Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Dolores · Causa 47492
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Estefanía Gabriela Sánchez y condenar a Romina Valeria Pan y Matías Emiliano Varela a pagarle, de manera solidaria y en el término de diez días, la suma de pesos ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos dos con veinticinco centavos ($ 8.478.502,25) por los siguientes rubros admitidos: indemnizaciones por despido y omisión de preaviso e integrativo, indemnización por vacaciones proporcionales al cese, sueldo anual complementario 1er. cuota proporcional y segunda cuota 2025, diferencias salariales período mayo a noviembre 2025, salario adeudado diciembre de 2025 y recargo del art. 67 de la ley 15.057 (arts. 26, 74, 103, 123, 156, 232, 233, 245 y concds. LCT, 67 ley 15.057)
II. Actualizar los créditos admitidos conforme la regla del art. 55 inc. a de la ley 27.802, lo cual lleva a conformar el monto de condena que contiene esta sentencia en la suma total de pesos diez millones veintitrés mil uno ($ 10.023.001) compresiva de capital, actualización monetaria e intereses y que deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente en la cuenta sueldo de la trabajadora (art. 55 inc. a ley 27.802).
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En la ciudad de Dolores, a la fecha de la firma digital, se reúne el Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial Dolores, en acuerdo ordinario, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "Sánchez Estefanía Gabriela c/ Pan Romina Valeria y otro/a s/ despido" (Expte. N° 47.492). Practicado el sorteo respectivo se observa en la votación por los señores jueces el siguiente orden: Pablo Gustavo Quezada, Martín Laborde y Manuel O. Hernandez, Jueces del Trabajo. Encontrándose las presentes actuaciones en estado de recibir sentencia, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
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Primera cuestión: ¿Es procedente la demanda?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
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A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Quezada dijo:
El doctor Iván Mariano Bozicevic, en representación de Estefanía Gabriela Sánchez, se presenta mediante escrito electrónico de fecha 5/2/2026 promoviendo demanda de despido contra Romina Valeria Pan y Matías Emiliano Varela.
Alega que la actora ingresó a trabajar para ambos demandados el día 15/5/2025 como vendedora B del CCT 130/75 en el "Kiosco Pomelo VII" ubicado en calle Chiozza esquina Hernandarias de la ciudad de San Bernardo.
Expresa además que cumplía una jornada de lunes a domingos de 17 a 02 horas y que percibía una remuneración mensual de $ 800.000.
Por otra parte, asevera que, pese a encontrarse fuera de toda registración, la demandada transfería parte del salario a la cuenta personal de la actora, lo que surge de los comprobantes que acompaña a la demanda.
En cuanto a la extinción del vínculo, refiere que en fecha 24/12/2025 le fueron negadas tareas a la Sra. Sánchez.
Agrega que, ante esta situación, en fecha 29/12/2025 remitió un telegrama a cada demandado a sus domicilios laboral y particular.
En estas misivas, añade, la accionante denunció la negativa de tareas e intimó a los demandados para que registren la relación laboral, abonen el salario del mes de noviembre de 2025, diferencias salariales, horas extras y acrediten el pago de aportes, bajo el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con lo intimado, se configuraría la causal para colocarse en situación de despido.
Expresa que los demandados "guardaron" silencio ante estos requerimientos pese a haber sido notificados el 12/1/2026, por lo que, atento el injuriante silencio, la actora les envió un segundo telegrama el 29/1/2026 en el que les comunicó su decisión de considerarse despedida.
Seguidamente, presta juramento del art. 39 de la ley 11.653 y practica liquidación de diferencias salariales.
Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1, 76/100 de ley 27.742 y pide reparación plena de "todo el daño sufrido" con fundamentos en los arts. 75 y 76 de la LCT y 1716, 1722, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 y concordantes del CCyCN.
Practica liquidación por la suma de $ 17.151.933,50 en concepto de indemnizaciones por antigüedad y preaviso, integración del mes del despido, vacaciones no gozadas, SAC proporcional primer semestre 2025, SAC proporcional segundo semestre 2025, arts. 1 y 2 de la ley 25.323, 80 LCT, salario de diciembre 2025, diferencias salariales y art. 67 ley 15.057.
A continuación, amplía argumentos en favor de la inconstitucionalidad de la ley 27.742 y reparación integral del derecho común, acusa temeridad y malicia, plantea inconstitucionalidad de sumas no remunerativas y del DNU 70/23, solicita aplicación del art. 132 bis de la LCT y la actualización monetaria con fundamento en el fallo "Barrios" de la SCBA, funda en derecho, ofrece prueba, plantea el caso federal, denuncia convenio de cuota litis y peticiona se haga lugar a la demanda con mas intereses, costos y costas.
En fecha 6/2/2026 se ordenó el traslado de la demanda.
En fecha 9/4/2026 el Tribunal decreta la rebeldía del demandado.
En fecha 2/6/2026 se proveen las pruebas ofrecidas.
En fecha 16/7/2026 es señalada la fecha para la celebración de la audiencia de vista de causa, la que se llevó a cabo el 15/10/2026.
En ese acto la parte actora solicitó que se tengan por absueltas en rebeldía las posiciones dirigidas a la parte demandada y desistió de sus pruebas pendientes y del derecho de alegar.
El Tribunal, a continuación, resolvió tener por absueltas en rebeldía las posiciones dirigidas a los demandados, presente el desistimiento formulado y, en atención al estado de autos, ordenó el pase de los autos al acuerdo para el dictado de la sentencia definitiva.
1. Relación laboral, fecha de ingreso y tareas .
Adelanto mi opinión en cuanto a que la parte actora ha cumplido con la carga de acreditar el trabajo en relación de dependencia en favor de ambos demandados desde el 15/5/2025 y las tareas de vendedora B del CCT 130/75 (art. 375 CPCC, 26 LCT).
Ello, con fundamento en:
i) La presunción de verdad que surge de la rebeldía decretada a los demandados firme y consentida (arts. 59, 60 CPCC, 33 y concds. Ley 15.057).
ii) La absolución de posiciones rendida en forma ficta por ambos demandados a tenor del pliego obrante en el Cap. XIII, ap. 4 de la demanda. Los demandados no han comparecido a la audiencia de vista de causa ni han brindado motivo alguno que justifique sus ausencias (arts. 41, 89 ley 15.057, 415 CPCC)
iii) La documentación adjunta a la demanda -obviamente no desconocida atento el estado procesal de los demandados-, particularmente, aquella que acredita transferencias en concepto de salarios desde la cuenta del demandado hacia la de la accionante, tal como fue afirmado -y no negado- en la demanda.
iv) El juramento prestado en la demanda en los términos del art. 39 de la ley 11.653 (hoy 48 de la ley 15.057) y la falta de prueba en contrario.
Los efectos de la rebeldía y las misivas adjuntas a la demanda -cuya autenticidad y recepción no han sido negadas- me permiten, asimismo, tener por demostrado que el contrato de trabajo se extinguió del modo que se relata en la demanda y que a continuación expongo.
En fecha 29/12/2025 la actora envió a la demandada Pan los telegramas CD 147467368 y CD 147467399 y al demandado Varela los telegramas CD 147467411y CD 147467385.
En estas misivas, de idéntico texto, alegó negativa de tareas por parte de ambos y, seguidamente, los intimó para que abonen el salario de noviembre de 2025, diferencias salariales y horas extras y acrediten el pago de aportes. Todo ello, bajo apercibimiento de configurarse la causal de despido en los términos del art. 245 de la LCT.
Ninguno de los demandados ha acreditado haber respondido estas comunicaciones, configurándose de tal modo la situación de silencio del art. 57 de la LCT.
Tampoco acreditaron, dado su estado procesal, que hayan dado cumplimiento con las obligaciones a su cargo que emergen de los arts. 52, 74, 78, 80 de la LCT y cuya inobservancia fue señalada por la accionante en sus misivas del 29/12/2025.
Sin respuesta a sus reclamos, en fecha 29/1/2026 la actora remitió a la demandada Pan los telegramas CD 940755171 y CD 940755168 y al demandado Varela los CD 940755185 y CD 940755199 por conducto de los cuales les comunicó su decisión de colocarse en situación de despido, además de intimarlos para que abonen las indemnizaciones derivadas del despido, entre otros rubros y acrediten el ingreso de aportes.
En lo pertinente, dijo textualmente Sánchez en estas misivas (de idéntico texto): " Ante el injuriante silencio por su parte a los extremos denunciados en mi misiva (.) no me queda más opción que tomar su silencio en los términos del Art. 57 de la L.C.T. (.) Por lo expuesto, existiendo graves e injuriantes incumplimientos de su parte, existiendo una clara negativa a regularizar la relación laboral (.) abonar los salarios adeudados, no me ha dejado más opción que hacer efectivo los apercibimientos dispuestos y proceder a considerarme gravemente injuriada y despedida por su exclusiva culpa ..".
Postergo la valoración de esta decisión para el siguiente punto (III)
Con fundamento en lo normado por el art. 48 2do. pár. de la ley 15.057 y la presunción de rebeldía, también considero demostrado que las partes pactaron el salario del CCT 130/75 para la categoría de vendedora B desempeñada por la accionante, conforme se tuvo por acreditado en apartado 1.
Partiendo de esta base, considero, y así lo doy por probado, que la mejor remuneración de la accionante es la que se denuncia en la demanda, a excepción del adicional por antigüedad, en tanto no ha trabajado el tiempo necesario para su devengamiento (arts. 24, 33 y concds. CCT 130/75).
Este valor se corresponde con las escalas publicadas para diciembre 2025 , en https://secza.org.ar/escalas-salariales/escalas-generales/ESCALA-SALARIAL-1
-DE-DICIEMBRE-DE-2025.
Estimo necesaria la anterior aclaración pues en la demanda se afirma que la mejor remuneración corresponde al período enero 2026, el que no se reclama y no ha sido devengado.
Finalmente, y por los mismos fundamentos expuestos al comienzo de este apartado, también doy por probada la existencia de las diferencias que se reclaman en la demanda entre el salario percibido y el devengado por el período mayo a diciembre de 2025, a cuya liquidación me remito y hago propia, en atención a que los demandados no han probado en contrario, lo que constituía su carga (art. 48 ley 15.057).
Comprobados los hechos expuestos precedentemente, juzgo que la demanda debe prosperar con el siguiente alcance (art. 57 inc. 4 y 6 ley 15.057).
a) Reclamos que prosperan.
i) Indemnización por despido y omisión de preaviso e integrativo
El verificado silencio invocado por la parte actora al cual me he referido en el apartado 2 del punto precedente, seguido de la tácita oposición a brindar ocupación y a registrar la relación laboral, se traduce en una injuria impeditiva de la continuidad del vínculo y que justifican su decisión de extinguir el contrato de trabajo (arts. 57, 62, 63, 78, 242, 246 y concds. LCT).
Por consiguiente, las indemnizaciones por despido y omisión de preaviso y la integración del mes de despido resultan procedentes (arts. 232, 233 y 245 LCT).
ii) Indemnización por vacaciones proporcionales al cese, sueldo anual complementario
No ha sido acreditado el pago de la indemnización sustitutiva de las vacaciones proporcionales al cese y el sueldo anual complementario proporcional de la primera y segunda cuota 2025, de manera tal que también deben tener andamiento (arts. 123, 150, 156 LCT).
(iii) Salario diciembre 2025
Tampoco demostraron los accionados el pago del salario de diciembre de 2025 reclamado en el inciso xiv de la liquidación presentada en el Cap. V. g de la demanda, lo que se encontraba a su cargo (art.48 ley 15057), de modo que este reclamo también prospera (art. 74, 103 LCT).
(iv) Diferencias salariales
Acreditado que la trabajadora percibió remuneraciones inferiores a las devengadas de acuerdo a su categoría de vendedora B del CCT 130/75 el reclamo por las diferencias salariales que contiene la liquidación presentada en la demanda, a la que me remito y hago propia, debe asimismo prosperar (art. 375 CPCC, 48 ley 15.057, 74, 103, LCT).
(v) Recargo del art. 67 de la ley 15.057
Con la demanda se intimó a los demandados para que al tiempo de contestar la demanda satisfagan los créditos a los que alude el art. 67 de la ley 15.057 y que anteriormente se declararon procedentes.
Notificados éstos con las cédulas del traslado de la demanda, no han dado cumplimiento con esta intimación, de modo que corresponde hacer lugar al incremento del 30% sobre los rubros sueldo anual complementario, diferencias salarias y salario adeudado diciembre 2025.
b) Reclamos que no prosperan
(i) Las indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la LCT que se peticionan en la demanda resultan improcedentes en razón de la derogación de dicha normativa por la ley 27.742, plenamente vigente a la fecha del despido (29/1/2026).
(ii) Inconstitucionalidad ley 27.742
Se trata de un planteo genérico y abstracto.
En efecto, el mismo se reduce a transcribir artículos de doctrina y jurisprudencia que no se ajustan a la casuística de autos (Cap. V-d), omitiendo, con este proceder, alegar y demostrar porque, en el particular caso de la actora, la norma cuestionada -en cuanto deroga la indemnización del art. 80 de la LCT y de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323- afecta los derechos constitucionales que invoca, lo que no le es permitido suplir al Tribunal.
En tal sentido, es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (doct. causas Ac. 87.787, "C.S.", sent. de 15-III-2006; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920; entre otros).
De allí, entonces, que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas, pues para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (doct. causa I. 2340, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008).
Carga impugnatoria que, en el caso, la parte interesada no ha cumplido.
(iii) Daños y perjuicios
También en este caso estamos ante un reclamo genérico respecto del cual, pese a alegar la existencia de numerosos daños, ninguna prueba ha aportado la parte interesada para acreditarlos.
Al respecto comienzo por señalar que participo de la opinión que considera que aún cuando se haya constatado la ausencia de registración, ello no exime a la parte interesada de alegar y demostrar, fehacientemente, el daño que alega, en la medida que, para sustentar una condena por el derecho común, es imprescindible la presencia de un daño cierto, actual y cuantificable y, en general de todos los presupuestos de la responsabilidad civil (arts. 1716, 1737, 1739 y 1744 del CCCN, 375 CPCC).
En el caso la accionante no cumple con esta ineludible carga.
Por el contrario, presenta un planteo que no atiende la real casuística del caso y carente de fundamentación.
En efecto, en primer lugar la accionante solicita la reparación de un pretenso daño previsional por el "impacto negativo" en su jubilación y seguridad social y la falta de entrega de los certificados del art. 80 de la LCT, afirmando, textualmente que "fue registrado parcialmente y de modo defectuoso debido a una inspección del Ministerio de Trabajo".
Sin embargo, ello no se corresponde con la plataforma fáctica planteada en la propia demanda (Cap. Ve. 1, daño por falta de registración).
En segundo lugar, sustenta su reclamo afirmando que sufrió daños, entre otras cuestiones, porque: "vivió con miedo", "se vio obligada a afrontar gastos médicos de manera privada", "no pudo acceder a préstamos", "enfrentó dificultades para alquilar propiedades", "no pudo obtener una tarjeta de crédito" o "no pudo ser delegado sindical".
Nada de esto fue demostrado por la parte interesada, ni intentó hacerlo.
Por otra parte, solicita la reparación de un pretendido daño moratorio con fundamento en que "Durante todo el procedimiento, la parte actora ha vivido con el miedo de perder este proceso", a lo que añade "los años que tarda la justicia en expedirse", lo cual, en su parecer, genera "un daño que no necesita prueba adicional" (ap. 2).
Tampoco en este caso aporta elemento alguno que demuestre estos pretendidos daños (art. 375 CPCC).
Particularmente, respecto a los aportes omitidos, dable es asimismo señalar que no deben ingresar al patrimonio de la trabajadora sino al sistema previsional, de modo que, antes de reconocerse una hipotética indemnización, debe intentarse el ingreso de aportes a dicho sistema, de lo que el Tribunal carece de competencia.
El daño, como señalara al comienzo, debe probarse en forma concreta y exige, para su reconocimiento, el requisito de certeza que exige el artículo 1739 del CCCN, sin el cual resulta improcedente una indemnización con sustento en el derecho común.
En el caso, insisto, el planteo divaga en meras alegaciones genéricas y abstractas y desconectadas del caso concreto, en el que alegan supuestos daños que resultan hipotéticos y conjeturales y respecto de los cuales no ha aportado prueba alguna que los acredite, escenario que me conduce a proponer el rechazo de este tramo de la demanda (art. 726 del CCyC, 375 CPCC).
(iv) Art. 132 bis LCT
Solicitada su aplicación en el Cap. X de la demanda, esta disposición no se encontraba vigente a la fecha del despido -ni aún al tiempo del comienzo del vínculo- al haber sido derogada por la ley 27.742.
Tampoco se demostró que los demandados hayan retenido y no ingresado a los organismos pertinente parte del salario de la actora.
En función de ello, este aspecto de la demanda también debe ser desestimado.
(v) Temeridad y malicia.
Sustentado este reclamo en lo que disponía el art. 275 de la LCT y habiendo sido derogado por el art. 207 de la ley 27.742, la demanda, en este tramo, también debe rechazarse (art. 726 CCyCN).
IV. Liquidación :
Fecha de ingreso: 15/5/2025
Fecha de egreso: 29/1/2026
Base salarial (art. 245 LCT, según ley 27802): $ 1.285.177,86
3. Integración ( dos días en atención a la fecha de egreso )....$ 85.678,52
4. Sueldo anual complementario adeudado:
- 1° cuota 2025 (prop): $ 160.647,22
-2° cuota 2025: $ 642.588,93
Toral SAC adeudado..................$ 803.236,15
229 (días trabajados x 365/14: 8,78 (días de vacación) x 51.407,11 base/25 .$ 451.537,51
Período Devengado Percibido Diferencia
Mayo 2025 $ 1.055.470,00 $ 800.000,00 $ 255.470,00
Junio 2025 $ 1.072.117,00 $ 800.000,00 $ 272.117,00
Julio 2025 $ 1.082.438,00 $ 800.000,00 $ 282.438,00
Agosto 2025 $ 1.092.759,00 $ 800.000,00 $ 292.759,00
Septi. 2025 $ 1.103.080,00 $ 800.000,00 $ 303.080,00
Octubre 2025 $ 1.113.401,00 $ 800.000,00 $ 313.401,00
Novie. 2025 $ 1.123.723,00 $ 800.000,00 $ 323.723,00
Total diferencias......................$ 2.042.988,00
8. Art. 67 ley 15057 (30% s/4, 5 y 6)......... $ 1.239.528,49
TOTAL.....................$ 8.478.502,25
(arts. 26, 74, 103, 123, 156, 232, 233, 245 y concds. LCT, 67 ley 15.057)
La SCBA se ha pronunciado recientemente respecto al régimen de actualización e intereses establecido en el art. 55 de la ley 27.802 considerándolo constitucional (L. 130.895 "Fernández").
De modo que, en acatamiento a dicha doctrina legal, para dar solución al caso cabe remitirse a las previsiones contenidas en citado artículo por tratarse de un juicio en trámite a la fecha que entró en vigencia (6/3/2026).
Aclarado ello, el mencionado art. 55 de la ley 27.802 establece en su inciso a que al capital debe reconocerse el interés moratorio ajustado a la tasa pasiva que determine el BCRA para estos casos.
Una vez obtenido el resultado de estos intereses, el art. 55 en sus incisos b y c les pone un tope y un piso, respectivamente.
Según el inciso b , los prevenidos intereses no pueden superar al resultado que se obtenga de aplicar sobre el capital una actualización con IPC + un 3% de interés anual y, según el inciso c , no pueden ser inferiores al 67% del resultado del inciso b.
En el caso, la aplicación de estas pautas sobre el capital de $8.478.502,25 resultante de la liquidación de los rubros admitidos, arroja los siguientes resultados:
Inciso a
. Intereses tasa pasiva BCRA: $ 1.544.499
Inciso b (tope)
IPC + 3% de interés anual: $ 2.295.017
Inciso c (piso)
67% de b: $ 1.537.661
Cálculos obtenidos del aplicativo del BCRA suministrado para estos casos ( https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales- judicializados/).
De los resultados expresados, se aprecia que la aplicación del art. 55 inc. a de la ley 27.802, en el cual queda aprehendido el caso de autos, no supera el tope del inciso b, ni resultar inferior al piso del inciso c.
Por lo tanto, si mi opinión es compartida, la demanda deberá prosperar por la suma de $ 10.023.001 comprensiva de capital, según los rubros indicados en el punto anterior, intereses y actualización (art. 55 inc. a ley 27.802).
Ahora bien, como fuera reseñado el art. 55 de la ley 27.802 limita su aplicación a los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva a la fecha de su entrada en vigencia.
Por lo tanto, una vez firme que el presente pronunciamiento adquiera firmeza, el juicio automáticamente perderá la condición que hizo aplicable el art. 55 de la ley 27.802, pues ya dejará ser un "juicio en trámite y pendiente de sentencia definitiva".
Desde esta perspectiva, no encuentro obstáculo y así lo dejo propuesto al acuerdo, para que, una vez firme la sentencia y para el caso de incumplimiento, resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 276 de la LCT (arts. 9, 276 y concds. LCT, 54 ley 27.802, 768, 771 y concds. LCT).
Así lo voto (arts. 31, 33, 48, 54, 57, 89 Ley 15.057, 330, 354, 375 y ccds. CPCC, 168 Const.)
A la primera cuestión planteada los doctores Laborde y Hernández adhieren por compartir sus fundamentos y vota en igual sentido.
A la segunda planteada, el Sr. Juez Quezada dijo :
Atento el resultado de la votación precedente corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Estefanía Gabriela Sánchez y condenar a Romina Valeria Pan y Matías Emiliano Varela a pagarle, de manera solidaria y en el término de diez días, la suma de pesos ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos dos con veinticinco centavos ($ 8.478.502,25) por los siguientes rubros admitidos: indemnizaciones por despido y omisión de preaviso e integrativo, indemnización por vacaciones proporcionales al cese, sueldo anual complementario 1er. cuota proporcional y segunda cuota 2025, diferencias salariales período mayo a noviembre 2025, salario adeudado diciembre de 2025 y recargo del art. 67 de la ley 15.057 (arts. 26, 74, 103, 123, 156, 232, 233, 245 y concds. LCT, 67 ley 15.057)
Actualizar los créditos admitidos conforme la regla del art. 55 inc. a de la ley 27.802, lo cual lleva a conformar el monto de condena que contiene esta sentencia en la suma total de pesos diez millones veintitrés mil uno ($ 10.023.001) compresiva de capital, actualización monetaria e intereses y que deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente en la cuenta sueldo de la trabajadora (art. 55 inc. a ley 27.802).
Imponer las costas a la demandada Romina Valeria Pan y al demandado Matías Emiliano Varela de manera solidaria (arts. 24 ley 15.057, 68 CPCC).
Regular los honorarios del letrado apoderado de la actora, doctor Iván Mariano Bozicevic en la cantidad de 35,52 Jus , teniéndo en consideración la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos y las etapas cumplidas y el monto del juicio (arts. 9,13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 43, 51, 54 y conc Ley 14.967). Con más el porcentaje legal (art. 12 inciso a) ley 10.268/85) e IVA de corresponder.
Desestimar la demanda respecto a las sanciones previstas en los arts. 80 y 132 bis de la LCT, 1 y 2 de la ley 25.323, inconstitucionalidad de la ley 27.742, daños y perjuicios y temeridad y malicia.
Imponer las costas por este tramo a la parte actora sin perjuicio de lo normado por el art. 27 de la ley 15.057 (arts. 24 ley 15.057, 68 CPCC).
Regular los honorarios del letrado apoderado de la actora, doctor Iván Mariano Bozicevic en la cantidad de 18,51 Jus , teniéndose en consideración la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos y las etapas cumplidas y el monto del juicio (arts. 9,13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 43, 51 , 54 y conc Ley 14.967). Con más el porcentaje legal (art. 12 inciso a) ley 10.268/85) e IVA de corresponder.
Así lo voto (arts. 31, 33, 48, 54,57, 89 Ley 15.057, 330, 354, 375 y ccds. CPCC, 168 Const. Pcial).
A la segunda cuestión planteada los doctores Laborde y Hernández adhieren por compartir sus fundamentos y votan en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo firmando los Sres. Jueces por ante mi, lo que certifico y doy fe.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (art 5. II Anexo Único Ac. SCBA 3975/20).
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Dolores
Autos y vistos : A mérito del resultado de la votación y citas legales formuladas en el acuerdo que antecede, el Tribunal Resuelve :
I. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Estefanía Gabriela Sánchez y condenar a Romina Valeria Pan y Matías Emiliano Varela a pagarle, de manera solidaria y en el término de diez días, la suma de pesos ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos dos con veinticinco centavos ($ 8.478.502,25) por los siguientes rubros admitidos: indemnizaciones por despido y omisión de preaviso e integrativo, indemnización por vacaciones proporcionales al cese, sueldo anual complementario 1er. cuota proporcional y segunda cuota 2025, diferencias salariales período mayo a noviembre 2025, salario adeudado diciembre de 2025 y recargo del art. 67 de la ley 15.057 (arts. 26, 74, 103, 123, 156, 232, 233, 245 y concds. LCT, 67 ley 15.057)
II. Actualizar los créditos admitidos conforme la regla del art. 55 inc. a de la ley 27.802, lo cual lleva a conformar el monto de condena que contiene esta sentencia en la suma total de pesos diez millones veintitrés mil uno ($ 10.023.001) compresiva de capital, actualización monetaria e intereses y que deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente en la cuenta sueldo de la trabajadora (art. 55 inc. a ley 27.802).
III. Hágase saber a las partes que el plazo para el depósito de capital, actualización e intereses dispuestos en el pto II queda suspendido hasta tanto la parte actora denuncie en autos los datos de una cuenta bancaria de su exclusiva titularidad, en la cual parte demandada deberá efectivizar el pago mediante depósito o transferencia directa, a excepción de las sumas correspondientes a pacto de cuota litis homologado (art. 277 LCT).
A fin de evitar restricciones o percepciones bancarias o tributarias, en los depósitos realizados a la parte actora deberá consignarse como "concepto" la opción "haberes" y de estar disponible indicar como "motivo" que se trata de un pago por orden judicial.
Las sumas correspondientes al pacto de cuota litis serán depositados a la cuenta del profesional beneficiario del mismo dentro del plazo estipulado para el pago de capital.
Cada operación bancaria deberá ser acreditada en la causa judicial acompañando los comprobantes que lo demuestren, dentro de los cinco días de cumplidos a los efectos de la liberación del obligado al pago.
IV. Imponer las costas a la demandada Romina Valeria Pan y al demandado Matías Emiliano Varela de manera solidaria (arts. 24 ley 15.057, 68 CPCC).
V. Regular los honorarios del letrado apoderado de la actora, doctor Iván Mariano Bozicevic en la cantidad de 35,52 Jus , teniéndo en consideración la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos y las etapas cumplidas y el monto del juicio (arts. 9,13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 43, 51, 54 y conc Ley 14.967). Con más el porcentaje legal (art. 12 inciso a) ley 10.268/85) e IVA de corresponder.
Los honorarios y aportes -e IVA si correspondiere- de letrados y peritos, serán cancelados mediante transferencia bancaria directa a las cuentas que a tal efecto denuncien los profesionales interesados, poniendo a disposición de la condenada en costas, la correspondiente factura conforme a su categoría tributaria y documentación necesaria para su cumplimiento (Res. AFIP 1415 Anexo I), debiendo iniciarse el computo del plazo de pago una vez cumplido tal requerimiento.
Abonados los mismos, deberá el profesional acreditar dicho cumplimiento en autos, así como el pago de los aportes previsionales a su cargo en el plazo de ley, bajo apercibimiento de oficiar a la Caja de Abogados y/o Caja Previsional pertinente en el caso de los peritos (art. 14 ley 6716 y/o la que correspondiere).
VI. Desestimar la demanda respecto a las sanciones previstas en los arts. 80 y 132 bis de la LCT, 1 y 2 de la ley 25.323, inconstitucionalidad de la ley 27.742, daños y perjuicios y temeridad y malicia.
VII. Imponer las costas por este tramo a la parte actora sin perjuicio de lo normado por el art. 27 de la ley 15.057 (arts. 24 ley 15.057, 68 CPCC).
VIII. Regular los honorarios del letrado apoderado de la actora, doctor Iván Mariano Bozicevic en la cantidad de 18,51 Jus , teniéndose en consideración la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos y las etapas cumplidas y el monto del juicio (arts. 9,13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 43, 51 , 54 y conc Ley 14.967). Con más el porcentaje legal (art. 12 inciso a) ley 10.268/85) e IVA de corresponder.
IX. Regístrese. Practíquese Liquidación Por Secretaría. Notifíquese. (conf. arts. 16 de la ley 15.057 y art. 10 del Anexo Único Anexo I de la Ac. SCBA 4039/21) a:
X. Intimar a la demandada para que en el término de diez días acredite el efectivo pago de la tasa y sobretasa de justicia que se liquida por Secretaría, bajo apercibimiento de ley.
X. Notifiquese personalmente o por cédulas a los demandados Romina Valeria Pan y Matías Emiliano Varela las que se harán en soporte papel en uso de las facultades conferidas por el art. 1, segundo párrafo, del Reglamento para la Notificación por medios electrónicos (Acuerdo Nro. 4039/21 SCBA (art. 16 ley 15.057 y art. 135 inc. 5° CPCC).
XI. Comuníquese . A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 58 inc b) de la Acordada 3397 SCBA, notifíquese automáticamente a la Receptoría General de Expedientes, para que tome nota de la finalización del juicio, a sus efectos. (art.16 de la Res. SCBA 14/21) DL-455-2026 [email protected]
Como recaudo se transcribe el art. 54 de la ley 14.967
"Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
Firmas
Funcionario firmante: QUEZADA Pablo Gustavo - JUEZ
Funcionario firmante: LABORDE Martin - JUEZ
Funcionario firmante: HERNANDEZ Manuel Osvaldo - JUEZ
Funcionario firmante: ROSADA Flavia Lujan - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 705-2026
Fin de la sentencia