Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33117297-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) admitir parcialmente el recurso intentado por la demandada en los términos y con el alcance que surge del presente pronunciamiento; y b) imponer las costas de ambas instancias de conformidad con lo dispuesto en el considerando 9º supra.
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14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, diciembre de 2025.
Los presentes actuados caratulados “Salentein Fruit SA (TF 33117297-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, el 28/10/24 el Tribunal Fiscal hizo lugar a la repetición intentada por $ 55.809.795,98, con más los intereses correspondientes calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo (esto es, el 12/12/19) hasta la del pago, a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por ese Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.“, del 27/12/93 (Expte. Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley 11.683 (t.o. 1998). Impuso las costas al Fisco Nacional (cfr. IF-2024-117806484-APN- VOCXII#TFN).
Para así resolver, sostuvo que:
La actora —dedicada al cultivo de cereales y oleaginosas — interpuso recurso por retardo de repetición al considerar que abonó sin causa $ 55.809.795,98 como consecuencia de la prohibición de aplicar el ajuste por inflación y precisó que dicho importe respondía a la diferencia entre el impuesto determinado en el ejercicio fiscal 2018 (esto es, $114.379.036,96) y el que debió determinarse por aplicación del ajuste por inflación ($58.569.240,95);
En el informe contable agregado por IF-2022-29332024-
APN-DTD#JGM el contador de parte de la recurrente respondió que el Impuesto a las Ganancias que surge de la presentación de la declaración jurada original era de $ 114.379.036,93, mientras que el resultado contable del ejercicio 2018 antes del impuesto expresado en moneda homogénea ascendía a $ 234.687.986. Señala que el impuesto determinado y abonado representó el 48,74% sobre el resultado contable expresado en moneda homogénea por el ejercicio 2018. Precisó que el experto del ente fiscal: (i) coincidía con el perito del actor en que la incidencia del impuesto histórico frente al resultado contable ajustado por inflación había sido del 48,74 %; (ii) no sabía 1 fehacientemente si el impuesto de $ 114.379.036,93 se encontraba totalmente abonado ya que tal información únicamente podía ser autenticada por la ARCA que posee los datos en sus bases informáticas; (iii) puso de resalto que se había utilizado la declaración del Impuesto a las Ganancias 2018 original aportada por la actora;
El contador de la empresa indicó que el impuesto determinado y abonado representó el 58,59% sobre el resultado impositivo ajustado por inflación conforme las pautas contenidas en la ley del Impuesto a las Ganancias, sobre lo que coincidió el otro profesional, sin perjuicio de efectuar las mismas salvedades que en el punto anterior;
El mecanismo de ajuste por inflación que contempla la ley del Impuesto a las Ganancias desde el año 1986 en su Título VI, en su versión integral, encontró un obstáculo para su aplicación a partir de la sanción de las leyes 24.073, 23.928, de convertibilidad fiscal, y 25.561, de emergencia económica, ya que ante los bajos niveles de variación en los índices generales de precios, llevó a que virtualmente se suspendiera su incidencia por una vía indirecta que supuso la no movilidad de esos ratios;
El statu quo se alteró a partir del 2002 cuando hubo un aumento significativo en el tipo de cambio y comenzó a notarse un incremento en los precios; circunstancias que dieron lugar a un sinnúmero de reclamos administrativos y judiciales con el fin de que se permitiera incorporar el ajuste por inflación para la determinación de los resultados impositivos;
En el leading case “Candy S. A.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la existencia de confiscatoriedad y le requirió al Fisco el reconocimiento del ajuste por inflación impositivo —virtualmente suspendido por aplicación de las normas citadas ut-supra—;
Los referidos conflictos parecieron destinados a desaparecer o disminuir, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.430 (B.O. 29/12/17), y “restableció” para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, el mecanismo de ajuste por inflación integral contemplado en el Título VI de la ley de Impuesto a las Ganancias;
De la conjunción de los dos párrafos incorporados por el artículo 65 de la ley 27.430, se podía concluir que el ajuste por inflación sería aplicable si la variación en el índice de precios acumulados en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio superara el 100%, entendiendo que para el primer ejercicio sería un 33,33% (para el siguiente 66,66%). Esto es, llegado al primer cierre posible de un ejercicio regular de 12 meses (31/12/18), el IPIM – con un parámetro vigente superior al 33%- permitiría la utilización del dispositivo de ajuste por inflación contemplado en el Título VI. A pesar de lo descripto, antes de producirse este hecho, el Poder Legislativo sancionó la ley 27.468 (B.O 4/12/18) con varias modificaciones aplicables a los —SALA IV— 14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, aún no cerrados, a saber: (i) sustituyó los índices de precios al por mayor, internos y nivel general, por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC); (ii) incrementó a un 55% el umbral que dispararía la aplicación del ajuste por inflación integral (siguientes 30% y 15%, respectivamente); y (iii) introdujo el diferimiento parcial (66,66%) del ajuste por inflación –positivo o negativo- a los dos ejercicios siguientes en lugar de imputarse su totalidad al ejercicio en que se determinó y al cual corresponde su cálculo (no aplicable prima facie al presente caso);
Toda vez que el IPC durante el período fiscal 2018 no alcanzó la ratio de 55%, no quedó legalmente autorizada la utilización del ajuste por inflación en dicho ejercicio;
Si bien la aplicación condicionada que se observa sería una variante no analizada por la Corte en el caso “Candy S. A.”, no se puede desconocer que su inaplicabilidad al caso concreto -período fiscal 2018-, podría haber producido un mismo efecto confiscatorio, que debería evaluarse conforme el antecedente citado; La alícuota corporativa vigente durante el período 2002-
2017 era del 35% mientras que la del período fiscal 2018 ascendía al 30% de modo que la ratio de tributación efectiva observada por la Corte en el resultado impositivo histórico con relación al resultado ajustado por inflación y al resultado contable, no podía aplicarse linealmente en autos, atento a la mayor incidencia ante una alícuota más baja;
Toda vez que las modificaciones introducidas por las leyes 27.430 y 27.468 resultaban plenamente aplicables, correspondía abordar el planteo de la repitente desde el plano de la confiscatoriedad.
El Fisco hizo saber que se había acreditado fehacientemente el pago de la declaración jurada original mediante plan de facilidades de pago. Añadió que la responsable presentó su declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018 que arrojó un impuesto determinado de $114.379.036,93. Destacó que no existe precisión respecto las fechas concretas del pago efectivo, cuestión que debería ser tenida en cuenta para el cálculo de los intereses en caso de que procediera la repetición.
En este contexto, le solicitó al Fisco que se expidiera respecto a la declaración jurada rectificativa N° 1 presentada por la empresa por $ 3 89.447.832,15, como así también el resultado impositivo y el impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2018 en dicha rectificativa. Al respecto, la presentación fiscal informó que “el acto emitido por la División Revisión y Recursos I, fue dictado en concordancia con el Informe Final de Inspección elaborado por la División Fiscalización Nº 2 -O.I. Nº 1.902.412- el cual concluyó que resulta improcedente la aplicación del ajuste por inflación solicitado”. En consecuencia, el Tribunal señaló que no existió ninguna observación en la declaración jurada 2018 del Impuesto a las Ganancias, con excepción del ajuste por inflación, que pudiera estar modificando el impuesto determinado y por consiguiente el saldo a favor que se repite;
En materia impositiva el método integral de ajuste por inflación se rige por el Titulo VI de la ley del Impuesto a las Ganancias -art. 94 y siguientes- (texto vigente al momento de los hechos), el cual se encontraba suspendido en su aplicación efectiva por el art. 39 de la ley 24.073;
En los antecedentes “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” el Máximo Tribunal sostuvo que el simple cotejo entre dos liquidaciones “con” y “sin” ajuste por inflación no resultaba apto para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora;
La confiscatoriedad no es un mecanismo de control permanente sobre la alícuota aplicable, que autorice que cualquier desplazamiento de la misma otorgue el derecho a reclamarla. Entonces “resolver este intríngulis aplicando únicamente el Título VI de la ley nos llevaría al contrasentido de decir ‘la ley está vigente’”;
A partir del informe pericial y de la información brindada por el organismo fiscal a instancias de la Vocalía Instructora, se observa que la incidencia del gravamen sobre el resultado impositivo contemplando el ajuste por inflación asciende a un 58,59%, ratio que supera al aplicado por la Corte Suprema en el caso Candy S.A. (55% de la ganancia impositiva ajustada). Distinta es la conclusión en la comparación del Impuesto a las Ganancias determinado en la declaración jurada original respecto del resultado contable 2018, expresado en moneda homogénea: el ratio de incidencia representaría un 48,74%, también alejado del 30% nominal, pero muy por debajo del 62% tomado como referencia por la Corte;
Los resultados a los que se arriba demostrarían un fuerte impacto del Impuesto a las Ganancias de no admitirse el cómputo del ajuste por inflación impositivo que contempla el Título VI de la ley del gravamen;
Corresponde hacer lugar a la repetición intentada por $ 55.809.795,98 con más los intereses correspondientes calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo el 12/12/19 hasta la del pago teniendo en cuenta a tales efectos que no consta en autos precisión sobre la fecha exacta de su cancelación efectiva.
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14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO La Dra. O´Donnell dijo que, conforme la doctrina de “Candy”, la prohibición de aplicar las normas del ajuste por inflación impositivo tiene su límite en que el pago de la obligación no implique la absorción de una porción sustancial de la renta. Preciso que el informe pericial contable arrojó que la tasa efectiva del Impuesto a las Ganancias de Salentein S.A. en el período fiscal 2018, sin aplicar las disposiciones del ajuste por inflación impositivo previstas en el Título VI de la ley que rige dicho gravamen, ascendió a 58,59%, es decir por encima de las tasas adoptadas en el precedente citado para definir la violación a la garantía que proscribe la confiscatoriedad, por lo que en el caso concreto deben considerarse cumplidos los recaudos para admitir la acción de repetición de lo pagado en exceso, con más los intereses calculados según la propuesta del Vocal Instructor.
2. Que, disconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso y fundó su recurso de apelación (v. IF-2024-135316351-APN-DTD#JGM e IF-2025-12688620-APN-DTD#JGM). El 4/04/25 la actora replicó el memorial (v. RE- 2025-35063202-APN-DTD#JGM).
Puntualiza que el a quo se apartó de la reforma efectuada mediante la ley 27.430 (B.O. 29/12/17). Señala que al haberse mantenido lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 23.928 y no haberse derogado la disposición del artículo 39 de la ley 24.073, los sujetos comprendidos en el Título VI de la ley de Impuesto a las Ganancias, no estaban legalmente autorizados a corregir por inflación sus resultados impositivos, ni a actualizar las amortizaciones. Indica que recién con la sanción de la ley 27.430 se establecieron las condiciones para la aplicación del ajuste por inflación a partir del ejercicio fiscal 2018. Manifiesta que a partir de las reformas introducidas por las leyes 27.430 y 27.541 resultó habilitada para los sujetos empresa -a partir del ejercicio comenzado el 1º/1/18- la posibilidad de deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida el ajuste por inflación a fin de determinar la ganancia neta imponible -art. 105 de la ley del impuesto-; ello en la medida de que estuvieran presentes las condiciones previstas en el art. 106 del referido texto legal. Indica que el legislador previó -de modo transicional entre un modelo que no admitía el ajuste por inflación y el nuevo que lo recepta- una metodología de cómputo particular teniendo en cuenta la situación financiera del Estado y su impacto en la recaudación. En esa línea, advierte que el art. 194 de la ley del impuesto dispuso que el ajuste por inflación positivo o negativo, según fuera el caso, 5 correspondiente al primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1° de enero de 2018 que se deba calcular -por verificarse las condiciones respectivas-, procederá imputarlo un tercio (1/3) en ese período fiscal y los dos tercios restantes (2/3) en partes iguales en los dos períodos inmediatos siguientes.
Puntualiza que para el primer ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2018 corresponderá la aplicación del ajuste por inflación impositivo en la medida que la variación de IPC, calculada desde el inicio y hasta el cierre del ejercicio supere un 55%. Sin embargo, expone que, para ese ejercicio fiscal, la variación del índice en cuestión al 31/12/18 resultó ser 47,70% por lo que la actora no se encontraba habilitada para aplicar el ajuste y en ese sentido debió resolver el Tribunal Fiscal. Pone de manifiesto que el a quo no ensayó un análisis de las nuevas normas aplicables, de la intención o voluntad que guió al legislador para su dictado, la finalidad tenida en cuenta, la razonabilidad de la solución adoptada para distribuir el impacto, ni por qué si admitiéndose el ajuste por inflación -si bien distribuyendo su cómputo en distintos períodos fiscales- la solución sigue siendo la misma que cuando tal posibilidad no estaba prevista.
Esgrime que la Corte se expidió respecto de períodos fiscales en los que el mecanismo no encontraba reflejo normativo que habilitara su aplicación de modo que “no se aprecia que la solución adoptada por el Máximo Tribunal para aquel grupo de casos fuera sin más traspasable al presente”.
Asevera que la relación entre el impuesto histórico y el resultado impositivo ajustado por inflación era del 58,59 %, esto es, inferior al 62 % del fallo “Candy” para similar relación. No obstante, destaca que la vocal O’Donnell indica que ese valor se encontraba por encima de las tasas adoptadas en aquel precedente. En esa misma línea, alude a que la sentencia ha comparado porcentajes para concluir en la existencia de confiscatoriedad de manera errónea.
Afirma que en “Candy” se toma como referencia para plantear la existencia de confiscatoriedad -para la relación aquí analizada- una incidencia del 62%, cuando en el caso en análisis, y de la pericia contable efectuada, la incidencia representa un 58,59%, es decir muy inferior al parámetro de “Candy”. Añade que el 48,74% fijado en la pericia contable para la relación impuesto histórico / utilidad ajustada por inflación, es inferior al 55% dado en “Candy” como referencia para la misma relación. Observa que las comparaciones efectuadas por el a quo (que arrojan los porcentajes del 77% y 95,30%), no responden a los parámetros del Máximo Tribunal en el precedente “Candy”.
En lo relativo a la tasa de interés, solicita que se aplique aquella fijada en las resoluciones de la Secretaría de Ingresos Públicos de acuerdo a lo dispuesto por el art. 179 de la ley de rito. Cita jurisprudencia de esta Alzada.
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14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Se agravia respecto de la aplicación de costas, habida cuenta la existencia de una norma legal que habilitaba su proceder. En efecto, arguye que tenía razones suficientes para denegar la repetición intentada, dada la existencia de una norma legal, vigente y plenamente aplicable en autos.
En su réplica, la parte actora destaca que: (i) la sentencia fue dictada en el marco del principio de no confiscatoriedad, “mas no sobre la letra de la Ley que permitía la aplicación del AxI”; (ii) en el presente caso se dan las mismas circunstancias que en el antecedente “Candy”; (iii) la tasa efectiva soportada por Salentein Fruit S. A. sobre el resultado impositivo ajustado supera el 30% fijado por el legislador y arriba al 58,59%, por lo que resulta confiscatoria de acuerdo con los parámetros fijados por la Corte Suprema; (iv) el impuesto abonado sin el ajuste por inflación ($ 114.379.036,93), representa más del 48,74% del resultado contable ajustado por inflación; (v) “sea que el porcentaje sea del 58,59 % o del 62%, la absorción del patrimonio que sufre mi mandante al no aplicar el AxI es sustancial”; (vi) la resolución 598/2019 fue derogada por la resolución 599/2022, la que fue reemplazada por la resolución 3/2024 y, esta última, por la resolución 199/2025, que rige a partir de marzo de 2025 y establece una tasa de interés fija del 0,75% mensual, inferior a la solicitada en el recurso. En ese contexto, solicita que “por el principio de eventualidad y para el supuesto e improbable caso que dicha tasa sea modificada por una futura administración estableciendo un coeficiente de actualización más bajo que el actual, mi mandante planteando la inconstitucional de cualquier tasa inferior a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina”; y (vii) la cuestión debatida en el antecedente “Candy” era una cuestión compleja dado que fue una de las primeras resoluciones en materia del ajuste por inflación, mas no así el presente caso. Indica que a pesar de cumplir con los parámetros expuestos en “Candy”, es claro que la ARCA la obligó a litigar conociendo la pacífica doctrina de la Corte federal, del Tribunal Fiscal y de las Cámaras Federales de todo el país, lo que implica cargar con las costas del proceso.
El 21/05/25 dictaminó el Fiscal General.
3. Que, conforme surge de las constancias de la causa:
Al momento de confeccionar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2018, la sociedad no aplicó el mecanismo de 7 ajuste por inflación (cfr. RE-2021-33110942-APN-SGAI#TFN y declaración jurada presentada el 10/05/19).
El 11/12/19, la actora rectificó dicha declaración jurada y aplicó el ajuste por inflación con el fin de repetir la diferencia a su favor entre el impuesto determinado correspondiente a la declaración jurada rectificativa ($58.569.240,95) y el correspondiente a la original ($114.379.036,96).
El 12/12/19, promovió el reclamo de repetición ante la por entonces AFIP (cfr. Anexo VII del recurso incorporado en RE-2021-33116298-APN- SGAI#TFN).
El 1/02/21 el área de fiscalización del Fisco nacional inició una inspección (O.I.: 1.902.412) “a los efectos de verificar la liquidación del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2018, según las disposiciones de los artículos 105 y siguientes de la LIG” (cfr. página 1746 de las actuaciones administrativas incorporadas mediante DEOX nº 18212267).
El 2/02/21 se notificó a la actora el inicio de las tareas de fiscalización, y el 12/02/21 la fiscalizada dio cumplimiento parcial al requerimiento (cfr. página 1747 de las actuaciones administrativas incorporadas mediante DEOX nº 18212267). De acuerdo al informe final de inspección de septiembre de 2021: (i) la variación del índice de precios al 31/12/18 resultó ser 47,70% de modo que no superó el 55% previsto en el artículo 106, último párrafo, de la ley del Impuesto a las Ganancias para habilitar el ajuste por inflación impositivo; y (ii) “el concepto Ajuste por inflación impositivo a columna II por $190.365.939,42 incluido por la fiscalizada en la liquidación del Impuesto a las Ganancias de la declaración jurada del periodo fiscal 2018, rectificativa presentada el 11/12/2019, resulta improcedente” (conf. páginas 1758/1762 de las actuaciones administrativas incorporadas mediante DEOX nº 18212267).
Ante la falta de resolución de la repetición intentada, el 16/04/21, la actora interpuso recurso de apelación ante el a quo (RE-2021-33110942-
APN-SGAI#TFN).
En oportunidad de recurrir ante Tribunal Fiscal, la parte actora alegó que: (i) la aplicación del tributo sin utilizar el mecanismo de ajuste por inflación resulta inconstitucional en virtud de la doctrina legal fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de Fallos: 332:1571 (“Candy”); y (ii) la inconstitucionalidad también recaía sobre las disposiciones del art. 118.2 de la ley del gravamen, en cuanto establece que “[e]l ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el título VI de esta ley, correspondiente al primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1° de enero de 2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 95, deberá imputarse un tercio (1/3) en ese período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes, —SALA IV— 14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO en partes iguales, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos siguientes”. En este punto, puso de resalto que la precitada norma altera arbitrariamente y sin sustento económico alguno la base imponible y conllevaría una tasa efectiva superior a la prevista por la ley de Impuesto a las Ganancias (30 %), porque la limitación en el cómputo del ahorro a un tercio del mismo en el período fiscal 2018 generaría una tasa real superior al 38 % (sin que se contemple, además, ningún mecanismo de ajuste por inflación o actuación del importe no computable en el período). En consecuencia, consideró justificado haber imputado el 100% del ajuste por inflación al ejercicio fiscal 2018, dado que “las modificaciones normativas introducidas por las leyes 27.430 y 27.468, en especial, en sus arts.95–anteúltimo y último párrafos- y 118.2 también devienen inconstitucionales”. En esa misma línea, advirtió que las nuevas disposiciones también afectaban el principio constitucional de razonabilidad “en la medida que la eventual deducción de los tramos correspondientes al segundo y tercer año se encuentra supeditada a un hecho futuro e incierto, concretamente, a la existencia de utilidades (reales y no ficticias) que resulten superiores al monto de la deducción pertinente” (conf. RE-2021-33110942-APN- SGAI#TFN).
La pericial contable producida en sede del Tribunal Fiscal precisa que: (i) la incidencia del impuesto histórico ($114.379.036,93) sobre el resultado contable ajustado por inflación ($234.687.986) es del 48,74 %; (ii) la incidencia del impuesto histórico ($114.379.036,93) frente al resultado impositivo ajustado por inflación ($195.230.803,15) es del 58,59%; y (iii) la variación anual del IPC fue del 47,65% (cfr. IF-2022-29332024-APN-DTD#JGM).
El 1º/02/24 el TFN requirió al ente fiscal que: (i)
confirmara el ingreso de la suma objeto de repetición; (ii) comunicara el resultado final de la Orden de Intervención que se inició en el marco del pedido de repetición formulado ante esa Administración; y (iii) ratificara o rectificara el ajuste incorporado por la empresa en la declaración jurada rectificativa N° 1 por la suma de $ 89.447.832,15, como también el resultado impositivo y el impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2018 en dicha rectificativa. Asimismo, peticionó a la recurrente —y, luego, al Fisco— que acompañara las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2017 y 2019 junto con los estados contables de dichos ejercicios comerciales expresados en moneda homogénea (conf. PV-2024- 11558909-APN-VOCXII#TFN y PV-2024-17495572-APN-VOCXII#TFN).
9 El 19/02/24, la demandada hizo saber que se había acreditado fehacientemente el pago de la declaración jurada original mediante plan de facilidades de pago nº L569966 y agregó que el 10/05/19 “la responsable presentó su declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018, arrojando un impuesto determinado de $114.379.036,93”. En esa misma oportunidad, indicó que “el concepto Ajuste por inflación impositivo a columna II por $190.365.939,42 incluido por la fiscalizada en la liquidación del Impuesto a las Ganancias de la declaración jurada del periodo fiscal 2018, rectificativa presentada el 11/12/2019, resulta improcedente” (conf. IF-2024-17577911-APN-DTD#JGM).
4. Que, el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias (arts. 94 y sgtes.) establecía el mecanismo de ajuste por inflación aplicable al período 2018. En lo que aquí interesa, el artículo 65 de la ley 27.430 incorporó al artículo 95 de aquella ley los siguientes dos párrafos:
“El procedimiento [esto es, el ajuste por inflación] dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%)”.
“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior”.
Por otra parte, el artículo 59 de la ley 27.430 incorporó un segundo párrafo al artículo 89 de la ley del gravamen según el cual “[s]in perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 58 a 62, 67, 75, 83 y 84, y en los artículos 4° y 5° agregados a continuación del artículo 90, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conforme las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Ahora bien, la ley 27.468 (B.O. 4/12/18) sustituyó el índice de precios al por mayor nivel general (IPIM) por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC) y estableció que el procedimiento de ajuste por inflación sería aplicable en la medida que la variación anual del IPC superase el 55% en el primer año; el 30% en el segundo año y el 15% en el tercer año a partir de su vigencia (esto es, modificó el último párrafo del artículo 95).
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14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Además, el artículo 4° de la ley 27.468 incorporó como segundo artículo sin número a continuación del artículo 118 de la ley de Impuesto a las Ganancias el siguiente enunciado: “el ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el título VI de esta ley, correspondiente al primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1° de enero de 2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 95, deberá imputarse un tercio (1/3) en ese período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes, en partes iguales, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos siguientes”.
5. Que, en primer lugar cabe recordar que esta Sala ha admitido que las normas que suspenden el ajuste impositivo por inflación pueden provocar efectos confiscatorios en el Impuesto a las Ganancias en la medida en que se logren acreditar los extremos que tuvo en cuenta la Corte federal en el precedente “Candy” [causa nº 23.181/2009 “Klockmetal S.A. c/ EN – AFIP DGI - Resol 8/09 (DV CRR2) Periodo 2002 s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 19/12/2013; causa nº 11.373/08 “Bodegas Chandon SA c/ EN-AFIP DGI- Periodo 2002-2003 s/ DGI”, sentencia del 09/06/11; causa nº 19.279/03 “Montevideo Cambio y Turismo SA c/ PEN-AFIP DGI c/ Proceso de conocimiento”, sentencia del 20/05/10; y causa nº 174.116/2002 “H Engelman SAICF E I c/ EN-Mº Economía-AFIP s/ Proceso de conocimiento”, sentencia del 27/04/10, entre otros].
Esto mismo se ha sostenido con relación al período fiscal 2018 aquí involucrado (cfr. esta Sala in re “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, “Termair SA c/ AFIP - DGI s/ Proceso de Conocimiento”, “Gas Meridional SA c/ AFIP - DGI s/ Proceso de Conocimiento”, y “HSBC Argentina Holdings SA c/ EN - AFIP – LEY 11683 s/ Dirección General Impositiva”, sentencias del 7/11/23, 14/5/24 , 16/5/24 y 10/12/24, respectivamente).
6. Que, en segundo lugar, cabe determinar si el precedente “Candy” resulta aplicable al caso en tanto la alícuota efectiva del impuesto que la parte actora se encontraba compelida a pagar sin aplicar los mecanismos de ajuste por inflación, representaba el 58,59% del resultado impositivo ajustado (v. punto e del informe pericial).
En respuesta al agravio supra reseñado y teniendo en cuenta las conclusiones del informe pericial contable producido en la instancia anterior, cabe estar a lo resuelto por esta Sala in re “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 1º/06/21. En esa oportunidad el Tribunal sostuvo que, aun 11 cuando las diferencias no resultaban idénticas a las examinadas por la Corte en “Candy” (58,59% vs. 62%), la adopción de la tesitura fiscal no podía admitirse, pues implicaría —lisa y llanamente— la asunción por la contribuyente de una obligación tributaria que resulta confiscatoria respecto de la renta obtenida en el período 2018 al exceder de modo considerable la alícuota prevista en la ley de Impuesto a las Ganancias [doctrina replicada en el pronunciamiento dictado por este Tribunal in re “RPB Sociedad Anónima c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/03/22 en el que la alícuota efectiva ascendía a 47,70% y en la causa “Aluar Aluminio Argentino SAIC (TF 123459521-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/07/24 que presentaba una alícuota efectiva de 46,72%]. En esa misma línea, esta Cámara ha precisado que la ausencia de coincidencia con los porcentajes verificados en “Candy” no obsta a la aplicación de su doctrina en supuestos con cifras menores, con fundamento —invocada por el propio precedente de la Corte— en la magnitud de la desproporción entre las sumas exigibles. Así, se ha sostenido que, “en la medida en que la alícuota prevista en la ley del gravamen es del 35%, un porcentaje superior —en principio— redunda en un supuesto de confiscatoriedad en los términos que ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo aplicación de los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional” (Sala III, “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 24/04/18; Sala II, “Central Piedra Buena S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 16/07/15).
Asimismo, éste ha sido el temperamento adoptado recientemente por el Alto Tribunal al resolver la causa caratulada “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa ‘Paolini Hnos. S.A. c/ EN – AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento’”, sent. del 21/05/24, en la que aplicó el precedente “Candy” cuando la alícuota efectiva del impuesto representaba el 43,57% de la base imponible. En nada modifica lo expuesto, el hecho de que, en el período fiscal involucrado, la aplicación del procedimiento supra mencionado se encontraba supeditado a la existencia de un 55% de inflación, medida según el IPC, que no se verificó. Ello por cuanto, la actora logró acreditar que, aun cuando la inflación registrada en los términos establecidos por el art. 95 de la ley del Impuesto a las Ganancias ascendió al 47,65% (es decir que fue menor a la requerida por el ordenamiento entonces vigente), la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias derivada de la falta de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación configuró un supuesto de confiscatoriedad, de conformidad con la doctrina jurisprudencial de “Candy” y los posteriores precedentes tanto de la Corte como de esta Sala ya mencionados. En efecto, si bien es cierto que, tal como indica la recurrente, el marco normativo del Impuesto a las Ganancias aplicable durante el período fiscal 2018 difiere de aquel vigente en el 2002, la situación que presenta la actora es sustancialmente —SALA IV— 14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO análoga a la examinada por la Corte federal. Ello por cuanto, de manera similar a lo que acontecía en el período fiscal analizado en “Candy”, el mecanismo de ajuste por inflación que la normativa habilitaba a utilizar a partir del período fiscal 2018 resultaba inaplicable y, por lo tanto, en el caso concreto de la actora, la aludida imposibilidad vulneró el principio de no confiscatoriedad.
En función a lo expuesto, corresponde desestimar los agravios deducidos por el Fisco respecto a la alegada imposibilidad de aplicar el precedente “Candy” fundada en: (i) la falta de configuración de la medida inflacionaria prevista en el ordenamiento vigente para el período fiscal 2018 (esto es, 55%); y (ii) la menor alícuota efectiva medida sobre el resultado impositivo ajustado registrada en este caso (esto es, 58,59%), en comparación a la involucrada en “Candy” (esto es, 62%).
7. Que, en tercer lugar, cabe analizar el planteo del recurrente relativo al diferimiento del ajuste por inflación previsto en la norma. Al respecto, este Tribunal tiene dicho que una cuestión es la posibilidad o imposibilidad de aplicar el referido mecanismo y otra distinta es su modalidad de implementación (íntegra o diferida/particionada. Cfr., en el mismo sentido, esta Sala in re “Termair S.A. c/ AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento” y “Gas Meridional S.A. c/ AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento”, sentencias del 14/5/24 y 16/5/24). En este orden de ideas, la primera de las cuestiones ya se encuentra zanjada en los considerandos 5° y 6° de modo que resta analizar la implementación de ese mecanismo.
En este punto, asiste razón a la demandada en cuanto a la falta de un pronunciamiento específico del a quo con relación a la metodología de cómputo particular que fue introducida por la ley 27.468.
Dicha omisión no resulta subsanada por la decisión del Tribunal Fiscal de abordar el planteo de la actora desde el plano de la confiscatoriedad. Ello por cuanto, Salentein Fruit S. A. no probó en autos de qué manera la deducción de un tercio del ajuste por inflación deviene en un impuesto confiscatorio. Esta carga no puede considerarse cumplida con la mera calificación de la norma impugnada como “inconstitucional” ni con la mención de la supuesta alícuota efectiva del 38% sin que se haya solicitado y producido prueba pericial al respecto. En efecto, la tacha de invalidez de una norma impone a quien la pretende demostrar de qué forma aquella le causa un gravamen; y, para ello, se requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con fundamentos de igual carácter (cfr. arg. Fallos: 324:3345; 325:1201; 327:831, 1899; 329:4135; 337:149; 339:1277, entre otros) sumado a la 13 producción de la prueba pertinente (conf. en análogo sentido “HSBC Argentina Holdings SA c/ EN - AFIP – LEY 11683 s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/12/24).
Por otra parte, en oportunidad de replicar el memorial del Fisco, la actora se limitó a justificar que la sentencia recurrida “fue dictada en el marco del Principio de No Confiscatoriedad, mas no sobre la letra de la Ley que permitía la aplicación del AxI”, y omitió expedirse concretamente respecto a la modalidad de implementación del ajuste (vigente para el período involucrado en autos e invocada por su contraparte en el memorial en traslado).
No escapa a este Tribunal que —en la instancia anterior— la actora formuló otros cuestionamientos al cómputo en tercios previsto en el art. 118.2 de la ley del gravamen (distintos al planteo de confiscatoriedad). Puntualmente, alegó que la aplicación de esa norma: (i) no contempla ningún mecanismo de ajuste por inflación o actualización del importe no computable en el período 2018, lo que resulta desproporcionado e irrazonable; (ii) necesariamente implica gravar ganancias meramente nominales y ficticias; y (iii) afecta el principio constitucional de razonabilidad, en la medida que la eventual deducción de los tramos correspondientes al segundo y tercer año se encuentra supeditada a un hecho futuro e incierto, esto es, a la existencia de utilidades (reales y no ficticias) que resulten superiores al monto de la deducción pertinente.
Ahora bien, en razón de que a quien obtuvo una sentencia favorable en primera instancia no puede exigírsele que apele tal decisión para que la Alzada revise determinados fundamentos del fallo —pues habría ausencia de gravamen, desde el punto de vista procesal, que hiciera viable al recurso— es admisible que el litigante puede plantear, al contestar el memorial de su contraria, los argumentos o defensas desechados en la instancia anterior (doctrina de Fallos: 253:463; 258:7; 300:1117; 311:696; 315:2125). En consecuencia, si bien no puede reprocharse a la actora que no haya apelado la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal —pues admitió la repetición intentada en su totalidad— la circunstancia de que no haya introducido los planteos precedentemente reseñados en el escrito de contestación de la expresión de agravios del Fisco implica un abandono de aquellas defensas, pues ésa era la oportunidad idónea para mantenerlas [cfr. RE-2025-35063202-APN-DTD#JGM. En análogo sentido, CSJN in re “Petroquímica Río Tercero S.A. (TF 24.663-1) c/DGI” sentencia del 14/07/15].
En consecuencia, por todo lo expuesto y con sustento en los precedentes reseñados, corresponde hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, revocar el pronunciamiento recurrido y declarar la inaplicabilidad al caso concreto de las previsiones que impiden a la actora aplicar el mecanismo de ajuste por inflación previsto por el Título VI de la ley de Impuesto a las —SALA IV— 14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ganancias (t.o. 1997 y sus modif.) para la determinación del Impuesto a las Ganancias respecto del período fiscal 2018, contenidas en el penúltimo y último párrafo del art. 95 de la referida ley (conforme la redacción aplicable según el art. 65 de la ley 27.430 y el art. 3º de la ley 27.468), haciendo lugar a la repetición en las condiciones que resultan aplicables para el período fiscal mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo sin número a continuación del artículo 118, incorporado por el artículo 4° de la ley 27.468, vigente para el ejercicio fiscal en trato (v. en análogo sentido “HSBC Argentina Holdings SA c/ EN - AFIP – LEY 11683 s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/12/24). A tal fin, corresponde que en la etapa liquidatoria se determine el importe susceptible de repetición por el período 2018 en función al modo en que aquí se resuelve. Ello sin perjuicio del derecho que asiste a la actora de computar los tercios diferidos en los ejercicios fiscales correspondientes y, en su caso, de obtener el reintegro de los importes pagados en demasía por dichos períodos como consecuencia de la falta de cómputo de la porción del ajuste por inflación que aquí se valida.
8. Que, en cuanto al agravio vinculado a la tasa de interés aplicable al importe susceptible de repetición por el período 2018, corresponde admitir la aplicación del art. 179 de la ley 11.683 y la tasa fijada por la Secretaría de Hacienda. En este punto, cabe destacar que por medio de la resolución 598/2019, publicada en el Boletín Oficial el 18/07/19, el Ministerio de Hacienda dispuso que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre” (art. 4º). Por consiguiente, desde el 1°/08/19 al 31/08/22, cabe aplicar la tasa de interés supra transcripta (cfr. esta Sala, “Fauvety, Martha Adelina c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986”, causa 16.973/2020, sentencia del 8/2/2022; “Muiños, Alberto César c/ EN – AFIP s/ Dirección General Impositiva”, causa 11.695/2020, sentencia del 8/3/2022; “Villegas, Carlos Alberto c/ EN – AFIP – Ley 20628 s/ amparo ley 16.986”, causa 6512/2021, sentencia del 17/3/2022; entre otras).
15 Por otra parte, desde el 1°/09/22 y hasta el 31/01/24 estuvo vigente la resolución (MH) 559/2022 (B.O. 25/08/22) que en su art. 4º disponía que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el tres como ochenta y cuatro por ciento (3,84 %) mensual”. En consecuencia, a partir del 1º/09/22 y hasta el 31/01/24 los intereses deben ser liquidados de conformidad con la tasa establecida en la resolución (MH) 559/2022 [en análogo sentido, esta Sala in re “Clodinet SA (TF 112063665-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/12/22].
Por último, a partir del 1º/02/24 corresponderá aplicar la tasa prevista en el art. 4º, primer párrafo, de la resolución 3/2024 (B.O. 22/01/24) —de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de esa norma— y considerar las modificaciones dispuestas por la resolución 199/2025 (B.O. 28/02/25) —aplicable a partir del 1º/03/25 — y por la resolución 823/2025 (B.O. 25/06/25), con efectos desde el 1°/07/25. En nada modifica lo expuesto el planteo genérico formulado por la contribuyente respecto a la inconstitucionalidad de tasa de interés inferior a la tasa pasiva. Al respecto, no puede dejar de recordarse que los reglamentos que aquí se pretenden impugnar, gozan de presunción de legitimidad (arg. art. 12 de la ley 19.549) y que además han sido dictados por el organismo habilitado a tales efectos [cfr. en sentido similar, esta Sala en la causa 55802/2022 “Clodinet SA (TF 112063665-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo organismo externo”, sent. del 01º/12/22].
Además, corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (conf. Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1718 y 2624; 319:3148; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920;
325:1922 y 330:855 y 5345, entre muchos otros). Del mismo modo, se ha dicho que la tacha de invalidez de una norma impone demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional y causa un gravamen; y, para ello, se requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con fundamentos de igual carácter (conf. arg. Fallos: 324:3345; 325:1201; 327:831, 1899; 329:4135; 337:149; 339:1277, entre otros). Esta carga, no puede considerarse —SALA IV— 14069/2025 SALENTEIN FRUIT SA (TF 33117297-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cumplida con cuestionamientos que no den cuenta precisa de las cláusulas y/o principios constitucionales vulnerados (cfr. Fallos: 342:1170).
En el caso, los agravios de la accionante basados en que la aplicación de una tasa de interés inferior a la tasa pasiva, resultaría en una flagrante violación a su derecho de propiedad y un evidente enriquecimiento sin causa del Fisco nacional, no cumplen con las premisas antedichas (conf. en análogo sentido, esta Sala in re “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 7/11/23).
Máxime cuando son numerosos los casos en los que esta Cámara, de forma invariable, ha sostenido la aplicación de las tasas previstas en las resoluciones (MH) 598/19 y (ME) 559/22, en los casos de repetición de tributos (cfr., a título ejemplificativo, esta Sala “Clodinet SA” op. cit.; Sala I in re 49.713/2016 “Lufkin Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva”, sent. del 15/11/22; Sala II, 80.607/2018 “Industrial and Commercial Bank of China S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/dirección general impositiva”, sent. del 16/06/22; Sala III, 10.307/2017 “Duke Energy Cerros Colorados SA c/ EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 25/08/23; 35.502/2019 “M Royo SACIIFyF c/ EN- AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 19/09/23; Sala V, 91.692/2017 “BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 24/10/23; entre muchos otros).
En función a lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso incoado por el Fisco nacional, modificar el punto 1º del pronunciamiento apelado en los términos y con el alcance dispuesto en este acápite.
9. Que, en atención al modo en que se resuelve, corresponde distribuir las costas de ambas instancias en función a sus respectivos vencimientos, disponiéndose que el 70% de los gastos corran a cargo de la ARCA y el 30% en cabeza de la actora (art. 71 del CPCCN) (conf. en análogo sentido “HSBC Argentina Holdings SA c/ EN - AFIP – LEY 11683 s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/12/24). Por las consideraciones efectuadas, SE RESUELVE: a) admitir parcialmente el recurso intentado por la demandada en los términos y con el alcance que surge del presente pronunciamiento; y b) imponer las costas de ambas instancias de conformidad con lo dispuesto en el considerando 9º supra.
17 Regístrese, notifíquese ―al Fiscal General mediante cédula electrónica―, y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
(por su voto)
ROGELIO W. VINCENTI
El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán dijo:
Que, adhiero en todos sus términos a la resolución propiciada. No obstante, en lo referente al planteo vinculado con el diferimiento del ajuste por inflación (considerando 7°), además de todo lo manifestado considero importante remarcar que la recurrente no probó en autos de qué manera dicho instituto generó –en su caso concreto– el supuesto de confiscatoriedad que endilga; por cuanto se limitó a catalogar a la norma que lo instituye como “inconstitucional” sin rebatir o desvirtuar el resultado final neutro que aquél efectivamente generó sobre su patrimonio (cfr. mi voto in re “Marlew SA c/ EN - AFIP s/ Proceso de Conocimiento”, expte. 17779/2020, sentencia del 13/11/2025).
ASÍ VOTO.
Fin de la sentencia