Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 118.074
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa número 118.074, caratulada “SALABERRY, ALEJANDRO JAVIER S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata revocó el auto de la Juez de Garantías nro. 3 de ese Departamento y declaró la nulidad del sobreseimiento dictado en la IPP 08-00-175940-04 en relación a Alejandro Javier Salaberry al encontrarse extinguida la acción penal, por prescripción, por los hechos de robo doblemente agravado por el uso de arma y por su comisión en lugar poblado y en banda, homicidio doblemente agravado por la causa y ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública, homicidio doblemente agravado por la causa y ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública en grado de tentativa que se le imputaran; con fundamento en que dicha decisión había sido adoptada bajo error judicial motivado en el accionar delictivo y fraudulento del imputado, configurándose así un supuesto de cosa juzgada írrita.
Contra dicho pronunciamiento la Defensora Oficial deduce recurso de casación denunciando que la Cámara, al declarar la nulidad de una resolución que había adquirido firmeza, aduciendo encontrarse frente a un supuesto de cosa juzgada írrita, incurre en inobservancia de los artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, 59, 62 y 67 del Código Penal y 323 inciso 1° del Código Procesal Penal.
Expresa que el instituto de la cosa juzgada írrita, invocada por los particulares damnificados y que la Cámara replica en la resolución atacada, se aplica ante supuestos muy específicos y limitados y que, si bien puede admitirse que las decisiones judiciales espurias adoptadas de la mano del fraude a la ley, y en casos de especial relevancia y siempre con carácter excepcional, deban ceder con miras al valor supremo Justicia, lo cierto es que no puede resultar alterada la seguridad jurídica de modo tal que ningún derecho pueda ser considerado finalmente adquirido. En el particular, advierte que ninguna de las conductas mencionadas como fraudulentas, referidas a la usurpación de identidad que se atribuye a su asistido ha dado lugar, hasta el momento, a la formación de alguna investigación por la presunta comisión de delito, mientras que en ninguna de las investigaciones penales preparatorias que se señalan como iniciadas en relación a Salaberry se ha arribado, hasta la fecha, a un pronunciamiento condenatorio que permita dar sustento a la interrupción del curso de la prescripción de los hechos aquí ventilados, como exige el artículo 67 del Código Penal.
De allí que, dice, la Juez de Garantías, acertadamente, rechazara la nulidad impetrada por los particulares damnificados, por entender que el planteo resultaba prematuro, toda vez que era necesario para que operara la causal de interrupción del curso de la prescripción, una sentencia firme respecto al nuevo delito, circunstancia que ha sido desatendida por completo por la Alzada, a quien parece bastarle con la presteza de Salaberry para sustraerse al aparato estatal para invocar la cosa juzgada írrita y revocar el sobreseimiento firme que lo había beneficiado.
El criterio empleado por la Alzada resulta, a su parecer, sumamente peligroso, al poner en riesgo la seguridad jurídica por cuestiones ajenas a las previsiones legales y motivadas en principios morales o éticos.
En definitiva, el criterio que emplea la Excma. Cámara implica no sólo una interpretación contra legem sino una clara violación al principio de debido proceso y de lex certa incluido en el más amplio del principio de legalidad (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional). Luego, en el entendimiento de que los coimputados Palomino, López y De Los Santos fueron condenados por el mismo acontecimiento histórico que fue calificado como robo con homicidio (descartando el encaje propuesto por la Fiscalía), entiende lógico afirmar que, para el caso de ser condenado, su asistido Salaberry también lo sería por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal, de manera que, habiendo transcurrido con holgura el plazo de prescripción de doce años (conf. el artículo 62 del Código Penal), desde el 27 de octubre de 2003, sin que exista condena alguna contra su defendido por hechos posteriores a esa fecha, no cabe sino concluir que la acción penal se encuentra extinguida, pues la actitud “fraudulenta” que se atribuye a su defendido no resulta ser una causal de las previstas en el artículo 67 del Código de fondo, por lo que no puede modificar tal conclusión.
Concedido el recurso y radicado con noticia a las partes, la Fiscal Adjunta solicitó su rechazo, quedando la Sala en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es procedente el recurso de casación traído?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. Según se desprende de los antecedentes de la presente, los hechos que la originaran, resumidamente, son los siguientes: El 27 de octubre de 2003, siendo entre las 16:30 y las 17:15 horas, aproximadamente, varias personas de sexo masculino, entre ellos Claudio Raúl López, Fernando A. Palomino, Carlos Marcelo de los Santos y Alejandro Javier Salaberry, ingresaron al local comercial denominado “Unicomp Computación”, sito en calle 20 de Septiembre al 2946 de Mar del Plata, portando armas de fuego de gran calibre y aptas para su uso, entre ellas una pistola Bersa modelo Thunder 9 milímetros nro. 14923 y una pistola calibre 11.25 mm ó 45 marca D.G.F.M.
Una vez en su interior redujeron a los propietarios del lugar Nicolás Urruty y José Tur y a ocasionales clientes desapoderándolos, bajo intimidación y amenazas, de pertenencias varias y dinero en efectivo. En las mismas circunstancias de tiempo y lugar precitadas, para asegurar los resultados de los hechos descriptos precedentemente y procurar su impunidad, los sujetos mencionados dispararon sus armas de fuego contra los funcionarios policiales Cristian Agusti y Cristian Fournier, llegados al lugar por el aviso de robo, provocando la muerte del primero de los nombrados y lesiones que pusieron en peligro la vida del restante.
También surge de la causa que, mientras los imputados Palomino y López fueron condenados por el Tribunal en lo Criminal número 3 a veinticinco años de prisión y el coimputado De los Santos a quince años de la misma especie de pena, por el delito de “homicidio en ocasión de robo” (condenas confirmadas por esta Sala en las causas nro. 23.007 y 64115 del registro de Presidencia, respectivamente) Salaberry nunca fue llevado a juicio pero, el 28 de enero de 2019, luego de haberse mantenido prófugo durante ese tiempo, se presentó por intermedio de su defensa ante el Juzgado de Garantías manifestando que se ponía a disposición de la justicia y solicitaba el dictado de su sobreseimiento por extinción de las acciones penales, en relación a la imputación que pesaba sobre él.
El Juzgado requirió antecedentes penales para verificar la posible comisión de delitos, los cuales a nombre de Alejandro Javier Salaberry dieron resultado negativo por lo que, mediante resolución del 31 de mayo de 2019, declaró extinguida, por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de robo doblemente agravado por el uso de arma, y en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado, por la causa y por ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y homicidio doblemente agravado, por la causa y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa y sobreseyó a Alejandro Javier Salaberry en la relación a los mismos.
Firme tal pronunciamiento, el 2 de agosto de 2021 los particulares damnificados Roland Agusti y Graciela Panebianco, con el patrocinio de la Dra. María Adelina Martorella, promovieron incidente de nulidad solicitando se declarase la nulidad del sobreseimiento por haber sido dictado bajo error judicial motivado en el accionar delictivo y fraudulento del imputado, ya que habría incurrido en la causal de interrupción del plazo de prescripción prevista en el artículo 67, sexto párrafo, letra “a”, del Código Penal en tres oportunidades entre 2009 y 2021 utilizando una falsa identidad.
El 17 de noviembre de 2021 la Magistrada no hizo lugar, por prematura, a la nulidad articulada.
Contra dicha decisión, el 23 de noviembre de 2021 los particulares damnificados interpusieron recurso de apelación, el que dio lugar al dictado de la resolución impugnada por parte de la Sala III la Cámara de Apelación y Garantías.
De la lectura del pronunciamiento impugnado -resumidamente- se desprende que el juez del primer voto, al que adhiere el restante, luego de definir el significado de “cosa juzgada” que considera intrínsecamente relacionado con el principio de seguridad jurídica que, a su vez, rige el sistema normativo de un Estado de Derecho, recuerda que Hitters –que a su vez remite a Kohler- se adscribe a la idea de quienes entienden que la invariabilidad de las decisiones judiciales no es un principio absoluto, ya que el fundamento del instituto -oportunidad y utilidad- reposa en última instancia en exigencias políticas y no jurídicas, y de necesidad práctica (cita Hitters, Juan Carlos, "Revisión de la cosa juzgada", Editorial Platense, año 2001, p. 8).
Dice, entonces que, aceptada -aunque en forma excepcional-, la revisabilidad de las sentencias firmes, no existe óbice para que ante el “trastocamiento de valores” -o lo que es lo mismo: “un cambio de las circunstancias que le dieron origen”- se case una resolución firme y, si bien acepta que la seguridad jurídica y la cosa juzgada son institutos necesarios en un Estado de Derecho, entiende que no menos cierto es que éste también necesita indefectiblemente que aquellos valores se armonicen con la justicia.
Por ello, sostiene que “[el] verdadero conflicto axiológico no se da entre los conceptos seguridad y justicia como lo expresamos, sino que por el contrario, se entabla con sus respectivos disvalores -justicia vs. injusticia, y seguridad vs. inseguridad-”.
En el análisis de los supuestos en que procede la revisión de la cosa juzgada vuelve a citar a Hitters en cuanto afirma que “...la inmutabilidad de los decisorios judiciales, o sea la vocación de eternidad que tiene toda sentencia firme, solo puede ser quebrada en los casos en que opera: a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo, o b) cuando se detectan ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto” y recuerda que, en lo que se refiere “a las circunstancias que le dieron origen al fallo”, el autor mencionado recuerda que Boehmer contempla tres hipótesis: a) modificación de las circunstancias económicas, b) cambio de los métodos científicos y c) trastocamiento de valores políticos o morales; mientras que, respecto de la segunda hipótesis, se dividen en tres grandes grupos: las que se refieren a la actividad del juez, a la actividad de las partes, o a la de las pruebas (Hitters, Juan Carlos, ob. cit., p. 258). Recuerda, asimismo, que otros autores sostienen que pueden clasificarse en tres supuestos las circunstancias generadoras de la cosa juzgada írrita: a) sentencias intencionadas o manipuladas (vicio de parcialidad) sea por producir un daño cierto por acción u omisión o por consolidar una situación de injusticia notoria; b) sentencias viciadas por intimidación (libertad para juzgar) por violencia directa sobre el juzgador, violencia indirecta sobre la jurisdicción, uso de la fuerza como mecanismo de extorsión, sanciones ilegítimas al juzgador como medio de amilanar su independencia, por extorsión al Estado a través de la sentencia; c) sentencias dolosas (anulación por connivencia con las partes) en revocación de sentencias dictadas en procesos aparentes, y finalmente, por cosa juzgada fraudulenta (Gozaíni, Osvaldo A, "Revisión de la cosa juzgada", Ediar, Buenos Aires, 2015, pág. 199).
Relacionando lo expresado con el caso, sostiene que “el motivo en análisis es por cosa juzgada fraudulenta”, agregando que “[f]raude procesal es toda maniobra de las partes, de los terceros, del juez o de sus auxiliares, que se incline a obtener o a dictar una sentencia, con o sin valor de cosa juzgada, o a la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos, o impedir su pronunciamiento o ejecución” (Gozaíni, Osvaldo A, ob, cit., p 233)
Luego explica que, aunque la norma relativa a la acción de revisión se refiere a “sentencias condenatorias firmes”, pues ha sido establecida en favor del condenado, hoy no puede desconocerse el derecho a la víctima en el ejercicio de la tutela judicial efectiva y por ende, aceptarse una interpretación bilateral en su ejercicio, circunstancia que considera avalada por el dictado de la ley nacional nro. 27.372 y la ley provincial nro. 15.232 que procuran el robustecimiento del rol de aquélla en el proceso penal.
De seguido, se dedica al análisis del caso concreto, en particular, la extinción de la acción por prescripción respecto de los hechos atribuidos a Salaberry y la conducta de éste posterior a la comisión de los mismos.
Señala así, que la Juez de Garantías, previo expedirse acerca del pedido de prescripción, requirió los correspondientes antecedentes penales para verificar la existencia de causales interruptivas de la misma, los que arrojaron resultado negativo, a consecuencia de lo cual y dándose la totalidad de las exigencias previstas en el artículo 67 del Código Penal, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó al imputado. Describe asimismo las innumerables medidas adoptadas para dar con el paradero de Salaberry durante todos estos años, destacando que no por ser múltiples, resultaron eficaces y con ello concluye que el Estado mantuvo de manera constante el poder de acción penal vigente, mostrando una intención plena de promover el proceso en la búsqueda de justicia.
Por último, analiza la conducta del imputado afirmando, resumidamente, que después de la comisión de los hechos, e identificado como uno de los autores, se dio a la fuga escondiéndose por más de una década en una vivienda de la localidad de Parque San Martín, Partido de Merlo, lugar donde usurpó la identidad de Lucas Lamas, identificándose con dicho nombre nominativamente y empleando el número real de documento de identidad de dicho ciudadano para sus actividades. Afirma que dichos actos fraudulentos le permitieron a Salaberry mantenerse prófugo, y burlar las acciones del Estado tendientes a lograr su captura.
Detalla el magistrado que tal identificación fue utilizada por el acusado ante “imputaciones judiciales por nuevos y graves hechos cometidos en ese período”, destacando que:
- En 2010 se inició en el Departamento Judicial Morón la IPP 10-00-005810-10 por el delito de amenazas, por una denuncia promovida por Georgina Benítez Acuña, caratulada “NN Lucas s/ Amenazas”, cuyo trámite final se desconoce.
- El 15 de octubre de 2018 se formó la IPP 10-00-044319-18 también del Departamento Judicial Morón por el delito de homicidio en grado de tentativa, señalándose a Lucas Lamas como su autor, librándose orden de detención, lo que motivó que abandonara dicha identidad, así como aquel domicilio.
- Por último, usurpó o utilizó la identidad de su hermano Maximiliano Salaberry dando lugar a la IPP 08-00-017905-21 la que tuvo inicio por denuncia del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.
Concluye, entonces, que “las acciones dolosas y fraudulentas del imputado que lo beneficiaron con el dictado de la resolución ahora puesta en crisis, constituyen el fundamento de que la cosa juzgada sea írrita. En virtud de ello debe ser casada y sus efectos corregirse”.
Segundo. Como recuerda la doctora Argibay en “Mazzeo” (CSJN, Fallos 330:3248, considerando 6°), en su historia jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación “...ha presupuesto que es el efecto final e irrevocable de los fallos judiciales el elemento definitorio de la actividad que toca al Poder Judicial de la Nación (ver Fallos: 327:4729, 4732) que marca su lugar institucional y lo diferencia de las otras dos ramas del gobierno federal organizado por la Constitución Nacional. Esa razón, muchas veces no enunciada por obvia, ha llevado en el pasado al enérgico rechazo de aquellas leyes que otorgaban esos efectos a decisiones administrativas, sea declarándolas inconstitucionales (Fallos: 257: 136), sea admitiendo un recurso extraordinario ante la misma Corte para dar lugar a una revisión judicial de esas decisiones (ver la formulación de este principio en Fallos: 204: 474). Al mismo tiempo, ha reconocido que, una vez pronunciado el fallo judicial y agotados los recursos para su revisión, esos efectos irrevocables, conocidos bajo la expresión de “cosa juzgada”, constituyen una garantía constitucional de los derechos individuales (Fallos: 308:84 en el que aplicó esta regla a un sobreseimiento definitivo), que debe ser respetada incluso por los tres poderes del Estado (Fallos: 199:466, 474; 307:1289, 1295), entre ellos los mismos jueces que dictaron el fallo (Fallos: 313:1409).
Pero, además de la pauta precedente, que ha servido de premisa implícita pero fundamental a la jurisprudencia de la Corte, hay razones aún más profundas, vinculadas al funcionamiento mismo del Poder Judicial y del Estado de Derecho, que no me permiten seguir a la mayoría en un caso como éste.
Es que ni esta Corte, ni ningún otro tribunal, puede eludir los efectos de una decisión judicial firme sin negarse a sí mismo, es decir, sin poner las condiciones para que nuestro propio fallo sea también revocado en el futuro con argumentos contrarios, esto es, alegando su error, injusticia, etcétera. Si el propio juicio sobre el desacierto de un fallo pasado (ver Fallos: 308:1150, considerando 4°; 319: 2527, 2532) o la diferente concepción de la equidad o la justicia (ver Fallos: 315:2406, considerando 7°) que anima a los jueces actuales pudiese dar lugar a una revisión de las sentencias judiciales firmes, el carácter final de las decisiones que estamos tomando vendría a significar apenas más que nada, pues sólo sería respetado por los jueces futuros en la medida que fueran compartidas por ellos.
Ninguna concepción razonable del Poder Judicial como institución, mucho menos como institución básica del Estado de Derecho, es compatible con semejante consecuencia puesto que ese carácter supone que la opinión favorable (o desfavorable) de los jueces por venir no incide en su deber de respetar las decisiones judiciales pasadas, que cuentan con autoridad de cosa juzgada. Lo contrario torna trivial y contingente el principal cometido que tiene asignado el Poder Judicial de la Nación, a saber, dar el fallo final e irrevocable a las controversias sobre los derechos de las partes. Luego, concluye la Magistrada que: “La excepción a la regla que asigna efectos irrevocables a un fallo judicial, conocida como ‘cosa juzgada írrita’, no tiene absolutamente nada que ver con el acierto de los jueces que lo dictaron, sino, principalmente con su decencia y su libertad de conciencia. Es la desviación en el cumplimiento de sus deberes, por dolo o coacción, lo que les quita el carácter de jueces y, por ende, la importantísima atribución de resolver con carácter definitivo las causas sometidas a su decisión”.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse afirmando la posibilidad de revisar la cosa juzgada en los casos “Barrios Altos” (Serie C 75, del 14/03/01); “Almonacid” (Serie C 154, del 26/09/06, parágrafo 154); “La Cantuta” (Serie C 162, del 29/11/06); “Caso Masacre de la Rochela vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas” (Serie C 175145, del 28/01/08) y “Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas” (Serie C 117, del 22/11/04).
Resumiendo, la Corte sostuvo que el principio de cosa juzgada “no es un derecho absoluto dado que no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia, y que una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada ‘aparente’ o ‘fraudulenta’”.
Por otro lado, estimó que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana, desplazan la protección del ne bis in idem" (Caso "Almonacid" supra cit. parág. 154 y en el mismo sentido "Barrios Altos" y "La Cantuta", supra citado. El subrayado no pertenece al original).
Además, aseveró que “la llamada ‘cosa juzgada fraudulenta’ que resulta de un juicio en el que no se han respectado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad”, no puede ser invocada por el Estado como eximente de su obligación de investigar los hechos y, de corresponder, sancionar a los imputados (Caso “Carpio Nicolle y otros” supra cit., parágs. 131 y 132).
En el análisis de la cuestión traída, finalmente, tampoco puede soslayarse la doctrina emanada del fallo “Espósito” (Fallos 327:5668), en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2003 en el caso "Bulacio vs. Argentina", sostuvo que “...la confirmación de la decisión por la cual se declara extinguida por prescripción la acción penal resultaría lesiva del derecho reconocido en este caso a las víctimas a la protección judicial, y daría origen, nuevamente, a la responsabilidad internacional del Estado Argentino. Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los tribunales argentinos ha quedado considerablemente limitado, por lo que corresponde declarar inaplicables al sub lite las disposiciones comunes de extinción de la acción penal por prescripción...”.
Del resumen efectuado precedentemente puede sostenerse, como conclusión, que aunque la “cosa juzgada” resulta un pilar fundamental del Estado de Derecho al encontrarse directamente relacionada con la seguridad jurídica, puede ceder en determinados casos excepcionales, cuando el resultado de la resolución judicial sea una solución irracional e ilógica, que contradiga de manera expresa principios constitucionales y ponga en riesgo la responsabilidad del Estado Argentino ante la comunidad internacional (cfr. Fallos: 328:2056 "Mazzeo"; 331:1432 "Menéndez"; 254:320 y 278:85, considerando 18º; y la doctrina en Hitters, Juan Carlos, "Revisión de la Cosa Juzgada", Segunda edición, Librería Editora Platense, Buenos Aires; Palacio, Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal", 17º Edición Actualizada, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 533 y ss.; D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", Tomo 1, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 6º edición, Buenos Aires, 2003).
No puede dejar de advertirse, sin embargo, que la gravedad institucional que supone el dictado de un pronunciamiento que invalida uno anterior firme exige extremar la prudencia y agudizar el análisis a fin de garantizar que se verifican, en el caso concreto, las especiales circunstancias que habilitan la adopción de una decisión de tal entidad pues, en caso contrario, se estaría convirtiendo en regla la excepción. En ese sentido, la tarea del juez revisor no puede perder de vista el delicado equilibrio que existe entre los derechos de la víctima y el imputado ya que ampliar los de la primera supone avanzar sobre los de este último, de manera que no puede considerarse suficiente fundamento de tal decisión la alusión a la gravedad del hecho cometido o la conducta del imputado posterior a su comisión, si a la par no se comprueba que el derecho convencional de las víctimas a una tutela judicial efectiva se ha visto menoscabado en un grado tal que justifique el desplazamiento de las normas de derecho interno en perjuicio del acusado.
En tal sentido, cabe traer a colación las palabras del Juez Fayt, quien en su voto disidente en “Mazzeo” (cit., considerando 35) expresa que: “…la protección a las víctimas establecida en los instrumentos internacionales de derechos humanos no implica necesariamente castigo penal (lo que, por otra parte, no se condeciría con su carácter fragmentario y de ultima ratio). La persecución penal -sin respeto a las garantías del individuo- invertiría la función que los derechos humanos poseen en el proceso penal que, de protección del imputado frente al Estado, pasaría al fortalecimiento de su poder absoluto, esta vez so pretexto del sugerente -aunque artificioso- argumento de protección a las víctimas”.
Tercero. Ingresando al análisis del caso conforme los lineamientos que se derivan de la jurisprudencia reseñada, y sin que pase desapercibido que los particulares damnificados no decidieron ejercer inmediatamente el derecho que les asiste en su carácter de víctimas, sino una vez que la resolución que declaraba extinguida la acción penal por prescripción pasó en autoridad de cosa juzgada, a los efectos de establecer si esta última puede ceder, según afirma la Cámara, corresponde evaluar, por un lado, si existió una deficiente actividad investigativa por parte de los órganos estatales que derivara en un grave perjuicio constitucional para los damnificados que derive en un compromiso del Estado Argentino frente a organismos internacionales de derechos humanos y, por el otro, si la conducta del imputado fue determinante para el dictado de la resolución que lo sobreseyera por haberse extinguido la acción penal.
Respecto del primer interrogante se advierte que, si conforme se desprende de los antecedentes de la causa reseñados más arriba, tres de los cuatro imputados terminaron con condenas que se encuentran firmes y, a fin de dar con el paradero del prófugo Salaberry, se efectuaron la cantidad de medidas que destaca la Cámara, mal puede afirmarse que la actividad de los órganos encargados de identificar y sancionar a los autores de los hechos que dieran lugar al presente fue deficiente, lo que impide considerar la existencia de menoscabo alguno del derecho de las víctimas y, por lo tanto, menos aún, que se halle comprometida la responsabilidad del Estado.
Por otra parte, vale destacar, a propósito de los fundamentos que ensaya la Alzada, que la obligación de procurar el castigo de los responsables de un delito se halla en cabeza de los órganos del Estado, mientras que la garantía contra la autoincriminación que ampara al imputado impide cargar en su cuenta las acciones tendientes a sustraerse a la actividad de aquéllos; resultando, por otro lado, irrelevante la mención de los supuestos hechos delictivos que habría cometido Salaberry con posterioridad al que diera origen a las presentes actuaciones cuando la inexistencia de sentencias firmes al respecto, como bien afirma la defensa recurrente, impide otorgarles carácter interruptivo del plazo de prescripción en los términos del artículo 67 del Código Penal.
Con relación al restante interrogante, en tanto, no se advierte que la voluntad de la Juez de Garantías se hallara guiada por el error cuando, una vez recibido el pedido extintivo, se limitó, a través de un análisis objetivo, a verificar la existencia de los requisitos legales para el dictado del sobreseimiento por prescripción (transcurso del plazo extintivo de doce años para el hecho 1 y de quince para el hecho 2, sin que el imputado hubiese sido condenado, por sentencia firme, por nuevos delitos) y resolvió en consecuencia.
Por otras palabras, no se advierte una relación directa e inmediata entre la actividad de ocultamiento del acusado y la decisión adoptada por la Juez de Garantías, pues no ha podido establecerse que la “maniobra” que se le atribuye a Salaberry indujera en aquélla la falsa creencia de que se habían verificado las circunstancias para declarar la extinción de la acción por prescripción cuando ello no era así, lo que también echa por tierra la afirmación de la Alzada sobre la existencia de un “fraude procesal” en el que asienta su decisión de habilitar la excepción, declarando nulo un pronunciamiento que se encuentra firme.
En consecuencia, no cabe sino concluir que la afirmación de la Cámara de que existe en el caso un supuesto de “cosa juzgada fraudulenta” que habilitaría la nulidad de la resolución firme que decretara la extinción de la acción penal por prescripción y el consiguiente sobreseimiento del imputado, se halla desprovista de fundamento normativo, y no resulta sino fruto de la mera voluntad de los magistrados, lo que constituye un supuesto de arbitrariedad -conforme la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que conduce a la descalificación del pronunciamiento impugnado como acto jurisdiccional válido.
Por tales fundamentos, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto, sin costas, y casar el pronunciamiento impugnado, en cuanto decreta la nulidad de la resolución dictada el 31 de mayo de 2019 por la Juez de Garantías, declarando extinguida, por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de robo doblemente agravado por el uso de arma, y en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado, por la causa y por ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y homicidio doblemente agravado, por la causa y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa y sobreseyendo a Alejandro Javier Salaberry en la relación a los mismos, la que, en consecuencia, recobra plena vigencia (artículos 18 de la Constitución Nacional; 171 de la Constitución de la Provincia; 106, 202, 448, 450, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
En su mérito, a la presente cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos, y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
De conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, sin costas, y casar el pronunciamiento impugnado, en cuanto decreta la nulidad de la resolución dictada el 31 de mayo de 2019 por la Juez de Garantías número 3 de Mar del Plata, declarando extinguida, por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de robo doblemente agravado por el uso de arma, y en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado, por la causa y por ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y homicidio doblemente agravado, por la causa y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa y sobreseyendo a Alejandro Javier Salaberry en la relación a los mismos, la que, en consecuencia, recobra plena vigencia (artículos 18 de la Constitución Nacional; 171 de la Constitución de la Provincia; 106, 202, 448, 450, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Borinsky.
Con lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente R E S O L U C I Ó N I.- HACER LUGAR al recurso interpuesto, sin costas.
II. CASAR el pronunciamiento impugnado, en cuanto decreta la nulidad de la resolución dictada el 31 de mayo de 2019 por la Juez de Garantías número 3 de Mar del Plata, declarando extinguida, por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de robo doblemente agravado por el uso de arma, y en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado, por la causa y por ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y homicidio doblemente agravado, por la causa y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa y sobreseyendo a ALEJANDRO JAVIER SALABERRY en la relación a los mismos, la que, en consecuencia, recobra plena vigencia.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 171 de la Constitución de la Provincia; 106, 202, 448, 450, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese electrónicamente y, radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia