Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 585/592 vta. por el defensor de MARCOS WALTER BENÍTEZ, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:020 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 08 de Junio de 2018 AUTOS: "BENÍTEZ MARCOS WALTER Y OTRO S/SEVERIDADES Y VEJACIONES", Expte. Nº 3720/14 B-967/16/T.S.J.
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 612/628 vta. por la defensa oficial de MARCOS WALTER BENÍTEZ, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, a fs. 585/592 vta., el que resuelve "1º) RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 561/569 por el Defensor Oficial de MARCOS WALTER BENÍTEZ...".-
II.-) La defensa de BENÍTEZ planteó "...violación a normas constitucionales y supranacionales. Violación a la defensa en juicio, debido proceso (art. 18 CN) así como arbitrariedad..." (fs. 617).-
Agregó que "...la sentencia recurrida es inficionada por la doctrina de la arbitrariedad, ya que intenta convalidar el procedimiento y la condena discutida por la defensa acudiendo a los mismos actos probatorios que cuestionó el recurso, frecuentando las mismas glosas, sin superar esa crítica..." (fs. 619 vta.).-
Manifestó que "...como surge de la sentencia cuestionada se trata de prueba que carece de apoyatura en otros elementos de convicción, lo que afecta el principio del in dubio pro reo que deriva de la presunción de inocencia... y su no aplicación descalifica al pronunciamiento en la medida en que obedece a un proceder claramente arbitrario... importa vaciar de contenido al principio in dubio pro reo en función del cual cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza sobre que la finalidad invocada de ninguna manera existió. Aquí estamos frente a una hipótesis de probabilidad o verosimilitud, grados de conocimiento que no logran destruir el estado de inocencia de mi defendido con base en aquél principio. La falta de certeza sobre los últimos -elementos subjetivos del tipo penal- 'en tanto existe sobrada prueba que demuestra que la propietaria de la vivienda fue quien llamó a la policía a raíz del conflicto entre familias' también debe computarse a favor del imputado..." (fs.620 vta.).- Se agravió ya que "...resulta menester señalar que no escapa a esta defensa las limitaciones impuestas por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que no son susceptibles de apelación extraordinaria, las cuestiones de carácter procesal... sin embargo, el propio tribunal ha admitido excepciones a esa regla, especialmente cuando se ha omitido tratar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes a la solución del pleito, cuando las que se deciden no son las planteadas o cuando el fallo dictado se sustenta en afirmaciones dogmáticas, entre otras..." (fs. 620 vta.).- Planteó "...no es objeto del presente poner de manifiesto una mera disconformidad en la interpretación de una ley, ya que, por el contrario fue expresado un agravio que nunca se respondió... la omisión de considerar y decidir aspectos fundamentales en un proceso y conducentes a su solución, destituye de fundamentación al pronunciamiento, lo torna arbitrario y por ende susceptible de recurso extraordinario..." (fs. 621).-
Señaló "...ha quedado seriamente afectada la debida proporcionalidad entre el delito y la medida de la condena y segundo que cabe señalar como la sentencia en el punto atacado carece de fundamentación suficiente, lo que origina y da sustento a la procedencia de este remedio extraordinario..." (fs. 621 vta.).-
Sostuvo "...de modo que de conformidad al fallo recurrido no se observa la proporcionalidad exigida sino que por el contrario la pena impuesta a Benítez se presenta como excesiva en relación a los parámetros evaluados para su fijación. Este vicio además de constituir un quiebre en la fundamentación implica una errónea aplicación de la norma contenida en el art. 40 del código adjetivo... ésta defensa técnica fundamenta el presente recurso, descalificando la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido puesto que con su dictado se ha verificado un claro vicio de arbitrariedad, consistente en la convalidación del fallo del a quo que incurrió en la inobservancia de lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del Código Penal... debe procurarse por todos los medios a fin de garantizar la debida defensa en juicio, que las partes conozcan y comprendan todos los fundamentos utilizados para mensurar la pena impuesta.
La merituación de la pena, basada en razones subjetivas como objetivas, si está indebidamente fundada, crea la posibilidad de que el fallo resulte arbitrario o que la pena no alcance el grado de eficacia que en sí debe tener... de todo lo expuesto V.E. se colige que la pena impuesta a mi defendido no fue debidamente merituada ni fundamentada y no se condice la imposición de una pena por demás elevada del tope mínimo, con los hechos probados en la causa..." (fs. 623 vta.).- Se agravió toda vez que "...el rechazo del remedio casatorio, vulnera la garantía de revisión del fallo condenatorio y a todo evento patentiza el vicio de arbitrariedad originado por las escuetas y vagas referencias limitándose a una remisión mecánica de los fundamentos que oportunamente fueran cuestionados mediante el recurso de casación, aludiendo genéricamente a determinados elementos pero sin explicitar las razones y grado en que cada uno de ellos dosificaron la pena... la resolución en crisis ha fallado contra la concesión del recurso casatorio a partir de un esquema argumental que, como se puede apreciar no ha consultado el núcleo del planteo efectuado por la defensa, contado en la determinación del alcance y observancia de la Garantía constitucional de debido proceso legal y defensa en juicio consagrada en el art. 18 de nuestra constitución nacional así como en el ordenamiento vigente al momento del acto cuestionado como determinada por medio de numerosos precedentes jurisprudenciales dictados por V.E.
Este vicio de fundamentación no sería tan grave si no fuera porque el núcleo argumental al que aludí y que fuera expuesto por la defensa, que nada tiene en común con la búsqueda de una tercera instancia 'ordinaria' ni siquiera fue mencionado en el momento de resolver acerca de la admisibilidad del recurso articulado..." (fs. 625).- Agregó "...los argumentos utilizados para rechazar el recurso, son completamente incompatibles con la idea de un recurso amplio que signifique concederle verdaderamente al imputado la oportunidad de defenderse una vez más, tal como lo consagran el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos al conceder al derecho del justiciable a recurrir ante un tribunal superior... de ningún modo se analizaron los agravios vertidos por mi defendido, es decir no se dió clara respuesta ni tratamiento a las cuestiones centrales en la que se fundamenta la crítica, referida puntualmente a la violación de garantías constitucionales que se traducen en la violación del debido proceso legal y la defensa en juicio... el rechazo al acceso a la instancia casatoria importa una restricción indebida a ésa vía recursiva impidiendo que se pueda asegurar la vigencia de las mandas constitucionales alegadas, lo que determina la viabilidad y procedencia del presente recurso que se interpone..." (fs. 626).- Asimismo se agravió por "...la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 CN) y del principio de legalidad, poseen íntima y directa relación con los agravios vertidos y en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente recurso extraordinario.
Así las cosas sostengo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se ha cumplimentado en la resolución atacada con el deber constitucional de fundar su decisión ya que sólo se encuentra satisfecha ésa exigencia de modo aparente pues como ya se dijera se ha omitido toda consideración al núcleo de alegaciones referidas a violaciones de garantías constitucionales. Y tal como se podrá advertir, los cuestionamientos erigidos no se circunscribieron a una genérica tacha de arbitrariedad, sino que transitaron un cuestionamiento constitucional muy concreto que además se ajusta a los parámetros sostenidos por V.E. en la materia... tal como lo tiene dicho V.E. si bien el tribunal a quo mencionó que hizo aplicación de los arts. 40 y 41 del CP, ello es sólo aparente; pues no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática sino de la apreciación de los aspectos objetivos del hecho mismo y las calidades del autor, que permitirá arribar a un resultado probable sobre la factibilidad de que el sujeto vuelva o no a cometer un injusto penal.
No es una limitación a la facultad del juez para analizar y decidir sobre aquellos aspectos que les han sido sometidos a su conocimiento, sino de ajustar la elaboración judicial a pautas ordenadoras a tener en cuenta al momento de fallar...".- Finalmente sostuvo que "...se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache asimismo de Arbitrariedad la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuere materia de recurso aquí interpuesto. Por todo ello se recurre a la Suprema Instancia por medio de éste Recurso Extraordinario Federal solicitando a S.E. restablezca el equilibrio jurídico afectado como consecuencia de la sentencia dictada...".-
III.-) Que a fs. 629 se ordena traslado del recurso extraordinario al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 630/631, dictamina que: "...el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco, que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras (...) La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa (...) Este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario...
Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...". Por lo antedicho, concluye que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011, a fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que no consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dice, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
El recurrente funda su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas.-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, sobre la responsabilidad penal del encartado, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 612/628 vta. están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 585/592 vta. "...efectivamente, el Tribunal de mérito dejó plasmados los motivos que lo condujeron a comprobar la materialidad de los hechos y la autoría de Marcos Walter Benítez y de Rubén Justo Doscaberro, en los sucesos que le reprocharon los acusadores, a la mencionada certeza, arribaron expresando cuales eran los fundamentos de hecho y las pruebas en las que cimentaron su decisión... de la lectura de la sentencia impugnada, es posible tomar conocimiento del suceso y las razones que llevaron al tribunal a resolver del modo en que lo hizo, de forma tal que las críticas que formula la defensa, no pasan de ser un mero disenso con la valoración de la prueba.
Efectivamente idéntico planteo al formulado en el recurso de casación interpuesto, ya fue expuesto por la Defensa Técnica en oportunidad de realizar el acto procesal de alegato en el juicio, recibiendo en la sentencia atacada, debido tratamiento y decisión, ahí radica la ausencia de una hipótesis de arbitrariedad, por tanto, a los efectos de dar debida fundamentación al medio de impugnación extraordinario intentado, debía el recurrente exponer una crítica razonada de la motivación dada en el fallo recurrido, más no reiterar nuevamente el planteo soslayando el tratamiento brindado en la sentencia. En síntesis, no se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues en el pronunciamiento condenatorio, se vinculan con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa; podrá compartirse o no las conclusiones a las que se arriban, pero no por ello puede catalogarse como arbitrario el pronunciamiento o carente de fundamentación...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum.
Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E. Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena de los imputados.-
En el resolutorio de fs. 585/592 vta., este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a MARCOS WALTER BENÍTEZ y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logran perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25.
Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VII.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.- Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros).
Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 14 y 18 CN; ni 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VIII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 585/592 vta. por el defensor de MARCOS WALTER BENÍTEZ, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia el Dr. Mariani (art. 27 de la ley Pcial. Nº Uno -T.O. Ley Pcial. 2404).-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2006O.181 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:020 FOLIO Nº: 119/125 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia