Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-882/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar in limine las recusaciones con causa interpuesta por la incidentada en el apartado III de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf.-
2Rechazar los planteos esgrimidos por la incidentada en los apartados IV, V y VI de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf.-
3Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la incidentista en PE1461858-2024, y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo Provincial que suspenda la ejecución del Decreto N° 0608/24 así como de cualquier acto administrativo que haya sido emitido como consecuencia del mismo en el ámbito del organismo previsional durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar el actor en estos actuados.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: S-882/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1157 Actor: SANCHEZ CRISTIAN ADOLFO Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA –INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR Fecha: 18/10/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1157 FOLIO Nº 3787/3797 PROT. ELECT. TSS1 014 C.241
Río Gallegos, 18 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “SANCHEZ CRISTIAN ADOLFO C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. S-882/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en los autos principales, el señor Cristian Adolfo Sánchez, por derecho propio y en función de la representación de los/as afiliados/as activos/as que ostenta en su condición de Vocal Titular de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, con el patrocinio letrado del Dr. Matías E. Solano, interpone demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Santa Cruz, con el objeto de que se declare la nulidad del Decreto N° 0608/24, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el 14 de junio de 2024. Adicionalmente, solicita el dictado de una medida cautelar innovativa, a fin de que se ordene la suspensión provisoria de los efectos de dicho decreto y de cualquier acto administrativo que haya sido emitido como consecuencia del mismo en el ámbito del organismo previsional (cfr. PE1461858-2024).-
II. En su pedido de tutela precautoria, expone que a través de ella se pretende evitar una afectación directa y de imposible reparación ulterior sobre quienes revisten el carácter de afiliados/as activos/as de la Caja de Previsión Social (en adelante CPS), quienes bajo los efectos del novel decreto podrían ser constreñidos a pasar a la condición de afiliados/as pasivos/as. En su opinión, de este modo se afectaría la seguridad jurídica y el interés público al modificarse el sistema previsional provincial mediante un decreto que, bajo la apariencia de una reglamentación, supone una intromisión del Poder Ejecutivo en los otros poderes del Estado concretizada mediante verdaderos actos de administración o decisión sobre el personal fuera de su ámbito de autoridad (cfr. PE1461858-2024, pág. 2).- Afirma que la medida perseguida procura asegurar las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 14 bis, 17 y ctes. de la Constitución Nacional, la división de poderes, la libertad de trabajar y el resguardo de los derechos de las afiliadas y los afiliados de la CPS. En tal sentido, explica que por imperio del Decreto N° 0608/24 el Poder Ejecutivo podría obligar a cesar en su actividad laboral a personal dependiente de los tres poderes del Estado (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) y aplicarles un cálculo retroactivo en materia de haberes jubilatorios, siendo preciso evitar que ello ocurra mientras tramita el proceso (cfr. PE cit., pág. 12).- Hace hincapié en la necesidad de asegurar la eficacia de la sentencia definitiva, para que, una vez dictada, no resulte estéril. Alude a la necesidad de impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener pierda virtualidad durante el tiempo que transcurra entre el inicio del proceso y el pronunciamiento definitivo (cfr. PE y pág. cits.).-
Argumenta que la presunción de legitimidad de los actos que emite la Administración es relativa, provisional, transitoria, ‘iuris tantum’ y que, por ende, puede invertirse acreditando que el acto tiene ilegitimidad (cfr. PE cit., pág. 13).-
Sostiene que la invalidez jurídica del acto administrativo impugnado surge de forma anticipada y manifiesta, por cuanto pretende modificar una ley de especial relevancia para nuestra sociedad, regulatoria del régimen previsional. En este contexto, remarca que el Decreto N° 0608/24 lejos de tener carácter reglamentario, modifica la extinción de la relación de empleo público y se entromete en el ámbito de decisiones propias de los demás poderes del Estado. Aclara que esto último, además, cobra especial relevancia en el campo del Poder Judicial, en virtud de las garantías constitucionales destinadas a asegurar su independencia (cfr. PE y pág. cits.).- Postula que el peligro en la demora se funda en los artículos 9, 102, 128, 133 y 141 de la Constitución Provincial y los artículos 14, 14 bis, 17 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Recuerda que el lapso para que la CPS obligue a acogerse a la jubilación se encuentra en curso, ya que el artículo 5° del decreto cuestionado establece que el plazo estipulado en su artículo 2° comienza a correr a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 18 de junio del corriente año. En este escenario, manifiesta que la dilación del proceso puede afectar los derechos constitucionales de quienes se ven alcanzados por esta modificación de la ley vigente mediante decreto, lo que a la postre podría resultar irreparable (cfr. PE y pág. cits.).- Resalta la gravedad institucional que implica el hecho de que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, determine quiénes deben continuar en actividad y quiénes no, incluyendo en tal decisión a los poderes del Estado que deberían estar exentos de su influencia. A su juicio, esto demuestra claramente la urgencia de adoptar una medida provisional como la solicitada (cfr. PE cit., págs. 13/14).-
En PE1467939-2024, CVI00015559.pdf de los autos principales, dictaminó el Sr. Agente Fiscal sobre la competencia de este Tribunal para intervenir en la acción contencioso administrativa y en la medida cautelar. Asimismo, en PE893029-2024 de los autos de mención, se ordenó formar el incidente con las piezas pertinentes, dándose inicio a los presentes en PE1469716-2024.-
III. Corrido el traslado a la incidentada (cfr. PE1469716-2024), es contestado mediante PE1490007-2024, CTR00015160.pdf por el Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo, y la Dra. Paula Analía Hernández, ambos en representación del Estado Provincial.-
Recusan con causa a la totalidad de los Vocales de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia y hacen extensivo su pedido a la totalidad de los magistrados alcanzados por el Decreto N° 0608/24.-
Con fundamento en lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 17 del CPCyC, sostienen que los integrantes de este Alto Cuerpo tienen interés en el pleito. Ello, en razón de su condición de afiliados activos a la CPS, ante lo cual le resultan de aplicación el decreto cuestionado en la demanda (cfr. PE cit., pág. 2).-
Manifiestan que cualquier duda respecto a la existencia de la causal invocada se disipa con la lectura de la demanda. En este sentido, subrayan que el escrito de la contraparte dedica un capítulo específico a explicar cómo el decreto impugnado afecta a la magistratura en general, con una mención particular a los miembros de este cuerpo jurisdiccional (cfr. PE y pág. cits.).-
En base a todo ello, aseveran que: “…la totalidad de los integrantes […] podrían ver afectados sus intereses actuales o futuros en el resultado del pleito.” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Finalmente, extienden su pedido de inhibición “…a la totalidad de los magistrados de cualquier fuero e instancia alcanzados por las disposiciones del Decreto 608/2024, por su condición de afiliados activos a la CPS…” (cfr. PE y pág. cits.).-
En otro orden de ideas, oponen excepción de falta de legitimación activa (cfr. PE cit., págs. 3/4.).-
Afirman que la designación del Sr. Sánchez como Vocal de la CPS en representación del personal activo no le confiere facultades para representarlos fuera del ámbito del Directorio de ese organismo previsional y menos aún en juicio (cfr. PE y pág. cits.).-
Dicen que debe hacerse extensiva a la situación del demandante la jurisprudencia delineada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la falta de legitimación de los diputados para intervenir en juicio como representantes del pueblo (cfr. PE cit., pág. 4).-
Señalan que la obligación de velar por el cumplimiento de la ley previsional, invocada por el accionante para justificar su legitimación, no recae exclusivamente en los Vocales, sino que es un deber del Directorio en su conjunto como cuerpo colegiado (cfr. PE y pág. cits.).-
Por otra parte, plantean la inexistencia de caso, causa o controversia judicial (cfr. PE cit., págs. 4/7).-
Ponen de relieve que nuestro sistema judicial no admite la procedencia de peticiones en defensa de la legalidad en abstracto, tal como lo hace la pretensión esgrimida por el actor (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Luego de una somera alusión a la doctrina judicial desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la noción de caso, causa o controversia judicial (cfr. PE cit., págs. 5/6), postulan que: “…al no existir un vínculo específico con beneficios jubilatorios otorgados bajo la vigencia de la norma bajo análisis, es evidente que no existe una causa concreta.” (cfr. PE cit., pág. 7).-
Expresan que no es admisible la intervención de los tribunales en procura del mero control de legalidad de los actos de la Administración y, sobre este piso de marcha, puntualizan que esta circunstancia no se modifica por la condición de afiliado activo del señor Sánchez, toda vez que no explica de qué manera el Decreto N° 0608/24 le afecta, máxime cuando ni siquiera ha invocado reunir los requisitos para obtener el beneficio jubilatorio (cfr. PE y pág. cits.).-
Subsidiariamente, solicitan el rechazo de la medida cautelar (cfr. PE cit., págs. 7/10).-
Arguyen que el actor no indica en forma concreta cuál es el derecho subjetivo afectado por el Decreto N° 0608/24 y que justifique el dictado de la medida que persigue. Agrega que con la misma imprecisión, tampoco identifica que actos en concreto pide dejar sin efecto, por fuera del decreto indicado (cfr. PE cit., pág. 8).-
En su opinión, tampoco se verifica peligro en la demora, dado que el actor no ha identificado cuántos años de aportes al sistema previsional ha realizado, como para justificar que existe una posibilidad cierta de que en breve sea intimado a promover el trámite tendiente a obtener el beneficio de la jubilación ordinaria (cfr. PE y pág. cits.).-
Dice que el decreto impugnado goza de la presunción de legitimidad que le otorga el artículo 12 de la Ley N° 1.260 y, por lo tanto, de fuerza ejecutoria, lo que impone que el pedido cautelar sea rigurosamente analizado (cfr. PE cit., pág. 9).-
Postulan, igualmente, que la identidad entre la medida cautelar peticionada y la pretensión de fondo tramitada en el expediente principal también obligan al juzgador a evaluar con un criterio más restrictivo la procedencia de la medida (cfr. PE y pág . cits.).-
Expresan que hacen reserva del caso federal (cfr. PE cit., pág. 11).-
Mediante PE1508227-2024, CVI00016906.pdf dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien se expide en sentido positivo, considerando que: “…debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona y diferir el tratamiento de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz para el momento de dictarse sentencia” (cfr. PE y pdf cits., pág. 3) .-
Se dispone pasar las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE916126-2024.-
IV. En materia de recusación con causa, el sistema vigente se sustenta en la numeración taxativa de los motivos que la hacen procedente; debiéndose entender con un criterio restrictivo y requiriéndose una fundamentación seria y precisa por tratarse de un acto grave y trascendental (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos X, Reg. 1362, Folio 1892/1894, XVIII, Reg. 2377, Folio 3533/3534, XXX, Reg. 3488, Folio 5963/5965 y XXXIV, Reg. 3757, Folio 6757/6760 cit.).-
De allí que este Alto Cuerpo deba examinar si el pedido de apartamiento ha sido deducido en forma y con causa legal, encontrándose habilitado para desecharlo sin darle curso, si no concurren tales requisitos (cfr. art. 21 del CPCyC, de aplicación al caso en virtud del art. 45 del CPCA, Ley N° 2600).-
En consonancia con ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido esta práctica desde tiempos remotos y de manera continua, sin interrupciones hasta el presente (v. Fallos: 19:118; 69:89; 182:557; 205:635; 346:486; 346:1448, entre muchos otros).-
Todo apartamiento de un magistrado exige un análisis donde prime la máxima prudencia. Bajo este entendimiento, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que el instituto de la recusación tiene por objetivo preservar la garantía de imparcialidad del juez. Sin embargo, este objetivo debe siempre observar los límites impuestos por el principio del juez natural, evitando que el uso inadecuado de la recusación distorsione dicho principio y provoque el desplazamiento arbitrario de jueces naturales (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3128, Folio 5123/5127 y XXXIV, Reg. 3757, Folio 6757/6760 cit.).- Este criterio cobra aún más relevancia cuando se trata de los jueces de los máximos tribunales provinciales.
Como lo ha señalado el Superior Tribunal de Justicia de Chubut: “el apartamiento de los jueces de los Superiores Tribunales de Provincia debe analizarse con mayor detenimiento y circunspección que los de cualquier juez inferior, al constituir última ratio del proceso tramitado ante un Tribunal que ostenta la máxima jerarquía del Poder Judicial de la Provincia”, agregando -con cita de su par neuquino- que “[l]a índole especialísima, extraordinaria y trascendente que le compete al Tribunal Superior de Justicia en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, hace que deba analizarse la aplicación de los institutos procesales de la recusación y excusación con distinta perspectiva, teniendo en cuenta los principios constitucionales del juez natural y de la indelegabilidad de las funciones de los Poderes Públicos.
Ha de diferenciarse la forma en que actúan dichos institutos según se trate de las magistraturas inferiores -susceptibles, en principio, de la subrogación por otro Juez de igual jerarquía- o del Tribunal Superior de Justicia, y aún, tratándose de éste último, según ejerza su competencia originaria y exclusiva (…) o la revisora de los fallos de los órganos inferiores…” (cfr. trib. cit., “Fiscalía de feria s/ Actuaciones”, Sentencia 83/2013 del 16-12-2013. Disponible en https://apps1cloud.juschubut.gov.ar/Eureka/Sentencias/VistaPublicable?anonimo=true&idDocumento=3324707BF68B2D223AFFE811B1D83C06).- En tal contexto, corresponde señalar que el motivo en el que se funda la recusación ensayada, es decir, el interés en el pleito, hace presumir una predisposición favorable del juez hacia la parte.
La participación del juez comprometido como estatuye el inciso 2° del artículo 17 del CPCyC lleva a la idea de los intereses creados, definidos como ventajas de que gozan varios individuos, y por efecto de las cuales se establece entre ellos alguna solidaridad circunstancial (cfr. Chiappini, Julio, “La recusación con causa (art. 17, CPCN)”, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1994, pág.30). Se refiere “…‘al interés, sociedad o comunidad que puede tener el juez o sus parientes dentro de los grados establecidos en el inciso anterior con relación al resultado del proceso…’” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3439, Folio 5813/5818).- El interés debe ser constatable, concreto, inmediato y actual (cfr.
López Mesa, Marcelo J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado. Anotado”, 2ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2021, T. 1, pág. 105; Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil, Comercial y de Familia”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006, T. 1, pág. 262). Y conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe tener apoyo en circunstancias objetivamente comprobables (Fallos 326:1403) y ser de carácter personal y económico o pecuniario (Fallos 326:4745, entre muchos otros).- Bajo tales premisas, se advierte que el requerimiento puesto a consideración, aparece como genérico, excesivamente lato y rayano en la subjetividad. A juicio de la incidentada, la sola condición de afiliados activos a la CPS que ostentan quienes conformamos este Alto Cuerpo comprometería la garantía de imparcialidad.
De ello, emerge -sin mayores esfuerzos- que la naturaleza del interés invocado por la recusante responde a una cualidad genérica.-
La mera afiliación a un organismo previsional no es suficiente para configurar un interés que se erija en impedimento para ejercer el ejercicio de la función jurisdiccional. Esta circunstancia, de carácter general y compartida, no ostenta el nivel de especificidad que el inciso 2° del artículo 17 del CPCyC exige para que prospere una recusación, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una afiliación obligatoria que deriva de la condición de empleado público (cfr. arts. 1°, 3° y 4° de la Ley N° 1.782) y que comprende a una vasta cantidad de habitantes de la Provincia de Santa Cruz; más precisamente cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho, según los datos publicados por la autoridad previsional (v. https://www.cps.gov.ar/transparencia/).- Aceptar que esta pertenencia sea por sí misma causa suficiente de recusación, equivaldría a erosionar las exigencias de interés personal y económico antes reseñados, sacrificando con ligereza y trivialidad la garantía del juez natural. También importaría soslayar el imperativo de que el interés sea concreto y actual. No puede perderse de vista que ha sido la propia recusante quien formuló su solicitud en términos potenciales, al afirmar que los miembros de este Cimero Tribunal “podrían ver afectados sus intereses actuales o futuros”.- La garantía del juez natural no puede anularse ante meras conjeturas o sospechas de flacos fundamentos, sino por el contrario, deben concretarse pruebas serias e indubitables para remover de su causa natural a un magistrado o magistrada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3757, Folio 6757/6760 cit.).-
En este contexto, deviene pertinente rememorar que la Corte Suprema de la Nación ha desestimado de plano una recusación con causa a todos sus integrantes esgrimida con fundamento en el inciso 2° del artículo 17 del CPCCN, explicando que “corresponde adoptar esa solución cuando se pretende sustentar el planteo en la condición de parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando es demandado el Poder Judicial de la Nación, pues esa situación no determina por sí misma que se deba concluir que se encuentran comprendidas en las causales invocadas” (Fallos: 330:2737).- Se ha indicado, asimismo, que no se configura el interés a que se refiere el inciso 2° del artículo 17 del CPCCN si las disposiciones legales cuestionadas que se le someten a juicio constituyen normas de carácter general, susceptibles de afectar no sólo al magistrado interviniente sino también a gran parte de la población en virtud de la materia que regulan (cfr.
CNCiv., Sala G, “Edit. A.”, J.A. 2002-III-583). En sentido análogo, este Alto Cuerpo -con cita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- ya había señalado que en asuntos en los que corresponde expedirse acerca del alcance constitucional de las potestades de órganos públicos no se ponen en juego derechos subjetivos o intereses propios de quienes ejercen los cargos u órganos (cfr. Otros Recursos, Tomo VIII, Reg. 395, Folio 1496/1503).- Por otro lado, las afirmaciones que introdujo la parte actora en un acápite particular de su demanda, vinculadas con la afectación que el Decreto N° 0608/2024 provocaría -a su criterio- en la garantía de inamovilidad de los jueces, tampoco resultan aptas para provocar el extrañamiento procurado por la incidentada.
Admitir que la mera mención de un aspecto como ese en una demanda transforme automáticamente a los jueces en parte interesada, sería desbordar la noción de interés tal como ha sido concebida en el ordenamiento ritual y sacrificar la garantía del juez natural en el altar de una hermenéutica excesivamente laxa.- El régimen de recusación debe ser una atalaya de vigilancia elevado, establecido para cuidar el digno y correcto ejercicio de la magistratura y, por ende, no debe ser interpretado con candidez (cfr. López Mesa, Marcelo J., ob. cit., T. 1, pág. 100). Desde este prisma, se advierte que el pedido de recusación de la incidentada se basa predominantemente en una especulación, careciendo de la solidez probatoria necesaria para sustentar la grave decisión de separar a cinco jueces del Tribunal Superior de la Provincia y a todos los magistrados integrantes de este Poder Judicial.
Su argumentación no aclara el motivo específico que comprometería la imparcialidad, ni se percibe una afectación evidente de este principio esencial, contentándose exclusivamente con transcribir dos párrafos de la demanda para justificar su pedido.- Como se ha indicado con anterioridad, “‘…la imparcialidad se presume, siendo que para desvirtuar dicha presunción debe demostrarse, en cada caso y con ajuste a las circunstancias concretas, el supuesto de una conducta parcializada; o hechos exteriores apoyados en datos objetivos que permitan poner en duda la imparcialidad…’” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3757, Folio 6757/6760 cit.).-
Una muestra adicional de la ostensible improcedencia del pedido bajo estudio viene dada por su propia amplitud, al procurar el apartamiento de “la totalidad de los magistrados de cualquier fuero e instancia alcanzados por las disposiciones del Decreto 608/2024, por sus condiciones de afiliados activos a la CPS”.-
La extensión de la recusación sugiere una interpretación que podría desencadenar consecuencias altamente perjudiciales para el sistema de administración de justicia, con el riesgo de provocar una parálisis institucional. Según la lógica de la incidentada, sería necesario designar conjueces luego de agotar el orden de los subrogantes indicados en los incisos 1° a 6° del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz. No obstante, esta solución podría verse comprometida si se considera que los abogados designados para tales funciones, o sus parientes, también podrían estar afiliados a la CPS.- Ante ello, conviene recordar que la Corte Nacional ha sostenido que “[s]i no median los supuestos del art. 17 del Código Procesal ni se hallan en juego los intereses personales de sus jueces, y el reparo podría aplicarse a cualquier conjuez llamado a intervenir, es manifiestamente improcedente y debe ser rechazado de plano la recusación de los miembros de la Corte” (Fallos 303:1943).-
También ha señalado que reviste el carácter de manifiestamente improcedente la recusación articulada “…con fundamento en que ‘existe en cabeza de todos los Magistrados que efectivamente ejercen su función en la actualidad un manifiesto ‘interés’ en que comportamientos como los endilgados a la accionada no puedan ser efectiva e idóneamente juzgados por parte del Poder Judicial’” (Fallos 321:3220).-
En razón de todo lo expuesto, corresponde que la recusación interpuesta por la incidentada sea rechazada in limine.-
V. Despejado lo anterior, corresponde definir si la presentación interpuesta por el actor Sánchez refleja la existencia de un caso, causa o controversia judicial que pueda autorizar la intervención de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en el marco de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 de la Constitución Provincial y artículos 4° y 30 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz. Ello, en función de la defensa opuesta por la incidentada en el acápite V de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf referente a la inexistencia de caso o causa; sin perjuicio de lo cual, es importante aclarar que tan central resulta la concurrencia de este recaudo que su existencia es comprobable de oficio y en cualquier estado del proceso (Fallos: 346:1257).- Un pronunciamiento judicial debe emitirse dentro de la atmósfera natural en la cual actúan las y los jueces, es decir, el caso o controversia judicial (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XX, Reg. 665, Folio 3843/3845 y XXII, Reg. 715, Folio 4295/4302).-
Desde los albores de su historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que su papel como tribunal de justicia le impedía entender en asuntos donde no existía una verdadera controversia jurídica. Así, ya en el año 1863 resolvió que “á la Suprema Corte no corresponde hacer declaraciones generales en ningún caso” (cfr. Fallos: 1:27) y en el año 1865 dijo que “la misión de un Tribunal de Justicia es aplicar las leyes á los casos ocurrentes, y su facultad de explicarlas e interpretarlas se ejerce solo aplicándolas a las controversias que se susciten entre ellos para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones” (Fallos 2:254, dictamen del Procurador General al que la Corte remitió). En este sentido, también expresó que es necesario “…se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante…” (Fallos 347:321).- Desde esta misma inteligencia, este Alto Cuerpo dijo, reiteradamente, que la función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas (cfr. Sentencia, Tomos XIX, Reg. 651, Folio 3746/3748 y XXIII, Reg. 749, Folio 4568/4571, entre otros). Los jueces resuelven conflictos, ora individuales, ora colectivos.-
La incidentada aduce que la pretensión de la contraria persigue la defensa de la legalidad en abstracto (cfr. PE1490007-2024, CTR00015160.pdf, págs. 4/5). Afirma también que: “…al no existir un vínculo específico con beneficios jubilatorios otorgados bajo la vigencia de la norma bajo análisis [el Decreto N° 0608/24], es evidente que no existe una causa concreta…”; y agrega que: “…todo aquel que no cuente con este se encuentra fuera de las posibilidades de requerir auxilio a la justicia…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 7).-
La cuestión presentada por el señor Sánchez ante estos estrados judiciales tiene por objeto obtener la anulación del Decreto N° 0608/24 por considerar que contraviene el ordenamiento constitucional y legal y, sobre este piso de marcha, solicita su suspensión provisional durante el curso del presente proceso, a fin de asegurar la efectividad de la sentencia que recaerá sobre este. Es decir, que identifica el acto que -a su criterio- desconoce o restringe sus derechos y los de quienes dice representar, describiendo la relación jurídica generada entre quien quiere producirlo y su parte.- Sánchez, a título propio y en representación del colectivo afiliados activos de la CPS, impugna una norma que ha sido publicada en el Boletín Oficial N° 5890 el 18 de junio del corriente año, es decir, que ya ha sido puesto en ejecución y rige con plenitud, merced a lo dispuesto por el artículo 5° de Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, su contenido normativo fija pautas temporales de actuación (arts. 2° a 6°), con lo cual se evidencia una concreción directa y actual. No podría, entonces, sostenerse válidamente que se han sometido a contralor judicial hechos contingentes o futuros que podrían no ocurrir y que, consiguientemente, permitan catalogar al pedido del incidentista como especulativo o prematuro.- Lejos de plantear un desacuerdo abstracto sobre una política administrativa previsional a implementarse en el futuro, sin producir daño actual, se observa -sin juzgar en lo absoluto sobre su trascendencia o mérito- que la presentación inicial de Sánchez propone a debate judicial la determinación, por ejemplo, del derecho a propiedad o del proyecto de vida del empleado público afiliado a la CPS, los cuáles, en su opinión, serían menoscabados por el acto emitido por el Poder Ejecutivo Provincial. De este modo, el contexto fáctico y jurídico que convoca la actuación de este cuerpo jurisdiccional evidencia el alejamiento de una acción dirigida a obtener un mero control de legalidad consultivo o abstracto.- No se trata aquí un caso ficticio sino que se constata la existencia de una disputa real entre los litigantes de este proceso, como bien puede apreciarse también a partir de los argumentos introducidos por la incidentada en el acápite VI de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf, a través de los cuales procura desbaratar el pedido de tutela cautelar de la contraria.-
En suma, se aprecia que estamos ante un caso justiciable y, por ende, debe ser rechazada la oposición esgrimida por la incidentada.-
VI. Habiéndose constatado la existencia de una controversia actualmente susceptible de ser traída a conocimiento de la jurisdicción, corresponde ahora escudriñar si el caso ha sido planteado por quien se encuentra habilitado para ello. La verificación de este aspecto se origina en la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la incidentada en el apartado IV de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf, quien, a su vez, peticiona que sea resuelta como de previo y especial pronunciamiento (cfr. ap. X de su presentación), lo que exige trazar algunas observaciones iniciales, desde las cuales se dirimirá el punto.- El desconocimiento de la legitimación se origina en el marco del presente incidente de medida cautelar; específicamente, al habérsele conferido traslado a la incidentada (cfr. PE1469716-2024) en cumplimiento del artículo 25 del CPCA, Ley N° 2.600. Dicha regla legal se encuentra emplazada dentro del Título VI “Medidas Cautelares”, Capítulo I “Requerimientos y Procedimientos”, y su texto -en lo pertinente- establece: “Se podrá peticionar en forma anterior, simultánea o posterior a la interposición de la acción, la adopción de las medidas urgentes que según las circunstancias, aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo […]. La petición tramitará por incidente que se sustanciará por el plazo de cinco (5) días, sin interrumpir el curso del proceso principal”.- Este Máximo Tribunal ha señalado previamente que la sustanciación prescripta por la norma mencionada se refiere al traslado que debe otorgarse a la contraparte. Asimismo, destacó que el fuero contencioso administrativo presenta particularidades propias que lo distinguen. En ese contexto, subrayó que la bilateralidad en el proceso cautelar proporciona al juez un conocimiento más completo de la situación, permitiéndole conocer los argumentos de ambas partes, lo que, en última instancia, otorga mayor fuerza a la medida dictada (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1002, Folio 3078/3083).- Dentro de este marco, resulta natural preguntarse si es viable avanzar en el análisis de la legitimación del señor Sánchez, con los alcances propuestos por la incidentada.-
La posibilidad de oír a la Administración refleja una especial deferencia hacía el interés público, el que no puede ser gravemente perjudicado (cfr. arts. 33 y 38 del CPCA, Ley N° 2600). Con ello se asegura una adecuada ponderación de este al tiempo de resolver una pretensión cautelar. Otorgar una instancia previa para que el Estado -en su condición de gestor principal del bien común- se expida sobre la forma en que la concesión de la medida podrá afectar el interés público ayuda a la magistratura a contar con un mayor grado de conocimiento a la hora de resolver. Empero, la intervención que se otorga a la autoridad estatal no se detiene allí, en tanto se la autoriza a expedirse sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia del pedido cautelar. De esta manera, su réplica puede exceder el alcance de una mera descripción del interés público y asumir la condición de un verdadero acto de oposición en el cual se expongan los argumentos para resistir o rechazar la pretensión cautelar.- Entre los requisitos subjetivos para el dictado de las medidas cautelares, Tomás Hutchinson incluye a la legitimación y expone que: “Sólo pueden requerir las medidas cautelares quienes pueden ser parte en el proceso principal […] el interés tenido en consideración a los fines de promover la actividad jurisdiccional cautelar es el interés material del pretendiente. Interés material, bajo el perfil sustancial, que presupone un análogo interés, bajo el perfil procesal de examinar el hecho jurídico que sea susceptible de provocar un evento lesivo, que incide sobre la situación jurídica subjetiva.” (cfr. autor cit., “Derecho Procesal Administrativo”, 1ad ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, T. III, pág. 497). Ello aparece en consonancia con nuestro ordenamiento adjetivo que exige a quien peticiona una medida cautelar que ostente un derecho subjetivo (cfr. art. 26 del CPCA, Ley N° 2600).- Por ende, se juzga apropiado abrir el análisis en esta etapa del proceso sobre la legitimación del incidentista. Ha de recordarse aquí que el artículo 185 del CPCyC estipula que: “Las cuestiones que surgieren en el curso de los incidentes se decidirán en la interlocutoria que los resuelva”. Esta norma adjetiva resulta aplicable en virtud de los artículos 25, último párrafo y 32 del CPCA, Ley N° 2600.-
No obstante, esta determinación preliminar obliga a realizar precisiones adicionales. Es indispensable poner el asunto en su justa dimensión.-
Es en este marco que se advierte que la incidentada no logra aportar argumentos de peso que conduzcan a desbaratar la legitimación invocada por Sánchez, al menos con el grado de certeza o notoriedad requerido acorde a la altura del trámite que se encuentra transitando la litis.-
Para que opere la declaración de falta de legitimación es imperativo que la ausencia de “interés” que califica a la “parte” aparezca con suma nitidez y que se sustente en parámetros de eficacia. Nada de ello puede predicarse respecto al supuesto bajo tratamiento.-
Tal como lo ha sostenido la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal “…no se puede descartar ‘a priori’ la legitimación del actor toda vez que…remitiendo en última instancia la legitimación a un punto de derecho sustancial (en la medida en que negar la legitimación equivale a negar el derecho) no cabe profundizar el examen de la cuestión en el marco del proceso cautelar, sino sólo apreciar, interina y provisionalmente, la concurrencia de un interés tutelable [...] Ello así no podría calificarse como manifiesta la falta de legitimación alegada por la demandada, resultando en principio suficiente la calidad invocada por el amparista para tenerlo por legitimado, al menos en el presente estado procesal” (cfr. trib. cit., “Youssefian, Martín c. Secretaría de Comunicaciones”, www.informacionlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/2224/1997).- Por una senda que dista de ser la apropiada, la incidentada intenta demostrar la ajenidad de la contraria al ligamen jurídico sustancial que se pretende hacer valer ante estos estrados judiciales con el aporte de argumentos endebles que, lejos de abordar las particularidades del caso, se limitan a extrapolar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la ausencia de legitimación de diputados. Esta operación argumentativa, que no se ocupa de vincular adecuadamente dicha jurisprudencia con las singularidades propias de la medida cautelar en estudio, revela una falta de rigor que socava la solidez de la pretensión de la incidentada. En lugar de establecer un nexo claro y directo entre los precedentes citados y el presente litigio, se incurre en una generalización imprecisa que desatiende la especificidad del conflicto que nos ocupa.-
Por todo ello, corresponde rechazar la falta de legitimación activa invocada por la incidentada.-
VII. Zanjado lo anterior y atendiendo al carácter cautelar de la medida peticionada por la incidentista mediante PE1461858-2024, resulta menester efectuar el análisis de la concurrencia o no de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, y en el caso los específicos, ello en orden a lo normado por los artículos 25 y ss. del CPCA, Ley N° 2600, a fin de valorar su procedencia.-
El juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVIII, Reg. 1079, Folio 3445/3447; Reg. 1085, Folio 3464/3467; Reg. 1095, Folio 3502/3505; Reg. 1111, Folio 3562/3564; Reg. 1120, Folio 3603/3607; y XIX, Reg. 1121, Folio 3608/3610; Reg. 1130, Folio 3640/3644; Reg. 1133, Folio 3659/3664; Reg. 1134, Folio 3665/3668; Reg. 1141, Folio 3697/3701 ).- En análogo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas oportunidades, que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción (Fallos: 329:2949; 330:3126, 340:757 y 342:1591, entre muchos otros).-
VIII. Aclarado lo anterior, en el estrecho marco de conocimiento que ofrece el dictado de una medida cautelar, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia considera que las constancias obrantes en el incidente permiten tener por configurados los presupuestos necesarios para acceder a la solicitud del incidentista.-
En el caso que nos ocupa, se encuentran en juego derechos y garantías de la más alta jerarquía constitucional que habilitan, a título excepcional y merced a las especialísimas circunstancias que rodean a la causa, el dictado de una medida cautelar tendiente a efectivizarlos. Es que la tutela judicial urgente que aquí se peticiona se anuda a derechos fundamentales, a su núcleo irreductible y, en definitiva, a su directa relación con el aseguramiento inmediato de la dignidad de la persona trabajadora como así también con los pilares fundamentales sobre los cuáles se asiente el Estado constitucional y convencional de derecho. Estas circunstancias obligan a recordar que le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento (Fallos 334:1861).-
IX. El requisito de la verosimilitud del derecho se debe entender como la posibilidad de que aquel exista y no como una incontrastable realidad, lo cual solo se puede alcanzar al tiempo del pronunciamiento de la sentencia de mérito.-
Tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…‘como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.’” (Fallos: 345:1070).-
Si bien es cierto que este Tribunal mantiene un criterio restrictivo con relación a la concesión de medidas cautelares contra actos administrativos, habida cuenta de la presunción de legitimidad que ostentan; ello no es óbice para decretarlas cuando, como en la especie, se los impugna sobre bases ‘prima facie’ verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales (cfr. Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 360, Folio 1360/1362, y IX, Reg. 443, Folio 1676/1678; Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1036, Folio 3228/3231 y XVIII, Reg. 1077, Folio 3434/3439).- En el caso que nos ocupa, el accionante impugna el Decreto N° 0608/24 (publicado en el B.O. N° 5890 del 18/06/2024), el cual -según los términos vertidos en sus considerandos- viene a reglamentar ciertos aspectos del Régimen Provincial de Jubilaciones y Pensiones instituido por la Ley Provincial N° 1782, especialmente vinculados con los artículos 112, 133 y 136.-
En líneas generales, el Decreto N° 0608/24 establece que, una vez concedido el beneficio de jubilación ordinaria, tanto el beneficiario como la entidad empleadora deben ser notificados, y esta última tiene un plazo de treinta días para informar el cese de actividades a la CPS, activando así el pago del beneficio (arts. 1° y 2°). Este plazo puede extenderse hasta ciento ochenta días por razones excepcionales de servicio, mediante acto administrativo fundamentado (art. 3°). Si no se notifica el cese dentro del plazo estipulado, este operará automáticamente, cesando el pago de haberes como activo y comenzando el pago del beneficio jubilatorio (art. 4°). Para trámites de jubilación iniciados antes de este decreto y respecto de los cuales ya se hubiera concedido el beneficio, el plazo comenzará a correr desde su publicación (art. 5°).
Además, las entidades empleadoras deben intimar a los empleados en condiciones de jubilarse dentro de los treinta días de encontrarse en condiciones para obtener la jubilación ordinaria (art. 6°). Finalmente, se faculta a la CPS para dictar normas aclaratorias y procedimentales necesarias para la implementación del decreto (art. 7°).- Teniendo en cuenta el contenido de la norma impugnada, cuya lectura sugiere la imposición de una obligación a todo poder o entidad empleadora de cursar la intimación contemplada en el artículo 136 de la Ley Provincial N° 1782, se aprecia como plausible la alegación del accionante respecto a un posible exceso reglamentario por parte de la autoridad ejecutiva al dictar el decreto en cuestión.
Esta consideración se basa en la observación de que, al comparar la redacción literal de la norma legal, parecería haber una modificación en la atribución conferida por la ley. El mencionado artículo 136 de la ley otorga una facultad discrecional, cuyo ejercicio debe realizarse de manera razonable y conforme a los principios y normas de orden público que rigen la materia. No obstante, el decreto reglamentario podría estar alterando este sentido al establecerla como una obligación.- A lo anterior, cabe agregar que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas.
El instrumento normativo puesto en tela de juicio alteraría ese principio basal, reflejando una invasión del Poder Ejecutivo Provincial en la esfera de injerencia de las restantes autoridades públicas, al disponer en materia de extinción de las relaciones de empleo público de los restantes poderes, contraviniendo de esa forma lo dispuesto por los artículos 102 y 133, incisos 2° y 6° de la Constitución Provincial así como también la atribución de los municipios plasmada en el artículo 150, inciso 3° del mismo ordenamiento.- Tan significativo como lo anterior son las repercusiones que el Decreto N° 0608/24 proyecta sobre la vida de los/as empleados/as públicos que prestan funciones en nuestro ámbito provincial.-
El hecho de que un agente público se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios jubilatorios no significa, sin más, que hubiese dejado de reunir las exigencias propias del cargo que ocupa. Poner en cabeza de la autoridad pública empleadora la obligación de ordenar el cese de actividades de la persona trabajadora importaría para esta última, al menos en esta instancia inicial de análisis, una suerte de pase compulsivo hacia el estado de jubilado/a. Esto contravendría la finalidad tuitiva perseguida por el régimen previsional provincial (art. 55 de la Constitución Provincial) y el principio de favorabilidad, merced al cual las leyes deben ser interpretadas a favor de quienes, al serles aplicadas con este sentido, consiguen o tienden a alcanzar el bienestar. Es decir, deben garantizarse condiciones de vida que permitan el desarrollo integral de las personas conforme a su dignidad. Por tanto, se debe preferir una interpretación de la ley previsional que favorezca estos fines, en lugar de una que los obstaculice.- En el contexto descripto, con la necesaria apariencia que se requiere en la instancia cautelar y con la provisionalidad típica de los pronunciamientos que se emiten en este orden, en el caso se presenta como verosímil el derecho invocado por el accionante (cfr. art. 231, inc. 1° CPCyC y arts. 26, 32 y 33, inc. 2° del CPCA, Ley N° 2600).-
X. El peligro en la demora implica que no pueda en los hechos realizarse porque a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes. Este recaudo debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos: 326:3658, 1248, 1289; 325:367, 1873; 314:711).-
En el supuesto bajo examen, el actor alega un daño que podría resultar irreparable, en la medida que -según explica- el Poder Ejecutivo Provincial podría obligar a cesar en su actividad laboral a personal dependiente de los tres poderes del Estado (Judicial, Legislativo y el propio Ejecutivo), siendo preciso evitar que ello ocurra mientras tramita el proceso. Esto evidencia la necesidad de acceder a la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos y las garantías invocadas hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida. Todo ello frente a la seria y concreta dificultad de reparación ulterior alegada por la incidentista.- Cabe ponderar, para tener por acreditado el presente requisito, el eventual perjuicio que conllevaría extender la jubilación ordinaria de manera compulsiva sobre el conjunto de afiliados/as activos/as de la CPS que reúnen las condiciones necesarias para acceder a ese beneficio, máxime frente a la perentoriedad de los plazos plasmados en el instrumento normativo impugnado.-
No puede soslayarse tampoco la incertidumbre que aparejaría la aplicación del Decreto N° 0608/24, en tanto podría llevar a situaciones de vulneración de derechos o a la imposición de obligaciones que no están claramente establecidas en la normativa legal vigente. Los argumentos que brinda la incidentista, lejos de representar alegaciones genéricas, dejan entrever con suficiente elocuencia en este incipiente estadio procesal, los peligros que ello conllevaría.-
Ante este estado de cosas, deviene imperioso asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible.-
En suma, se advierte que en el estrecho marco de conocimiento que antecede al tipo de medida peticionada, los antecedentes de la causa evidencian la necesidad de admitir la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca (cfr. art. 231, inc. 2° del CPCyC y arts. 32 y 33, inc. a del CPCA, Ley N° 2.600).-
XI. Por otro lado, no se advierte en el caso en particular, que de accederse al pedimento cautelar, pudieran generarse consecuencias disvaliosas y más gravosas para el interés público que las que, al menos en este estado del debate surgen de su denegación, lo que lleva a recordar que este Alto Cuerpo ha sostenido que, cuando no se aprecia que el otorgamiento de una medida cautelar pudiera provocar a la parte contraria algún grave perjuicio, los jueces deben ser más propensos a la concesión que a la denegación (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1036, Folio 3228/3231 cit.).-
XII. No desvirtúa lo decidido la circunstancia de que la incidentada refiere a la coincidencia entre lo peticionado en la causa principal con el objeto de la medida cautelar.-
Recientemente, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia -con cita de Claudio M. Kiper- ha indicado que “Las medidas cautelares, entonces, deben ser concedidas siempre que se verifiquen los requisitos de admisibilidad, más allá de que coincidan los objetos de la tutela preventiva y de la acción principal. En esta circunstancia el Juez no prejuzga porque resuelve con carácter claramente provisorio y sin condicionar su imparcialidad y objetividad en el trámite del proceso y en el acto de resolución del caso. Por último el juez debe preservar el derecho de acceso a la justicia en sus diversos aspectos, entre estos su temporalidad y oportunidad y ello, en ciertos casos sólo es posible mediante el acto cautelar” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1154, Folio 3766/3772).- Es un error considerar que el objeto del pedido de una medida asegurativa no puede coincidir con aquello que se intenta asegurar (cfr. Oteiza, Eduardo, “El cercenamiento de la garantía a la protección cautelar en los procesos contra el Estado por la ley 26.854”, www.informacionlegal.com.ar. Cita online: AR/DOC/1955/2013). Ello es así en tanto “[l]a prohibición [...] que impide las medidas cautelares cuando coinciden con el objeto de la pretensión principal limita de manera irrazonable la procedencia de la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, afectando la garantía constitucional de la tutela efectiva.” (cfr. Hutchinson, Tomás, Algunas reflexiones sobre la regulación de las medidas cautelares en las que interviene el estado, www.informacionlegal.com.ar, Cita online: AR/DOC/6382/2013).- Si el administrado se encuentra habilitado para solicitar cualquier medida que resulte idónea para asegurar los fines del proceso, esto es, el dictado de la sentencia, también puede peticionarse una tutela que coincida con el objeto de la demanda, si ello resulta necesario. Resulta evidente, además, que la posibilidad de despachar medidas cautelares está ínsita en la iurisdictio y, por ende, no puede ser limitada (cfr. Buteler, Alonso, “Régimen federal de medidas cautelares”, informacionlegal.com.ar, Cita online: AR/DOC/5202/2015).-
XIII. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar in limine las recusaciones con causa interpuesta por la incidentada en el apartado III de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf; rechazar los planteos que introduce en los apartados IV, V y VI de la misma presentación. Asimismo, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la incidentista en PE1461858-2024 y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo Provincial que suspenda la ejecución del Decreto N° 0608/24 así como de cualquier acto administrativo que haya sido emitido como consecuencia del mismo en el ámbito del organismo previsional durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar el incidentista en estos actuados (cfr. art. 200 del CPCyC y art. 32 del CPCA, Ley N° 2600). Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.- Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar in limine las recusaciones con causa interpuesta por la incidentada en el apartado III de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf.-
2. Rechazar los planteos esgrimidos por la incidentada en los apartados IV, V y VI de su PE1490007-2024, CTR00015160.pdf.-
3. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la incidentista en PE1461858-2024, y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo Provincial que suspenda la ejecución del Decreto N° 0608/24 así como de cualquier acto administrativo que haya sido emitido como consecuencia del mismo en el ámbito del organismo previsional durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar el actor en estos actuados.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1157 Folio N°: 3787/3797 Secretaría: 1
Fin de la sentencia