Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2245/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado de la Provincia de Santa Cruz, a fs. 66/80 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2245/18-TSJ Interlocutorio N°: 411.-
Actor: SALDIVIA AVELINA PATRICIA Y OTROS Demandada: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto ACCIÓN DE AMPARO S/ RECURSO DE QUEJA - PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Fecha: 11-12-2018 Texto: TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 411 FOLIO Nº 1560/1563 PROT. ELECT. TSS1 014 O.181
Río Gallegos, 11 de diciembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “SALDIVIA AVELINA PATRICIA Y OTROS C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ RECURSO DE QUEJA - PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ”, Expte. Nº S-2245/18-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos al Acuerdo en virtud del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que articulara la demandada por intermedio del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Fernando Pablo Tanarro a fs. 66/80 vta. Su tratamiento se efectuará a la luz de la doctrina sentada por el cimero Tribunal Nacional (cfr. E.D. t. 126-170 y 171) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- En este sentido, la recurrente expresa que: “…la resolución que se impugna ha sido dictada con fundamento en la aplicación -desmedida- de una exigencia formal que frustra directamente el derecho invocado […] V.E. podrá advertir que la formalidad que conlleva al rechazo del recurso no resultaba esencial para la resolución del planteo de inconstitucionalidad y de ninguna manera tenía entidad para primar por sobre el tratamiento de los agravios propuestos por esta parte, en especial porque lo que se procura es el resguardo de garantías constitucionales.” (cfr. fs. 72/73).
Agrega al respecto que: “Al tener en cuenta el alcance de la omisión incurrida, esto es la falta de la última hoja de la copia del recurso de casación, se advierte que el rechazo de la queja resulta una sanción desproporcionadamente gravosa, incurriendo el Tribunal Superior provincial en un exceso de rigor formal, inconciliable con un sentido de justicia que atienda a la verdad objetiva y con evidente lesión al derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en la decisión atacada por esta parte, además de los aspectos ya apuntados, es que al declararse la improcedencia del recurso de queja por una cuestión meramente formal, se afecta la garantía del debido proceso...” (cfr. foja 75).- Por otro lado afirma: “...al efecto de dilucidar si el art. 37 inc. 3) de la Ley Nº Uno provincial se adecua a las reglas y recaudos establecidos por nuestra Ley Fundamental, es preciso repasar la doctrina de la CSJN.
En ese sentido, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el sistema de subrogancias no pueden intervenir aquellos funcionarios que no poseen los atributos constitucionales para desempeñar la función de juez.” (cfr. foja 77), y cita jurispru- dencia en apoyo a su postura.- A foja 81 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien dictamina a fs. 82/83. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
II. Que analizando la presentación de la demandada y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011, corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el citado artículo 257 del CPC y C, se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º, y parcialmente los requisitos del artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. artículo 1º del Reglamento).-
Cuenta con una carátula en hoja aparte, que cumple parcial- mente las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo el inciso d) al no consignar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. fs. 66/67).-
No obstante, dicho incumplimiento valorado aisladamente, no será tenido como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (Fallos 334:196).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artícu- lo 3º de la Acordada Nº 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la re- solución recurrida, no tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Má- ximo Tribunal elaborada en la materia, que fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos 303:633, entre otros).- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artí- culo 3º de la Acordada 4/2007, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Ello es así toda vez que la recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto, ya que si bien se hace un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que, el relato de los hechos, debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión federal invocada.- Carlos R. Tribiño en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” ha sostenido que: “…la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circunstanciada [...] que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión “reserva del caso federal”. Es que quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatir- se ante el Alto Tribunal y se encuentra excluido, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios.” (cfr. autor y obra cit., Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Pág. 123).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c), se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Andrés Gil Domínguez: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”. Ed. Edial, pág. 107/108), sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, deberían haber resuelto los magistrados intervinientes, al mencionar una serie de derechos y principios constitucionales que -a su criterio- habrían sido menoscabados, planteando que la sentencia de este Tribunal Superior de Justicia incurrió en excesivo rigor formal.- Un capítulo aparte debemos dedicarle a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; y artículo 14 de la Ley Nº 48. Toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el cimero Tribunal Nacional (Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamenta- ción suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello quiere decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”. Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La recurrente funda su recurso extraordinario federal en el artículo 14 de la Ley Nº 48, pero sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar, aunque sea mínimamente, cuáles serían las normas incumplidas y de qué forma fueron vulneradas.-
En este sentido, es preciso recordar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación (cfr. artículo 14, inciso 1º de la Ley Nº 48); no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. artículo 14, inciso 2º de la Ley Nº 48); ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. artículo 14, inciso 3º de la Ley Nº 48). Al contrario, en el interlocutorio atacado se resolvió que la queja interpuesta por el demandado carecía de documental legalmente exigida, lo que impedía conocer acabadamente la materia litigiosa traída a examen e imposibilitando al Tribunal ingresar al análisis de los agravios expresados (cfr. fs. 42/43).- Por último, y como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte que “…la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. art. 3º, inciso e) de la Acordada Nº 4/2007).-
Es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. Carlos R. Tribiño. ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas procesales provinciales por tratarse de cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos. Al respecto la Corte Federal tiene dicho que aquellas resoluciones mediante las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local, ante ellos interpuestos, no son revisables -en principio- por la vía del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. sum. del Dictamen de la Procuración General al que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 327:5416), siendo, además, la tacha de arbitrariedad a su respecto sumamente restrictiva (cfr. sum. del Dictamen del Procurador General al que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 326:750).- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. artículo 75, inciso 12 y 121 de la Constitución Nacional), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad -en principio- de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrarie- dad en el caso -cuestión este última a la que se hará referencia en el considerando siguiente-.
Es que, de admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento cons- titucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordi- nario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebi- damente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Fallos 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado.-
III. Que, asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en ciertas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad (cfr. foja 72 vta.).-
Respecto de este carril -por el cual la recurrente pretende encauzar su recurso- debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que dicha doctrina es de aplicación excepcional y no puede pretender- se, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitu- ción Nacional (Fallos 325:3265).- Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Alto Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado (cfr. fs. 42/43 vta.).-
Por lo demás, las críticas que la recurrente dirige contra el interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia son insuficientes para demostrar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la sentencia recurrida, que se haya violado las garantías de defensa en juicio o debido proceso y que esa lesión le cause un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.-
Según se desprende de la lectura del escrito en estudio, la recurrente pasó por alto las razones jurídicas dadas por este Alto Cuerpo en su decisión de fs. 42/43 vta. Olvida la recurrente que el acompañamiento de la documentación que exige cada recurso -cuando además el mismo recurrente no adujo ningún obstáculo que le impidiera presentar las copias de las resoluciones originales de marras- no es una noción meramente formal, sino que atiende a conducir el pleito en términos de estricta igualdad, en salvaguarda de la garantía constitucional respectiva, lo que impide considerar que el sometimiento a los mismos sea susceptible de constituir un exceso ritual.- Es que, en rigor, el verdadero agravio de la recurrente es ni más ni menos que el criterio adoptado por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya aquél por una interpretación más favorable a sus intereses, que de haberse visto afectados, tienen origen únicamente en una conducta propia. En este sentido, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efec- tuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento con los recaudos previstos en los incisos d) del artículo 2° y b), c), d) y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformi- dad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado de la Provincia de Santa Cruz, a fs. 66/80 vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014O.181 Tomo: VIII Interlocutorio: 411.-
Folio N°: 1560/1563.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia