Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2622/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Luis María Della Rosa por derecho propio en PE1587764-2024 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1638840-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2622/24-TSJ Interlocutorio N°: 3875 Actor: SAN ANTONIO INTERNACIONAL SA Demandada: BELARDE LUCIO Y OTROS Objeto: EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL Fecha: 11-07-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3875 FOLIO Nº 7136/7138 PROT. ELECT. TSS1 026 I.251
Río Gallegos, 11 de julio de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “SAN ANTONIO INTERNACIONAL SA c/ BELARDE LUCIO Y OTROS s/ EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL”, Expte. Nº S-18.020/16 (S-2622/24-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llega la presente causa a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el Dr. Luis María Della Rosa, por derecho propio, (cfr. PE1587764-2024), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que desestimó su apelación y, consiguientemente, confirmó lo resuelto por el juez de origen (cfr. PE1576046-2024). Este último, a su turno, había regulado los honorarios profesionales del letrado mencionado en la suma de pesos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho ($59.688) (cfr. PE453416-2022).-
II. En su impugnación extraordinaria, el recurrente aduce que la resolución cuestionada incurre en quebrantamiento de forma, violación de la ley así como en arbitrariedad (cfr. PE1587764-2024, pág. 2).-
Sostiene que la decisión impugnada incurre en un grave y manifiesto error en la aplicación de normas constitucionales y supraconstitucionales que regulan la propiedad, el derecho a trabajar y a ejercer industria lícita, de peticionar ante las autoridades, los principios de reserva, igualdad y de racionalidad (cfr. PE cit., pág. 3).-
Tilda al pronunciamiento de arbitrario, infundado, absurdo, ilegal e ilegítimo (cfr. PE cit., pág. 4).-
Al sustentar el primero de los motivos casatorios invocados, esto es, el quebrantamiento de formas, argumenta que la Cámara de Apelaciones no explica por qué no se fijó el monto del proceso según la suma que la actora indicó como pérdida al demandar (USD5.000.000), o al menos en base a los emolumentos que debieron percibir los trabajadores excluidos de tutela, conforme lo determina, por vía de analogía, el artículo 39 de la Ley N° 3330. Agrega que tampoco se consideró el carácter alimentario de los honorarios ni el trabajo efectivamente realizado. A su juicio, ello importa la nulidad del fallo, en tanto carece de fundamentación (cfr. PE cit., pág. 5).- Dice que la decisión en crisis incurre en una contradicción, ya que, si bien la Cámara reconoce que: “…la jurisprudencia ha ido incorporando nuevos conceptos respecto de los intereses que se tutela a los fines de la apreciación patrimonial…”, rechaza su recurso de apelación. En este contexto, afirma que esa discordancia entre los fundamentos y lo resuelto afecta la validez del fallo y solicita su nulidad (cfr. PE cit., pág. 6).-
En el acápite “Disposiciones violadas, errónea o falsamente aplicadas”, vuelve a reiterar que el fallo recurrido no aplica correctamente la Ley N° 3330, ya que omite justificar por qué no se fijó el monto del proceso conforme al valor reclamado por la actora (USD5.000.000) o, alternativamente, en base a los emolumentos que habrían debido percibir los trabajadores excluidos de tutela por dos años. Afirma que tampoco se consideró el carácter alimentario de los honorarios ni la extensión del trabajo realizado durante más de seis años (cfr. PE cit., pág. 6).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1638840-2024.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1099075-2025.-
III. Corresponde ahora abordar el examen preliminar previsto en el artículo 7° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15-, con el objeto de determinar si se satisfacen los requisitos formales de admisibilidad del recurso articulado.-
Tal análisis debe realizarse teniendo presente que, según reiterada doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, el recurso de casación constituye un mecanismo excepcional, que no habilita una revisión integral como si se tratase de una tercera instancia ordinaria. De allí que la falta de cumplimiento de los presupuestos habilitantes torna inaceptable su consideración.-
IV. La pieza recursiva bajo análisis adolece de diversas carencias que conducen indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
En relación a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, resulta imperativo que la casacionista despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.- En el presente caso, el recurrente le atribuye a la decisión en crisis una errónea aplicación de la Ley N° 3330.-
Frente a ello, es preciso rememorar que este Cimero Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que el tema de la regulación de honorarios resulta, en principio, ajeno al recurso extraordinario provincial de casación pues, la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arancelarias son cuestiones de carácter fáctico y procesal que quedan en el espacio de la razonable discreción del juzgador y son inescrutables por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (cfr. Sentencia, Tomos XIII, Reg. 464, Folio 2520/2525; XVII, Reg. 583, Folio 3332/ 3338, entre otros), no concurriendo en la especie este último supuesto.- Desde este cuadrante, se advierte que la Cámara de Apelaciones desarrolló un razonamiento apropiado sobre la regulación de honorarios en procesos como el aquí tramitado. Parte del reconocimiento de que la ley arancelaria provincial no contiene previsiones específicas para este tipo de procesos, los cuales poseen una naturaleza “especial” al involucrar derechos o garantías sindicales cuya dimensión patrimonial no siempre es evidente. A partir de esta base conceptual, el Tribunal pondera el valor comprometido, la calidad y eficacia de la actuación profesional, así como los intereses en juego, concluyendo que la regulación cuestionada se ajusta a derecho y resulta justa y equitativa conforme a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 18 y 49 de la Ley N° 3330 (cfr. PE1576046-2024, págs. 2/3).- Cabe advertir, por otro lado, que el casacionista prescinde de toda argumentación jurídica que permita sostener por qué el monto estimativo consignado en la demanda como perjuicio económico derivado de medidas de acción directa adoptadas por ciertos trabajadores habría de constituir, sin más, la base cuantitativa del proceso a los fines de la regulación de los honorarios profesionales. Tal omisión impide conferir entidad jurídica al planteo esgrimido.- Teniendo en consideración los fundamentos del fallo de la Cámara así reseñados, y sin juzgar sobre el acierto o el error de lo allí decidido, se advierte que el recurso extraordinario no confronta debidamente los aspectos medulares de la resolución recurrida, limitándose a manifestaciones genéricas, lo que determina su desestimación.-
En igual sentido, cabe señalar que los argumentos invocados por el recurrente para fundar el presente motivo casatorio no constituyen más que una reproducción semejante a las mismas alegaciones formuladas en torno al supuesto quebrantamiento de formas del proceso. Esta reiteración mecánica de planteos, sin desarrollo autónomo ni esfuerzo argumental adicional que permita delimitar con claridad la especificidad del agravio, evidencia la ausencia de una crítica dirigida y eficaz a los fundamentos jurídicos del fallo.- Consiguientemente, es dable apuntar que de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas del impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con lo decidido en la instancia ordinaria y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
V. En lo que respecta al alegado vicio del absurdo y la arbitrariedad que se enrostra, corresponde señalar que el recurrente se limita a calificar de ese modo la resolución de la Cámara sin acompañar un desarrollo argumental que permita siquiera vislumbrar la configuración de tales vicios en el caso concreto.-
Recordemos que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este cimero Tribunal ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- Bajo tales parámetros, resulta evidente que la impugnación extraordinaria deducida no satisface las exigencias mínimas para configurar un supuesto de sentencia arbitraria. Lejos de exhibir un razonamiento desprovisto de fundamentos o un abandono grosero de las normas aplicables, el pronunciamiento impugnado contiene una exposición razonada, apoyada en derecho y en constancias de la causa, no emergiendo de los agravios más que una discrepancia subjetiva con la solución adoptada, lo cual es insuficiente para tornar admisible la vía casatoria.-
VI. Por otro lado, las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de formas tampoco logran evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial.-
El recurrente no logra demostrar exitosamente que la Cámara de Apelaciones haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o que su decisión trasunte un supuesto de fundamentación aparente, lo que torna inhábil al recurso en análisis para ser considerado admisible. Tampoco se advierte en la resolución cuestionada la supuesta contradicción interna que denuncia el recurrente. Por el contrario, del análisis integral del fallo surge un razonamiento coherente, en el cual la Cámara expone con claridad los criterios aplicables al caso y articula sus fundamentos de manera armónica con la solución finalmente adoptada.- Amén de ello, el programa impugnativo del recurrente exhibe una técnica recursiva insuficiente, puesto que no individualiza los preceptos adjetivos presuntamente quebrantados.-
En suma, la articulación así deducida no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto la misma no alcanza a afectar la resolución atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objetivo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas.-
VII. Idéntica suerte adversa debe correr la supuesta afectación que denuncia respecto a sus derechos reconocidos y protegidos en el bloque de constitucionalidad federal (cfr. PE1587764-2024, pág. 3), en la medida en que omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera habrían afectado el plexo constitucional. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VIII. En virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por el Dr. Luis María Della Rosa, por derecho propio, en PE1587764-2024 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1638840-2024, de conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Luis María Della Rosa por derecho propio en PE1587764-2024 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1638840-2024.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1026I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3875 Folio N°: 7136/7138 Secretaría: 1
Fin de la sentencia