Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2021-44773097-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y el Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez en el escrito DEDUCE INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
2Intimar a la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y al Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez para que dentro del término de cinco días ingresen, en concepto de tasa de actuación, la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos treinta y dos con 38/100 ($143.232,38).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-125537549-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Diciembre de 2021 Arnez s/ beneficio de litigar sin gastos.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Cora M. Musso y Dr Juan Manuel Soria (por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez), con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos EE EX-2021-44773097- -APN-TFN#MEC Graciela Silvia Bonofiglio y Lucio Wagnes Rojas Arnez s/ beneficio de litigar sin gastos.
La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que el presente incidente se inicia con el escrito DEDUCE INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS presentado por la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y el Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez, por derecho propio, con patrocinio letrado. Aducen que la petición del beneficio, tiene sustento fáctico, en su insolvencia económica, por no contar con sumas de dinero para afrontar los llamados “gastos de justicia”, encontrándose ante la “imperiosa necesidad de defender sus derechos en el proceso principal” (Conf. Art. 79 Inc. 1 y cctes. del C.P.C. y C.) invocando lo normado en los arts. 78, 79, 80, stes. y concordantes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, Ley 25.964 y el criterio sentado por la Sala “G” de este Tribunal en la causa “SALASSA DE FOURCADE YOLANDA ESTELA” Expte. N° 21.841-A, en la sentencia del 12.04.07.
Relatan los antecedentes del caso, señalando que se presentaron ante el Tribunal a efectos de promover y tramitar el recurso de apelación en los términos del artículo 1.132 sgtes. y c.c. del Código Aduanero (Ley 22.415), contra la Resolución Nro. 2021-902-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en el expediente Nº 17165-1584-2018, mediante la cual, se resolvió condenarlos al pago de la suma de $1.199.184,20 y el comiso de U$S 46.108 y $ Bolivianos 100, debido a que la Dirección General Aduanera les inició un procedimiento infraccional en orden a la conducta prevista en el art. 979 del Cód. Aduanero por pretender egresar la suma de dólares cuarenta y seis mil ciento ocho (46.108 usd) y cien pesos bolivianos (100), en exceso del límite máximo previsto por el art. 7° del decreto 1570/01, modificado por el art. 3° del Decreto 1606/01, y el art. 1° de la Resolución general AFIP nro. 2705/09, para la exportación de divisas sin intervención de entidades financieras sujetas a la Superintendencia de Entidades Financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.
Hacen referencia al procedimiento del sumario infraccional y señalan expresamente que al momento de contestar la vista conferida, solicitaron el reintegro de las sumas retenidas, habiéndose resuelto la entrega de aquellas divisas que no resultaron objeto de investigación, ordenándose la devolución de diez mil dólares (10.000 usd) a cada uno. Manifiestan que para la concesión del beneficio no constituye óbice alguno que tengan lo mínimo para su subsistencia y que si bien no se encuentran en un estado de pobreza objetiva o indigencia, la distracción de fondos configura un desequilibrio en sus vidas, dado que ambos son jubilados y se encuentran desempleados, viviendo al límite con los ingresos así percibidos como para poder hacer frente la elevada tasa de justicia para la tramitación de la apelación interpuesta.
Señalan que la Sra. Bonofiglio recibe únicamente una pensión de $15.600 para subsistir y al Sr. Rojas Arnez, por el mismo concepto, ANSES le paga $17.200 conforme se desprende de los comprobantes acompañados como prueba. Agregan que el Sr. Rojas Arnez, por su calidad de médico cuenta con un pago por parte de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires de $48.000, por lo que la sumatoria de todo ello hace que cuenten con un monto aproximado de $80.000 para los dos. Enumeran los gastos que deben abonar mensualmente en concepto de alquiler del departamento donde viven, de expensas, Aysa, Edenor, Metrogas, servicio de internet y teléfonos celulares de cada uno y expresan que el único bien mueble que tienen es un auto Chevrolet Spin Modelo 2017 del Sr.
Rojas Arnez, que se compró entregando otro auto usado como parte de pago y el resto del dinero se pagó bajo un plan financiado a 84 meses de conformidad a la constancia de la solicitud de adhesión al plan de ahorro de Chevrolet que adjunta a la causa. Relatan que el Sr. Rojas Arnez, producto de un matrimonio anterior (con Sonia Irma Pérez DNI 4.627.749), tiene dos hijos de 32 y 34 años que muchas veces necesitan de su ayuda para su supervivencia y que siendo ello así el único bien inmueble (de dos ambientes) que posee (de propiedad junto con la Sra. Sonia Irma Pérez) se lo quiso donar a su hijo, dado que es donde vive actualmente en San Clemente del Tuyú, pero la Sra. Sonia Irma Pérez se negó a la donación del mismo.
Indican asimismo que la Sra. Bonofiglio tiene 3 hijos de 40, 38 y 36 años a los que ayuda económicamente y alude que no cuentan con un servicio privado de obra social, sino que utiliza el de PAMI. Hacen referencia a los gastos inherentes a la subsistencia de ambos y finalmente señalan que el dinero que se encuentra en discusión en la causa principal era producto de la venta de la única propiedad que tenían en Argentina y era el único sostén que tenían para poder comprar su nueva vivienda en Bolivia. Ofrecen como prueba copia simple de los comprobantes de pago previsional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ANSES de ambos, copia simple del contrato de locación del departamento donde viven, copia de la solicitud de adhesión al plan de ahorro de Chevrolet registrada por el Sr.
Rojas Arnez, copia simple de la escritura de la propiedad a nombre del Sr. Rojas Arnez y de la Sra. Pérez, copia simple de las facturas de tarjeta de crédito del Sr. Rojas Arnez y de la Sra. Bonofiglio, las declaraciones testimoniales de María Laura Fitzharris y de Maria Asunción Helman Román y el libramiento de oficio al Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires para que informe si poseen inmuebles registrados a su nombre.
II. Que mediante la providencia PV-2021-70818946-APN-VOCXIV#TFN, se abre la causa a prueba y se cita a los representantes de la DGA y DGI, de conformidad a lo previsto por el art. 80 del C.P.C.C.N.). Posteriormente se agrega la contestación del oficio librado al Registro de la Propiedad e Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que se informa que no hay titularidad registral a nombre de la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y el Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez, habiéndose corrido vista de ello a las partes con fecha 21/10/2021. Finalmente en atención al estado procesal del expediente, se elevan los autos a la Sala “E”.
III. Que el beneficio de litigar sin gastos se encuentra reglado en los arts. 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -cuya aplicación al caso resulta de las normas de la ley 25.964- y es una institución establecida a favor de quienes por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las erogaciones que necesariamente implican la sustanciación de un proceso. Que el referido instituto encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la garantía de la defensa en juicio y la de la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16, respectivamente, de la Constitución Nacional). En doctrina señala Fenochietto, que la Corte Suprema reiteradamente ha sentenciado que: “El beneficio de litigar sin gastos encuentra su fundamento en la garantía de defensa y la igualdad ante la ley, ambos preceptos de raigambre constitucional, habida cuenta de que por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes” (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado Anotado y Concordado…T° I , pág. 319, Segunda Edición actualizada y ampliada Ed. Astrea).
Que la ley 25.964 resguarda expresamente el derecho de defensa de los recurrentes ya que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de los arts 3° y 7°, las cuestiones que se susciten con relación a la tasa de actuación no impiden la tramitación normal del juicio.
IV. Que el art. 78 del CPCCN prevé que “Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo. No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos” y el art. 79 del citado Código prevé los requisitos de la solicitud, fijándose que ésta deberá contener “1) La mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir. 2) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recurso. Deberá acompañarse el interrogatorio de los testigos y su declaración en los términos de los artículos 440 primera parte, 441 y 443, firmada por ellos...”.
V. Que las actoras solicitan el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos invocando que debido a sus ingresos (haberes jubilatorios y pago por parte de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires) se encuentran imposibilitados de afrontar el monto de la tasa de actuación dictaminada por la DGI, debido a los gastos mensuales que poseen ambos -y acreditan con copias simples de los comprobantes de pago previsional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del contrato de locación del departamento donde viven y de las facturas de tarjetas de crédito del Sr. Rojas Arnez y de la Sra. Bonofiglio y las declaraciones testimoniales de María Laura Fitzharris y de Maria Asunción Helman Román- invocando asimismo que deben ayudar económicamente a sus hijos de 32, 34, 36, 38 y 40 años.
Que de las manifestaciones vertidas en el escrito DEDUCE INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS y las constancias aportadas a la causa se desprende asimismo que, el Sr Rojas Arnez posee un automovil Chevrolet Spin Modelo 2017 y asimismo un departamento en San Clemente del Tuyu (este último conjuntamente con su ex-esposa) y ambos cuentan con los 10.000 dólares que el servicio aduanero les devolviera a cada uno, en virtud del pedido realizado en el sumario infraccional que motivara la causa principal y el presente incidente.
Que lo expuesto impide considerar que en el presente se encuentre acreditada la insuficiencia de medios económicos para afrontar el pago de la tasa de actuación que aquí se analiza y por ello, no corresponde hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos aquí peticionado.
Que el criterio expuesto es conteste con reiterada doctrina de la CSJN que sostuvo que “La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” (SCJN, in re “Ottonello, Miriam Alicia y otros c/Chubut, Provincia del y otro s/daños y perjuicios”, del 22/07/2008; “Agüero, Nora del Valle c/Tucumán, Provincia de y otro s/daños y perjuicios - incidente sobre beneficio de litigar sin gastos”, del 28/08/2007, entre otros) y, “Corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos si los elementos de prueba agregados resultan insuficientes para verificar razonablemente si el caso encuadra en el supuesto que autoriza el otorgamiento del mismo” (SCJN, in re “Acerbo, Antonio Alberto c/ Banco del Chubut S.A. y otra s/ juicio sumarísimo -incidente sobre beneficio de litigar sin gastos”, del 10/05/2005).
Que a similar conclusión se arribó en la causa “SALASSA DE FOURCADE YOLANDA ESTELA” Expte. N° 21.841-A, en la sentencia del 12.04.07, invocada por las incidentistas, en la que se denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la recurrente, alarándose que “...no se advierte que pueda verse conculcado el derecho de defensa de la recurrente, por cuanto -en particular- el incumplimiento de la intimación de pago de la tasa de actuación no implica la suspensión del trámite del juicio sino el libramiento del certificado de deuda y su remisión a la D.G.I. a los efectos expresados en el art. 7º segundo párrafo de la ley 25.964”.
VI. Que, por todo ello, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y el Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez..
Por ello, VOTO POR:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y el Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez en el escrito DEDUCE INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
2. Intimar a la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y al Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez para que dentro del término de cinco días ingresen, en concepto de tasa de actuación, la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos treinta y dos con 38/100 ($143.232,38).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiere al VOTO de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y el Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez en el escrito DEDUCE INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
2. Intimar a la Sra Graciela Silvia Bonofiglio y al Sr Lucio Wagnes Rojas Arnez para que dentro del término de cinco días ingresen, en concepto de tasa de actuación, la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos treinta y dos con 38/100 ($143.232,38).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente la Dra Cora M. Musso y el Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez (cfme. Art 1162 del C.A.).
Date: 2021.12.27 09:49:53 -03:00 Date: 2021.12.27 13:02:22 -03:00 Juan Manuel Soria Cora Marcela Musso Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.27 13:02:22 -03:00
Fin de la sentencia