Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9219 Sentencia: Definitiva Actor: Sánchez Orlando César Demandada: Prevención ART S.A.
Objeto: Accidente Laboral Fecha: 24-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 24 del mes de Septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “SANCHEZ, ORLANDO CESAR C/PREVENCIÓN ART S.A. S/ACCIDENTE LABORAL"
Expte. Nº 38.381/22 que tramita en el Juzgado Provincial de Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en ésta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9219 del año 2.025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que en PE 2121512 la Dra. Griselda Bard se excusa de intervenir en los presentes por cuanto el Dr. Eduardo Gonzalez, letrado interviniente en la presente causa, resulta ser su esposo. Invoca a tal fin el art. 17 inc. 1 y 30 del CPCC. Que es de público conocimiento que nuestra colega se encuentra unida en matrimonio con el nombrado letrado y por ende su situación encuadra efectivamente en lo dispuesto en el art. 17 inc. 1 del CPCC, por lo que resulta procedente la excusación planteada y por ello corresponde aceptarla y apartar a la Dra. Griselda Bard del conocimiento y trámite de la presente. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Que coincido con el primer votante y por lo tanto adhiero a su voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
II. Que en PE 16432-2022 se presenta el Sr. Orlando César Sánchez con el patrocinio letrado de los Dres. Fernando Kustich, Julian Michavila y Ramiro Castillo y promueve demanda en contra de Prevención ART S.A. persiguiendo el cobro de la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Ocho con 85/100 (2.246.038,85) con más sus intereses o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Funda la competencia material y territorial y plantea la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 de la ley de Riesgo de Trabajo 24.557. Relata los hechos, indica los antecedentes de la enfermedad que padece y el diagnóstico actual, describe las tareas que llevaba adelante en favor de su empleadora e invoca los antecedentes del reclamo. Cuantifica las prestaciones reclamadas y las funda en derecho. Plantea la inconstitucionalidad de las normas que establecen la obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica, la del listado de enfermedades profesionales y del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y formula su petición final.
III. Mediante PE 709674-2022 se presentan los Dres. Federico Pereyra y Eduardo Gonzalez en representación de la demandada Prevención ART SA y contestan demanda. Reconocen documental en particular y formulan una negativa general y particular de hechos. Bajo el título “hechos” desconocen la incapacidad laboral e impugnan el informe médico del actor. Contestan la inconstitucionalidad planteada del art. 9 de la ley 26.773, sostienen la aplicación de los baremos previstos en la LRT e impugnan liquidación. Contestan la inconstitucionalidad del Decreto 669/19, invocan la prohibición del anatocismo, piden que los eventuales créditos se actualicen conforme a la tasa pasiva promedio del BCRA, ofrecen prueba, fundan en derecho y hacen su petición final.
IV. A PE 2441696-2026 por Secretaría se deja constancia de la agregación de la Sentencia de Primera Instancia dictada en fecha 16 de mayo de 2025 mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557, Dec. 717/96 y Art. 20 de la ley 27.348, y del Decreto 669/19 disponiendo la aplicación del art. 12 inc. 2 según reforma introducida por el art. 11 de la ley 27.348 y hace lugar a la demanda interpuesta por el Sr. Orlando Sanchez contra Prevención ART SA condenándola al pago de la indemnización que corresponda por aplicación del art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24557 por la incapacidad sufrida del 11.2 % de la T.O. con más el incremento del art. 3 de la ley 26.773 con más lo intereses debidos desde la P.M.I según los parámetros expuestos en el apartado IX) ordenando el pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final. Difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia para el momento procesal oportuno e impone costas a la parte demandada.
V. La sentencia emitida es cuestionada por la parte actora la que mediante PE 2073232-2025 interpone recurso de apelación y expresa agravios. Critica la resolución de grado porque dispone aplicar la tasa activa cartera general nominal vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina para actualizar las sumas de condena. Argumenta en ese sentido que habiéndose dictado la inconstitucionalidad del Dec. 669/19, la sentencia aplica el art. 12 de la ley 24.557 según redacción establecida en el art. 11 de la ley 27.348 por lo que plantea la inconstitucionalidad de ésta última norma en virtud de entender que para éste caso, la tasa activa no recompone adecuadamente el capital de condena vulnerándose los arts. 14 bis. 16, 17 de la CN y los Tratados Internacionales incorporados a ella.
Reproduce las partes que entiende pertinentes de los arts. 14 bis y 16 de la CN e invoca la garantía de igualdad y no discriminación prevista en los arts. 16, 37 y 75 inc. 2, 19, 22 y 23 de la CN y cita Instrumentos Internacionales. Con sustento en ese marco normativo señala que en virtud a que ésta Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción mantiene el criterio de actualizar el capital de condena con la Tasa Pasiva del Banco Central en los procesos civiles y laborales, no encuentra justificación legal la distinción de trato ya que tanto el trabajador despedido como el accidentado, han sufrido un daño en el ámbito de trabajo y particularmente el trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, lo ha padecido en desmedro de la garantía de indemnidad.
Agrega que la tasa de interés activa del Banco Nación aplicada al caso concreto atenta contra la integralidad de la indemnización diferida a condena y provoca la licuación del crédito del trabajador. Realiza luego una comparativa actualizando el crédito primero con la tasa activa, después con la tasa pasiva y por último con el índice de Precios al Consumidor concluyendo que ante el progresivo proceso inflacionario que vivió nuestro país y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la tasa activa es una pauta superada por la realidad económica. Solicita en base a los fundamentos desarrollados se disponga la actualización de las sumas adeudadas conforme al Indice de Precios al Consumidor y subsidiariamente, en el supuesto de que no se comparta la aplicación del IPC solicita se aplique la Tasa Pasiva del Banco Central por ser el criterio instituido por este Tribunal en los autos caratulados “Linares, Daniel Andres c/Experta ART SA S/Accidente laboral” Expte.
Nro. 20.159/21.
VI. Por PE 2079471-2025 la parte demandada interpone recurso de apelación y a PE 2085785 desiste del planteo recursivo.
VII. A PE 1246777-2.025 se por decaído el derecho a la parte demandada a contestar el traslado de la expresión de agravios formulado por la actora por encontrarse vencido el plazo para hacerlo.
VIII. Resumido de ésta forma el único agravio formulado por la parte actora, observo que esa parte reclamó en su demanda la suma Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Ocho con 85/100 ($ 2.246.038,85) con más sus intereses o lo que en más o menos surja de la prueba a rendirse en autos, en concepto de indemnizaciones tarifadas previstas en la ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, planteando la inconstitucionalidad del Dec. 669/19. El juez de grado admite esta pretensión y declara la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, por lo que determina la aplicación del art. 12 inc. 2 según reforma introducida por el art. 11 de la ley 27.348. En el punto IX) de los considerandos de la resolución en crisis se establece que la suma será actualizada desde la primera manifestación invalidante (23/11/2.021) y hasta encontrarse firme conforme a la pauta de actualización prevista en dicha norma, es decir, mediante la aplicación de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. El quejoso pretende en agravios la actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en subsidio la aplicación de la Tasa Pasiva del Banco Central conforme con el criterio fijado en los autos “Linares, Daniel Andrés C/Experta ART SA s/Accidente Laboral” Expte. Nro. 20.159/21.
Fijado ello y sin perjuicio de dejar a salvo mi criterio expuesto entre otros pronunciamientos en los autos caratulados “RIOS, JOSÉ R. C/PREVENCIÓN ART S/ACCIDENTE DE TRABAJO” Expte. 20.546/2.002 Nro. de Cámara 9064, en los cuales sostuve la procedencia de utilizar el IPC como mecanismo de actualización de créditos laborales, en aras al principio de seguridad jurídica y a los fines de evitar mayores dilaciones teniendo en cuenta la postura mayoritaria de los integrantes de éste Tribunal fijada en los autos caratulados “ERROBIDART, PABLO SILVERIO C/SWISS MEDICAL S/DEMANDA LABORAL” Expte. 3332/21, Nro. de Cámara 9309, voy a aplicar dicho criterio y en consecuencia admitir el agravio propuesto debiendo utilizarse la tasa pasiva promedio del BCRA para la actualización del crédito laboral reconocido, ello por entender que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina es contrario a los intereses del trabajador por no recomponerlo adecuadamente. Máxime cuando se tratan de obligaciones de valor ligadas a un valor intrínseco relacionado con el poder adquisitivo y con las necesidades del trabajador y su familia.
En ese sentido no se debe perder de vista la naturaleza alimentaria de éstos créditos y la protección de los que son merecedores por revestir esa calidad, por lo que entiendo que su actualización debe ajustarse siempre a las pautas que mejor preserven su valor ante los escenarios económicos dinámicos a los que deben enfrentarse. De allí es que se impone interpretar que los intereses dispuestos en la resolución de grado resultan insuficientes y por ende los créditos de autos deberán actualizarse conforme al criterio mayoritario de ésta Excma. Cámara la que propició la aplicación de la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la CN; 768 inc. c) del CCYC; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Se destaca en este sentido que también es doctrina casatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia la utilización de la tasa pasiva promedio del BCRA.
Conforme con lo expuesto y siendo que el quejoso peticiona en subsidio la aplicación del criterio sostenido en el precedente “Linares c/Experta”, opino conforme ya lo adelante, qué el agravio en tratamiento es procedente y corresponde modificar la sentencia de grado disponiéndose que los intereses se calculen sobre el capital de condena mediante la tasa de interés aludida en el párrafo que antecede.
IX. Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es parcialmente injusta y en virtud a que la parte demandada no replico los agravios formulados, las costas en ésta instancia deben imponerse en el orden causado. Así lo propongo al acuerdo. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
X. Adhiero a las consideraciones formuladas por el primer votante en relación a la actualización de las sumas de condena.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XI. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa. 2°) Admitir el agravio de la parte actora, modificando la tasa de interés dispuesta en la sentencia de grado, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena. 3) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado (Art. 68 del C.P.C.C.) 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
X. Adhiero a la propuesta formulada por el Juez preopinante.
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia,24 de Septiembre de dos mil veintiseis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa.2º) Admitir el agravio de la parte actora, modificando la tasa de interés dispuesta en la sentencia de grado, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena.3°) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado (art. 68 C.P.C.C).4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Juan Pablo Olivera no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 069 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3240 Folio Nº: 124/127 Secretaria: 1
Fin de la sentencia