Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 49590-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas.
2Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando V.
5482/2021 SALINA LAS BARRANCAS SACI (TF 49590-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 3 de agosto de 2021.-AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Salina Las Barrancas S.A.C.E.I, por medio de su apoderado, interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 76, inc. b), de la ley 11.683, contra la resolución nº 9/2019 (DV RRSF), que rechazó la acción de repetición deducida en los términos del art. 81 de esa ley con el objeto de obtener la devolución de $ 845.917,70 ––que abonó en concepto de capital e intereses del Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales abril, mayo y junio de 2006, y febrero y marzo de 2017–– con sus respectivos intereses, liquidados de conformidad con la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (ver fs. 61/70).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución n° 9/2019, con costas y reguló los honorarios a favor de los letrados intervinientes por el Fisco Nacional (ver fs. 106/107).
Para así decidir, ese tribunal:
i. Precisó que: (a) la parte actora era una empresa dedicada a la extracción de sal en la localidad de Nicolás Levalle, Provincia de Buenos Aires; (b) a causa de un ajuste practicado por el organismo fiscal ––mediante el cual impugnó el crédito fiscal derivado de las operaciones de transporte celebradas con dos proveedores––, rectificó sus declaraciones juradas en el I.V.A. e ingresó el impuesto con más los intereses adeudados; y (c) reclamó la repetición de ese pago mediante el presente proceso.
ii. En cuanto al examen de los fundamentos del rechazo del reclamo de repetición, sostuvo que la resolución recurrida exhibió que el proveedor César Maximiliano Tolosa (a) carecía de rodados y de personal para prestar el servicio de transporte de carga, (b) se encontraba incluido en la base APOC y (c) que trabajaba para la Municipalidad de Bahía Blanca. Consideró que estas circunstancias exhibían la falta de capacidad económica y operativa de aquel para prestar los servicios que dieron lugar al cómputo del crédito fiscal que aprovechó la parte actora.
Señaló que esa afirmación se veía corroborada por las declaraciones del mismo proveedor, quien testificó que no brindaba servicios de transporte sino que se encargaba de contactar transportistas con la aquí recurrente, y que cobraba por ello una comisión que percibía cuando se presentaba en la entidad bancaria junto al transportista para cobrar los cheques.
iii. Resaltó que la fiscalización detectó que el proveedor Fabio Alejandro Cariac (a) carecía de rodados u otros bienes registrables a su nombre, (b) no pudo ser localizado en el domicilio fiscal declarado, (c) los movimientos en su caja de ahorro fueron realizados en el año 2016 y no guardaban relación con los montos facturados en ese período, (d) las facturas fueron emitidas en forma electrónica y anuladas con posterioridad mediante notas de crédito, y (e) fue incluido en la base APOC por falta de capacidad económica.
iv. Consideró que la prueba rendida por la parte actora en la instancia administrativa no se encontró dirigida a probar que los proveedores eran los verdaderos prestadores de los servicios. Por el contrario, únicamente intentó deslindarse de las irregularidades que aquellos presentaron.
Agregó que pese a tener la posibilidad de aportar nuevos elementos probatorios ante el Tribunal Fiscal, no ofreció nuevos elementos para acreditar la existencia y la veracidad de los créditos fiscales que había computado en sus declaraciones juradas y que, a instancias de la fiscalización, rectificó.
v. Recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Feretti” (Fallos: 338:169) sostuvo que el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA quedaba subordinado a la circunstancia de que el hecho imponible se hubiera perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes o prestadores de los servicios, y que éste extremo no se había verificado en las presentes actuaciones.
vi. Concluyó en que las circunstancias apuntadas dejaban sin sustento el pago sin causa que invocó la recurrente.
5482/2021 SALINA LAS BARRANCAS SACI (TF 49590-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO III. Disconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 110) y expresó agravios (fs. 112/116 y la réplica de fs. 120/131).
Arguyó que los fundamentos utilizados por el Tribunal Fiscal se apartaron de una razonable y discreta valoración de los elementos probatorios rendidos y que existían errores de magnitud que permitían apartarse del principio contenido en el art. 86 de la ley 11.683.
Manifestó que en el informe final de inspección los funcionarios actuantes realizaron una selección arbitraria de las pruebas y de los testimonios, al solo efecto de eludir la verdad material del caso.
Consideró que no le eran imputables las irregularidades que el Fisco Nacional detectó en relación a sus proveedores.
Explicó que con los proveedores Cesar Maximiliano Tolosa y Fabio Alejandro Cariac, contrató el servicio de transporte de sal en consecha, y sostuvo que no se condecía con la realidad la declaración del primero de ellos, quien denominó al resultado de su gestión como una comisión.
Manifestó que ofreció la totalidad de los antecedentes correspondientes a la orden de intervención n° 1.639.132 en la acción que planteó en sede administrativa, los que eran suficientes para acreditar la materialidad de las operaciones discutidas.
Expresó que el informe final de inspección, correspondiente a la orden de intervención n° 1661216, exhibía que el contribuyente poseía dos automotores, a saber: Toyota Corolla (modelo 2000) y Renault sedan 5 puertas, sin identificar.
Solicitó que se impongan las costas al Fisco Nacional, porque practicó el ajuste utilizando la figura de proveedores apócrifos en lugar de apoyarse en hechos ciertos.
IV. Los agravios de la parte actora no pueden prosperar.
En efecto, y en sentido contrario al sostenido por la parte actora, se entiende que en el caso, el tribunal de origen realizó un acabado examen de los elementos probatorios acompañados a la causa, por lo que sus agravios, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de selección y valoración de la prueba utilizada en el caso, y que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la ley 11.683, su revisión, por tratarse de una cuestión de hecho y prueba, excede la jurisdicción de esta alzada, habida cuenta de la limitación con que se previó en la ley de procedimiento fiscal el recurso que se intenta y de que no surge que haya mediado error en la apreciación de los hechos que se hizo en la sentencia atacada (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011, y 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
Resulta claro que no fue exclusivamente el incumplimiento de los deberes fiscales de los proveedores lo que el Fisco Nacional ponderó para efectuar el ajuste fiscal. Por el contrario, y sobre la base a las tareas de fiscalización, reunió indicios serios que le permitieron aseverar que los proveedores carecían de la estructura necesaria para prestar los servicios que había contratado la recurrente.
Ciertamente, vale reiterar que el proveedor Cesar Maximiliano Tolosa reconoció que no prestaba servicios de transporte sino que su tarea consistía “[…] en contactar camioneros, con los cuales celebraba un contrato verbal, […] limitándose “su intervención” simplemente a emitir la facturación por los transportes realizados dado que los choferes carecen de inscripción ante la AFIP”, cobrando una comisión por esa tarea, que variaba en función de los acuerdos que él celebraba con cada camionero (ver. fs. 175 y 247, segundo párrafo, cuerpos n° 1 y 2 del Legajo de inspección).
5482/2021 SALINA LAS BARRANCAS SACI (TF 49590-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO También reconoció que en muchas oportunidades las facturas eran “tramitadas e impresas con los equipos informáticos ubicados en las oficinas administrativas de las firmas extractoras de sal” (ver. fs. 175 cuerpo n° 1 del legajo de inspección).
Asimismo, expresó que suscribió dos contratos de transporte de sal en cosecha a pedido de la parte actora, aproximadamente, en el mes de abril de 2017 ––dos meses antes de que se surgiera su inclusión en la base Apoc y en el mismo año que se inició la fiscalización a la parte actora––. Sin embargo, esos contratos fueron datados el 14 de marzo de 2016 y el 26 de diciembre de 2016, respectivamente (ver. fs. 176, 183 y 247, segundo párrafo, cuerpos n° 1 y 2 del Legajo de inspección).
Por otro lado, y respecto del proveedor Alejandro Fabio Cariac, la fiscalización impugnó los comprobantes registrados en el libro de compras de la parte actora (facturas A n° 0001-00000126, 127 y 128) porque aquél las había anulado mediante notas de crédito electrónicas (ver. fs. 168/170, 215 y 248, tercer párrafo, cuerpos n° 1 y 2 del Legajo de inspección).
Asimismo, como se desprende de la orden de intervención n° 1.639.132 y del informe final de inspección practicado, acerca de este proveedor: (a) no pudo ser localizado en su domicilio fiscal; (b) los únicos bienes registrables a su nombre son dos automotores; (c) tuvo empleados en relación de dependencia durante los períodos 06/2016 a 09/2016, que eran residentes de la ciudad de Bahía Blanca; (d) sólo en cuatro períodos fiscales las declaraciones juradas en el IVA presentaron un saldo a favor de la AFIP; (e) las retenciones y/o percepciones informadas tanto en el impuesto al valor agregado como en el impuesto a las ganancias son de escaso monto en relación a los importes facturados; (f) se encuentra inscripto en un gran número de actividades que no guardan relación entre ellas; (g) no se pudo probar que posea capacidad financiera para la adquisición de los bienes que comercializa; (h) los conceptos facturados son diversos; y (h) las acreditaciones bancarias que se observan en su caja de ahorro se realizaron en el año 2016 y no guardan relación con los montos facturados en ese período (ver. fs. 248/249 y 185/194 cuerpos n° 1 y 2 del Legajo de inspección).
Paralelamente, resulta insustancial el argumento propuesto por la parte actora con relación a que este proveedor poseía dos autos, porque el transporte de sal se realizaba con camiones según se desprende de los contratos de transporte de sal en cosecha incorporados en las actuaciones administrativas (ver fs. 147/50 y 151/55 cuerpo n° 1 del legajo de inspección).
Por último, son improcedentes las críticas de la apelante con respecto a que las irregularidades detectadas a los proveedores le son ajenas, haciéndose eco del criterio establecido por la Corte Suprema en el precedente “Bildown” (Fallos: 334:1854). Como se vio, las anomalías detectadas no se limitan a la situación fiscal de los proveedores, sino que tienen que ver con la forma en que éstos llevaban a cabo su actividad comercial (esta sala, causas n° 23.540/2011 “Frigorífico Lamar SA c. EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva” y 47.162/2012 “Nidera SA c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 4/12 s/ Dirección General Impositiva”, pronunciamientos del 5 de diciembre de 2017 y del 13 de agosto de 2020, respectivamente).
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios y confirmar la sentencia recurrida, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
V. Resta expedirse acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 151 (por “altos”) contra la regulación de honorarios contenida en la sentencia fs. 106/107.
En función de la naturaleza del proceso, su monto —para el que cabe tomar las sumas objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal–– la única etapa procesal cumplida, ponderando el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, corresponde:
(i) CONFIRMAR en 22,29 UMA —equivalentes a la suma de $ 110.959,62, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 5482/2021 SALINA LAS BARRANCAS SACI (TF 49590-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 12/2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor del Dr. Lucas Sebastian Ormezabal por su actuación ejerciendo la dirección legal de la parte demandada en la instancia anterior y en 8,92 UMA — equivalentes a la suma de $44.403,76, de conformidad con los valores establecidos en la acordada n° 12/2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor del Dr. Roberto Horacio Vieu, por su actuación ejerciendo la representación legal de la parte demandada en la instancia anterior (art. 16, 20, 21, 29, y demás c.c. de la ley 27.423).
(ii) FIJAR en 6,87 UMA —equivalentes a la suma de $34.198,86 según los valores de la aludida acordada— los honorarios a favor del Dr. Lucas Sebastian Ormezabal y en 2,67 UMA —equivalentes a la suma de $13.291,26— los honorarios a favor del Dr. Roberto Horacio Vieu, por su actuación ejerciendo la dirección legal y la representación legal de la parte demandada —respectivamente— ante esta alzada (art. 30 y demás c.c. de la ley citada). En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando V.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia