Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8110
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello rechazo este agravio que no es atendible Sí voy a admitir parcialmente el tercer agravio que contempla los gastos médicos y de traslado. Es razonable que una persona con un cuello ortopédico se le dificulte el manejar pues tiene disminui-da su visión periférica. Es razonable que haya tenido que recurrir a transportes públicos para concurrir a consultas médicas y análisis de laboratorio, indemnización que propongo no como indemnización por privación de uso del rodado, toda vez que pudo ser utilizado por su cónyuge (ver poder) al no ser arreglado, sino como traslados derivados del tratamiento médico. Y también es razonable que aparte de los gastos que cubrió la obra social o la ART, la actora haya debido afrontar algunos gastos extras, (fármacos, estudios, propinas etc.) por los que no se acostumbra a requerir comprobantes. Por ello propongo que uso de la facultad que nos acuerda el art. 166 del CPCC establecer en la suma de Cuatro mil pesos a valores de la fecha del hecho el monto de este rubro por el que también progresa la acción civil de daños contra la Sra. Cristina Godoy y su aseguradora. Al progresar parcialmente el recurso y ser rechazo los dos primeros estimo justo que los honorarios del letrado sean soportados en la instan-cia en un tercio por la demandada y dos tercios por la recurrente (art. 71 del CPCC). …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8110 Sentencia: 3030 Actor: SALVO, Melisa S.
Demandada: GODOY, Cristina y Otros Objeto:
Fecha: 31/10/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los treinta y un días del mes de octu-bre de dos mil veintitrés se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definiti-va en los autos “SALVO, Melisa S. c/ GODOY, Cristina V. y otros s/ Accidente de trabajo-Daños y perjuicios” Expte. Nº 17.996 del año 2.016 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº2 Se-cretaria Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaran en esta ins-tancia bajo el Nº 8110. A estos efectos se fijó el siguiente orden de estudio Humberto Eduardo Mone-los, Jorge Omar Alonso y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe aceptarse la excusación de la Dra. Bard? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TER-CERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 862365/2023 nuestra colega, la Dra. Griselda I. Bard se excusa de intervenir en autos por actuar como letrado apoderado de la parte actora el Dr. Eduardo Rubén González quien es su esposo. Es de público conocimiento esta relación marital que encuadra la excusación en tratamiento dentro de la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC y por ello es admisible.
Por ello propongo al Acuerdo aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard apartándola del conocimiento y trámite de estos autos.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
II. Que es de público conocimiento la relación conyugal que une a la Dra. Bard con el letrado apoderado de la parte actora. Por ello al estar configurada la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC la ex-cusación procede. Adhiero por ello al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que en autos se ha dado la circunstancia procesal de haber acumulado la actora una ac-ción laboral por accidente in itinere, con una acción del derecho civil por indemnización de daños y perjuicios por un accidente de tránsito contra una persona que no era su empleadora, y sin que, a mi juicio, se diera circunstancia del art. 189 del CPCC. A esta demanda se le imprimió el procedimiento del art. 104 de la ley 1.444 a fs. 77 y las partes lo consintieron.
La sentencia rechazó la demanda contra la empleadora y contra la ART, pero se sigue, con el trámite del proceso laboral, en agravios vertidos contra rubros civiles, tal la desvalorización del roda-do, la privación de uso del automotor y los gastos médicos. Pero, reitero, las partes han consentido el procedimiento y debo atenerme a él. El magistrado lo ha puesto de resalto en el segundo párrafo de los considerandos.
IV. Que la actora Sra. Melisa S. Salvo por medio de sus apoderados demanda a su empleadora Comercial Automotores S.A. y su aseguradora QBE ART absorbida por Experta ART por la repara-ción plena de un accidente denunciado como in itinere al ser embestida cuando se trasladaba en un vehículo de su propiedad marca Citroen C3 dominio GCX-623 y contra la Sra. Cristina Vicenta Godoy y su aseguradora, quien conducía un Chevrolet Cruze dominio KPK-320 que resultada embestidor. El accidente ocurrió el 11/07/14 a las 14hs,35 minutos en la intersección de la Avenida Fagnano y José Hernández (hoy 9 de julio) de esta ciudad de Caleta Olivia. Los demandados y las aseguradoras con-testaron la demanda. Habida cuenta que solo se han recurrido tres rubros de la acción de daños y perjuicios por el accidente de tránsito por economía procesal no tiene objeto hacer una relación de la demanda y su responde, que, por otra parte, se encuentra perfectamente resumida en la sentencia. Solo hago referen-cia que a fs. 233/236 se abre la causa a prueba y se provee la ofrecida por las partes consideradas pertinentes.
Producida la obrante en autos, ya dentro del proceso digital, en PE 254995/2021 se dicta sen-tencia que: 1º RECHAZA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA interpuesta por Comercial Automotor S.A. y Experiencia ART S.A …; 2º) ADMITIR PARCIALMENTE la demanda articulada por la Sra. Melisa Susana Salvo contra la Sra. Cristina Vicenta Godoy y la Compañía Asegu-radora Integrity Seguros Argentina S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a raíz del siniestro ocu-rrido el día 11 de julio de 2014, condenando a las mismas en forma solidaria a pagar a la actora, en el término de diez(10) días de notificados, firme y liquidada la presente sentencia en concepto de daño patrimonial, daño material y daño emergente por incapacidad la suma de $361.050 y la suma de $ 120.00 ($120.000 según inicio y considerandos) en concepto de daño extrapatrimonial (psíquico y moral) debiendo ser la totalidad de las sumas debidamente recompuestas, desde las fechas indicadas en el tratamiento a cada rubro y hasta el efectivo pago, conforme a las pautas dadas en el capítulo respectivo. Costas a cargo de las codemandadas, en forma solidaria. 3º) RECHAZAR PARCIALMEN-TE LA DEMANDA en lo relativo a los rubros daño emergente por depreciación comercial del rodado, privación de uso y gastos médicos… 4º) RECHAZAR LA ACCIÓN incoada contra Comercial Auto-motor S.A. y QBE ART SA (EXPERIENCIA ART SA) y declarar abstracto el tratamiento de la excep-ción de falta de legitimación pasiva interpuesta por EXPERTA ART, distribuyendo las costas de esta acción por el orden causado…. 5º) DECLARAR abstracto el pronunciamiento en relación a los plan-teos de inconstitucionalidad… 6º) Regular honorarios profesionales … 7º) Determinar la tasa de justi-cia… 8º) ordena registrar y notificar con copia íntegra del fallo a cada contendiente y profesionales… En PE 260737/2021 el Juzgado salva una omisión en la regulación de honorarios de los profesionales y la corrige.
V. Que, disconforme, sólo el apoderado de la actora con la pieza en PE 264188/2021 interpo-ne y funda recurso de apelación contra la sentencia. El recurso le es concedido, en PE 191497/2021, libremente y con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios. Estos no son contestados y como señalé, las demás partes no apelan la sentencia.
En PE 854450/2023 los autos se elevan con la certificación de estilo. Oportunamente, integra-da Cámara en PE 957229/2023 y consentida la intervención de estos subrogantes, se dispone el llama-do de autos a sentencia y se establece el orden de estudio.
VI. Que el recurrente limita su recurso a tres agravios. En el primero de ellos se queja por ha-berse desestimado el rubro desvalorización del rodado de propiedad de la actora. Cita doctrina que, explica, exige dos requisitos: la existencia de depreciación del vehículo y que se hayan afectado partes estructurales del automotor que, sostiene, existen. Refiere haberse valuado los daños en un presupues-to ratificado por el Sr. Luis Gavosto en su intervención como perito. Refiere que un vehículo chocado pierde valor y su precio en el mercado disminuye notoriamente y que es fácil corroborarlo con llevar-lo a la planta de verificación vehicular. Cualquiera conoce los antecedentes del vehículo y siendo chocado pierde valor.
Esa afirmación lo lleva a concluir que, a raíz del impacto, el automotor de la Sra. Salvo perdió valor de cotización. Sostiene que el magistrado yerra al rechazar el rubro aduciendo orfandad probatoria. Invoca el sentido lógico para sostener que el auto chocado será difícil comercia-lizarlo por las partes que hay que cambiar, producto del impacto, con sólo ver el presupuesto y la afirmación del perito Luis Gavosto para hacer lugar al agravio. Se refiere a la prueba de presunciones judiciales. Sostiene que, a consecuencia de la colisión, hubo de cambiarse partes del automóvil embes-tido. Por ello sostiene que se debe revocar la sentencia y admitir el rubro. En el segundo agravio critica la sentencia por haber rechazado el reclamo referido a la priva-ción de uso de su automóvil.
Explica que la privación obedeció a dos motivos en primer lugar a raíz de las lesiones se vio impedida de conducir y debió contratar un transporte para dirigirse en su vida diaria invocando la presunción del art.1746 del Código Civil y Comercial. Y en segundo lugar por encontrarse chocado su automotor. Por ello, dice, su mandante se vio obligada a conducirse en remís o taxi señalando la distancia de su domicilio con el centro. Y ello para concurrir a su médico o para cualquier trámite o quehacer de la vida diaria. Cita jurisprudencia y entiende que debe admitirse su reclamo por privación de uso. En el tercer agravio señala que al iniciar la demanda pidieron los gastos médicos incluyendo fármacos, estudios, análisis, traslados, etc.
Se queja por cuanto en la sentencia se rechaza el rubro con el fundamento que la actora fue asistida durante su convalecencia por la obra social MEDIFÉ. Consi-dera desacertada la sentencia por cuanto, dice, es de público y notorio que las obras sociales no cu-bren la asistencia médica el 100%. Recuerda que la doctrina y la jurisprudencia receptaron “la presun-ción propicia a la víctima favorablemente los gastos médicos y de farmacia” y que fuera receptada por el art. 1746 del Código Civil y Comercial. Cita jurisprudencia y afirma que el criterio amplio se fue acentuando en el tiempo sin requerir prueba acabada de su existencia. Por ello entiende que se debe modificar la sentencia y hacer lugar a su presentación.
Funda su recurso en normas el Código Civil y Comercial y en el Código Civil de Vélez Sarsfield. Pide se revoque la sentencia con imposición de costas.
VII. Que al ingresar al examen del primer agravio debo ponderar varias circunstancias. El au-tomotor dañado de propiedad de la actora (ver informe del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 504/505) se trata de un CITROEN C3 sedán 4 puertas, modelo 2007 fabricado en Brasil en 2006. Como prueba de los daños tenemos claro que el automotor no había sido reparado a la fecha de la inspección ocular 9 de mayo de 2019, a estar al acta de fs. 565 y fotografías de fs. 563/4564vta. En efecto se consigna en el acta:
“Por último se observa el automotor de la actora el presenta daños en el lateral izquierdo. Se procedió a tomar secuencias fotográficas las que se agregan a la presente …”
Se han agregado cuatro fotografías del automotor de la actora: en la foto superior de fs. 563 se pone el foco en la señal de “ceda el paso” y el vehículo que en ella aparece no es de la actora. Y lo digo pues, aparte de no ser de la misma marca, ostenta la patente HUK 511. En la de fs. 563 inferior aparece el que sería el coche de la actora. También el CITROEN de la actora aparece en las dos fotos de fs. 564 y la foto de fs. 564 vta.. Si bien esas fotografías no permiten ver su patente, no se discutió en la diligencia que correspondían al vehículo dañado. De ello se desprende que, como dije, a esa fecha no se lo reparó. He visto en estos años pericias lacónicas y sin fundamentos, pero la de fs. 668 se lleva las palmas. El perito no designa los daños ni analiza piezas que deban repararse o sustituirse, y se limita a decir que ha observado las imágenes de fs. 663 y 664 y analizado el presupuesto de fs. 14 y lo consi-dera coincidente a las reparaciones que deben efectuarse. No indica porqué, ni señala cuales son los daños o las piezas que deban cambiarse. Ni porqué estima prudente el costo que figura en el presu-puesto de fs. 14.
No me llama la atención toda vez que del expediente se desprende que Luis Eduardo Gavosto se lo designa perito, sin oposición de las contrarias, no obstante que había comparecido como testigo a fs. 295. Allí afirmó que no le comprenden las generales de la ley y declaró sobre el recorrido de la actora ese día y que transitaba hacia su trabajo porque iba a comprar víveres al supermercado DAR antes de ingresar al trabajo. Y, al dar razón de sus dichos, explica: que lo sabe como “allegado a Me-lisa y me apersoné en el lugar del accidente momentos posteriores al mismo y constató el hecho”. La desvalorización del automotor debe probarse pues no es tan simple como pretende el recu-rrente. Depende la marca, antigüedad, y sobre todo el resultado de la reparación. No se da en choques leves cuando el arreglo es realizado por talleres especializados u oficiales que pueden corregir defor-maciones de partes estructurales que se advierten al ojo entrenado por la medida de ajuste de puertas, si se cambian partes afectadas y no se utiliza masilla ni quedan diferencia de tonos de la pintura. Si se sustituyen las piezas más dañadas, si se corrigen descuadres y se usa el mismo tono de color no nece-sariamente un automotor de siete años pierde valor. En agravios se sostiene la afectación de partes estructurales o vitales para que jueguen presun-ciones, que no surgen de autos. No ha declarado el tallerista, y el perito omitió denunciar haber cons-tatado el accidente como allegado a la actora, ni se expresa sobre afectación de partes estructurales o vitales.
Pero tenemos además que el vehículo, al 9 de mayo de 2019, no había sido reparado y seguía circulando. La desvalorización del precio del rodado sólo puede apreciarse, después de reparado, por un experto. Y por otro lado de las fotografías aportadas por la parte al traer el automotor al acto de la inspección ocular, no se aprecian daños en sus partes estructurales por lo que después de su repara-ción no necesariamente puede quedar desvalorizado si es bien realizada. Por ello el rubro debe ser acreditado aunque sea con presunciones que en el caso no existen. La parte pretende la reparación de un daño hipotético futuro, y por ende, a mi juicio, el primer agravio no es atendible y debe ser recha-zado.
Así lo voto. Apoya su segundo agravio la parte actora en que se ha visto privada del uso de su vehículo primero por los daños en su salud que le impedían conducir. Entiendo que ese rubro ha sido com-prendido también en la demanda al incluir dentro de los gastos médicos, los gastos de traslados (fs. 51 vta. ante último párrafo). Y cuando detalla el rubro privación sostiene que la mera privación es in-demnizable y que, por los daños en su salud, ha debido utilizar taxis y remises para concurrir a prestar servicios, realizar quehaceres cotidianos de índole comercial y administrativos y a fin de concurrir a las citas de los médicos y estudios clínicos. Estima en treinta días la privación del uso del vehículo pero no se da razón de esta estimación y es poco precisa en distinguir los quehaceres de índole comer-cial y administrativos, pues si correspondían a su desempeño laboral debieron ser soportados por la empleadora.
Pero, si examinamos los recibos de sueldo vemos que el de fs. 302 correspondiente a julio de 2014, que tuvo 20 días de inasistencia por enfermedad abonadas; el de fs. 303, de agosto de 2014, que tuvo 30 inasistencias por enfermedad abonadas y del de fs. 304 correspondiente a septiem-bre de 2014 se observa 25 días de inasistencia por enfermedad abonadas. Es decir que en ese lapso la actora se encontraba con carpeta médica y no debía trasladarse. A fs. 625 la actora relata al Dr. Ocampo que después del alta en el Hospital Zonal de Caleta Olivia permaneció con cuello ortopédico durante siete meses, pero ello no surge del escrito de demanda. De las fotografías de la inspección ocular se advierte que el vehículo no ha sido reparado y los daños no impedirían su uso.
Ergo no corresponde reparar una privación de uso por el tiempo que de-bía permanecer en taller para la reparación del vehículo CITROEN C3.
Por ello rechazo este agravio que no es atendible Sí voy a admitir parcialmente el tercer agravio que contempla los gastos médicos y de traslado. Es razonable que una persona con un cuello ortopédico se le dificulte el manejar pues tiene disminui-da su visión periférica. Es razonable que haya tenido que recurrir a transportes públicos para concurrir a consultas médicas y análisis de laboratorio, indemnización que propongo no como indemnización por privación de uso del rodado, toda vez que pudo ser utilizado por su cónyuge (ver poder) al no ser arreglado, sino como traslados derivados del tratamiento médico. Y también es razonable que aparte de los gastos que cubrió la obra social o la ART, la actora haya debido afrontar algunos gastos extras, (fármacos, estudios, propinas etc.) por los que no se acostumbra a requerir comprobantes. Por ello propongo que uso de la facultad que nos acuerda el art. 166 del CPCC establecer en la suma de Cuatro mil pesos a valores de la fecha del hecho el monto de este rubro por el que también progresa la acción civil de daños contra la Sra. Cristina Godoy y su aseguradora. Al progresar parcialmente el recurso y ser rechazo los dos primeros estimo justo que los honorarios del letrado sean soportados en la instan-cia en un tercio por la demandada y dos tercios por la recurrente (art. 71 del CPCC). Propongo regular el honorario del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la parte actora, teniendo en cuenta el mérito e importancia de los trabajos y el monto de los rubros en apelación en 8 Jus (conf. Arts. 12, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330). Así lo propongo al Acuerdo. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
VIII. Comparto las razones expuestas por el preopinante. No son admisibles los dos primeros agravios por los motivos expuestos y se puede atender al tercer agravio. Por ello adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en atención a las razones expuestas propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronun-ciamiento: 1º) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda I. Bard al darse la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de esta causa. 2º) Rechazar los dos primeros agravios y admitir parcialmente el tercero. 3º) Modificar el punto 2 del fallo incluyendo además, dentro de la condena a abonar por la Sra. Cristina Vicenta Godoy y su citada en garantía Compañía Aseguradora Integrity Seguros Argentina S.A. la suma de cuatro mil pesos a valores del hecho dañoso por gastos médicos y de traslado rubro por el que también progresa la demanda. Los honorarios del letrado serán soportados en la instancia en un tercio por la demandada y dos tercios por la recurrente (art. 71 del CPCC). Se regula el honorario del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la parte actora, teniendo en cuenta el mérito e importancia de los trabajos y el monto de los rubros en apela-ción en 8 Jus (conf. Arts. 12, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330). 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
X. Estimo justa y equitativa la propuesta formulada por el preopinante. Adhiero a la misma.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia.
Caleta Olivia, 31 de octubre de dos mil veintitrés.-
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citase legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación de la Dra. Griselda I. Bard al darse la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de esta causa.
2. Rechazar los dos primeros agravios y admitir parcialmente el tercero.
3. Modificar el punto 2 del fallo incluyendo además, dentro de la condena a abonar por la Sra. Cristina Vicenta Godoy y su citada en garantía Compañía Aseguradora Integrity Seguros Argenti-na S.A. la suma de cuatro mil pesos a valores del hecho dañoso por gastos médicos y de traslado rubro por el que también progresa la demanda. Los honorarios del letrado serán soportados en la instancia en un tercio por la demandada y dos tercios por la recurrente (art. 71 del CPCC). Se regula el honora-rio del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la parte actora, teniendo en cuenta el mérito e importancia de los trabajos y el monto de los rubros en apelación en 8 Jus (conf. Arts. 12, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330).
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Ma-rio A. Albarrán no firma por no existir disidencias. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Jorge Omar Alonso -Juez de Cámara Subrogante-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201042S.231 Tomo: XCIX Sentencia: 3030 Folio Nº: 108/113 Secretaria: 1
Fin de la sentencia