Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 30014-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) rechazar el recurso incoado por la parte actora, con costas a cargo de la vencida (art. 68, primera parte, CPCCN); y b) modificar las regulaciones de honorarios de fs. 2955/2956 y fijar los correspondientes a esta instancia conforme lo dispuesto en los considerandos 8º y 9° supra.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
28876/2015 SAN RAMON SA-TF 30014-I Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, noviembre de 2025.
Estos autos caratulados: “San Ramón SA -TF 30014-I y Otro c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, a fs. 2805/2811, el a quo declaró la prescripción respecto de USO OFICIAL San Ramón S. A. por IVA (períodos 3 al 11/2001) y con relación a Cochería San Ramón S. R. L. por el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2001 e IVA (períodos 3 al 11/2001), con costas. Asimismo, confirmó parcialmente las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuesto, intereses y multas, respecto a los impuestos y períodos fiscales no declarados prescriptos, con costas.
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, el Tribunal Fiscal señaló que: No se observa ni en las resoluciones de vista ni en las determinaciones de oficio una falta de motivación tal que amerite la declaración de nulidad; tampoco se verifica violación de las formas esenciales en el desarrollo de la etapa administrativa; Ambas recurrentes fueron reticentes desde un primer momento a colaborar con la Administración; circunstancia que motivó la orden de allanamiento que permitió secuestrar extensa cantidad de documental que tampoco resultó suficiente para llevar adelante las tareas de fiscalización necesarias;
En ningún momento se ha explicitado la razón de los “Pases entre Cuentas” entre las diversas sociedades integrantes del denominado “Grupo Ramón”, que conforman la mayoría de las acreditaciones bancarias que los apelantes no han podido justificar;
Tampoco se ha logrado acreditar que el socio y/o accionista Fernández hubiera efectuado los aportes de capital pretendidos, puesto que no se aportó ningún soporte documental que lo demostrara;
Las argumentaciones tendientes a hacer valer meras registraciones contables sin sustento probatorio documental y/o estados contables sin firma del representante legal y/o del profesional que los confeccionara y/o del auditor independiente, y sin certificar ante el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no pueden ser tomadas como jurídicamente válidas;
El ente recaudador había dejado de lado determinados ajustes que se basaban únicamente en el monto de las operaciones involucradas y había mantenido la impugnación de aquellas transacciones que carecían de documentación respaldatoria o era cuestionable la presentada;
Las copias de los contratos de cesiones de derechos y créditos de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad y de la Unión Docentes Agremiados Provinciales no concordaban con la información que surgía de los contratos con aquellas entidades; en consecuencia, resultan insuficientes para refutar los cuestionamientos formuladas por el fisco;
Ambas recurrentes presentaron declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias en cero e informaron acreditaciones bancarias en exceso a las ventas declaradas; todo lo cual explica que el fisco haya tenido que reconstruir la materia imponible;
No existen objeciones que formular respecto a las determinaciones en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y Impuesto sobre los Bienes Personales – Acciones y participaciones, por lo que se confirman;
Ninguna de las recurrentes había presentado la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales – Acciones y Participaciones (período fiscal 2002), pertinente ni había esgrimido argumento alguno para exculparse, por lo que correspondía confirmar las sanciones impuestas. También validó las multas por defraudación por ese mismo tributo pero respecto al período fiscal 2003. En este punto, aclaró que a partir de la ley 25.795, el ilícito fiscal de defraudación podía considerarse configurado a partir de la pura omisión e indicó que la falta de confección de los estados contables debidamente certificados encuadraba en la hipótesis del art. 47, inciso d, de la ley 11.683; y Con relación al resto de las sanciones aplicadas, puntualizó que la Administración había demostrado la existencia de diversas maniobras defraudatorias omisivas y comisivas detalladas a fs. 2810vta., primer párrafo. Añadió que debía contemplarse también: (i) la alta reticencia general respecto de la fiscalización; y (ii) la falta de estados contables confeccionados y auditados. Ello así, entendió que se encontraban reunidos los distintos elementos exigidos por la presunción de dolo receptadas por el art. 47, incisos b y c, de la ley 11.683. En consecuencia, confirmó las multas impuestas en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado, respecto a los períodos fiscales no declarados prescriptos.
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2. Que, a fs. 2827/2827vta. y 2834/2852, respectivamente, la parte actora interpuso y fundó su recurso de apelación que fue contestado por su contraria a fs. 2998/3012. En concreto, los recurrentes:
a) Afirmaron que la sentencia es inválida por vicios en el procedimiento de fiscalización y determinación de impuestos. En ese sentido, aseveraron que no hubo resistencia pasiva a la fiscalización sino “demora en hacerlo debido a imposibilidad fáctica de aportar la totalidad de los elementos requeridos en los plazos en que fueron intimadas” (fs. 2838vta.). Indicaron que el allanamiento y el secuestro de documentación efectuado por la ex AFIP comportaron una flagrante violación de su estado de inocencia, domicilio, papeles privados y del principio de inmunidad de declaración;
b) Advirtieron que la documentación requerida por la ex AFIP -con USO OFICIAL posterioridad al secuestro- no existía y la documentación respaldatoria para confeccionarla se encontraba en poder del organismo fiscal; motivo por el cual debieron efectuar varias presentaciones denunciando esa situación y, asimismo, se vieron obligadas a requerir una medida cautelar para extraer fotocopias de la documentación secuestrada;
c) Señalaron la existencia de vicios en el proceso ante el Tribunal Fiscal. A tal fin, refirieron a la denegación de pruebas que atentó contra el principio de amplitud probatoria. Pusieron de resalto la contradicción incurrida en los autos del 26/05/10 y del 13/10/10 del expediente 30.015-I por cuanto el primero había admitido parcialmente la prueba pericial contable mientras el segundo la había declarado improcedente. Manifestaron que el punto 2º del auto del 6/09/16 (del expediente 30.234- I), no indicó el alcance del rechazo de la prueba testimonial ni pericial. Añadieron que la resolución del 2/02/24 atentó contra el debido proceso y el derecho de defensa de las contribuyentes en cuanto aseveró que la pericia presentada el 17/03/15 “jamás fue ordenada por los Vocales instructores ni obra constancia alguna en este Expte de su presentación” (fs. 2843vta.). En ese punto, acompañaron copia de la pericia en la que obra el cargo del Tribunal Fiscal de la Nación del 17/03/15;
d) Esgrimieron que los movimientos cuestionados por el fisco en concepto de “Pases de Cuenta” fueron explicados y que el depósito en efectivo del Sr. Fernández se encuentra registrado en un asiento contable de balance auditado por contador público independiente;
e) Alegaron que las deficiencias atribuidas a los estados contables fueron producto de no contar con los originales de la documentación respaldatoria que había sido secuestrada por la ex AFIP;
f) Se agraviaron de la aplicación de la presunción conforme la cual las acreditaciones bancarias son ventas omitidas por cuanto entendieron que el a quo efectuó una valoración arbitraria de la prueba. Además, dejaron asentado que impugnaban la sentencia por idénticos motivos y argumentos “en cuanto se refiere a los ajustes fiscales que determinaron el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta” (fs. 2847/2847vta.).
g) Indicaron que los ajustes fiscales “parten de presunciones sobre presunciones, basadas en conclusiones de los funcionarios, sin indagar, pese a sus amplias facultades para establecer la verdad de los hechos” (fs. 2848vta./2849). En esa línea, advierten que las resoluciones determinativas no indican la materia imponible ni la alícuota sino que comportan el resultado de considerar que la sumatoria de acreditaciones bancarias constituyeron ventas omitidas. Así pues, arguyen que el fisco no indagó sobre la actividad de los contribuyentes y que el a quo no mencionó la existencia de indicios de actividades adicionales, extrañas y generadoras de ventas presuntamente omitidas, “las que son muy superiores a las declaradas” (fs. 2849); h) Aseveraron que no existió conducta dolosa por falta de configuración de los requisitos exigibles (material, objetivo y subjetivo) y solicitaron que las sanciones fueran dejadas sin efecto; y i) Calificaron de injusta y arbitraria la imposición de costas a su cargo.
3. Que, conforme surge de autos, en virtud de los procedimientos de auditoría practicados a Cochería San Ramón S.R.L. la ex AFIP advirtió que: (i) la firma registraba acreditaciones bancarias superiores a los conceptos facturados en concepto de ventas efectuadas y notificó al contribuyente para que depurara los movimientos de las referidas ventas. Anta la ausencia de elementos de prueba, aplicó el art. 18 de la ley 11.683 que habilita a considerar a las acreditaciones bancarias como elemento exteriorizante de ventas y determinó el importe adeudado en concepto de Impuesto al Valor Agregado (períodos 03/2001 a 04/2004) e Impuesto a las Ganancias (períodos 2001 a 2003); (ii) los ajustes realizados en el Impuesto a las Ganancias motivaron un nuevo Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en los ejercicios 2001 a 2003; y (iii) el contribuyente no había presentado declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales Societarios correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003 de modo que se determinó el importe debido (conf. informe final de inspección obrante a fs. 205/222, cuerpo nº 2, Impuesto a las Ganancias).
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Similares ajustes se efectuaron respecto a San Ramón S.A., dedicada a la actividad de servicios financieros prestados a través de descuentos por recibos, cuyos principales clientes eran empleados de reparticiones públicas centralizadas y descentralizadas de los estados provincial y municipal (conf. informe final de inspección y nota del 26/12/06 obrante a fs. 28/39vta., cuerpo Impuesto a Ganancia Mínima Presunta).
En oportunidad de conferir vista de los ajustes propuestos, la demandada precisó que: (i) las acreditaciones bancarias excedían el total de ventas y servicios declarados por Cochería San Ramón S. R. L. de modo que fueron considerados ingresos gravados por el Impuesto a las Ganancias (fs. 236/291 del cuerpo nº 2, Impuesto a las Ganancias de Cochería San Ramón S. R. L.); (ii) de la comparación entre el total de las acreditaciones bancarias en las cuentas de propiedad de Cochería San Ramón S. R. L. y USO OFICIAL el total de ventas y prestaciones de servicios netos del gravamen declarado en el Impuesto al Valor Agregado, surgió una diferencia en exceso de acreditaciones sobre ventas y prestación de servicios (fs. 720/773 del cuerpo nº 4, Impuesto al Valor Agregado de Cochería San Ramón S. R. L.).
En el caso de San Ramón S. A., el fisco también utilizó las acreditaciones bancarias como elemento exteriorizante de ventas o prestación de servicios y las consideró “ventas gravadas” en la vista relativa al Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2011 a 2003 (fs. 172/2016 del cuerpo nº 1, Impuesto a las Ganancias de San Ramón S. A.) y “operaciones de ventas gravadas no declaradas” o “prestaciones de servicios gravadas” en la vista referida al Impuesto al Valor Agregado (fs. 473/515 del cuerpo nº 3, Impuesto al Valor Agregado de San Ramón S. A.)
Las co-actoras formularon sus descargos y ofrecieron pruebas (conf. fs. 304/354 y 430/462 de los cuerpos nº 2 y 3, Impuesto a las Ganancias de Cochería San Ramón S. R. L., respectivamente). Asimismo, cabe mencionar que el organismo fiscal ordenó la apertura a prueba en sede administrativa (conf. fs. 2034/2045 del cuerpo nº 11, Impuesto a las Ganancias de Cochería San Ramón S. R. L.).
El 6/07/07 la ex AFIP dictó la resolución determinativa de oficio 166/07 del Impuesto a las Ganancias de Cochería San Ramón S.R.L. En lo que aquí interesa, destacó que la contribuyente: (i) no contaba con un sistema de contabilidad ordenado y confiable, no había confeccionado los Estado Contables por los períodos 2002 y 2003 de acuerdo a la normativa correspondiente y tampoco había cumplimentado los requerimientos de la Administración; ello así, “para la especie, el método presuntivo es una alternativa válida”; (ii) no había depurado las acreditaciones bancarias tal como se lo había requerido el fisco de modo que “correspondió considerar tales acreditaciones bancarias como ingresos gravados por el Impuesto a las Ganancias”; (iii) se había limitado a señalar las cuentas de origen de las acreditaciones reflejadas en cuentas de su propiedad, sin fundamentar la operación que había motivado el traspaso de fondos entre empresas del “Grupo San Ramón”. En consecuencia, “no correspondía depurar suma alguna por ‘pases de cuentas’”; (iv) tenía razón en cuanto a la necesidad de depurar los créditos por cheques rechazados (por no corresponder a ingresos genuinos de fondos) y aquellas acreditaciones derivadas de devolución de gravámenes; (v) había recibido “pagos” de operaciones de terceros que no correspondía ser consideradas en cabeza de la contribuyente, y por lo tanto, procedía su depuración; y (v) no había logrado acreditar que el socio gerente Guillermo Miguel Fernández era el propietario de los fondos depositados en la cuenta bancaria de Cochería San Ramón S.R.L.
En esa ocasión, el fisco explicó que a los fines del cálculo del costo de los servicios prestados, respetó el porcentaje que representó el total de las compras registradas, respecto del total de ingresos por prestaciones de servicios declarados (esto es, 0.0339 y 0.03, para los ejercicios 2001 y 2002, respectivamente). Asimismo, difirió la aplicación de la multa del período 2001 y la instrucción del sumario relativo al gravamen del 2002 (conf. fs. 2536/2673 del cuerpo nº 13, Impuesto a las Ganancias de Cochería San Ramón S. R. L.).
Similar temperamento adoptó en la resolución determinativa nº 223/2007 relativa el Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2003. En esa oportunidad añadió que la fiscalización a la co-actora había comenzado en 2004 y desde esa fecha y hasta el allanamiento dispuesto por resolución judicial, la ex AFIP había labrado 4 requerimientos. Ello así, aseveró que “la conducta incumplidora que la contribuyente atribuye al hecho de no contar con la documentación necesaria para tal fin, se configuró con anterioridad al allanamiento practicado al domicilio fiscal de la rubrada”. Además, puso de resalto que el allanamiento fue practicado en octubre de 2004 mientras que la contribuyente cierra su ejercicio el 30 de abril de cada año. En ese escenario, destacó que “en oportunidad de efectuarse el procedimiento señalado, los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2002 y 2003 ya se encontraban por demás vencidos. No obstante ello, la contribuyente solo había confeccionado Estados Contables por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2001. Es decir que el desorden administrativo existente en la firma, no puede atribuirse de modo alguno al secuestro de la documentación” (conf. fs. 2715/2816 del cuerpo nº 14, Impuesto a las Ganancias de Cochería San Ramón S. R. L. y cuerpo nº 1 del Anexo Actuac Allanamiento y Fotocopias para Auditoría).
El fundamento del ajuste supra descripto justificó la pretensión fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, en cuyo procedimiento determinativo de oficio se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV habilitó la depuración de las acreditaciones bancarias en similares términos y alcances que en el Impuesto a las Ganancias. No obstante, a fin de determinar el Impuesto al Valor Agregado adeudado, el fisco imputó de formal mensual el total de las acreditaciones bancarias en exceso de los servicios declarados “teniendo en cuenta para ello, la proporción del total de prestaciones de servicios registradas por la rubrada mensualmente, respecto del total del ejercicio” (conf. resolución nº 167/2007 -períodos 03/01 a 03/02- obrante a fs. 1395/1526 del cuerpo nº 7, Impuesto al Valor Agregado de Cochería San Ramón S. R. L. y resolución nº 224/2007 -períodos 05/02 a 04/04- obrante a fs. 1605/1741 del cuerpo nº 8, Impuesto al Valor Agregado de Cochería San Ramón S.
R. L.).
Por su parte, los ajustes practicados en el Impuesto a las Ganancias de los períodos 2001 a 2003 motivaron el dictado de las resoluciones determinativas de oficio USO OFICIAL nº 168/2007 y nº 225/2007 referidas al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de los ejercicios 2001 a 2003 (conf. fs. 301/389 y 391/474 del cuerpo nº 2, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta) y la resolución nº 226/2007 relativa al Impuesto sobre los Bienes Personales – Acciones o Participaciones por los períodos 2002 y 2003 (conf. fs. 275/367, cuerpo nº 2 del Impuesto sobre los Bienes Personales – Participaciones). El 12/10/17 la ex AFIP notificó a Cochería San Ramón S.R.L. la resolución sancionatoria nº 129/2017 en concepto del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2001 a 2003.
En que atañe a la co-actora San Ramón S. A., la demandada ratificó la viabilidad del método presuntivo utilizado en las vistas corridas en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, admitió la depuración de los “Pases entre Cuentas” del mismo titular y de aquellos que “en caso contrario se duplicaría el cómputo de acreditaciones, al haberse considerado el ingreso de fondos a la cuenta de la Casa Matriz y luego a la cuenta de las sucursales”. Sin embargo rechazó por falta de pruebas la depuración de los “Pases de Cuentas” de empresas del “Grupo San Ramón”, “cheques rechazados” y “depósitos en efectivo” y admitió depuraciones en concepto de “cheque de tercero” (conf. resolución nº 162/2007 -períodos 2001 a 2003- obrante a fs. 1251/1366 del cuerpo nº 7, Impuesto a las Ganancias de San Ramón S. A. y resolución 163/2007 -períodos 03/01 a 05/04 del cuerpo nº 5, Impuesto al Valor Agregado de San Ramón S. A.).
Por su parte, los ajustes practicados en el Impuesto a las Ganancias de los períodos 2001 a 2003 motivaron el dictado de la resolución determinativa de oficio nº 164/2007 referida al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de los ejercicios 2001 a 2003 (conf. fs. 228/316 del cuerpo nº 2, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta) y la resolución nº 165/2007 relativa al Impuesto sobre los Bienes Personales – Acciones o Participaciones por los períodos 2002 y 2003 (conf. fs. 201/275, cuerpo nº 2 del Impuesto sobre los Bienes Personales – Participaciones).
A su turno, San Ramón S. A. fue notificado de las resoluciones sancionatorias nº 132/2017 y nº 131/2017 relativas al Impuesto al Valor Agregado (03/01 a 12/01, 01/02 a 12/02 y 01/03 a 10/03) y al Impuesto a las Ganancias (períodos 2001 a 2003), respectivamente.
El 17/08/07 San Ramón S. A. interpuso recurso de apelación ante el a quo contra las resoluciones nº 162/2007 a 165/2007 (expediente 30.014-I). En cuanto a la prueba, ofreció documental, instrumental (el expediente administrativo) y designó consultor tributario sin precisar puntos periciales (conf. fs. 20/42vta.). El 12/09/08, el Tribunal Fiscal hizo lugar a la oposición a la prueba formulada por el fisco y tuvo presente la documental acompañada por el actor. A fs. 333/333vta., el actor propuso perito contador y el a quo dispuso estar a la providencia del 12/09/08 supra reseñada (fs. 337).
El 17/08/07, Cochería San Ramón S. R. L. interpuso recurso de apelación ante el a quo contra las resoluciones nº 166/2007 a 168/2007 (expediente 30.015-I). En esa oportunidad, ofreció documental, informativa (oficios al Banco Credicoop y a la Asociación Cuyana de Empresas Fúnebres), instrumental (el expediente administrativo), pericial contable y designó consultor tributario (conf. fs. 358/384). El 26/05/10, el Tribunal Fiscal hizo parcialmente lugar a la oposición a la prueba pericial formulada por el fisco (puntos 3 a 7), ordenó la apertura a prueba, el libramientos de los oficios solicitados y dispuso: “previo a proveer la prueba pericial contable respecto de los puntos 1 y 2 fs. 35, intimar a la actora para que en el término de diez (10) días proponga perito de parte, bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho a producir la misma” (fs. 855). A fs. 856/857 se presenta el contador Hidalgo para aceptar el cargo de perito a propuesta del actor. Seguidamente, el a quo resolvió “no hacer lugar a la prueba pericial contable por improcedente en tanto requiere que los expertos expresen opinión” (fs. 859).
El 2/10/07 Cochería San Ramón S. R. L. interpuso recurso de apelación contra las resoluciones nº 223/2007 a 226/2007 (expediente 30.234-I). Puntualmente, ofreció prueba documental, informativa (al Banco Credicoop y a la AFIP de San Juan), pericial contable y testimonial (fs. 895/966). A fs. 1297 Cochería San Ramón S. R. L. propone perito contador.
Mediante resolución del 24/05/12, el a quo ordenó la acumulación de los expedientes 30.015-I y 30.234-I al que lleva el nº 30.014-I (fs. 1980/1980vta.).
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El 6/09/16 el a quo tuvo a la recurrente por desistida la prueba informativa de fs. 381vta./382; hizo lugar a la oposición del fisco en el marco del expediente 30.234-I respecto al punto segundo de la prueba informativa, la prueba pericial contable y la testimonial; abrió la causa 30.234-I a prueba y ordenó librar el oficio solicitado por la actora en el punto 1º de fs. 692 (fs. 2024). Ante la falta de libramiento del oficio ordenado, el Tribunal Fiscal tuvo por decaído el derecho a producir dicha prueba (fs. 2031).
El 6/11/17 San Ramón S.A. recurrió ante el a quo la resolución sancionatorias nº 132/2017 (expediente 48.359-I). Acompañó prueba documental (entre la cual obra agregado el informe contable conjunto al que aluden las recurrentes en su memorial ante esta Cámara) y propuso una prueba pericial contable (fs. 2144/2176). En ocasión de contestar el traslado del recurso ante el Tribunal Fiscal, la demandada se USO OFICIAL opuso a la producción de la prueba pericial contable “ya que se ha realizado en los expedientes relativos a las determinaciones de oficio de San Ramón S. A. y Cochería San Ramón S. A. que anteceden la presente multa” (fs. 2196).
El 13/11/17 San Ramón S.A. apeló la resolución sancionatoria nº 131/2017 (expediente 48.356-I). En esa oportunidad, también adjuntó prueba documental (entre la cual obra agregado el informe contable conjunto supra referenciado) y ofreció prueba pericial contable (fs. 2296/2325). A su turno, la demandada expuso que la prueba pericial contable propuesta por la parte actora “ya que se ha realizado en los expedientes relativos a las determinaciones de oficio de San Ramón S. A. y Cochería San Ramón S. A. que anteceden la presente multa” (fs. 2346vta.).
Por su parte, Cochería San Ramón S. R. L. recurrió las resoluciones sancionatorias nº 129/2017 (expediente 48.357-I) y 130/2017 (expediente 48.358-I). Al igual que San Ramón S.A., acompañó copia de la pericial contable, solicitó una nueva (fs. 2426/2449vta. y fs. 2588/2614, respectivamente) y motivó similar respuesta por parte del fisco a la obtenida en los expedientes 48.359-I y 48.356-I (conf. fs. 2488 y fs. 2636vta./2637, respectivamente).
El 15/05/18, el a quo acumuló el expediente 48.359-I al que lleva el nº 30.014-I (fs. 2202) y el 9/08/18 dispuso la acumulación de los expedientes nº 48.356-I, 48.357-I y 48.358-I al 30.014-I (fs. 2851/2851vta.).
Mediante providencia del 2/02/24, el Tribunal Fiscal denegó la prueba pericial contable ofrecida en el marco de los expedientes 48.359-I, 48.356-I, 48.357-I y 48.358-I. Asimismo, puso de resalto que:
En el expediente 30.014-I no se había ofrecido prueba pericial alguna;
En los expedientes 30.015-I y 30.234-I, dos vocales instructores diferentes habían denegado la prueba pericial contable en cada uno de ellos;
La prueba pericial contable conjunta del 17/03/15 “jamás fue ordenado por los Vocales Instructores intervinientes en su oportunidad ni obra en estas actuaciones constancia alguna de su presentación. Por lo tanto, de haberse producido correspondería su inmediato desglose” (fs. 2794vta.); y La documentación mencionada (adjunta a los recurso de apelación interpuestos contra las resoluciones sancionatorias) “no se corresponde con una prueba cuya producción hubiese sido ordenada por este Tribunal, razón por la cual su contenido no será valorado al momento de resolver la cuestión de fondo en la presente causa” (fs. 2794vta.).
4. Que, respecto a los agravios referidos al procedimiento de fiscalización y al proceso ante el Tribunal Fiscal, cabe señalar que la nulidad importa la privación de efectos a aquellos actos que adolecen de algún vicio y que por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin a que se hallan destinados y las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer el apelado, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, dado que no puede invocarse la nulidad por la nulidad misma. Por tal razón, deben ofrecerse elementos que acrediten el perjuicio sufrido si se persigue la anulación de lo actuado. Al respecto esta Sala ha sostenido reiteradamente que teniendo en cuenta que el objeto y fin de las nulidades procesales es el resguardo constitucional de la defensa en juicio, debe acreditarse en cada caso el perjuicio ocasionado a ese derecho.
Cuando la alegada restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior. Y ello es lo que ha ocurrido en autos en que las apelantes, al haber promovido las diversas actuaciones ante el Tribunal Fiscal, han obtenido una oportunidad procesal suficiente para alegar y probar el sustento de su derecho [Fallos: 253:229 y 247:52; esta Sala in re “De La Fuente, Ismael (TF 27725-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; sent. del 7/04/22]. En este contexto y en respuesta al agravio invocado por las co-actoras respecto a la falta de incorporación y valoración de la prueba pericial contable acompañada al memorial bajo examen, basta con señalar que: (i) el proveído del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 26/05/10 dictado por el Tribunal Fiscal en el marco de la causa 30.015-I hizo parcialmente lugar a la oposición a la prueba pericial formulada por el fisco (puntos 3 a 7) y dispuso: “previo a proveer la prueba pericial contable respecto de los puntos 1 y 2 fs. 35, intimar a la actora para que en el término de diez (10) días proponga perito de parte, bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho a producir la misma” (conf. fs. 855, el destacado es propio); (ii) luego el a quo resolvió “no hacer lugar a la prueba pericial contable por improcedente en tanto requiere que los expertos expresen opinión” (fs. 859) y dicho proveído no fue recurrido por la parte interesada en los términos del art. 71 del Reglamento de Procedimientos del TFN; (iii) la reseña de las constancias de la causa efectuada en el considerando 3º supra da cuenta de que el Tribunal Fiscal no ordenó la producción de la prueba pericial contable en la causa 30.015-I ni en ninguno de los sucesivos expedientes iniciados y acumulados en los que esa medida había sido USO OFICIAL propuesta; y (iv) la providencia del 2/02/24 explicitó y aclaró que el a quo no había ordenado la producción de la pericial de modo que, aun en el caso de haber sido producida y presentada, comporta una medida probatoria inadmisible por falta de decisión jurisdiccional que la habilitara.
Asimismo, en dicha ocasión, el Tribunal Fiscal justificó la improcedencia de valorar esa prueba pericial como documental, tal como lo pretendían las co-actoras; decisión que -además de no haber sido recurrida en los términos del art. 71 del Reglamento del TFN- luce razonable a la luz de la improcedencia de la pericial contable supra justificada.
En el escenario descripto se advierte que las recurrentes pretender hacer valer una prueba que no fue ordenada por el a quo y que tampoco fue replanteada de modo fehaciente en esta instancia en los términos previstos por el art. 260, inc. 5°, del CPCCN ―aplicable en la especie en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modificatorias.
En efecto, cabe recordar que el replanteo requiere como presupuesto de admisibilidad que la petición sea fundada, es decir, que ello implica satisfacer la carga procesal de aportar las razones fehacientes que sirvan de fundamento suficiente para hacer viable la medida [C.Nac.Civ., Sala A, 3/6/80, Sala B, 13/5/77, Sala F, 18/5/71 y esta Sala in re “Abbiendi SAIC c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 21/12/17; “L Guillón SA (TF 48180-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/06/24]. Sin embargo, en el caso, las recurrentes se agravian de las supuestas contradicciones en que habría incurrido el a quo respecto a la prueba pericial contable y refieren al principio de amplitud probatoria pero no indican de manera precisa y circunstanciada cuáles serían los extremos probatorios que esa medida estaba destinada a acreditar frente a cada ajuste fiscal; circunstancias que sellan la suerte adversa del agravio impetrado.
A ello corresponde añadir que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran reservadas al conocimiento del Tribunal Fiscal pues, en principio, exceden el ámbito del recurso previsto en el artículo 86, inciso b, de la ley 11.683; salvo en el supuesto de error manifiesto o arbitrariedad que autorizan a la Alzada a apartarse de las conclusiones a que aquél arribó y disponer la producción de prueba, pero que —como se verá más adelante— no se configuran en el presente caso (cfr. Sala II, in re “Transportadora de Energía SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 10/02/15 y Sala V, in re “Maxiconsumo S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 23/08/18).
5. Que, en lo atinente a la cuestión de fondo debatida, es preciso señalar que, según los arts. 16 y 18 de la ley 11.683 (t.o. vigente), resulta admisible que el organismo recaudador, ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria, pueda considerar, a efectos de establecer la materia imponible, el conjunto de circunstancias relativas al contribuyente a través de una adecuada valoración y en el marco conceptual de las leyes impositivas aplicables.
La determinación de oficio sobre base cierta implica que el fisco conoce con certeza el hecho imponible y su magnitud, y ello sólo es posible cuando el ente recaudador dispone de libros, registros y comprobantes llevados por el contribuyente en legal forma, lo que permite establecer con exactitud el monto de su obligación impositiva.
La regla es la determinación sobre base cierta, si es que el organismo encargado de realizarla dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que suscita la obligación tributaria, tanto en cuanto a su existencia como en cuanto a su significación económica.
Ahora bien, el artículo 18 de la ley 11.683 prevé las facultades de la Dirección General Impositiva para practicar determinaciones estimativas. Las presunciones constituyen elementos de juicio aptos para aquellos casos en que el contribuyente no haya presentado declaraciones juradas y/o no existan o resulten insuficientes las registraciones contables y documentación que avalan las operaciones comerciales, sin que –como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia– ello importe autorizar decisiones discrecionales (Fallos: 264:99).
En el caso, el organismo fiscal aseveró que “el método de determinación de oficio sobre base presunta utilizado para reconstruir la materia imponible (…) tomó como indicador representativo de las prestaciones de servicios, el monto de los depósitos bancarios obrantes en cuentas de la contribuyente, constituyendo éste el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV soporte de la presunción de prestaciones omitidas, tal como se fundamentó en las resoluciones de vista corridas por el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado” (fs. 131, 530, 759/760). Puntualizó que las acreditaciones bancarias fueron consideradas como “elemento exteriorizante de ventas o prestación de servicios” (fs. 536, 767).
Por lo demás, cabe recordar que desde el año 2003 “los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o los ingresos declarados” se encuentran incorporados a la ley 11.683 como una presunción legal expresa, según la cual: “Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del período, representan: 1) En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a las diferencias de depósitos en concepto de incremento patrimonial, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto USO OFICIAL de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. 2) En el impuesto al valor agregado: Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente. El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal. 3) El método establecido en el punto 2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan” (conf. ley 25.795 y Fallos: 332:343). Teniendo en cuenta que la presunción contenida en el artículo 18, inciso g, punto 1º, de la ley 11.683 impone a los contribuyentes la acreditación de los extremos en contrario, si el incidido no añade elementos que permitan demostrar que las acreditaciones bancarias depuradas no se encuentran vinculadas con una actividad gravada, no cabe más que concluir en la procedencia de la estimación realizada por el organismo recaudador [conf., Sala I, in re “Dos Santos, Gustavo Alberto (TF 33878-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 10/12/19].
Frente a ello, en el caso bajo examen, las co-actoras prescindieron de aportar elementos probatorios, fuera de sus propias declaraciones, que justifiquen, de algún modo: (i) el origen del dinero involucrado en las acreditaciones bancarias utilizadas por fisco para determinar la materia imponible; y/o (ii) las razones que motivaron su marginación del gravamen en estudio.
A partir del análisis de las constancias de la causa, se advierte que las recurrentes no lograron probar ni en sede administrativa ni ante el Tribunal Fiscal que las sumas impugnadas no constituían ingresos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y/o ventas omitidas en el Impuesto al Valor Agregado. Tal como lo señaló el Tribunal Fiscal, las interesadas no han arrimado elementos adicionales a los recabados y valorados por la inspección actuante para llevar a cabo una nueva depuración de los depósitos bancarios que permitieran justificar los movimientos de fondos involucrados; siendo insuficientes a tales fines las meras referencias a las razones que justificaron los “Pases entre Cuentas” del mismo grupo empresario, al registro contable del depósito en efectivo del Sr. Fernández y/o al secuestro de los originales de la documentación respaldatoria. Así pues, las defensas esgrimidas por las recurrentes no fueron acreditadas por medios de pruebas concluyentes que demuestren la verdad de sus dichos y/o permitan desvirtuar los ajustes practicados por la demandada.
A fin de ejemplificar la orfandad probatoria supra señalada y la insuficiencia de los argumentos vertidos por las contribuyentes, basta con señalar que: (i) el agravio deducido ante esta instancia respecto al depósito del Sr. Fernández no se hace debido cargo de “la falta de prueba acerca de la acreditación de la existencia de una fuente productora de rentas” en cabeza de aquél sujeto a la que aludió el fisco (fs. 549); (ii) el memorial no identifica y/o detalla de manera precisa y circunstanciada “el motivo del giro de fondos de una empresa a otra” y la prueba que lo respalda a fin de justificar la depuración de las sumas por “Pases de Cuenta” (fs. 542); (iii) las recurrentes tampoco individualizan los gastos que debieron computarse y los elementos probatorios que los demuestran en cada uno de los períodos fiscales que no fueron declarados prescriptos por el a quo (conf. fs. 2913/2913vta.); y (iv) la argumentación relativa a la “no computabilidad de gastos -por San Ramón S.A.- que inciden directamente en la prestación de servicios de Coseguro de Salud a los afiliados de ATSA” se respalda fundamentalmente en el análisis efectuado por los peritos contadores en la prueba desestimada por el a quo (fs. 2131/2132; 2167/2169vta.; 2913vta./2914).
Cabe puntualizar que no obran pruebas suficientes para tener por acreditado el circuito completo de cada uno de los depósitos involucrados en autos. Además, la íntima vinculación que media entre la co-actoras permite colegir que pudieron haber aportado la documentación necesaria (esto es, facturas, recibos, registraciones contables, boletas de depósitos) para demostrar el origen de cada una de las acreditaciones bancarias aquí implicadas (conf. esta Sala, in re “Echarri, Raúl Rufino F. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 22/09/15 y “Caramelino, Dennis Alfredo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/10/16).
Al respecto, esta Sala tiene dicho que es el contribuyente quien debe acompañar la prueba idónea relativa al movimiento de sus cuentas bancarias [esta Sala, in re “Bur, Delia Matilde de (TF 7190-I) contra DGI”, sent. del 12/11/96], a la veracidad de sus operaciones, al origen de las sumas depositadas y a las razones que motivaron su marginación del gravamen en estudio [in re “Musso Élida Ángela (TF 24.698-I) c/ DGI”, sent. del 18/03/14; “Goldaracena Miguel (TF 23.965-I) c/ DGI”, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV sent. del 29/04/14; “Ciccone, Silvia Noemí (TF 46467-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; sent. del 27/10/22].
En este sentido, no resulta ocioso mencionar la llamada teoría de las cargas probatorias dinámicas según la cual la prueba debe producirla quien se encuentra en mejores condiciones para cumplir el objetivo, prescindiendo de la condición de actora o demandada, y según las circunstancias del caso (CNCom., Sala B, “Zakin, Santiago E. y otro c/Banco Río de la Plata S.A.”, sent. del 28/06/02). Se trata, por cierto, de una consecuencia natural del principio de buena fe que debe regir en todo proceso judicial (conf. CNCom, Sala B, “Fasanelli, Sebastián y otro c/Fernández, Juan C. y otro”, sent. del 10/03/04).
Por último, y teniendo en cuenta el alcance del memorial de las recurrentes respecto a la procedencia de los ajustes en concepto de Impuesto a la USO OFICIAL Ganancia Mínima Presunta, corresponde desestimar el agravio formulado en función a lo expuesto supra con relación a las determinaciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (conf. fs. 2914/2914vta.).
6. Que, la valoración del Tribunal Fiscal con relación a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, no se ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión.
En ese contexto y por considerar que no hubo error en la apreciación que se hizo en la sentencia apelada de los hechos, corresponde rechazar los agravios de las co-actoras, pues en última instancia sólo trasuntan su discrepancia con relación al criterio de selección y valoración de la prueba utilizada en el caso, y el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios no configura arbitrariedad (Fallos: 273:205; 274:35; 276:311, entre otros).
En conclusión, las co-actoras se han limitado a reiterar parte de las manifestaciones esgrimidas en sus escritos de apelación ante el Tribunal Fiscal sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos por los que se confirmaron las determinaciones de oficio impugnadas.
7. Que, tampoco corresponde hacer lugar a los agravios sobre las sanciones confirmadas en la instancia anterior y la distribución de costas decidida por el a quo por cuando no comportan una crítica concreta y razonada de la resolución apelada (conf. art. 265, CPCCN). En efecto, el memorial se circunscribe a manifestar que “no se configuran los requisitos para la defraudación” y describir como “Arbitraria e Injusta la Imposición de costas a cargo de las Apelantes” (fs. 2917vta., y 2918, respectivamente).
Por las consideraciones expuestas corresponde desestimar los agravios de las recurrentes y confirmar las resoluciones apeladas en todo cuanto han sido materia de agravio ante esta instancia, con costas (art. 68, primera parte del CPCCN).
8. Que, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría– en Fallos: 341:1063 y 345:220; y ponderando la naturaleza del proceso, su monto –tomando como tal el importe por el que resultaron vencedoras la partes-, la importancia de las cuestiones debatidas, la forma en que fueron impuestas las costas y la calidad y eficacia de las labores desarrolladas en la etapa cumplida del proceso ante el Tribunal Fiscal, por los letrados de ambas partes, en cada uno de los expedientes acumulados, corresponde:
i) Por el Expte. nº 30.014-I a) ELEVAR a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRES- CIENTOS ($41.300) los honorarios regulados a favor del doctor Néstor Luis Maggini Calvo, quien se desempeñó como letrado patrocinante de la parte actora, a cargo del Fisco Nacional (cfr. arts. 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839). b) ELEVAR a las sumas de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($785.000) y PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL ($314.000), respectivamente, los emolumentos regulados a favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, a cargo de la parte actora (cfr. arts. 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839).
ii) Por el Expte. nº 30.015-I y Expte. nº 30.234-I a) ELEVAR a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000) los honorarios regulados a favor del doctor Néstor Luis Maggini Calvo ––sin perjuicio de no haberse acreditado fehacientemente en estos autos la percepción de los emolumentos provisoriamente regulado a fs. 2010––; a la suma de PESOS CUA- TROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000) los honorarios correspondientes al doctor Luis Carvallo D´onofrio y la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ($184.000) para el doctor Eduardo Horacio O´Connor, quienes se desempeñaron por la dirección letrada y representación de la parte actora, a cargo de la parte demandada (cfr. arts. 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839).
b) ELEVAR a las sumas de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($674.300) y PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($269.700), respectivamente, los honorarios regulados a favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, a cargo de la parte actora (cfr. arts. 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
iii) Por el Expte. nº 48.356-I y Expte. nº 48.359-I: corresponde CON- FIRMAR los emolumentos regulados a favor la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, a cargo de la parte actora (arts. 16, 19, 21, 29, inc. f, 51 y cdtes., de la ley 27.423; Resol. SGA nº 2533/25).
iv) Por el Expte. nº 48.357-I y Expte. nº 48.358-I: corresponde CON- FIRMAR los honorarios regulados a favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, a cargo de la parte actora (arts. 16, 19, 21, 29, inc. f, 51 y cdtes., de la ley 27.423; Resol. SGA nº 2533/25).
9. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, la importancia de los asuntos discutidos y la tarea desempeñada ante esta alzada (confr. contestación de agravios del 19/03/25), REGÚLANSE en las sumas de $1.029.781 –equivalentes a la cantidad de 13,06 UMA– y en la suma de $373.749 – USO OFICIAL equivalentes a la cantidad de 4,74 UMA–, respectivamente, los emolumentos de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, a cargo de la actora (Resol. SGA nº 2533/25).
Se deja constancia que las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales frente al citado tributo.
En función de lo expuesto, SE
a) rechazar el recurso incoado por la parte actora, con costas a cargo de la vencida (art. 68, primera parte, CPCCN); y b) modificar las regulaciones de honorarios de fs. 2955/2956 y fijar los correspondientes a esta instancia conforme lo dispuesto en los considerandos 8º y 9° supra.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia