Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-760/16-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: S-760/16-TSJ Sentencia N°: 1122 Actor: SALAS Y DEL RIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EN LIQUIDACION)
Demandado: MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 09/05/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1122 FOLIO Nº 3611/3613 PROT. ELECT. TSS1 009 C.231
Río Gallegos, 9 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “SALAS Y DEL RIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EN LIQUIDACIÓN) C/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº S-760/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por la Municipalidad de Caleta Olivia, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ramiro Esteban Castillo (cfr. PE405520-2022).-
Sostiene que en el caso ha transcurrido en exceso el plazo de ley sin que la actora haya instado el proceso. En tal sentido, explica que desde la constitución del domicilio electrónico efectuada por su parte y el proveído del 22 de junio de 2021 no existieron actos idóneos que hayan impulsado la instancia. Aclara, de todos modos, que la constitución del nuevo domicilio no resulta un acto idóneo para impulsar el pleito y, por consiguiente, la ausencia de impulso resulta anterior al proveído mencionado.- Corrido el traslado del pedido de caducidad de instancia, es contestado por el letrado apoderado de la parte actora, Dr. Mario R. Paradelo, quien solicita su rechazo, manifestando que existen situaciones procesales que impiden su aplicación, máxime teniendo en cuenta la complejidad de la causa, todo lo desarrollado hasta el momento, así como la existencia de otras causas anexas y que se encuentran en trámite en la ciudad de Caleta Olivia. Expresa, asimismo, que debe tenerse en cuenta la situación generada por la pandemia, que ha provocado retraso en la tramitación de las causas y ha dificultado trabajar en forma adecuada. Refiere que no existe un plazo de inactividad que justifique el planteo de la contraria y que no puede declararse la caducidad, puesto que ello implicaría un ritualismo excesivo y una desnaturalización de las instituciones en juego (cfr. PE417282-2022).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE277817-2022.-
II. En primer lugar corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial. Este último la contempla en los artículos 288 a 296, estableciendo, para el juicio ordinario, que se producirá cuando no se instare el curso del proceso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 de dicho Código señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De lo expuesto se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario; y que, además, no contiene disposiciones relativas a la perención de instancia, remitiendo en dicha materia a lo normado en el CPCyC, donde se establece -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomos XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093 y XVIII, Reg. 1116, Folio 3592/3594).- Asimismo ha dicho que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213).-
Además debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. artículo 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).-
IV. Sentado lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.-
V. En el ‘sub lite’, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento fue la providencia PE120716-2021, del 17 de junio de 2021, en donde se ordenaba notificar el traslado dispuesto del Hecho Nuevo denunciado por la parte actora. Así, se verifica que entre este acto procesal y la presentación obrante en PE405520-2022, del 11 de marzo de 2022, en la cual la parte demandada acusa la perención de instancia, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600), constatándose una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante dicho lapso.- Cuadra precisar que no revisten efecto interruptivo el escrito de la parte demandada obrante en PE151223-2021, del 17 de junio de 2021, ni la providencia PE122914-2021, del 22 del mismo mes y año, en la que se tuvo al compareciente, Dr.
Ramiro Esteban Castillo, por presentado y por parte, en el carácter de apoderado de la demandada; e, igualmente, se tuvo por constituido el domicilio electrónico de la misma parte. Ello así, por cuanto “Las actuaciones referidas al interés de una sola de las partes y no en beneficio común de la prosecución del proceso, no son interruptivas del curso de la caducidad. Ello se justifica porque los actos y trámites que cortan el plazo de la perención deben ser dirigidos al desenvolvimiento de la relación procesal, y en este caso, carecen de influencia sobre la evolución efectiva de la instancia.” (cfr. Maurino, Alberto Luis, “Perención de la instancia en el proceso civil”, 2ª ed. actualizada y ampliada, Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2003, pág. 187).- “La acreditación de la personería no interrumpe el curso de la perención”, a lo que cabe agregar que: “No interrumpe la perención de la instancia la denuncia de un nuevo domicilio del demandado, si no existe auto a notificarse, pues no importa un acto tendiente a activar el procedimiento, si no se han acreditado diligencias necesarias para establecer el nuevo domicilio.” (cfr.
Loutayf Ranea, Roberto G. - Ovejero López, Julio C., “Caducidad de la instancia”, Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1986, págs. 148 y 188). Si bien -como se ha dicho más arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce pero no cuando aquella resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243). El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.- No es óbice para decretar la caducidad de instancia, la defensa esgrimida por la parte actora en cuanto afirma que la pandemia ha provocado retraso en la tramitación de las causas y ha dificultado trabajar en forma adecuada.
Si bien este Tribunal Superior de Justicia dictó diversas resoluciones en el marco de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades públicas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, los plazos procesales se reanudaron a partir del 4 de febrero de 2021 (cfr. Resol. de este Alto Cuerpo del 29 de enero de 2021, registrada al Tomo CX, Reg. 148, Folio 181/183) y el planteo de caducidad refiere a un momento ulterior, no existiendo actos de impulso del proceso con posterioridad a la providencia PE120716-2021.- Tampoco acredita la actora ninguna razón valedera acerca de que no podía acceder al expediente ni impulsar el proceso mientras corría el plazo de caducidad de instancia; ni que la continuidad de la actividad procesal haya quedado supeditada a la labor del Tribunal.-
La existencia de otras causas anexas, de trámite ante los tribunales ordinarios, en las que -según sostiene la actora- ha realizado actos impulsorios, no desvirtúa la solución a la que aquí se arriba. “Es condición fundamental para que un acto sea interruptivo de la perención de instancia, que se realice en el mismo proceso donde se solicita aquélla. Es decir, en el mismo juicio cuya vida se requiere mantener y no en otra causa, aunque sea conexa. No produce la interrupción el efectuado en instancia ajena a la perimida.” (cfr. Maurino, Alberto Luis, ob. cit., págs. 191/192).- Asimismo se advierte que no se presentan en el sub lite ninguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 291, inciso 3º del CPCyC, por remisión del art. 82 del CPCA, Ley Nº 2600, que pudiera obstar a la declaración de caducidad de instancia.-
VI. Que, en orden a lo expuesto, y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la demandada mediante PE405520-2022, y en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas en el orden causado en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal a/c Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saúl -Vocal Subrogante-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1122 Folio N°: 3611/3613 Secretaría: 1
Fin de la sentencia