Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2021/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 672.-
2Rechazar el recurso de casación interpuesto por la deman- dada, a fs. 528/536 vta..-
3Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 522/525 vta. por la actora y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Pri- mera Circunscripción Judicial obrante a fs. 511/519, revocando los puntos 3 y 4 del decisorio en crisis.-
4Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la de- manda en cuanto reclama indemnización por: 1) antigüedad o despido (art. 245 de la LCT), 2) indemnización sustitutiva del preavisto (artículo 232 de la ley citada); con más la integración del mes de despido (art. 233 LCT, t.o según art. 4º Ley Nº 25877); SAC (art. 121 y 123 de la LCT); indemnización especial por causa de embarazo (arts. 178 y 182 de la ley citada); y con más intereses. Todo según lo establecido en el con- siderando XII.-
5Rechazar la demanda en cuanto pretende la aplicación de la multa establecida en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323.-
6Confirmar la sentencia de fs. 511/519 en lo restante que ha sido materia de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2021/15-TSJ Interlocutorio N°: 689 Actor: SALGUERO JOHANA BELEN Demandada: LLANEZA Y ASOCIADOS S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 10-08-2021 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 689 FOLIO Nº 4028/4039 PROT. ELECT. TSS1 017 S.211
Río Gallegos, 10 de agosto de 2021.-
Los presentes autos caratulados “SALGUERO JOHANA BE- LEN c/ LLANEZA Y ASOCIADOS S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº S-23.664/11 (S-2021/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término la excusación for- mulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, quien a foja 672 expresa que: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal previs- ta en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha inte- grado el tribunal que dictó la sentencia de fs. 511/519 y el interlocutorio de fs. 538/ 541 vta..”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magis- trada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo los presentes autos vienen a conocimiento de es- te Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud de los recursos de casación inter- puestos, por el apoderado de la actora, a fs. 522/525 vta., y por la apoderada de la de- mandada, a fs. 528/536, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apela- ciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Ju- dicial, obrante a fs. 511/519.-
Sucintamente, en lo que interesa a esta etapa, el caso se presen- ta en los siguientes términos: la Sra. Johanna Belén Salguero promueve demanda la- boral contra la firma Llaneza y Asociados S.A.. Como fundamento de su reclamo, la actora sostiene que se dio por injuriada y despedida por culpa exclusiva de la deman- dada en atención a que esta no le otorgó tareas livianas luego de obtener el alta médi- ca. Asimismo aduce que se encontraba embarazada en el momento de producido el distracto. Por estos motivos pretende el pago de los siguientes rubros: preaviso; inte- gración del mes de despido; indemnización artículo 245 de la LCT; indemnización artículo 182 de la LCT (indemnización especial agravada por despido durante el em- barazo, cfr. art. 178 de la LCT); indemnización artículo 2 de la Ley Nº 25.323; sa- larios caídos -noviembre de 2010 a mayo de 2011-; y sueldo anual complementario (SAC) segundo semestre de 2010 y SAC primer semestre de 2011; más costas (cfr. fs. 28/35 vta.).- Por su lado, la demandada solicita el rechazo de la demanda, con costas, pues considera que el despido indirecto en que se coloca la actora fue in- fundado y extemporáneo. También niega que le adeude los salarios de noviembre a mayo de 2011 (cfr. fs. 72/81 vta.).-
La sentencia de primera instancia rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta por la Sra. Salguero, imponiéndole las costas (cfr. fs. 352/361 vta.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones revocó parcialmente el fa- llo de primera instancia e hizo lugar al reclamo por salarios caídos (desde diciembre de 2010 hasta la fecha del distracto el 7 de junio de 2011), sueldo anual complementario de los años 2010/2011 e intereses. Basó su decisión de rechazar la indemnización por despido indirecto al considerar que la denuncia del contrato de trabajo no fue oportuna. En cambio, admitió el reclamo por los salarios en función de que la Sra. Salguero puso formalmente su fuerza de trabajo a disposición del empleador (cfr. fs. 570/578).-
III. Que en el recurso de casación de la actora su apoderado invoca que en el pronunciamiento atacado existe: “A) Violación y aplicación errónea de la ley, artículos 246, 178, 63, 9 y cctes. de la LCT, y la doctrina sentada por el Excmo. TSJ de la Provincia; y B) Manifiesta arbitrariedad...” (cfr. foja 522).-
Sostiene que la Alzada efectuó un tratamiento desacertado cuando consideró no oportuno, el momento en que la actora se colocó en situación de despido indirecto (cfr. fs. 522 vta. y 523). Le enrostra al a quo efectuar un análisis dogmático sobre esta cuestión, sin relación con la cuestión debatida, ni con la dinámi- ca de las relaciones laborales (cfr. foja 523).-
Afirma que era imposible que la actora se diese por despedida a los pocos días de enviada la misiva (en la que solicita la reincorporación bajo aper- cibimiento de considerarse despedida) y que la Sra. Salguero hizo todo lo posible por conservar su puesto de trabajo, pero la actitud de mala fe de la demandada lo impidió (cfr. foja 523).-
Expresa que su defendida no tuvo ninguna conducta errática o antifuncional; y que su comportamiento se ajustó a las directivas de la Ley de Contra- to de Trabajo respecto a la buena fe (cfr. foja 523 vta.).-
Aduce que la contraparte, al no emitir opinión alguna sobre el pedido de reincorporación tuvo intención de perjudicar a la actora, buscaba que trans- curra el tiempo para alegar abandono de trabajo (cfr. foja cit.).-
Plantea que la conducta de la demandada al guardar silencio, negando tareas a la Sra. Salguero, actuando de mala fe, hacían imposible proseguir con la relación laboral, lo que configuró la injuria determinante del despido (cfr. foja cit.).-
Señala que la actora actuó en forma oportuna, con diligencia y cuidado en atención a las circunstancias del caso; pues -sigue diciendo- no era senci- llo para una persona en la situación de Salguero, siendo una persona que tenía un alta laboral para realizar tareas livianas y embarazada, perder su trabajo (cfr. fs. 523/524).-
Sostiene que se debió resolver con el criterio sustentado por es- te Alto Cuerpo en autos: “Segovia Claudia Beatriz c/ Horacio Arena S.A.C.A.I s/ La- boral (Expte. Nº 19.850) (S-1784/10-TSJ)”, Tomo XVI, Sentencia, Registro 541, Fo- lio 3048/3054, el que consagra la aplicación del in dubio pro operario tanto en la in- terpretación de la ley como en la valoración probatoria, conforme artículo 9 de la LCT (cfr. foja 524 vta.).-
Dice que otra cuestión no analizada en autos fue el estado de embarazo de la actora que tornaba aplicable lo dispuesto en el artículo 178 de la LCT, lo que conlleva a la inversión del onus probandi, de manera que pesaba sobre la de- mandada demostrar concluyentemente que la actora no había presentado los certifica- dos médicos “…y las consecuencias que ello trae aparejadas.” (cfr. foja 525.).-
Manifiesta que se debió analizar la insuficiencia del material probatorio, pero respecto de la demandada, quien debía demostrar -a su criterio- el porqué de la falta de recepción de las comunicaciones o desvirtuar la presunción del artículo 178 de la LCT (cfr. foja 525).-
Entiende que en autos se presenta un supuesto de arbitrariedad originada en la deficiente valoración de la prueba, lo que descalifica al fallo atacado en casación como un acto jurisdiccional válido (cfr. foja 525).-
Formula reserva del caso federal por estimar que se encuentra vulnerado el derecho de propiedad, la garantía de defensa en juicio y la doctrina sobre sentencias arbitrarias (cfr. foja 525 vta.).-
IV. Que por su lado, la apoderada de la demandada, en su re- curso de casación, peticiona se deje sin efecto los puntos 1, 2 y 4 de la parte resoluti- va de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en cuanto hace lugar al recla- mo de salarios caídos desde diciembre de 2010 hasta el 7 de junio de 2011, sueldo anual complementario 2010/2011 e intereses (cfr. foja 528), con costas a la actora en todas las instancias.-
Alega en su recurso, arbitrariedad y violación de la ley (cfr. fo- ja 528).-
Sostiene que el fallo dictado por la Alzada ha incurrido en erró- nea aplicación de la ley en materia de pruebas al tener por acreditados hechos inexis- tentes y prescindir de prueba decisiva (cfr. foja 528 vta.). Entiende que se ha omitido e interpretado erróneamente elementos probatorios referidos al hecho originado en la demanda y contestación (cfr. foja cit.).-
Plantea que la Excma. Cámara de Apelaciones considera que la actora probó su alta médica mediante la historia clínica y la declaración del médico tratante (cfr. foja 531). Sin embargo, señala que por ninguna de esas pruebas se en- contraría acreditada el alta médica (cfr. foja 531 vta.). Por lo que entiende que se con- dena al pago de salarios caídos en base a una pretendida alta médica no probada (cfr. foja 531 vta.).-
Se pregunta: ¿qué amparo puede recibir la actora para que se le reconozcan los salarios caídos si nunca se presentó a la empleadora a prestar servi- cios, amparada durante seis meses en la falta de recepción de las notificaciones de la patronal? (cfr. foja 532).-
Señala que la actora no actuó de buena fe, pues nunca presentó el certificado de alta médica, ni se apersonó a prestar servicios (cfr. foja cit.). Asimis- mo, destaca que le llama la atención que la Sra. Salguero haya permanecido seis me- ses con el alta médica sin requerir personalmente la asignación de tareas, ni el pago del sueldo (cfr. foja cit.).-
Agrega que la resolución atacada violó: “...su derecho de de- fensa en juicio, el debido proceso y la integridad de su patrimonio...” al tener por pro- bada el alta médica en base a prueba inexistente (cfr. foja 532 vta.).-
Añade que las deficiencias de prueba de la actora sobre el alta médica no pueden ser suplidas por interpretaciones analógicas o suposiciones, pues es un acto que no cabe que sea presumido (cfr. foja 533).-
Expresa que el Dr. Zalazar nunca atestiguó haberle dado el alta médica a la Sra. Salguero; y que afirmar lo contrario es caer en el absurdo y en el te- rreno de la arbitrariedad (cfr. foja cit.).-
Hace notar que la actora dice haber presentado un certificado médico, pero tampoco lo prueba ni con la copia recibida ni con la declaración testi- monial de la persona que dice habérselo entregado (cfr. foja 533 vta.).-
Plantea que en la carta documento remitida en el mes de febre- ro no obra constancia de haberse dejado aviso, por eso es que su mandante no concu- rrió a retirar la misiva (cfr. foja 534 vta. y 535).-
En virtud de lo antedicho, el recurrente advera que la Alzada se ha basado en prueba inexistente para imputarle a su mandante la responsabilidad de la falta de recepción de la notificación, por lo que estima que la sentencia adolece de ar- bitrariedad (cfr. foja 535).-
Afirma que la actora no notificó su alta médica, ni su deriva- ción del mes de mayo, ni su parto, el cuál fue sólo conocido cuando se agrega como prueba en el expediente (cfr. foja cit.).-
Manifiesta que aún en el hipotético e improbable caso de consi- derarse que ha existido alta laboral la actora puso su fuerza de trabajo a disposición del empleador recién el 28 de diciembre 2010, con primera visita en enero (cfr. fs. 535 y vta.). Por este motivo considera que resulta arbitrario la condena al pago del sueldo de diciembre de 2010 y la segunda cuota del S.A.C. del año 2010 (cfr. foja 535 vta.).-
A foja 536 hace reserva del caso federal.-
V. A fs. 599 y vta. y fs. 650 y vta., este Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a los recursos de queja planteados por la actora y demandada y declaró mal denegados los recursos de casación interpuestos, poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de tal derecho sólo la demandada a fs. 655/658 quien solicitó el rechazo del recurso de casación de la actora.- La demandada en dicho memorial señala que la actora para fundamentar su casación esgrime argumentos ya vertidos al apelar la sentencia de pri- mera instancia sobre la apreciación de la prueba vinculada al rechazo del despido in- directo sin que haya podido conmover los fundamentos dados en ambas instancias en tal cuestión (cfr. fs. 655 vta. y 656 y vta.), que intenta mejorar argumentos; y comple- mentar y afirmar lo que nunca fue alegado en materia de pruebas vinculado a oportu- nidad del despido (cfr. foja 656 vta.). Agrega que no ha podido señalar en qué punto la sentencia se torna arbitraria, sino que acude en todo momento a un intento desespe- rado de revisión de la prueba (cfr. foja 657). En cuanto a la invocada violación de la ley y doctrina sentada por este Alto Tribunal como a la afectación de derechos prote- gidos por la Constitución Nacional alegados por la actora, sostiene que se limitó a mencionarlos sin vincular el pretenso vicio con la sentencia recurrida (cfr. foja 658).- A foja 644 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos brevitatis causae, concluye que la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones se encuentra ajustada a derecho por lo que no debe hacerse lugar a los recursos de casación inter- puestos (cfr. fs. 660/664 vta.).-
A foja 665 se llama a autos para sentencia.-
VI. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraor- dinaria provincial articulada por las partes, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Pará- grafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Antes de ingresar al análisis puntual de las impugnaciones planteadas es conveniente efectuar algunas reflexiones.-
El derecho laboral tiene un carácter tuitivo para el trabajador y la trabajadora, a fin de contrarrestar la desigualdad entre las personas contratantes (cfr. Mario E. Ackerman, Diego M. Tosca y Miguel Maza, “Los principios del derecho del trabajo”, en la obra colectiva: Tratado del derecho del trabajo, Director: Mario E. Ackerman, Coordinador: Diego M. Tosca, - Alejandro Sureda - Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, Tomo I, págs. 361/ 495). Se intenta asegurar una igualdad real entre las partes -dentro de las limitaciones de la realidad económica-. En atención a lo expuesto, al momento de resolver el presente, como tiene dicho este Alto Tribunal, debe considerarse que: “…por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las normas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social revisten carácter de Orden Público y, por tanto, de aplicación obligatoria, conformando un mínimo protectorio que jamás debe ser avasallado por los contratantes (recordando el fundamento de desigualdad entre las partes que da origen al orden tuitivo del Derecho Laboral) y cuya observancia debe ser garantizada por los magistrados.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 472, Folio 2565/2572). El principio protectorio -como se adelantó- tiene raigambre constitucional, ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…”. Sobre el particular Antonio Vazquez Vialard afirma: “…de acuerdo con la directiva que el constituyente ha establecido, el Congreso de la Nación tiene que adaptar las técnicas y procedimientos adecuados para mantener un cierto nivel de equilibrio entre dos partes que, comúnmente, tienen distinta capacidad de diálogo.” (cfr. aut. cit. , “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Astrea, Buenos Aires, 2008, Tomo 1, pág. 111).- Con estas premisas se resolverá el sub lite.-
VII. En primer término se debe señalar que en lo atinente a la valoración de la causal del despido (indirecto en el caso que nos ocupa) de una trabajadora embarazada, ha dicho la jurisprudencia que: “…evaluar la conducta de las partes previo a la rescisión del vínculo laboral a los fines de establecer la existencia o no de injuria, como así también el examen de las circunstancias fácticas que hacen nacer la presunción 'iuris tantum' consagrada por el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, es, en principio, función propia de los jueces de grado y ajena en consecuencia a la instancia extraordinaria…salvo absurdo…” (cfr. SCBA, “Gorosito de Avalos, Mercedes Lucía c/ Establecimientos Textiles San Andrés s/ Despido” del 27/10/1992, Causa LP L 50401 S. En el mismo sentido ver: SCBA, sum.: “Moreno, Blanca Nelly c/ Elacin S.A.I.C. s/ Despido” del 02/04/1985, Causa LP L 34475 S y “Farriol María de los Angeles c/ Acqua de Peralta Vilma s/ Despido” del 25/04/1995, Causa LP L 55845 S).- Este Alto Tribunal también se ha expresado en el mismo senti- do al sostener que las cuestiones de hecho y prueba -respecto del modo y la causa del despido- resultan, en principio, ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto se en- cuentran reservadas a los jueces de grado; no pudiendo la discrepancia constituirse en fundamento para su habilitación, al no probarse que ese derecho con el cual disiente, haya sido aplicado en forma errónea, o que tal operación resulte violatoria a la ley (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 497, Folio 2725/2738).- Sin embargo, en estas actuaciones se encuentran configurados los vicios denunciados por la actora, que de modo extraordinario permiten que cues- tiones de hecho y prueba sean tratadas en casación.-
En efecto, del análisis del expediente (cfr. foja 270), surge que la actora intima, en dos oportunidades, a la empleadora para que la reincorpore. La primera vez el 28 de diciembre de 2010 (cfr. fs. 4 y 267) y, la segunda, el 25 de fe- brero de 2011 (cfr. fs. 6 y 268). Aquella “bajo apercibimiento de ley” y la última con la advertencia de considerarse despedida sin justa causa. Ante el silencio de la demandada, la Sra. Salguero se da por despedida el 7 de junio de 2011 (cfr. fs. 8 y 269).- Aquí es pertinente recordar que el contrato de trabajo puede ser denunciado por cualquiera de las partes de la relación, tanto el empleador como el tra- bajador. Así lo determina expresamente el artículo 242 de la LCT: “Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación...”.-
En el caso sub examine el contrato laboral que unía a las partes llegó a su término a raíz del autodespido (o despido indirecto) de la actora, invocando la exclusiva culpa de la demandada (cfr. foja 8).-
El despido indirecto o la situación de despido: “…es un acto jurídico disolutorio emanado del propio trabajador...” (cfr. Mario E. Ackerman (Di- rector), Diego M. Tosca y Alejandro Sudera (Coordinadores), “Tratado de Derecho del Trabajo, La Relación Individual de Trabajo III”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, Tomo IV, pág. 257). Para que el despido indirecto dé lugar a las indemni- zaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la LCT tiene: “...que haber un comportamiento contractualmente ilícito, objetivamente grave, capaz de hacer que no resulte equitativamente exigible a la parte afectada, la subsistencia del vínculo. El tra- bajador está asistido de derecho, como el empleador, para denunciar el contrato por la 'inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del contrato' ejer- ciendo la prerrogativa que resulta del pacto comisorio implícito en este tipo de rela- ción. Y esto en las mismas condiciones para las dos partes, o sea que esa inobservan- cia o incumplimiento configure injuria y que por su gravedad, no consienta la prose- cución de la relación…” (cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y Anotada”, La Ley, Buenos Aires, 2010, Tomo III, pág. 2115).- Ahora bien, la demandada no respondió las misivas agregadas a fojas 4 y 6 de los presentes, por lo que se debe valorar este silencio a efectos de te- ner por probados -ante la ausencia de prueba en contrario- los hechos que la trabaja- dora allí afirma, en función de la presunción establecida en el artículo 57 de la LCT. Esta disposición establece: “Constituirá presunción en contra del empleador su silen- cio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumpli- miento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será inferior a 2 días hábiles”.- La presunción que prevé el artículo 57 de la LCT, como todas las reguladas por la LCT, con la única salvedad lógica de la del artículo 23, requiere previamente para ser operativa que se haya acreditado la existencia de la relación de trabajo, extremo que es reconocido por las partes (cfr. fs. 28/35 vta. -demanda-; y 72/ 81 vta. -contestación de la demanda-).-
El artículo 57 de la LCT instituye el “principio de asentimien- to” a los reclamos del trabajador cuando el empleador no contesta la intimación en un plazo razonable, nunca inferior a dos días hábiles.-
Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el alcance de la presunción dispuesta en el artículo 57 de la LCT, cuyas afir- maciones son extrapolables al sub lite, a saber: “…El artículo establece para el em- pleador una carga de explicarse o contestar en tiempo y forma frente a la intimación del trabajador, cuya omisión o incumplimiento originará una consecuencia desfavora- ble para el empleador: una presunción en su contra...La ley asigna valor (califica) al silencio del empleador ante la intimación del trabajador...Estas presunciones legales permiten juzgar la causa como si tales hechos fueran ciertos en ausencia de prueba en contrario…En el marco de la norma en estudio, el silencio cabe asimilarlo a la res- puesta ambigua, evasiva o inatinente, ya que la intención legislativa descansa en la pretensión de otorgar certeza a las posiciones que las partes asuman en sus respecti- vas comunicaciones. Aspecto que suele denominarse 'fijeza prejudicial' de los tér- minos controvertidos...'...El silencio de la demandada frente a la intimación cursada por el trabajador debe considerarse como una presunción iuris tantum en favor de és- te, que se traduce en la inversión de la carga de la prueba con arreglo al art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo...' (confr. SCBA, L 44530 S 14-8-1990, 'Paret, Ernesto David c/ Torto, Domingo s/ Despido', DJBA 140, 129 - AyS 1990-II, 937; SCBA L 73921 S 6-6-2001, 'Gagliostro de Polimeni, María c/ Moreyra, Carlos R. s/ Indemni- zación despido, etc.', DJBA 161, 119; DT 2002 A, 520; SCBA, L 39148 S 9-2-1988, 'Caviglia, Ana Maria c/ Aragón de Benavidez, Graciela s/ Despido', AyS 1988-I, 55)...' (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIV, Sentencia, Reg. 497, Folio 2725/2738).” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 513, Folio 2877/2883. En la misma línea de razona- miento ver también: Jorge Rodriguez Mancini (Director), Gabriel A. Tosto (Cola- borador), “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, Anotada y Concordada”, Ed. La Ley, Bs. As., 2007, Tomo II, págs. 626/627. Ver también: Carlos A. Etala, “Contrato de Trabajo”, 2ª ed. Actualizada, Ed. Astrea, Bs. As., 1999, págs. 154/158).- Esta norma que impone una obligación al empleador, encuentra su base en el principio de buena fe que prevalece hasta el fin de la relación laboral, contemplado en el art. 63 de la LCT.-
Efectivamente, de las constancias obrantes en autos surge que la Sra. Salguero le informa a la demandada, mediante telegrama remitido el 28 de di- ciembre de 2010 (CD 038734403), que cuenta con el alta médica, que se encontraba cursando el quinto mes de embarazo y la intima a que la reincorpore a su puesto de trabajo otorgándole tareas livianas (cfr. foja 4). Por intermedio del telegrama enviado el 25 de febrero de 2011 (CD 134840832) la Sra. Salguero le vuelve a notificar a la demandada que poseía el alta médica y la intima para que la reincorpore a su puesto (cfr. foja 6). Ante el contenido de estos telegramas, la demandada guarda silencio. El informe del Correo Argentino, agregado a foja 270, da cuenta que dichas misivas fueron enviadas efectivamente a la empresa Llaneza y Asociados S.A. al inmueble sito en Avda. Néstor Kirchner 1029 de Río Gallegos. También se informa que respecto de los telegramas obrantes a fs. 4 y 6 que fue dejado aviso de visita, en dos oportunidades cada día, pero no fue reclamado. Inclusive, la apoderada de la firma Llaneza y Asociados S.A. responde al telegrama de foja 8 (cfr. foja 57). Lo que da cuenta que el domicilio al cual la actora remitió sus telegramas pertenecía al de la demandada. Es más, Avda. Kirchner 1029 es el domicilio al cual se le notifica la demanda a Llaneza Hermanos S.A. (cfr. foja 45 vta.) y es el que figura como domicilio de la demandada en la fotocopia del poder agregado a fs. 53/54 vta..- Las circunstancias demuestran el total desinterés que tuvo la demandada en tomar conocimiento del contenido de los telegramas de fs. 4 y 6. Las notificaciones practicadas mediante las cartas documentos fueron medios idóneos de notificación y la falta de diligencia de la demandada en conocer su contenido sólo puede perjudicar a esta última.-
Sin perjuicio que el carácter recepticio de las comunicaciones en materia laboral, es una cuestión pacíficamente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia y sostenida en los antecedentes de este Tribunal (ver antecedentes de este TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Sentencia, Reg. 382, Folio 2048/2053, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg 2696, Folio 4116/4123, entre otros), su aplicación estricta sin meritar la conducta de las partes bajo la lupa del principio de buena fe, conduciría a abstraerse de la aplicación de normas legales como el art. 63 de la LCT, que tal como se refirió precedentemente funciona como sustento de la presunción prevista en el art. 57 de la LCT.- En igual sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “Este Tribunal tiene dicho desde antigua data que el despido se consuma cuando llega a la esfera jurídica del afectado el conocimiento de la voluntad de extinguir el contrato de trabajo (art. 243, L.C.T.; conf. causas L. 41.268, sent. del 14-III-1989; L. 55.082, sent. del 1-XI-1994, entre otras muchas más) incumbiendo en el caso al trabajador, la responsabilidad por la elección del medio utilizado para lograr la notificación de la intimación a aclarar la situación laboral y la posterior rescisión del contrato de trabajo (conf. causas L. 44.530, sent. del 14-VIII-1990; L. 42.524, sent. del 29-VIII-1989).
Como así también que el trabajador que pretende notificar a su empleador la extinción del vínculo laboral debe ocuparse concretamente de verificar que la comunicación que a tal fin remita llegue a conocimiento del destinatario (conf. causas L. 55.082, sent. del 1-XI-1994; L. 46.502, sent. del 23-VII-1991). Sin que implique un apartamiento de la postura que reiteradamente ha sostenido este Tribunal y a la cual he adherido, entiendo que su aplicación estricta en el presente caso implicaría amparar el incumplimiento de las normas que regulan la responsabilidad con que cada una de las partes de una relación debe cargar y más específicamente aún de los deberes de diligencia y buena fe consagrados en el derecho civil y en la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 512, 902, 903, 904, 931, 1198 y concs. del Código Civil y 62, 63, 79, 84, 85 y concordantes de la ley 20.744 -t.o.-).
Y digo ello porque el destinatario de la comunicación -en el caso el empleador- tiene una carga de diligencia con respecto a la recepción de la misma. Ello en el marco del principio de buena fe consagrado en el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo que prevé que ambas partes están obligadas a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, no sólo mientras dura la relación de trabajo sino también al extinguirla […] El art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo contiene frente al silencio del empleador una presunción en su contra en relación a los hechos alegados por el trabajador en su intimación -en el caso en estudio la negativa de tareas-. La que crea el artículo de marras es una presunción iuris tantum en favor de las afirmaciones del trabajador que se traduce en una inversión de la carga probatoria (conf. causas L. 39.148, sent. del 9-II-1988; L. 39.407, sent. del 6-XII-1988).
Entonces y analizando armónicamente el razonamiento que vengo formulando si las comunicaciones que remitió Gagliostro a su principal no entraron en su esfera de conocimiento porque él no actuó con una diligencia y cuidado normal ni con la buena fe y lealtad que como empleador le correspondía, entiendo que debe tenerse al principal como notificado de la intimación y posterior cesantía de su trabajadora y aplicarse a favor de los dichos de esta última la presunción que emerge del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo habida cuenta que en virtud de esta norma le incumbía al empleador probar que no existió la negativa de tareas que motivó el despido indirecto.” (cfr. SCBA LP L 73921 S 06/06/2001, Juez NEGRI (SD) “Gagliostro de Polimeni, María c/Moreyra, Carlos R. s/Indemnización despido”, Negri-Pettigiani-Salas-de Lázzari-Pisano.
Tribunal Origen: TT0200LP Publicación: DJBA 161, 119 Publicación: Otr.Publ. T 2002 A, 520). Asimismo se ha expresado: “Las dos cartas documento remitidas al domicilio real del empleador, que fueron devueltas por el Correo informando que estaba cerrado con aviso con plazo vencido no reclamado, se consideran recibidas y conocidas por su destinatario remiso a todos los efectos legales; ello puesto que el principal, al negarse a recibir los telegramas, no ajustó su conducta a lo que las normas civiles y laborales le imponía, habida cuenta que no podía negarse, injustificadamente, a recibir la comunicación que se envió. Al así hacerlo, por su propia voluntad y negligencia, renunció a conocer el contenido de las comunicaciones que se le cursaban, debiendo cargar con la consecuencia negativa que tal conducta acarrea.
Entonces las comunicaciones que remitió la trabajadora a su principal no entraron en su esfera de conocimiento por que él no actuó con una diligencia y cuidado normal ni con la buena fe y lealtad que como empleador le correspondía. Por ello, debe tenerse al principal como notificado de la intimación.” (cfr. Sum. TTrab. Mar del Plata “Cichitti, Mateo R. c/ Marcucci, Rubén A.”, del 23/03/2009, www.informa-ciónlegal.com.ar. Cita Online 70054528).- En razón de lo expuesto, deben tenerse por idóneas las comuni- caciones formuladas por la Sra. Johana Salguero a la demandada en las que le informa que poseía el alta médica y que estaba embarazada; y por probada que tales circunstancias habían llegado al conocimiento de la demandada.
Adunado al silencio de Llaneza y Asociados S.A. sobre tal cuestión y la falta de prueba en contrario sobre tales extremos, hacen operativa la presunción prevista en el artículo 57 de la LCT. Por lo tanto debe tenerse por cierto lo afirmado por la actora: la existencia de su alta médica y su embarazo. Más teniendo en cuenta que ni el resumen de historia clínica de la Sra. Johana Salguero (obrante a foja 292), ni la declaración del Dr. Salazar (agregada a fs. 283/284) pueden desvirtuar esta conclusión, pues de ninguno de estos elementos probatorios puede inferirse que la actora no tuviese el alta médica.- Además la existencia del embarazo se encuentra acreditada por la nota obrante a foja 288, la cual da cuenta de tal estado de gravidez y su finalización el 31 de marzo de 2011, a raíz del nacimiento por cesárea.-
VIII. Zanjada la cuestión sobre el silencio de la demandada y su influencia en materia probatoria, corresponde abordar la causal que motivó el distracto laboral según lo determina la Ley de Contrato de Trabajo.-
Las normas a tener en cuenta para la resolución del caso son los artículos 177, 178 y cctes. de la LCT; el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; Tratados Internacionales de Derechos Humanos; y normas generales del derecho laboral. Dentro de estas últimas se debe destacar al artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que en su actual redacción (cfr. art. 1º, Ley Nº 26.428) establece: “En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que ri- ja cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la in- terpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al traba- jador.”.- Aquí habremos de detenernos a valorar la conducta del emplea- dor, porque luego de notificado del alta médica y del embarazo (cfr. fs. 4 y 6) y de acuerdo a lo expuesto en el punto anterior se negó a otorgarle tareas. Con lo que pone en evidencia su actitud reacia a reincorporar a la Sra. Salguero para darle tareas livianas. Así incumplió con su deber de ocupación respecto de la Sra. Salguero que le imponía el artículo 78 de la LCT. Suceso que determina a la actora a darse por despedida.- En el contexto en que se produce la finalización de la relación laboral adquiere especial relevancia la presunción: “…que el despido de la mujer tra- bajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto den- tro del plazo de siete y medio meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, como en su caso, el del nacimiento…” (cfr. art. 178 de la LCT).- En el caso sub examine el despido indirecto se produjo antes de que transcurrieran los siete meses y medio desde el parto (parto: 31 de marzo de 2011, cfr. foja 288, y despido indirecto: 7 de junio de 2011, cfr. foja 8), con lo que nos encontramos en el período de la presunción que contempla el artículo 178 de la LCT.-
Es oportuno aquí aclarar que la presunción de que el despido obedece a maternidad o embarazo debe considerarse que alcanza tanto a los despidos directos como a los indirectos. Si no bastaría que el empleador hiciese la vida imposi- ble a la trabajadora en estado de gravidez para obligarla a darse por despedida y, de esa manera, obviar, de forma indirecta, pagar la indemnización agravada (cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y Anotada”, La Ley, Buenos Aires, Tomo II, pág. 1514). En esta inteligencia la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que: “Efectivamente, tiene di- cho esta Corte que siendo la finalidad de la ley, la protección de la maternidad -no obstante la literalidad de los arts. 177 y 178 de la Ley de Contrato de Trabajo- debe declararse procedente también la indemnización especial prevista para la cesantía por causa de la maternidad aún tratándose de un despido indirecto (conf. causa L. 42.415, sent. del 5-IX-1989, “Acuerdos y Sentencias”, 1989-III-249).” (cfr. “Taborda, Silvia Andrea c/ Suli, Jorge Luis y otro s/ Cobro de haberes e indemnización” del 25/10/00, Causa LP L 71617 S).- Así, el artículo 178 de la LCT establece la presunción iuris tan-tum de que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o em-barazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto (cfr. Azucena Ragusa, “Despido por Causa del Emba- razo. Presunción”, en la obra colectiva: Jorge Rodríguez Mancini (Director) y Ana Alejandra Barilaro (Coordinadora), “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, Anota- da y Concordada”, La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo III, págs. 621/622). En este su- puesto se dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de la LCT.- La presunción opera siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, como en su caso, el nacimiento (cfr. art. 178 de la LCT). Se vuelve central entonces, deter- minar si la actora dio cumplimiento a tal requisito.-
La presunción que el despido obedece a razones de maternidad o embarazo, contenida en el artículo 178 de la LCT, debe ser desvirtuada por prueba en contrario por el empleador. Se comienza por establecer una presunción iuris tan- tum de que es el embarazo la motivación del despido, si el mismo se produce dentro del periodo comprendido entre siete meses y medio anteriores o posteriores al parto. En tal caso corresponde al empleador la prueba en contrario para eximirse de la in- demnización acrecentada que establece el artículo 178 de la LCT, acreditando, o bien la configuración de injuria grave por acto de incumplimiento de la trabajadora (art. 242 de la LCT), o que la extinción fue dispuesta por causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo no imputable al empleador (art. 247 de la LCT); por venci- miento del contrato de trabajo de plazo fijo (art. 250 de la LCT), u otras causales no arbitrarias previstas por la ley. De manera que el empleador tiene la posibilidad de de- mostrar que el despido (indirecto en el sub lite) en circunstancias de gravidez no se originó por una arbitrariedad. Vale decir entonces que debe existir una causa o moti- vo que lleve al empleador a eximirlo de la garantía y protección de estabilidad relati- va que consagra el artículo 178 de la LCT (fijeza prejudicial) y que esta causa sea de- bidamente acreditada en juicio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 497, Folio 2725/2738).- Entonces, en atención a lo expuesto, se debe presumir que habiéndose producido el despido indirecto dentro del lapso de estabilidad garantizada por los artículos 177 y 178 de la LCT, el distracto se produjo por el estado de embarazo de la actora, además de la falta de asignación de tareas.-
Concretamente, como ya se hizo mención, la actora le comuni- có a la demandada su estado de gravidez (cfr. foja 4), pero ésta nada dijo al respecto y este silencio, por imperio del artículo 57 de la LCT, implica tener acreditado el es- tado de embarazo; y también, claro está, la notificación a la empleadora de dicho es- tado.-
El silencio de la demandada establece una presunción en su contra respecto de lo que guardó silencio. Por lo tanto, en el caso, para desvirtuar esta presunción, ante la específica afirmación de la actora sobre su estado de embarazo, quien debió acreditar que no lo conocía era la empleadora.-
Por lo expuesto Llaneza y Asociados S.A. debe además la in- demnización prevista en el artículo 182 de la LCT, equivalente a un año de remunera- ciones (cfr. arts. 178 y 182 de la LCT).-
En coincidencia con este criterio se ha dicho: “En ese marco, he de recordar que la presunción iuris tantum que dimana de dicha norma deviene aplicable al caso de despido indirecto si por algún motivo a la empleada le resulta im- posible proseguir con la relación laboral, por cuya razón la conducta del principal de- be reputarse como vinculada al estado de la maternidad (conf. causas L. 58.863, sent. del 10-XII-1996; L. 71.617, sent. del 25-X- 2000).” (cfr. SCBA, “Ávila, Carina del Luján c/ Fernández, José Blas s/ Despido” del 02/12/09, Causa LP L 93221 S. Ver también: SCBA, “Taborda, Silvia Andrea c/ Suli, Jorge Luis y otro s/ Cobro de habe- res e indemnización” del 25/10/00, Causa LP L 71617 S).- Corresponde aquí destacar que los principios de protección in- tegral de la mujer embarazada y no discriminación, tienen tutela en nuestro ordenamiento jurídico fundamentalmente a través de específicas normas constitucionales (arts. 14 bis, 16, 75 inc. 23 de la CN); distintos pactos internacionales de jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22 de la CN (art.
II de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 24 del Pacto de San José de Costa Rica; art. 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; y art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) justifican una interpretación armónica de preceptos de tal manera que se contribuya a la concreción de las garantias.- A su vez, si bien el Título VII de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las condiciones especiales para el trabajo de mujeres, en algunos de sus artículos por ejemplo 174, 175 y 176 de la LCT, podría ser cuestionado por discriminatorio, por constituir una valla contra el acceso a determinados puestos de trabajo y a la libre elección de las mujeres, nos encontramos con el incuestionable Capítulo II a la “Protección de la maternidad”, con recepción expresa en los artículos 177, 3er. párrafo y 178 del mencionado ordenamiento.
Siendo esta última circunstancia la única que podría determinar un trato diferenciado. De estas disposiciones se infiere que la mujer embarazada tiene garantía de estabilidad en el empleo durante la gestación, motivo por el cual si el despido (directo o indirecto) se produce dentro de los siete meses y medio anteriores y posteriores al parto, se activa la presunción que obedece a razones de “maternidad o embarazo”. Ahora bien, esta regulación tiene como objetivo evitar un trato discriminatorio y paliar la alteración al normal desenvolvimiento de la relación laboral ocasionada por el estado de la trabajadora frente a la conveniencia económica de la empleadora.-
IX. Por otra parte, uno de los requisitos para que el despido indirecto dé lugar a las indemnizaciones que contempla el artículo 246 de la LCT es que sea oportuno (cfr. Raúl Horacio Ojeda (Coordinador), “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y Concordada”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2011, Tomo III, pág. 463; Antonio Vázquez Vialard (Director) y Raúl Horacio Ojeda (Coordinador), “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y Concordada”, Rubinzal-Culzoni Editores, 2005, Tomo III, pág 461; y Jorge Rodríguez Mancini, “Despido indirecto”, en la obra colectiva: “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, Anotada y Concordada”, La Ley, Bs. As., 2007, Tomo IV, págs. 489/490).- En esta inteligencia, la Suprema Corte de Justicia de la Provin- cia de Buenos Aires ha dicho -en un fallo donde trataba un supuesto de despido in- directo- que: “La ponderación de la injuria como causal extintiva del contrato de tra- bajo debe efectuarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionali- dad y oportunidad (conf. causa L. 95.098, 'Ramos', sent. del 10/12/2008, entre otras), requisito este último que puede definirse como la inmediatez entre el hecho motivante del despido y éste que debe meritarse de conformidad con las circunstancias de cada caso.” (cfr. SCBA, “Escalada, Osvaldo c/ Transportes 9 de Julio S.A. s/ salarios adeu- dados e indemnización por despido” del 24/09/14, Causa LP L 99060 S. Ver también: SCBA, “Ramadori, Nolberto C. c/ Du Pont Argentina S.A. s/ Indemnización por des- pido, preaviso” del 18/08/98, Causa LP L 70264 S).- Por lo tanto, para que sea viable la indemnización por despido indirecto, además de la existencia de injuria por parte del empleador, debe existir una relación temporal razonable entre ésta y la denuncia del contrato laboral. Entre el he- cho desencadenante (en el sub lite la negativa de la demandada a brindar tareas) y la situación de despido en el que se colocó la Sra. Salguero.-
El parámetro para analizar la oportunidad del distracto debe ser ponderada: “...de conformidad con las circunstancias particulares del caso...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo X, Reg. 349, Folio 1886/1890); en atención al prin- cipio in dubio pro operario en la valoración probatoria; y en la interpretación y alcan- ce de la ley (art. 9 de la LCT).-
A foja 6 la Sra. Salguero intima -mediante telegrama CD1348- 40832AR- a que se la reincorpore a su trabajo bajo apercibimiento de considerarse despedida. Este telegrama fue remitido 25 de febrero de 2011, pero recién el 15 de marzo de ese año fue devuelto a la actora con la constancia de que no fue reclamado (cfr. foja 270, informe del Correo Argentino). Se advierte de la conducta de la trabajadora que intentó seguir con su vinculo contractual, lo que se desprende de las dos intimaciones que realizó (cfr. fs. 4 y 6) antes de dar por concluida la relación laboral, con lo cual hizo honor a uno de los principios fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo: el de continuidad de la relación laboral (cfr. art. 10 de la LCT).- En contraste con el comportamiento de la actora, la empresa persistió en su incumplimiento y silencio, a la que sumó su actitud rupturista. En efecto, la Sra. Salguero demostró que obró de buena fe, conforme el principio consa- grado en la LCT, ofreciendo realizar tareas según su estado de salud y dando tiempo al empleador para que actuara conforme a derecho.-
Asimismo, desde otro cuadrante debe valorarse que luego de la CD referida precedentemente, devuelta el 15 de marzo, la Sra. Salguero tuvo el parto por cesárea el 31 de marzo (cfr. foja 289). Dicha circunstancia no puede pasar inadvertida al juzgador, es decir el periodo puerperal o conocido como cuarentena, que tiene incidencia en lo físiológico de la mujer, requiriendo ciertos cuidados, que también se traduce en un periodo de vulnerabilidad, de cierta fragilidad o sensibilidad emocional. En estas especiales circunstancias es que la trabajadora, concreta con la carta documento del 7 de junio de 2011(cfr 8), la trascendente decisión de darse por despedida. Meritándose entonces dichos hechos se considera un tiempo razonable el lapso transcurrido a los fines de estimar oportuno el despido indirecto dada las circunstancias particulares del caso.- Por lo expuesto, aún más se puede observar una situación asimétrica, que amerita su consideración desde otra perspectiva, en tanto no solo se trata de la relación de una persona trabajadora y la empresa empleadora sino de una trabajadora mujer que estuvo embarazada y ha tenido un parto por cesárea. La interpretación y aplicación de leyes con una perspectiva de género, es obligatoria para jueces y juezas que integran los Estados que han ratificado la CEDAW, y por la cual los Estados se han comprometido a garantizar la igualdad y equidad entre los hombres y las mujeres.- Asimismo por otra parte, se puede traer a colación el preceden-te jurisprudencial que entendió que la demora de cinco (5) meses que transcurrió entre el inicio del hecho injurioso (negativa al otorgamiento de tareas) y la situación de despido indirecto en que se colocó un trabajador no resultaba excesiva; y, por lo tanto, que el distracto era oportuno (cfr. Cámara del Trabajo de Córdoba, “Nieva Elido Albaro c/ Samhalz Ivan y Otro s/ Despido” del 14/10/2010. www.microjuris.com. Cita: MJ-JU-M-59548-AR/MJJ5954 8).-
X. En cuanto a la aplicación de la multa prevista en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 solicitada en la demanda (cfr. foja 34) se debe señalar que este artículo establece que: “Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el traba- jador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6º y 7º de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la con- ducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir pruden- cialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la exi- mición de su pago.”.- En primer lugar es preciso aclarar que la multa establecida en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 es aplicable tanto en el supuesto de despido dispues- to por el empleador, como, así también, en caso de despido indirecto (cfr.
CNAT Sala VI Expte Nº 1029/03 Sent. Def. Nº 57.150 del 11/5/ 04, 'Guerra, Analía c/ Jorge Al- fredo Alberto s/ despido' (Capón Filas - De la Fuente - Fernández Madrid); y CNAT Sala IV Expte N°. 5.639/05 Sent. Def. Nº 91.749 del 11/10/2006, “Goldsztaub, Víctor Manuel c/ Frantan S.R.L. s/despido” (Guisado - Guthmann) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).- Luego de examinar las constancias de autos, se encuentra viable en el sub lite la aplicación de la excepción prevista en el segundo párrafo del precepto transcripto, toda vez que el motivo del desenlace del contrato fue razonable- mente controvertido en sede judicial (como se desprende de los considerandos ante- riores).
A raíz de ello, juzgamos aplicable, mutatis mutandis, al caso lo ya sostenido por este Alto Cuerpo, a saber: “…'Las espinosas circunstancias de la causa y que de- sembocaron en el despido del trabajador determinan que en el caso resulte inaplicable el art. 2º de la ley 25.323. Es que no hay dudas que el desahucio sin invocación de causa -ad nutum- y la posterior intimación para lograr su pago, hace operar la sanción prevista en la norma de que se trata (50% de incremento de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso). Ahora, la cuestión se vuelve compleja ante un despido que a la postre resulta injustificado, pero con una alegación que prima facie puede tornarse cierta. En el sub examen tenemos un empleador vencido, pero el motivo que provocó el desenlace del contrato fue controvertido…Por ello debe usarse de la facultad que otorga la última parte del mencionado artículo y eliminar la indemnización a que se refiere..' (cfr.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, 26/04/ 2007, 'Maldonado, Daniel A. c. Venturi Hermanos SACIF' Publicado en: LLC 2007 (junio), 497 - DJ 2007-III, 513, Cita Online: AR/JUR/1342/2007); y que '…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter res- trictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema…' (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, 'Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.', JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, 'Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones', ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338). El mismo criterio ha sido sostenido por este Alto Cuerpo (conf. Tomo XVII, Sentencia, Reg. 576, Folio 3279/3288).” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).- Las razones esgrimidas llevan a que la demanda interpuesta tenga favorable acogida, con excepción del pedido de multa que contempla el artículo 2 de la Ley Nº 25.323.-
XI. Que en lo relativo al recurso de casación de Llaneza y Asociados S.A. se debe afirmar que pese a que sostiene esa parte la arbitrariedad del fallo recurrido (cfr. fs. 531 vta. y 540 vta.), se constata que el a quo -en los aspectos referidos en los agravios del recurso- realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte ni como arbitraria o absurda.-
En este contexto, la recurrente planteó que nunca se la debió haber condenado a pagar el salario del mes de diciembre de 2010, ni el proporcional del SAC de la segunda cuota de 2010, en atención a que la recepción: “…de la su- puesta alta sólo habría sucedido en el mes de enero…” (cfr. fs. 535 vta.). Sobre el particular la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones valora el silencio de la demandada en contra de ella. La Alzada estima que existió alta médica y que la mis- ma se puso en conocimiento de la empleadora el 17 de noviembre de 2010, tal como se afirma en telegrama CD 038734403 (agregado a foja 4). Para llegar a esta conclu- sión sostiene que este telegrama fue remitido al empleador, que a éste se les dejó avi- so de visita (cfr. foja 516 vta.).
Pero pese a ello la demandada se desinteresó de re- tirarlo de las oficinas del correo y que guardó silencio respecto de lo afirmado en la comunicación (cfr. fs. 516 vta. y 517). En este cuadro de situación valora este silencio en perjuicio de la empresa, pues entiende que tal omisión también hace aplicable la presunción del artículo 57 de la LCT. Por lo antedicho concluye que la actora puso: “…formalmente su fuerza de trabajo a disposición del empleador y que éste, pese a estar debidamente notificado, no otorgó tareas.” (cfr. foja 517), razón por la cual admite el reclamo salarial de la Sra. Salguero desde diciembre de 2010 y el SAC pro- porcional (cfr. foja 517 vta.).- En síntesis, la Alzada consideró que se debían salarios desde diciembre de 2010, para lo cual tuvo en cuenta el agravio de la actora en su apelación, las probanzas de autos (vinculadas al alta médica y los telegramas de la actora) y la presunción que establece el artículo 57 de la LCT.
El alcance que la Excma. Cámara de Apelaciones le dio a esta norma es coincidente con el criterio esgrimido por este Cimero Tribunal Provincial en la Sentencia registrada al Tomo XV, Reg. 513, Folio 2877/2883 y lo ya dicho en los considerandos precedentes. Por lo tanto, no se vislumbra la arbitrariedad denunciada por la recurrente.- También es improcedente la alegada lesión de derechos de rai- gambre constitucional, como la defensa en juicio, el debido proceso y el derecho de propiedad, pues la recurrente sólo se circunscribe a invocarlos, pero sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola men- ción de principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado, no constituyen base idónea de agravio (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).- En atención a las consideraciones vertidas, se sigue que la ca- sación de la demandada se estructura sobre la base de argumentos que tienden a con- trovertir, sin fundamentos idóneos, el criterio invocado por el tribunal de origen, en lo que respecta a elección y valoración de la pruebas; lo que hace improcedente su re- curso (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147).-
Paralelamente, se constata que la solución que brinda la Alzada sobre la cuestión debatida -en los aspectos cuestionados por la demandada- pretende ser refutada por dicha parte sin haber producido una crítica razonada, profunda, visce- ral, concreta y efectiva de la estructura sentencial atacada, lo que torna inhábil su re- curso para ser considerado procedente (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XI, Reg. 390, Folio 2111/2118).-
Entonces, no se advierte en modo alguno la violación de la ley o la arbitrariedad alegada por la demandada; y sí meros esfuerzos, carentes de respal- do, para cambiar la suerte del proceso.-
En virtud de lo antedicho, son inatendibles los agravios de la demandada.-
XII. Que, en atención a lo expuesto, al ser justificada la si- tuación de despido indirecto en que se colocó la actora y ser su causal la omisión del empleador de otorgar tareas livianas y en virtud de su estado de embarazo, ahora co- rresponde detallar los rubros que deberán abonarse a la misma, como así también los montos de referencia para que, en la instancia correspondiente, se practiquen las li- quidaciones de acuerdo con lo aquí resuelto.-
El artículo 246 de la LCT dispone que: “Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245”. Esta es una de las normas que nos debe guiar para determinar lo debido a la Sra. Salguero. La otra es el artículo 178 de la LCT. Entonces, debe hacerse lugar a la indemnización por: 1) antigüedad o despido (art. 245 de la LCT), 2) indemnización sustitutiva del preavisto (art. 232 de la ley citada); con más la integración del mes de despido (art. 233 de la LCT, t.o según art. 4º Ley Nº 25877) y SAC (art. 121 y 123 de la LCT). A lo que se debe agregar la indemnización especial por causa de embarazo (arts. 178 y 182 de la ley citada). To- dos estos ítems fueron solicitados por la actora en su demanda (cfr. foja 34).- Suma a la que se le deberán adicionar los montos por salarios caídos, sueldo anual complementario de los años 2010/2011 e intereses, tal como fue resuelto y quedó firme por la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones obrante a fs. 511/519.-
A efectos de fijar el monto salarial a partir del cual se calcula- rán las indemnizaciones debidas se tomará la mejor remuneración normal y habitual devengada que debió percibir la actora (art. 245 de la LCT), es decir la correspon- diente a mayo de 2011. Según pericial contable agregada a fs. 332/333, para ese mes corresponde un suma total de cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos con treinta y un centavos ($4559,31) (cfr. foja 333). Esta pericia no ha sido impugnada por la demandada (cfr. fs. 334, 338 vta. y 340 vta.).- Tomar tal monto es coincidente con el criterio sustentado por este Cimero Tribunal que siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ha expresado: “…'Cabe recordar al respecto que…es doctrina reite- rada de esta Corte que la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo debe calcularse tomando como base la mejor remuneración mensual, nor- mal y habitual, la cual debe incluir el total de los ingresos de carácter remuneratorio cualquiera sea su modalidad…' (cfr. SCBA, 'Springer, Marcelo contra I.R.E.L. Ins-tituto de Rehabilitación del Lisiado. Despido, etc.', del 12 de diciembre de 2012, Acuerdo 2078).” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).- Es pertinente destacar que este Tribunal Superior de Justicia puede tomar como monto base al indicado ($4559,31) (cfr. foja 333), a pesar de ser superior al que hace referencia la actora a foja 34, es decir tres mil setecientos cin- cuenta y nueve pesos con cincuenta y un centavos ($3.759,51) (cfr. foja 14), en aten- ción a su facultad de fallar ultra petita consagrada en el artículo 40 de la Ley de Pro- cedimiento en lo Laboral.-
De las constancias de la causa surge que la Sra. Salguero ingre- só a trabajar el 16 de diciembre de 2007. Esta circunstancia es afirmada por la actora a fojas 28 vta. y 34; no negada en la contestación de la demanda (cfr. fs. 72/81 vta.); y confirmada por la certificación de ANSES obrante a fs. 315/316 vta.. Por lo tanto tal fecha se deberá tener en cuenta para proceder a efectuar la liquidación de la indemni- zación.-
En base a los rubros indemnizatorios aquí admitidos la liquida- ción deberá practicarse en la instancia de grado; debiendo al monto resultante adicio- narse los intereses desde la fecha del distracto (7 de junio de 2011) hasta el efectivo pago, los que se calcularán en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Cen- tral de la República Argentina.-
En sentido contrario, respecto de los salarios caídos desde di-ciembre de 2010 hasta el 7 de junio de 2011, sueldo anual complementario años 2010 /2011, deben tomarse como fechas la mora de cada período y hasta su pago, conforme la tasa activa mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operacio- nes de descuento de documentos. Es pertinente señalar que este Alto Cuerpo no pue- de ingresar a analizar la procedencia o no de esa tasa de interés, pues esta cuestión no ha sido motivo de agravio fundamentado por la demandada, por lo que debe quedar vigente lo resuelto a este respecto por la Alzada (cfr. fs. 517 vta. y 518 vta.).-
XIII. En mérito a las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 522/525 vta. y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra a fs. 511/519; asimismo, componer positi- vamente la litis, haciendo lugar parcialmente a la demanda deducida. Por otra parte, corresponde rechazar el recurso de casación articulado a fs. 528/536 por la demanda- da. Por ello, se condena a la demandada Llaneza y Asociados S.A. a abonar a la accionante Sra. Johana Belén Salguero, en el término de diez (10) días de quedar firme la presente las sumas que resulten de la liquidación a practicarse en la instancia de grado según lo expuesto en los considerandos precedentes, con más los intereses allí fijados.- Por aplicación del principio objetivo de la derrota, las costas en todas las instancias deben ser impuestas a la demandada que resultó esencialmente perdidosa (art. 68 del CPCC por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444), difirién- dose la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales den cumplimiento con las normas tributarias y provisionales vigentes, y se fijen en las anteriores instancias; y teniéndose presentes las reservas del caso federal.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 672.-
2. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la deman- dada, a fs. 528/536 vta..-
3. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 522/525 vta. por la actora y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Pri- mera Circunscripción Judicial obrante a fs. 511/519, revocando los puntos 3 y 4 del decisorio en crisis.-
4. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la de- manda en cuanto reclama indemnización por: 1) antigüedad o despido (art. 245 de la LCT), 2) indemnización sustitutiva del preavisto (artículo 232 de la ley citada); con más la integración del mes de despido (art. 233 LCT, t.o según art. 4º Ley Nº 25877); SAC (art. 121 y 123 de la LCT); indemnización especial por causa de embarazo (arts. 178 y 182 de la ley citada); y con más intereses. Todo según lo establecido en el con- siderando XII.-
5. Rechazar la demanda en cuanto pretende la aplicación de la multa establecida en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323.-
6. Confirmar la sentencia de fs. 511/519 en lo restante que ha sido materia de agravios.-
8. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi- nientes hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miem- bros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en vir- tud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 689 Folio N°: 4028/4039 Secretaría: 1
Fin de la sentencia