Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-57851034-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en cuanto determina impuesto y accesorios y aplica multa, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-87313841-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Septiembre de 2026 apelación”; sentencia fondo En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Subrogante de la Primera Nominación) a fin de resolver el expediente N° EX-2020-57851034- -APN-SGAI#TFN, caratulado “SANCHEZ CABALLERO, HORACIO ALBERTO M. s/ apelación”;
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que, mediante el IF-2020-57850947-APN-DTD#JGM se interpone recurso de apelación contra la resolución N° 28/2020 (DV DEOA) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, de fecha 24 de junio de 2020, suscripta por la Jefa (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” DE TGCN – SDG OIGC, mediante la cual se determinó de oficio la materia imponible del recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2013 y 2014, imponiéndole la obligación de ingresar el gravamen, con más intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicó multa equivalente al setenta por ciento del gravamen dejado de ingresar con sustento en el artículo 45 de la ley de rito (cfr. RE-2020-57842734-APN- SGAI#TFN).
Expresa la recurrente que el ajuste fiscal radica en un incremento de la base de la renta de fuente extranjera, toda vez que el ente recaudador considera que las diferencias de cambio entre la fecha de adquisición de los títulos valores emitidos en el exterior y hasta el momento de su enajenación, integran los resultados gravados de aquella fuente por venta de títulos valores. Para así proceder, señala que la Administración Fiscal encuadra la situación de la recurrente en los artículos 2° inc. 3°, 20 inc. “w”, 45 inc. “k”, 61, 127, 132, 140 y 158 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.893, y los artículos 42, artículo s/n a continuación del 67 y 6° incorporado a continuación del artículo 165 del decreto reglamentario de la referida norma, con las modificaciones del Decreto N° 2334/2013, omitiendo -a criterio de la actora-, los artículos 152 y 154 de la ley del gravamen, ambos considerados de relevancia fundamental para la apelante.
Sostiene que, en el ejercicio fiscal 2013 realizó un total de cinco operaciones de venta de títulos valores y solamente en dos de esas operaciones obtuvo un valor superior en dólares estadounidenses al de su adquisición, reconociendo en ambos casos renta de fuente extranjera, mientras que en el ejercicio fiscal 2014 efectuó dos operaciones de venta, en ambos casos por menor valor al costo de adquisición o de compra -según refiere- en dólares estadounidenses.
Explica la apelante que el juez administrativo justifica -erróneamente, a su criterio- el ajuste aquí apelado sosteniendo que el impuesto a las ganancias alcanza como renta de fuente extranjera por la enajenación de títulos, a la diferencia de cambio por devaluación de la moneda local ocurrida entre la fecha de adquisición de los títulos valores y su fecha de enajenación. En breve, para el Fisco Nacional, el resultado se determina siempre en pesos, comparando el precio de adquisición al tipo de cambio vigente en ese momento con el precio de venta, también en pesos, al tipo de cambio al momento de la enajenación.
A efectos de argumentar su tesitura, enfatiza que hay al menos dos interpretaciones razonables y posibles sobre la voluntad del legislador en esta temática, ambas -a su entender- acordes al principio general del impuesto bajo examen de gravar sólo rentas reales y no pérdidas o rentas inexistentes.
De acuerdo a la primera interpretación de la norma que propone el recurrente, si se tratara a las diferencias de cambio como renta de fuente extranjera, el costo de adquisición en moneda extranjera debiera convertirse a moneda local al tiempo de la venta de los títulos valores y, por lo tanto, no integraría la base imponible como pretende la resolución apelada. En ese sentido, sostiene que la diferencia de cambio objeto del ajuste fiscal, basada exclusivamente en determinar el costo a valores históricos y sin actualización alguna no debe ser considerada a los efectos de la liquidación porque distorsiona y contradice la lógica del tributo y de la norma que lo regula.
Asimismo, expresa que la confirmación de tal razonamiento se vería plasmada en la modificación introducida con la sanción de la Ley N° 27.260, cuyo art. 74 modificó el texto del art. 154 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, norma que -a su entender- definitivamente “aclara” que los costos computables en casos como el de autos se convertirán al tipo de cambio correspondiente a la fecha en que se produzca la enajenación de los bienes, y que -a su criterio- no podría ser de otro modo bajo la lógica del tributo, situación que se viera reforzada, a su vez, con la sanción de la Ley N° 27.430, última norma que al momento de interposición del recurso de apelación hubiera establecido modificaciones sobre temas sustanciales en la ley del gravamen y que, en lo que aquí interesa, mantuviera la tesitura adoptada en la Ley N° 27.260, esto es, la conversión del costo a moneda local a la fecha de la enajenación del activo en el exterior.
Sintetiza la recurrente, que esa misma interpretación, aún antes de la modificación legislativa ya apuntada, era la que surgía del juego de los artículos 132, 154 y 158 de la ley del gravamen y artículo 6° incorporado a continuación del art. 165 de su decreto reglamentario. Cita doctrina que entiende avala su interpretación. De acuerdo a la segunda interpretación de la norma que propone la recurrente las diferencias de cambio no formarían parte del resultado por enajenación de títulos valores y, por lo tanto, no se encontrarían alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Ello así, toda vez que conforme señala la apelante, la sanción de la Ley N° 26.893 constituyó el establecimiento de una disposición especial que alterara el principio general establecido en el art. 2° de la Ley N° 20.628 conocido como teoría de la fuente, gravando de ese modo el resultado de las enajenaciones de títulos, aunque las mismas no resultasen habituales. En el entendimiento de la recurrente, la falta de alusión expresa por parte de la Ley N° 26.893 a las diferencias de cambio, implicaría el mantenimiento del principio general del art. 2° de la ley del gravamen. Por otro lado, sostiene que, de prosperar el criterio expuesto en la resolución apelada, ello llevaría en el caso concreto a una imposición confiscatoria. Asimismo, cuestiona la aplicación de intereses resarcitorios por considerarlos improcedentes, y también la aplicación de la sanción toda vez que -a su entender- no se verifican los elementos objetivo y subjetivo del tipo infraccional enrostrado, al tiempo que considera que aún de verificarse los mismos se trataría el caso concreto de un supuesto de error excusable. Por último, ofrece prueba documental y producir prueba pericial contable, plantea el caso federal y solicita oportunamente se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II. Que, a través del IF-2020-76712612-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, acompaña las actuaciones administrativas, se opone a la producción de la prueba pericial contable ofrecida por la apelante, plantea el caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Que, mediante PV-2020-80171346-APN-VOCII#TFN se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, el que fuera contestado por la recurrente bajo el IF- 2020-84341360-APN-DTD#JGM.
A través de las PV-2021-10505490-APN-VOCII#TFN y PV-2021-16790891-APN-VOCII#TFN este Tribunal citó a las partes a la audiencia prevista en el art. 173 de la norma procedimental, la que fuera realizada conforme surge del Acta obrante bajo el IF-2021-19806760-APN-VOCII#TFN.
Adecuado el ofrecimiento de la prueba pericial contable ofrecida por la recurrente (cfr. IF-2021-26914451- APN-DTD#JGM) a requerimiento de este Tribunal (cfr. PV-2021-24163252-APN-VOCII#TFN), y una vez conferido el traslado a la contraria (cfr. PV-2021-31884799-APN-VOCII#TFN), se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones, haciéndose lugar a la prueba pericial contable (cfr. PV-2021-111748008-APN- VOCII#TFN y PV-2021-107874855-APN-VOCII#TFN).
Bajo el IF-2021-122816176-APN-DTD#JGM obra agregado el informe pericial contable, las impugnaciones efectuadas por la recurrente (cfr. IF-2021-125474318-APN-DTD#JGM) y la representación fiscal (cfr. IF-2022-21843110-APN-DTD#JGM), los respectivos traslados dispuestos por este Tribunal (cfr. PV-2022-22441222-APN-VOCII#TFN y PV-2022-25142730-APN-VOCII#TFN), y sus contestaciones (cfr. IF-2022-27152040-APN-DTD#JGM, IF-2022-32105373-APN-DTD#JGM y IF-2022-
31035153-APN-DTD#JGM), lo que se tuvo presente para su valoración en la etapa procesal oportuna (cfr.
PV-2025-63963297-APN-VOCII#TFN).
Mediante la PV-2025-119420854-APN-VOCII#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “A”. Mediante IF-2025-135862654-APN-VOCII#TFN se ponen los autos a disposición de las partes para alegar.
A través de los IF-2025-139628657-APN-DTD#JGM y IF-2025-141684583-APN-DTD#JGM obran los respectivos alegatos producidos por la representación fiscal y la recurrente, los que se tuvieron presentes en el IF-2026-80368267-APN-VOCII#TFN, oportunidad en que los autos pasan a sentencia.
IV. Que, sentado lo que antecede, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal se resume en dilucidar si el ajuste fiscal a través del cual el Fisco Nacional determinó la materia imponible de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2013 y 2014 resulta ajustado a derecho o si, por el contrario, asiste razón a la recurrente, la que propone dos interpretaciones posibles para fundamentar que la liquidación del gravamen por ella efectuada ha sido correctamente abordada.
En ese sentido, no es menor el hecho de que el ajuste fiscal recaiga sobre dos períodos fiscales -2013 y 2014- en los que la norma del gravamen hubo sufrido una marcada modificación a través de la sanción de la Ley N° 26.893, que dispuso -en lo que aquí interesa- la gravabilidad de los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga, a efectos de lo cual modificó el texto legal de los artículos 2° punto 3°, 20 inciso w) primer párrafo y 45 inciso k), estableciendo a ese efecto un impuesto cedular con una alícuota del 15% mediante la sustitución de determinados párrafos del art. 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, todo ello aplicable a los hechos imponibles perfeccionados a partir del 23 de septiembre de 2013 -fecha de publicación en el Boletín Oficial- (cfr. art. 6°, Ley N° 26.893). Dicho de otro modo, y de forma sintética, por una cuestión de política tributaria se decidió modificar la exención hasta entonces vigente y gravar los resultados de la enajenación de tales bienes cuando los mismos no coticen en bolsas o mercados y/o que no tuvieren autorización de oferta pública otorgada por la autoridad local, mediante un impuesto cedular sobre dichas rentas. Vale decir, se propició gravar los resultados de las enajenaciones de los títulos del exterior, en la jerga común denominado un “impuesto a la renta financiera”.
No hay diferendo en este aspecto entre las partes, ninguna discute la cuestión referida al acaecimiento del hecho imponible y a la gravabilidad del resultado de las operaciones realizadas por la recurrente materia de ajuste.
Por el contrario, las partes propician sus diferendos en torno al modo en que debe arribarse al resultado impositivo de las referidas enajenaciones, lo que desde el punto de vista de la actora debe tomarse el tipo de cambio vigente al momento de la enajenación tanto para el costo de adquisición como para el valor de la venta, mientras que el organismo fiscal sostiene que los tipos de cambio deben diferenciarse entre el momento de la adquisición y la enajenación de los referidos títulos valores. Y, por supuesto, el sustento normativo a través del cual arriban a esos resultados.
La diferencia surge patente, pues de seguir la mecánica de cálculo de la actora, el resultado impositivo de los ejercicios fiscales 2013 y 2014 a ese respecto arrojaría una pérdida y por tanto, se reflejaría como un quebranto impositivo además de imputarse las diferencias de cambio como ganancias y/o ingresos exentos o no gravados, mientras que del otro lado se habría producido una ganancia al momento de la enajenación derivada de las diferencias de cambio producto de la enajenación de los referidos títulos valores.
V. Que, a tenor de lo expresado, resulta conveniente, por una cuestión de claridad en la exposición, abordar los argumentos expuestos por la recurrente de forma separada.
En esa tónica, merece destacarse que la apelante esbozó dos criterios y/o interpretaciones -a su entenderrazonables y posibles sobre la voluntad del legislador en esta temática.
Ahora bien, a la luz de inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que“(l)a primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal” (Fallos 312:2078), lo que debe así efectuarse “...si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu.” (Fallos 307:928) yerra a mi criterio, el primer planteo del recurrente.
En efecto, la primera interpretación efectuada por la apelante toma como punto de partida, no el texto vigente de la Ley de Impuesto a las Ganancias al momento del acaecimiento del hecho imponible -esto es, modificado por la Ley N° 26.893, aplicable desde el 23/09/2013- sino que efectúa un giro argumental partiendo de una modificación legislativa posterior al referido acaecimiento -esto es, el texto vigente desde el 25/07/2016, a partir de la modificación introducida por la Ley N° 27.260, día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial conforme art. 96-, a lo que le adiciona el mantenimiento -en lo que aquí interesa- de ese último texto legal por la última reforma tributaria integral al momento de la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal -esto es, aquella efectuada por la Ley N° 27.430, cuyas modificaciones a la ley del gravamen resultaran de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 01/01/2018-. Ello al solo efecto de justificar que resulta de aplicación a su caso concreto el cuarto párrafo del art. 154 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en su versión según el texto legal vigente al momento de los hechos, pero visto a través de la modificación introducida a ese mismo párrafo por la Ley N° 27.260, la que califica de modificación “aclaratoria”.
Así ello, la mera enunciación del criterio interpretativo que ensaya resulta a la postre un razonamiento artificioso. Más, una vez despejados ciertos elementos que adunan a la cuestión principal, el razonamiento se simplifica.
Primero, si la Ley N° 27.430 mantuvo o no la redacción del cuarto párrafo del art. 154 de la ley del gravamen en su versión por la Ley N° 27.260 resulta irrelevante, ya que con ese mismo criterio bien puede afirmarse que el texto legal vigente del art. 154 -incluido su párrafo cuarto- al momento del acaecimiento de los hechos imponibles, permaneció inalterado en su vigencia desde el 31/12/1998 hasta el 25/07/2016, cuando entró en vigor el texto legal versión Ley N° 27.260. Lo cierto es que el recurrente pretende recurrir a un texto legal cuya aplicación refiere únicamente a los ejercicios fiscales iniciados a partir del 01/01/2018, cuando en autos se discute sobre hechos imponibles acaecidos entre el 23/09/2013 y el 31/12/2014.
En segundo término, no es una cuestión debatida en autos que la sanción de la Ley N° 27.260 implicó, a través de su art. 74, la modificación del cuarto párrafo del artículo 154 de la ley del gravamen. En efecto, en el texto legal anterior -vale decir, el vigente para los hechos imponibles del presente caso-, la norma expresaba “(a) efectos de las actualizaciones previstas en los párrafos precedentes, si los costos o inversiones actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la moneda del país en el que se hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados económicamente los bienes, al tipo de cambio vendedor que considera el artículo 158, correspondiente a la fecha a que se refiere la determinación de dichos costos o a la de realización de las inversiones” (el subrayado es propio). Ahora bien, con la modificación introducida, varía únicamente la fecha que debe tomarse para la conversión a la moneda del país, esto es, la “...correspondiente a la fecha en que se produzca la enajenación de los bienes a los que se refieren los artículos 152 y 153”.
No obstante, y teniendo presente que la pretensión del recurrente merced a esta interpretación es echar mano de la nueva redacción para justificar que esos cambios tuvieron una finalidad netamente aclaratoria de lo que en la práctica ya sucedía bajo el texto legal anterior -tesis que como se verá más adelante, no se comparte-, esta premisa del criterio interpretativo no tiene -a mi criterio- asidero jurídico alguno. Y ello es así, porque para la correcta interpretación de una norma no puede leerse y aprehenderse el significado de un párrafo -el cuarto, en este caso- descontextualizado de la norma en la cual dicho párrafo se encuentra inserto, es decir, el art. 154. Dicho artículo, establecido dentro de las normas aplicables a las rentas de fuente extranjera para las ganancias de la tercera categoría, aborda la temática referente a los mecanismos de actualización de los costos previstos en las normas extranjeras que establecen impuestos análogos al impuesto a las ganancias local. A efectos de esas actualizaciones -y no en otra circunstancia- es que el cuarto párrafo del art. 154 preveía la conversión de dichos costos actualizados conforme los mecanismos establecidos en la ley extranjera análoga al tipo de cambio vendedor conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina (cfr. art. 158) correspondiente a la fecha a que se refiere la determinación de dichos costos o a la de realización de las inversiones.
Este Tribunal no desconoce que conforme los reenvíos normativos que se disponen en la ley del gravamen y en su decreto reglamentario son numerosos los vaivenes entre normas aplicables a las rentas de fuente argentina y a las rentas de fuente extranjera, ni que determinadas normas en principio aplicables a las rentas de tercera categoría acaban siendo también aplicables -en lo pertinente- a las rentas de segunda categoría.
Sin embargo, en el caso de autos, la actora no logra explicar, ni siquiera fundamenta, el motivo por el cual ocurre a una norma de la tercera categoría de renta cuando la determinación de los hechos imponibles cuya liquidación se cuestiona pertenecen a la segunda categoría. Tampoco que si resultare que efectivamente podía ocurrir a la utilización de esa norma- cuál era el o los mecanismo/s de actualización previsto/s en las normas extranjeras sobre impuestos análogos que le permitían actualizar los costos en moneda extranjera para luego -y únicamente si todo lo anterior se hubiere cumplido-, echar mano del cuarto párrafo del art. 154, el cual como se verá tampoco le servía de absolutamente nada en la versión del texto legal vigente para los períodos fiscales 2013 y 2014 materia de diferendo en autos.
En efecto, aún de resultar aplicables las previsiones del cuarto párrafo del art. 154, el tipo de cambio vendedor conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha a que se refiere la determinación de dichos costos o a la de realización de las inversiones, que en el caso concreto se trataba de simples adquisiciones de títulos valores, no es sino el tipo de cambio a la fecha de adquisición, sin actualización en la ley extranjera análoga ya que la actora nada de ello ha demostrado. Por otra parte, el art. 154 siempre refiere a costos de adquisición, su cálculo mediante algún mecanismo de actualización previsto en la norma extranjera, por lo cual cuando ese mismo artículo refiere a “realización de la inversión”, nunca puede referirse a la enajenación sino al momento en que efectivamente el activo fue adquirido o los fondos referentes a la inversión -si fuere algo más complejo- inyectados. Al menos esa es la interpretación razonable que surge del estudio del art. 154 de la ley del gravamen en su conjunto, sin descontextualizar por medio del aislamiento a su párrafo cuarto.
Ahora bien, conforme señala la actora en el recurso de apelación en referencia a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.260 en el cuarto párrafo del art. 154, esta “(d)efinitivamente aclara que los costos computables en casos como el de marras se convertirán al tipo de cambio correspondiente a la fecha en que se produzca la enajenación de los bienes, pues no podría ser de otro modo bajo la lógica del tributo”. Luego continúa expresando que “(se) recuerda, en abono al carácter aclaratorio de estas disposiciones, que el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso como antecedente de lo que luego fue la ley 27.260 decía, respecto de la LIG, '…adecuar la redacción…' y '…no dejar fuera de la dispensa contenida en el inciso v) de su artículo 20, a las diferencias de cambio de fuente extranjera'” (la negrita pertenece al original presentado por la apelante). Finalmente, sintetiza su análisis del siguiente modo: “Es indubitable que allí se aclara que la dispensa para personas físicas lo es para todas las diferencias de cambio, pues los individuos no tienen otra forma de actualizar los valores a los efectos del impuesto a las ganancias, lo que sería ilegítimo en función del propósito de la LIG de gravar sólo rentas reales” (el subrayado es propio).
Si bien lo expresado por la recurrente a mi criterio es en buena parte erróneo, resulta esclarecedor, toda vez que como señala, los “sujetos no empresa” no tenían otra forma de actualizar los valores a los efectos del gravamen. O mejor dicho, tenían un mecanismo previsto en artículo 89 de la norma del gravamen pero el índice de actualización se mantenía invariable en virtud de la aplicación del art. 39 de la Ley N° 24.073 y la Ley N° 23.928 de Convertibilidad y por tanto las actualizaciones podían tomar como límite máximo solamente las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive; luego de esa fecha y ante la paridad 1:1 de la divisa estadounidense con el peso argentino como moneda de curso legal en la República, la actualización ya no resultaba viable. Allí radica el único problema de la recurrente; la imposibilidad de actualizar.
Por lo demás, debe destacarse que en su escrito de recurso efectúa una cita parcial del Mensaje de Elevación N° 724 del Poder Ejecutivo de la Nación de fecha 31/05/2016 que acompañara al Proyecto de Ley que luego recibiera el N° 27.260, lo que aporta a una mayor confusión a la cuestión en debate. Ello es así, toda vez que -en rigor de verdad- lo que el Poder Ejecutivo de la Nación expresó -en lo que aquí interesa- en aquel entonces fue lo siguiente:
“En relación al impuesto a las ganancias se adecúa la redacción conferida al inciso w) del artículo 20 de la ley, aclarando que quedan incluidos en la exención del gravamen, los resultados provenientes de la enajenación de los certificados de depósito en custodia (comúnmente denominados “ADR”) y las cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, que coticen en bolsas o mercados de valores del exterior.”
“Mediante esta modificación se equipara el tratamiento tributario respecto de las rentas que las personas físicas y sucesiones indivisas residentes en el país obtienen por la enajenación de títulos que cotizan en cualquier bolsa o mercado. A su vez, se propone sustituir el texto del artículo 137 de la aludida ley a los efectos de no excluir de la dispensa contenida en el inciso v) de su artículo 20, a las diferencias de cambio que constituyan ganancias de fuente extranjera. Con criterio similar y para el caso de determinar la ganancia por la enajenación de bienes afectados a actividades desarrolladas en el extranjero, se propone establecer que la fecha en la cual se debe convertir el costo o la inversión -a la moneda del país en que se hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados económicamente tales bienes-, es aquella en la que se produzca su enajenación.”
Basta observar el texto íntegro del Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo de la Nación, para verificar que la adecuación del texto legal solamente se refería al inciso w) del artículo 20 de la ley del gravamen, modificación que pretendía equiparar el tratamiento tributario respecto de las rentas que las personas físicas y sucesiones indivisas residentes en el país obtienen por la enajenación de títulos que cotizan en cualquier bolsa o mercado, vale decir beneficiar con la exención a las enajenaciones de títulos a través de bolsas y mercados del exterior efectuadas por dichos sujetos, retrotrayendo la modificación introducida por la Ley N° 26.893, lo que no ocurrió toda vez que dicho artículo ya no se incluía en el proyecto que recibiera media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
En ese orden de ideas, y conforme señala el texto del Mensaje de Elevación, “a su vez, se propone sustituir el texto del artículo 137” -se refiere al inciso “c”-, modificación que implicaba en la práctica no excluir de la dispensa contenida en el inciso v) de su artículo 20 -exención- a las diferencias de cambio que constituyan ganancias de fuente extranjera. Es así que, al margen de que merced a la aprobación de esta modificación finalmente se aprobara “no excluir de la dispensa” o, lo que es lo mismo, incluir en la dispensa a las diferencias de cambio en cuestión, ni antes ni después de la reforma legislativa existían dudas de que esas diferencias de cambio eran de fuente extranjera, que es exactamente lo que la aquí apelante pretende contradecir.
En efecto, antes de la reforma introducida por la Ley N° 27.260 el referido inciso establecía “c) La exclusión dispuesta en el último párrafo del inciso v) respecto de las actualizaciones que constituyen ganancias de fuente extranjera, comprende a las diferencias de cambio a las que este título atribuye la misma fuente”, mientras que una vez operada la reforma legislativa el inciso quedó redactado del siguiente modo: “c) La exclusión dispuesta en el último párrafo in fine del inciso v) respecto de las actualizaciones que constituyen ganancias de fuente extranjera, no comprende a las diferencias de cambio a las que este Título atribuye la misma fuente”.
Vale decir, ni antes ni después de la reforma legal la norma podía interpretarse de tal forma que se pudiera colegir que las diferencias de cambio provenientes de una ganancia de fuente extranjera, tuvieran un origen distinto que la misma fuente que las originara, esto es, que las mismas también eran de fuente extranjera, incluso en el Mensaje de Elevación la referencia es clara al expresar el PEN “las diferencias de cambio que constituyan ganancias de fuente extranjera”. Lo único que se discutía -por decirlo de algún modo- era si a esas diferencias de cambio -cuya fuente extranjera no era materia de controversia- se las mantenía fuera de la dispensa legal -exención- y por tanto continuaban siendo gravadas, o si se las incluía dentro de la dispensa legal y por tanto, se comenzaba a considerarlas exentas a partir del 25/07/2016, siendo esto último lo que aconteció con la sanción de la Ley N° 27.260.
Luego, señala el PEN, “(c)on criterio similar...” -claro está, con criterio similar a la sustitución efectuada en el art. 137 inciso “c”-, y para el caso de determinar la ganancia por la enajenación de bienes afectados a actividades desarrolladas en el extranjero, “se propone establecer que la fecha en la cual se debe convertir el costo o la inversión -a la moneda del país en que se hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados económicamente tales bienes-, es aquella en la que se produzca su enajenación”.
En resumen, si es el propio PEN el que está proponiendo establecer una nueva fecha para la conversión de los costos en el art. 154 cuarto párrafo, mal puede colegir válidamente la recurrente que con anterioridad a la reforma legislativa esto pudiera ser interpretado de ese modo, ya que se advierte que la norma era clara en su anterior redacción, por lo tanto, el texto legal posterior no tiene características de ser aclaratorio del que anteriormente se encontraba vigente. A mi modo de ver, simplemente varió la mecánica de liquidación de los costos actualizables, tal como sostuviera el Juez Administrativo en la resolución apelada. Por otra parte, no se comparte las conclusiones que otorga a la doctrina que cita para otorgar fuerza convincente a sus argumentos.
Idéntica conclusión cabe arribar con relación al cuestionamiento que efectúa el recurrente sobre el Dictamen del Área Jurídica en el que refiere a la opinión puntual de un doctrinario sobre el artículo 132 de la ley del gravamen (cfr. fs. 712, Cuerpo 5, AA, IF-2020-91285167-APN-DTD#JGM, página 13 de la Resolución Apelada obrante bajo el RE-2020-57842734-APN-SGAI#TFN y página 8 del recurso de apelación obrante bajo el IF-2020-57850947-APN-DTD#JGM).
En concreto, aquélla opinión doctrinaria, más allá que sea expresada por un funcionario del organismo fiscal, no otorga validez por sí mismo ni al razonamiento expresado por el referido autor ni tampoco refleja la postura de la Administración Fiscal, puesto que el artículo es a título personal y la opinión vertida - indistintamente de su acierto o desacierto- no proviene de un acto jurídico emanado de dicho organismo público.
Por lo demás, no resulta ajena la propia actora a este tipo de razonamientos, toda vez que conforme ella misma señala en su recurso de apelación “(e)ste criterio -se refiere a su primer criterio interpretativo- que sostengo y que hoy se ve plasmado expresamente en la norma de la LIG (antes implícitamente)...” (cfr. página 18 del recurso de apelación obrante bajo el IF-2020-57850947-APN-DTD#JGM; el subrayado es propio).
Si bien los adjetivos “tácita” e “implícita” no tienen idéntico significado según el Diccionario de la Real Academia Española, puesto que en su acepción aplicable “tácita” significa “que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que se supone o infiere”, mientras que “implícita” significa “incluido en otra cosa sin que esta lo exprese”, lo cierto es que al final de cuentas se utilizan como sinónimos, por lo que resulta llamativo que la apelante achaque al ente recaudador basar el ajuste fiscal sobre un supuesto de “gravabilidad tácita de las diferencias de cambio”, al tiempo que ella misma sostiene en base a las mismas normas que “las diferencias de cambio no integrarían la base imponible conforme se colige de forma implícita de la norma del gravamen”, lo que tal como se verá oportunamente no es lo que surge del estudio del texto legal vigente al momento del acaecimiento de los hechos imponibles.
A mayor abundamiento, es necesario destacar que recién con la sanción de la Ley N° 27.430, cuyas modificaciones a la ley del gravamen resultarán de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 01/01/2018 -tal como ya se ha visto supra-, se incorporó una norma al Capítulo IV del Título IX sin numeración a continuación del artículo 145 de la ley del gravamen, el que estableció que “(a) efectos de la determinación de la ganancia por la enajenación de bienes comprendidos en esta categoría, los costos o inversiones oportunamente efectuados así como las actualizaciones que fueran aplicables en virtud de lo establecido por las disposiciones de la jurisdicción respectiva, expresados en la moneda del país en que se hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados económicamente los bienes, deberán convertirse al tipo de cambio vendedor que considera el artículo 158, correspondiente a la fecha en que se produzca su enajenación”. Dicho de otro modo, la ley del gravamen solamente previó de forma expresa para la segunda categoría de rentas de fuente extranjera el tratamiento pretendido por la recurrente, no ya con la sanción de la Ley N° 27.260 sino a partir del dictado de la Ley N° 27.430.
La actora omite mencionar esta incorporación expresa al texto de la norma del gravamen por parte de la Ley N° 27.430, pues quita fuerza a su argumento sobre el carácter aclaratorio de la nueva norma incorporada al texto vigente hasta ese momento.
En resumidas cuentas, a mi modo de ver, las diferencias de cambio derivadas de la enajenación de un activo -en el caso concreto, títulos valores- situado en el exterior son renta de fuente extranjera, ya que su origen equivale al origen del activo mismo y su consecuente enajenación, mientras que la recurrente no ha justificado de forma válida la razón por la cual recurre de forma descontextualizada a un párrafo de un artículo referido a actualización de los importes de los costos conforme la legislación extranjera que establece el impuesto análogo al impuesto a las ganancias local para calcular el costo de adquisición de ese activo y siempre referido a la tercera categoría de rentas, lo que de todos modos tampoco favorecería la postura de la apelante, toda vez que el texto legal vigente no se condecía con la posición sustentada por la quejosa, razón por la que esta primera interpretación ensayada, que no luce ni razonable ni posible para entender la intención del legislador, debe ser descartada.
VII. Que sentado lo que antecede, merece otorgar tratamiento al segundo criterio interpretativo expuesto por la parte actora, consistente en que las diferencias de cambio no formarían parte del resultado por enajenación de títulos valores y, por lo tanto, no se encontrarían alcanzadas por el impuesto a las ganancias.
En ese sentido -y tal como ya fuera expresado supra- para la recurrente la sanción de la Ley N° 26.893 constituyó el establecimiento de una disposición especial que alterara el principio general establecido en el art. 2° de la Ley N° 20.628 conocido como teoría de la fuente, gravando de ese modo el resultado de las enajenaciones de títulos, aunque las mismas no resultasen habituales. Así las cosas, la apelante esgrimía que la falta de alusión expresa por parte de la Ley N° 26.893 a las diferencias de cambio implicaría el mantenimiento del principio general del art. 2° de la ley del gravamen.
Es decir, el razonamiento de la actora parte de la base que la Ley N° 26.893 resultó ser ley especial respecto de la Ley N° 20.628 de Impuesto a las Ganancias, por lo que alteró el principio general de la fuente para personas físicas y sucesiones indivisas. Y, en ese orden, en tanto ley especial, la Ley N° 26.893 tiene preeminencia sobre el principio general establecido en la Ley N° 20.628, en todo lo que sea expresamente modificado por dicha ley especial, lo que incluye a la gravavilidad de los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que los obtenga, todo ello conforme la sustitución del punto 3) del art. 2° de la ley del gravamen.
A ello adiciona la premisa en torno a que las diferencias de cambio no forman parte del resultado por enajenación de títulos valores. Luego refiere que la Ley N° 20.628 de Impuesto a las Ganancias siempre brindó tratamiento expreso a las diferencias de cambio. Concluye entonces que como la Ley N° 26.893 no brindó tratamiento expreso a las diferencias de cambio y que como estas últimas no forman parte del resultado por enajenación de títulos valores, se deduce que las diferencias de cambio deben regirse entonces por el principio general establecido en la ley del gravamen y que como no se trata en el caso de un rendimiento, renta o enriquecimiento susceptible de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación, luego las diferencias de cambio no están gravadas por el Impuesto a las Ganancias -en el caso cedular, ya que se trata el asunto en cuestión del impuesto que recayera por aquel entonces sobre estas manifestaciones de renta a una alícuota del 15% y no a la alícuota general del gravamen-.
A mi criterio, yerra la apelante en su razonamiento. En efecto, las diferencias de cambio no existen de forma independiente, sino que su existencia siempre responde a la preexistencia de una fuente generadora de renta en moneda extranjera, fuente que por lo demás puede ser argentina o extranjera, según dónde se encuentren los bienes situados, colocados o utilizados económicamente. Dicho de otro modo, las diferencias de cambio siempre responden a un activo subyacente -o a su disposición- por lo que, en tanto acceden a ese activo en moneda extranjera, reciben el mismo tratamiento que el principal del cual resultan accesorios. Ello, claro está, salvo que la norma prevea un tratamiento distinto para las diferencias de cambio, lo que no se advierte en el caso de autos.
Siguiendo esta línea argumental, las diferencias de cambio no pueden pasar por el tamiz del principio o criterio general de la fuente por sí mismas, toda vez que ellas no tienen razón de ser sino a partir de una fuente generadora de renta en moneda extranjera. Tampoco se encuentran expresamente mencionadas en ninguna de las cuatro categorías de renta contempladas por la ley del gravamen, aspecto que deriva justamente de su nota distintiva o característica base, que es la accesoriedad que detentan respecto del activo subyacente y/o de la operación en moneda extranjera a la cual responden.
Y ello surge del art. 68 de la norma del gravamen -vigente a la sazón, hoy artículo 72 texto ordenado conforme Decreto N° 824/2019- el cual establece que “(p)ara contabilizar las operaciones en moneda extranjera deberá seguirse un sistema uniforme y los tipos de cambio a emplear serán los que fije la reglamentación para cada clase de operaciones. Las diferencias de cambio se determinarán por revaluación anual de los saldos impagos y por las que se produzcan entre la última valuación y el importe del pago total o parcial de los saldos, y se imputarán al balance impositivo anual”. En breve, las diferencias de cambio existen porque a los efectos de confeccionar el balance fiscal, el valor de todos y cada uno de los conceptos que lo componen debe encontrarse expresado en una única moneda, que es la moneda de curso legal en el país.
Eso no empece a que, producto de las distorsiones que genera el hecho de re-expresar todos y cada uno de esos conceptos en moneda de curso legal, la ley del gravamen prevea de forma expresa un número considerable de variantes y/o situaciones en los que se hace alusión a las diferencias de cambio. Tal es el caso del inciso v) del art. 20 de la norma -hoy artículo 23 inciso t), texto ordenado conforme Decreto N° 824/2019-, el que en su primer párrafo, in fine, consideraba incluidas a las diferencias de cambio entre los montos provenientes de las actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza, sin dejar de mencionar que la referencia a las mismas es “(a) los fines precedentes”, esto es, remarcando la accesoriedad que distingue a las diferencias de cambio, en tanto modo de actualización de un monto, en el caso, de los créditos de cualquier origen o naturaleza.
Paralelamente, y como contrapartida para las rentas de fuente extranjera, el inc. c) del art. 137 de la ley del gravamen, establece que las diferencias de cambio forman parte de las actualizaciones de créditos excluidas de la dispensa exentiva -vale decir, gravadas- que constituyen ganancias de fuente extranjera, “diferencias de cambio a las que este Título atribuye la misma fuente”, en lo que implica una doble confirmación de la accesoriedad de las mismas, ya que la atribución de la misma fuente no solo refiere a las ganancias de fuente extranjera sino a que en sí misma la diferencia de cambio recibe el mismo tratamiento que el crédito al que accede.
Es decir, vale reiterar, la diferencia de cambio no tiene entidad propia sino solamente por referencia al activo subyacente y/o a la operación en moneda extranjera a la cual responde, resulta necesario abordar las modificaciones introducidas a la ley del gravamen a través de la sanción de la Ley N° 26.893. Ya se ha delineado brevemente en el Considerando V -en lo pertinente- el viraje normativo dispuesto por esta ley. A través de la sustitución del punto 3° del art. 2° la reforma puso fin a la discusión en torno al carácter habitualista o no del sujeto pasivo, por tanto, gravó los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga. Por medio de la sustitución del inciso k) del art. 45 se amplió el aspecto objetivo del hecho imponible de la segunda categoría de renta -que hasta ese momento solo contemplaba a las acciones- en sintonía con la sustitución y ampliación del punto antes mencionado. Por último, a partir de la sustitución del inciso w) del art. 20 se delimitó -en lo que aquí interesa- el alcance de la exención establecida, dejando fuera de la dispensa a las referidas operaciones cuando los bienes enajenados no coticen en bolsas o mercados y/o que no tuvieren autorización de oferta pública otorgada por la autoridad local. Por supuesto, de verificarse el acaecimiento del hecho imponible ya se ha expresado que resultaba de aplicación una alícuota diferencial del 15%, configurando de ese modo un supuesto de imposición cedular.
No está demás señalar, ya que ha sido la propia recurrente -como ya se ha visto- quien primero ocurriera a la intención del legislador-, que en el Mensaje de Elevación N° 1243 del Poder Ejecutivo de la Nación de fecha 27/08/2013 que acompañara al proyecto que posteriormente fuera sancionado como Ley N° 26.893, se definía claramente la finalidad de las modificaciones introducidas toda vez que como señaló el PEN “...por la presente iniciativa se propicia ampliar el alcance del tributo...”.
De allí que no puede colegirse, como pretende el recurrente, que se intentó dejar al margen del gravamen las diferencias de cambio generadas dentro de los resultados de las referidas enajenaciones de títulos valores, conclusión ésta que derriba el segundo criterio de interpretación ensayado por aquél.
VIII. Que en ese orden de ideas, despejado entonces que las diferencias de cambio integran los resultados de la enajenación de un activo subyacente expresados tanto el activo como la operación misma en moneda extranjera y en el entendimiento de que nada en la intención del legislador ni en el texto legal sancionado pareciera restringir la vocación de ampliar el objeto o alcance del tributo, resta evaluar si verificado/s el/los hechos imponibles acaecidos la mecánica de cálculo efectuada por el Fisco Nacional para determinar de oficio la materia imponible ha sido debidamente ponderada, esto es, si se ajusta a Derecho. Sentado lo que antecede, conforme surge del Título IX, Capítulo II de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el art. 127 establece que “(s)on ganancias de fuente extranjera las comprendidas en el artículo 2º -a esta altura, claro está que su versión modificada por Ley N° 26.893-, que provengan de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior, de la realización en el extranjero de cualquier acto o actividad susceptible de producir un beneficio o de hechos ocurridos fuera del territorio nacional, excepto los tipificados expresamente como de fuente argentina...” (el subrayado es propio). Tal como ya fuera analizado en el Considerando anterior, el punto 3) del art. 2° de la ley del gravamen amplió su alcance a las enajenaciones de títulos valores, y en el caso puntual al tratarse de títulos valores emitidos en el exterior y operados a través de bolsas y/o mercados foráneos no gozaban de la exención del art. 20 inc. w), por tanto, estaban gravados los resultados. Del mismo modo, se arriba a idéntica conclusión por la vía del art. 140 de la norma, que remite al art. 45 referido a las rentas de segunda categoría. Asimismo, en los supuestos de los montos referidos a actualizaciones de créditos por la mera tenencia que constituyen ganancias de fuente extranjera, entre los que específicamente la norma enuncia a las diferencias de cambio, a estas últimas el Titulo IX de la Ley de Impuesto a las Ganancias les atribuye la misma fuente que a las ganancias propiamente dichas, vale decir, que tanto la ganancia como la diferencia de cambio que integra dicha ganancia son de fuente extranjera (cfr. art. 137 inciso “c”).
En ese orden, conforme estableciera el Decreto N° 2334/2013 -reglamentario de la Ley N° 26.983- en su artículo 1° inciso “f”, se dispuso incorporar como artículo sin número a continuación del Artículo 67 del Decreto N° 1344/1998 -reglamentario de la ley del gravamen-, con su correspondiente título y con el siguiente texto:
“Acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores”
“ARTICULO…- En el caso de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, la ganancia bruta se determinará aplicando en lo que resulte pertinente, las disposiciones del Artículo 61 de la ley.”
Debe destacarse que la norma incorporada al decreto reglamentario de la ley del gravamen, agrega a su Capítulo III referido exclusivamente a las rentas de la segunda categoría de ganancias una norma específica sobre la determinación de la ganancia bruta en el tipo de operaciones que se ventilan en el caso de marras, direccionando de forma indubitable el mecanismo de cálculo, cuando se trate de rentas de la segunda categoría única y exclusivamente a partir de lo establecido en el art. 61 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En ese sentido, el art. 61 de la ley del gravamen -en lo que aquí interesa- establece que “(c)uando se enajenen acciones, cuotas o participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión, la ganancia bruta se determinará deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición actualizado, mediante la aplicación de los índices mencionados en el artículo 89, desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia” mientras que el art. 63 del mismo cuerpo normativo establece que “(c)uando se enajenen títulos públicos, bonos y demás valores, el costo a imputar será igual al valor impositivo que se les hubiere asignado en el inventario inicial correspondiente al ejercicio en que se realice la enajenación” y que “(s)i se tratara de adquisiciones efectuadas en el ejercicio, el costo computable será el precio de compra” (en todos los casos, el subrayado es propio).
Ello, claro está, en tanto las ganancias de la tercera categoría sean de fuente argentina, ya que, en el caso de tratarse de ganancias de la misma categoría de renta, pero de fuente extranjera, debe tomarse en consideración lo establecido en el art. 152 de la ley del gravamen el cual comprende tanto una enunciación general como una enunciación especial. Por la primera, su primer párrafo establece -en lo que aquí interesa- que “(c)uando se enajenen bienes que... hubieran sido adquiridos, elaborados o construidos en el exterior por residentes en el país, para afectarlos a la producción de ganancias de fuente extranjera, el costo computable, de acuerdo con la naturaleza de los bienes enajenados, se determinará de acuerdo con las disposiciones de los artículos 58, 59, 60, 61, 63 y 65, sin considerar las actualizaciones que los mismos puedan contemplar”. Por la segunda, su segundo párrafo establece que “(t)ratándose de títulos públicos, bonos u otros títulos valores emitidos por Estados extranjeros, sus subdivisiones políticas o entidades oficiales o mixtas de dichos Estados y subdivisiones, así como por sociedades o entidades constituidas en el exterior, el costo impositivo considerado por el artículo 63 será el costo de adquisición” (en todos los casos, el subrayado es propio).
En resumen, en caso de tratarse de la enajenación de bienes productores de renta extranjera, se determina el costo computable sin actualizar.
Sentado entonces que en la determinación de la ganancia bruta la recurrente se ve imposibilitada en la práctica de actualizar el costo de adquisición de los títulos valores enajenados -es decir, la ley argentina le permite la posibilidad a través del art. 154 de ocurrir a la norma extranjera, siendo esta última la que no le habilita actualización alguna-, resulta que el costo computable a deducir del precio de transferencia es el costo de adquisición. Dicho de otro modo, no es algo muy distinto a lo que le sucedería si los títulos enajenados fueran de fuente argentina pero la operación celebrada en moneda extranjera, ya que como también ya se ha visto el art. 89 de la norma es poco más que letra muerta.
En esa inteligencia -y no otra- es que el art. 158 de la ley del gravamen establece -en lo que aquí interesaque “las operaciones en moneda de otros países computables para determinar las ganancias de fuente extranjera de residentes en el país, se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio comprador o vendedor, según corresponda, conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina al cierre del día en el que se concreten las operaciones y de acuerdo con las disposiciones que, en materia de cambios, rijan en esa oportunidad”
“Cuando las operaciones comprendidas en el párrafo anterior, o los créditos originados para financiarlas, den lugar a diferencias de cambio, las mismas, establecidas por revaluación anual de saldos impagos o por diferencia entre la última valuación y el importe del pago total o parcial de los saldos, se computarán a fin de determinar el resultado impositivo de fuente extranjera”
“Si las divisas que para el residente en el país originaron las operaciones y créditos a que se refiere el párrafo anterior, son ingresados al territorio nacional o dispuestas en cualquier forma en el exterior por los mismos, las diferencias de cambio que originen esos hechos se incluirán en sus ganancias de fuente extranjera” (en todos los casos, el subrayado es propio).
Es claro entonces que la norma en comentario, aun cuando se encuentra inserta entre aquellas de la tercera categoría de rentas de fuente extranjera, no distingue entre ganancia bruta y ganancia neta, puesto que, con anterioridad a cualquier tipo de determinación, se torna imperioso homogeneizar todos los montos expresados en una única moneda -claramente, la de curso legal en el país- mediante su conversión al tipo de cambio correspondiente. Ese tipo de cambio, tal como la norma señala será comprador o vendedor, conforme la posición que hubiere detentado el sujeto pasivo en la operación respectiva, esto es, tipo de cambio comprador al momento de la adquisición del activo, y tipo de cambio vendedor al momento de la enajenación del mismo. A su vez, ello se ve reforzado por la referencia dispuesta en la misma norma “a la cotización del Banco de la Nación Argentina al cierre del día en el que se concreten las operaciones”, lo cual es más que lógico ya que en la télesis de la norma, adquisición y enajenación deben necesariamente producirse en días diversos.
Ahora bien, siguiendo ese análisis, cuando las operaciones ya mencionadas den lugar a diferencias de cambio -téngase en consideración que, en determinadas circunstancias ello podría no acontecer-, las mismas se computarán a fin de determinar el resultado impositivo de fuente extranjera. El punto es fundamental, ya que la segunda interpretación de la recurrente partía de la base de considerar que las diferencias de cambio no formaban parte del resultado por enajenación de títulos valores, justamente cuando la norma indica de forma expresa lo contrario.
Por último, no es un hecho discutido que la recurrente dispuso en cualquier forma en el exterior -caso contrario hubiera declarado las divisas como ingresadas al país-, por lo que las diferencias de cambio que originaron esos hechos deben incluirse, tal como señala la norma, en sus ganancias de fuente extranjera. Se observa nuevamente como la ley del gravamen no solo incluye a las diferencias de cambio dentro del resultado impositivo de fuente extranjera sino dentro de las ganancias de esa misma fuente, esto es, extranjera.
Lo expuesto no es sino el correlato de idéntico tratamiento brindado a aquellas operaciones de fuente argentina pero celebradas en moneda extranjera, a tenor de lo expresado en los artículos 68 de la ley del gravamen y artículos 97 a 101 del decreto reglamentario -vigentes a la sazón-.
Así, podemos colegir que: a) las diferencias de cambio son computables, b) su accesoriedad, por cuanto solamente son computables en tanto provengan de operaciones gravadas por el impuesto y c) producido su ingreso al país o su disposición de cualquier modo, en tanto provengan de operaciones de fuente argentina - aunque celebradas en moneda extranjera- serán consideradas en todos los casos de fuente argentina, aspecto que refuerza a su vez, la nota de su accesoriedad.
Es decir que contrario a lo sostenido por la recurrente, (cfr. página 7, IF-2020-57850947-APN- DTD#JGM), la Ley de Impuesto a las Ganancias asigna de forma expresa a las diferencias de cambio una fuente de renta, argentina o extranjera, según el hecho imponible que la genere sea considerado de fuente argentina o de fuente extranjera, siendo la característica común de uno y otro el hecho de haber sido concertados en moneda extranjera.
En tanto, por el art. 100 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, se establece que las disposiciones del art. 68 de la ley no obstan a la aplicación de las disposiciones contenidas en el inciso v) del artículo 20 de la ley del gravamen. Dicho de otro modo, el art. 100 reitera la salvaguarda que representa la norma exentiva para las diferencias de cambio de fuente argentina, cuando el origen de las mismas derive de resultados por la mera tenencia y por tanto, ellas resulten montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza, tratamiento exentivo del cual, como ya se ha visto supra no gozaban las diferencias de cambio de fuente extranjera (cfr. art. 137 inc. “c”, Ley N° 20.628) sino hasta la sanción de la Ley N° 27.260.
Así determinada la ganancia bruta, corresponde entonces atender a la determinación de la ganancia neta. En ese orden, tal como establece el art. 132 segundo párrafo de la ley del gravamen, “(t)ratándose de ganancias de fuente extranjera no atribuibles a los referidos establecimientos -se refiere a los establecimientos estables-, la ganancia neta se determinará en moneda argentina. A ese efecto, salvo en los casos especialmente previstos en este título, las ganancias y deducciones se convertirán considerando las fechas y tipos de cambio que determine la reglamentación, de acuerdo con las normas de conversión dispuestas para las ganancias de fuente extranjera comprendidas en la tercera categoría o con las de imputación que resulten aplicables”.
A ese respecto, el art. 6° incorporado a continuación del art. 165 del decreto reglamentario de la ley del gravamen establece -en lo que aquí interesa- que “...(p)or su parte, las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas residentes en el país, convertirán a moneda argentina los ingresos y deducciones computables para determinar la ganancia neta expresados en moneda extranjera, al tipo de cambio comprador o vendedor, respectivamente, contemplado en el primer párrafo del artículo 158 de la ley, correspondiente al día en que aquellos ingresos y deducciones se devenguen, perciban o paguen, según corresponda por aplicación de lo dispuesto en los artículos 18 y 133 de la ley, salvo en aquellos casos comprendidos en el Titulo antes mencionado -se refiere al Título IX- en que se disponga otra fecha a efectos de convertir a la misma moneda determinados ingresos o erogaciones”.
Una vez más la remisión de la ley -art. 132, segundo párrafo- hacia el reglamento -art. 6° incorporado a continuación del art. 165- y nuevamente de éste último al texto de la ley -art. 158, primer párrafo- no brinda margen para interpretar en los sentidos pretendidos por el actor. En efecto, tanto el costo computable como los ingresos derivados de la enajenación de los títulos valores se ubican temporalmente en dos momentos diferentes y deben ser convertidos los montos al tipo de cambio respectivo a esos momentos diferenciados, tal como se expresa en la resolución aquí apelada, motivo por el cual, no observando este Tribunal desvío alguno por parte del ente recaudador del texto legal vigente al momento del acaecimiento de los hechos imponibles, en principio el ajuste fiscal habrá de ser confirmado.
IX. Que, sin perjuicio de las interpretaciones efectuadas por la recurrente y ya descartadas en los Considerandos previos, la apelante también ha planteado que en el caso concreto se está en presencia de un supuesto de confiscatoriedad.
Ahora bien, merece tenerse presente que los resultados arrojados en el informe pericial contable (cfr. IF- 2021-122816176-APN-DTD#JGM), -efectuado en la forma específicamente solicitada por la parte actoraobligó a los peritos intervinientes a dictaminar dejando de lado el texto normativo, pues en ese caso, la metodología de cálculo de las adquisiciones y enajenaciones hubiera implicado la aplicación de tipos de cambio diferentes para las operaciones de compra y para las posteriores enajenaciones de los referidos títulos.
En ese sentido, es lógico que los resultados a los que arribaran los profesionales contadores resulten los esperados por la recurrente, ya que en definitiva es lo que ella solicitó.
Sin embargo, el obstáculo insalvable a los efectos de considerar siquiera un supuesto de confiscatoriedad en el caso de marras redunda en que para arribar a dichos resultados no se siguió el texto legal sino la tesitura de la recurrente, supuesto distinto a lo establecido en el precedente “Candy” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde lo que estaba en juego era la posibilidad o no de aplicar las normas referidas al ajuste por inflación y las posibles consecuencias que implicaba su prescindencia en la liquidación del impuesto, supuesto ese y los precedentes posteriores en los que los contribuyentes demostraron mediante la prueba pericial que la alícuota efectiva del gravamen sin aplicación de las normas de ajuste por inflación era muy superior a la alícuota nominal legalmente establecida, pero siempre partiendo de las normas insertas dentro del cuerpo normativo que constituye la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En ese sentido, no observa este Tribunal que las respuestas obrantes en el informe pericial contable, permitan corroborar confiscatoriedad alguna, en tanto como se dijo, no siguen la metodología de determinación de la renta prevista normativamente, motivo por el que a criterio de la suscripta, corresponde rechazar aquel planteo ensayado por la recurrente.
X. Que la recurrente se agravia de los intereses liquidados, por considerarlos improcedentes ante la ausencia de mora culpable.
Al respecto corresponde precisar que la falta de pago en término o en su justa medida de las obligaciones tributarias origina el nacimiento de una obligación accesoria, ingreso de intereses, que se devengan desde la fecha de vencimiento de las mismas y hasta el momento de su efectivo pago y cuyo fundamento es indemnizar al acreedor -en este caso, el Estado- por el atraso del deudor en cumplir con su obligación, que le ocasiona un perjuicio al no poder hacer uso de su derecho de crédito. Es menester tener presente que la doctrina y la jurisprudencia es conteste en exigir, para su procedencia, la presencia de mora culpable. Ello así, el retardo en el cumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor, razón por la cual quedará excluido el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor. De tal forma, si el deudor considera estar liberado de toda responsabilidad debe probarlo, lo que implica que para la constitución en mora, deben coexistir los elementos formal y subjetivo. El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo, concepto que deriva de la obligación contenida en el artículo 37 de la ley de rito que obliga al pago de los intereses sin necesidad de interpelación alguna. En tanto, el elemento subjetivo refiere a la inimputabilidad del deudor, cuya presencia en el derecho tributario procede de la aplicación supletoria de las normas del derecho privado, conforme la autorización expresa otorgada por el artículo 1° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Así, resulta aplicable en la especie el régimen establecido en el artículo 509 del Código Civil, vigente a la sazón, que si bien no hace expresa referencia a la culpabilidad, la misma puede ser inferida como requisito de la mora, en tanto se permite al deudor liberarse de las consecuencias de su mora acreditando que no le es imputable, expresión que implica la falta de imputabilidad subjetiva, circunstancia que no ha merecido tratamiento ni prueba por parte de la recurrente.
Respecto de la tasa aplicable, es conteste la doctrina de nuestro Máximo Tribunal en el sentido que “el derecho tributario -en cuyo ámbito ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario los que pertenecen al derecho privado (art. 1º de la ley 11.683, t.o. en 1998 y Fallos 307:412, entre otros)- presenta particularidades que, en lo que importa en el sub lite se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (conf. Fallos 323:1315, considerando 10 y sus citas), en especial en lo referente a sus elevadas tasas, que se justifican por el interés de la comunidad en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las funciones del Estado (confr. Fallos: 308:283; 316:42 –considerando 4º-; 323:3412). (Vid. Entre muchos otros, “Valot, Eduardo Alfredo c/AFIP-DGI”, 17/5/2005).
En ese contexto, corresponde confirmar los intereses liquidados, toda vez que no resultan atendibles los argumentos expuestos por la recurrente de acuerdo a la forma en que se resuelve la cuestión de fondo.
XI. Que, sentado lo que antecede, corresponde abordar el tratamiento de la sanción enrostrada a la recurrente, la que fuera encuadrada por el organismo recaudador en el ilícito del art. 45 de la norma ritual. Dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere -en situaciones como la subexaminela concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. Siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie, pues como quedó explicado supra, como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, se detectó que la recurrente, al momento de liquidar las ganancias de fuente extranjera derivadas de la enajenación de los títulos valores en cuestión, dentro de cuyo resultados se encontraban las diferencias de cambio materia de diferendo, omitió liquidar e ingresar el gravamen en su justa medida. De esta forma se admitió la materialidad de la infracción, toda vez que el gravamen no fue ingresado en su justa medida ya que la declaración jurada, cuando menos, resulta errónea.
En ese orden, debe este Tribunal examinar la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión y cuya inexistencia alega la recurrente. Debe precisarse que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “…surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen”.
“8º) Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23771", fallada el 31/10/1997)”.
“9º) Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas” (“Elen Valmi de Claret”, del 31/3/99)”.
En ese contexto corresponde analizar los argumentos esgrimidos por la recurrente, los que se adelanta no pueden ser acogidos favorablemente.
Ante todo, debe tenerse presente que, si bien medió en el caso de autos la presentación de declaraciones juradas, las mismas han resultado inexactas, generando entonces un ingreso del gravamen en menor medida a la debida legalmente.
Teniendo en consideración la forma en que se resuelve, a mi modo de ver ha quedado configurado el elemento subjetivo necesario para la configuración de la conducta que se le enrostra.
En esa dirección, claramente no se verifica en el caso concreto la configuración de un error de derecho excusable o caso de fuerza mayor cuyas consecuencias jurídicas estén dirigidas a dejar sin efecto la sanción aplicada. En efecto, es conteste la jurisprudencia en considerar que dicho error será excluyente de culpabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de la norma, ya sea por normas intrincadas o contrapuestas, o simplemente por criterios interpretativos distintos que colocan al contribuyente en la posibilidad, razonable, de equivocarse al aplicarla, circunstancias estas que no se advierten en la especie en virtud de la claridad de la legislación que da sustento al ajuste.
En el caso concreto, no puede considerarse que la mera alegación de criterios interpretativos para no abonar el gravamen, pueda ser elemento que justifique la presencia del alegado error excusable. Por todo lo expuesto corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina impuesto y accesorios y aplica multa, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiero a la Dra. Guzmán respecto de los Considerandos I a III.
II. Las transacciones en disputa en estas actuaciones refieren a la venta de títulos valores del exterior (planillas de fs. 595 y 598 de los antecedentes administrativos), a saber:
• Federated Short-Term US Govt Secs Fund 179: es un fondo común de inversión que invierte en títulos de deuda a corto plazo emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Se identifica internacionalmente con el código ISIN IE0003339888 y es un activo negociable en mercados financieros internacionales, operando bajo la gestión de carteras de inversión globales. (vide reportes de transacciones de la cuenta UBS WT214927 en fs. 28, 30 y 31 de los antecedentes administrativos).
• UBS Money Market Fund - GBP: es un fondo de mercado de dinero denominado en libras esterlinas y emitido en Luxemburgo bajo la denominación "UBS (Lux) Money Market Fund - GBP". Este fondo cotiza mediante un valor liquidativo por unidad (precio) y se identifica con el número de VALOREN 000594600 (vide fs. 274 y 275, liquidaciones de compra y venta de los antecedentes administrativos), operando en los mercados de fondos de inversión de Luxemburgo y Europa.
• Banco de Chile DTD 6/15/2006 6.25% 6/15/2016: Corresponde a un bono corporativo (título de deuda) emitido por dicha entidad bancaria con un cupón del 6,25% y vencimiento original el 15 de junio de 2016. Este bono tiene cotización pública en los mercados internacionales de renta fija y se identifica con el código ISIN USP09376AC14, según los registros técnicos de UBS en fs. 209 y 210 de los antecedentes administrativos.
• iShares FTSE China 25 Index Fund: es un fondo de inversión cotizado que replica el desempeño del índice FTSE China 25. Cotiza en bolsas de valores internacionales (como las de EE. UU. o Londres) y cuenta con el identificador CUSIP 464287184, según los reportes de tenencia de UBS en fs. 28 de los antecedentes administrativos.
De lo expuesto, surge que se trata de títulos valores que cotizan en bolsas y mercados valores del exterior.
III. Que con respecto al tratamiento tributario aplicable a las transacciones en discusión considerando el tipo de títulos valores del exterior, conforme lo expuesto en el Considerando previo, cabe remitirme al criterio sostenido en el precedente “Tonconogy, Sergio Enrique s/ recurso de apelación” de la Sala B, que integro como Vocal titular, en la sentencia de fecha 07/06/2024.
En dicha oportunidad, en el voto mayoritario, se hizo referencia a la reforma introducida por la Ley 26.893, que modificó el inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. En 1997 y sus modificatorias), definiendo que quedaran exentos “Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inciso c) del artículo 49, excluidos los originados en las citadas operaciones, que tengan por objeto acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, que no coticen en bolsas o mercados de valores y/o que no tengan autorización de oferta pública”.
Asimismo, la reforma al Decreto Reglamentario de la ley del gravamen, mediante el Decreto N.º 2334/2013, en su artículo 42 agrega que: “Se encuentran comprendidos en la exención que establece el Artículo 20, inciso w), de la ley, los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES...”.
Al respecto, es necesario precisar que, en mi opinión, en nada modifica a lo expresamente normado por la ley del impuesto, lo expuesto en el artículo 42 del Decreto Reglamentario. En efecto, de la literalidad del artículo reglamentario se observa que viene a aclarar, aunque innecesariamente, que en la exención del artículo 20, inciso w), se encuentran comprendidos los resultados de las operaciones que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Cabe señalar, que no se desconoce que dicho decisorio fue revocado a través de la sentencia de fecha 14/05/2026 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en concordancia con lo decidido por la Sala V de esa Cámara en autos "Stuart Milne, Jorge Guillermo c/ EN-AFIP DGA s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO", sin embargo, no se comparte la interpretación vertida en dicho precedente.
En ese sentido, si bien en dichos precedentes se trae a colación el debate parlamentario de la Ley 26.893, particularmente en la Cámara de Senadores, señalando que del mismo surge que el "espíritu" o "finalidad" del legislador fue la de gravar las ganancias provenientes de las ventas de acciones, y eximirlas cuando constituyeran un medio para estimular la capitalización de las bolsas y mercados locales, interpreto que tal aclaración surgiría de algunos comentarios de legisladores, lo que no podría interpretarse como que esa era la "intención del legislador".
Cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado “Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470). Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado” (CSJN, in re "Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Titulo 5 - Ley 25063 s/ proceso de conocimiento", sentencia del 15/06/2010).
En el caso particular, ni del mensaje de elevación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, ni de los informes de comisión, ni del debate parlamentario, particularmente en la Cámara de Diputados, se puede inferir que la intención del legislador fue limitar la exención a aquellas bolsas o mercados autorizados por la CNV. La referencia al tamaño del mercado de capitales local y su comparación internacional no justifica, a criterio del suscripto, limitar la exención consagrada en el texto expreso de la ley (aprobado por ambas cámaras), amparándose en la intención del legislador.
A su vez, como tiene dicho nuestro Supremo Tribunal no debe olvidarse que es criterio recibido en la interpretación de las leyes, que debe cuidarse especialmente que la inteligencia que se les asigne no pueda llevar la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos 303: 758; 308:1978, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal), lo que en el caso resulta especialmente requerible en virtud de los efectos que proyecta la solución que se adopte.
Que ello es así, porque tal como se ha sostenido reiteradamente, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador y la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras que deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas, sino que han sido empleadas con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos 200:165; entre muchas otras).
Ante ello, entiendo que no corresponde tratar los agravios planteados por el recurrente y revocar el ajuste determinado en el Impuesto a las Ganancias, al igual que los intereses resarcitorios y la multa aplicada en la especie. Las costas se imponen por su orden en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión a resolver y la jurisprudencia divergente en la materia.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en cuanto determina impuesto y accesorios y aplica multa, con costas. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.09.08 14:30:33 ART Date: 2026.09.08 16:27:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Viviana Marmillon Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.08 17:58:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.08 18:00:18 -03:00
Fin de la sentencia