Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos, en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-14754626-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Febrero de 2025 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio E. Luis (Vocal de la 8°Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N° 35.017-I “SAN JORGE S.R.L. s/ apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 43/51 San Jorge S.R.L. interpone recurso de apelación contra la resolución N° 39/2011 suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos -Dirección Regional Junín- de la AFIP-DGI de fecha 31/5/2011, por la que se determina de oficio el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2006, con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se suspende la aplicación de sanciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley N° 24.769.
Relata la sociedad, representada por el Sr. Eduardo Rivera y Patuel, que vendió a la firma española Malofa Comodities S.A., representada por el Sr. José Ulibarri Cormenzana, una explotación agropecuaria ubicada en el departamento de Loventué, Provincia de La Pampa, siendo instrumentada la operación mediante Escritura Pública N° 618 de fecha 8/11/2005, en la que consta que la transacción se llevó a cabo por la suma de U$S 178.500.
Refiere que la operatoria fue abonada mediante el cheque N° 1866 697000000310, librado por el Banco Santander Central Hispano S.A. en Valladolid, España, contra el JP Morgan Chase Bank N.A de New York, el día 3/11/2005 a la orden del Sr. Rivera Patuel.
Indica que, estando vigente la ley 26.476, como consecuencia de las observaciones efectuadas por la inspección y en base a datos parciales recibidos por la Agencia Tributaria Española, el 18/8/2009 presentó las declaraciones juradas correspondientes al impuesto al valor agregado y a las ganancias por el período fiscal 2006, cancelándose al contado las diferencias ajustadas en relación con el valor de venta por la suma de U$S 100.000.
Manifiesta que con posterioridad, la inspección recepcionó nueva información de la Agencia Tributaria de España consistente en: 1°) registros contables de la sociedad compradora Malofa Comodities S.A., 2°) un contrato privado de compraventa de la explotación agropecuaria ubicada en el departamento de Loventué, Provincia de La Pampa, de fecha 13/10/2005 celebrado entre Eduardo Rivera y Patuel, en representación de San Jorge S.R.L. y, José Ulibarri Cormenzana, en representación de Malofa Comodities S.A., por la suma de U$S 1.050.000 y 3°) fotocopia de cuatro cheques emitidos por el Banco Santander Central Hispano S.A. contra JP Morgan Chase Bank N.A de New York a favor de Eduardo Rivera Patuel.
En consecuencia, cuestiona que el Fisco Nacional pretenda desconocer la venta del campo documentado mediante escritura pública por la suma de U$S 178.000, sustituyéndolo por otro contrato privado celebrado supuestamente entre las mismas partes, del que se desprende que el precio de venta es de U$S 1.050.000, de acuerdo con la información de la Agencia Tributaria de España, por lo cual, en base a la nueva documentación recibida, el Fisco Nacional determina una diferencia por dicha venta de U$S 771.500. Entiende que los registros contables de la sociedad compradora -Malofa Comodities S.A.-
son unilaterales y que por ende no existe la posibilidad de que los mismos sean controlados por parte de la vendedora, sumado al hecho de que se encuentra radicada en el extranjero, por lo que concluye que dicho contenido no le resulta oponible atento a que, a su criterio, se basa en datos inexactos carentes de credibilidad. Informa que conforme surge de fs. 181/190 de los antecedentes administrativos, Malofa Comodities S.A. abrió una cuenta en su contabilidad denominada “Finca Argentina”, en la cual fue cargando los pagos imputados a dicho concepto por un total de Є 922.786,99.
Expresa que de la mencionada cuenta se extrajeron diversos montos, que detalla, resaltando que los mismos resultan coincidentes con los borradores de asientos, obrantes a fs. 181 y 185 de los antecedentes administrativos.
Por lo tanto, sostiene que de los movimientos de la cuenta se puede concluir que no resulta cierto que el socio administrador de la firma San Jorge S.R.L. haya recibido la suma total de U$S 1.050.000 por la venta del inmueble a Malofa Comodities S.A., atento a que el organismo recaudador no tuvo en cuenta una serie de pagos a terceros que no forman parte del precio final de venta.
Agrega que Malofa Comodities S.A. no registró en su contabilidad la compra y la posterior venta a Cabinet Argentina S.A. de semovientes, bienes muebles de la explotación y bienes muebles utilizados de las viviendas existentes en el predio adquirido, por lo que considera que tal omisión demuestra las incongruencias que presenta en su contabilidad y que por ende no puede ser tenido en cuenta como un elemento probatorio con entidad suficiente para derivar de ella obligaciones tributarias de terceros.
Reconoce únicamente el cobro del cheque por la suma de U$S 178.500, coincidente con el monto que figura en la escritura del 8/11/2005 obrante a fs. 25/27 de los antecedentes administrativos, pero respecto del resto de los cartulares, afirma que las fotocopias agregadas no prueban en modo alguno que hayan sido cobrados ni endosados por San Jorge S.R.L.
En relación con el instrumento privado de venta del 13/10/2005 por U$S 1.050.000, sostiene que en base a las manifestaciones verbales que formulara el vendedor y anterior socio administrador de San Jorge S.R.L., el mismo desconoció y rechazó su autenticidad. Asimismo, expone que dicho instrumento guarda notables discordancia con la contabilidad de la firma Malofa Comodities S.A.
Alega en su defensa que el instrumento privado de compraventa resulta de dudosa autenticidad, atento a que fue confeccionado en el extranjero y agregado a las actuaciones en fotocopia; sumado al hecho de que no se encuentra legalizado, ni cuenta con fecha cierta ni con la autenticación de las firmas insertas.
Asimismo, rechaza el valor de plaza que el Fisco Nacional tomara como sustento para justificar la valuación que realiza, por considerar que carece de cercanía temporal con la operación impugnada y por no contemplar las particularidades propias de cada zona o predio.
Señala que dicha parte otorga a los elementos de prueba colectados por la Agencia Tributaria Española un valor probatorio que no tienen, porque la circunstancia que la información haya sido suministrada en el marco de un convenio suscripto por ambos países no lo exime de cumplir con los recaudos mínimos exigibles para ello.
Por último, expresa que a los fines de dotar de credibilidad a los registros contables de Malofa Comodities S.A., se incursiona en la contabilidad de San Jorge S.R.L. respecto a un ejercicio fiscal distinto al que motiva la determinación de oficio que se cuestiona, y que las deficiencias, en caso de existir, no pueden justificar las inexactitudes contables de Malofa Comodities S.A.
Ofrece como prueba los antecedentes administrativos vinculadas con el ajuste discutido y peticiona que se revoque la resolución apelada.
A fs. 138/148 contesta el traslado efectuado el Fisco Nacional. En lo sustancial, explica que la documentación de Malofa Comodities S.A. recabada por la Agencia Tributaria del Reino de España ha sido suministrada al amparo del Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional y Prevenir la Evasión Fiscal entre Argentina y España y por el Acuerdo de Intercambio de Información suscripta entre ambos países. Ratifica que el contrato de compraventa celebrado por las partes en España refleja la realidad económica de la operación y no el celebrado en nuestro país y respecto de los asientos contables de Malofa Comodities S.A. registrados bajo la denominación de “Finca Argentina”, critica los conceptos de la facturación realizados a Eduardo Rivera Schreiber y a Obrador y Miga SL.
Invoca que la contabilidad de la firma San Jorge S.R.L. presenta deficiencias en su registración contable y que el valor de venta del campo que surge del contrato de compraventa celebrado en Argentina se encuentra lejos del valor de mercado a dicha fecha.
Finalmente, acompaña los antecedentes administrativos vinculados a la causa, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el acto apelado, con expresa imposición de costas a la recurrente.
II. A fs. 169 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”, la que a fs. 172 dicta la providencia de autos para sentencia.
III. Que corresponde resolver si se ajusta a derecho el accionar del organismo fiscal al considerar que la recurrente declaró en defecto la ganancia gravada por el período fiscal 2006, obtenida como consecuencia de la venta de una explotación rural ubicada en el departamento de Loventué, Provincia de La Pampa, omitiendo entonces el ingreso del gravamen en su justa medida. Por tanto, la presente controversia refiere a un problema de hecho y prueba dirigido a obtener el grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos invocados por el organismo recaudador y el real precio de venta del inmueble en cuestión. Según se desprende del Cuerpo 1 Verificacion -impuesto a las ganancias-, en el marco del artículo 4° del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria suscripto entre las Administraciones Fiscales de la República Argentina y el Reino de España, se solicita con fecha 17/4/2008 información, en lo que aquí interesa, de la persona jurídica San Jorge SRL y de las personas físicas Eduardo Rivera y Patuel y Alfredo Peralta Gómez. Asimismo se manifiesta que:
.- la relación entre el contribuyente inspeccionado en España (Malofa Comodities S.A.) y la entidad de la que se requiere información (San Jorge SRL) tiene como origen la compra por parte de la entidad española de una finca en la provincia de La Pampa -Argentina- de una superficie de dos mil quinientas hectáreas y treinta y tres áreas. Se agrega que ...”junto con la finca San Jorge SRL vende los bienes y objetos detallados en el inventario: varios montureros, rodados, herramientas, grupos electrógenos, bombas para extracción de agua, maquinaria para laboreo de la tierra, equinos, bobinos, otros y muebles pertenecientes a la casa principal y casa del encargado, sistema de comunicación”
.-a fs 105/109 de los a.a. se acompaña el inventario que -entre otros bienes- incluye casa de encargado amueblada como vivienda de matrimonio, 2 rodados, 2 grupos electrógenos, 2 bombas sumergibles y una centrífuga, 13 equinos, 110 vacas, 68 terneros, 4 toros, vacas preñadas sin especificar cantidad, tractor, arado, silo de chapa con capacidad para 10 toneladas de granos, máquina trituradora, sistemas de comunicación: teléfono con 2 antenas, 2 radios fijas, un móvil camioneta, sistema VHF.
.- el Sr. Eduardo Rivera y Patuel figura como beneficiario en todos los cheques emitidos por la sociedad española como pago por la operación y que la sociedad contabiliza como valor de la finca adquirida.
.-los cheques emitidos por Malofa Comodities SA a favor del Sr. Rivera y Patuel, fueron librados por el Banco Central Hispano S.A. de Valladolid, España, contra el JP Morgan Chase Bank de New York, por un total de U$S 950.000.- según el siguiente detalle:
N° 1866 697 000 000283 del 13/10/05 U$S 100.000.-
N° 1866 697 000 000311 del 3/11/05 U$S 15.000.-
N° 1866 697 000 000312 del 3/11/05 U$S 656.500.-
N° 1866 697 000 000310 del 3/11/05 U$S 178.500.-
Asimismo, se acompaña como documentación respaldatoria la escritura de compraventa de la finca, inventario y copia de los referidos cheques (conf. fs. 93/113 de los a.a.).
.- el organismo fiscal sostiene con firmeza que las pruebas aportadas por el Reino de España sobre el valor de venta del campo de U$S 1.050.000 tiene relación con el precio de mercado de la hectárea en la zona de la provincia de La Pampa, alegando en los considerandos de la resolución apelada que “…respecto al valor de plaza del campo la fuente que otorga el valor es totalmente objetiva para campos ubicados en la zona, y si bien temporalmente no corresponde la misma fecha de escritura, se debe tener en cuenta que sólo considerando el valor mínimo por hectárea, se aproxima al consignado en el contrato de compra venta o contrato privado (400 * 2500= 1.000.000), si tenemos en cuenta el valor máximo lo supera ampliamente (800 * 2500= 2.000.000). A ello se debe adicionar que en la venta se incluyen todo lo edificado y adherido más los bienes muebles, enseres y semovientes, los cuales pueden absorber la fluctuación inflacionaria”.
Ahora bien, del contrato de compraventa celebrado el 8/11/2005 en la República Argentina - Santa Rosa, La Pampa- (fs. 25/27 de los a/a) se desprende que la recurrente vende el campo referido precedentemente ...”con todo lo edificado y demás adherido al suelo” a Malofa Comodities SA por el precio total de US$ 178.500, siendo abonado mediante el cheque N° 1866 697 000 000310, librado a la orden del Sr. Eduardo Rivera Patuel, representante de la sociedad en su carácter de socio gerente.
Sin embargo, según el instrumento privado CONTRATO/SEÑAL DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE celebrado en Madrid, España el 13/10/2005, San Jorge SRL representada por el Sr. Eduardo Rivera y Patuel vende a Malofa Comodities S.A., con todo lo adherido, edificio, plantado o clavado idéntico inmueble que el referido “ut supra”, según datos consignados en ambos documentos, por el precio total y convenido de $USA 1.050.000,00 en papel billete de los cuales el comprador abona en este acto la suma de $USA 100.000 a cuenta del precio total y como principio de ejecución del presente contrato, mediante cheque emitido por cuenta del Banco Santander Central Hispano S.A. N° 188 697 000 000283 pagadero por JP Morgan Chase Bank N.A. de New York, a la orden de Eduardo Rivera Patuel, y que el saldo de U$S 950.000 “será abonado por el comprador de la forma que designe el vendedor al momento de firmarse la Escritura Traslativa de Dominio por ante Escribano que nombra la parte compradora en su caso, en un plazo de 60 días, siempre que se acredite que a dicha fecha todos los impuestos y tasas y contribuciones que gravan el inmueble están pagados…”
Por otra parte, según la información brindada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Reino de España el 21/1/2009 a pedido de nuestro país y en el marco del Acuerdo de Intercambio de información se desprende que:
“El representante de la Sociedad española ratifica que el coste de la finca adquirida en Argentina a San Jorge SRL es el que figura en la contabilidad de su empresa que asciende a 922.786 euros, equivalente a 1.050.000,00 $US teniendo en cuenta el contravalor monetario del euro-dólar en el momento de la adquisición”
“Manifiesta también que dada la situación económica por la que pasaba Argentina en esos momentos, se acordó entre las partes que el banco pagador de los cheques emitidos por importes de 656.500,oo$, 100.000,00 $, 15.000,00$ y 178.50$ fuera JPMORGAN CHASE BANK N.A. Con domicilio en New York Plaza Floor 15 10004”
Además se explica que Malofa Comodities ha aportado los asientos registrados en la contabilidad del ejercicio fiscal 2005 por la compra de la finca argentina y el extracto del mayor de la cuenta 22000000001 (ver fs. 181/190 de los a.a.).
De los asientos contables de Malofa Comidities S.A bajo el concepto “Finca Argentina”
obrantes a fs. 181/189 de los antecedentes administrativos, se desprende que el precio final de compraventa por la suma de € 922.786,89 equivalente a U$S 1.050.000 está integrado de la siguiente manera, a saber: N° asiento Fecha Nombre Concepto Euros $US 22 13/10/2005 Finca Argentina Revisión campo La Pampa 84.608,10 100.000 por Eduardo Rivera Schreiber 96.666,66 100.000 26 13/10/2005 Finca Argentina Factura 003/05 Oy N SL 20 03/11/2005 Finca Argentina Compra terreno Argentina 556,272,80 656.500 21 03/11/2005 Finca Argentina Escritura y compra finca 151.70,43 178.500 23 03/11/2005 Finca Argentina Resto trabajo Eduardo Rivera 12.657,75 15.000 28 16/11/2005 Finca Argentina Honorarios asesoramiento 21.311,15 Uria Menéndez SUMA TOTAL FINCA ARGENTINA 922.786,89 1.050.000 Por otra parte, se consigna que del importe de la factura correspondiente al asiento 26, 83.333,33 euros (base imponible sin iva, el que alcanza la suma de 13.333,33 euros), están incluidos en el precio pactado en el contrato suscripto a la compra de la firma por 1.050.000,00 $US. Asimismo el total de la factura por 96.666,66 euros se abonan mediante cheque bancario a Obrador y Miga SL, sociedad con domicilio fiscal en Madrid, de la que es socio y administrador Eduardo Rivera y Patuel.
En tal sentido, dicha suma, equivalente a US$100.000, adicionada a la de los cuatro cartulares referidos precedentemente, alcanzan el total de US$ 1.050.000.
Se informa asimismo que “el representante de dichos cheques nominativos a favor de D.
Eduardo Rivera y Patuel, le fueron entregados a su titular el día de la firma de la escritura pública de la firma en Santa Rosa... y que “el débito de esos cheques en la cuenta corriente de MALOFA COMODITIES SA se produjo el día de la emisión (3/11/05)”. Recuérdese que a esta fecha ya se habría celebrado la compraventa en España, a la luz de la documentación obrante a fs. 178/179 de los a.a.
Finalmente, el representante de la sociedad manifiesta que “en la contabilidad figura contabilizado en la cuenta 2200000001 FINCA ARGENTINA, el total pagado en la operación de compraventa sin diferenciarse el valor de los distintos elementos comprados: finca, construcciones, bienes muebles, maquinaria y ganado.
IV. Que en forma preliminar resulta necesario efectuar un análisis sobre la validez de la documentación correspondiente a la sociedad Malofa Comodities S.A. proveniente de la Agencia Tributaria Española, en atención a los agravios formulados por la recurrente en cuanto afirma que la misma carece de aptitud probatoria.
Dicha información fue recabada en el marco del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria contenido en el Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional y Prevenir la Evasión Fiscal entre Argentina y España - aprobado por nuestro país mediante la ley 24.258- .
A fs. 92/97 de los antecedentes administrativos obra el requerimiento de información emitido por la Agencia Tributaria del Reino de España –representada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Equipo Central de información- dirigido al Departamento de Operaciones Internacionales de la AFIP. En lo sustancial, del contenido de la requisitoria, se aclara que la solicitud se efectúa en el marco de la inspección que aquella agencia realizara a la sociedad Malofa Comodities S.A., lo que motivara la necesidad de obtener información sobre la sociedad argentina San Jorge S.R.L. a los fines de “comprobar la corrección de las declaraciones tributarias presentadas en el ejercicio 2005 por el sujeto pasivo español Malofa Comodities S.A.”
A su vez, en forma adicional, le comunica a la Administración Tributaria Argentina, por si fuera de su interés, la información fiscal sobre “remesas de dinero (dólares) sin una contrapartida clara, realizadas a Eduardo Rivera y Patuel, lo que podría indicar que el valor real de la finca trasmitida por San Jorge S.R.L. es superior al que figura en la escritura pública, o bien que se han realizado pagos para fines distintos de los manifestados por la empresa”. Se acompaña documentación respaldatoria de la requisitoria efectuada.
A fs. 129/131 de los antecedentes administrativos, el Fisco Nacional procede a su contestación, adjunta documental, y al mismo tiempo, en atención a que San Jorge S.R.L. también estaba siendo fiscalizada, solicita que la Agencia Tributaria Española informe sobre Malofa Comodities S.A., requerimiento que fue cumplimentado, conforme surge de fs. 171/174 de los a/a.
Como se señalara precedentemente, este intercambio de información a requerimiento fue realizado en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional y Prevenir la Evasión Fiscal entre Argentina y España. Ahora bien, la actualización aprobada por el Consejo de la OCDE al artículo 26 del Modelo de Convenio al pronunciarse sobre “el intercambio de información entre países contratantes”, contiene las reglas marco con el fin de establecer las bases adecuadas para la aplicación de disposiciones concretas del convenio, limitándose la recurrente a impugnar la misma mediante aseveraciones meramente dogmáticas sin explicitar concretamente cuáles fueron los “recaudos mínimos” incumplidos y menos aún fundamentar concretamente el incumplimiento de tales pautas.
Por otra parte, de los antecedentes administrativos se desprende que en el caso de la agencia española, la misma recurrió a la AFIP a los efectos de obtener información para corroborar la corrección de la declaración jurada de Malofa Comodities S.A., habiendo sido los pedidos de información motivados, identificando los gravámenes y períodos afectados, vincula a las autoridades competentes de ambos Estados, esto es, el Administrador Federal de Ingresos Públicos -por Argentina- y el Ministro de Hacienda o su representante autorizado el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria –por España-. Siendo entonces, que el pedido de información tributaria fue suscripto por la máxima autoridad de la Subdirección General de Fiscalización y encontrándose dicha área autorizada a intervenir y dar trámite a las respectivas solicitudes, se concluye que tenía el carácter de Autoridad Competente delegada para tramitar el requerimiento efectuado en autos. En el caso de España, la autoridad competente recae en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se encontraba delegada en el Jefe del Equipo Central de Información (ECI), sector que brindó la información requerida.
En tal sentido, le asiste razón al Fisco Nacional al sostener que la documentación intercambiada no requiere un trámite de legalización especial, en atención a que tal requisito no resulta indispensable para demostrar su validez probatoria. Ello así pues cabe recordar que los convenios de doble imposición constituyen acuerdos entre naciones de rango superior a la legislación nacional y regulan las distintas condiciones que para el caso se deben aplicar a sus relaciones en el plano tributario.
Sentado lo que antecede, cabe concluir que la información obtenida mediante el referido proceso de intercambio de información no puede ser catalogada “a priori” como carente de aptitud probatoria, por lo que corresponde que la documental consistente en el contrato privado de compraventa celebrado en España, registros contables de Malofa Comodities S.A. y cheques que instrumentan la operatoria (vide fs. 178/179, 181/190 y fs. 91/194 de los a/a) sean analizados independientemente de la valoración que llevará a cabo este Tribunal.
V. Que no constituye un hecho controvertido en autos que en relación con la venta del inmueble bajo análisis, San Jorge S.R.L. recibió de Malofa Comodities S.A. la suma de US$ 178.000 así como tampoco que el pago fue efectuado mediante el cheque N° 1866 697 000 000310, atento que dicha información surge tanto del contrato de compraventa instrumentado por escritura pública en Argentina como de los registros contables y la documentación respaldatoria de Malofa Comodities S.A., sumado al hecho de que la propia recurrente incluyó dicho precio final en su declaración jurada original relativa al impuesto a las ganancias del período fiscal en cuestión.
Tampoco se encuentra en discusión que en forma adicional a los U$S 178.000, la recurrente se acogió a los beneficios de la ley 26.476 y presentó las declaraciones juradas correspondientes al impuesto al valor agregado y a las ganancias por el período fiscal 2006, cancelándose al contado las diferencias ajustadas por la venta del referido campo, ajustando el valor de venta del inmueble en la suma de U$S 100.000. Ello así, la propia conducta de la recurrente al someterse voluntariamente a dicho régimen de regularización ajustando el precio de venta en U$S 100.000, pone en evidencia que el precio inicial transcripto tanto en la escritura pública y en la declaración jurada original por la suma de U$S 178.000 no reflejaba la realidad económica de la operatoria realizada entre las partes, reconociéndose un valor suplementario al primigeniamente declarado. Por otra parte, la fiscalización también constató que en la contabilidad de San Jorge S.R.L.
no se encuentra registrada la venta del inmueble rural, atento a que la empresa cierra sus ejercicios económicos el 31/03 y el último asiento contable en el Libro Diario corresponde a los asientos de cierre de ejercicio 2005 (fs. 135/136 y fs. 157), siendo que el campo fue vendido el 08/11/2005. Además, en el Acta de Asamblea N° 17 del 8/11/2005, si bien San Jorge S.R.L. asentó la venta del inmueble rural, no especificó el monto de la transacción (vide fs. 133).
Debe tenerse en cuenta asimismo, que dentro de los conceptos mediante los que Malofa Comodities S.A. identificó a los cheques entregados a “San Jorge S.R.L.” en la cuenta contable denominada “Finca Argentina”, resulta que el pago de U$S 656.500 (fs. 193 de los antecedentes administrativos) se encuentra asentada contablemente en sus registros bajo el concepto de “COMPRA TERRENOS ARGEN” (fs. 183 de los a.a.).
Respecto de las sumas de U$S 15.000 (Euros 12.657,75), asiento 23 y U$S 100.000 (euros 84.608,10), asiento 22 (fs. 172 de los a.a.) resulta irrazonable que el total facturado por el servicio de “revisión y recorrido de inversión en un campo en la provincia de La Pampa de la República Argentina, de unas 2500 has con sus instalaciones. Desplazamientos, trabajos in situ, conteos, más material práctico realizado durante los meses de agosto y septiembre de 2005” sea de U$S 115.000 y el precio de venta consignado originariamente fuera de U$S 178.000, incluyendo todos los bienes detallados en el inventario obrante a fs. 105/109 a.a. y detallado en el Considerando III.
Por otra parte, la Agencia Tributaria del Reino de España (vide fs. 171/174 de los a.a.), informa que del importe de la factura por un total de € 96.666,66 (base de la factura 83.333,33 más el impuesto al valor añadido 13.333,33) están incluidos en el precio pactado en el contrato suscrito a la compra de la finca de U$S 1.050.000.
Finalmente, cabe destacar que respecto de la suma € 21.311,15 concerniente a honorarios de asesoramiento de Uria Menéndez, no existen constancias de haber sido abonada al Sr. Patuel, lo que coincide con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato de compraventa, donde conviene el pago de U$S 1.050.000, más sus accesorios y los gastos que por todo concepto ocasione la escritura traslativa de dominio incluyendo honorarios profesionales, impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la compraventa que serán de exclusivo y único cargo del señor comprador. (fs. 179 de los a.a.)
VI. Que la recurrente en oportunidad de interponer el recurso no ha acompañado prueba documental ni ofrecido ningún otro medio probatorio tendiente a desvirtuar el ajuste fiscal, no resultando suficiente para restarle eficacia probatoria a la información suministrada por el Reino de España y documentación aportada en consecuencia, las meras manifestaciones verbales que habría expresado el Sr. Rivera y Patuel, toda vez que en realidad, si su intención era desconocer el haber suscripto el contrato de compraventa en cuestión hubiera tenido la posibilidad de acreditarlo mediante diversos medios probatorios para probar tal extremo (ej. pericia caligráfica o un proceso de redargución de falsedad sobre el instrumento, etc.), ni de restar fuerza probatoria a aquella información.
Asimismo, no se ha intentado demostrar ni aun mínimamente que la venta del inmueble rural por la suma final de U$S 178.000 respondía a los valores de mercado al momento de su transferencia. Por el contrario, solo se ha manifestado desacuerdo con el valor de plaza del campo acompañado por el Fisco Nacional a fs 158/160 de los a.a., sin allegarse probanza alguna a los fines de efectuar una comparación con la tasación considerada por el organismo recaudador o bien solicitar en su caso, la intervención de un perito tasador tendiente a respaldar la valuación del inmueble.
Por otra parte, corresponde señalar que en la cláusula primera “in fine” del convenio privado (fs. 178 de los a.a.), -objeto- se dispone que la venta del inmueble también incluye “la totalidad de los bienes muebles maquinarias y ganados existentes en estos momentos dentro del mencionado inmueble con excepción de los bienes de uso personal y privado que se retirarán en su momento”, siendo esto corroborado por el inventario obrante a fs. 105/108 remitido por la administración tributaria del Reino de España, en donde se realiza un extenso detalle de los bienes muebles que forman parte de la explotación agropecuaria, tales como rodados, herramientas varias, grupos electrógenos, bombas para la extracción de agua, maquinarias de laboreo para la tierra, equinos, bovinos, casa del encargado, sistemas de comunicación, entre otros bienes, por lo que en atención a la importancia de la integralidad de los bienes que componen la venta del inmueble donde se desarrollaba la explotación agropecuaria, lo que contrasta palmariamente con el precio final de venta por U$S 178.000 .
En tal sentido, el organismo fiscal sostiene con firmeza que las pruebas aportadas por el Reino de España sobre el valor de venta del campo de U$S 1.050.000 tiene relación con el precio de mercado de la hectárea en la zona de la provincia de La Pampa, alegando en los considerandos de la Resolución apelada que “…respecto al valor de plaza del campo la fuente que otorga el valor es totalmente objetiva para campos ubicados en la zona, y si bien temporalmente no corresponde la misma fecha de escritura, se debe tener en cuenta que sólo considerando el valor mínimo por hectárea, se aproxima al consignado en el contrato de compra venta o contrato privado (400 * 2500= 1.000.000), si tenemos en cuenta el valor máximo lo supera ampliamente (800 * 2500= 2.000.000).
A ello se debe adicionar que en la venta se incluyen todo lo edificado y adherido más los bienes muebles, enseres y semovientes, los cuales pueden absorber la fluctuación inflacionaria”. Debe reiterarse entonces, que correspondía a la contribuyente mediante el ejercicio de su derecho de contradicción objetar los ajustes de la Administración y en tal sentido, no surge de autos ni de los antecedentes administrativos acompañado elementos que logren desvirtuar el resultado al que arribara en el acto administrativo apelado; ello así, a pesar de haber tenido amplias posibilidades de aportar y producir la prueba correspondiente para demostrar la veracidad de sus dichos.
En consecuencia, a la luz de la información brindada en el marco del tratado de información y el plexo probatorio desplegado por el organismo fiscal, analizado en los Considerandos precedentes, cabe concluir que le asiste razón a dicha parte respecto del ajuste efectuado y por tanto procede su confirmación, así como también los intereses resarcitorios liquidados por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, respecto de los que la recurrente no formula agravio alguno. Con costas a la vencida.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto que precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
SE
Confirmar la resolución apelada en autos, en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2025.02.10 14:34:31 -03:00 Date: 2025.02.11 10:06:30 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.11 10:06:31 -03:00
Fin de la sentencia