Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6916 FOLIO Nº 119/122 PROT. ELECT. JRS1015I.211
Río Gallegos, 10 de noviembre de 2021.
Los presentes autos caratulados “SANABRIA, RODRIGO ROLANDO; RAMIREZ SANTIAGO GABRIEL Y RAMIREZ, AXEL JEREMIAS S/ROBO”, Expte. Nº 16.436/19, Apelación Nº 6.414/19, venidos a despacho para resolver y de los que;
Que a fs. 188/194 obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, que en el punto 1º decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Gino Fabricio Aliverti Toranzo y Francisco Agustín González Moriningo en orden al delito de “Robo en poblado y en banda” (Arts. 167º Inc. 2º del Código Penal) y en el punto 3º trabó embargo sobre sus bienes por la suma de cinco mil pesos ($5.000). Que a fs. 226/229 y 230/233 el Defensor Oficial apeló dicho auto, -motivándolos en esa misma ocasión-; siendo luego mantenidos ante esta Alzada a fs. 251 vta., y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa sostuvo que las pruebas en las que se fundó el auto de procesamiento no configuran elementos de convicción suficientes para sostener que sus defendidos sean autores o participes penalmente responsables de los hechos que les fueran impuestos, vulnerando el principio de inocencia.
Se agravió que el juzgador logró individualizar, conforme material fílmico aportado por el local comercial La oveja negra y por la agencia de viajes Amayco, a tres personas con características similares a las aportadas por las damnificadas, siendo uno de ellos identificado como Jeremías Ramírez.
Indicó que con la escasez de descripciones fisonómicas y de vestimenta resultaría imposible individualizar a los atacantes, dado que la vestimenta descripta no resultó ser distintiva y es de uso generalizado. Sin embargo, la DDI, refiere que hubieron de detectar a tres personas con características similares conforme material fílmico aportado por los locales comerciales.
Sostuvo que las cámaras de ambos lugares, se encuentran sumamente alejadas del lugar de donde se cometió el delito y que la mala calidad de la filmación, impide reconocer a cualquiera de esas personas, como así también determinar claramente la vestimenta de cada uno.
Manifestó que la dificultad de brindar características específicas y distintivas de los atacantes, que en primer lugar, en la investigación resultaron detenidos, junto con el Sr. Ramírez Axel Jeremías, su hermano, Santiago Gabriel Ramírez y Rodrigo Rolando Zanabria, habiendo dictado las faltas de mérito para los dos últimos, que la defensa consideró que tal temperamento debió ser adoptado para todos los imputados de la causa, dado la falta de descripciones de los atacantes. Se agravió de las declaraciones testimoniales de la Sra. Mervini, la del Sr. Atilio Iván Coronel y de la Sra. María Faustina Pierabella, mantuvo que el juzgador continuó limitándose a referir lo expresado por los testigos, omitiendo hacer un análisis de las pruebas recabadas.
Indicó que durante el acto de ratificación del único testigo presencial a fs.76, y el más importante, la instrucción cometió un grave error al no indagar al testigo acerca de lo sucedido, ni preguntado acerca de las características de los atacantes o si podría reconocerlos en el caso de que volviera a verlos.
Sostuvo que tampoco se realizó una rueda de reconocimiento la cual habría dispersado la duda en relación a la individualización de los atacantes, evitando así recaer la entera investigación sólo en las filmaciones de mala calidad.
Manifestó que el juzgado utilizó las cámaras de seguridad del local comercial Mototo y los informes de la DDI para identificar a los imputados Francisco Agustín Moringio González, y Gino Fabricio Aliverti Toranzo. Sin embargo, no pudo distinguirse con claridad que se trate de ambas personas dado la mala calidad de la filmación.
Se agravió de los informes de la DDI y sostuvo que fueron contradictorios en su análisis y que el Juez en el procesamiento se limitó a la simple remisión de dichos informes sin un análisis propio y desarrollado de las secuencias filmográficas y la individualización de cada imputado.
Se refirió que los resultados de los allanamientos perpetrados en los domicilios de Aliverti Toranzo y González Moringio que tuvieron resultado positivo, omitiendo realizar un análisis de qué elementos fueron obtenidos en dichos operativos y como los mismos se relacionan con la causa.
Sostuvo que esas prendas son de uso común en los jóvenes y tampoco pueden ser relacionadas con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar del hecho.
Indicó que tampoco existieron otras pruebas de cargo que acrediten que sus asistidos hayan estado en el lugar de los hechos y que efectivamente, hayan sido participes o autores de los delitos por los cuales se los procesa.
Se agravió por la calificación del delito “robo en poblado y en banda” prescripto por el Art. 167º Inc. 2° del C.P., dado que para la configuración de dicho delito debe reunir las características que participen tres o más personas y que los atacantes eran dos personas conforme declaración de Ramírez.
Por último, solicitó se revoque el auto dictado y se sobresea a sus defendidos.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que habiendo realizado una atenta lectura de la resolución atacada como de los agravios planteados por el recurrente, debo adelantar que considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa del proceso, la materialidad de los hechos enrostrados a los Sres. Gino Fabricio Aliverti Toranzo y Francisco Agustín González Moriningo y también su autoría material, correspondiendo así traspasar la valla del Art. 289º del C.P.P., razón por la que confirmaré el auto apelado por ser adecuado a derecho. En primer lugar, cabe recordar que para el dictado del auto de procesamiento no es indispensable arribar al grado de certeza sobre que se cometió un hecho, sino que es suficiente con que exista probabilidad de que el imputado haya participado en un hecho delictivo. Al respecto se ha dicho: “El procesamiento es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998). Así, bajo dicha premisa, es que trataré los agravios planteados por la defensa.
Comenzando con el tratamiento de los planteos articulados por el apelante surge que éste manifestó la escasez de material probatorio incriminante.
Sin embargo, no asiste razón al recurrente en sus argumentaciones. En efecto, cabe destacar que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y explicado tanto la materialidad del hecho imputado, como la autoría y la calificación jurídica de los sucesos investigados, atribuidos a sus asistidos. Por ello, lo planteado por la defensa al respecto, no prosperará El apelante se refirió a que la prueba no había sido valorada en debida forma y que la calificación jurídica atribuida al hecho tampoco estaba justificada. Ahora bien, si analizamos con detenimiento el auto dictado, advertiremos que allí se hizo referencia concreta a la materialidad del hecho y a la autoría de los encartados en él, habiéndose analizado todos los relatos de los testigos. El hecho de que el apelante no concuerde con la decisión del Sr. Juez, por ser contraria a los intereses de sus defendidos, no autoriza a calificar al auto como infundado. Por eso, este agravio se rechazará. No obstante, cabe señalar que contamos con el informe de inicio de actuados de f. 01, que indicó que el día 14/02/2019 siendo las 06:40 hs., se solicitó presencial policial en calle José Haro Nº 400 en virtud de haberse acaecido un hecho ilícito; en entrevista mantenida con la Srta. Coburger Shopia, manifestó que momentos antes mientras retornaba al lugar que diera por domicilio, junto a su amiga Gloria Gil Goldammer, fueron interceptadas por dos masculinos, los cuales previo a agredirlas físicamente, le sustrajeron la riñonera de color negra, conteniendo en su interior dos mil seiscientos pesos, cincuenta euros, veinte dólares y documentación personal. También señaló que anteriormente, cuando se hallaba en el local bailable “Ven a mi” un masculino le sustrajo un teléfono celular marca IPHONE 7, de color negro. Es así, que parte de lo expuesto es corroborado por el resultado del acta de inspección ocular donde surge el hallazgo de una riñonera con similares características y la posterior acta de reconocimiento y entrega, en la que se exhibe el materia incautado a las damnificadas, reconociendo la Srta. Coburger dicho elementos como de su propiedad.
Igualmente, a f. 10 se encuentra el informe médico que certifica las lesiones sufridas por la Srta. Coburger: “al momento de ser examinada presenta excoriaciones en palma de ambas manos y en rodilla de 02-03 cm. de diámetro, lesiones de carácter leves, data 01-02 hs. aproximadamente, tiempo de curación de 03 -05 días aproximadamente…”, con lo cual debo concluir en que el testimonio de la presunta víctima se habría visto corroborado con el informe médicos en cuestión, acreditándose el daño en su cuerpo. Por su parte la Srta. Gil Goldammer a f. 14, quien resulta ser la segunda damnificada, hace su relato de los hechos, resultando ser estos contestes con los dichos de la Srta. Coburger, en cuanto a lugar, tiempo y modo.
Además, el Sr. Magistrado hubo de ponderar las declaraciones testimoniales de fs. 09,11,13,14,19, 77 y 79, todas ellas de gran aporte para la presente investigación, junto con el registro de las cámaras de seguridad y la investigación de la DDI, lo que, confrontado con los testimonios de las turistas Coburger y Goldammer permitieron al A quo la identificación de los imputados como presuntos autores del hecho. De esta manera, esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma sumado a que, en este caso, el mismo se ha visto corroborado con el resto de los elementos probatorios reunidos en el legajo.
Asimismo, toda vez que estos elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que, a pesar de no existir testigos directos, no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente a los imputados con el hecho delictivo, con el grado de probabilidad que la instancia requiere. Del mismo modo, surge de las averiguaciones realizadas a fin de esclarecer el hecho que se investiga, se logro individualizar conforme material fílmico, aportado por el local comercial “La Oveja Negra” y por la agencia de viajes “Amayco”, a tres personas con características similares a las aportadas por las damnificadas, siendo uno de ellos identificado por personal policial, resultando ser el ciudadano Jeremías Ramírez, con domicilio en la calle Pirulo Gómez Nº 265,en el lugar se encuentran con dos personas de sexo masculino, quienes son conducidos a la dependencia policial, resultando ser los ciudadanos, Rodrigo Sanabria, domiciliado en calle Los Inmigrantes Nº 1576, Depto. 1 y Santiago Gabriel Ramírez, quien reside en dicho domicilio.
Finalmente solicitan orden de allanamiento en los domicilios mencionados, arrojando resultados positivos, conforme actas de fs. 137 y vta. y 142 y vta. Cabe destacar, que del análisis de ese material fílmico aportados por los locales mencionados, surge que los tres masculinos Axel Jeremías Ramírez, Gino Fabricio Aliverti Toranzo y Francisco Agustín González Moriningo, habrían identificado a las víctimas ya en el centro de la localidad (conf. domo 1, cámaras 1 y 2 de la municipalidad local) posteriormente y como se divisa a través de las cámaras aportadas por la Oveja Negra, es allí donde comienzan a seguir a sus víctimas, llegando a las inmediaciones del hostel Folk, el Sr. Gino Aliverti Toranzo es quien comienza el ataque a una de las turistas damnificadas, mientras Francisco es quien sujeta a la segunda joven arrastrándola hasta su vehículo que se encontraba estacionado, se divisa el forcejeo y la huida de los nombrados en dirección al centro de la localidad, mientras Axel Ramírez camina en la dirección que llevaba y se detiene en la esquina, para luego mantener un diálogo con las víctimas.
Ahora bien, debo destacar además, que no se advierte que tales medios probatorios hayan sido valorados de manera fragmentada por la Jueza, sino que más bien fue realizada conforme las pautas señaladas por el Máximo Tribunal de Santa Cruz.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Pues de esta manera lo realizó el Juez de grado, quien fue reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de los hechos, arribando a una fundada decisión, habiendo efectuado el estudio y valoración de la prueba -según puede leerse-, de acuerdo a las normas de la sana critica racional, conforme establece el Art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito.
Por ello, entiendo que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que la resolución carece de fundamentación, pues –como dije- existen diferentes elementos que fueron valorados por la Instrucción, apoyándose el decisorio en declaraciones y diligencias que ilustraron al Juez respecto de los hechos, motivo por el cual rechazaré este agravio.
Continuando con los planteos de la defensa en relación a la calificación legal atribuida por el Magistrado, debo decir que, con las constancias probatorias reunidas hasta el momento estaría prima facie acreditada la intervención conjunta de tres sujetos en cuanto a la distribución de funciones para la tarea previamente ordenada, que pudo haberse concretado en el momento mismo de su realización. Para la aplicación de la agravante de banda, es suficiente con que tres o más personas intervengan como coautores en la ejecución del hecho.
Inclusive se ha dicho que el concepto de “banda” en cuanto a la reunión de tres personas con un propósito en común puede ser “...eventual, fugaz, transitoria e incluso surgida de improviso y con fines concretos...” (C.N.Casación Penal, Sala II, 2000/06/20, “Martínez, Abel R.”).
Es decir que, “...para que se configure la agravante `banda´, debe conceptuarse en concordancia con las reglas de la participación criminal, siendo suficiente la existencia de una comunidad de acción y la convergencia subjetiva de tres o más personas que, con respecto al tipo delictivo básico, han elaborado su acción futura como un desapoderamiento en conjunto, repartiendo roles y tomando parte en la ejecución del hecho o colaborando en él, por lo que deberán responder penalmente dentro de los límites de su aporte a esa `banda´ y conforme a dichas normas genéricas, sea como autores, coautores, cómplices o instigadores, respetando las normas de comunicabilidad...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º,1/4/1993, “B.
I., G. M. y otro”, Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria”, Cuarta edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, págs. 695/696). Es por ello que, la agravante se funda en el mayor contenido de injusto del hecho, en razón de la especial peligrosidad que supone la intervención de varias personas que ejecutan el delito organizadamente. Existe un mayor desvalor de acción, dado que la pluralidad de autores implica una mayor capacidad ofensiva de la conducta en contra del bien jurídico protegido. (LALEY AR/JUR/112444/2021). De esta manera, “...corresponde calificar el hecho como robo agravado por su comisión en poblado y en banda si fueron tres los sujetos que planearon cometer el robo, con funciones claramente establecidas y coordinadas, división de tareas dirigidas en pos de la exitosa comisión del ilícito y a la obtención de su impunidad, cada uno de ellos con dominio del hecho final, pues para que la banda sea considerada calificante del robo es necesario solamente que la pluralidad de sujetos que la constituye tenga por fin cometer ese ilícito determinado.
Si intervinieron tres personas en el ilícito, en un plan de acción común y funciones diferenciadas, donde dos llevaron a cabo el apoderamiento y otro procuró su retirada, dicha circunstancia abastece la aplicación de la figura contemplada en el artículo 167, inciso 2º, del Código Penal, sin que resulte necesario a los fines de la agravación que la banda, además, se encuentre organizada como una asociación ilícita en los términos del artículo 210 del ordenamiento de fondo...” (Trib.Cas.Pen. de Buenos Aires, Sala III, 17-4-2008, “A., M. M. y V. J. C.”, D. J. 2008-2-1833, del 29-10-2008; AR/JUR/2373/2008 citado en Revista de Derecho Penal 2011-2 “Delitos contra el patrimonio-I”, ob. cit., págs. 624/625).
En este caso, sería el supuesto que los imputados junto al 3ro, habrían interceptado a dos turistas en la vía pública, tomándolas por detrás y por el cuello, forcejeando y arrojándolas al piso, para finalmente exigirles que les entreguen sus pertenencias y emprender su huida a pie, descartando parte de los elementos sustraídos.
Es por ello que, he de mantener la calificación legal, pues concuerdo con el Sr. Juez de grado en que las pruebas colectadas, que fueron motivo de análisis en el curso de la presente, hacen concluir -con el grado probabilidad exigido en este estadio procesal-, que el accionar de los imputados encuadra en el tipo penal previsto por el Art. 167º Inc. 2º del Código Penal.
Por todo ello, de conformidad con las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 188/194, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6916 FOLIO Nº 119/122 PROT. ELECT. JRS1015I.211
Fin de la sentencia