Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-1.781/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 241/261 y en consecuencia, casar, en todas sus partes, la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 235/237, con costas.-
2Hacer lugar al incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda a la codemandada Weatherford International de Argentina S.A., obrante a fs. 39 y vta. de los autos principales.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-1.781/10-TSJ Sentencia N°: 567 Actor: SALINAS LINO HECTOR Demandado: EMPRESA UNIPERSONAL PEHUEN CONSTRUCCIONES DE JORGE YONES MORENO Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS – INCIDENTE DE NULIDAD Fecha: 31-03-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 567 FOLIO Nº 3.224/3.230 PROT. ELECT. TSS1 006 S.141
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a 31 días del mes de marzo de dos mil catorce, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, y la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani, para dictar sentencia en los autos: “SALINAS LINO HÉCTOR c/ EMPRESA UNIPERSONAL PEHUEN CONSTRUCCIONES DE JORGE YONES MORENO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS – INCIDENTE DE NULIDAD”, Expte Nº S-11.817/08 (S-1.781/10-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 2º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 3º) Paula Ernestina Ludueña Campos y 4º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTION: Es procedente el recurso de casación interpuesto por la codemandada Weatherford International de Argentina S.A. a fs. 241/261?; SEGUNDA CUESTION: Qué pronunciamiento corresponde dictar?- A la PRIMERA CUESTION el Dr. Mariani dijo:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado a fs. 241/261 por la codemandada Weatherford International de Argentina S.A., contra el sentencia interlocutoria emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 235/237, en cuanto confirma la decisión asumida en primera instancia (confr. fs. 204/205), que rechaza el planteo de nulidad deducido por la codemandada al considerarlo extemporáneo.-
El fundamento del recurso, está situado en la causal de violación de la ley prevista en el artículo 3º inciso a), ley 1687 -Recurso de Casación-. Señalando, “?que han resultado violados los arts. 90 inc. 3º y 4º; 979 y 993 del Código Civil; art. 170 y 171 del CPCyC?” (confr. fs. 247), y en la causal pretoriana de arbitrariedad.- Pone de manifiesto, que “?si bien le consta acabadamente a esta representación que en principio o como regla son ajenas a la instancia extraordinaria las cuestiones de hecho y prueba, rige como excepción el supuesto de arbitra-riedad y como esto último se ha configurado en autos? la procedencia del presente recurso de casación no puede ponerse en tela de juicio?” (confr. fs. cit.).
Explica el recurrente, que promovió incidente de nulidad de la notificación de la demanda, porque la cédula fue diligenciada en un domicilio distinto del legal. Al exponer su primer agravio, manifiesta que “?Desde el momento mismo que la nulidad fue deducida por no haberse realizado la notificación en el domicilio que correspondía? claro está que no resulta susceptible de convalidación lo que se afirma en el decisorio en crisis, en el sentido que “si se pretendía la nulidad de la cédula de notificación, por su carácter de instrumento público, debió ser atacado mediante la acción de redargución de falsedad correspondiente?”. El planteo de invalidez interpuesto en la causa no versó sobre la condición de instrumento público de la respectiva cédula de notificación, sino única y exclusivamente respecto de que la notificación no se llevó a cabo en el domicilio correcto lo que es diametralmente distinto, por lo que mal puede imputársele a mi parte no haber promovido la acción de redargución de falsedad, cuando la misma configuraba un supuesto distinto al aquí examinado?” (confr. fs. 255 y vta.).
Y agrega que “?La cédula de notificación diligenciada en Cañadón Seco constituye un instrumento público, pero no por ello asume la condición de válida, porque para que ello sea así, debió haber sido practicada en el lugar que tanto el Código Civil en su art. 90 inc. 3, como la Ley de Sociedades en su art. 11, señalan como domicilio de mi representada?” (confr. fs. 255 vta.). Al tratar el segundo agravio, dice que “?La pretendida extemporaneidad en la promoción del incidente no es tal, habida cuenta que el plazo de cinco días debe ser computado desde que se tomó conocimiento del acto viciado tal cual se explicó al deducirlo, pero sin caer en el desvío en el que incurre el decisorio, en el sentido de entender que aquello ocurrió cuando se diligenció la notificación cuya nulidad se persigue.
El razonamiento de la Excma. Cámara no puede ser acompañado, habida cuenta que importa en los hechos la tergiversación patente del instituto del domicilio legal, ya que basta con notificar en cualquier lugar distinto a aquél donde tenga actividad la sociedad demandada, para que a partir de ese momento empiece a correr el plazo de saneamiento de cinco días establecido por el ordenamiento ritual. Significa entonces que se pretende en definitiva que una notificación inequívocamente nula, r (sic) no haber sido practicada en el domicilio legal que el ordenamiento de fondo imperativamente impone, deviene automáticamente en válida por el transcurso de cinco días, desvirtuándose así, de manera patente, el sentido de aquél?” (confr. fs. 257 vta./258).
Finalmente, solicita se haga lugar al recurso articulado, declarándose la nulidad de la notificación en cuestión. Pide costas y hace reserva de caso federal.-
II. A fs. 275 y vta., se declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto y se dispuso poner las actuaciones a los fines del artículo 8° de la ley 1687, no habiendo hecho uso del mismo ninguna de las partes interesadas, conforme surge del certificado actuario obrante a fs. 277, primera parte.-
A fs. 277 segunda parte, se corre vista al Señor Agente Fiscal por ante este Tribunal Superior de Justicia, quien dictamina a fs. 278/280, afirmando que “?en el resolutorio impugnado se ha violado la ley y existe arbitrariedad en el fallo conforme lo alegara el recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el Recurso de Casación interpuesto es procedente…” (confr. fs. 280). Arriba a esta conclusión el señor representante de la Agencia Fiscal, luego de considerar que “?si bien ambas instancias han determinado que el incidente de nulidad planteado en autos fue interpuesto en forma extemporánea... al sostener que la empresa demandada pudo tomar conocimiento del pleito con antelación suficiente como para promover el incidente de nulidad, mediante el diligenciamiento de la cédula de notificación que con fecha 28 de marzo fuera recibida por “alguien de la empresa”, en oficinas administrativas operativas y comerciales que centralizan su actividad, en la base de Cañadón Seco, este Ministerio Público no comparte lo resuelto, pues considera que la extemporaneidad en la promoción del incidente no es tal ya que el plazo de 5 días debe computarse desde que se tomó conocimiento del acto viciado y esto es lo que hay que analizar para determinar si es válido el plazo de saneamiento de cinco días establecido en el código de rito; en este supuesto la toma de conocimiento del acto fue por “alguien de la empresa” lo que resulta ser muy general pues no está acreditado que fuera por el representante legal, un socio o personal jerárquico, poniéndose en tela de juicio “lo inequívoco y directo que debe ser esa toma de conocimiento”, mas (sic) aún si tenemos en cuenta que se produjo la notificación en un lugar distinto a aquél donde tiene el domicilio legal la empresa demandada, resultando todo ello a mi criterio atentatorio del derecho de defensa?” (confr. fs. 279).- A fs. 282, se proveyó el llamado de autos para dictar sentencia, que se encuentra firme.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por la parte codemandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3° inciso a) -Recurso de Casación- de la ley 1687, fundamentalmente por estar directamente vinculada a un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal e interpretación de los artículos 90 incisos 3º y 4º; 979 y 993 del Código Civil y artículos 170 y 171 del Código Procesal Civil y Comercial, propone una revisión de la valoración de la prueba y de los hechos, oportunamente sopesados en las instancias ordinarias.- Al respecto, es conteste la doctrina al decir que los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (confr. Hitters, Juan Carlos ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. LEP, 2da. Edición, 1998, pág. 382 ss).-
En tal sentido se ha expresado este Alto Cuerpo, al establecer que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran reservadas a los jueces de grado y resultan ajenas a la instancia extraordinaria, y sólo son susceptibles de ser revisadas en caso de quebrantamiento de normas legales que regulan su producción, o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda (confr. Tomo VIII, Sentencia, Reg. 259, Folio 1412/1420; Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1071, Folio 1334/1339). Tam-bién hemos dicho que “?Resulta improcedente en casación el tratamiento de cuestiones de hecho y prueba, salvo absurdo en su apreciación, constituyendo éste un remedio de carácter excepcional, reservado para casos extremos, que sólo cuenta con virtualidad suficiente cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento?” (confr. Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2039/2041).-
IV. Que del examen de la cuestión traída a esta instancia extraordinaria, se advierte que nos hallamos en presencia de un caso excepcional que justifica la intervención de este Alto Cuerpo, con prescindencia del requisito de sentencia definitiva, habida cuenta que es deber ineludible del Tribunal corregir la actuación de las cámaras de apelaciones cuando aparezca realizada con trasgresión de los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia (confr. Fallos: 315:695; 322:3241).-
En efecto, siguiendo las explicaciones que brinda Hitters sobre el tema, es dable señalar que el error fáctico aparece cuando se advierte una discordancia entre la verdad histórica y la reconstrucción contenida en el fallo, los magistrados de la casación no tienen obligación de respetar los hechos concebidos por los jueces de grado cuando se prohíbe su prueba, se los desplaza de su campo propio dejándolos sin gravitación o cuando en la valoración de la probanza, se los deja sin sentido por un error de apreciación. Es evidente entonces que si bien el Alto Tribunal no está -en principio- facultado para rever las circunstancias fácticas admitidas por el a quo, puede y debe verificar, -en caso de estimulación recursiva- si los hechos descriptos autorizan la aplicación del derecho en que se funda el decisorio (confr. Hitters, Juan Carlos Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. LEP, 2da. Edición, 1998, pág. 393/394 ss).- Señala Hitters también, que “?etimológicamente, errare significa una anomalía del juicio. La verdad y el error -como dice Carnelutti-, son dos conceptos antitéticos, y expresan la falta de adecuación, o no, del juicio a la situación real, es decir “reflejan la completa o incompleta toma de posición de la realidad por parte del entendimiento”. Desde la vertiente de la impugnación de las decisiones judiciales -y por extensión- se denomina “error” no solamente al defecto de juicio, sino también al desvío del acto sentencial; es decir no únicamente a la circunstancia de decidir en contra de la verdad, sino a la de actuar contra la justicia; ésta es la acepción que nos interesa, y en ese sentido se la utiliza cuando se habla de error in iudicando o in procedendo, es decir como vicio de una sentencia?” (confr. ob. cit.).- A mayor abundamiento, es propicio destacar que la arbitrariedad de una sentencia se consuma en donde reina el absurdo, lo ilógico. Tenemos así, que la decisión asumida por la Excma. Cámara de Apelaciones, convalidando el decisorio de grado, resulta arbitraria en la medida que desestima el incidente de nuli-dad deducido por la parte demandada, contra el acto de notificación del traslado de la demanda, por considerar que la presentación resulta extemporánea; pues, para arribar a dicha solución ha efectuado un erróneo análisis de las circunstancias fácticas de la causa.-
Que, según el razonamiento seguido en el interlocutorio dictado en la primera instancia, la nulidad resulta extemporánea en la medida que el plazo para articular la nulidad dio comienzo el 28 de marzo de 2007, fecha en la que se practicó la diligencia que la nulidicente cuestiona; de modo tal que, habiéndose iniciado el incidente de nulidad el 28 de agosto de 2008 (confr. fs. 120), habría transcurrido en exceso el término de cinco (5) días previsto en la última parte del artículo 171 del Código Procesal. Para decidir en tal sentido, el juez entiende como determinante la ausencia de negación por parte del incidentista que la cédula de notificación hubiere sido receptada por una persona que dijo ser de la firma, considerando fútil el juramento prestado por los letrados de la codemandada respecto a la toma de conocimiento del acto el 20 de agosto de 2008, pues en el criterio la diligen-cia cuya nulidad se pretende importa conocimiento previo que sólo podría haber sido atacada dentro de los cinco días subsiguientes del acto cuya nulidad se pretende, y no más de un año después. Tal criterio es avalado por la Excma. Cámara al confirmar el interlocutorio objeto del recurso que nos ocupa.- Sin embargo, el razonamiento es errado pues parte de una premisa falsa al asignarle virtualidad a la diligencia practicada en un domicilio distinto al determinado por la ley.-
En tal sentido, adviértase que se perdió de vista que la notificación es la herramienta diseñada para comunicar los actos en el proceso judicial, cuya finalidad es hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa en juicio. En ese orden se inscribe el traslado de la demanda que resulta, por cierto, el acto notificatorio más importante, que es poner en conocimiento del demandado que una acción judicial ha sido impetrada en su contra. Por lo tanto, el examen de la cuestión debió efectuarse extremándose los máximos recaudos dirigidos a evitar que el accionado quede en estado de indefensión. Al respecto se ha dicho que “la notificación del traslado de la demanda es un acto procesal que por su trascendencia configura uno de los pilares básicos del derecho de defensa en juicio” (confr. CCivComFed, Sala I, 20/04/99, “Banco de la Nación Argentina c/ Israel de Roterman Susana Esther y otros s/ Cobro de Pesos, causa n° 38.378/95m, elDial.com - AF1ABC).- Ocurre, que la notificación del traslado de la demanda es un acto procesal de transmisión que hace directamente al ejercicio del derecho de defensa por cuanto de aquél depende el efectivo conocimiento de la existencia, objeto y sujeto de una pretensión litigiosa. Por obvias razones de seguridad jurídica, cuando se trata de la citación para contestar la demanda, la ley, teniendo en cuenta la importancia que este acto reviste en orden al ejercicio del derecho de defensa y la correlativa garantía constitucional, impone el cumplimiento de requisitos específicos de manera que el citado tome noticia cierta y personal de la interposición de la acción (confr. CNCivComFed, Sala III, 05/07/2007, “Bombril Cirio S.A. c. The Dial Corpo-ration”, LLOnline AR/JUR/9034/2007).- En ese orden de ideas, no debió soslayarse que tratándose de una sociedad comercial el traslado de la demanda correspondía, necesariamente, diligenciarse en el domicilio legal de la empresa, por cuanto constituye un acto dotado de singular importancia, vinculado con tal trascendental derecho (confr. CNCiv., Sala A, 07/07/2003, “Masu, Alejandro M. c. Carrefour Argentina y otro”, LA LEY2003-D, 986 - AR/JUR/686/2003).-
En consecuencia, frente a las circunstancias del caso, el análisis debió centrarse en que la diligencia notificatoria no cumplió con la finalidad de poner a la codemandada en real conocimiento de la existencia del juicio. Y para ello debió contemplarse la cuestión desde un principio sobre la base de la presunción contenida en el artículo 90, inciso 3 del Código Civil, que tiende a determinar la ubicación física de las personas jurídicas en razón del carácter ideal de dichos entes; de modo que el debate estriba en la invalidez de la notificación en un domicilio distinto del legal, que por tratarse de una persona de existencia ideal, cuenta con una presunción que expresamente no admite prueba en contrario (art. 90 del CC). Además, al tratarse de una sociedad comercial debe tenerse, en cuenta que se tendrá por válidas y vinculantes para la sociedad, todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta (confr. art. 11.2, párrafo 2° de la ley 19.550). Tal estrictez normativa tiene por finalidad la protección a los terceros de buena fe, exigencia que no se debe perder de vista a la hora de aplicar dichas normas a los casos concretos. Severidades, que no resultan un mero ritualismo ya que se trata de normas de fondo que deben valorarse con suma prudencia si se pretende, por excepción, apartarse de sus reglas (confr. CSJN, 12/07/2011, Fallos: 334:852, A. 858. XLV, “Acher, María Laura y otros c/ Adherir S.A. y otros s/ medida cautelar).- Por eso, yerra la Cámara cuando considera que se impugnó la cédula de notificación y propone la acción de redargución de falsedad (confr. fs. 236). No es el instrumento público lo que inquieta al recurrente, sino el acto procesal notifi-catorio que por haberse dirigido a un domicilio distinto del que determina la ley pone en estado de indefensión al recurrente. Tal es la cuestión a la que se debió prestar atención, pues la solución que se ha encontrado transgrede visiblemente el derecho de defensa en juicio, que se garantiza en el artículo 18 de la Constitución Nacional.-
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incorpora al catálogo de las sentencias arbitrarias a aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso (Fallos: 295:790, 316:639; 318:920; 319:610).-
Ha dicho también la Corte que la doctrina de la arbitrariedad abarca los supuestos de exégesis inadecuada, injusta o inequitativa de una norma, pero también cubre los casos de análisis erróneo (cuando el error asume la condición de inexcusable), parcial, ilógico, insuficiente o inequitativo del material fáctico y probatorio. Como pautas generales, la Corte Suprema señala que si media un evidente apartamiento de los hechos, del buen sentido o de las reglas de la sana crítica, la sen-tencia es arbitraria (Fallos 304:1510; 308:1825; 320:1683; 321:1909 y 2990; 322:1522), o le da un tratamiento no adecuado (Fallos 323: 1508; 2653 y 2821). Lo mismo ocurre si el fallo interpreta arbitrariamente o franqueando los límites de la razonabilidad a los elementos probatorios producidos en el juicio (Fallo 323:3196).
También si la interpretación del a quo se limita a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos del juicio, pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto (Fallos 310:1903; 319:302; 321:1404). Tal sería una evolución incompleta (Fallos 316:796; 320:726), fragmentaria (Fallos 318:500; 319:730; 321:1647) y asistemática de las conductas a mentar en la sentencia.- Por lo tanto, no surgen elementos que permitan apartarse de la regla general prevista en el artículo 90 inciso 3° del Código Civil, máxime si se tiene especialmente en cuenta que la ley de sociedades en su artículo 11 inciso 2° se dispone que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.
Entendiendo que el apartamiento de esta regla general ha de ser restrictivo, de lo contrario, importaría una lesión a la seguridad jurí-dica el privar de eficacia a una norma que instituye un domicilio legal, para asegurar la citación de los entes societarios. La registración de la documentación social se ha impuesto para posibilitar el control estatal y en resguardo de los terceros, a quienes interesa conocer una serie de datos sobre las condiciones en que la sociedad se desen-vuelve (confr. CSJN 27/11/2000, Arias, Adelia c. Servitec S.A., LA LEY2001-C, 488- DJ2001-2, 528- AR/JUR14241/2000).- Ello así, elementales normas que rigen la materia, dan claras muestras del vicio que presenta la diligencia cuestionada.
Es evidente que el pronunciamiento impugnado afecta de manera directa e inmediata las garantías de defensa en juicio y debido proceso y habilita su descalificación como acto judicial vá-lido (confr. CSJN, Fallos: T. 333, P. 744, ‘Transur S.R.L. y otro c. Estado Nacional (Sec. de Transporte)’). Y si bien se ha sostenido, que lo atinente a las nulidades pro-cesales reviste el carácter de una cuestión de hecho y de derecho procesal ajena al recurso extraordinario, ello no es óbice para hacer excepción a dicha doctrina cuando la aplicación de los preceptos procesales excede de una manera irrazonable los límites que impone el respeto de la garantía de la defensa en juicio (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1071, Folio 1334/1339; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2648, Folio 3999/4003; Tomo VIII, Sentencia, Reg. 259, Folio 1412/1420; CSJN Fallos: 322:3241; 334 P. 852; 311:119; 312:1150; 313:323; 319:1377; 320: 2662, etc.).- En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 241/261 y por ende casar la sentencia interlocutoria dictada por la Excma.
Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 235/237 en todas sus partes, haciendo lugar al incidente de nulidad de notificación del traslado de la demanda a la codemandada Wheatherford International de Argentina S.A., practicada a fs. 39 vta. de los autos principales, con costas (art. 68 del CPC y C), teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por ello, a esta Primera Cuestión voto por la afirmativa.-
Las Dras. Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al voto del Dr. Mariani.-
A la PRIMERA CUESTION el Dr. Peretti dijo:
I. Si bien comparto el relato de los hechos efectuado por mi distinguido colega preopinante, difiero en cuanto a la decisión a la que arriba, por las razones que expondré a continuación:
Debo puntualizar de inicio que el tema referente a la validez de las notificaciones sólo suscita -en principio- una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y extraña a la instancia extraordinaria provincial.-
No obstante ingresaré al análisis puntual de la cuestión controvertida, habida cuenta la apertura de la instancia y la existencia de circunstancias que importan precisar.
La nulidicente sustenta su pretensión en que la cédula de traslado de la demanda a Weatherford International de Argentina S.A. no se diligenció en su domicilio legal sito en la Ciudad de Buenos Aires -como dispone la ley y cita como fundamento el artículo 90 inciso 3 del Código Civil- sino que se efectuó en una base operativa de dicha empresa ubicada en la localidad de Cañadón Seco. Esto le impidió, dice, tomar conocimiento del inicio del pleito y en su consecuencia contestar la demanda.
El Tribunal de grado confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la nulidad interpuesta por la codemandada nombrada. A tal aserto se arribó, en esencia, por considerar que técnicamente ésta tomo conocimiento de la existencia del presente juicio mediante la cédula librada a la dependencia de Cañadón Seco y por ello el planteo devino extemporáneo al ser efectuado luego de transcurrido el plazo de cinco días que al efecto determina el artículo 171 del Cód. Procesal.-
II. Cabe citar que el art. 150 del Código Procesal prevé la posibilidad de declarar la nulidad de una notificación cuando ésta se hubiere efectuado en contravención a lo previsto en el Capítulo VI, notificaciones (arts. 134 y ccs. del CPC y C). A su vez, la notificación, en cuanto acto procesal, está sometida a los principios generales que rigen las nulidades en el proceso (confr. Highton, Elena y Areán, Beatríz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T°3, Ed. Hamurabi, Buenos Aires, 2005, pág. 195).- Así, el art. 170 del aludido ordenamiento legal dispone que: “Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción.
Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se podrá declarar la nulidad, aun en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado”, y el art. 171 que esta-blece: “La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto”.- Que en ese orden se ha establecido que las nulidades procesales tienen principios propios que se erigen en verdaderas condiciones de admisibilidad.
Uno de ellos es el de convalidación, según el cual si -pese a la existencia del vicio- no se articula la nulidad en el plazo de 5 días de haber tomado conocimiento del error formal, dicha invalidez queda subsanada. “?Y así es preciso que quien pide que se declare la nulidad de una determinada notificación no la haya consentido previamente, sea expresa o bien tácitamente al formular dicho requerimiento con posterioridad a los cinco días de que tomó efectivo conocimiento del acto. Por el contrario, de haber transcurrido ese plazo, la irregularidad de la notificación se habría convalidado por lo que el planteo de nulidad resultaría improcedente…” (confr. Causse, Federico y Pettis Christian, Nulidad de Notificaciones, Ed.
Ad Hoc, Buenos Aires, 2009, págs. 23).- Asimismo que “la indicación del tiempo y modo en que llegó a conocimiento de los nulidicentes la existencia del proceso es, como principio, rele-vante, porque hace a la demostración de la oportunidad del planteo de invalidez” (confr. Civ. y Com. Fed., Sala I, 20/4/1999, “Banco de la Nación Argentina c/ Israel de Roterman, Susana Esther y otro s/ cobro de pesos”, citado en Causse, Federico y Pettis Christian, ob.cit, pág. 25).-
Por otro lado apuntaré que en derecho procesal, las nulidades son esencialmente relativas y su interpretación debe realizarse con criterio restrictivo, reservándolas como “ultima ratio” ante la existencia de una efectiva indefensión, pues frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos se encuentra la de obtener actos firmes sobre los que pueda consolidarse el derecho (confr. Superior Tri-bunal de Justicia de la Provincia del Chubut, Pérez, Mario A. y otra c. Asociación Es-pañola de Socorros Mutuos,14/11/1996, Publicado en: DJ 1997-2, 851; Cita online: AR/JUR/3663/1996).- Por lo tanto, en el supuesto de no reclamarse el pronunciamiento de la nulidad de acuerdo con las formas y dentro de los plazos que la ley fija a tal efecto, corresponde presumir que aquélla, aunque exista, no ocasiona perjuicio y que la parte ha renunciado a la impugnación, convalidando de tal manera la irregularidad que afectaba al acto (confr. CNCiv., sala E, “Kinverling, Luis N y otro c/ Viera, Carlos Omar y otros s/ daños y perjuicios, 01/11/2007).-
III. Dentro del marco reseñado precedentemente, analizaré la controversia suscitada en estos autos.-
Para expedirse acerca de la admisibilidad de la nulidad pretendida, debe, en principio, analizarse si la misma fue incoada por el recurrente, dentro del plazo legal de cinco (5) días (art. 171 del ritual). Es decir que como previo a es-crutar la validez de la notificación tenemos que analizar previamente si el planteo fue efectuado tempestivamente, de no ser así, corresponderá, sin más, su desestimación, deviniendo en abstracto expedirse sobre si fue, o no, correcta la notificación objeto de autos.-
A tales efectos reviste trascendencia el momento en que la afectada tomó conocimiento de la acción entablada en su contra, a los fines del cóm-puto del plazo de 5 días (art. 171 CPC y C) para subsanarla.-
De allí que, tal como antes señalara, la determinación del tiempo y modo en que llegó a conocimiento del nulidicente la existencia del proceso sea relevante porque hace a la demostración de la oportunidad del planteo de invalidez y por este camino a su sinceridad (CNCiv., sala E, “Kinverling, Luis N y otro c/ Viera, Carlos Omar y otros s/ daños y perjuicios, 01/11/2007). En este proceso la incidentista manifestó que tuvo conocimiento del proceso y de su carácter de demandada el 20 de agosto del 2008, cuando uno de sus apoderados el Dr. Ferreyra Amuchástegui, de casualidad, al concurrir al Juzgado observó sobre el escritorio de la mesa de entradas un expediente y pidió que se lo exhibieran; en esa oportunidad constató la existencia de la causa y el vicio que, aduce, contiene la cédula de traslado de la demanda.- Ahora bien, el extremo mencionado, a pesar de la trascendencia que reviste, ha sido descripto muy escuetamente; tampoco se ha puesto énfasis en demostrar mediante prueba fehaciente que ese fue el primer momento en que se tuvo conocimiento del pleito, como invoca.
Sin perjuicio de ello, y dando por sentada la buena fe del letrado, en rigor de verdad una cosa es el anoticiamiento del abogado (el que pudo suceder como se describe) y otro el de su representada. Ésta última, en vir-tud de los datos objetivos e indubitables que brotan de las constancias del expediente, tomó conocimiento mediante la diligencia practicada en su base de Cañadón Seco, donde la cédula fue recepcionada por un empleado de la incidentista.- Sobre esto último, debe tenerse presente que el conocimiento requerido por la ley adjetiva como determinante para el cómputo del plazo fijado para deducir la nulidad procesal no es otro que el que puede tomar cualquier persona capaz y consciente de sus actos.
De lo contrario debería concluirse en la imposibilidad de un planteo de nulidad de la notificación de la demanda en cualquier tipo de proceso sal-vo que el emplazado fuera profesional del derecho (confr. Cám. Nac. Civ., Sala G, 17/11/81, La Ley 1982 - B, p. 361, citado en Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Pro-cesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, T° II-C, 2ª. edición, Buenos Aires, Librería Platense, Abeledo Perrot, 1986, págs. 360/ 361).- Lo cierto, y no ha sido negado por la nulidicente, es que la cédula fue diligenciada en una sede de la empresa y fue recibida por un empleado de ésta. Si bien puede dudarse y cuestionarse la validez de esta notificación a los fines del traslado de la demanda, lo que no puede discutirse es que de dicho acto se desprenden elementos fácticos y objetivos que analizados a la luz de los principios de la sana crítica, nos llevan a concluir que la toma de conocimiento del vicio nulificante se produjo a raíz de ese acto, practicado el 28/3/2007.
Esta última fecha debe ser te-nida como el punto de partida para el cómputo del plazo concedido para la interposición de la nulidad intentada.- Conforme lo expuesto ut supra, dado que la denuncia de nulidad en estudio data de fecha 28 de agosto de 2008, habiendo vencido en exceso el plazo que pregona el art. 171 del CPC y C (el que comenzó a correr el 28/3/2007) re-sulta la misma extemporánea, circunstancia que conlleva, sin más el rechazo de la nulidad articulada por la codemandada Weatherford International de Argentina S.A. Asimismo, y dado la manera en que se decide, deviene en abstracto expedirse sobre los demás planteos que integran el recurso de casación. Las costas se imponen a la vencida (confr. art. 68 del CPC y C), teniendo presente la reserva del caso federal.- Por todo lo expuesto, a esta Primera Cuestión voto por la negativa.-
A la SEGUNDA CUESTION: el Dr. Mariani dijo:
En razón de mi voto afirmativo al votar la Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 241/261, y por ende casar la sentencia interlocutora dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 235/237, en todas sus partes y, al componer positivamente la litis, hacer lugar al incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda a la codemandada Weatherford International de Argentina S.A., obrante a fs. 39 y vta. de los autos principales.-
Las Dras. Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento del Dr. Mariani.-
A la SEGUNDA CUESTION el Dr. Peretti dijo:
Teniendo presente la forma en que me he pronunciado al tratar la primera cuestión, soy de opinión que el Tribunal debe rechazar el recurso de casación interpuesto por la codemandada Weatherford International de Argentina S.A. a fs. 241/261, y en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que obra a fs. 235/237, con costas a la recurrente vencida (art. 68, 2do. párrafo del CPC y C), teniéndose presente la reserva del caso federal.-
En virtud de lo cual se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, de marzo de 2014.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Vocal a cargo de Presidencia, Dr. Daniel Mauricio Mariani; y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 241/261 y en consecuencia, casar, en todas sus partes, la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 235/237, con costas.-
2. Hacer lugar al incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda a la codemandada Weatherford International de Argentina S.A., obrante a fs. 39 y vta. de los autos principales.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006S.141 Tomo: XVII Sentencia: 567.-
Folio N°: 3.224/3.230.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia