Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de Mercedes · Causa 96689
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo promovida por Lorena Fernanda Luján Salvatierra contra IOMA y Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As., condenando a los demandados a suministrar a la amparista la cobertura integral del 100% de su internación y de los cuidados comprendidos en la prestación de la residencia geriátrica Hogar VP de la ciudad de Veinticinco de Mayo, conforme tratamiento indicado por los médicos tratantes y relacionado con su patología, lo que deberá ser abonado del 1 al 10 de cada mes conforme presupuesto confeccionado por la referida institución, bajo apercibimiento, que en caso de incumplimiento se haga efectivo lo dispuesto por el art. 24 de la ley 13.928.
2Desestimar la aplicación del 35% por dependencia solicitado, por no haberse acreditado que los cuidados requeridos por el amparista excedan los comprendidos en el valor presupuestado por Hogar VP; ello sin perjuicio de la cobertura integral del 100% de dicho valor ordenada en el punto anterior.
3Imponer las costas del presente a la demandada (art. 68, CPCC; art. 19, ley 13.928).
4Regular los honorarios de la abogada de la accionante, Dra. Isolina Patricia Tezano en la cantidad de 20 JUS, con más el 10% de aporte legal e IVA -si correspondiera- (arts. 1, 9, 10, 13, 15, 16, 24, 51, 54 y 57, ley 14.967; art. 20 bis, ley 13.928).
Expte. Nº: 96689
Mercedes, en el dia de la firma.- AB
AUTOS Y VISTOS: Llegan los presentes obrados caratulados " SALVATIERRA LORENA FERNANDA LUJAN C/ IOMA (INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL) Y OTRO/A S/ AMPARO " (Expte. n°96.689) para dictar sentencia, encontrándose firme el llamamiento de autos de fecha 6/11/2026 (conf. art. 133 del ritual).
RESULTANDO: I. Que en 26/05/2026 la Sra. Lorena Fernanda Luján Salvatierra, promueve acción de amparo contra IOMA y Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, requiriendo de la demandada se le permita efectuar el correspondiente trámite de renovación de la autorización a los fines de continuar la internación en el geriátrico HOGAR VP, en el que se encuentra residiendo en la actualidad y cuyo plazo expira en 30/06/2026, conforme informe de IOMA del 5/02/2026 que se adjunta en pdf de la demanda, con la cobertura integral del 100% del tratamiento indicado por los médicos tratantes de la actora y relacionado con su patología y el adicional del 35% por dependencia .
Manifiesta que es afiliada de IOMA conforme acredita con carnet adjunto en pdf. Relata que al intentar iniciar el trámite ante IOMA a los fines de obtener la renovación de la autorización para continuar con la internación, que venciera el próximo 30 de junio, la misma le ha impedido la prosecución del mismo sin extenderle ninguna constancia ni motivo del rechazo. Razón por la cual se remite carta documento a la accionada, en su delegación de Veinticinco de Mayo, la que fuera recibida con fecha 11/05/2026 conforme historial adjunto en pdf.
Plantea medida cautelar tendiente a que la demandada autorice la cobertura integra de lo requerido. Funda en derecho y ofrece prueba.
II. En 26/05/2026 se ordena el traslado de la demanda interpuesta.
III. Con fecha 5/06/2026 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, en la que se dispone otorgar la renovación de las prestaciones de la Sra. Lorena Fernanda Lujan Salvatierra en el Hogar VP con la cobertura integral del 100% del tratamiento indicado por los médicos tratantes y relacionado con su patología , más el adicional del 35% por dependencia, todo ello por tiempo indeterminado y/o hasta que su cuadro de salud prospere. Con fecha 20/08/2026 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martin confirma la resolución apelada de manera parcial, revocando la cobertura del adiciona del 35% con los fundamentos que más adelante se expondrá.
En 4/06/2026 contesta demanda la Fiscalía de Estado. Niega que mediara una conducta manifiestamente arbitraria o ilegal, y cuestionando la procedencia de la vía de amparo. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas de IOMA acompañando. Funda en derecho. Asimismo acompaña expediente.
IV. En 13/08/2026 se recibe la causa a prueba, siendo admitidas y proveídas en consecuencia. Con fecha 21/10/2026 obra certificado actuarial sobre vencimiento del periodo probatorio y pruebas producidas.
V. Con fecha xxxxxx se han llamado autos para dictar sentencia, proveimiento que se encuentra firme y consentido saneando cualquier vicio procesal inadvertido, dejando así las actuaciones en estado de ser resueltas (arg. arts. 133, 155, 170, 482, 496 inc. 6) del CPCC).
Y CONSIDERNADO:
I. Que el amparo es un remedio excepcional para hacer cesar por vía jurisdiccional el estado de arbitrariedad o ilegalidad creado por la autoridad pública o los particulares, que infringen una garantía o un derecho constitucional, y que no se trate de la libertad corporal (arts. 14 bis, 42, 43, 75 inc. 22, Constitución Nacional; 20 inc. 2 y última parte, y 36 inc. 8, Constitución de la Provincia de Buenos Aires; cfr. SCBA, Q. 73.300, sent. de 17-XII-2014; art. 4, ley 13.928).
De tal modo, es condición esencial para la procedencia del amparo, que se haya configurado el supuesto de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" (CSJN, sent. de 10-VIII-1993, in re "Diario Nueva Provincia SRL"); entendiéndose por manifiesto en sentido jurídico, lo que se prueba o demuestra por sí mismo (CNCiv., sala C, sent. de 17-IV-1992, JA, Repertorio 1995, p. 131, n. 52).
En relación a los conceptos mencionados ("arbitrariedad" e "ilegalidad"), Lino Palacio apunta que el primero se exterioriza cuando el acto o la omisión aparecen formalmente fundados en la ley pero ésta es aplicada con error axiológico inexcusable, exceso ritual o autocontradicción, o bien las conductas cuestionadas derivan de la transgresión de las reglas del debido proceso, el segundo concepto (la ilegalidad) se configura cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de todo sustento normativo, es decir, cuando entrañan la prescindencia lisa y llana la ley (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, 4a ed., Abeledo Perrot, 2017, t. IV, pp. 2908/2909, n. 1059; ídem, "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", La Ley, 1995-D-1237).
II. Que, en el caso de autos, no caben dudas que nos encontramos frente a la salvaguarda de un derecho fundamental, como es el derecho a la salud de la Sra. Salvatierra, y en particular, la continuidad de los cuidados que recibe en la institución donde reside. La necesidad de esa prestación y las consecuencias que podría ocasionar su interrupción justifican el examen de la pretensión por la vía escogida (arts. 33, 42, 43, 75 incs. 19, y 23, Constitución Nacional; arts. 10, 12 incs. 1 y 3, 36 inc. 8, Constitución provincial, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pactos y Convenciones incorporadas a la Carta Magna: arts. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4 inc. 1, y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; 24 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 inc. c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Las presentes deben analizarse atendiendo a las circunstancias personales de la Sra. Salvatierra. Conforme a los informes médicos acompañados y considerados al disponer la cautelar, Lorena Fernanda Luján es una paciente institucionalizado por vulnerabilidad social, con falta de adherencia al tratamiento con antecedentes de HTA; diabetes insulino dependiente, IC a FEY disminuida 30%, arteriopatía periférica ERC y amputación suprapatelar izquierda que condiciona uso de sillas de ruedas permanente. A ello se suma la limitada posibilidad de su grupo familiar de brindarle los cuidados permanentes que necesita.
Su situación de discapacidad (acreditada con CUD acompañado en pdf del 19/06/2026) y dependencia confiere a la internación indicada por los profesionales tratantes una relevancia que excede el alojamiento, allí recibe la asistencia y supervisión que su estado de salud requiere. Por eso, la eventual interrupción de la cobertura debe apreciarse según sus efectos concretos sobre la continuidad de esos cuidados.
Todo ello, respaldado con informe de historia clínica del 13/05/2026 efectuado por Dra. Cintua Ferraris, Esp. Clinica Médica, MP 120036 (cuya autenticidad fue verificada conforme oficio del 24/09/2026) y del 25/05/2026 elaborado por la Dra. Elena Soriano, Médica de la UBA, MP 71543 (reconocido mediante oficio del 22/10/2026), quienes además de acreditar el diagnóstico de la paciente, aconsejan la permanencia en la institución en la que reside actualmente debido a los cuidados que requiere la misma y a los fines de la estabilidad y evolución, así como también que el cambio de contexto generaría retrocesos en el proceso. Manifiesta que se encuentra tramitando certificado de discapacidad.
Por su lado, en informe emitido en 15/05/2026 por Lic. en Trabajo Social Lucia A. Vega perteneciente al Hogar VP de Veinticinco de Mayo (cuya autenticidad fue acreditada mediante oficio del 24/09/2026), donde reside la paciente, se dictamina la necesidad de continuar con los cuidados, supervisiones y acompañamiento permanente como hasta ahora, en virtud de sus antecedentes recientes de amputación y las limitaciones de su red de apoyo familiar, la paciente no cuenta con recursos económicos, ni red familiar suficiente que permitan garantizar en el domicilio los cuidados integrales que su situación requiere.
Asimismo, del informe socioambiental efectuado por la Municipalidad de Veinticinco de Mayo (conf. prueba de reconocimiento producida en 22/10/2026), se manifiesta la urgencia de gestionar una residencia apta para sus condiciones de salud, debido a que su vivienda presenta un estado edilicio critico (sin gas, ni electricidad segura, higiene, accesibilidad, sanitariamente de alto riesgo), a su vez de que su red familiar no resulta suficiente en tanto que su esposo trabajo durante todo el día y su hijo presenta discapacidad.
El artículo 75 inc. 23) de la Constitución Nacional impone adoptar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la ley 27.044 otorgó jerarquía constitucional, reconoce sus derechos a acceder a los apoyos necesarios y a recibir atención de salud sin discriminación (arts. 19 y 25).
III. Que, sentado ello, es necesario resaltar que, de las postulaciones formuladas por la accionada, no consta el desconocimiento de la condición de afiliado de la Sra. Salvatierra, ni de sus condiciones particulares, ni situación de internación, lo que resta verificar la existencia de la denunciada arbitrariedad en torno a la conducta desplegada por el organismo prestacional respecto del cumplimiento al reclamo efectuado por la actora de manera satisfactoria.
Así las cosas, se debe recordar que el art. 375 del Código Procesal dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan -y que pretenden subsumir- como sustento de su pretensión, defensa o excepción (cfr. SCBA; C. 120.605, sent. de 7-03-2018), a lo que cabe añadir que la obligación de rendir la prueba no depende de la función de actor o demandado sino de la situación que cada uno adquiere en el proceso de conformidad con los hechos establecidos o reconocidos, incumbiéndole -en consecuencia- a la parte que quiere modificar el estado normal de las cosas o la posición adquirida por la otra parte en la litis, por lo que cada parte debe probar sus afirmaciones (cfr. SCBA, C. 118.426, sent. de 12-07-2017; ídem., C. 108.940, sent. de 16-07-2014; e.o.).
Con la documentación acompañada por la actora, se acredita que la amparista ha efectuado el presente reclamo ante la negativa de IOMA de interrumpir la prestación consistente en la internación de la Sra. Salvatierra expirando la misma el 30/06/2026. Frente a la necesidad de cuidados permanentes acreditada, la respuesta administrativa que ha dado la accionada conforme se desprende de la formación de expedientes administrativos antes referidos no han ofrecido una solución efectiva para mantener la prestación, ni tampoco identificado una alternativa concreta, disponible y adecuada al estado de salud del amparista. La modificación de sus mecanismos internos de autorización no constituye una justificación suficiente para poner en riesgo la continuidad de una internación médicamente indicada que venía cubriendo. En las circunstancias del caso, ello configura la arbitrariedad que habilita la procedencia del amparo.
Al respecto se ha dicho, "las condiciones difíciles por las cuales pueden atravesar las obras sociales no puede ser opuesta al derecho de los beneficiarios que no han provocado esta situación y tampoco puede ser opuesta al derecho a la salud, a la integridad física y a la vida misma, de carácter constitucional, ya que en su defecto tales derechos carecerían de toda operatividad, convirtiéndose en meras declaraciones de principios, sin efectividad alguna (Tribunal en lo Criminal N°1, Necochea en autos "Britos, Juan Carlos s/acción de amparo", Exp. N°3301 de noviembre de 2002).
Ahora bien, sin dejar de desconocer lo que manifiesta la demandada posteriormente, en 23/07/2026 en tanto que acompaña expediente administrativo n° 2026-18463112 a fines de acreditar que se había dado cumplimiento con la medida cautelar dispuesta, y lo expuesto por la amparista en 18/08/2026 sobre el cumplimiento efectivo de la misma, tal circunstancia no torna abstracta la cuestión debatida ni obsta a la prosecución del tramite, toda vez que la satisfacción provisoria de la pretensión no equivale al reconocimiento definitivo del derecho invocado por la amparista.
En consecuencia, subsiste el interés en obtener una sentencia de merito que resuelva la controversia y otorgue certeza y estabilidad a la tutela de sus derechos, sin que el acatamiento de la medida cautelar pueda erigirse en fundamentos para privarla de dicho pronunciamiento.
IV. Ante la incertidumbre respecto de la pertinencia de la vía utilizada por la amparista para procurar la prestación necesaria, vale poner de resalto la urgencia debido al cuadro médico que presenta la Sra. Salvatierra, ponderando el compromiso a la salud que la interrupción de la prestación, tal como la viene recibiendo podría acarrear a sus derechos a la salud, a la vida y a la calidad de vida, correspondiendo adoptar un temperamento protectorio atento las circunstancias particulares antes referidas del beneficiario; todo lo cual justifica el acceso a la jurisdicción de la forma en que ha sido incoada en autos (arts. 384, CPCC; 15, Const. provincial).
En consecuencia, no hallándose acreditado en las presentes actuaciones causal o motivo que -de modo suficiente- justifique el retardo por parte del IOMA en dar respuesta al pedido de prestación efectuado por la amparista, puesto que, sin perjuicio de las actuaciones administrativas generadas a los fines de dar cumplimiento, las mismas han resultado como consecuencia del inicio del presente reclamo. Corresponde -a fin de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud y hacer operativa y efectiva la tutela judicial- hacer lugar a la vía procesal intentada, confirmando la resolución cautelar oportunamente dispuesta.
V. En lo que respecta al adicional del 35% por dependencia solicitado, si bien los informes médicos y sociales acompañados acreditan la severa dependencia de la Sra. Salvatierra y justifican la continuidad de su internación en Hogar VP con cobertura integral, lo cierto es que el sólo hecho de necesitar aquella asistencia permanente no demuestra que corresponda adicionar aquel porcentaje al valor presupuestado por la residencia.
Es así que, el presupuesto de Hogar VP (Pavira Servicios S.R.L) acompañado con la demanda (v. pdf del 26/05/2026) fija un valor mensual de $2.800.000 para la prestación e incluye atención médica, asistentes durante las 24 horas, enfermería, nutrición y las restantes prestaciones allí detalladas. No obra en autos un informe específico que establezca que los cuidados requeridos por la amparista excedan los comprendidos en ese módulo, ni un presupuesto de la institución que discrimine una prestación adicional por dependencia. Tampoco se ha acreditado que la falta de ese incremento le impida recibir los cuidados indicados (arts. 375 y 384, CPCC).
Al respecto, la Alzada (Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín) ya se ha expedido en 20/08/2026 en el marco de la medida cautelar otorgada oportunamente en autos, en el sentido de que no correspondía imponer cautelarmente a IOMA el adicional del 35% sin prueba de necesidades asistenciales no contempladas en el módulo contratado. Señala, además, que el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad no resulta automáticamente oponible a IOMA, puesto que no integra el sistema de obras sociales de la ley 23.660, sin perjuicio de su deber de brindar prestaciones integrales conforme a la ley provincial 10.592.
Si bien aquel pronunciamiento ha resuelto una cuestión cautelar, no prejuzgando sobre la cuestión de fondo, sus fundamentos resultan aplicables a la prueba aquí reunida, ya que la protección del derecho a la salud de la Sra. Salvatierra queda asegurada mediante la cobertura del 100 % del valor real y efectivo de la prestación presupuestada por Hogar VP, sin que se haya demostrado la procedencia de sumar sobre ese importe el porcentaje reclamado.
Es por ello, que considero que deberá desestimarse dicha pretensión.
VI. Que en virtud al modo en que ha sido resuelta la presente controversia, corresponde que las costas sean soportadas por la parte demandada en su condición de vencida (cfr. arts. 68, CPCC; 19, ley 13.928).
Por ello, citas legales y jurisprudenciales efectuadas y lo dispuesto por los arts. 3, 5, 9, 10,12, 13, 14, 16, 17, 17 bis de la ley 13.928, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por Lorena Fernanda Luján Salvatierra contra IOMA y Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As., condenando a los demandados a suministrar a la amparista la cobertura integral del 100% de su internación y de los cuidados comprendidos en la prestación de la residencia geriátrica Hogar VP de la ciudad de Veinticinco de Mayo, conforme tratamiento indicado por los médicos tratantes y relacionado con su patología, lo que deberá ser abonado del 1 al 10 de cada mes conforme presupuesto confeccionado por la referida institución, bajo apercibimiento, que en caso de incumplimiento se haga efectivo lo dispuesto por el art. 24 de la ley 13.928. 2) Desestimar la aplicación del 35% por dependencia solicitado, por no haberse acreditado que los cuidados requeridos por el amparista excedan los comprendidos en el valor presupuestado por Hogar VP; ello sin perjuicio de la cobertura integral del 100% de dicho valor ordenada en el punto anterior. 3) Imponer las costas del presente a la demandada (art. 68, CPCC; art. 19, ley 13.928). 4) Regular los honorarios de la abogada de la accionante, Dra. Isolina Patricia Tezano en la cantidad de 20 JUS, con más el 10% de aporte legal e IVA -si correspondiera- (arts. 1, 9, 10, 13, 15, 16, 24, 51, 54 y 57, ley 14.967; art. 20 bis, ley 13.928). Se deja constancia que no se regulan honorarios a la representante del Fisco Provincial en virtud de lo dispuesto por el art. 18 del decreto-ley 7.543/69. Regístrese y Notifíquese automáticamente (art. 10, anexo único, Ac. 4039, SCBA).
Firmas
Funcionario firmante: BALDASSINI Pablo Alejandro - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 82-2026
Fin de la sentencia