Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios vertidos por la demandada recurrente.
2Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas a la recurrente por el principio objetivo de la derrota.
3Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a lo actuado en primera instancia.
4Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1312317/2024 por la demandada.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8474/2024 Sentencia: Definitiva Actor: Salas Walter Ezequiel Demandada: Colegio Digital S.A Objeto: Laboral- Cobro de Pesos Fecha: 25-09-2024 Texto:
En la Ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “SALAS, Walter Ezequiel c/ COLEGIO DIGITAL S.A. s/ laboral-cobro de pesos” Expte. S-19847 del año 2020. A esos fines se determinó el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio Fernández y Griselda Isabel Bard para responder a las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en el escrito de fs. 145/159 y la documentación adjunta de fs. 18 a fs. 144 el Dr. Eugenio Gómez Carrasco en representación de Walter Ezequiel Salas promueve demanda laboral por cobro de pesos y daño no patrimonial contra la razón social COLEGIO DIGITAL S.A. en adelante C.O.D.E.C.O reclamando la cancelación de haberes impagos, diferencias salariales, pagos por diferencias de indemnización por despido incausado, la multa respectiva y resarcimiento por daño moral por un monto estimado de $1.354.176,82 o lo que en más o en menos surja de la prueba, con más intereses y costas. Refiere que su representado prestó servicios bajo relación de dependencia laboral para la demandada desde el 4 de abril de 2016 y hasta el 2 de julio de 2020 en que fuera despedido sin causa.
Sus tareas consistieron en dar clases de música con afectación al cargo de Nivel Primario y Secundario impartiendo sus conocimientos con esmero y responsabilidad sin haber sido pasible de sanciones disciplinarias en relación desarrollada con normalidad hasta mediados de 2019. En ese entonces estaba a cargo del Taller de Música con 15 horas de clases de nivel primario y 9 horas cátedra en nivel secundario. Dice que esa prestación se le abonó como “Profesor Horas Cátedra”. Indica que a mediados de 2019 concurre al Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) para afiliarse a la entidad gremial para gozar de los beneficios sociales que brinda. Y que a partir de allí se le brindó un trato desleal que desencadenó en el distracto.
En efecto explica que al exhibir sus recibos de haberes descubrió fortuitamente que se le estaba abonando un monto inferior al de la escala salarial vigente. Relata que ante ello emprendió reiterados reclamos ante su dadora para que recomponga su salario con el de los demás compañeros de trabajo, los que resultaron infructuosos. Ante la solicitud formal del actor ante su empleadora con el objeto de afiliarse a SADOP la demandada se mostró renuente a consentirlo y le comunicó al actor que de ninguna manera podía afiliarse al sindicato y que ello era parte de la admisibilidad laboral de los docentes de dicho establecimiento y que de hecho ninguno de los docentes de la demandada lo están. Critica esta postura que afecta derechos constitucionales e indica que ni siquiera se le abonaba el Fondo Nacional de Incentivo Docente de la ley 25.053.
Hace saber que a partir de allí se lo condenó al ostracismo, se le redujeron las horas cátedra, se le modificó el horario laboral y se le impidió participar de las reuniones semanales con los demás compañeros de la institución, en las que era un activo participante hasta que el 5 de marzo de 2020 se lo dispensó de concurrir al puesto de trabajo. Por ello realizó un reclamo administrativo en la delegación local en expediente que identifica donde el sindicado realizó una tenaz defensa e implementó el protocolo de violencia laboral donde la demandada resistió reconocerle a Salas el estatus de docente y pretendió atribuirle un encuadre sui generis a su condición de revista. Relata lo ocurrido en sede administrativa.
En un capítulo se refiere al encuadre de la relación de empleo dentro de los dos tipos de establecimientos e ingresando a los de gestión privados (ley provincial 3.305, arts. 115 a 134 y concordantes y Acuerdo 185/97 y la aplicación de la LCT y en lo concerniente a la ley 13.047), en tema que desarrolla en términos que se tienen presente en este acto. Se refiere a los derechos de los trabajadores de la enseñanza que no tenían título habilitante y dice que, sobre la base de negociaciones, los docentes de instituciones de gestión privada que no cuentan con título habilitante gozan de los mismos derechos que los trabajadores que se desempeñan en establecimientos oficiales para concluir que surge con absoluta claridad el encuadre legal de la condición inalienable de docente del actor en el marco de su prestación laboral desarrollada a favor de C.O.D.E.C.O..
Dedica otro capítulo a fundamentar la procedencia del daño no patrimonial y la aplicación de las multas del art. 2 de la ley 25323 y del art. 132 bis de la LCT, en términos que se dan por reproducidos.
Practica liquidación de las acreencias que reclama y ofrece la prueba de la que intentará valerse. Funda en derecho su reclamo, hace un juramento estimatorio. Reserva el caso federal y solicita que oportunamente se haga lugar a la demanda en todas sus partes con costas.
A fs. 161 el Dr. Franco Matías Villalón Lescano se excusa de intervenir en la presente causa por estar comprendido en la causal del art. 17 inc. 1º del CPCC con relación al letrado apoderado del actor y la Dra. Rosa Elena Gonzáles se avoca “sujeto al consentimiento que efectúe la parte con posterioridad a la notificación de la presente...” Y fija la audiencia del art. 47 de la ley 1444.
La Dra. Rosa E. González es recusada en escrito de fs. 176/187 donde se cuestiona la constitucionalidad de su designación como Conjueza. No obstante ello se lleva a cabo la audiencia del art. 47 de la ley 1444 conforme acta de fs. 197 después de suspender la del día 26 de abril de 2021.
La recusación formulada por la demandada fue rechaza por esta Cámara en PE 215751/2021 resolución atacada por la demandada en recurso de casación en PE 235505/2021 que es declarado mal concedido como surge de fs.14/17 del incidente de recusación agregado por cuerda.
Interín tomó intervención el Dr. Contreras como subrogante legal quien citó a una audiencia del art. 47 de la ley 1444 instrumentada en PE 555038. La demandada presentó la contestación por escrito.
II. Que esa contestación en forma digital se instrumentó en PE 432411/2022. La Dra. María Laura De Santis se presentó como letrada apoderada de Colegio Digital S.A., formula una serie de 36 negativas de hechos y 19 negativas de autenticidad de documentación, contesta la demanda y opone la excepción de prescripción. Da su versión de los hechos indicando que el actor comenzó a trabajar para la demandada el 4/04/16 realizando tareas en el taller de música en acompañamiento de los alumnos, mantenimiento y cuidado de los instrumentos. Dice que por su contacto con los niños ellos lo llamaban profe y se encontraba integrado a los compañeros de trabajo donde se usaba el “buen día profe” pero aclara que esas usanzas no constituyen formalmente un título. Pero sus tareas estaban lejos de ocupar un rol docente toda vez que no presentó planificación anual de clases ni la planificación didáctica que deben presentarse ante el equipo de gestión. Indica que desde el aspecto formal el actor nunca estuvo inscripto en la junta de clasificación ni tuvo, en consecuencia, número de legajo obligación impuesta por el art. 46 del Acuerdo 185/97 que el actor acompaña como prueba documental. Menciona que el actor era invitado a las reuniones de docentes como asistente para que esté al tanto de temas educativos e indica que el profesor Mario Vallejos respondía por su área y, aunque la mayoría de las veces el actor estaba ausente, no se lo sancionó por considerar que no le era obligatorio.
Distingue que al actor se lo trataba como profesor, pero no lo era desde el aspecto formal por no tener título ni requisitos habilitantes como el legajo y desde lo material por no desarrollar tareas docentes.
Refiere como comienza a resentirse el vínculo al solicitarle la presentación de título secundario y cuando el actor reclama una escala que, a entender de la demandada, no era la procedente por no considerarlo profesor de nivel primario y secundario. Indica que el actor presentó el 02/02/2020 por primera vez su título secundario. Hace referencia al horario fijado el 10/02/2020 afectado por la imposición del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia que sólo concurrió dos días adoptando una actitud renuente sin respetar el horario laboral criticando su actitud y disposición. Reconoce que a la demandada se la podrá acusar de sobre calificar las tareas del actor, pero no de liquidarle menos de lo que correspondía.
Dice que es por esa fecha que se le informa que en los recibos de haberes se consignará su real tarea: ayudante de música sin que ello implique reducir sus haberes y criterios de liquidación sin disminuirle el valor de las horas de trabajo. Sostiene que por ser dañoso mantener la relación laboral con una persona con actitud combativa se prescindió de sus servicios remitiendo C.D. donde se le notificó. Relata los avatares del expediente administrativo Nº 517823/2020 y la mala relación del gremio con la demandada. Hace notar que los hechos referidos deban ser analizados en la situación de pandemia y las disposiciones del aislamiento social preventivo obligatorio donde muchas notificaciones no fueron exitosas que es lo que afirma pasó con el actor en una notificación fallida que los llevó a notificar el despido por acta notarial.
Refiriéndose al derecho aplicable analiza distintos principios: el de igualdad de haberes entre maestros estatales y privados de la curricula obligatoria. Pero sostiene no alcanza a los talleres extracurriculares que no son alcanzados por las transferencias de fondos de la provincia y del estado nacional para el pago total o parcial de las retribuciones de los docentes curriculares (conforme Acta de Acuerdo de Educación Pública de gestión Privada acompañada por el actor como prueba documental). Se explaya sobre la misma y la ley 13.047 y concluye que al actor, al encontrarse en el área extracurricular, no le corresponde la equiparación de derechos y obligaciones de los docentes que se desempeñan en el ámbito de la curricula obligatoria.
Al referirse a la estabilidad en las horas cátedra sostiene que existe distinción entre docentes con título y docentes sin título citando jurisprudencia de la Provincia de Chubut. Explica como son agrupados los alumnos de guitarra que deben coincidir con inglés y natación y relata que ha sucedido que no muchos alumnos elegían guitarra y por ello al actor en el último periodo se le debió reducir las horas. Al referir al daño moral reclamado niega que se lo haya discriminado, pues dice, se le dio participación en las reuniones de profesores pero no asistía y para él no eran obligatorias. Se pregunta en qué momentos se produjeron esos supuestos actos discriminatorios. Señala que el actor pretende ventilar una figura del derecho común en un proceso laboral.
Sostiene que no es procedente la liquidación practicada y entiende se debe comparar su retribución con la escala salarial de comercio como se realiza en los institutos de música privados. Dice que se liquidaba correctamente la zona desfavorable. Opone la prescripción de créditos anteriores a los dos años de la promoción de la demanda negándole carácter interruptivo a lo actuado administrativamente por ser inoficiosa a esos fines. Ofrece prueba confesional reservando la ampliación. Hace reserva del caso federal.
III. Que en PE 359047/2022 se corre traslado de la excepción de prescripción a la actora que no la contesta. Y en PE 373100/2022 se corre traslado al Ministerio Fiscal que la contesta en PE 607604/2022 y teniendo presente el dictamen se difiere la causa para la definitiva. En PE 420979/2022 se abre la causa a prueba proveyéndose la pertinente. Producida la obrante en autos en PE1186123/2023 se clausura el periodo probatorio y se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444 y solo hace uso del derecho de alegar sobre la prueba la parte actora con la pieza en PE 1231025/2024. Se dispone en PE 1242462/2024 el pase de los autos a despacho a los fines de dictar la sentencia que obra en PE 1296404/2924.
En ella se hace lugar a la excepción articulada por la demandada con costas en el punto I y en el punto II se resuelve admitir parcialmente la demanda promovida por Walter Ezequiel SALAS contra COLEGIO DIGITAL S.A. por diferencias salariales de los rubros ya abonados por: antigüedad (art. 245) Vacaciones no gozadas; S.A.C. sobre vacaciones no gozadas; Integración mes de despido; S.A.C. s/ integración mes de despido. Asimismo corresponde el pago íntegro de los haberes adeudados de mayo y junio de 2020; ley 25.323, multa (art. 2), a los que deberá adicionarse la doble indemnización DNU Nº 528/20, y sanción conminatoria art. 132 bis LCT condenando a la accionada a pagar al actor, dentro de los 10 días de notificada y firme la presente sentencia la suma que determine el gabinete contable oficial con más los intereses por recomposición patrimonial conforme las pautas dadas en el considerando respectivo, teniendo presente que deberá establecer la MRMNH acorde lo establecido por la ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la ley provincial Nº 3305, de la categoría profesor hora catedra por 9 horas en la educación secundaria y 15 horas en la educación primaria a la categoría que la equipare, debiendo descontarse la suma ya percibida en la liquidación conforme fuere establecido en los considerandos respectivos.
III. Rechazar la demanda en lo que respecta a los rubros S.A.C. s/ preaviso y Daño no patrimonial por las razones dadas en los considerandos respectivos. IV) A los fines del cálculo de la liquidación intímese a Colegio Digital S.A. para que en el plazo de diez días de notificada la presente, acompañe los recibos de haberes correspondiente a los periodos Enero 2019 a Marzo 2019 que corresponden a la educación secundaria enero a junio 2020 inclusive de los dos niveles primaria y secundaria, incluyendo los recibos por S.A.C., para su posterior remisión al gabinete contable. Líbrese oficio por secretaria a los fines requeridos. V) Cumplido pasen al Gabinete Contable Oficial dependiente de la Excma.
Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, a los fines que proceda a liquidar el cálculo ordenado ut supra. VI) Costas a cargo de la parte demanda en su calidad de vencida. (art. 68 y cctes. del CPCC). VII) Diferir la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia hasta tanto no obre liquidación en autos. El punto VIII es de forma. El expediente se eleva con la certificación de estilo en PE 1364383/2024 y recibidos se pasan los autos a despacho para dictar sentencia y se establece el orden de estudio. En PE 1521558/2024 se deja sin efecto la integración con un subrogante en atención a haber asumido el Dr. Horacio Fernández como integrante de este tribunal.
IV. Que a los fines del tratamiento del recurso tenemos que la apoderada de la demandada apeló y fundó su recurso en dos agravios desarrollados en PE 1312317/2024. Se queja por haberse admitido la acción y dirige su razonamiento en criticar la sentencia por la equiparación entre profesor con título habilitante y un idóneo sin título secundario que no cuenta con formación académica ni la certificación oficial que respalde sus habilidades pedagógicas y explica la importancia.
Critica que la jueza de grado asimiló a un profesor con un idóneo sin título en virtud de un acta acuerdo de Confederación y SADOP del 01/07/2013 que no resulta de estas actuaciones que fuera homologado ni hay cita de donde resulte semejante equiparación. Sostiene que los convenios colectivos y los acuerdos deben ser probados e invoca el art. 8 LCT y un antiguo plenario, el Nº 104. de la Cámara Nacional de Trabajo del 31 de octubre de 1966.
Hace notar que ese acta acuerdo citado por el actor se refiere a las retribuciones de los docentes curriculares motivo por el cual no le es aplicable por extracurricular. Hace notar que el taller de guitarra no está en el marco jurídico del Servicio Público de Educación de Gestión Privada. Remarca que el Acuerdo no está homologado y no puede estar en contradicción con la ley 13.047 que exige para cargos docentes el título habilitante o en casos de no contar con docentes con título habilitante establece que se podrá designar a maestros normales nacionales o egresados de escuelas técnicas en carácter interino y por el transcurso de tres años donde merezcan concepto profesional favorable quedan habilitados para la enseñanza de la asignatura. Se refiere a la reglamentación en la provincia del idóneo que puede ser autorizado excepcionalmente, pero que la Dirección de Gestión Privada no interviene en materias que no corresponden a la curricula obligatoria. Describe las tareas de un docente y afirma que el actor no las cumplía al ser un idóneo que sabe tocar la guitarra por lo que no puede considerárselo un profesor en el marco de la ley de habilitación docente y se refiere a la confesional de la representante legal de la demandada que describió las tareas del actor como de apoyo como auxiliar del profesor de música enseñando guitarra y explicó que el apoyo no lo convierte en docente. Considera que se ha aplicado en modo equivocado el principio de la primacía de la realidad explicando las carencias del actor con respecto de un docente con título, en términos que se tienen presente.
Sostiene que no existió en su caso contradicción en su postura que haga aplicable la doctrina de los actos propios. Explica que la retribución que se le efectuaba al actor no era de docente y no aplicaba la escala salarial del docente de la curricula obligatoria pues el actor no encuadraba en dicha categoría. Dice que la retribución abonada al docente no estaba asociada al rol de docente porque no correspondía.
Le agravia la aplicación del art. 9 de la LCT por la duda. Explica que no se puede categorizar al actor como docente. Sostiene que este principio no guarda relación con calificar a una persona con habilidad de tocar la guitarra equiparándolo con un docente recibido de una institución habilitada a otorgar títulos. Argumenta que la aplicación de esta norma no debe conducir a resultados injustos.
Ataca la idoneidad de la declaración de las autoridades del SADOP recordando que había invocado que la comunicación con el sindicado nunca fue buena y se refiere a conductas del sindicado con su representada.
En un segundo agravio se queja por la imposición de costas sosteniendo que su mandante contaba con suficientes razones para defender su postura con respecto de la categoría de profesor del actor citando jurisprudencia.
Ratifica su reserva del caso federal.
V. Que este recurso se concede libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado de los agravios en providencia en PE 805844/2024. Ellos con contestados por el apoderado del actor en PE 1336171/2024 que en PE 821062/2024 se tienen por contestados y se ordena su elevación.
En su respuesta el Dr. Eugenio Gómez Carrasco, letrado apoderado del actor, destaca que los docentes que prestan servicios en los establecimientos de gestión privada que son reconocidos por la provincia reciban o no subvención por parte del estado están sujetos a normas legales distintas que las que rigen la relación laboral de los docentes de los establecimientos de gestión pública. Invoca la ley 3305 que equipara las retribuciones básicas, bonificaciones, compensaciones y asignaciones con el personal docente de igual función, cargo, categoría y responsabilidad de los docentes del orden estatal en todos sus niveles.
Por ello razona que el Sr. Salas, tuviera o no título habilitante, tenía derecho a percibir igual haber que sus compañeros de trabajo y por ello estaba en condiciones de percibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente y todos los demás rubros devengados en dicha relación. Entiende que debe primar la prestación del servicio por encima de una mera interpretación de la demandada que lo califica como ayudante sin alcanzar el statu de docente, al no tener título habilitante, por lo que sus remuneraciones debieron ser menores lo que a su juicio viola el art. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional y 81 de la ley 20744. Argumenta que independientemente de tener título o no, el actor prestó servicios para la demandada enseñando música y por ello debe ser encuadrado a todos los efectos legales como trabajador docente detallando el acuerdo 1º de julio de 2013 entre Confederación y SADOP ratificada por el Ministerio de Educación en Resolución 8/2013 que autorizaba la prescindencia del título habilitante al definir al trabajador docente particular o privado. Transcribe el art. 2 inc. c). Lo considera lógico por cuanto se aplican las normas del derecho laboral privado y los principios básicos de la LCT.
Por ello entiende que los docentes que prestan servicios en instituciones de gestión privada que no cuentan con títulos habilitantes, gozan de los mismos derechos que los trabajadores que trabajan en establecimientos oficiales en todos sus niveles con el alcance del art. 11 de la ley 13.047 que transcribe.
Pone de manifiesto que no resulta de aplicación el apartamiento del principio general del art. 68 del ritual del principio objetivo de la derrota con cita de doctrina y explica que en el caso de autos no existe una zona de penumbra que haya ubicado a la demandada en la convicción que estaba actuando de buena fe.
VI. Que establecida en este resumen la posición de las partes e ingresando al estudio del caso se advierte que los argumentos de la demandada se centran en el aspecto docente y la calidad del actor como profesor de música o ayudante.
Creo que la suerte de este recurso se apoya en la doctrina de los actos propios que se apoya en el aforismo latino “venire contra factum propium non valem” desde que le ha dado trato de “profesor/a horas cátedra” como se consigna en los recibos de sueldo circunstancias entre otras que le ha dado al actor confianza sobre la base de la buena fe y coherencia en el accionar. Ello permitió que el actor confiara que la patronal no se pondría en contradicción con sus propios actos. Es sabido que no se ha admitido la aplicación de esta doctrina en materia laboral, pero ello es aplicarla en contra del trabajador por la indisponibilidad de los derechos de los dependientes. Se la admite contra la empleadora que con su conducta se pone en contradicción de sus propios actos y en perjuicio del trabajador. La demandada sostuvo que quien respondía en el área era el profesor Mario Vallejos y que el actor realizaba tareas de acompañamiento de los alumnos y cuidado de los instrumentos y se refiere al trato de los niños con el actor llamándolo cariñosamente “Profe” o las usanzas en el saludo “buen día profe”. Pero, al ofrecer prueba no trajo a declarar al profesor Mario Vallejos, a quien, según la contestación de demanda el actor ayudaba. Era la persona que debería ratificar o descartar la versión de la demandada. Tampoco trajo los libros de temas que, según su versión, el actor nunca firmaba. No trajo a declarar a los otros docentes y se limitó a la prueba documental y la confesional siendo que por la doctrina de las cargas probatorias dinámicas estaba en mejores condiciones para acreditar su versión. No tiene implicancia que “música” no sea una materia curricular, pues lo cierto es que se ofrecía a los padres como una materia que enriquecería la formación de los alumnos. Y el actor se lo encuadró en los recibos como “profesor/a horas cátedra” que le es rebajada en el mes de enero 2020 a la categoría de “ayudante de música” (sin modificación del salario) y se le disminuyen las horas cátedra.
Lo cierto es que la demandada le ha reconocido al actor la condición de profesor desde el comienzo de la relación laboral como se consignó en los recibos de sueldo y ellos remuneraban la tarea efectivamente desempeñada por lo que juega el principio del art. 14 bis de la Constitución Nacional que establece que por igual tarea, igual remuneración.
No puede la demandada alegar su propia torpeza y sostener que la tarea del actor no era la remunerada y que la categoría que le asignó en los recibos no era la correcta.
La esforzada crítica contra la sentencia ensayada por la recurrente pretende equivocada la interpretación que se hace de los hechos para aplicar el principio de primacía de la realidad para lo que pretende quitarle importancia en la labor del actor y limitarla a indicar a los alumnos “practicar” o asume que transmitía la posición de un acorde o nota. Pero la calidad de la enseñanza impartida no está en discusión en estos autos.
La demandada ataca el acta del 1 de julio de 2013 entre Confederación y SADOP y sostiene que en algunos casos se ha sostenido que las partes que invocan un convenio colectivo en una disputa legal tienen la carga de probar la existencia y aplicación de dicho convenio. Pero ella se encuentra hoy desplazada por la tecnología que pone al alcance de los magistrados, los profesionales y las partes los convenios homologados o aprobados. Con dos entradas a la página del Ministerio de Educación se ubica el acuerdo y su aprobación lo que quita validez a su invocación que el Acuerdo no era aplicable.
Por ello entiendo que este argumento no conmueve la sentencia.
Aclarado ello se advierte que los ataques contra la sentencia por la aplicación del art. 9 de la LCT ante la duda tampoco conmueven la sentencia. El mencionado artículo texto conforme ley 26.428 dispone:
“En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho de trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador” El resto del texto que transcribe la sentencia corresponde a la modificación introducida por el DNU 70/2023 que a mi juicio no sería aplicable con efecto retroactivo sin perjuicio que se encuentra discutida su constitucionalidad en lo que hace al derecho laboral. En efecto al existir acta del 1 de julio de 2013 entre Confederación y SADOP que como se señalara se encuentra aprobado por el Ministerio de Educación no quedan dudas a disipar.
Pretende la demandada alegar en la instancia sobre la idoneidad de las declaraciones testimoniales de las autoridades de SADOP. El art. 67 de la ley 1444 establece claramente en su segundo párrafo:
“….Hasta tres días después de la audiencia en que presten declaración, las partes podrán alegar y ofrecer prueba acerca de la idoneidad de los testigos. Al dictar sentencia el juez apreciará según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones.”
En PE 759671/2022 en la audiencia testimonial de Andrés Álvarez, después de hacer lugar a una oposición de la actora a pregunta de la demandada se le hizo saber a ésta:
“… la posibilidad de meritar la idoneidad del testigo al momento de los alegatos y la Dra. peticiona se tenga presente sus fundamentos para el momento que alegará en segunda instancia.”
Extraño pedido de la demandada de tener presente sus fundamentos para el momento que alegará en segunda instancia, como dando a entender que el planteo en primera instancia lo entendía rechazado.
La alegación sobre la idoneidad de los testigos ha reemplazado a las tachas a los testigos reemplazado en el orden nacional por la ley 14.237 (arts. 205/209 del viejo CPCCN). Tenía las tachas absolutas: enajenación mental, ebriedad consuetudinaria, falta de industria o profesión honesta conocida, la calificación de quebrado fraudulento, haber sido condenado por delito que tenga pena corporal o haber sido condenado por falso testimonio que quitaban valor a la declaración; además de las tachas relativas; parentesco, dependencia o ser deudor o acreedor. Este sistema fue como digo suplantado por la alegación sobre la idoneidad del testigo vigente en los Códigos procesales de la provincia y nacional y en el art. 67 de la ley 1444 arriba transcripto. No debe ser confundido con la “tacha al dicho”. La demandada no alegó sobre la idoneidad del testigo como la autorizaba el art. 67 de la ley 1444. Es más en la audiencia se le hizo saber la posibilidad de meritar la idoneidad del testigo en el momento de los alegatos, y solo peticionó que se tuviera presente sus fundamentos para el momento que alegará para segunda instancia.
Nunca utilizó el instituto del art. 67 de la ley 1444, no presentó alegato de bien probado donde podría haber alegado sobre la idoneidad del testigo o la fuerza de su testimonio, para de este modo que fuera considerado en la instancia de grado. Escuetamente lo plantea en sus agravios en planteo que resulta no merecedor de atención por lo expuesto. Por otro lado la sentencia no se funda en los dichos de estos testigos y sólo hace referencia en la sentencia que todos coincidieron en que el Colegio Digital S.A. no posee docentes afiliados y los dichos de Cabrera respecto de que quienes se han querido afiliar han sido luego despedidos, pero sin dar nombres. Ello no hace al conflicto que nos convoca. Pero aún una mala relación del gremio contra la demandada o declaración en el flash informativo de Canal 2 no tiene relación con este conflicto. Este ataque no afecta a la sentencia pues no analiza los dichos de los testigos (que declaran bajo juramento y conocimiento del delito de falso testimonio) demostrando su falsedad, es decir atacando sus dichos.
Por ello entiendo que esta crítica no conmueve la sentencia al no demostrarse el error de esta con una crítica concreta y razonada.
Por todo ello propongo al Acuerdo rechazar este primer agravio.
Y como una lógica consecuencia y por aplicación del principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC el segundo agravio corre igual suerte. Como se ha señalado no se trató de una cuestión de singular complejidad. Cabe señalar que la jurisprudencia en sumario transcripta en el agravio como fundamento, no la favorece a la recurrente. Y ello es así toda vez que, este sumario, se refiere a que la complejidad de la cuestión “ha podido generar en el actor la creencia de que su pretensión era al menos opinable”. Y en autos la posición del actor ha resultado victoriosa. Esa posición jurisprudencial justifica eximir de costas al actor derrotado en su pretensión. Propongo rechazar también el segundo agravio e imponer las costas de la instancia a la vencida.
Por ello contesto en forma afirmativa a la segunda cuestión por considerar que la sentencia atacada es justa en todo lo que fuera materia de agravios. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VII. Que analizadas las alegaciones de las partes, la prueba producida, sentencia y agravios llego a la misma solución que el primer votante. Adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que a mérito de lo expuesto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la demandada recurrente. 2º) Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas a la recurrente por el principio objetivo de la derrota. 3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a lo actuado en primera instancia. 4º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1312317/2024 por la demandada. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
IX. Considero que la propuesta formulada es justa y equitativa. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 25 de septiembre de dos mil veinticuatro
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar los agravios vertidos por la demandada recurrente.
2. Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas a la recurrente por el principio objetivo de la derrota.
3. Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a lo actuado en primera instancia.
4. Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1312317/2024 por la demandada.
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
La Dra. Bard no suscribe por no existir disidencia. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente- Horacio Fernández - Juez de Cámara - Ante Mi: Carolina M. Lima-Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201036S.241 Tomo: CI Sentencia: 3076 Folio Nº: 041/051 Secretaria: 1
Fin de la sentencia