Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 13.606
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el decisorio atacado en cuanto rechaza el planteo de nulidad efectuado por los Sres. Graciela Renda y Juan Salvador Renda;
2Imponer las COSTAS a los apelantes vencidos (art. 68 del CPCC);
3Modificar la resolución apelada de fecha 12/4/2021 en cuanto dispone que las partes inicien un incidente de reajuste equitativo, y, en consecuencia, ENCOMENDAR al Señor Juez de grado que por su propio imperio proceda a la readecuación del negocio jurídico (art. 1091 del CCyC), atendiendo para ello a las circunstancias extraordinarias del caso (arg. arts. 960, 961 y conc. del CCyC), y de acuerdo a los principios esbozados precedentemente;
4FIJAR para su cumplimiento un plazo prudencial de treinta días, sujeto a ampliación en el caso de que el magistrado de la instancia de origen lo considere pertinente (art. 155 del CPCC);
5Imponer las COSTAS a los apelantes vencidos (art. 68 del CPCC);
6Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad.
SALVADOR ALEJANDRO DIEGO C/ RENDA JUAN S/ EJECUCION HIPOTECARIA
EXPTE. Nro.: 13.606 JUZ Nro.: 5 En la ciudad de San Justo, a los 7 días del mes de octubre de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), sus modificatorias y ampliatorias, celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “SALVADOR ALEJANDRO DIEGO C/ RENDA JUAN S/ EJECUCION HIPOTECARIA” (EXP. N°13.606) habiéndose practicado el sorteo pertinente --art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires--, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DR. TARABORRELLI – DR. POSCA - DR. PÉREZ CATELLA; resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la resolución apelada?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
I. Los antecedentes del caso 1) Promueve por ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°54 el Sr. Alejandro Diego Salvador ejecución hipotecaria contra el Sr. Juan Renda por la suma de u$s 67.000.- con mas los intereses compensatorios y punitorios, dictándose sentencia en fecha 30/3/1998, la cual manda llevar adelante la ejecución.
A fs. 70 se presenta el ejecutado en la causa, solicitando audiencia a los efectos de arribar a una solución en los términos del art. 558 bis del CPCN. Luego del fracaso de los consecutivos acuerdos celebrados (ver fs. 78/79, 116/119), en virtud de la imposibilidad de cumplimiento del último de ellos (ver fs. 129), el magistrado de la instancia de origen dispone la consecución del trámite, ordenándose en fecha 26/6/2006 la venta del inmueble hipotecado en pública subasta (ver fs. 263).
Ante la denuncia de fallecimiento del ejecutado, se presentan Graciela y Juan Salvador Renda, en carácter de herederos, haciéndolo luego la Sra. Elisabet Capobiando (ver fs. 423/426)
En fecha 7/3/2008 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 Departamental solicita mediante oficio librado en los autos caratulados “Renda Juan s/ sucesión ab-intestato” (exp. N°11.226) la remisión de la causa, lo que se ordena en fecha 10/3/2008 con citación a las partes. A fs. 507 el martillero designado acompaña el boleto de venta judicial del bien de fecha 19/3/2008 a favor de Joaquin Ricardo Gutierrez, en representación de Néstor Gustavo Carrizo por la suma de pesos ciento noventa y tres mil ($193.000.-), habiéndose abonado el 30% ($57.900.-) en concepto de seña. A fs. 517 se confiere traslado del resultado de la subasta y la rendición efectuada por el martillero.
A fs. 520/521 los Sres. Juan Salvador y Graciela Renda plantean la nulidad, y solicitan no se apruebe el remate, lo que se rechaza a fs. 522/524, resolución que apela la Sra. Graciela Renda a fs. 528.
Posteriormente, el magistrado interviniente se declara incompetente, remitiendo el expediente al juzgado en donde tramita la sucesión del ejecutado.
A fs. 572 se acompaña una cesión de derechos y acciones que le corresponden por boleto efectuada por el Sr. Néstor Gustavo Carrizo (adquirente en subasta) a favor de los Sres. Pedro Dominguez y Daniel Anibal Rizzo.
A fs. 593 el Titular del Juzgado N°5 Departamental recibe la causa. Ante la solicitud del cesionario del adquirente en subasta de la aprobación de esta, se ordena –con carácter de previo- la notificación de su tramitación por ante dicho organismo a las partes (ver fs. 602, 628), indicándose a fs. 656 que también habrá de encontrarse notificado el traslado de fs. 517 –el resultado de la subasta y la rendición efectuada por el martillero-.
A fs. 667/668 la Sra. Graciela Renda refiere haber apelado el auto que desestima la nulidad de la subasta, encontrándose pendiente de concesión su recurso, motivo por el cual no se podría hablar del traslado de gastos de subasta. Ello origina la devolución de la causa al Juzgado Nacional para que se expida, concediendo este el recurso. A fs. 681 la apelante presenta su memorial de agravios, el que es contestado a fs. 712, resolviendo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, rechazar los agravios de la parte (ver fs. 719). Una vez cumplido con lo advertido, se envían nuevamente las presentes actuaciones al Juzgado Civil N°5 Departamental, organismo que a fs. 729 dispone notificar su radicación.
Luego de ello, mediante la presentación de fecha 3/9/2019 el actor se opone a que se apruebe la subasta de fecha 17/3/2008 por $193.000.- equivalente a U$S 61.465.-, explica, entre otras cuestiones, que el día de la subasta la cotización del dólar era de $3,14.-$3,17.-, encontrándose al momento de su escrito en la suma de $62.-, alcanzando el precio de la subasta a U$S 3.113.-
Corrido el pertinente traslado, el mismo es contestado por la Dra. Morales, abogada de los cesionarios del adquirente en subasta, en fecha 3/10/2019, y por los Sres. Graciela y Juan Salvador Renda en fecha 10/11/2019, quienes solicitan la nulidad (ver fs. 920), contestando este planteo la Dra. Morales en fecha 22/2/2021 y el ejecutante en fecha 28/2/2021.
En fecha 12/04/2021 el sr. Juez de grado resolvió “1.- Rechazar el planteo de nulidad de la sentencia de trance y remate, y de todos los actos procesales posteriores requeridos por la parte ejecutada Graciela Renda y Juan Salvador Renda, en su presentación de fecha 10 de noviembre de 2020. 2.- Rechazar el planteo de la nulidad de subasta efectuado por la parte actora en su presentación electrónica de fecha 2 y 3 de septiembre de 2019, junto con las demás cuestiones allí plasmadas. 3.- Diferir la aprobación del remate para una vez que el presente pronunciamiento se encuentre firme. 4.- Ordenar a las partes iniciar en el término de cinco días desde que el presente pronunciamiento adquiera firmeza, un incidente de reajuste equitativo de precio.5.- Imponer las costas del rechazo de la nulidad de sentencia de trance y remate a Graciela Renda y Juan Salvador Renda; y del rechazo de la nulidad de subasta a la parte actora; ambas en su condición de vencidas (art. 68 del CPCC)...”
2. Mediante escrito electrónico presentado el 15/4/2021 la Dra. Morales, letrada apoderada del Sr. Rizzo (cesionario del adquirente en subasta) interpone recurso de apelación contra lo decidido, el que se concede en el proveído dictado en fecha 19/4/2021, presentando el correspondiente memorial el 26/4/2021, del cual se confiere traslado el 29/4/2021.
En fecha 18 y 19 de abril de 2021 los Sres. Graciela y Juan Salvador Renda, y Alejandro Diego Salvador, respectivamente, apelaron la resolución de fecha 12/4/2021, siendo concedidos los recursos en fecha 22/4/2021.
En fecha 2/5/2021 los primeros de los nombrados presentaron su memorial de agravios, del que se ordenó el traslado el 4 y 10 de mayo de 2021, contestándolo la Dra. Morales –por el cesionario del adquirente en subasta- en fecha 7/5/2021.
En 4/6/2021 no habiendo la parte actora cumplido con la carga procesal que le impone el art. 246 del CPCC, pese a encontrarse debidamente notificada (art. 133 del Cód. Citado), y habiendo vencido el plazo que para hacerlo tenía, se le declara desierto el recurso concedido según providencia dictada con fecha 22 de Abril de 2021.
Elevadas las presentes actuaciones, fueron radicadas por ante esta Sala primera, pasando los Autos al Acuerdo, practicándose el pertinente sorteo de orden de estudio y votación.
II. La Solución Por una cuestión metodológica he de abocarme en primer término a los agravios introducidos por los Sres. Graciela y Juan Salvador Renda en su presentación de fecha 2/5/2021;
II. 1.- El recurso de los demandados –Graciela y Juan Salvador Renda- En su memorial de agravios refieren que el Sr. Juez de grado expresa en su sentencia que el planteo de nulidad se encuentra resuelto, no pudiendo retrotraerse ello por aplicación del principio de preclusión procesal. Señalan que el avocamiento judicial interesaba, no a la constatación de los actos procesales que se encuentran cumplidos ante el Tribunal de la Capital, sino a la cuestión de fondo que implicaba verificar que el remate y la consiguiente sentencia de ejecución, era contra un muerto.
Citan a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, causa 3183/2015, Tribunal que remarcó que la nulidad de las actuaciones ante el fallecimiento de una de las partes no es susceptible de confirmación, comprobado el hecho, el magistrado tiene la obligación de declararla cualquiera sea el tiempo o momento en que se haya anoticiado de ella. Se ha sostenido que, ante la muerte de una de las partes, la nulidad debe alcanzar a las actuaciones posteriores al deceso. Si el fallecimiento ocurrió con anterioridad a la ejecución, ésta debe seguirse contra los herederos (art.3282, Cód. civil); si así no se hace, la nulidad debe ser declarada de oficio (Colombo-Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y Comentado”, t.II, pág.353 y citas jurisp.).
Alegan que el art. 43 del CPCC expresa: Muerte o incapacidad.
Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobando el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 53°, inciso 5. (cfr. cnciv, sala a, 27.10.92, "Mejicovsky, José c/ Antonetti, Jorge").
Continúan su análisis afirmando que aún el férreo instituto de la preclusión, que expresa el a quo para rechazar la nulidad planteada, puede cuestionarse en virtud de un hecho objetivo, concreto como es el fallecimiento de una de las partes, máxime tratándose de actos procesales que se concretan posteriormente, con conocimiento del Juzgador y la contraria.
Entienden que hay un error esencial en el pronunciamiento, por cuanto la preclusión debió ceder y ser revisada porque la respuesta no se centra en el enfoque procesal: la subasta, el remate, las apelaciones, las nulidades, las intervenciones del Superior se produjeron luego del fallecimiento del demandado y fuera de la jurisdicción del Juez natural.
Manifiestan que el Juez circunscribió la sentencia a verificar la preclusión de los actos procesales, sin tener en cuenta el derecho de defensa, vulnerado en el expediente de ejecución, desde la muerte de su padre. Que conforme expresa la doctrina, la posibilidad de su ejercicio presupone que quienes participan en un proceso judicial, para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas, tengan conocimiento previo y oportuno de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan.
Agregan que si bien no cualquier acto procesal es pasible de revisión, sí lo son aquellos que afectan el Orden Público que merezcan reproche, cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano actuante.
Hace alusión a lo dictaminado por la Sra. Fiscal interviniente a fs. 325; que el proceso sucesorio del demandado fallecido ejerce fuero de atracción respecto de estas actuaciones. Encontrándose corroborado que en la mentada ejecución hipotecaria, conocido el óbito del demandado, debió suspenderse y remitirse sin más al departamento judicial de La Matanza.
De la atenta lectura del memorial que antecede observo que los ejecutados intentan a través del mismo introducir cuestiones que ya han sido puestas a consideración del magistrado de grado con anterioridad. Ello por cuanto de la presentación efectuada por los mismos en fecha 10/11/2019 se desprende que han contestado el traslado que les fuera conferido –en el cual el actor solicitara el rechazo de la presentación que efectúa la liquidación de gastos de subasta y formula oposición a su aprobación, solicitando nueva subasta-, manifestando: “Que, en primer término debemos remitirnos a la presentación de fecha 15/08/2012, fs. 667, en la que expusiéramos que se encuentra pendiente de concesión el recurso de apelación interpuesto contra el auto de subasta de fs. 552/554, que como ya expresáramos, el Juzgado Nacional de Primera Instancia Nro. 54, se negó a resolver a pesar de estar en conocimiento del fallecimiento de Juan Renda, en clara violación al orden público (art. 43 y 53 inc. 5to. del CPCCN en esa jurisdicción)
De las actuaciones del proceso de ejecución hipotecaria adunados a los presentes, surge con claridad que denunciada la muerte del demandado y, solicitada la remisión del expediente al Dto. Judicial de La Matanza por el proceso sucesorio denunciado, el Juzgado actuante, materializó la remisión, luego de realizarse la subasta y con el expediente apelado por ese acto procesal nulo. Hemos expuesto que procede la nulidad de la sentencia de trance y remate y de todos los actos procesales posteriores, toda vez que la ejecución se continúa contra una persona fallecida, a pesar de haberse acreditado tal circunstancia. Así, resulta absurda la presentación que solicita la nulidad de la subasta en razón de la desactualización monetaria, cuando se encuentra en crisis la apelación de nulidad originada en jurisdicción de Nación...”
Es decir, los apelantes afirman que se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por ellos en el Juzgado Civil N°54 contra lo decidido por el magistrado de dicho organismo, quien ha rechazado su planteo de nulidad de fs. 520/521 en el cual, entre otras cuestiones, alegaron que la subasta era nula al haberse realizado luego de la muerte del ejecutado y sin citación de los herederos, resultando el juez incompetente a razón de la apertura del sucesorio del ejecutado, por lo que debió suspender la tramitación de la causa y remitir la misma al juzgado competente, en razón de lo normado por el art. 3284 del Código Civil.
En su resolución el Titular del Juzgado Civil N°54 indica que “...la eventual invalidación de la subasta se halla regida por las disposiciones aplicables, en general, a las nulidades procesales y a la concurrencia, por lo tanto de los siguientes requisitos 1°) existencia que afecta a alguno de los requisitos del acto, cuando resultan indispensables para la obtención de su finalidad; 2°) interés jurídico en la declaración de nulidad; 3°) falta de imputación del vicio a quien requiere tal declaración; 4°) ausencia de convalidación o de subsanación del acto defectuoso...”. Explica que no se configuran los presupuestos para la procedencia del instituto, En cuanto a la inmediata remisión de la causa al juzgado en donde tramitaba la sucesión, refiere no se ha cuestionado el auto de fs. 479, en el cual ante la rogatoria recibida, se dispone enviarla con citación de partes, considerando extemporáneo lo planteado.
A mayor abundamiento, adiciona que “al promoverse el incidente de nulidad, debe expresarse el perjuicio sufrido y el interés a subsanar con la declaración, debiendo demostrárselo fehacientemente, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión (...) con la mención expresa de las defensas que se vió privada de oponer (...) los nulidicentes han señalado que se ha conculcado tanto el derecho de defensa en juicio establecido en el art. 18 de la CN...como el derecho de propiedad contemplado por el art. 17 CN, por cuanto el inmueble en ejecución resulta ser componente del acervo hereditario del causante y la acción en el presente juicio está dirigida contra él, lo que la determina como una acción personal del acreedor....” Concluyendo que estos argumentos son insuficientes a los efectos de probar el perjuicio sufrido, ya que importan una manifestación genérica de haberse violado el derecho de defensa en juicio.
En cuanto a la alegación respecto de que los herederos no fueron citados en las actuaciones, señala “...que a fs. 282 se presentaron los nulidicentes en carácter de hijos del ejecutado, que a fs. 298 se ordenó la citación de los herederos de éste y que a fs. 425 compareció Elisabet Capobianco, cónyuge del accionado. De ello se observa que no ha existido vicio alguno al respecto.”
Ahora bien, entiendo que los demandados al llevar a cabo su presentación de fs. 920 no se percataron que a la fecha esta cuestión ya se encontraba resuelta, por cuanto el magistrado de grado había advertido que se encontraba pendiente de concesión y tratamiento el recurso de apelación interpuesto, remitiendo la causa nuevamente al Juzgado de Nación para su subsanación. Que allí, a fs. 681 han presentado su memorial, a cuyos argumentos me remito, resolviendo la Sala D de la Cámara de Apelaciones rechazar los agravios. Asimismo, en su resolución dicho Tribunal expuso “...En el caso, efectivamente el escrito de fundamentación constituye una mera disconformidad con lo decidido carente de aptitud para modificar lo resuelto en la instancia de grado, que por cierto se encuentra adecuadamente fundado...” (Ver fs. 719)
De la pormenorizada lectura de lo actuado se vislumbra que los argumentos de los demandados ya han merecido el pertinente análisis en el Juzgado Civil N°54, en donde su titular ha rechazado el planteo de nulidad –y desestimado el Tribunal de Alzada los agravios del recurso de apelación interpuesto-, cuestión que se encuentra firme, por lo cual resulta improponible en este estadío someterlo a un nuevo estudio.
En relación a la cosa juzgada se ha pronunciado nuestro Cimero Tribunal; “La sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, se trata de una solución definitiva, concluyente, determinada: es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar.” (Obs. del Sumario: voto Dres. Genoud-Negri-de Lázzari) “El efecto de la cosa juzgada es el de la imposibilidad de alterar lo decidido que debe permanecer inmutable, por lo que infringe tales efectos el fallo que altera lo resuelto en un pronunciamiento firme.” “La autoridad de la cosa juzgada como atributo de la sentencia dictada en un pleito se extiende a todas aquellas cuestiones derivadas del mismo que fueron objeto de tratamiento por el Tribunal por integrar la pretensión oportunamente planteada” (SCBA LP B 55816 BIS RSI-147-21 I 20/04/2021)
“La apreciación por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada es una cuestión de hecho que proviene de una labor que les compete en forma privativa y que, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo.” (SCBA LP A 75834 RSD-128-21 S 28/08/2021) “Determinar si, en un caso particular, ha recaído o no cosa juzgada, así como entrar a considerar las circunstancias que representarían la violación de dicho instituto, son cuestiones de hecho que solo pueden ser revisadas si se demuestra con toda claridad que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del proceso actual y de las del anteriormente tramitado, o entre lo pretendido y lo juzgado en el previo y lo que se requiere en el presente.” (SCBA LP C 122886 S 25/02/2021)
Por su parte la jurisprudencia tiene dicho: “La cosa juzgada, es un instituto de política judicial para dar certeza a las decisiones jurisdiccionales, mas dicho carácter no es absoluto en la medida que haga prevalecer un notorio despropósito en el contenido de la sentencia firme o convalidar por ello un manifiesto apartamiento del régimen legal vigente. El deber de actuar de oficio frente a tales hipótesis, responde a notas connaturales e irrenunciables que caracterizan la tarea del juez, en orden a salvaguardar la credibilidad de la administración de justicia, de modo que la función específica de los magistrados esté orientada al logro de resultados efectivos en base a los principios de realidad y legalidad, plasmados en decisiones por ello no ficticias”. (CC0202 LP 128252 RSD 206/20 S 12/11/2020)
Así, la Corte Provincial ha expresado “... No puede el Tribunal de Alzada válidamente alterar el principio de preclusión y de cosa juzgada.” (SCBA LP C 122596 S 06/11/2019).
Sentado lo anterior, en la especie observo que la decisión de fs. 522/524 ha recaído en autoridad de cosa juzgada, habiendo tratado la misma las cuestiones que los apelantes pretenden reeditar, no correspondiendo a este Tribunal abordar asuntos que ya han sido resueltos, ello por cuanto al instituto de la cosa juzgada responde a una consideración esencial del orden público tendiente en definitiva a asegurar la paz y el orden social, evitando entre las partes que los debates se renueven indefinidamente. Es que la garantía del debido proceso y la defensa en juicio están vinculadas, entre otros aspectos, con la imposibilidad que se modifiquen aquellas cuestiones que están consentidas (SCBA, L. 41.1198 del 12-4-89)
Por los argumentos expuestos he de confirmar el decisorio atacado en cuanto rechaza el planteo de nulidad efectuada por la parte ejecutada Graciela Renda y Juan Salvador Renda, en su presentación de fecha 10 de noviembre de 2020.
Respecto a los agravios basados en que “el Juez, no obstante rechazar la nulidad impetrada, en el punto 3.- del fallo difiere la aprobación del remate hasta que el mismo adquiera firmeza; sin perjuicio de las apelaciones de las partes, sugieren la falta de razonabilidad en el Resolución en crisis y la afectación también a su parte, por cuanto, rechaza la nulidad pero no aprueba el remate, ordenando un ajuste de precio a quienes disputan el objeto del litigio. Alegan que en ese sentido la sentencia, debe ser completa, no omisiva, porque los priva del debido proceso, ya que dificulta la interpretación de los tópicos atento que la caracterización del derecho desde lo razonable procura su mejor entendimiento y mejor definición.” De la lectura de estos no se advierte en qué modo la decisión cuestionada perjudica a los apelantes, no efectuando estos una crítica concreta y razonada al respecto, motivo por el cual se los desestima sin mas (art. 261 del CPCC).
Las costas se imponen a los ejecutados en su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC)
II. 2.- El recurso del cesionario del adquirente en subasta – Daniel Anibal Rizzo- En su memorial de agravios de fecha 26/4/2021 solicita se apruebe la subasta y se deje sin efecto la orden de iniciar un incidente de reajuste equitativo. Refiere haber peticionado por más de ocho años la aprobación de la subasta, impulsando el proceso a tales fines, cuando, hallándose próximo a lograr su cometido, en setiembre de 2020, la actora plantea nulidad de la subasta realizada y solicita al A quo se decrete una nueva, fundando dicha petición en los arts.10, 1710 y aplicación analógica del art. 332 del CCyC, argumentando que si su parte fue inactiva e incapaz para notificar por más de 11 años, en modo alguno puede perjudicarlo y que de aprobarse la subasta la conducta de su parte constituiría un grosero y evidente abuso del derecho. A continuación se agravia en tanto el Juzgador resuelve, “1) Diferir la aprobación del remate para una vez que el pronunciamiento se encuentre firme. 2) Ordenar a las partes iniciar en el término de cinco días desde que el pronunciamiento adquiera firmeza, un incidente de reajuste equitativo de precio”.
Es decir, lo agravia que el sentenciante no apruebe el remate, en tanto si ha decidido rechazar el planteo de nulidad de la parte ejecutada Graciela Renda y Juan Salvador Renda, y el planteo del actor -de la oposición de la aprobación de la subasta, y de la nulidad de la subasta-, razona que no aprobar la misma como su parte lo ha peticionado constituye un evidente incumplimiento a su deber de proveer, resultando además su decisión absolutamente contradictoria y por ello carente de fundamentación.
Afirma que el estado del presente proceso y las normas que lo regulan lo obligan a decidir la aprobación de la subasta sin más trámite. Que el art. 3° del CCyC establece: El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Contemplando esta normativa la obligación de decidir que pesa sobre el sentenciante y la razonabilidad que se le exige, la que implica seguir un proceso argumentativo coherente, lo que considera no se ha cumplido, asi como tampoco con lo dispuesto en el art.1° y 2 del CCyC, dictando una resolución violatoria de todo el ordenamiento jurídico, al no aprobar la subasta aplicando el instituto de la función preventiva plasmada en el art.1710 del CCyC al caso de autos.
Manifiesta ser comprador en subasta, y que conforme ello ha suscripto un boleto de compra venta que delimita sus obligaciones y su derecho, el que lo obliga a depositar el saldo de precio, una vez aprobado el acto. Que el sentenciante ordena se inicie un incidente de reajuste equitativo de precio en forma previa a la aprobación, debido a que el precio establecido en el boleto de compra venta, suscripto hace mas de 11 años es insuficiente, por las múltiples devaluaciones sufridas, pretendiendo así modificar los efectos acaecidos por el transcurso del tiempo, responsabilizando a su parte de los mismos, violando explícitamente lo dispuesto por el art. 960 del CCyC, y las disposiciones contempladas en el mismo ordenamiento sobre las fuentes de la responsabilidad civil al resolver en el caso conforme el art. 1710 de la mentada normativa.
Pone de resalto que la venta forzada acaecida en este proceso, no es un contrato celebrado entre el comprador y el titular del inmueble, ni entre el ejecutante y el comprador, siendo el comprador en subasta un tercero ajeno al crédito ejecutado en virtud del cual se ordena la venta forzada del bien. Siendo ello así, no puede el Sentenciante decir: “En este contexto, observo que al momento de realizarse la subasta, las partes obraron de buena fe, pero no pudieron prever las citadas devaluaciones. Por ello, antes de proceder a aprobar el remate, considero debo analizar el presente caso desde la función preventiva plasmada en el art. 1710 del CCyC”.
Señala que el Juez no tiene facultad para modificar las estipulaciones establecidas en el boleto de compra venta judicial suscripto oportunamente, ello conforme lo establece claramente el art. 960 de CCyC, así como tampoco puede oficiosamente introducir de manera errónea el instituto de la prevención del daño contemplado en el art. 1710 del CCyC, como lo hace, por cuanto con ello violenta todo el ordenamiento jurídico.
Indica que el magistrado, luego de rechazar los planteos efectuados por las partes, difiere la aprobación de la subasta a las resultas de un incidente de reajuste de precio, atento que resta depositar el saldo de precio, decisión que -de adquirir firmeza- inevitablemente tendrá efectos retroactivos, modificando los términos del boleto de compraventa judicial.
Que, de esta manera, en virtud del art. 1710 del CCyC decide prevenir un supuesto daño que se concretaría con la aprobación de la subasta y luego ordena como medida preventiva que las partes inicien un incidente de reajuste equitativo de precio, lo que viola, según su parecer, el el principio de igualdad de las partes en el proceso. Razona que al ordenar el inicio de un incidente de reajuste equitativo, ha asumido la posición del actor en el proceso, y no de director del mismo, supliendo la inactividad de la parte en cuyo interés dice prevenir -actor ejecutante y/o herederos ejecutados- y afecta gravemente el derecho de su parte a peticionar en defensa de sus derechos, al condicionar con una medida preventiva el ejercicio del derecho del que resulta titular en su calidad de compradora en subasta.
Alega la inexistencia de razonabilidad en la decisión judicial atacada, de la cual transcribe fragmentos. Afirma que en sus argumentos se reconoce: 1) que no existe un perjuicio real y cierto que no pueda ser satisfecho por otro medio, por cuanto si el crédito se ha desvalorizado, tiene el actor la posibilidad de iniciar un proceso ordinario posterior por el remanente que no hubiera podido ser satisfecho con lo obtenido por la subasta. 2) reconoce que su parte actuó siempre lícitamente, de buena fe, dentro de los límites del proceso y que jamás hubo abuso de derecho. 3) reconoce que fue el ejecutante quien no actuó instando el proceso, que era una carga que sobre él pesaba y que si su crédito sufrió una notable desvalorización producto de su propia inactividad, deberá soportar las consecuencias que dicha conducta ocasionó. 4) Afirma que el actor actuó de mala fe abusando del proceso en evidente actitud de perjudicar al comprador.
Conducta que dice no convalidará. Que sin embargo, sin razonabilidad alguna el A-quo ordena se inicie un incidente de reajuste equitativo destinado a restituir el equilibrio en las prestaciones, prevenir futuros daños y mantener la igualdad de las partes en este proceso. Convalida así la mala fe del actor y su intención de dañar a su parte, por cuanto el incidente de reajuste de precio, es al único que beneficiará. Alega que se ha interpretado de manera errónea el artículo 1710 del CCyC. Que “En efecto conforme dicho artículo el Sentenciante tiene la facultad de tomar medidas destinadas a evitar un daño o evitar el que se pudiera producir, evaluando el curso normal del proceso y el caso concreto.
Sin embargo, no puede asesorar, tomando un rol activo en favor de una de las partes, actor y/o herederos demandados”, colocándose en sujeto activo de la conducta productora de daño, por cuanto considera que aprobar la subasta, implicará agravar la notable desvalorización del crédito producto de las devaluaciones sufridas. Siguiendo ese razonamiento dice que pesa sobre él la obligación de tomar medidas.
Afirma que al interpretar el art. 1710 del CCyC no contempla que el art. 1711 establece que procede la acción preventiva cuando la acción u omisión es antijurídica y se refiere a aquellas conductas que no se encuentren amparadas por causas de justificación. Que tampoco contempla el límite que le impone el art.1713 del CCyC que lo obliga a ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.
Que su parte cuenta con el legítimo derecho a solicitar la aprobación de la subasta en tanto comprador y en tanto no ha sido productora de daño alguno, en el presente proceso, correspondiendo al Juez no omitir dicha aprobación por cuanto el curso y las normas que regulan el proceso lo obligan.
Señala que no existe antijuridicidad ni en la conducta de su parte al peticionar ni tampoco existiría en la del Juez al decir el derecho, aprobando la subasta. Pero el mismo se abstiene y condiciona el ejercicio de su derecho, creando con su decisión - ordenar un incidente de reajuste de precio- una condición no contemplada en el ordenamiento para que los compradores en subasta obtengan la aprobación de la misma. Que es entonces cuando el Sentenciante viola el artículo 1° CCyC que lo obliga claramente a dictar su sentencia conforme las leyes que resulten aplicables y la Constitución Nacional y el art. 2° CCyC que dice que la interpretación deberá ser sistémica, es decir, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Expone que el sentenciante claramente expresa que la compra en subasta está regulada por el Código de Procedimientos, sin embargo se atribuye la facultad de crear una condición o norma para que dicha compra sea aprobada. Y para así decidir dice: “…resta depositarse el saldo de precio, y si se tiene en consideración el tiempo transcurrido y las múltiples devaluaciones ...el crédito se ha desvalorizado ...pudiendo lesionar ello gravemente los derechos del acreedor ejecutante.” A fin de evitar dicho suceso ordena un incidente de reajuste equitativo.
Alega que con esta decisión no solo pone en riesgo la seguridad jurídica porque viola la normativa que regula el acto, sino que además demuestra la incoherencia e irrazonabilidad de su decisión, además de plasmar en forma evidente la violación de los principios establecidos en el Titulo Preliminar del Código Civil, avasallando sin más el derecho de su parte; derecho de propiedad, igualdad y de peticionar ante las autoridades en ejercicio de su legítimo derecho, viola el principio de legalidad en tanto el daño que dice pretende prevenir provendría del ejercicio legítimo del derecho a peticionar ante él; la igualdad de las partes en el proceso, porque el comprador jamás se encontró en mora en cumplimiento de su obligación, instando por más de ocho años en busca de la aprobación que de manera arbitraria se le niega. Razona que si el Sentenciante, a lo largo de su decisión reconoce que el Acreedor ejecutante no instó el proceso, reconociendo que el actor recurrió al instituto de la lesión subjetiva, configurándose un abuso procesal, y que dicha pretensión sugiere la intención de perjudicar al comprador, no debe luego de manera incoherente pretender que sea su parte quien soporte las consecuencias de dicha inactividad, ordenando que se inicie un incidente de reajuste equitativo. Que si el acreedor ejecutante ha sido moroso en el cumplimiento de su deber de instar el proceso, deberá soportar las consecuencias que dicho incumplimiento trae aparejado, es decir la desvalorización de su crédito.
Explica que el Código de Procedimientos establece claramente cuáles son las obligaciones del comprador en subasta. El comprador, en el acto del remate abona un porcentaje establecido en la resolución judicial que ordena el remate suscribiendo un boleto de compra venta, y asimismo abona la comisión del martillero etc., luego está obligado a depositar en el plazo de cinco días de aprobado el remate el saldo de precio, para luego obtener la posesión y finalmente la titularidad del inmueble ejecutado.
La normativa de forma establece plazos perentorios cortos, para dar seguridad al comprador que no estará involucrado en un proceso al que se incorpora de manera voluntaria, y para que asimismo el acreedor ejecutante y el ejecutado puedan hacerse de su acreencia en un plazo también corto. Que en el presente caso, su parte instó el proceso desde el mismo momento en que se presentó, luego el actor ejecutante y el ejecutado nada han hecho en beneficio de su propio interés, y ahora el Juez los premia ordenando se inicie un incidente de reajuste, porque a su entender el daño producido por el transcurso del tiempo se traduce en desvalorización de un crédito, que deberá ser equitativamente soportado por el comprador en subasta, quien no provocó el daño y estuvo todo el tiempo instando la causa para evitar la paralización del proceso en ejercicio de su propio derecho. Lo que surge manifiesto de las constancias del expediente.
Refiere “Pesa sobre el acreedor ejecutante el deber especial de cooperación, también llamado carga de impulsar el proceso, con sustento en el principio de la buena fe (art. 9, Cód. Civ. y Com.) y en el ejercicio regular de los derechos (art. 10, Cód. Civ. y Com.), con el objeto de posibilitar a su parte cumplir conforme a los términos establecidos en el edicto de subasta y el boleto judicial suscripto”.
Continúa manifestando que, sin embargo, el actor no impulsó el proceso, luego de 11 años se presenta a peticionar nulidad de una subasta y a peticionar se realice una nueva, abusando del proceso, y con el evidente ánimo de perjudicar al comprador en subasta, todo lo cual es reconocido por el sentenciante.
El ejecutado por su parte, utilizó, utiliza y, si se diera lugar al incidente ordenado, continuará usando y disfrutando del inmueble subastado. Afirma “Ahora el Juez, con un medida supuestamente preventiva de un daño, e invocando la equidad como fuente de su decisión, pretende que mi parte soporte las consecuencias de la conducta negligente del actor y del demandado quienes serían los únicos beneficiados con la medida preventiva que ordena se inicie.
Si la conducta del acreedor es abusiva, si su conducta denota que abusa del proceso, si su conducta demuestra su intención de perjudicar al comprador, entonces su conducta es de mala fe, su conducta es productora de daño a mi parte, su conducta debe ser sancionada, soportando las consecuencias que el incumplimiento de su carga le ha provocado, dentro de ello la desvalorización de su crédito.
Situación que también espeja en la conducta de los herederos demandados, quienes se abstuvieron de denunciar en el caso el domicilio de la heredera a quien restaba notificar, a pesar que siendo hermana, resulta dudoso que desconocieran su domicilio”.
Destaca evidente la desigualdad de la que su parte resulta objeto, por cuanto el Sentenciante no contempla el perjuicio que todo este tiempo le ha provocado; estar involucrado en un proceso por mas de 11 años, los gastos en que ha incurrido, ejemplo edicto de citación, oficios librados etc. (que también estaban a cargo del acreedor), y ordena se inicie un incidente de reajuste, antes de proceder a aprobar el remate.
La función preventiva en el derecho de daños Ahora bien, se ha dicho que el actual derecho de daños se enfoca en la prevención del perjuicio como finalidad primordial. Se trata de revisar la función clásicamente otorgada a esta rama del derecho —es decir, la resarcitoria— y poner el acento en actuar con anterioridad a que el daño se produzca.
Haciéndose eco de esas posturas, el art. 1708 CCyC añade la función preventiva -a la tradicional finalidad resarcitoria del derecho de daños-, que busca actuar con anterioridad a que el perjuicio se produzca, o que, si ya se ha producido, no se agrave. De esta forma, queda consagrada en el ordenamiento jurídico la función preventiva genérica, en paridad con la función resarcitoria ya mencionada. (Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; Herrera, Marisa. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo IV - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015, comentario al art. 1708) En relación al tema en análisis, el art. 1710 del CCyC dispone:
“Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo.”
La función preventiva, tal como está estructurada en el CCyC, transita por dos grandes carriles. En primer lugar, en el artículo en comentario se establece expresamente el deber general de no dañar y — correlativamente— un deber genérico de prevención del daño, que comprende no solo el perjuicio que aún no se ha causado como la disminución de la magnitud del que se está produciendo.
Esta exigencia –evitar causar un daño no justificado- está en concordancia con la presunción de ilicitud consagrada en el art. 1717, cuando establece que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.
Entre las causas que justifican el daño, se enumera, en el inc. a)
del art. 1718, el ejercicio regular de un derecho, siempre que no configure un ejercicio abusivo del mismo, dado que no tiene tutela jurídica conforme el art. 10. Es decir, si el ejercicio legítimo de un derecho configura un proceder abusivo, el daño que se provoque no sería justificado y, por ende, tiene el deber de prevenir el perjuicio innecesario que puede producir para no incurrir en ilicitud. (Alterini, Jorge Horacio, “Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético”- 1ra. Ed. CABA; La Ley, 2015. Tomo VIII, pág. 14)
Tal como expresara Clausellas, todos debemos a nuestros semejantes una garantía de nuestros actos, que se traduce en procurar, por todos los medios a nuestro alcance, evitar dañar y, de no poder evitarlo, reducir sus consecuencias, como debemos también abstenernos de abusar de nuestros derechos. (Clausellas, Gabriel. “Código Civil y Comercial”, 1° ed., CABA; Astrea, 2015, Tomo 6, pág. 146)
El inc. b del art. 1710 del CCyC establece el deber genérico de evitar la producción de un daño, o de disminuir sus efectos, si este ya se produjo. Como tal, el deber consagrado en la norma puede hacerse valer erga omnes, es decir, no solo frente a quien causó el daño por medio de alguna acción suya, sino también contra todo aquel que pueda prevenir el perjuicio o evitar que se agrave, siempre que hacerlo se encuentre en su esfera de actuación.
Se ha postulado que esta disposición podría aplicarse analógicamente para fundar, en casos excepcionales, un “mandato preventivo”, es decir, una orden judicial oficiosa, de carácter excepcional, y cuyo objetivo es que, en el marco de un proceso cuyo fin no es la prevención del daño, y el magistrado tome conocimiento de la posibilidad cierta de que el perjuicio se produzca, repita o agrave, pueda adoptar las medidas necesarias para que ello no suceda. (Carmelo, Gustavo. Ob. cit., comentario al art. 1710)
Por su parte el art. 1713 de la norma de fondo reza: “Sentencia. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.” La disposición confiere un amplio poder a los magistrados para adoptar las medidas que resulten más apropiadas, y se aparta del principio dispositivo que, en general, rige en el derecho privado. Agrega que el juez podrá actuar de oficio, es decir, podrá apartarse de las pretensiones esbozadas por las partes y adoptar la decisión que considere pertinente con el objeto de prevenir la producción del daño. De esta forma, el Código deja de lado, en lo que se refiere a la faz preventiva del derecho de daños, el principio de congruencia.
Por otra parte, el art. 1713 CCyC establece un marco para la actuación del juez, quien, al dictar la sentencia preventiva, deberá ponderar los criterios de menor restricción posible, y de medio más idóneo para garantizar la obtención de la finalidad. Lo que se busca es que el magistrado cuente con amplias facultades para adoptar la decisión que mejor se adapte a la prevención del daño cuya producción se teme, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso. (Carmelo... Ob. cit., comentario al art. 1713)
Resulta pertinente indicar que el art. 1717 dispone: “Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.” El CCyC consagra una antijuridicidad objetiva y material, por lo que ya no existe duda en cuanto a que la ilicitud civil, a diferencia de la penal, es atípica, pues no es necesario que la ley detalle, en cada caso, cuál es la conducta prohibida, prevaleciendo el principio alterum non laedere como eje del sistema, a partir del texto constitucional (art. 19 CN). En consecuencia, cualquier acción u omisión no justificada que causa un daño será antijurídica, con lo que para que se configure este presupuesto basta con que se viole el deber general de no dañar a otro.
Por otra parte, la antijuridicidad no requiere, en el CCyC, de la concurrencia de un factor de atribución, porque si bien este último es presupuesto de la responsabilidad civil, para la prevención del daño basta con la prueba de un hecho dañoso (actual o inminentemente), sin necesidad de que medie aquel factor (art. 1711 CCyC).
Asimismo, hay que señalar que el principio de la atipicidad del ilícito también rige para las omisiones, pues el art. 1710 CCyC permite afirmar que toda persona tiene el deber de actuar para evitar daños cuando la abstención pueda configurar un abuso del derecho de no actuar, y tal cosa sucederá, por regla, cuando una persona, sin riesgo de sufrir daños ni pérdidas, puede con su accionar evitar un daño a un tercero. (Carmelo... Ob. cit., comentario al art. 1717)
En palabras de Pablo Lorenzetti, “...se entiende por cumplido el requisito de la antijuridicidad con la mera violación al deber genérico de prevención consagrado en el art. 1710. El razonamiento resulta convincente debido a que si el Proyecto introduce un deber expreso de prevenir, la sola omisión de tal exigencia torna operativa la acción preventiva regulada en el art. 1711, independientemente de que la actividad o proyecto cuenten con autorización administrativa o no conculque norma alguna prevista por el resto del ordenamiento jurídico. (Atletini, J. Ob. cit., págs. 17 y 18)
Sentado lo anterior, habré de hacer una reseña de lo actuado en la causa. Al haber procedido al minucioso análisis de la misma, observo que en fecha 18/3/2008 el martillero designado ha informado el resultado de la subasta –acompaña el documento suscripto por el adjudicatario en fecha 17/3/2008-, rindiendo gastos, ordenándose el 27/3/2008 en la instancia de grado correr el respectivo traslado.
Que así las cosas, ante los diversos planteos que se originaron en relación al acto de subasta y la competencia del magistrado (ver fs. 520/521, 522/524, 526, 528, 534/537, 550, 553, 55/558, 559, 565, 566), transcurren varios meses, volviendo el expediente al juzgado luego de resolverse en la instancia revisora un recurso de queja en fecha 13/11/2008.
Frente a la incompetencia declarada, Pedro Dominguez – adquirente en subasta-, con el patrocinio de la Dra. Zebe, en fecha 4/3/2009 pide “atento el estado de autos y ante la imperiosa necesidad de proseguir con los trámites tendientes al perfeccionamiento de la venta, solicito conforme lo resuelto por la Excma. Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil, se remitan los presentes al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento judicial de La Matanza, donde tramita el sucesorio del demandado de autos.”, lo que se deniega por cuanto resta notifcarse a los demandados el auto de fs. 554, el que hace remisión al de fs. 552 –Notifíquese lo resuelto por el Superior (auto de fs. 550 que confirma la declaración de incompetencia)-, y practicarse la notificación ordenada a fs. 567 (por devueltos que ordena notificar el rechazo del recurso de hecho de fs. 566).
En 4/5/2009 se presentan cesionarios del adjudicatario en subasta –Pedro Dominguez y Daniel Anibal Rizzo- con el patrocinio letrado de la Dra. Zebe, solicitando la remisión de las actuaciones. Ello, sin perjuicio de lo oportunamente dispuesto, no habiéndose cumplimentado con ninguna de las notificaciones ordenadas.
Posteriormente se paraliza el expediente, volviendo a la letra en fecha 10/2/2010 a pedido de la Dra. Zebe, quien lleva a cabo las notificaciones pendientes. Luego solicita el envìo de la causa, lo que se ordena en fecha 31/5/2010.
Recibida esta por el Juzgado Civil N°5 Departamental, el 10/6/2010 y el 6/7/2010 se advierten errores, por lo que se dispone en ambas oportunidades la devolución al Juzgado Civil N°54, organismo que subsana estos, y ordena la remisión en fecha 24/6/2010 y nuevamente en fecha 10/8/2010.
El 15/3/2011 Pedro Dominguez (cesionario del adquirente) solicita se apruebe la subasta a fin de proceder al pago del precio y solicitar la tradición del inmueble.
En fecha 15 y 18 de marzo de 2011 el magistrado de grado ordena notificar a las partes intervinientes la radicación de la causa en el Juzgado a su cargo, tarea que lleva a cabo el ejecutante, y que finaliza con las notificaciones de fecha 23/5/2012. Posteriormente, el 5/7/2012 solicita se apruebe la subasta, lo que deniega el Juez por cuanto no se hallan notificados del traslado de fs. 517 –resultado de la subasta y rendición de cuentas- la totalidad de las partes. El 9/8/2012 los cesionarios del adquirente se notifican del traslado y solicitan se apruebe la subasta, lo que se rechaza en virtud de lo proveído con anterioridad.
Notificada a fs. 660/661 Graciela Renda, la misma se presenta a fs. 667/668 haciendo alusión a un recurso de apelación por ella interpuesto contra lo decidido a fs. 522/524, el cual se encuentra pendiente de concesión, por lo que el magistrado de grado ordena la remisión de la causa al Juzgado que intervino con anterioridad. Recibida la misma en la justicia de Nación, en fecha 5/9/2012 el Juez ordena lo pertinente en relación a lo advertido, elevando los autos al Superior en fecha 29/10/2013, el que dicta resolución en fecha 18/12/2013.
Devueltas las actuaciones a la instancia de origen -5/3/2014- la parte actora solicita la devolución al juzgado Civil N°5 Departamental, lo que se dispone el 16/4/2014.
Recibida la causa el 5/5/2014 el Juez de grado ordena hacer saber el juzgado que va a entender en la misma. El 3/6/2014 se notifican los cesionarios del adquirente –con representación letrada de la Dra. Nélida Morales- pidiendo el 8/7/2014 se tenga por aprobada la subasta (ver fs. 738), lo que se deniega en virtud de lo dispuesto el 5/5/2014. Seguidamente, el 28/8/2014 libra cédulas a los efectos de dar cumplimiento con ello, El 22/10/2014 el ejecutante solicita se apruebe la subasta, petición a la que no se hace lugar al no encontrarse todas las partes debidamente notificadas del auto de 5/5/2014.
El 8/11/2014, 22/6/2015 y 13/11/2015 la apoderada del cesionario –Dra. Morales- requiere medidas a los efectos de cumplimentar el auto de fecha 5/5/2014, requiriendo nuevas el ejecutante en fecha 27/3/2015. Solicitando la Dra. Morales se proceda a aprobar la subasta celebrada a los fines de depositar el saldo pendiente (ver escrito de fecha 26/2/2016 y fecha 10/6/2016). Lo que se deniega al no haberse aún dado cumplimiento con la notificación pendiente. El 30/3/2016 y el 20/10/2016 el ejecutante pide nuevas medidas para ello, haciendo lo mismo en fecha 17/10/2016 y 18/11/2016 la Dra. Morales. El 12/4/2017 el ejecutante pide se apruebe la subasta y se intime al adquirente a depositar el saldo de precio, encontrándose pendiente de notificación Silvana Beatriz Renda, por lo que se deniega lo pedido. Seguidamente peticiona en igual sentido la Dra. Morales, obteniendo el mismo resultado (ver escrito de fecha 13/6/2017)
El 15/10/2017 el ejecutante solicita se notifique a Silvana Beatriz Renda mediante edictos, ordenando el magistrado el libramiento de nuevas cédulas y oficios.
El 6/6/2019 la Dra. Morales reitera se libren edictos a los efectos de cumplir con la notificación restante, lo que se ordena el 28/6/2019, librándose estos el 5/7/2019, acreditando la Dra. Morales su publicación en su presentación del 20/8/2019, por lo que se hace efectivo el apercibimiento allí establecido, tomando intervención en la causa el Defensor Oficial en fecha 26/9/2019 por Silvana Beatriz Renda.
Del breve relato de las constancias se observa que han transcurrido mas de 11 años desde la venta en pública subasta, demorando este tiempo en encontrarse la causa en condiciones de aprobarse la misma, pudiendo advertirse, entre otras cuestiones, que ha tomado mas de cinco años notificar a las partes la radicación del expediente por ante el Juzgado de origen. A su vez, puedo vislumbrar que, no obstante haber solicitado en reiteradas oportunidades, tanto el ejecutante como los adquirentes, que se apruebe la subasta, no han reparado al hacerlo en los requisitos que había ordenado el magistrado de grado con carácter previo, por lo que mal podían pretender que sus solicitudes tuvieran acogida.
Entiendo así que las conductas procesales desplegadas por ellos han resultado omisivas en función al deber de colaborar con la justicia que sobre ellos pesaba, y por ende dañosas. Ahora bien, razono que el comportamiento de los cesionarios del adquirente se ha erigido como el mas dañoso, ya que si bien, en principio, incumbiría al ejecutante impulsar el proceso, en el caso en particular la demora en su tramitación beneficiaba a los mentados adquirentes, en perjuicio de aquel.
Por su parte considero pertinente mencionar que no obstante no encontrarse aprobada la subasta –presupuesto ante el cual el código de rito en su art. 581 dispone se ordene el pago del precio-, al demorarse este acto procesal, los adjudicatarios podrían haber adoptado medidas razonables, como ser; depositar el saldo de precio, solicitando la inversión de las sumas dadas en pago a los efectos de que no se desvaloricen las mismas, conducta que no se verificó en la especie. No tomando los mencionados ninguna medida razonable a su alcance a los fines de evitar el daño, el cual surge inminente conforme las constancias de la causa, la experiencia cotidiana y según el curso natural de las cosas.
Cabe recordar que toda persona tiene el deber de evitar, de disminuir y de no agravar el daño –un deber de actuar-, siempre que no implique riesgo de sufrir daños ni pérdidas, debiendo todo ello desplegarse en el marco de la buena fé.
Esta exigencia –evitar causar un daño no justificado-, conforme ya se indicara, está en concordancia con la presunción de ilicitud consagrada en el art. 1717, cuando establece que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.
Entre las causas que justifican el daño, se halla el ejercicio regular de un derecho (art. 1718 del CCyC), siempre que no configure un ejercicio abusivo del mismo, dado que no tiene tutela jurídica conforme el art. 10. Es decir, si el ejercicio legítimo de un derecho configura un proceder abusivo, el daño que se provoque no sería justificado y, por ende, tiene el deber de prevenir el perjuicio innecesario que puede producir para no incurrir en ilicitud. La norma regula que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. (Alterini... Ob. cit., pág. 45), pudiendo deducirse que los cesionarios del adquirente en subasta han incurrido en abuso del derecho que les asistía, beneficiándose de esta manera por el mero transcurso del tiempo, ya que nominalmente se mantenía intacto el saldo de precio a abonar por el inmueble adquirido en subasta, depreciándose el valor de la moneda en virtud del proceso inflacionario que vive la economía nacional.
Se advierte, por tanto, que se produjo durante once años una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de la celebración del negocio jurídico -es decir, la oportunidad de realizarse la subasta y adjudicarse el inmueble al mejor postor-, que causa la frustración definitiva de su finalidad, que es satisfacer el crédito del actor ejecutante, por cuanto el signo monetario se ha envilecido durante ese tiempo, siendo esta una situación puramente objetiva ocasionada por procesos económicos y sociales, que ha generado como consecuencia un desequilibrio económico en perjuicio de uno de los sujetos que excede el riesgo asumido por las partes, lo que da lugar, según mi opinión, a la adecuación del negocio jurídico (por analogía art. 1091 del CCyC).
Es asì que, frente a la situación planteada, habiendo tomado conocimiento el magistrado de grado de la posibilidad cierta de que un perjuicio se produjera ha adoptado de oficio y con carácter excepcional las medidas necesarias para que ello no suceda (conf. arg. arts. 1708, 1710, 1713, 1717 del CCyC), ordenando que las partes inicien un incidente de reajuste equitativo. Ello, haciendo uso de las amplias facultades que le otorga el ordenamiento jurídico para adoptar las medidas que resulten apropiadas para prevenir el daño. Es que, como refiere el autor de cita –Alterini-, en la prevención de los daños está interesado el orden público.
Deduzco que la medida adoptada por el a quo para prevenir el daño, en virtud del principio de razonabilidad (art. 28 de la Const. Nac.), constituye la mas idónea y de menor restricción de los derechos en litis para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad.
Es que de disponerse la integración del saldo de precio oportunamente fijado se beneficiarían únicamente los adquirentes en subasta, quienes abonarían un monto irrisorio por la adquisición de un bien inmueble, en detrimento del acreedor que vería licuar el cobro del saldo de precio del inmueble subastado por efectos de la inflación, circunstancia que también perjudicaría a los ejecutados, que tras sufrir la pérdida de un bien inmueble, su producido no sería suficiente para abonar la deuda que se les reclama. Ya se ha expedido hace tiempo la jurisprudencia al respecto, postulando que: “Procede el reajuste del saldo de precio del inmueble adquirido en subasta judicial, ya que de no procederse así, se crearía una situación de injusticia en beneficio exclusivo del adquirente, quien estaría pagando el precio del bien con moneda totalmente depreciada, no siendo óbice para ello, la falta de mora en el comprador.” (CC0203 LP B 70000 RSD-54-92 S 26/03/1992); “La actualización del precio de la subasta no importa la modificación unilateral del precio de adquisición sino su mantención a valores constantes frente al envilecimiento de la moneda. Consecuentemente, ello no perjudica al adquirente, y así también, resulta irrelevante que su comportamiento no haya sido negligente ni la circunstancia de que la demanda hubiera dado lugar al pleito por su morosidad en cumplimiento de su obligación. Por el contrario, de no accederse a dicho plus se beneficiaría al adquirente en perjuicio de la demanda, por cuanto se abonaría una suma de valores constantes inferior a la que debiera haberse efectuado de no haber mediado proceso inflacionario alguno (art. 1071 del C. Civil).” (CC0102 LP 208479 RSI-27-91 I 19/02/1991) Se ha dicho también que “El fundamento de la actualización de los saldos de precio en una subasta no es la mora, ni la actualización constituye sanción contra el comprador sino que se trata por razones de equidad de mantener el valor de cambio de la prestación debida frente al envilecimiento paulatino de la moneda por el transcurso del tiempo. De lo contrario, la demora en realizar lo beneficia al comprador, ya que debido a la depreciación operada pagó menos en términos reales de lo que se comprometió a pagar originariamente, constituyendo un enriquecimiento sin causa en su patrimonio con el consecuente detrimento en el patrimonio del vendedor.” (CC0102 MP 73013 RSD-129-89 S 16/05/1989).
Entiendo oportuno mencionar, que la jurisprudencia ha arribado a estas soluciones –recomponer o actualizar el precio-, aún cuando no ha encontrado responsabilidad en la conducta del adquirente en la desvalorización, articulando esta solución por razones de equidad, y así mantener el valor de cambio de la prestación debida frente al envilecimiento paulatino de la moneda por el transcurso del tiempo. Nótese que, contrariamente a lo expresado por el adquirente en su memorial, no implica una sanción al comportamiento. No obstante considerar el suscripto que, en principio, por los argumentos ya vertidos, la solución arribada en la instancia de grado resultaría la mas adecuada, en virtud de las particularidades del caso, entiendo que su objeto resultaría de cumplimiento jurídicamente imposible.
Deduzco ello, por cuanto de realizarse el incidente de reajuste equitativo de precio, deberían intervenir en el mismo la totalidad de las partes – entre ellos los herederos del ejecutado-, aportando la información que consideren pertinente, con el objeto de llevar adelante tratativas de renegociación.
Para mayor claridad, si bien las obligaciones contraídas por el causante frente a terceros acreedores deben afrontarlas los herederos por resultar continuadores de la personalidad del difunto, ésta obligación es mancomunada y no solidaria, ya que las deudas se dividen y separan en tantas obligaciones como sucesores universales haya dejado, en proporción a la parte que a cada uno le corresponde en la sucesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3492 de dicho Código Civil. (CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL. CONCORDIA, ENTRE RÍOS 13 de Noviembre de 2012; Id SAIJ:
SUI0078573). Es decir, el hecho de que la obligación asumida por los herederos del ejecutado sea simplemente mancomunada, conlleva a que se necesitaría el acuerdo de todos ellos en la convocatoria a renegociar para que expresen su voluntad (art. 825 del CCyC).
Ahora bien, en la presente causa, Silvana Beatriz Renda -uno de los herederos del ejecutado- se halla ausente, motivo por el cual -en fecha 30/9/2019- en su representación ha tomado intervención el Defensor Oficial, funcionario cuya actuación se encuentra circunscripta por el inc. 2 del art. 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 14.442 (a personas ausentes citadas a juicio), y a la observancia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18, Const. nac.), no encontrándose, por ende, facultado para actuar en la renegociación.
A continuación he de señalar que nuestro Cimero Tribunal se ha expedido respecto a las funciones del Defensor Oficial de Ausentes. A pesar de no tratarse de un caso análogo al aquí analizado, considero que sus argumentos, los cuales transcribo a continuación, resultan aplicables por tratarse de cuestiones netamente patrimoniales y, por ende, disponibles; “En orden a ello, y siguiendo una primera línea de análisis puesta de relieve en el respectivo dictamen (v. fs. 70), no hay dudas de que nos encontramos ante un proceso incoado mediante una acción civil de derecho privado con contenido netamente patrimonial”.
Se precisó que: “La designación de defensor oficial para la representación o patrocinio de los eventuales herederos "ausentes" del actor implica, en el caso, transferir al funcionario un impropio ejercicio directo de la acción entablada en el marco de un proceso gobernado -en forma preeminente- por el principio "dispositivo" (conf. doctr. arts. 14, 17, 18, 19 y concs., Const. nac.).
Asimismo y tal como también lo puntualiza la titular del Ministerio Público (v. fs. 71 y vta.), la designación de marras conlleva la desnaturalización de la función propia del defensor oficial "... en tanto más que resguardarse la defensa de los derechos de los justiciables importa [...] transferirle el ejercicio de la vocación hereditaria de presuntos herederos que no se han presentado libremente a asumir sus derechos, respecto de quienes se desconoce su voluntad e interés actual de mantener vigente la instancia judicial iniciada, con infracción a normas sustanciales tales como las contenidas en el art. 1881 inc. 16 del Código Civil de Vélez Sársfield derogado, reproducida en lo que aquí interesa señalar, en el art. 375 inc. 'd' del Código Civil y Comercial de la Nación y a las garantías constitucionales contenidas en los arts. 14, 18 y 19 de la Carta Magna...".
De otro lado, comparto también lo puntualizado en cuanto a que el art. 43 -y su remisión a los modos de citación y apercibimientos contenidos en el arts. 53 inc. 5- deben ser interpretados de consuno con lo preceptuado por el inc. 2 del art. 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 14.442 que circunscribe dicha particular intervención de los defensores oficiales a la representación de las personas ausentes citadas a juicio (en el sentido de demandadas), en observancia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18, Const. nac.), sin que le quepa suplir el interés del promotor de la acción o, como en el caso, de sus herederos (v. fs. 71 vta./72).” (SCBA LP C 120248 S 29/11/2017, en autos caratulados: “Martinelli, Carlos Alberto contra Rotondo, Marcos Hernán y otros. Daños y perjuicios”) (Lo destacado no es original)
También ha precisado “La intervención del Defensor Oficial en los términos del art. 341 del Código Procesal Civil y Comercial garantiza que el ausente no quede en estado de indefensión, aunque ello no implica que puede disponer de los derechos del que representa, pues su función es velar por ellos.” (SCBA LP C 104714 S 21/04/2010, en autos caratulados: “La Media Luna S.A. c/Provincia de Buenos Aires s/Expropiación irregular”) (Lo destacado no es original)
En igual sentido se ha expedido la jurisprudencia señalando que “El defensor del ausente, que es un representante legal, está imposibilitado de allanarse a la demanda por carecer de los poderes especiales que son necesarios para ello; como también se encuentra impedido -por falta de facultades- de hacer renuncias o efectuar reconocimientos que traigan como consecuencia para sus representantes, la pérdida de derechos de fondo (art. 1881, inc. 7º del Código Civil.” (CC0203 LP B 90280 RSD-11-99 S 11/02/1999) Sentado lo anterior, toda vez que la tramitación del incidente de reajuste, conforme ya fuera mencionado implicaría la renegociación del negocio jurídico, y desconociendo el defensor de ausentes la voluntad de su asistido para ello, su actuación vulneraría la libertad de disposición, desnaturalizándose así la función propia del defensor (conf. arts. 14 y 19, Const. nac.), cuya intervención se circunscribe a la representación de las personas ausentes citadas a juicio, en observancia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18, Const. nac.), sin que le quepa suplir el interés de su asistido (art. 33 inc. 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 14.442).
Finalmente cabe recordar que tratándose de obligaciones simplemente mancomunadas de sujeto plural, las asumidas por los deudores ejecutados (art. 825 del C. C. y C.), el crédito o la deuda es divisible (arts. 826, 805 y 808 del C. C. y C.), sin embargo nos hallamos ante una subasta realizada y adjudicado el inmueble al mejor postor, resolviendo el Sr. Juez de Primera Instancia -que previo a la aprobación de la subasta- convoca a las partes a una renegociación, en donde deben concurrir necesaria e íntegramente todas las partes involucradas en esta contienda. Sin embargo, el Defensor de Ausentes carece de mandato para suplir la voluntad de su representado en la renegociación.
Por los argumentos expuestos, considero pertinente modificar la resolución apelada en cuanto ordena a las partes iniciar un incidente de ajuste equitativo de precio, en tanto el objeto por el cual el magistrado ha dictado su decisión –convocar a todas las partes a renegociar para que expresen su voluntad- resulta, reitero, jurídicamente imposible (doc. art. 953 del Cód. Civ. y su conc. externo el art. 725 del nuevo C. C. y C.).
Ahora bien, conforme lo ut-supra desarrollado, y haciendo uso de las facultades que expresamente me confiere la norma de fondo (arts. 1708, 1710 y conc. del CCyC, 34 y 36 del CPCC), razono necesario –lo que así propongo a mis distinguidos colegas de Sala- readecuar la medida ordenada, debiendo ser el magistrado de grado quien por su propio imperio proceda a la readecuación del negocio jurídico (por analogía art. 1091 del CCyC), atendiendo para ello a las circunstancias extraordinarias del caso (arg. arts. 960, 961 y conc. del CCyC), y de acuerdo a los principios del deber de prevención del daño negocial aplicables a la cuestión en estudio que se basan, a saber: a) en la equidad, b) en el esfuerzo compartido o en el sacrificio compartido, c) en la conservación y preservación del acto o negocio jurídico; d) en el deber general de prevención del daño; e) en la equivalencia de las prestaciones; f) en el principio romanista: "alterum non laedare" o no dañar al prójimo. g) la prohibición del ejercicio abusivo del los derechos. (conf. arts. 281, 332, 724, 725, 730, 955, 957, 958, 959, 960, 965, 1031, 1032, 1061, 1066, 1068, 1091, 1708, 1710, 1711, 1712, 1713, 1730, 1732, 1733 del CCyC).
Se establece a dichos efectos un plazo prudencial que se fija en treinta días, sujeto a ampliación en el caso de que el magistrado de la instancia de origen lo considere pertinente (art. 155 del CPCC).
Las costas se imponen al apelante, en su calidad de vencido (art. 68 del CPCC)
En consecuencia, atento a la forma en que se resuelve, es menester declarar inoficiosos y abstractos el resto de los agravios esgrimidos por el quejoso.
Por ello, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dr. Ramón Domingo Posca y Dr. Héctor Roberto Pérez Catella adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos, VOTANDO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme el resultado obtenido en la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, este tribunal:
1. CONFIRMAR el decisorio atacado en cuanto rechaza el planteo de nulidad efectuado por los Sres. Graciela Renda y Juan Salvador Renda; 2°) IMPONER LAS COSTAS a los apelantes vencidos (art. 68 del CPCC); 3°) MODIFICAR la resolución apelada de fecha 12/4/2021 en cuanto dispone que las partes inicien un incidente de reajuste equitativo, y, en consecuencia, ENCOMENDAR al Señor Juez de grado que por su propio imperio proceda a la readecuación del negocio jurídico (art. 1091 del CCyC), atendiendo para ello a las circunstancias extraordinarias del caso (arg. arts. 960, 961 y conc. del CCyC), y de acuerdo a los principios esbozados precedentemente; 4°) FIJAR para su cumplimiento un plazo prudencial de treinta días, sujeto a ampliación en el caso de que el magistrado de la instancia de origen lo considere pertinente (art. 155 del CPCC); 5º) IMPONER LAS COSTAS a los apelantes vencidos (art. 68 del CPCC); 6º) DIFERIR la regulación de los honorarios para su oportunidad. REGISTRESE. DEVUELVASE, encomendándose al Sr. Juez la notificación de la presente.
Fin de la sentencia