Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción respecto de San Ramón S.A. por IVA -periodos fiscales 03 al 11/2001- y en relación a Cochería San Ramón S.R.L. por el Impuesto a las Ganancias -periodo fiscal 2001- e IVA -periodos fiscales 03 al 11/2001-, con costas.
2Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, respecto de los impuestos y periodos fiscales no declarados prescriptos, con costas.
3Ordenar a la AFIP-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-29316094-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Marzo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, se reúnen los miembros titulares de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Armando Magallón (Vocal de la 4° Nominación), José Luis Pérez (Vocal de la 5° Nominación), y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal de la 6° Nominación), para resolver la causa N° 30.014-I y sus acumulados N° 30.015-I, N° 30.234-I, N° 48.359-I, N° 48.356-I, N° 48.357-I y N° 48.358-I, caratuladas “SAN RAMÓN S.A. s/ recurso de apelación” y “COCHERÍA SAN RAMÓN S.R.L. S/ recurso de apelación”.
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que, en el marco de los expedientes supra mencionados, las partes actoras -San Ramón S.A. y Cochería San Ramón S.R.L.- interponen recursos de apelación (fs. 20/42 vta., fs. 358/384, fs. 895/966 vta., fs. 2144/2176, fs. 2296/2325, fs. 2426/2449 vta. y fs. 2588/2614 vta., respectivamente) contra una serie de resoluciones dictadas por la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- en fechas 6 de Julio de 2007, 31 de Agosto de 2007 y 12 de Octubre de 2017, suscriptas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan, las que a continuación se exponen.
En el marco del Expte. N° 30.014-I San Ramón S.A. apela cuatro resoluciones que corren bajo los N° 162/2007, N° 163/2007, N° 164/2007 y N° 165/2007. Por la primera, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias períodos -fiscales 2001, 2002 y 2003-, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $1.706.525,10, con más la suma de $2.104.274,02 en concepto de intereses resarcitorios. Por la segunda, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado - períodos fiscales 03/2001 a 05/2004-, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $ 447.172,83, con más la suma de $587.033,12 en concepto de intereses resarcitorios, y se aplican multas por la sumas de $285,87 y $126,57 respecto de los períodos fiscales 11/2003 y 12/2003, equivalente a tres tantos del impuesto presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 incisos “b” y “c” de la norma ritual. Por la tercera, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta -períodos fiscales 2001, 2002 y 2003-, no habiendo resultado impuesto a ingresar. Por la cuarta, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones- por los períodos fiscales 2002 y 2003, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $48.657,73, con más la suma de $ 40.066,38 en concepto de intereses resarcitorios, y se aplican multas de $19.401,40 para el período fiscal 2002, equivalente al ochenta por ciento del gravamen dejado de ingresar con sustento en el art. 45, y de $73.217,94 para el período fiscal 2003, equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 inciso “d” de la norma procedimental, respectivamente.
En el marco del Expte. N° 30.015-I Cochería San Ramón S.R.L. apela tres resoluciones que corren bajo los N° 166/2007, N° 167/2007 y N° 168/2007. Por la primera, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2001 y 2002, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $3.393.280,23, con más la suma de $5.230.032,90 en concepto de intereses resarcitorios. Por la segunda, se determina la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 03/2001 a 04/2002, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $593.062,21, con más la suma de $1.007.444,66 en concepto de intereses resarcitorios. Por la tercera, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, período fiscal 2002, no habiendo resultado impuesto a ingresar.
En el marco del Expte. N° 30.234-I Cochería San Ramón S.R.L. apela cuatro resoluciones que corren bajo los N° 223/2007, N° 224/2007, N° 225/2007 y N° 226/2007. Por la primera, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2003-, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $324.494,29, con más la suma de $302.320,52 en concepto de intereses resarcitorios. Por la segunda, se determina la obligación de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado - períodos fiscales 05/2002 a 04/2004-, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $145.686,30, con más la suma de $156.551,86 en concepto de intereses resarcitorios, y se aplica multa de $437.058,90, equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 incisos “b” y “c” de la norma procedimental, respectivamente. Por la tercera, se determina la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta - período fiscal 2003-, no habiendo resultado impuesto a ingresar. Por la cuarta, se determina la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto sobre los Bienes Personales - Acciones y Participaciones- por los períodos fiscales 2002 y 2003, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $46.320,63, con más la suma de $ 40.075,40 en concepto de intereses resarcitorios, y se aplican multas de $18.687,83 para el período fiscal 2002, equivalente al ochenta por ciento del gravamen dejado de ingresar con sustento en el art. 45, y de $ 68.882,52 para el período fiscal 2003, equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 inciso “d” de la norma procedimental, respectivamente.
En el marco del Expte. N° 48.359-I San Ramón S.A. apela la resolución N° 132/2017, por la que se aplica una multa en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 03/2001 a 10/2003 por la suma de $1.341.105,06, equivalente a tres tantos del impuesto presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 incisos “b” y “c” de la norma ritual.
En el marco del Expte. N° 48.356-I San Ramón S.A. apela la resolución N° 131/2017, por la que se aplica una multa en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 por la suma de $5.119.575,30, equivalente a tres tantos del impuesto presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 incisos “b” y “c” de la norma procedimental.
En el marco del Expte. N° 48.357-I Cochería San Ramón S.R.L. apela la resolución N° 129/2017, por la que se aplica una multa en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 por la suma de $12.294.456,48, equivalente a tres tantos del impuesto presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 incisos “b” y “c” de la norma procedimental.
En el marco del Expte. N° 48.358-I Cochería San Ramón S.R.L. apela la resolución N° 130/2017, por la que se aplica una multa en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 03/2001 a 04/2002 por la suma de $1.779.186,63, equivalente a tres tantos del impuesto presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 incisos “b” y “c” de la ley de rito.
Ambas recurrentes reconocen formar parte del conglomerado de empresas denominado “Grupo San Ramón” -se destaca, sin dar cuenta ni explicar de forma clara en qué consisten las relaciones habidas entre los diferentes integrantes del mencionado grupo económico-, y haber sido pasibles de sendos ajustes fiscales en los gravámenes referenciados supra, los que culminaran con el dictado de las resoluciones determinativas de oficio y sumariales aquí apeladas. Sostienen que los referidos actos administrativos de determinación de oficio resultan nulos de nulidad absoluta, en atención al estado de indefensión en que la Administración Fiscal ha puesto a ambas recurrentes, debido a la falta de fundamentación y causa legal de los mismos, al tiempo que cuestionan la realización del ajuste sobre base presunta, el cual consideran nulo ya que no se depuraron las acreditaciones bancarias en sede administrativa (cfr. fs. 20 vta/21 vta., fs. 28 vta./30, fs. 366 vta./368 vta. y fs. 896/898). Asimismo, ambas plantean la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado períodos fiscales 2001 y 03 a 11/2001, respectivamente (cfr. fs. 24 vta./25 y fs. 364 vta./365 vta.).
En lo que al fondo del asunto se refiere, afirman las recurrentes que se trata de meros pases de cuentas entre las distintas sociedades integrantes del grupo económico, depósitos de cheques de terceros, depósitos en efectivo y aportes de capital, gastos no convalidados por el ente recaudador (fs. 32/40 y fs. 376 vta/381), todo lo cual fue debidamente informado en sede administrativa durante el procedimiento de determinación de oficio, sin que el Fisco Nacional atendiera todos los argumentos vertidos ni la prueba presentada y/o producida en la referida instancia.
Respecto de las sanciones enrostradas, sostiene que en el caso concreto no hubo dolo de parte de las recurrentes, por lo cual no se configura el supuesto de defraudación establecido en la norma de rito, al tiempo que de forma subsidiaria solicita el reencuadre en los términos del art. 45 del mismo cuerpo normativo (cfr. fs. 40/41, fs. 954/961, fs. 2154, fs. 2306, fs. 2433 y fs.2595/2596).
Asimismo, acompañan prueba documental, ofrecen producir prueba de consultor tributario (Exptes. N° 30.014-I, N° 30.015-I y N° 30.234-I), pericial contable (Exptes. N° 30.015-I, N° 30.234-I, N° 48.359-I, N° 48.356-I, N° 48.357-I y N° 48.358-I), informativa (Exptes. N° 30.015-I y N° 30.234-I) y testimonial (Expte. N° 30.234-I), plantean el caso federal y finalmente, peticionan se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
A fs. 1980/1980 vta., fs. 2202 y fs. 2651 obran las respectivas sentencias de acumulación Plenaria y por Sala por las que se resolviera que los expedientes precedentemente mencionados tramiten de forma conjunta.
II. Que, a fs. 170/190 vta., fs. 828/836 vta., fs. 1938/1969 vta., fs. 2186/2197, fs. 2337/2347 vta., fs. 2478/2489 y fs. 2627/2637 vta. el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, desestima los agravios de las recurrentes, tanto los planteos nulificantes como la prescripción ensayada, también los referidos a las cuestiones de fondo atinentes a los ajustes fiscales propuestos. Ratifica en todas sus partes las resoluciones determinativas de oficio que motivan las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo de los recursos impetrados por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, solicita se rechace la prueba acompañada u ofrecida producir por las recurrentes toda vez que la misma es considerada dilatoria, plantea el caso federal y pide se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a las actoras.
III. Que, en el marco del Expte. N° 30.014-I, se difirieron las excepciones de nulidad y prescripción al momento de resolver la cuestión de fondo y se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional (fs. 192 pto. 2° y pto. 3°), el que fuera contestado a fs. 193/206. A fs. 210 se hizo lugar a la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, motivo por el cual se denegó la producción de la prueba en consultoría tributaria.
En el marco del Expte. N° 30.015-I, se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional (fs. 844 pto. 3°), el que no fuera contestado por la recurrente. A fs. 855 y fs. 859 se hizo lugar parcialmente a la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, motivo por el cual se denegó la producción de la prueba en consultoría tributaria y pericial contable, haciéndose lugar a la producción de la prueba informativa.
A fs. 2024 se tuvo a la recurrente por desistida de la producción de la prueba informativa en el marco del Expte. N° 30.015-I (pto. 1°), se hizo lugar parcialmente a la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional en el marco del Expte. N° 30.234-I, motivo por el cual se denegó la producción de la prueba informativa en su punto 2°, la prueba testimonial y pericial contable, haciéndose lugar a la producción de la prueba informativa dirigida al Banco Credicoop (ptos. 2° y 5°).
A fs. 2029 se intimó a la recurrente para que impulsara la producción de la prueba informativa, bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho a producir dicha prueba en lo sucesivo, el que fuera efectivizado a fs. 2031.
Por su parte, a fs. 2032/2032 vta. la recurrente presentó un escrito de desistimiento general de toda la prueba que no fuere -según los dichos de la propia recurrente- una supuesta prueba pericial contable presentada en fecha 17/03/2015 de forma conjunta por los contadores Daniel Hidalgo y Carlos A. Louit.
A fs. 2794/2794vta este Tribunal dispuso denegar la prueba pericial contable ofrecida en el marco de los Exptes. N° 48.359-I, N° 48.356-I, N° 48.357-I y N° 48.358-I, toda vez que en las referidas actuaciones la cuestión a resolver refiere a la conducta desplegada por las recurrentes, a efectos de lo cual no resulta de ninguna trascendencia que peritos contadores eleven opinión profesional sobre los ajustes de fondo apelados en los Expedientes N° 30.014-I, N° 30.015-I y N° 30.234-I. Asimismo en esa misma oportunidad se hizo saber a las recurrentes que la prueba documental acompañada a fs. 2122/2143, fs. 2255/2276, fs. 2402/2425 y fs. 2536/2569 en los mencionados expedientes relativos a las sanciones aplicadas por el Fisco Nacional, respectivamente, no será valorada al momento de resolver la cuestión de fondo en la presente causa.
IV. Que, a fs. 2798 se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y a fs. 2800 se ponen los mismos para sentencia.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, en primer término, corresponde expedirse en torno a los planteos de nulidad efectuados por las recurrentes conforme se expresara en el Considerando I de la presente, adelantando que estos argumentos carecen de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Por otro lado, no se observa ni en las resoluciones de vista que dieran inicio al procedimiento de determinación de oficio, ni en los actos recurridos ante este Tribunal, una falta de motivación tal que amerite la declaración de nulidad pretendida por las apelantes. Tampoco se verifica en el desarrollo de la etapa administrativa violación alguna a las formas esenciales.
Por otra parte, un detenido análisis de las actuaciones administrativas da cuenta de que ambas recurrentes fueron reticentes desde un primer momento a colaborar con la Administración Fiscal. En efecto, surge que el ente recaudador efectuó cuatro requerimientos en fechas 16/06/2004, 15/07/2004, 17/08/2004 y 06/09/2004, ninguno de los cuales fuera cumplido por las aquí apelantes, razón por la que se recurrió al Juez Federal competente para que el referido Magistrado librara la orden de allanamiento correspondiente el 07/10/2004 en los términos del art. 35 inciso “e” de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), producto del cual se secuestró una extensa documental que, no obstante su voluminosidad y con posterioridad a su desintervención, no resultaba suficiente para poder llevar adelante las tareas de fiscalización necesarias. Dicha razón motivó los requerimientos de fechas 05/07/2005, 19/07/2005, 09/09/2005, 20/03/2006, 30/03/2006, 18/05/2006, 02/06/2006, 05/06/2006, 18/10/2006, 27/10/2006 y 14/11/2006 (cfr. fs. 2, fs. 26, fs. 28, fs. 32, fs. 35/36, fs. 55/99, fs. 133, fs. 139, fs. 143, fs. 171, fs. 176 y fs. 196, Cuerpo IVA N° 1 Cochería San Ramón S.R.L., AA, y fs. 7, fs. 65, fs. 70, fs. 72, fs. 84, fs. 87, fs. 300, fs. 365, fs. 370, Cuerpo IVA N° 1 San Ramón S.A., AA). La respuesta invariable de las recurrentes fue que la totalidad de las inquietudes planteadas por la fiscalización actuante se hallaban dentro de la documentación secuestrada, apenas aportando alguna documentación, aun cuando la propia fiscalización puso de relieve que la información solicitada no se encontraba entre esa documental secuestrada.
Tampoco pueden achacar las recurrentes a la Administración Fiscal el retraso en más de dos años en la elaboración, aprobación y auditoría externa de sus propios estados contables, hechos todos los cuales resultan anteriores al allanamiento dispuesto por el Juez Penal, ni mucho menos pretender que esa misma Administración Fiscal tome como válidos los estados contables posteriormente presentados, sin firma del profesional que los confeccionara, ni del auditor y en algunos supuestos sin la propia firma del representante legal de las propias recurrentes, tanto más si se toma en consideración que se trata el caso concreto de sociedades comerciales obligadas a llevar libros contables (cfr. fs. 1678/1706 y fs. 1724/1753, Cuerpo Ganancias N° 9 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 536/552, Cuerpo Ganancias N° 3 San Ramón S.A, AA fs. 981/1000, Cuerpo Ganancias N° 5 San Ramón S.A, AA, y fs. 1001/1053, Cuerpo Ganancias N° 6 San Ramón S.A, AA).
En esa sintonía, no se observa en modo alguno el alegado estado de indefensión en que el organismo recaudador puso a las aquí recurrentes, toda vez que las mismas pudieron acceder durante el procedimiento de determinación de oficio a las actuaciones en cuanta oportunidad lo solicitaron, tomar copias, solicitar prórrogas, contestar las vistas cursadas, presentar y ofrecer producir pruebas (cfr. fs. 146/164, Cuerpo IVA N° 1 Cochería San Ramón S.R.L., AA fs. 788/838, Cuerpo IVA N° 4 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 900/1038, Cuerpo IVA N° 5 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 1039/1093, Cuerpo IVA N° 6 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 2158/2163, Cuerpo Ganancias N° 11 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 247/400, Cuerpo Ganancias N° 2 San Ramón S.A, AA, fs. 401/535, Cuerpo Ganancias N° 3 San Ramón S.A, AA y fs. 1059/1119, Cuerpo Ganancias N° 6 San Ramón S.A, AA).
En otro orden de ideas, la nulidad planteada por las apelantes en torno a la inviabilidad de los ajustes efectuados sobre base presunta, los que no resultan sino el corolario de haberles sido requerida en tiempo y forma la depuración de las acreditaciones bancarias en las respectivas cuentas de las entidades financieras correspondientes a los diversos integrantes del grupo “San Ramón”, énfasis especial en las propias recurrentes, sin que las quejosas procedieran a efectuar las referidas depuraciones durante la instancia de fiscalización y recién procediendo de forma incompleta durante el procedimiento determinativo posterior -a tenor de las resoluciones determinativas de oficio dictadas por el juez administrativo interviniente-.
En esa tónica, no se observa en ninguno de los actos administrativos cuya declaración de nulidad pretenden las aquí recurrentes, que los mismos carezcan de fundamentación, tampoco evidencia este Tribunal la violación de las disposiciones de los artículos 1°, 7 y 14 de la Ley N° 19.549, violación de la garantía de defensa en juicio y del derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y el derecho a una decisión fundada.
Por el contrario, este Tribunal Fiscal observa que el argumento central de la recurrente refiere de forma puntual a la valoración que el ente recaudador hiciera de la documentación e información recabada y de la prueba arrimada en la instancia determinativa de oficio, pero ello no necesariamente implica que la valoración efectuada por el Fisco Nacional resulte equívoca, habiendo receptado en varias oportunidades cuestiones que escaparan al control de la fiscalización, tal el caso de los cheques rechazados que fueran depurados, las transferencias entre diversas cuentas de un mismo titular y algunos cargos por devoluciones de impuestos también depurados de las referidas acreditaciones.
A modo de cierre, valga destacar que pese a haber manifestado en reiteradas oportunidades las recurrentes que lo que el ente recaudador nunca comprendió fueron las particulares relaciones habidas entre los diversos integrantes del denominado Grupo “San Ramón” y ello habiéndole sido explicado, lo cierto es que luego de un minucioso análisis de la totalidad de las actuaciones administrativas y de las piezas obrantes en los autos principales, este Tribunal puede afirmar que en ningún momento se ha explicitado la razón base de los denominados pases entre cuentas entre las diversas sociedades, que conforman en gran medida la base de las acreditaciones bancarias cuya existencia no han podido justificar las apelantes (cfr. fs. 917).
En atención a lo señalado precedentemente, no pueden acogerse los planteos de nulidad articulados, no correspondiendo imponer costas en forma autónoma.
A su vez, cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
VII. Que, en segundo término, corresponde expedirse en relación a la excepción de prescripción planteada por las recurrentes en torno a los períodos fiscales 2001 del Impuesto a las Ganancias y 03 a 11/2001 del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que a su entender los mismos se encuentran prescriptos y no se verifican en el caso concreto de cada una de ellas causal de suspensión o interrupción del referido instituto (cfr. fs. 24 vta./25 y fs. 364 vta./365 vta.).
En el caso de San Ramón S.A., el cierre de su ejercicio fiscal se produce el 31 de octubre de cada año, razón por la que el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2001 operó en el ejercicio fiscal 2002 y el cómputo del plazo de prescripción comenzó el 1° de enero de 2003, de modo que la resolución determinativa de oficio dictada el 6 de julio de 2007 se encuentra dentro del plazo legal dispuesto a ese efecto. Por su parte, en el supuesto de los períodos fiscales 03 a 11/2001 del Impuesto al Valor Agregado, los vencimientos de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas operaron en ese mismo año 2001, y el cómputo del plazo de prescripción comenzó el 1° de enero de 2002, advirtiendo este Tribunal que producida la notificación de la vista el 28/12/2006 y computado el plazo de suspensión de la prescripción por el término de ciento veinte (120) días hábiles administrativos establecido en el artículo agregado a continuación del art. 65 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias) y adicionando los tres (03) días pendientes de prescripción, se concluye que el dictado del acto determinativo de oficio de fecha 6 de julio de 2007 se realizó cuando las facultades del Organismo Fiscal ya no estaban vigentes.
En el supuesto de Cochería San Ramón S.R.L., el cierre de su ejercicio comercial se produce el 30 de abril de cada año, razón por la que el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2001 operó en ese mismo ejercicio fiscal y el cómputo del plazo de prescripción comenzó el 1° de enero de 2002, del mismo modo que la prescripción de los períodos fiscales 03 a 11/2001 del Impuesto al Valor Agregado, tal como ya fuera expresado supra. En esa tónica, notificadas las vistas que dieran inicio al procedimiento determinativo de oficio en fecha 30 de noviembre de 2006 y computado el plazo de suspensión de la prescripción por el término de ciento veinte días (120) hábiles administrativos establecido en el artículo agregado a continuación del art. 65 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias) más los 32 (treinta y dos) días de plazo de prescripción inicial pendientes, el dictado de los actos determinativos de oficio de fecha 6 de julio de 2007 se encuentran fuera del plazo de facultades vigentes del Fisco Nacional. Por lo expuesto, se hace lugar al planteo de prescripción formulado respecto de San Ramón S.A. por IVA - periodos fiscales 03 al 11/2001- y en relación a Cochería San Ramón S.R.L. por el Impuesto a las Ganancias - periodo fiscal 2001- e IVA -periodos fiscales 1 al 11/2001-, con costas.
VIII. Que, sentado lo que antecede, y en lo que al fondo del asunto se refiere, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal en el marco de las presentes actuaciones se resume en establecer si resulta procedente el ajuste fiscal efectuado por el organismo recaudador en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado, sobre la base de haber constatado un exceso de acreditaciones bancarias respecto de las ventas declaradas por las recurrentes, en los términos del art. 18 inciso “g” de la norma procedimental, esto es, un ajuste basado en la depuración de los depósitos bancarios.
Por un lado, el Fisco Nacional sostiene que las recurrentes no han procedido a la debida depuración de las acreditaciones bancarias que fuera solicitada durante el procedimiento de determinación de oficio y aun cuando lo cierto es que se procedió a depurar varios conceptos de los solicitados por las propias recurrentes, tal el caso de los cheques rechazados, algunos depósitos de cheques de terceros, las devoluciones de impuestos acreditadas en cuenta y las transferencias entre distintas cuentas de un mismo titular, no son menores aquellas explicaciones que ensayan justificar acreditaciones cuyo respaldo documental es inexistente o bien, no se ha explicado en modo alguno el motivo por el cual se produjo la transferencia en primer lugar, resultando indistinto que en el caso se trate de integrantes de un mismo grupo económico ya que cada uno de los entes involucrados tiene personalidad jurídica propia y un objeto social diferente.
Por otro lado, en sus recursos de apelación las recurrentes expresan una serie de explicaciones que ya fueron ensayadas durante el procedimiento de determinación de oficio, sin aportar ante esta instancia jurisdiccional ningún elemento de prueba que permita a este Tribunal apartarse de la tesitura adoptada por el juez administrativo.
En efecto, resulta indistinto si los pases de cuenta se produjeron entre cuentas bancarias de las integrantes del denominado “Grupo San Ramón”, vale decir, el Fisco Nacional en ningún momento cuestionó dicha circunstancia, sino que constatando su existencia y en atención al diverso objeto social de las firmas intervinientes, indagó acerca de las causas fundantes de las mencionadas acreditaciones, lo cual en ningún momento fue explicitado por las aquí recurrentes. Dicho de otro modo, no se puede comprender en ese escenario a qué responden los referidos pases entre cuentas.
En esa tónica, tampoco han logrado probar las recurrentes que el socio y/o accionista Fernández -según el casohubiera efectuado los aportes de capital pretendidos, pues no se aportó ningún soporte documental que diera cuenta de los mismos.
En ese mismo orden de ideas, las argumentaciones tendientes a hacer valer meras registraciones contables sin sustento probatorio documental y/o la pretensión de que se validen los diversos estados contables presentados sin firma del representante legal y/o del profesional que las confeccionara y/o del auditor independiente y sin certificar ante el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas no pueden ser tomadas como jurídicamente válidas, o la documentación arrimada como prueba de cargo que amerite tener por verificado alguno de los extremos invocados por las apelantes (cfr. fs. 1678/1706 y fs. 1724/1753, Cuerpo Ganancias N° 9 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 536/552, Cuerpo Ganancias N° 3 San Ramón S.A, AA, fs. 981/1000, Cuerpo Ganancias N° 5 San Ramón S.A, AA, y fs. 1001/1053, Cuerpo Ganancias N° 6 San Ramón S.A, AA). La misma suerte correrá el argumento tendiente a justificar los reiterados incumplimientos en sede administrativa en que incurrieran ambas actoras cuando pretenden excusar su comportamiento en el secuestro de la documentación que se produjere en el marco del allanamiento dispuesto por el Juez Federal competente, puesto que al momento en que dicho hecho se produjo las aquí apelantes llevaban años de retraso en la confección y aprobación de sus estados contables, no resultando dicha circunstancia responsabilidad de la Administración Fiscal. Por último, tampoco puede soslayarse el hecho de que, aun habiendo extraído copias de la documentación secuestrada a efectos de producir sus respectivos descargos en sede administrativa, los estados contables posteriormente presentados como prueba documental carecían de las firmas y/o menciones a los profesionales intervinientes en su confección y auditoría.
También habrá de ser desestimado el argumento referido al cuestionamiento de los gastos y créditos fiscales impugnados sobre la base de una errónea interpretación de la Ley 25.345, toda vez que el ente recaudador dejó de lado determinados ajustes que se basaban únicamente en el monto de las operaciones involucradas al reducirse el importe del art. 1° de dicha norma de $10.000 a $1.000 que motivaran los ajustes originarios, mientras que cuando, en efecto, mantuvo algún cuestionamiento, ello no se debió exclusivamente al circuito financiero de la operación -medio de pago- cuestionada sino a la falta de la documentación respaldatoria de la misma, o por ser cuestionable la presentada, tal el caso de algún comprobante emitido por un sujeto no inscripto como responsable en el gravamen, insumos no vinculados a la actividad, duplicidad en la registración de los comprobantes y/o comprobantes no emitidos a nombre de las apelantes (cfr. fs. 1395/1571, Cuerpo IVA N° 7 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 2401/2439, Cuerpo Ganancias N° 13 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 1043, Cuerpo IVA N° 6 San Ramón S.A., AA).
Ahora bien, una mención aparte debe efectuarse respecto de los mentados convenios celebrados con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) y la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) ya que, no obstante el hecho de que las recurrentes aportaron copias simples de los contratos de cesión de derechos y créditos por las deudas que detentaban dichas entidades (cfr. fs. 666/691, Cuerpo Ganancias N° 4 San Ramón S.A., AA) y algunas copias de los recibos de pago extendidos por el Gobierno de la Provincia de San Juan, lo cierto es que las cesiones referenciadas en los respectivas copias no concuerdan con la información que surge de los referidos contratos, y por tanto resultan insuficientes a efectos de refutar las impugnaciones propiciadas por el Fisco Nacional. Por otra parte, no puede dejar de observarse que la Administración Fiscal puso de relieve que algunos de los referidos comprobantes acompañados se encontraban notablemente adulterados, habiéndose agregado la denominación San Ramón S.A. como prestatario de los servicios facturados a la par del originariamente consignado por el emisor del comprobante (cfr. fs. 212/213 vta. y fs. 215 vta., Cuerpo Ganancia Mínima Presunta N° 1 San Ramón S.A., AA).
Por otra parte, no es un dato menor el hecho de que las recurrentes presentaron varias de sus declaraciones juradas originales del Impuesto a las Ganancias en cero, tal el caso de San Ramón S.A. en la totalidad de los períodos fiscales materia de ajuste -2001, 2002 y 2003-, mientras que Cochería San Ramón S.R.L. presentara en el mismo estado aquella referida al período fiscal 2003, habiendo detectado el Fisco Nacional en todos los supuestos -con declaración jurada presentada en cero o no- que sí se habían presentado las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado para idénticos períodos fiscales declarándose ingresos gravados y exentos, pero también advirtiendo que las acreditaciones bancarias informadas para ambas recurrentes eran superiores en exceso a las ventas declaradas (cfr. fs. 7/11, fs. 24, fs. 37 y fs. 50, Cuerpo Ganancias N° 1 San Ramón S.A., AA, fs. 318/324, Cuerpo IVA N° 2 Cochería San Ramón S.R.L., AA).
Sobre esa base, y no otra, es que el Fisco Nacional debió reconstruir la materia imponible. En ese sentido, no observa este Tribunal que los ajustes practicados por el ente recaudador resulten reprobables en modo alguno, habiéndose recepcionado, cuando posible, los argumentos vertidos por las aquí apelantes y respetado incluso la proporción originaria entre ingresos gravados y exentos a efectos de considerar las acreditaciones bancarias totales, más tampoco han aportado las recurrentes ante esta instancia jurisdiccional elemento de prueba alguno que permita apartarse de la tesitura adoptada por la Administración Fiscal, motivo por el cual se confirman los ajustes fiscales en materia del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado, en relación a los periodos fiscales no declarados prescriptos conforme el Considerando VII, en el caso de ambas recurrentes, con costas.
IX. Que, sentado lo que antecede, corresponde pronunciarse respecto de las determinaciones de oficio referidas a los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta en el caso de ambas recurrentes períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 -según el caso- y sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones- períodos fiscales 2002 y 2003. En ese sentido, debe recordarse que las recurrentes presentaron las declaraciones juradas del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en cero para los períodos fiscales 2002 y 2003, y habiendo resultado impugnable aquella presentada por Cochería San Ramón S.R.L. para el período fiscal 2001, a tenor de lo expresado respecto de la determinación del Impuesto a las Ganancias ya mencionada en el Considerando VIII precedente (cfr. fs. 2/4, Cuerpo Ganancia Mínima Presunta N° 1 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 29, Cuerpo Ganancia Mínima Presunta N° 1 San Ramón S.A., AA, fs. 306, Cuerpo Ganancia Mínima Presunta N° 2 San Ramón S.A., AA). Asimismo, debe destacarse que, del mismo modo en que los ajustes realizados en materia del Impuesto a las Ganancias sobre la base de las depuraciones bancarias no tuvo incidencia alguna en el aspecto patrimonial de la determinación del referido gravamen, lo mismo sucede al momento de abordar la determinación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para cada período fiscal involucrado, motivo por el cual nada encuentra este Tribunal que permita formular objeción alguna a las determinaciones efectuadas por el Fisco Nacional, las que se confirman, con costas.
Ahora bien, distinto es el supuesto del Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones Societarias- ya que las recurrentes lisa y llanamente no presentaron las respectivas declaraciones juradas en tiempo y forma (cfr. fs. 4/5, Cuerpo Bienes Personales -Acciones y Participaciones- N° 1 Cochería San Ramón S.R.L., AA, fs. 6/10, Cuerpo Bienes Personales -Acciones y Participaciones- N° 1 San Ramón S.A., AA). Sin perjuicio de ello, tampoco observa este Tribunal que las recurrentes hubieren formulado argumento alguno atendible ni que el Fisco Nacional hubiere incurrido en algún error al efectuar las determinaciones respectivas, motivo por el cual también en este aspecto habrán de ser confirmadas las resoluciones apeladas, con costas.
X. Que, no existiendo agravios respecto de los intereses resarcitorios, también corresponde confirmar los intereses debidos al Fisco Nacional, en relación a los impuestos y periodos fiscales no declarados prescriptos conforme el Considerando VII, con costas.
XI. Que, corresponde entonces abordar el tratamiento de las sanciones dispuestas a las recurrentes, las que varían según el gravamen y el período fiscal dependiendo el caso concreto en cuanto al ilícito fiscal imputado y la graduación del mismo.
En esa tónica, corresponde abordar primeramente el supuesto de las sanciones enrostradas a ambas recurrentes en el marco de los Exptes. N° 30.014-I y N° 30.234-I respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones- período fiscal 2002, equivalente al ochenta por ciento del gravamen dejado de ingresar con sustento en el art. 45 de la Ley N° 11.683. Conforme se expusiera en el Considerando IX que antecede, ninguna de las recurrentes presentó en el referido período fiscal la declaración jurada correspondiente al gravamen, motivo por el cual se configuró el tipo objetivo descripto por la norma, y por tanto, se verificó la omisión del pago del impuesto debido y el consecuente daño a las rentas fiscales.
Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular. Al respecto, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la parte actora no solo no esgrime ningún argumento para exculpar su culpa, por lo que el examen de los hechos y las constancias obrantes en autos, se permite advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante. razón por la que ambas sanciones se confirman, con costas Ahora bien, distinto es el supuesto del Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones- período fiscal 2003 -Exptes. N° 30.014-I y N° 30.234-I- ya que si bien la conducta desplegada por las recurrentes fue idéntica, esto es, la no presentación de la declaración jurada del gravamen, el Fisco Nacional entendió en el caso concreto se configuró para ambas recurrentes el ilícito fiscal de la defraudación tributaria con sustento en los artículos 46 y 47 inciso “d”, graduado en ambos casos en tres tantos del impuesto presuntamente evadido. En efecto, el tipo objetivo del art. 46 de la norma ritual fue modificado por la Ley N° 25.795, el cual introdujo la posibilidad de que el ilícito fiscal de la defraudación se configure a partir de una pura omisión como es el supuesto de la falta de presentación de la declaración jurada, que en el caso puntual de las recurrentes se producía por segundo año consecutivo. Por lo demás, debe recordarse que la falta de confección de los estados contables debidamente certificados durante el período fiscal en cuestión, conducta que no era sino la reiteración de aquella preexistente en el período fiscal anterior, encuadra dentro de la hipótesis prevista en el inciso “d” del artículo 47 sobre presunción de dolo, razón por la que ambas sanciones se confirman, con costas.
Luego, observa este Tribunal que el Fisco Nacional enrostró a ambas recurrentes el haber cometido el ilícito fiscal de la defraudación en los términos de los artículos 46 y 47 incisos “b” y “c” de la norma procedimental en los siguientes gravámenes y períodos fiscales del modo en que a continuación se enuncia. En el caso de San Ramón S.A., efectuó la imputación respecto del Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 11/2003 y 12/2003 -Expte. N° 30.014-I- y de los períodos fiscales 03/2001 a 10/2003 -Expte. N° 48.359-I- y en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 -Expte. N° 48.356-I-. En el caso de Cochería San Ramón S.R.L., efectuó la imputación respecto del Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 05/2002 a 04/2004 -Expte. N° 30.234-I- y de los períodos fiscales 03/2001 a 04/2002 -Expte. N° 48.358-I- y en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 -Expte. N° 48.357-I-. En todos los supuestos, la imputación fue graduada en tres tantos del impuesto presuntamente evadido.
En ese sentido, debe ponerse de relieve que la Administración Fiscal demostró al existencia de diversas maniobras defraudatorias, comisivas pero también omisivas, partiendo del hecho base en cuanto a que en algunos períodos fiscales las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de ambas apelantes fueran presentadas en cero, cuando no solo se verificaba la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado para idénticos períodos fiscales declarando ingresos, sino que además se detectó el registro de operaciones de compra no vinculadas a la actividad, comprobantes no emitidos a su nombre, facturas cuyo Código de Autorización de Impresión se encontraba vencido a la fecha de emisión del comprobante, operaciones cuyos comprobantes respaldatorios no fueron aportados, duplicidad en la registración, sin que pueda dejar de mencionarse el hecho de que conforme surgía de los sistemas del propio Fisco Nacional las acreditaciones bancarias informadas para ambas quejosas era muy superior a las ventas declaradas -y ello aún respetando el organismo recaudador la proporción declarada por las propias recurrentes en términos porcentuales entre ingresos gravados y exentos-.
Por otra parte, tampoco debe pasarse por alto la reticencia general adoptada por ambas apelantes respecto de la fiscalización llevada a cabo por el organismo recaudador, ni la circunstancia de que las recurrentes no contaban con Estados Contables confeccionados ni auditados al momento del inicio de la instancia administrativa y que pese a todos los pedidos de prórroga y aplazamientos solicitados para fotocopiar su propia documentación secuestrada, en oportunidad de presentar los Estados Contables los mismos no contaban sino en algunos casos con la sola firma del representante legal de la respectiva entidad, no así del profesional interviniente en su confección ni del auditor independiente, cuyas identidades jamás fueron dadas a conocer.
En ese sentido, asiste razón al Fisco Nacional cuando a partir de los incisos “b” y “c” del art. 47 presume el dolo en la conducta de las recurrentes. Sea por la vía de la consignación de datos inexactos registraciones y/o documentos respaldatorios, sea por la falta de inclusión de información de relevancia en las declaraciones juradas o su total y completa omisión, todo lo cual incide gravemente en la determinación de la materia imponible, sea por la vía de la manifiesta disconformidad de que adolecen las declaraciones juradas presentadas así como también de los elementos que les hubieron servido de base, forzoso es concluir que las aquí apelantes han obrado de forma dolosa, y que producto de dicho comportamiento se produjo el consiguiente daño a las arcas fiscales, razón por la que también habrán de ser confirmadas en el caso de ambas recurrentes las sanciones en materia de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias con respecto a los periodos fiscales no declarados prescriptos conforme el Considerando VII, con costas.
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal instructor en su voto como así también a los argumentos expuestos en el Considerando VI del mismo, respecto de los planteos de nulidad articulados por la recurrente, concluyendo en su mismo sentido.
II. Que en cambio, disiento de la solución que propugna en el Considerando VII respecto de la prescripción planteada. Al respecto, toda vez que el plazo de ciento veinte días establecido por el artículo agregado a continuación del artículo 65 de la Ley Procedimental, son días hábiles administrativos (conf. art. 4 de la misma ley), debe tenerse en cuenta, a los efectos de determinar ese carácter, lo dispuesto por la R.G. (AFIP) 1983/2005. Ello así, los actos han sido dictados antes del vencimiento del plazo de prescripción, razón por la cual voto por rechazar la prescripción planteada por la recurrente, sin costas, en atención al que el planteo no fue tratado como cuestión de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, por lo que no puede considerársela de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. CSJN, in re “Colorín IMSSA c/DGI”, sentencia del 2/7/2013).
III. En cuanto a la cuestión de fondo, adhiere a los fundamentos expuestos por el Vocal instructor en su voto, tanto respecto de los tributos determinados como respecto de los intereses y multas, los que resultan aplicables a la totalidad de los períodos discutidos en la causa. Ello así, voto por confirmar las resoluciones apeladas en autos, con costas.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar la prescripción respecto de San Ramón S.A. por IVA -periodos fiscales 03 al 11/2001- y en relación a Cochería San Ramón S.R.L. por el Impuesto a las Ganancias -periodo fiscal 2001- e IVA -periodos fiscales 03 al 11/2001-, con costas.
2. Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, respecto de los impuestos y periodos fiscales no declarados prescriptos, con costas.
3. Ordenar a la AFIP-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2024.03.19 23:44:01 ART Date: 2024.03.20 10:43:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.20 11:50:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.20 11:51:33 -03:00
Fin de la sentencia