Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180.933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de la actora, revocar la sentencia del 9 de abril de 2024 y admitir la pretensión contenida en la demanda incoada por Federico Nicolás Alejandro Salomón en contra de Carlos Ricardo Crivelli, condenando a este último a que a—en el plazo de diez días de quedar firme la presente— abone al actor las siguientes indemnizaciones: (1) como indemnización por daño moral, el equivalente en pesos a la suma de mil cien dólares estadounidenses (U$S 1.100). Dicha deuda de valor expresada en moneda sin curso legal deberá convertirse a pesos en etapa de liquidación bajo las pautas indicadas en el considerando III.b.i, y sus intereses deberán liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el considerando III.b.ii; (2) la pérdida de chance reconocida en esta sentencia, cuya cuantificación se difiere a la etapa de ejecución bajo las pautas indicadas en el considerando III.c y con los intereses allí referidos;
II. Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido;
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
Expte. Nº 180.933. Juzgado Civil y Comercial N° 2 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SALOMÓN FEDERICO NICOLÁS ALEJANDRO C/ CRIVELLI CARLOS RICARDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” [causa n° 180.933]”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 9 de abril de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 9 de abril de 2024, la jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 2 departamental dictó sentencia definitiva y rechazó la pretensión contenida en la demanda iniciada por Federico Nicolás Alejandro Salomón en contra de Carlos Ricardo Crivelli.
Para así decidir, tuvo por no discutido que el actor Federico Salomón es propietario de un perro de raza bulldog francés hembra (registrada como “Valkiria Amour Sucre” en el Kennel Club Argentino y denominada coloquialmente como “Berta”). Tampoco se ha controvertido que Salomón requirió los servicios profesionales del demandado Carlos Crivelli, quien —en su carácter de médico veterinario— llevó adelante una cesárea programada de la perra Berta el 25/10/2021 a las 13 hs. en su consultorio veterinario. No se ha discutido que en dicha intervención (en la que también participó Juan Mónaco como anestesista y Gustavo Aguilar como cirujano) la perra Berta dio a luz a ocho crías, siete de las cuales murieron ese mismo día y la octava fue muerta por la madre nueve días después. La jueza consideró que no se acreditó que, tal como alegó el actor, el fallecimiento de las crías haya tenido relación causal con una mala praxis del veterinario demandado. Para llegar a esa conclusión, enfatizó que; (1) ese resultado no se produjo por la falta de “elementos que necesariamente debiera contar el Veterinario Crivelli y/o sus auxiliares, y/o por falta de higiene, y/o esterilización de todo el instrumental”; (2) “la decisión del veterinario Crivelli de requerir la colaboración del médico veterinario anestesista Juan Mónaco, devino criteriosa y diligente”; (3) no se ha acreditado que la cesárea hubiera sido prematura; (4) no se probó que la conducta posterior a la cesárea, en la que se realizó un trabajo de reanimación sobre las crías, haya sido determinante para su muerte y (5) no hay nexo causal entre la falta de suscripción de un formulario de consentimiento informado con el daño invocado.
Bajo esos fundamentos, rechazó la demanda e impuso las costas al accionante.
II. El recurso del actor.
Federico Salomón apeló la sentencia el 15/04/2024 y fundó su recurso el 14/08/2024, mediante expresión de agravios que fue contestada el 22/08/2024 por el demandado. Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(1) Que si, tal como alegó el veterinario al contestar la demanda, el motivo de deceso de los cachorros fue la falta de maduración, su mala praxis viene dada por haber programado una cesárea antes de tiempo, poniendo en riesgo cierto de vida a las crías.
(2) Que debe responsabilizarse al demandado por su intervención profesional no sólo en el momento de la cesárea, sino también antes y después a ese acto quirúrgico, ya que Crivelli llevó a cabo todo el control de la gestación desde su inicio y era el único responsable de examinar al animal, previo a la cirugía, a fin de conocer si estaban en condiciones de nacer sus crías. Agregó que tampoco se cumplió con lo recomendado según la pericia para el nacimiento de crías sin estímulos, al no haber dejado un profesional a cargo de la guarda de los animales.
(3) Que la jueza no valoró que, según surge de la prueba informativa, la habilitación municipal del consultorio veterinario del demandado se encuentra vencida.
(4) Que la falta de consentimiento informado es relevante porque, de haber conocido los riesgos, el actor hubiera optado por otra alternativa para el parto de las crías.
III. La solución del caso.
a. Sobre la responsabilidad del demandado.
El recurso prospera. La sentencia debe ser revocada y la demanda admitida.
En su demanda, el actor Federico Salomón efectuó múltiples reproches a la actuación del veterinario demandado. Uno de ellos fue, concretamente, que la cesárea programada por Crivelli puso en riesgo cierto de vida a los cachorros y debió haberse postergado hasta tanto éstos tuvieran un peso adecuado. Ahora bien: entre los argumentos que la jueza esgrimió para rechazar la demanda, señaló que la pericia veterinaria “tampoco se pronuncia respecto a que la decisión del Dr. Crivelli de llevar adelante la cirugía en la fecha en que lo hizo no fuera la correcta a la luz de los elementos con los que contaba -ecografía y análisis-“.
No coincido con esta visión del caso: la circunstancia de que la pericia no haya aseverado que la fecha en la que se llevó a cabo la cirugía fuera inadecuada para el grado de maduración de las crías no puede llevar a concluir automáticamente, como hizo la colega, que: (a) la fecha fijada para la cirugía fue correcta; (b) las crías tenían un grado de maduración suficiente para nacer ese día.
Estas dos conclusiones no sólo no se desprenden de la pericia sino que, además, son incorrectas según surge de la propia contestación de la demanda, oportunidad en la que el veterinario Crivelli reconoció que la razón por la que las crías fallecieron luego de practicada la cesárea en su consultorio fue su inmadurez gestacional. Concretamente, el demandado señaló que “Al momento de la intervención y al realizar la histerotomía (apertura del útero) tanto el profesional anestesista, como el cirujano y el suscripto notamos la inmadurez de las crías.” Ello es compatible con lo que surge de las conversaciones que actor y demandado mantuvieron vía Whatsapp cuatro días después de la cesárea, el 29/10/2021, en las que el veterinario Crivelli refirió: “Federico hay cosas que deben quedar claras. Desde que hiciste inseminar a la perra, tu decisión era hacer una cesarea programada a los 60 dias. La biologia no es matematicas y debiste saberlo. Los cachorros tenian un bajo peso, el mas grande pesaba 220 gs. Eran inmaduros. Si te dedicas a criar o conoces gente que lo hace, porqué no les preguntas cuanto pesan los cachorros al nacer. Los tuyos no respondian a ningun estimulo de reanimación. Lo lamento por ellos. Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance” (sic; la autenticidad formal de este registro fue constatada por la perito informática el 20/06/2023).
Cabe recordar que la prueba pericial tiene como objetivo principal proporcionar elementos técnicos para que el juez pueda dirimir los contrapuntos fácticos que surgen del relato que propone cada una de las partes. En este caso, la jueza tomó una porción del informe pericial (o, mejor dicho, un vacío en la pericia sobre uno de los aspectos dirimentes de la causa) y le asignó un valor asertivo para llegar a una conclusión sobre un punto que, lejos de estar controvertido, fue admitido por el propio demandado (arts. 354, 358 y 457 del CPCCBA).
Reconocida por el demandado la causa por la que la cirugía cesárea tuvo un resultado negativo, queda ahora indagar si el veterinario conocía —o debía conocer, obrando con prudencia y de acuerdo a las reglas de su disciplina— si el grado de madurez gestacional de las crías era apto —o no— para practicar el procedimiento en cuestión.
La respuesta es positiva.
En su informe pericial, el Perito Veterinario Mauricio Torres explicó que en casos como éste, en el que se ha producido una inseminación artificial, ése “es el momento crucial donde se inicia el conteo de los días de gestación, un mal procedimiento en el inicio puede concluir en la mala determinación de los días de gestación” (sic; v. punto de pericia n° 2 de la actora en la presentación electrónica del 20/05/2023).
Al ser preguntado sobre si los cachorros tenían un peso suficiente al momento de la cesárea, el experto indicó que “para esta pregunta, la respuesta sería que más que el peso es importante conocer la maduración de los cachorros en el útero, por este motivo hay que hacer foco a mi parecer, en establecer el momento del día 0, hay que averiguar quién estableció el día de la inseminación, en qué fecha la perra presentaba el momento justo de ovulación, cuántas inseminaciones, cuánto semen se aplicó, cuántas veces se repitió la operación, quién la realizó; ya que si se realizaron varias intervenciones, en diferentes días y viendo que el espermatozoide dura varios días en el útero, la pregunta de nuevo es definir cuál es el día donde se empieza a contabilizar la gestación. Aunque es claro que en ambas ecografías se determina la edad de gestación en días, las cuales sirven de guía para el profesional veterinario” (v. punto de pericia n° 8 de la actora en la presentación electrónica del 20/05/2023).
La circunstancia de que las ecografías resultan una guía para conocer el grado de madurez gestacional, pero no constituyen un elemento suficiente para saber el tiempo exacto de gestación (elemento que, como señaló el perito, es crucial para programar la cesárea) también fue expresamente reconocida por el veterinario al contestar la demanda, oportunidad en la que manifestó que “Ahora bien, con las ecografías que el Sr. le hacía a su perra y se las llevaba al veterinario podía determinarse la madurez de los cachorros NO, solo puede determinarse la madurez intrauterina; ello no significa que fuera del vientre de la madre los cachorros puedan vivir” (sic). La jueza se hizo eco de esta circunstancia en la sentencia, indicando que, como la perra Berta fue sometida a dos procesos de inseminación artificial en las que no intervino el veterinario demandado “se colige la imposibilidad de definir cuál es el día donde se empieza a contabilizar la gestación”. Está claro, a esta altura, que Crivelli realizó la cesárea antes de tiempo porque no podía conocer el día exacto de inicio de la gestación (art. 384 del CPCCBA).
Tanto al contestar la demanda, como así también en las conversaciones mantenidas por Whatsapp, el veterinario demandado ha deslizado la idea de que la cesárea fue realizada el 25/10/2021 porque así se lo pidió el cliente. Concretamente, señaló que “la cesárea se realizó a los 60 días del primer servicio tal cual lo solicitó el actor” (sic; v. punto V de la contestación de demanda; art. 354 del CPCCBA). En similar sentido se expidió en la conversación que tuvo vía WhatsApp con Salomón, y que vuelvo a transcribir por su relevancia para el caso, ya que el veterinario respondió al reclamo pre-judicial del actor enfatizando que “desde que hiciste inseminar a la perra, tu decisión era hacer una cesárea programada a los 60 días” (sic). En la ficha con el resumen de historia clínica acompañada por el propio demandado, se observa que el veterinario dejó asentado: “04.10.21: preñada (servida el 25/8, 27 y 30/8). Eco preñez múltiple 7/8 imágenes. Edad gestacional 35,5 días” (sic; el resaltado no es de origen).
Luego, el 23/10/21, el veterinario anotó: “edad gestacional 58 d”. Esta anotación es llamativa: para que la edad gestacional fuera de 58 días al 23 de octubre, el inicio de esta gestación debería computarse el 24 de agosto, un día antes de la primera inseminación.
Ahora bien, de acuerdo al informe pericial veterinario, "por regla general se toma el último día de la última inseminación" (v. punto n° 2 en la presentación electrónica del 20/05/2023). La pericia indica que "Los bulldogs franceses son como cualquier otra raza canina en lo que respecta a la duración de la gestación. Este periodo debe durar entre 58 y 68 días. El periodo medio de gestación suele ser de 63 días desde el día de la concepción" (punto de pericia n° 4).
Ello permite concluir que, si el veterinario conocía que la perra Berta había sido servida en tres oportunidades, y que la última de ellas había ocurrido el 30/08/2021, fue a partir de esa fecha que debió computar la edad gestacional para programar la cesárea: ya sea a los 60 días —tal como decidió— o en algún plazo dentro del rango de 58/68 días que ha indicado el perito veterinario. Los cierto es que, con la información que el veterinario tenía, en ningún caso la cesárea debió haberse realizado antes del 27 de octubre de 2021 (58 días posteriores al último servicio).
En este contexto, el argumento defensivo que esgrime el demandado (planteando que fue el cliente quien le pidió que la cesárea se hiciera a los 60 días de la inseminación) no resulta atendible, toda vez que —como ya expliqué en los párrafos anteriores— debió tomar esos 60 días desde la última inseminación. De acuerdo a la Historia Clínica, ello ocurrió el 30 de agosto, lo que implica que, aún si el objetivo fuera atender el pedido que el actor le habría hecho, el día de la cesárea debió ser el 30 de octubre y no el 25, como finalmente ocurrió.
En síntesis: el veterinario demandado reconoció al contestar la demanda que las crías de la perra Berta murieron por falta de maduración. Simultáneamente, admitió que las ecografías con las que contaba no son suficientes para conocer los días exactos de gestación, dato que —según surge de la pericia— es clave para poder realizar una cesárea exitosa. Finalmente, terminó por intentar trasladar la responsabilidad de su desacierto al actor, alegando que fue el cliente —y no él, como veterinario al cuál se le había encomendado el procedimiento— quien decidió la fecha de la cesárea.
El Código de Ética confeccionado por el Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Bs. As. dispone que éstos deben: “Actuar con la debida diligencia, evitando caer en conductas negligentes, tales como (…) No utilizar los medios adecuados para el caso; (…). El art. 15 agrega que “el veterinario podrá rehusarse a continuar la atención de un caso, cuando el comportamiento del cliente va en desmedro de su actuación en el mismo y/o afecte su prestigio profesional.”
Ello implica que si el veterinario Crivelli no conocía la fecha exacta de gestación (que, insisto, ha sido demostrada como un elemento central para programar la cesárea) bien pudo —mejor dicho, bien debió— abstenerse de realizar una práctica que, ante la falta de información suficiente, implicaba el riesgo de que las crías fallecieran por falta de maduración, lo que —tal como él mismo reconoció— terminó ocurriendo. En consecuencia, se hace lugar al recurso de la actora, se revoca la sentencia apelada y se admite la demanda, responsabilizando al veterinario Carlos Ricardo Crivelli por los daños que a continuación se individualizarán (arts. 1716, 1724, 1725, 1737, 1738 y ctes. del CCyC).
b. Sobre el daño moral.
La accionante alegó que el hecho acontecido afectó su integridad emocional, por lo que reclamó, en concepto de daño moral, la suma de $500.000 o lo que, en más o en menos, resulte de la prueba (v. punto 2 de la demanda; art. 330 del CPCCBA).
El rubro prospera.
i. Los hechos acreditados que motivan esta demanda me permiten concluir que Federico Salomón ha sufrido—efectivamente— un padecimiento no susceptible de apreciación pecuniaria que debe ser resarcido a título de daño moral, y que autoriza a presumir una modificación del espíritu, traduciéndose en un modo de estar diferente de la víctima a aquél al que se hallaba con anterioridad al hecho y como consecuencia de éste, perturbando -en consecuencia- su tranquilidad.
Este Tribunal ha dicho que la fijación de la reparación del daño extrapatrimonial queda librada al criterio del juez, aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“Bravo...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -"Rabainera..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -"Lasa..."- sent. del 08/10/2020).
En este caso, he ponderado que, tal como ha quedado acreditado, la mala praxis del médico veterinario Carlos Crivelli frustró la expectativa razonable que tenía el actor respecto al procedimiento quirúrgico que le había encomendado. No se ha discutido que la programación de la cirugía cesárea finalmente fallida implicó una serie de pasos previos cuya frustración final sin dudas ha afectado la tranquilidad espiritual del actor Federico Salomón, quien, con razón, se sintió defraudado en la confianza depositada en el profesional veterinario. El actor ingresó al consultorio del veterinario con una perra de raza embarazada de ocho cachorros de los cuales siete murieron ese mismo día a causa de la inmadurez gestacional que fue advertida por el veterinario recién al momento de abrir el útero del animal (arts. 330, 375, 384 y 474 del CPCC).
Teniendo en cuenta estas circunstancias, considero justo y razonable fijar la indemnización por daño moral en el equivalente en pesos a la suma de mil doscientos dólares estadounidenses (U$S 1.100) que estimo necesarios para afrontar los costos de un paquete vacacional en Carmelo Resort Spa (Uruguay), viaje y hotel incluidos (fuente: pezzati.com, último día de consulta: 25/10/2024) [arts. 7 y 1741 del CCyC].
Si bien he propiciado que la cuantificación del valor controvertido sea efectuada íntegramente en etapa de ejecución a manos del juez o jueza de primera instancia, lo cierto es que la modalidad propuesta -que reconoce precedentes de esta misma Sala; v. c. 167352 -"Verdinelli, Néstor..." del 25/03/2021- asegura el mismo resultado en términos de protección del crédito de la víctima frente al fenómeno inflacionario (mi voto en causas “Pérez, Paola...”, “Palacios, Melani” y “Palacios, Euclides...” -c. 174213, 174382 y 174386, sent. únic. del 29/12/2022, entre otros).
La conversión a pesos de la deuda de valor expresada en moneda sin curso legal deberá ser efectuada en etapa de liquidación al tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" -entre ellos, el que resulte más alto- vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares (v. causas Sala II, n° 171468 -"R., K. E."- sent. del 10/06/2021, n° 161853 -"Marengo"- sent. del 26/08/2021 y n° 171395 -"Jesús..."- resol. del 21/09/2021). Al momento de liquidar el crédito, las partes deberán reparar en las cotizaciones publicadas por el periódico “Ámbito” (www.ambito.com) (Sala II, causa 178.063, "Balmaceda Eva H. y ot. s/ Debenjak, Liliana R. s/ Cumplimiento de contrato", sent. del 02/11/2023). Si al tiempo de liquidar el crédito dicha modalidad de adquisición de dólares no estuviera disponible, la jueza deberá reemplazarla por un tipo de cambio análogo determinado en base a variables económicas reales y transparentes —no meramente artificiales e hipotéticas— y que no suponga para el deudor una ventaja patrimonial sin justificación en desmedro de los derechos acordados a los acreedores (fallo "R., K. E.", ya citado, voto del Dr. Loustaunau; Mazzinghi, Marcos, "El cepo cambiario y las obligaciones de pago en moneda extranjera", RCCyC 2015 (agosto), 17-8-2015, 202, cita en línea. AR/DOC/2603/2015).
Asimismo, se aclara que, al momento del pago, no deberá realizarse un nuevo avalúo del servicio que he tenido en cuenta para fijar la indemnización, por cuanto ello desvirtuaría el fin práctico que aquí se busca. Dicho de otra manera: lo único que podrá variar al momento de liquidar la deuda es el precio de la divisa necesaria para adquirir el servicio turístico pagadero en el exterior aquí referido, pero no así el precio relativo de este servicio, pues éste representa el valor del servicio tomado en cuenta al momento del dictado de esta sentencia y, en consecuencia, del capital que ha de mantenerse inalterado hasta la extinción de la obligación.
ii. A fin de evitar enriquecimientos incausados y repotenciaciones indebidas, los intereses sobre este rubro deberán calcularse aplicando al caso la doctrina de la Casación fijada en el caso "Panettieri" (SCBA, C. 123.306, del 25/11/2020).
Si bien en este precedente la Corte evaluó los intereses moratorios aplicables a deudas de dar moneda extranjera (art. 765 del CCyC), lo allí resuelto —en particular, lo dicho por el Ministro Soria en el considerando «II.3.b.ii» de su voto— me persuade de aplicar idéntico criterio para obligaciones de valor expresadas en moneda sin curso legal (art. 772 del CCyC): esto es, liquidar los accesorios por mora a «la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días» desde la mora y hasta la conversión en moneda nacional (SCBA, fallo cit.; en idéntico criterio —confirmado por la propia Casación— véase la sentencia de la Sala Tercera dictada en el mismo caso “Panettieri”, c. 165934 del 4/04/2019).
De mediar alguna forma de mora de la parte condenada luego de la conversión a moneda nacional al momento de liquidar el crédito y hasta el efectivo pago, corresponderá aplicar la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización (art. 768.c del CCyC; esta Sala en c. 167.589, -"Melegari, Bernardo...” del 16/4/2020).
c. Sobre el daño patrimonial.
En su demanda, el actor estimó que el valor de mercado promedio de un cachorro de raza bulldog francés ronda la suma de $300.000. Para calcular el rubro, sostuvo que las crías fallecidas luego de la cesárea fueron 8, y reclamó, como indemnización del daño patrimonial, un total de $2.400.000. El rubro prospera, pero con distintos fundamentos y alcances a los solicitados en la demanda.
Lo que aquí se reclama es, en rigor de verdad, una pérdida de chance: los hechos relatados en la demanda y los parámetros dados por la actora para cuantificar el rubro demuestran claramente que Salomón pretende ver resarcida la frustración de su expectativa de poder vender los cachorros de su perra Berta.
Ahora bien: el cálculo prudente de esa chance no puede efectuarse, como pretende el actor, mediante una simple multiplicación lineal del valor estimado de un cachorro de bulldog francés por el número de cachorros que fallecieron con posterioridad a la cesárea practicada por el demandado. Es que el comportamiento antijurídico del demandado ha interferido en el curso normal de los acontecimientos de un modo tal que no puede saberse con certeza si el afectado habría o no obtenido cierta ventaja o evitado cierta pérdida, generándose de tal modo la incertidumbre de saber si el beneficio se habría producido efectivamente; en dicha medida, se ha cercenado una expectativa, la probabilidad de una ventaja (v. mi voto en c. 161257 -"Pellizzi, Christian M.", del 06/10/2016; SCBA, Ac. 91.262 S. 23-5-2007, C 101.593 S. 14-4-2010, entre otros).
Ningún emprendimiento de esta naturaleza asegura el éxito de ventas que el actor da por hecho en su demanda: aun imaginando que las crías caninas hubieran sobrevivido a la cesárea, ello no obliga a presuponer —sin más— que el actor hubiera obtenido las ganancias que cuantifica en su escrito inicial. Lo que la conducta del demandado ha generado, reitero, es la frustración de una probabilidad de obtener ventajas económicas. Por supuesto que definir el valor económico de este perjuicio es una tarea compleja, si se tiene en cuenta que la chance cercenada se vincula a una hipotética ganancia neta que le hubiera podido reportar a Salomón la venta de los cachorros, y que solo podría cuantificarse (1) calculando la tasa de sobrevida de los cachorros; (2) ponderando la chance de efectivamente venderlos a todos y (3) descontando de un hipotético valor de venta los costos usuales de la crianza hasta el momento de la venta (entre muchos otros: alimentos, atención médica, vacunas, traslados, etc.).
Por las circunstancias técnicas ya descriptas en la pericia vinculadas con la fisonomía de este tipo de animales, es razonable estimar que no todas las crías de una camada de bulldog francés nacen con vida (sea por cesárea, sea por parto natural) y sobreviven los primeros días. Por ese motivo, y no habiendo el actor aportado pruebas (estadísticas, pericias, etc.) que aporten certeza sobre este punto, entiendo que la indemnización de la pérdida de chance debe cuantificarse aplicando una tasa de sobrevida del 60%. Aquí cabe señalar otra diferencia con lo que pretende el actor, que, al reclamar el valor de ocho crías, ha omitido que, según el “contrato de cruce de perros bulldog francés” que él mismo ha acompañado en la demanda, cuando la camada fuera mayor a 5 cachorros (como en este caso) la dueña del macho (ajena a este litigio) “tendrá derecho a dos cachorros” (sic; v. documental acompañada en formato pdf a la demanda).
Aplicando ese razonamiento a una camada de ocho cachorros, estimando que seis nacerán con vida, y restando los dos que corresponden a la dueña del perro utilizado para la inseminación, entiendo que la chance debe calcularse sobre el valor de cuatro cachorros.
Por último, teniendo en cuenta que la venta de esos cachorros implica una operación comercial que depende de múltiples factores (posibilidad de ofertarlos, demanda, estabilidad de la economía, etc) y que hasta ese momento el dueño deberá cargar con los costos de alimentos, vacunas y medicamentos considero prudente aplicar un descuento del 50% sobre el valor de venta de esos cuatro cachorros.
Esta operación implica que la indemnización por pérdida de chance debe representar el valor de dos cachorros de bulldog francés, lo que así propongo al acuerdo.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el oficio contestado por el Kennel Club Argentino informando esos valores (ver respuesta del 17/05/2023), considero prudente y adecuado diferir el proceso de cuantificación del rubro para la etapa de ejecución de sentencia, en la que la jueza deberá requerir un nuevo informe al Kennel Club Argentino para que indique el valor actualizado de un cachorro de bulldog francés. Luego, deberá multiplicar por dos el valor promedio de los precios que allí se indiquen para arribar al monto total de la indemnización por pérdida de chance (art. 165 del CPCCBA).
Los intereses de este rubro se calcularán, desde la fecha de la mora (que, al tratarse de la pérdida de chance de seis ventas que se hubieran producido, probablemente, en momento distintos, fijo prudencialmente en el día 25 de octubre de 2022, un año después de la cesárea) hasta el día esta sentencia, a una tasa pura del 6% anual no capitalizable. A partir de allí, y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización (art. 768.c del CCyC; esta Sala en c. 167.589, -"Melegari, Bernardo...” del 16/4/2020).
Con esos alcances, se hace lugar al recurso de la parte actora.
IV. Costas.
Teniendo en cuenta el resultado del recurso y el éxito de la demanda, las costas de ambas instancias se imponen al demandado, en su calidad de vencido (arts. 68 y 274 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de la actora, revocar la sentencia del 9 de abril de 2024 y admitir la pretensión contenida en la demanda incoada por Federico Nicolás Alejandro Salomón en contra de Carlos Ricardo Crivelli, condenando a este último a que a—en el plazo de diez días de quedar firme la presente— abone al actor las siguientes indemnizaciones: (1) como indemnización por daño moral, el equivalente en pesos a la suma de mil cien dólares estadounidenses (U$S 1.100). Dicha deuda de valor expresada en moneda sin curso legal deberá convertirse a pesos en etapa de liquidación bajo las pautas indicadas en el considerando III.b.i, y sus intereses deberán liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el considerando III.b.ii; (2) la pérdida de chance reconocida en esta sentencia, cuya cuantificación se difiere a la etapa de ejecución bajo las pautas indicadas en el considerando III.c y con los intereses allí referidos; II) Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido; III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de la actora, revocar la sentencia del 9 de abril de 2024 y admitir la pretensión contenida en la demanda incoada por Federico Nicolás Alejandro Salomón en contra de Carlos Ricardo Crivelli, condenando a este último a que a—en el plazo de diez días de quedar firme la presente— abone al actor las siguientes indemnizaciones: (1) como indemnización por daño moral, el equivalente en pesos a la suma de mil cien dólares estadounidenses (U$S 1.100). Dicha deuda de valor expresada en moneda sin curso legal deberá convertirse a pesos en etapa de liquidación bajo las pautas indicadas en el considerando III.b.i, y sus intereses deberán liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el considerando III.b.ii; (2) la pérdida de chance reconocida en esta sentencia, cuya cuantificación se difiere a la etapa de ejecución bajo las pautas indicadas en el considerando III.c y con los intereses allí referidos; II) Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido; III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia