Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-14771437-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 9 de Febrero de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El EX-2022-86226360- -APN-SGAI#TFN caratulado “SALOMON MARIA SALMA” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que mediante el RE-2022-86225760-APN-SGAI#TFN, se presenta la actora e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 48/2022 (DV RRTU), de fecha 15/07/2022, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán, de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto a las Ganancias 2019, por la suma de $798.658,92, con más la suma de $577.257 en concepto de intereses resarcitorios.
En primer término, plantea la nulidad de la resolución que diera origen a las presentes actuaciones por cuanto la misma no habría sido notificada debidamente a los sujetos obligados, es decir, en el domicilio real que consta en sus respectivos Documento Nacional de Identidad (DNI), sito en la calle Muñecas N° 730, 8vo “A” de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Para ello, argumenta que atento al fallecimiento del Sr. Ricardo Jesús Salomon y el respectivo bloqueo de su clave fiscal, le resultaba imposible el acceso al sistema para tomar conocimiento de las notificaciones que fueron cursadas al domicilio fiscal electrónico del mismo, siendo estas últimas únicamente válidas para aquel sujeto que lo constituyó no así para sus herederos.
A su vez, explica y remarca que al momento de tomar vista de la sucesión del Sr. Ricardo Jesús Salomon, el Fisco Nacional tuvo oportunidad de conocer el domicilio real denunciado por la recurrente, por lo que jamás podrían haber tomado conocimiento de las actuaciones ya que las notificaciones fueron cursadas a un domicilio que no les pertenece, sito en la calle Santa Fe N° 1834, Depto. 3 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Acompaña prueba documental y solicita se declare la nulidad de la resolución atacada y de todas las actuaciones.
II. Que por medio del IF-2022-130493047-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Se opone a la prueba ofrecida. Hace reserva de caso federal. Finalmente solicita se confirme la resolución apelada, con costas. Con relación al planteo de nulidad articulado por la recurrente, sostiene que de conformidad con la normativa aplicable y de la compulsa las constancias obrantes en los antecedentes administrativos se pueden extraer fácilmente dos conclusiones, a saber:
(i) que las notificaciones efectuadas a lo largo del procedimiento determinativo han sido acordes a lo que prescribe dicha normativa.
(ii) que incumbía a la recurrente arbitrar los medios necesarios a fin de vincular la clave fiscal junto con el domicilio fiscal electrónico, ello sin perjuicio de que también fueron notificadas en su domicilio declarado ante el Fisco Nacional.
A ello agrega que la notificación fue realizada en el domicilio electrónico de la Sucesión y que las herederas son responsables de las obligaciones del fallecido, a ello sumado que no existe disposición alguna que exija notificar a otro domicilio que no sea el domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente o el domicilio declarado oportunamente por los herederos ante el Fisco Nacional.
Afirma que de los antecedentes administrativos surge que, tanto María Paula Salomón como María Salma Salomón, en fecha 14/01/2021 y 22/04/2020, respectivamente, actualizaron sus datos biométricos, sin efectuar ningún cambio en sus domicilios.
Con respecto al fondo de la cuestión, solicita se confirme la resolución apelada por cuanto la recurrente no ha efectuado una crítica sobre el ajuste proyectado en la determinación de oficio.
Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a través de la PV-2023-132181868-APN-VOCVI#TFN, se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y en IF-2023-145822060-APN-VOCVI#TFN se disponen los autos para el dictado de la sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre si la resolución apelada se ajusta a derecho, considerando el planteo de nulidad efectuado por la recurrente a lo largo de su escrito recursivo. Cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma.
Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica – AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que corresponde tratar la nulidad planteada por el recurrente respecto de la validez la notificación de la resolución apelada en virtud de que, supuestamente, habría sido notificada a un domicilio fiscal que no le correspondería a la recurrente.
Teniendo a la vista los antecedentes administrativos correspondientes al contribuyente Sucesión de Salomón Ricardo Jesús obrantes en las presentes actuaciones, surge que el acto administrativo que aquí se cuestiona, fue notificado de oficio al domicilio fiscal electrónico de la sucesión en fecha 25/07/2022, mientras que a las Sras. María Paula Salomón y María Salma Salomón lo fue a su domicilio “LEGAL/REAL” declarado en fecha 28/07/2022, en los términos del en los términos del art. 100 inc. g) y e) de la ley de rito, respectivamente. Todo ello de conformidad con las constancias de notificación obrantes a fs. 184/186 del Cpo. Legajo Impuesto a las Ganancias Sucesión de Salomón Ricardo (vide IF-2022-130463042-APN-DTD#JGM). Por lo tanto, queda sin sustento lo alegado por la recurrente de no haber recibido el mismo puesto que no se advierte vicio alguno que pueda tornar procedente la nulidad de la notificación, considerada como deficiente por la recurrente. En ese contexto, y en razón de las argumentaciones de las partes, corresponde analizar la normativa aplicable al régimen de notificación electrónica a la luz de los cuestionamientos efectuados por la recurrente. Sobre el particular, el artículo agregado a continuación del artículo 3°de la Ley N° 11.683 establece que “Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado y válido, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza que determine la reglamentación; ese domicilio será obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.”
“La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la forma, requisitos y condiciones para su constitución, implementación y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.”
En concordancia con dicho precepto, el actual artículo 100 inciso g) de la Ley N° 11.683 señala que “Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas: ... g) por comunicación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable, en las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, los que deberán garantizar la correcta recepción por parte del destinatario...”.
En ese sentido, el organismo recaudador reglamentó el domicilio fiscal electrónico a través de la RG 4280/18 y en su artículo 1° estableció que “Los contribuyentes y/o responsables deberán constituir con carácter obligatorio el Domicilio Fiscal Electrónico a que se refiere el artículo sin número agregado a continuación del Artículo 3° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, modificado por la Ley N° 27.430, conforme a las formas, requisitos y condiciones que se establecen por la presente.
Los sujetos que tramiten la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) deberán registrar la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico como requisito previo a darse de alta en los impuestos y/o regímenes correspondientes.”.
Por su parte, el artículo 2° de la mentada resolución estableció que “A los efectos de la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico, los sujetos indicados en el artículo precedente, deberán ingresar al servicio denominado “Domicilio Fiscal Electrónico” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), utilizando la Clave Fiscal obtenida conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones, debiendo además informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, a través del mencionado servicio “web”.
Ahora bien, con respecto a los efectos del domicilio fiscal electrónico, la normativa dispuso que aquél “...producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones aludidas en el Artículo 5°, que allí se practiquen” (art. 4°)
Asimismo, señala que pueden notificarse vía domicilio electrónico “...las citaciones, requerimientos, liquidaciones, intimaciones, emplazamientos, avisos, anuncios, comunicados, etc. de cualquier naturaleza emitidos por este Organismo... “, debiendo darse aviso de las comunicaciones o notificaciones remitidas al Domicilio Fiscal Electrónico mediante mensajes enviados a la dirección de correo electrónico o número de teléfono celular informado por el contribuyente o responsable.” (Art. 5°)
Finalmente, los artículos 6° y 7° de la R.G. AFIP N° 4280/2018 establecen los requisitos que deben contener las notificaciones electrónicas, así como también las formas de tomar conocimiento de los actos notificados y el perfeccionamiento de las mismas.
En este sentido el primero de los artículos mencionados establece que “Para notificarse o tomar conocimiento de los actos a que se refiere el artículo precedente, los contribuyentes y/o responsables, por sí o a través de las personas debidamente autorizadas, deberán ingresar al servicio “web” con Clave Fiscal “Domicilio Fiscal Electrónico” o consultar en el “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla Electrónica (WSCCOMU).
Dicho ingreso o consulta podrá efectuarse las VEINTICUATRO (24) horas del día, durante todo el año. (…)” Por último, según el art. 9° el Domicilio Fiscal Electrónico que hubiera sido registrado en los términos de la Resolución General N° 2.109, sus modificatorias y su complementaria, se reputará válidamente constituido en el marco del presente régimen, sin necesidad de efectuar el procedimiento establecido en el Capítulo A, debiendo únicamente cumplir con el deber de informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, en caso de no haberlos informado. El art. 10 prevé que los sujetos indicados en el Artículo 1°, que a la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial no hayan constituido el Domicilio Fiscal Electrónico, deberán cumplir con la obligación de constituirlo hasta el día 30 de noviembre de 2018, inclusive, excepto que se encuentren obligados a su constitución con anterioridad a dicha fecha.
En lo que respecta a la situación de los herederos, cabe recordar que el art. 5 de la ley de rito establece que “Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio, con respecto de estos últimos, de la situación prevista en el inciso e) del artículo 8°. Revisten el carácter de contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria: (…) d) Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la ley respectiva”.
A todo ello cabe recordar que la constitución de domicilio electrónico resulta obligatoria, en atención a la modificación introducida por la Ley N° 27.430 a la Ley N° 11.683.
Ello así, de conformidad con la normativa anteriormente expuesta el planteo de la actora no puede prosperar. En efecto, a partir del escenario normativo y fáctico supra reseñado, se advierte que:
(i) el Sr. Ricardo Jesús Salomón al momento de su fallecimiento en fecha 28/10/2020, tenía constituido el domicilio fiscal electrónico. Mientras que sus herederas tanto María Paula Salomón como María Salma Salomón, en fecha 14.1.2021 y 22.4.2020, respectivamente, actualizaron ante el Fisco Nacional sus datos biométricos, sin efectuar ningún cambio en sus domicilios, hecho que no se encuentra controvertido por el Fisco Nacional. Por su parte, tal como puede observarse, la Sra. María Paula Salomón efectuó la referida actualización en fecha posterior al fallecimiento de su padre, sin que tampoco conste que haya realizado trámite o consulta alguna con relación a los posibles inconvenientes con la clave fiscal del fallecido o de vincular su clave al domicilio fiscal electrónico de su padre, todo ello sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los arts. 6 y 7 de la RG AFIP N° 5048/2021 que establecen los requisitos y procedimientos a seguir en casos como el de autos, a fin de utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos del contribuyente fallecido. (vide fs. 26/28 y fs. 81/82 de los antecedentes administrativos obrantes en el IF-2022-130463042-APN-DTD#JGM)
Por otro lado, no surgen constancias de que se encontrara alcanzada por las excepciones establecidas en el art. 8º de la RG 4280 (conf. Copia del Reflejo de Datos Registrados acompañado por el Fisco Nacional en el IF-2022-
130463042-APN-DTD#JGM).
(ii) La notificación electrónica de la Resolución N° 48/2022 (DV RRTU) cursada a la Sucesión de Salomón Ricardo Jesús se perfeccionó conforme surge de la constancia de notificación N° 00000000006878963/2022, de oficio en fecha 25/07/2022, en los términos del inciso b) del art. 7º de la RG AFIP N°4280/2018. Mientras que sus herederos Salomon Maria Salma y Salomon Maria Paula, fueron notificadas de dicho acto en fecha 28/07/2022, mediante cedula de notificación librada al domicilio sito en la calle Santa Fe N°1834 Departamento “A” de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en los términos del art. 100 inc. e) de la ley de rito. (iii) el plazo de quince días para interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso de apelación por la parte actora (18/08/2022).
A su vez, resulta necesario remarcar que el art. 6 establece como responsables del cumplimiento de la deuda ajena bajo pena de las sanciones previstas en ella “(…) c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, quienes ejerzan la administración de las sucesiones y, a falta de estos últimos, el cónyuge supérstite y los herederos.”. A ello sumado que el art. 26 del Decreto Reglamentario 1397/79 prescribe que: “Sin perjuicio del deber que incumbe a los responsables indicados en el artículo 16 del texto legal, el cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes legales están individualmente obligados a presentar las declaraciones juradas que el contribuyente fallecido no haya aportado, incluyendo la materia imponible del caso hasta la fecha del deceso, así como a ratificar o rectificar el contenido de las presentadas por aquél, cuando lo requiriese la Dirección General”.
A ello sumado que el art. 26 del Decreto Reglamentario 1397/79 indica que “Sin perjuicio del deber que incumbe a los responsables indicados en el artículo 16 del texto legal, el cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes legales están individualmente obligados a presentar las declaraciones juradas que el contribuyente fallecido no haya aportado, incluyendo la materia imponible del caso hasta la fecha del deceso, así como a ratificar o rectificar el contenido de las presentadas por aquél, cuando lo requiriese la Dirección General”.
A su vez, y a tenor de lo previsto en las normas referidas precedentemente, debe entenderse que la notificación cursada resulta plenamente válida sin que pueda oponerse como causal de exculpación que la notificación de la resolución apelada fuera a un domicilio distinto al real que posee la recurrente.
Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se rechazan los agravios de nulidad articulados por la apelante, no correspondiendo imponer costas, en este punto, en forma autónoma.
V. En lo que respecta al fondo de la cuestión, en esta instancia del Tribunal, la actora no ha expresado agravios concretos respecto del fondo de la cuestión, conducentes a demostrar la improcedencia del ajuste determinado por el Fisco Nacional ni aportó prueba alguna. En efecto, el recurrente en su escrito de apelación se ha limitado a plantear la nulidad de la notificación de la resolución recurrida, sin introducir agravio alguno contra la cuestión de fondo resuelta en la misma, por lo que la presentación efectuada carece de los requisitos mínimos que permitan la consideración del remedio articulado, debiendo recordarse que en la instancia de este Tribunal no hay recurso de nulidad autónomo, es decir, que por involucrar o comprender el recurso de apelación al de nulidad, este último no prospera o es improcedente si los agravios se limitan a poner en tela de juicio la validez de la notificacion del acto recurrido sin impugnar lo que éste decide como inadecuado a derecho (ver en igual sentido, el pronunciamiento recaído in re “Kowzef S.A.”, sentencia de la Sala “B” del 29/11/2006).
Al respecto, cabe recordar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no puede omitirse que - según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos:318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En este contexto debe señalarse que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que, siendo ello y no habiendo la actora intentado mínimamente desvirtuar las argumentaciones de hecho y derecho en que se funda el ajuste realizado en la resolución recurrida, cabe concluir que corresponde su confirmación.
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal instructor en su voto.
II. Que entrando al análisis de la cuestión traída a decisión de la Sala, cabe atender en primer término el planteo de nulidad de la notificación de la resolución que da origen a los presentes autos que efectúa la parte actora por entender que no habría sido llevada a cabo debidamente en el domicilio real que consta en los respectivos Documento Nacional de Identidad (DNI) de las recurrentes, sito en la calle Muñecas N° 730, 8vo “A” de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
III. Que de las actuaciones administrativas acompañadas por la representación fiscal en autos surge que el acto administrativo apelado fue notificado de oficio al domicilio fiscal electrónico de la Sucesión en fecha 25/07/2022, mientras que a las Sras. María Paula Salomón y María Salma Salomón -recurrentes de autos- lo fueron en fecha 27/07/2022, en el domicilio “LEGAL/REAL” declarado ante la AFIP, en los términos del art. 100 inc. g) y e) de la ley de rito, respectivamente. El domicilio en cuestión es Santa Fe 1384, departamento 3, de San Miguel de Tucumán. Todo ello de conformidad con las constancias de notificación obrantes a fs. 184/186 del Cpo. Legajo Impuesto a las Ganancias Sucesión de Salomón Ricardo (vide IF-2022-130463042-APN-DTD#JGM).
De las actuaciones administrativas surge que las herederas María Paula Salomón como María Salma Salomón, en fecha 14/01/2021 y 22/04/2020, respectivamente, actualizaron ante el Fisco Nacional sus datos biométricos, sin efectuar ningún cambio en el domicilio por ellas denunciados, surgiendo como domicilio declarado aquel en el que se practicaron las respectivas notificaciones. Por su parte, tal como puede observarse, la Sra. María Paula Salomón efectuó la referida actualización en fecha posterior al fallecimiento de su padre, acaecido el 28/10/2020 (vide fs. 26/28 y fs. 81/82 de los antecedentes administrativos obrantes en el IF-2022-130463042-APN- DTD#JGM). En autos, más allá de la mera manifestación de que dicho domicilio no coincide con el que obra en el documento de identidad de las contribuyentes, las mismas no han desconocido que al actualizar los datos biométricos ante la AFIP han declarado como domicilio el que ahora pretenden desconocer.
Cabe hacer notar, además, que en dicho domicilio se le ha notificado a las recurrentes en los términos del artículo 100, inciso e), la prevista (vide fs. 96/98 y 99/101 de las act. adm.) y la vista del artículo 17 de la ley 11683 (vide fs. 141/142 de los a.a.).
Ello así, el planteo de nulidad de la actora no puede prosperar y, en consecuencia, no habiendo expresado agravios concretos conducentes a demostrar la improcedencia del ajuste determinado por el Fisco Nacional, corresponde su confirmación, con costas. En efecto, habiéndose limitado la recurrente a plantear la nulidad sin introducir agravio alguno contra la cuestión de fondo, la presentación efectuada carece de los requisitos mínimos que habiliten su consideración como recurso de apelación contra la resolución recurrida, sin que los argumentos desarrollados en punto a la nulidad articulada permitan superar la valla procesal porque el agravio de nulidad es "per se" inidóneo para habilitar la instancia respecto del fondo de la cuestión (vide, entre otros, "Rentería Hnos.", sent. del 31/10/85 y "Metalúrgica Dalmacio Vélez S.R.L.", sent. Del 19/6/91).
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y archívese. Date: 2024.02.07 19:31:21 ART Date: 2024.02.08 09:12:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.09 11:09:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.09 11:09:33 -03:00
Fin de la sentencia