Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuestos, intereses resarcitorios y multas, reduciendo éstas últimas a su mínimo legal. Con costas, salvo en la parte en que se reducen las multas, las que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-116617418-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Octubre de 2025 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 37.231-I caratulada “SALEM SALOMON s/ recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 85/101 el recurrente interpuso recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 275/2012 (DV RRIIP) y 276/2012 (DV RRIIP), ambas de fecha 11/12/2012 dictadas por la AFIP-DGI, mediante las que se determinaron de oficio sus obligaciones tributarias relativas al Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2005 y 2007) y el Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 12/2005 y 01/2007 a 12/2007), con más sus intereses resarcitorios y se le aplicaron dos multas equivalentes al 70% del impuesto supuestamente omitido, con sustento en el artículo 45 de la Ley 11.683.
En primer lugar, dice que los pasivos objetados proceden de préstamos que le realizó su hija –Sofía Débora Salem-, de los cuales no hizo contrato de mutuo. Razona que, dado el vínculo filiatorio y de convivencia, cabe atenuar las exigencias formales de su instrumentación, pudiendo ser acreditado mediante otros medios de prueba. Cita jurisprudencia al respecto.
En este sentido, sostiene que la capacidad económica de su hija al momento de concederle los préstamos se encuentra acreditada, pues ha desarrollado su profesión de contadora pública desde hace muchos años –actualmente como monotributista de la categoría E-, en ciertos casos ha obtenido ingresos que no estuvieron dentro del circuito formal de la economía –los que regularizó mediante el régimen de la Ley 26.476- y también, ha percibido dinero en efectivo por la venta de un inmueble en julio de 2003. Resalta que con el blanqueo alegado no pretende que se le apliquen los beneficios del artículo 32 de la norma, sino que tiene como fin acreditar el origen de los préstamos cuestionados y la capacidad económica de la persona que ha provisto los fondos en cuestión. Interpreta que, con ello, pierde relevancia la hipótesis fiscal sobre los topes de los ingresos brutos anuales que pudo haber tenido su hija conforme las categorías de monotributo y agrega que desconocer la existencia y magnitud del patrimonio exteriorizado a través de él violentaría los preceptos de la Ley 26.476.
Afirma que los fondos le fueron entregados por su hija en efectivo en su casa –dado que viven bajo el mismo techo- y que fueron utilizados del siguiente modo: con los $ 110.000 más fondos propios, adquirió un local el 17/06/2005 por una suma de $ 400.000. Luego lo vendió en $ 440.400 en febrero del 2007 y con su producido, más el segundo préstamo, compró otro local por $ 503.670 en marzo del 2007. Acompaña copias de las escrituras y entiende que con ello se encuentra probada la utilización del dinero. A su vez, informa que a la fecha no ha devuelto el dinero a su hija.
Por otro lado, cuestiona el método presuntivo utilizado por la fiscalización dado que -a su criterio- no se ha acreditado la existencia de patrimonios no declarados o sin justificación necesarios para los incrementos patrimoniales no justificados, no habiendo sufrido su patrimonio ningún cuestionamiento.
Hace hincapié en que el Fisco Nacional sólo se ha sustentado en una supuesta falta de instrumentación de los mutuos por escrito, lo que –opina- no alcanza para descalificar el préstamo entre familiares, por lo que los actos apelados fueron dictados en violación al inciso b) del artículo 7 de la Ley 19.549, habiendo llevado a cabo una arbitraria construcción presuncional, carente de sustento fáctico y jurídico. Objeta que, al invertir la carga de la prueba, se torna en una “probatio diabólica”, dado que no puede ignorarse la veracidad y el valor probatorio de los documentos y comprobantes arrimados, tal el caso del blanqueo efectuado por su hija, con el cual se debió tener por justificado el origen de los fondos, que la mutuante tenía la suficiente capacidad económica para otorgar los préstamos y que el dinero fue aplicado a la compra de inmuebles.
En cuanto a las sanciones impuestas, asevera que no se ha configurado el tipo objetivo en los términos del artículo 45 de la Ley 11.683, pues se ha acreditado la existencia real de los pasivos, por lo que no puede haber tributo omitido y no existe por lo tanto el perjuicio fiscal requerido. Tampoco los supuestos subjetivos, ya que no existió negligencia, imprudencia o impericia en las declaraciones, las que condicen en un todo con la realidad.
Por último, ofrece prueba documental, informativa y testimonial, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas en todos sus términos, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 121/134 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, y en orden a las razones que expone solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que a fs. 142 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a las pruebas informativa y testimonial. A fs. 238 se declaró cerrado el período de instrucción.
A fs. 261 se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y a fs. 266 se ponen a disposición de las partes a fin de que produzcan los respectivos alegatos. Obra agregado a fs. 271/274 el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho el apelante. A fs. 277 se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que, en primer lugar, por lógica precedencia, debe darse tratamiento a los planteos de violación del inciso b) del artículo 7 de la Ley 19.549 y la “arbitrariedad presuncional” de las resoluciones, pues de prosperar los mismos, implicarían la tacha de nulos de los actos bajo estudio.
Ello así, es necesario mencionar que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. C/ Buenos Aires, Provincia de y otros S/Amparo", CSJN, 05/10/1995, T. 318, P. 1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", CSJN, 06/02/01, T.324, P.151; "Simijosky Juan c/E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94", C.NAC.CONTADM.FED., SAIA II, 09/10/96, entre otros).
El recurrente invoca la arbitrariedad y la falta de causa de los actos, tesitura que adelanto no puede prosperar, pues lo alegado carece de los fundamentos legales suficientes para sustentar tal pretensión. Debe recordarse que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, ya que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Conforme se desprende de autos, los actos cuestionados contienen los elementos jurídicos necesarios para declarar su validez, invocan la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado a los contribuyentes conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa.
En esta dirección, debe mencionarse que no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de las resoluciones apeladas, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que no se encuentra acreditada la vulneración del derecho de defensa denunciado.
De esta manera, cabe precisar que, en cuanto a los actos administrativos en sí, aparecen satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los planteos de arbitrariedad y falta de causa articulados, sin costas, toda vez que los mismos fueron opuestos como defensas contra los actos apelados y no en los términos del artículo 171 de la ley de rito.
Cabe mencionar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Bolland y Cía. SA (TF 21.122-I) C/DGI" de fecha 21/02/2013 donde resolvió “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs.735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
V. Que resuelto lo anterior, corresponde resolver si se ajustan a derecho las resoluciones cuestionadas en autos.
De las constancias de autos y de las actuaciones administrativas acompañadas se desprende que el ente recaudador, en uso de las facultades que le son propias, inició una fiscalización al recurrente -que declara como actividad principal “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados N.C.P”-, bajo las O.I. Nros. 579.052 y 678.946, respecto del Impuesto a las Ganancias –períodos fiscales 2005 y 2007- y del Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 12/2005 y 01/2007 a 12/2007-.
Cabe destacar que el presente caso encuentra su génesis en el “Caso de verificación N° 379.751”, iniciado el 23/02/2009, al haberse verificado en el cruce de datos de las bases del organismo una inconsistencia en la relación de gastos e ingresos de la primera categoría en el Impuesto a las Ganancias –período fiscal 2007-. Donde se detectó -entre otros ajustes de gastos que fueron conformados- que el contribuyente había exteriorizado en la declaración jurada rectificativa N° 1 del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2007, un pasivo de $ 195.600 a nombre de su hija Sofía Débora Salem, cuya existencia –a criterio de los inspectores- no fue probada (v. Cuerpo Caso N° 379.751).
A su vez, se observó que, en la declaración jurada original, la mentada deuda estaba compuesta por $ 160.000, contraída con su hija, y por $ 35.660, con la firma Coenar S.A.; mientras que, en la declaración jurada rectificativa, dicho pasivo fue declarado en su totalidad en cabeza de la Sra. Sofía Débora Salem por $ 195.660 (v. fs. 17/18 y 32 Cuerpo OI 579.052 -Impuesto a las Ganancias).
En este contexto, requerido nuevamente el Sr. Salomón Salem, para que informe la composición del pasivo declarado y aporte la documentación respaldatoria, reiteró que se trataba de préstamos que le realizó su hija Sofía Débora Salem -quien es contadora pública, monotributista categoría “E” y factura $ 72.000 al año- en el año 2005 por $ 110.000 y en el año 2007 por $ 85.660. Asimismo, indicó que como no hizo ningún mutuo, la misma decidió acogerse a los beneficios del blanqueo del Título III de la Ley 26.476, pagando la obligación generada (v. fs. 3 y 8/13 Cuerpo OI 579.052 - Impuesto a las Ganancias). Elevada tal situación a consulta del área pertinente del organismo recaudador, concluyó que la exteriorización del crédito en los términos antes mencionados beneficia y libera a la persona que efectuó la misma, pero no releva al inspeccionado de su deber de probar en forma fehaciente la efectiva existencia de la deuda declarada.
Así las cosas, el juez administrativo entendió que el pasivo resultaba improcedente en razón de que el interesado no aportó un contrato de mutuo, que la documentación acompañada resultó incapaz de probar en forma fehaciente la deuda y que tampoco se probaron otras circunstancias que otorguen entidad a la operatoria planteada por el contribuyente, constituyendo las sumas declaradas como pasivos incrementos patrimoniales no justificados, con más el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida, para el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado VI.- Que en lo relativo a los pasivos cuestionados, corresponde analizar si la metodología seguida por el organismo fiscal, en cuanto los consideró como incremento patrimonial no justificado, se encuentra sujeta a las disposiciones de la norma procedimental.
Al respecto esta Sala -en su anterior integración- ha dicho, en reiteradas oportunidades, que la estimación sobre base presunta es viable cuando el Fisco Nacional no cuenta con pruebas lo suficientemente "representativas" de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente ("Cometa S.A." Sala “A”, TFN, sentencia del 2/12/97). En dicho precedente se agregó que “En este sentido, la ley establece una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con "probabilidad" (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible; de suyo, no puede negarse que si la ley establece seguras reglas de valoración, podría obtenerse por este camino tanta certeza como en la llamada determinación directa…”.
“En este mismo orden de ideas, debe advertirse que toda determinación sobre base presunta, como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados (cfr. "Dadea, Marta Elisa", Sala "B" de este Tribunal, del 22/12/83)”. “En tal sentido y como lo sostuviera esta Sala in re "Beraja Alberto y Dwek José del 25/2/98" la base imponible reconstruida a la luz de las presunciones debe estar fundamentada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto”. Bajo tales pautas, se concluye que, contrariamente a lo esgrimido por el actor, el ente fiscal actuó diligentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación y fiscalización con el objeto de considerar a los pasivos impugnados como incrementos patrimoniales no justificados en los términos del artículo 18 –inc. f)-.
Habida cuenta que el ente recaudador, por las razones expuestas ha justificado el soporte de su pretensión por vía de presunciones, corresponde que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, objete la impugnación planteada por dicho organismo (conforme doctrina de esta Sala –en su anterior integración-, in re "Bottino y Caballero Sociedad Comercial Colectiva" del 6/2/1998)
Así las cosas, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba, destinado a obtener un grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la Dirección y negados por el actor, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta.
VII. Que sentado lo anterior y entrando en el análisis del tema central a dilucidar, en primer lugar cabe recordar que en materia de préstamos entre familiares, este Tribunal ha sostenido que “tratándose de préstamos entre ascendentes y descendentes o personas vinculadas por un grado muy próximo de parentesco, a falta de instrumentos públicos o instrumentos privados con fecha cierta que acrediten el préstamo, para demostrar la realidad del mismo ha de probarse por otros medios de prueba la secuencia completa de la operatoria, en cuyos pasos deben intervenir al menos respecto de uno la documental o instrumentos cuya fecha resulte demostrada. Es decir, debe acreditarse la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación de los mismos por parte de este y, si fuere del caso su posterior restitución” (v. TFN, Sala B, “Lañin Aarón s/ recurso de apelación”, 26/03/2003).
VIII. Que, en esta inteligencia, deben analizarse las pruebas producidas en autos, considerando que –en definitiva- se trata de una cuestión dirigida a obtener un grado de certeza sobre la correspondencia entre los hechos estimados por el organismo fiscal con la realidad económica del contribuyente.
En este sentido, se observa que los oficios dirigidos a los escribanos intervinientes en la compra venta de los locales comerciales, más allá de ratificar la autenticidad de los instrumentos notariales –los cuales no fueron impugnados por el Fisco Nacional- no aportan elementos distintos a los glosados en los antecedentes que sirvieron de causa de los actos bajo análisis, que permitan demostrar el origen y aplicación de los fondos cuestionados (v. fs. 158, 159, 191/196 y 209/219).
Idéntica valoración merece la prueba testimonial obrante en autos, por cuanto, las declaraciones realizadas por la Sra. Sofía Débora Salem y por el Contador Ronaldo Martín Bergman, consisten en meras manifestaciones verbales que no han sido apoyadas por ningún tipo de elemento o documentación que demuestren la existencia y entrega de las sumas discutidas (v. fs. 179/181).
Por lo que cabe concluir, que ninguna de las medidas probatorias obrantes en autos consiguió demostrar, ni total ni parcialmente, la secuencia necesaria para la concreción de la operatoria alegada por el apelante. En este caso debemos aclarar que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S) correspondiendo concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (arg. art. 377, C.P.C.C.N.) al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en este aspecto.
A ello se le suma, que la mentada exteriorización de los fondos –probanza principal acompañada por el actor- fue realizada el día 26/08/2009, ello es, durante el transcurso de verificación del Caso N° 379.75 practicada al Sr. Salomón Salem y luego de que se lo indagara respecto de la composición del pasivo impugnado (v. Cuerpo Caso N° 379.751).
Por lo hasta aquí expuesto, se colige que la actora no ha logrado probar que los fondos provengan efectivamente de la Sra. Sofía Débora Salem, como así tampoco su posterior restitución, lo que lleva a confirmar el ajuste proyectado en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, con costas.
IX. Que, en materia de los intereses resarcitorios, no habiendo la recurrente esgrimido agravio alguno, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que en referencia a las sanciones aplicadas, con sustento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), debe señalarse que el mencionado artículo tipifica una infracción -omisión culposa- que requiere la concurrencia de dos elementos, por una parte, la omisión de pago de impuestos y, por la otra, el medio comisivo, el que puede ser: 1°) la falta de presentación de declaraciones juradas; o 2°) la presentación de declaraciones juradas inexactas (en este último supuesto, en tanto el juez administrativo descarte la existencia de "declaración engañosa"). En lo que atañe al último supuesto, cabe establecer que la inexactitud exigida por la citada norma refiere a errores o diferencias en el contenido de las declaraciones juradas, configurándose el ilícito cuando éstas contienen tal vicio y, como consecuencia de ello, se omite total o parcialmente el impuesto correspondiente.
Por lo tanto, para que se configure la sanción allí tipificada debe existir la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta culpable del sujeto, es decir la existencia del elemento subjetivo.
En cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos corresponde concluir que se encuentra debidamente acreditado este aspecto, en atención a que se omitió el ingreso del tributo en su justa medida, en tiempo y forma.
Respecto al elemento subjetivo, corresponde ponderar la presencia del mismo y su respectiva atribución al responsable con arreglo al principio de culpabilidad, como requisito ineludible de validez. Como es sabido, la Ley 11.683 recepta el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien es culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548).
La responsabilidad penal -de eso se trata la controversia debatida- sólo puede derivar de la comisión u omisión de un acto tipificado, contrario a derecho, resultante de un obrar culpable (en este caso “culpa”) atribuible a un sujeto capaz, debiéndose descartar, según la mayoritaria y más respetada concepción doctrinaria y jurisprudencial, la fundamentación sobre bases puramente objetivas.
La atribución del elemento subjetivo al caso concreto debe surgir necesariamente, de la comprobación de la existencia de culpa imputable al calificar la conducta del responsable, debiendo ésta ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias personales y de tiempo y lugar que permitan, en la convicción del intérprete, encontrarla configurada.
Por tanto, en autos, debe indagarse si al presentarse declaraciones juradas inexactas y el ingreso del tributo en defecto, se infringieron los deberes de cuidado mínimos referidos y si se produjo el resultado dañoso contemplado por la norma, circunstancias demostrativas de la presencia de un hecho culposo sancionable. Si la contribuyente ha encaminado su conducta a la realización de un hecho jurídicamente debido o permitido, pero al hacerlo ha lesionado un bien jurídico infringiendo los deberes de cuidado que se le exigía respetar, se deduce que actuó con negligencia o imprudencia, ocasionando una lesión o menoscabo del bien tutelado. La merituación de tales circunstancias se refuerza ante la ausencia de controles o cuidados posteriores que hubieren permitido una reparación espontánea del daño.
En este orden de cosas debe examinarse la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión.
Ante todo, es necesario recordar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en autos; “Elen Valmi de Claret” de fecha 31/03/1999, donde al analizar la figura del artículo 45 de la ley procedimental, dijo: “… surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador…”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena concluyó “… si bien, por lo tanto, es admisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Así resulta relevante destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no aportó en autos ningún elemento a los efectos de demostrar un obrar diligente, tornándose sus dichos en meras afirmaciones dogmáticas sin sustento en la realidad fáctica. Es por ello que debe tenerse por acreditado el elemento subjetivo requerido en el tipo, por lo que se confirman las sanciones apeladas.
Sin embargo, la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal como revisor de la razonabilidad de los actos sancionatorios, en el caso concreto, entiendo que corresponde reducirlas a su mínimo legal en atención a que en el acto atacado no se ha fundamentado el agravamiento de la pena del contribuyente de autos, y que el mismo carece de antecedentes infraccionales -hecho que, en principio, llevaría a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva-.
Las costas en este aspecto se imponen al recurrente en la parte que se confirman y por su orden en la parte que se reducen las sanciones.
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiero al relato de los hechos y al voto del Dr. Porporatto, salvo en el caso del quantum de la sanción aplicada. En efecto. Analizados los antecedentes administrativos, el informe de fiscalización, las resoluciones recurridas y en atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, se desprende que el Fisco Nacional actuó diligentemente en el encuadre de la conducta reprochada y en su cuantificación, por lo que debe ser confirmada, con costas.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuestos, intereses resarcitorios y multas, reduciendo éstas últimas a su mínimo legal. Con costas, salvo en la parte en que se reducen las multas, las que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2025.10.20 16:33:54 ART Date: 2025.10.20 17:17:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.20 17:20:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.20 17:21:54 -03:00
Fin de la sentencia