Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38964-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
13172/2024 SAN ARAWA SA Y OTRO (TF 38964-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 18 de febrero de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 96/99, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 176/16 de la Aduana de Ushuaia, recaída en la actuación SIGEA 12800-79-13, en cuanto había condenado a San Arawa SA y al despachante de aduana Pedro Fabián Passerini al pago de USD 6.783,879 en concepto de tributos, con relación a la destinación de importación 13 067 IC04 000478W; con costas al Fisco Nacional.
Para decidir como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, recordó que se había abierto un sumario por presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, incisos a y c, del Código Aduanero, dado que, al momento de verificarse la mercadería amparada por el aludido despacho de importación, se detectó que faltaba todo lo declarado y, en su lugar, había otros bienes. Es decir que se constató simultáneamente un faltante y un sobrante.
Relató que la actora había acreditado que se trató de un error del cargador del exterior, y que el faltante había arribado vía aérea a Ushuaia, encontrándose documentada su importación mediante la destinación 13 067 IC04 001202X; como así también, que había solicitado el reembarco del sobrante, por tratarse de bienes no destinados a la República Argentina y remitidos aquí por equivocación.
Mencionó que la importadora se había allanado al pago de la multa establecida en el auto de apertura del sumario en los términos del artículo 930 del Código Aduanero, e informado que no correspondía el pago de tributos porque se trataba de mercadería no destinada a la Argentina y que, a todo evento, había ingresado al área aduanera especial; de manera que estaba exenta de toda tributación.
En ese contexto, el tribunal de origen convalidó que el servicio aduanero no podía reclamar tributos porque el artículo 11 de la ley 19.640 exceptuaba del pago de derechos de importación, tasa de estadística y cualquier tipo de impuesto a las importaciones al área aduanera especial de mercadería procedente del extranjero. Agregó que esta interpretación había sido convalidada por la Sala II de la Cámara y, luego, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 23/9/14 en la causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”.
Sobre tales bases, revocó la resolución apelada en cuanto había intimado a la actora al pago de tributos por la mercadería faltante y sobrante.
Por otra parte, en lo que concerniente al despachante de aduana, señaló que la revocación también podía fundarse en el hecho de que éste carecía de responsabilidad solidaria con relación al pago de tributos, ya que el artículo 907 del código la limitaba a la comisión de infracciones aduaneras. Y añadió que tampoco se configuraba el supuesto previsto en el artículo 39 del código.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 111, que se concedió a fs. 112, se fundó a fs. 113/117vta. y fue replicada a fs. 123/124vta. y 126/127vta.
Planteó que se había hecho un análisis errado de la infracción de declaración inexacta y la procedencia del reclamo tributario. Hizo hincapié en que la figura imputada no requería perjuicio actual, sino potencial. Además, argumentó que la parte actora había tomado conocimiento del aforo de la mercadería practicado a fs. 4 de los antecedentes y no lo cuestionó; por el contrario, consintió tácitamente la liquidación tributaria al abonar la multa mínima determinada. Concluyó que, habiéndose configurado la infracción endilgada, la empresa y el despachante no podían eludir su responsabilidad por el pago de los tributos.
Por otra parte, aclaró que el despachante de aduana debía responder por la veracidad de lo declarado dado su rol de auxiliar del servicio aduanero. Y agregó que Passerini no había acreditado el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni de instrucciones del importador, por lo que no podía eximírselo de responsabilidad. Citó jurisprudencia en apoyo de esta interpretación.
3. Que, a su vez, a fs. 144/145 se regularon los honorarios de la representación letrada de los coactores, los que fueron apelados por bajos a fs. 152/vta. y 154vta./155, y por altos a fs. 159/162vta. Los recursos se concedieron a fs. 164 y, a fs. 168/169, los letrados de la parte actora contestaron el traslado conferido.
4. Que debe contemplarse que la materialidad de la infracción prevista y penada por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: (i) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y (ii) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
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13172/2024 SAN ARAWA SA Y OTRO (TF 38964-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO La revocación de la resolución aduanera se basó, precisamente, en la falta de configuración del segundo requisito, es decir, el efecto lesivo previsto por el tipo infraccional.
Tal afirmación se basó en los alcances de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 19.640, en cuanto exceptuaba del pago de derechos de importación, tasa de estadística y cualquier tipo de impuesto a las importaciones al área aduanera especial de mercadería procedente del extranjero. Argumento, éste, que no mereció consideración alguna por parte del recurrente.
En esas condiciones, y en atención a la carga que pesa sobre todo aquel que impugna una decisión jurisdiccional de rebatir todos los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (doctr. Fallos: 323:1261 y su cita, entre otros; y arg. arts. 1182 del CA, y 265 y 266 del CPCCN), es claro que la apelación no puede prosperar.
5. Que, por lo demás, tampoco le asiste razón al Fisco cuando afirma que el pago voluntario del mínimo de la multa a los fines previstos en el artículo 930 del Código Aduanero implicó consentir, simultáneamente, la liquidación tributaria. Por el contrario, de las constancias de la actuación surge que la importadora viene requiriendo el reembarco de la mercadería y oponiéndose al pago de los gravámenes desde el momento mismo en que optó por extinguir la acción infraccional, bajo el argumento de que los bienes se remitieron a la República Argentina por error (v. fs. 33, act. adm.). En esas condiciones, no es posible inferir un consentimiento tácito de la pretensión tributaria aduanera (en sentido concordante, cfr. SARLI, Jorge C., “Pago y consentimiento de una exigencia tributaria o de una multa, a la vez que al respecto se plantea controversia y/o se interpone un recurso”, Revista del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Nº 14, Buenos Aires, 1er y 2do semestre de 2000 – 1er semestre de 2001, pp. 147-160, esp. p. 159).
6. Que, por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la decisión de fs. 96/99; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
7. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra el auto regulatorio de fs. 144/145.
En atención a los planteos formulados, ante todo, debe mencionarse que esta Sala interpreta que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en los que se cuestionan cargos por tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (19/2/20, p. 1, expte. cit.); que es la misma que se tiene en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras).
Por otro lado, debe contemplarse que, en el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423, corresponder incluir en la base regulatoria los intereses que se hubieren devengado durante el transcurso del pleito porque así se encuentra expresamente previsto en el artículo 24 de la norma (cfr. esta Sala, causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22).
Teniendo en cuenta, entonces, la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido, el monto del asunto calculado con arreglo a las pautas precedentes, y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Adrián Marcelo Miguez y Patricia E. Feliciano, en el respectivo carácter de patrocinante y apoderada en la defensa de San Arawa SA, durante tres etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a las sumas de $106.297,6 y $46.505,2 –equivalentes a la cantidad de 1.6 y 0.7 UMA, respectivamente– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423; art. 730 CCC; y resolución CSJN SGA 3495/24).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, corresponde REGULAR en las sumas de $33.218 y $13.287,2 – equivalentes a la cantidad de 0.5 y 0.2 UMA– los honorarios de los citados profesionales por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 123/124vta.). Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido, el monto del asunto calculado con arreglo a las pautas señaladas al inicio, y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por María Noel Lascano y María L. Fernández, en el respectivo carácter de patrocinante y apoderada en la defensa de Pedro Fabián Passerini, durante una etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a las sumas de $106.297,6 y $46.505,2 –equivalentes a la cantidad de 1.6 y 0.7 UMA, respectivamente– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423; art. 730 CCC; y resolución CSJN SGA 3495/24).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, corresponde REGULAR en las sumas de $33.218 y $13.287,2 – equivalentes a la cantidad de 0.5 y 0.2 UMA– los honorarios de Julio Carlos Lascano y María Laura Fernández por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 126/127vta.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
13172/2024 SAN ARAWA SA Y OTRO (TF 38964-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Se deja constancia que las regulaciones que anteceden deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Todo lo cual ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia