Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2629/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte incidentista en PE1619827-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1711381-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2629/25-TSJ Interlocutorio N°: 3866 Actor: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.
Demandada: BELARDE LUCIO Y OTROS Objeto: EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL- INCIDENTE DE REINSTALACIÓN Fecha: 03-06-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3866 FOLIO Nº 7113/7116 PROT. ELECT. TSS1 017 I.251
Río Gallegos, 3 de junio de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A. c/ BELARDE LUCIO Y OTROS s/ EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL- INCIDENTE DE REINSTALACIÓN”, Expte. Nº S-20.702/23 (S-2629/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llega la presente causa a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por los incidentistas, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Luis María Della Rosa (cfr. PE1619827-2024) contra la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que rechazó su apelación y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia (cfr. PE1601310-2024). Este último, a su turno, había desestimado la pretensión de reinstalación incoada (cfr. PE1439656-2024).-
II. Los recurrentes impugnan el fallo en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por entender que se ha incurrido en quebrantamiento de forma y violación de la ley. Además, invocan la doctrina de la arbitrariedad (cfr. PE1619827-2024, págs. 3/4).-
Al sustentar el quebrantamiento de forma invocado, exponen que el fallo cuestionado contiene inexactitudes de importancia, particularmente al señalar como pendiente de resolución el desistimiento en el proceso de exclusión de tutela sindical, cuando dicho desistimiento ya había sido tenido por válido (cfr. PE cit., pág. 9).-
Aducen que la sentencia carece de fundamentación y no resulta congruente al no considerar sus argumentos sobre la existencia de un trámite de exclusión de tutela abandonado por la contraria, así como tampoco la jurisprudencia citada, que sostiene que la violación de la estabilidad del trabajador amparada por la Ley N° 23.551 se produce objetivamente al adoptar medidas vedadas sin resolución judicial previa (cfr. PE cit., págs. 9/10).-
Manifiestan que la Alzada no consideró que el trámite de exclusión de tutela resultó sumamente dilatado en el tiempo (iniciado en 2016 y sin conclusión a la fecha del despido), vulnerando el derecho a procesos judiciales en plazo razonable, destacando que dicha demora no fue responsabilidad de los trabajadores. Afirman que resoluciones como la atacada facilitarían que las empresas burlen el sistema de tutela sindical interponiendo acciones de exclusión con medidas cautelares que priven del ejercicio efectivo de derechos sindicales para, transcurrido el plazo legal, proceder al despido sin causa (cfr. PE cit., págs. 10/11).- En orden a la violación de la ley alegada, esgrimen tres agravios.-
En el primero de ellos, alegan que el Juez de grado consideró que la medida cautelar tuvo como fin suspender preventivamente la prestación laboral de los trabajadores y no el mandato gremial ni la tutela derivada del mismo, mientras que la Alzada omitió pronunciarse sobre este punto, limitándose a señalar que correspondía a los actores acreditar la vigencia temporal del mandato sindical. Argumentan que dicha acreditación se produjo mediante la inclusión del expediente de exclusión de tutela, de donde surgía que el dictado de la medida cautelar, apenas seis meses después de la asunción como delegados sindicales, frustró e impidió sus funciones gremiales (cfr. PE cit., pág. 12).- Indican que tanto el Juez de grado como la Alzada omitieron considerar que la ley obliga al empleador a someter a proceso judicial la separación del puesto de trabajo de los delegados, razón por la cual San Antonio Internacional S.A. inició el proceso de exclusión de tutela para luego desistir del mismo después de siete años, reconociendo implícitamente que nunca tuvo derecho a tal petición.
Alegan que no se tuvo en cuenta la respuesta del Sindicato Petrolero que reconoció que los recurrentes no desarrollaron actividad gremial en el período indicado, lo que demuestra la imposibilidad de desplegar su labor como representantes (cfr. PE cit., págs. 12 y 13).- Manifiestan que la Alzada no trató un tema basal: determinar si la medida cautelar que privó a los mandantes de su derecho a trabajar también suspendió y extendió los términos de tutela, o si solo afectó la prestación laboral sin impactar en el mandato gremial. Afirman que la segunda interpretación facilitaría que los empleadores inicien acciones de exclusión, suspendan cautelarmente a los delegados, dilaten el procedimiento hasta el vencimiento del plazo y luego los despidan sin causa con indemnización diezmada (cfr.
PE cit., pág. 13).- En el agravio denominado “Sobre la discriminación de los despidos”, argumentan que ni el Juez de grado ni la Alzada consideraron su petición supletoria, referida a que los despidos tuvieron marcados tintes discriminatorios, lo que los convertiría en nulos de nulidad absoluta e insanable. Argumentan que, aun cuando se considerara que los trabajadores ya no contaban con tutela sindical, los despidos efectuados por la empleadora contrariaron lo normado por los artículos 17 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1°, 2° y concordantes de la Ley N° 23.592, siendo evidente que fueron despedidos por haber participado en peticiones gremiales legítimas y por su carácter de delegados de personal (cfr.
PE cit., pág. 14).- Aseveran que la Alzada omitió considerar que la prueba de su condición de delegados estaba dada por la misma elección y su actividad sindical, acreditadas en el expediente de exclusión de tutela ofrecido como prueba instrumental, así como el hecho de que los únicos despedidos en enero de 2023 fueron los recurrentes, quienes habían ostentado cargo sindical. Alegan que esto evidencia un actuar discriminatorio que fue pasado por alto, olvidando que la protección contra discriminación gremial no se limita a los representantes actuales sino a quienes tienen, tuvieron o pudieran tener actividad gremial (cfr. PE cit., pág. cit.).- Por último, se agravian en torno a la imposición de costas.
Sostienen que la Alzada confirmó que las costas deban ser soportadas por su parte en primera y segunda instancia, lo que consideran contradice la normativa y jurisprudencia mayoritarias. Argumentan que tuvieron suficientes razones para peticionar como lo hicieron, por lo cual, aún en caso de rechazo de la pretensión, las costas deberían disponerse, como mínimo, en el orden causado (cfr. PE cit., pág. 17).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1711381-2025).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE1056915-2025.-
III. En oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C.yC., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Las censuras sometidas a juzgamiento pretenden la revisión de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el andarivel recursivo de marras. En tal sentido, se verifica que los planteos tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de la Cámara en lo relativo a si a la fecha del despido de los incidentistas, éstos contaban con tutela sindical o no; atento que alegan que existía una prórroga de los respectivos mandatos de los delegados. Este razonamiento ya fue recogido por este Alto Cuerpo en una decisión anterior, concretamente en el Interlocutorio asentado en el Tomo XXIX, Registro 3404, Folio 5726/5732.- Sobre este punto la Cámara expresa que: “Al invocar la tutela sindical y la discriminación en los despidos (por su participación en peticiones gremiales y por su carácter de delegados de personal), pesaba sobre los actores acreditar como presupuesto indispensable la vigencia temporal del mandato sindical que les otorgaría la protección que invocan. De la prueba arrimada se desprende que los actores fueron delegados del personal desde el mes de diciembre del año 2015 hasta el mes de diciembre del año 2017, extendiéndose la tutela gremial un año más (conforme art. 48 de la Ley N° 23.551). Es decir, la protección estuvo vigente hasta el mes de diciembre del año 2018, momento en el que cesó la tutela gremial…En consecuencia, al momento de los despidos a los que refiere la presente acción (enero 2023) los mandatos se encontraban ampliamente vencidos, careciendo los actores de la protección gremial, por lo que, mal puede decirse que éstos se realizaron contrariando la tutela sindical o que se debieron a cuestiones discriminatorias…” (cfr. PE1601310-2024, pág. 5).- Únicamente cabe hacer excepción ante la denuncia idónea y efectiva de la existencia de absurdo o arbitrariedad, extremos que no se avizoran en el caso bajo estudio.-
Recordemos que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: '“…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…”' (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de los impugnantes sólo traducen meras diferencias de opinión con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
En ese marco no se demuestra ni se advierte falta de fundamentación en lo sentenciado, girando las cuestiones propuestas en torno a materias propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa. Ello es así en tanto, con sus genéricas alegaciones, y dadas las insuficiencias habidas en la presentación intentada, los impugnantes no logran demostrar un supuesto de arbitrariedad o de omisión de valoración de cuestiones planteadas.-
En su análisis, la Cámara de Apelaciones también explica que: “Durante el período de tutela sindical constituyen acción discriminatoria el despido, la suspensión o modificación en el contrato de trabajo dispuestas por la empleadora sin contar con autorización judicial previa. En este caso, la demandada no requería dicha autorización para despedir a los trabajadores pues, se encuentra probado que éstos carecían de la protección gremial a la que refieren, por lo que…no existía impedimento legal para desvincularlos. Al momento del despido, SAI no se encontraba frente a trabajadores tutelados, por lo que no existió violación de la garantía de estabilidad (arts. 40, 48 y 50 de la Ley N° 23.551) de quienes fueron representantes gremiales años anteriores y, al no existir violación alguna, no resultan nulos los despidos en cuestión…” (cfr. PE1601310-2024, pág. 5/6).- Teniendo en consideración los fundamentos del fallo de la Cámara así reseñados, y sin juzgar sobre el acierto o el error de lo allí decidido, se advierte que el recurso extraordinario en tratamiento no ataca eficazmente los argumentos que sustentan la decisión en crisis, sino que, por el contrario, se desentiende notoriamente de ellos, lo que conduce indefectiblemente a su desestimación.-
Los argumentos de los recurrentes se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre la forma en la que debió dirimirse la litis; pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XI, Reg. 1504, Folio 2103/2104 y XII, Reg. 1655, Folio 2385/2387, entre otros).- En cuanto a la impugnación por la condena en costas, debe seguir la misma suerte adversa.-
Se trata de una cuestión ajena a la vía casatoria. Este Tribunal Superior de Justicia, reiteradamente, ha expresado que “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado […] la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación…” (cfr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542).- Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denunciada violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3745, Folio 6713/6717).-
Por otro lado, las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de formas tampoco logran evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial. Los recurrentes no han intentado demostrar que el Tribunal de Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, surgiendo evidente el ayuno de fundamentación, lo que torna inhábil al recurso en análisis para ser considerado admisible.- En síntesis, se debe concluir que las críticas de los recurrentes no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
IV. En virtud de todo lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte incidentista en PE1619827-2024 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1711381-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte incidentista en PE1619827-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1711381-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1017I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3866 Folio N°: 7113/7116 Secretaría: 1
Fin de la sentencia