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:
I. Conforme surge de las constancias de autos a fs. 104/106 el letrado Dr. Juan Carlos Gabriel M. realiza una estimación del valor real de los bienes inmuebles del acervo a los efectos de la regulación de sus honorarios profesionales y realiza clasificación de los trabajos. Corrido el pertinente traslado (v. f. 107), la heredera Blanca Victoria B. rechaza la estimación del valor de bienes inmuebles formulada y presta conformidad a la clasificación de trabajos con excepción del indicado en el punto 4.10.
A fs. 126/130 contesta traslado el coheredero Ricardo B.; haciendo lo propio a fs. 136/141 las coherederas Lourdes B. y María B..
A fs. 150/vta. el Dr. M. solicita se libre oficio a la Dirección de Catastro de la provincia de Buenos Aires a los efectos que allí indica.
A fs. 151/vta. el Señor Juez de grado rechaza la referida solicitud, por ser “totalmente improcedente” y respecto de la incidencia planteada sobre la declaración jurada de bienes, destaca la inaplicabilidad en los procesos sucesorios del mecanismo estimatorio previsto en el art. 27 inc. a) del decreto ley 8904/77, y la improcedencia de la estimación de bienes realizada por el Dr. M., por lo que tiene por formulada en debida forma la declaración jurada patrimonial realizada por la heredera Blanca V. B. a fs. 86/87 a la que adhieren los restantes herederos. Asimismo, tiene por aprobada la clasificación de trabajos efectuada por el Dr. M.; y regula los honorarios de los letrados intervinientes de la siguiente manera: Dr. Carlos Gabriel M., en su carácter de patrocinante de los herederos en la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($6.600), Dr. Martín M., como patrocinante de la heredera Blanca Victoria B. y como apoderado del heredero Ricardo B., en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800); Dr. Pablo José Q., patrocinante de las herederas Lourdes y María B. en la suma de PESOS SETECIENTOS ($700), todos por sus trabajos comunes y a cargo de la masa con más el 5% de ley. Contra dicho pronunciamiento a f. 152 interpone recurso de apelación el Dr. Juan Carlos Gabriel M., obrando sus agravios a fs. 158/160.
II. En su primer agravio critica el recurrente que se haya desestimado el libramiento de oficio a la Dirección de Catastro provincial.
Expresa que “la declaración jurada patrimonial realizada por la heredera Blanca Victoria B., como así también la manifestación de bienes, formando el cuerpo de bienes del acervo hereditario, lo realiza con una nomenclatura catastral incorrecta e improcedente en atención que la parcela manifestada en dicho escrito es “3”, siendo la correcta la parcela 3”A”.
Que “ello denota que es totalmente improcedente la manifestación de bienes realizada, ya que no se condice con el informe de dominio ni tampoco con el informe de la valuación fiscal acompañadas por la propia heredera”.
Solicita en consecuencia se deje sin efecto el cuerpo de bienes denunciado por la heredera Blanca Victoria B. y se ordene el libramiento del oficio.
2. En su segundo agravio, se agravia en cuanto la resolución atacada sostiene que es inaplicable en los procesos sucesorios el mecanismo de estimación previsto en el artículo 27 inc. a del decreto ley 8904/77. Destaca que “la propia Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) bajo la ley 10.397 y sus normativas para cada ejercicio fiscal y específicamente para el caso que nos ocupa lo determina el art. 292 cuando establece que por los servicios que preste la Justicia se deberá tributar tasas de acuerdo con la naturaleza y cuantía de los procesos, con la aplicación de las siguientes normas... 1) Inmuebles: en su artículo 760 dice: “Para el pago de la tasa de justicia que establece el inf f) del art. 277 del Código Fiscal, el valor de los bienes se computará de la siguiente forma: a) Inmuebles: la valuación fiscal. En los casos que se hubiere practicado tasación por mayor importe regirá esta última y en el art. 761 que: En todos los casos se considerará el valor de licitación, negociación, estimación (la resaltación en negrita me pertenece) o adjudicación o precio de venta, cuando fuere superior a la valuación establecida en el artículo precedente”.
Expresa el recurrente que presentó “una estimación superior a la valuación fiscal, que de no haber contradictorio, se deberá proceder a los fines del valor del tributo (tasa de justicia y sobretasa de justicia a los fines del valor del tributo (tasa de justicia y sobretasa de justicia) la regulación de honorarios y aportes a la Caja Previsional de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, como así también al pago de los Ingresos Brutos, a estar a ese monto”.
Añade que “si hubiere disconformidad entre las partes, el juzgado deberá designar un perito para proceder a determinar el monto de los bienes inmuebles, de acuerdo a lo estatuido por el art. 27 inc. a del decreto ley 8904/77”.
Sostiene luego que “para el supuesto que la estimación del profesional fuese más próximo al valor asignado por el perito las costas correrán a cuenta del obligado al tributo, de lo contrario será a cargo del profesional”.
Alega que “de confirmarse la resolución que aquí se recurre, para el caso en concreto, se vería perjudicado no solamente el profesional actuante sino la misma Agencia de Recaudación para el cobro de la tasa de justicia y su porcentual, ingresos brutos y la Caja de previsión social para abogados, ya que solamente, según el juez interviniente, en los procesos sucesorios, el profesional del derecho se vería privado de estimar el valor del acervo, resultando un notable desfasaje entre el valor fiscal y el valor real de las propiedad que componen el acervo hereditario”.
Destaca que los inmuebles están ubicados en pleno centro de la ciudad de Necochea, siendo imposible su valor en pesos sesenta mil ($60.000) no comprando ni el terreno, siendo esto de público y notorio, sin ser un experto en el tema inmobiliario”.
Solicita en consecuencia, se haga lugar al recurso impetrado, dejándose sin efecto la formulación del cuerpo de bienes y la declaración jurada patrimonial realizada por la heredera Blanca B B. a fs. 86/87 en atención que la parcela 3 (anterior y de figuración en escritura) pasó luego de la subdivisión a formar la parcela 3ª con las dos unidades funcionales, realizadas por la Agrimensora Silvia R. y se libre oficio a la Dirección de Catastro Provincial a los efectos oportunamente solicitados por esta parte, como asimismo se reconozca el derecho del profesional del derecho a estimar el valor de los bienes inmuebles sucesorios y de existir contradictorio se designe un perito de la lista oficial a sus efectos como lo establece el art. 27 inc. a del decreto ley 8907/77.”
III. El recurso no puede prosperar.
1. En lo que respecta al primer agravio, ha de señalarse que la petición de libramiento de oficio efectuada por el letrado a f. 150 resultó tardía. En efecto, conforme surge de las constancias de autos, a fs. 86 se presenta la coheredera Blanca Victoria B. con nuevo patrocino letrado, formulando cuerpo de bienes y efectuando declaración jurada patrimonial; presentación de la que se corrió el pertinente traslado a los restantes coherederos.
A fs. 104/106 el letrado aquí recurrente presenta escrito dando cuenta, en lo que aquí interesa, que el inmueble que refiere fue subdividido y en función de ello procede a estimar el valor real.
Luego, al ser evacuados los traslados, el letrado insiste, requiriendo entonces que se libre oficio a la Dirección de Catastro provincial, lo que fue, como se dijera, denegado.
Ahora bien, amén de tardío (arg. art. 178 CPC)
el oficio solicitado resulta improcedente atento a que con él lo que se quiere es fundamentar el valor real del inmueble lo cual, como se verá a continuación al tratar el segundo agravio, se encuentra vedado.
2. Como quedara expuesto en el capítulo I, en su segundo punto de queja cuestiona el recurrente la inaplicabilidad en el presente sucesorio del mecanismo de estimación previsto en el artículo 27 inc. a del decreto ley 8904/77; agravio que resulta improcedente.
En efecto, en primer término ha de tenerse presente que el inc. a) del art. 35, LHP, establece que cuando se transmiten inmuebles por sucesión ‘el valor se tomará sobre la valuación fiscal vigente al momento de la regulación’, más allá de la posibilidad de adicionar el 10% en concepto de muebles. De esta manera, como sostienen Hitters y Cairo, “el art. 35 inc. a, LHP no efectúa remisión alguna al art. 27 LHP, y su proceso estimatorio, situación que sí acontece en el inc. b) del art. 35 LHP, referido a los muebles. Y ello es así ya que el precepto (art. 35 inc. a, LHP) es específicamente aplicable a los honorarios correspondientes al trámite sucesorio cuando existen inmuebles, desplazando al genérico del mentado art. 27 LHP” (conf. Honorarios de Abogados y procuradores, pág. 419/420, LexisNexis, 2007). Añaden los autores: “Dicha conclusión sienta un principio general (tomar la valía inmobiliaria fiscal, sin aditamentos) que sólo cede en situaciones excepcionales, esto es, cuando constare en el proceso un mayor valor por tasación (art. 35 2º párr. LHP). Ello debe interpretarse en el sentido de que la valuación la hubieran efectuado los sucesores o herederos, o que por alguna otra circunstancia se encontraba agregada al proceso con anterioridad a la regulación de los honorarios y, además, debidamente aprobada, pero en modo alguna debe entenderse que eso configura una remisión al art. 27 inc. a, LHP”.
En segundo lugar, más allá de lo que la instancia estime corresponder oportunamente, el letrado carece en el presente trámite de legitimación para aducir pretensos derechos del Fisco, por lo que sus alegaciones en tal sentido han de ser desestimadas.
En conclusión, y como se anticipara, no cabe sino desestimar los agravios traídos ante esta alzada, confirmándose la resolución apelada.
Por las consideraciones expuestas a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Garate votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:
Corresponde confirmar la resolución de fs. 151/vta. (art. 35 Dec/Ley 8904).
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Capalbo votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Necochea, 21 de marzo de 2013.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la resolución de fs. 151/vta. (art. 35 Dec/Ley 8904). Notífiquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase.
Dr. Fabián M. Loiza Dr. Oscar A. Capalbo Juez de Cámara Juez de Cámara Dr. Humberto A. Garate Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia